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Rerum Novarum llama a Sala Cuarta a fortalecer democracia

Con el fin de visibilizar la responsabilidad de la Sala Constitucional en la defensa de los derechos humanos y en el respeto a la Constitución Política, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum inició este jueves 19 de setiembre una serie de piquetes frente al edificio de este tribunal.

Lea la información completa en la siguiente imagen.

 

Enviado por Juan Carlos Durán.

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Pueblo Bribri no se detendrá en la defensa de sus derechos ancestrales

A más de 6 meses del vil y cobarde asesinato del hermano Sergio Rojas del Clan U̱ni̱wak, el Pueblo Bribri de Salitre sigue luchando por sus derechos que legítimamente le corresponden y que han sido negados por parte del Estado costarricense, responsable de que el hermano Sergio no este hoy en día. Durante más de 20 años Sergio reclamo al Estado la devolución de sus tierras, hasta que viendo como el Estado hacia caso omiso a esta exigencia, decidió el Pueblo Bribri comenzar por hacer acciones para la reafirmación territorial por medio de las recuperaciones de tierras. Tras recuperar gran parte del territorio y a pesar de las continuas agresiones por parte de los terratenientes no indígenas, el Estado brillaba por su ausencia, y más bien, en muchos casos arremetía contra el Pueblo Bribri por medio de su Poder Judicial. Todo esto aunado a las acciones ilegalidades e irregulares por parte de diferentes ministerios (INDER, MINAET, PANI, INAMU, DINADECO, MEP, CCSS, otros) de Poder Ejecutivo en clara violación a la ley 6172, al Convenio 169 y diversas Declaraciones en favor de los derechos de los Pueblos Indígenas.

Hoy, queremos expresar nuestra más profunda indignación porque a pesar de tantos años de reclamo y a más de 6 meses de ausencia del hermano Sergio, el Estado continua con las políticas represivas en contra del Pueblo Bribri de Salitre, permitiendo que los terratenientes ilegales continúen dentro de nuestras tierras a pesar de haberse demostrado que no son poseedores de buena fe y de que han estado involucrados con algún tipo de grave violencia y discriminación en contra del Pueblo Bribri. El Estado por medio de su Poder Ejecutivo y Judicial ha permitido que tierras que le corresponden ancestralmente al Pueblo Bribri sean dadas a las Asociaciones de Desarrollo, ente que durante más de 40 años ha servido para intereses en favor del Estado. Las amenazas continúan contra aquellos que reclaman su derecho legítimo a la tierra, no hay libertad, ni paz cuando los mismo agresores que por años han atentado contra el Pueblo Bribri continúan libremente por nuestras calles, por nuestras tierras. Las acciones represivas y violatorias de los derechos indígenas del Pueblo bribri continúa por parte de estos ministerios, viniendo a empeorar el sensible sentimiento de pérdida de nuestro hermano. La IMPUNIDAD es palpable con respecto al asesinato del hermano Sergio así como de los muchos casos judiciales que se encuentran en manos del Poder Judicial.

El Pueblo Bribri no se detendrá en la defensa de sus derechos ancestrales, y defenderá la Madre Tierra hasta su último aliento de vida, tal como lo hizo nuestro hermano Sergio.

Agradecemos a todos aquellas y aquellos que de diversas formas han apoyado al Pueblo Bribri en su lucha y resistencia.

“Antes de salir huyendo, prefiero morir luchando por los ideales del pueblo bribri. Los Bribris no tenemos miedo. Gracias a todos y todas las personas que luchan por un mundo mejor para todos”.

Uniwak

Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa

Territorio Bribri de Salitre

 

Enviado por Marcela Zamora Cruz.

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Tribunal revoca sentencia que ordenaba el desalojo de las y los recuperadores Brörán de la finca crun Shurin

  • Juez Jean Carlo Céspedes Mora que ordeno desalojo, es investigado por el Ministerio Público y organizaciones exigen que sea separado de las causas relativas a tierras en los territorios indígenas

Miércoles 18 de setiembre de 2019. El Juez Agrario del Juzgado Civil, de Trabajo y de Familia (Materia Agraria) de Buenos Aires de Puntarenas, Costa Rica; Jean Carlo Céspedes Mora en la resolución 29 – 2019 del 1 de abril de 2019 había acogido una medida cautelar y ordenado el desalojo de las y los recuperadores Brörán de la Finca Crun Shurin, ubicada en el Territorio indígena de Térraba, al sur del país.

Sin embargo, el pasado 27 de agosto de los corrientes, el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de San José revocó la sentencia citada y rechazó la medida cautelar que ordenaba el desalojo, este último solicitado por las 5 sociedades anónimas que estaban usurpando el terreno y que son representadas por Eladio Ramírez Gonzales, causa que se tramita bajo el expediente No. 18-000022-1555 –AG-2.

En los considerandos de la sentencia del Tribunal que analizó la apelación planteada por las y los recuperadores de Crun Shurin; el órgano establece que la resolución del Juez Céspedes Mora “carece de un elenco de hechos probados y no probados, debidamente razonados, con los cuales el a-quo podría adoptar la medida cautelar, lo que sería suficiente para anular la resolución apelada. Sin embargo, el Tribunal considera que el a-quo, lejos de resolver la medida cautelar, más bien emite pronunciamiento de fondo sobre el interdicto planteado”

Continúa el Tribunal ”Véase que la medida cautelar solicitada, en este caso, se identifica totalmente con la pretensión de fondo, cual es la restitución y el amparo de la posesión, y el a-quo anticipa el criterio y resuelve dicha pretensión, sin haber evacuado la totalidad de los elementos probatorios”

Por último resuelve el Tribunal “véase que el a-quo duró más de un año, para resolver una medida cautelar atípica, que se suponía era urgente al momento en que fue solicitada; lo cual resulta ilógico, tal y como lo hace ver la recurrente, pues en ese transcurso de tiempo bien pudo haberse realizado el juicio verbal interdictal e, incluso, dictarse la sentencia de fondo correspondiente”; por estos errores del Juez Céspedes Mora es que el Tribunal revoca la sentencia y rechaza la medida cautelar de desalojo. (Se adjunta resolución del Tribunal)

Es importante recordar que el Juez Jean Carlo Céspedes Mora ha sido denunciado por diferentes irregularidades por varias personas y organizaciones de los pueblos originarios del sur, entre las denuncias, destaca que el Juez en cuestión es casado con una hija de Luis Chinchilla, persona no indígena que ocupa ilegalmente tierras en los territorios indígenas de Térraba y Boruca.

El juzgador en cuestión es investigado tanto a nivel penal como administrativo y las irregularidades denunciadas ya fueron comunicadas a la Inspección Judicial, según lo dio a conocer la Fiscalía General de la República, mediante el oficio FGR 298-2018 del 5 de junio de 2019.

Las organizaciones firmantes, han exigido en reiteradas ocasiones, que debido a las irregularidades señaladas y al evidente conflicto de intereses de que es parte Céspedes Mora, el mismo sea retirado del conocimiento de cualquier causa relacionada con los pueblos originarios; sin embargo hasta el momento no hay respuesta de parte del poder Judicial sobre esta exigencia.

Por último, las organizaciones firmantes, expresan su preocupación y malestar, ya que al hoy cumplirse 6 meses del asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Pueblo Bribri de Salitre, el hecho continúa impune y la única respuesta del Poder Judicial es que el hecho está en investigación.

Organizaciones firmantes:

Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa de Salitre.

Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.

Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa de Cabagra.

Recuperador@s Cabecares de Kono Ju de China Kichá.

Recuperador@s Bribris de Salitre.

Recuperador@s Broran de Crun Shurin

Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.

Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.

Asociación de Productores de Finca 10.

Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.

Cootraosa.

Voces Nuestras.

Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.

Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).

Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.

SOJUPANO de Palmar de Osa.

Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).

SERBUSUR de Finca Puntarenas.

Ditsö.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

Contactos: Felipe Figueroa Morales; felipeculturabribri@gmail.com 84099129

Maximiliano Torres Torres; consejomayores.iriria@gmail.com 87783833

Roberth Morales; roberthmv1974@gmail.com 86994843

Carlos Zuñiga Ríos; 83329419

Dinora Estrada Estrada; 87935004

Gustavo Oreamuno V; tavoreamuno72@gmail.com 85270039

 

Enviado por Nery Chaves.

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Encuentro Social Multisectorial

Comunicado de prensa

  • Abogando por la reactivación económica de Costa Rica

Con suma preocupación, vemos que el presidente se ha venido desligando de la caída de la economía nacional, mientras que los empresarios alertan sobre el posible cierre de empresas.

Las cifras publicadas en medios de comunicación, alertan que hay más de treinta mil nuevos desempleados, solo en la actividad comercial, pero además la cifra aumentaría, ya que antes de que cierre el año, más de cincuenta mil pequeñas empresas dejarían de existir.

Estos datos no son ni más ni menos que el resultado de una acción que detonaron en la Asamblea Legislativa los partidos que promovieron el plan fiscal, sumado el Presidente Carlos Alvarado y el sector empresarial, principalmente liderados por Gonzalo Delgado y Enrique Egloff, siendo estos los responsables absolutos del fracaso económico en camino, porque detonaron una crisis de credibilidad y una crisis fiscal en crecimiento que no han podido detener y hoy se lavan las manos.

Es repudiable que el gobierno, en vez de desligarse, no asuma responsablemente una acción concreta como se ha planteado.

O asumen su responsabilidad y corrigen el rumbo, o abandonen sus cargos.

Firma responsable

Ulises Blanco Mora, cédula 1-0379-0880. Teléfono 8541-0783.

 

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La UCR extiende sus servicios por medio de cursos de idiomas para el público en general

  • UCR Presente

  • La UCR también incursiona en la certificación de idiomas, tanto para estudiantes como para docentes del Ministerio de Educación Pública

La Universidad de Costa Rica ofrece, por medio de la Escuela de Lenguas Modernas y del Instituto Confucio, diferentes opciones de estudio de idiomas. Foto: Karla Richmond.

La Universidad de Costa Rica (UCR) brinda la posibilidad al público en general, mayor de 15 años, de estudiar un idioma, mediante sus programas de acción social de la Escuela de Lenguas Modernas y del Instituto Confucio.

Actualmente, el inglés sigue siendo el idioma de mayor interés entre los más de 5 000 estudiantes que llevan alguno de los programas. Pero, también se ofrece portugués, italiano, alemán, francés, japonés, ruso y chino mandarín.

Según comentó Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas, el Estatuto Orgánico establece que la Universidad debe ser un ente de proyección social y de beneficio para la comunidad: “creo que nosotros estamos muy conscientes de esa gran responsabilidad que tenemos, el deber de dar un aporte sustantivo a la sociedad costarricense. En la parte de idiomas, tan importante en un mundo globalizado, podemos dar un granito de arena importante, de mucha calidad e investigación”.

En el caso de esta unidad académica, el Programa Conversa (que se ofrece en la Casa de Idiomas, en San Pedro de Montes de Oca) nació hace 27 años con 500 estudiantes. Al día de hoy, se cuenta con alrededor de 5 000 alumnos y existe más demanda, por lo cual se está valorando la posibilidad, incluso, de construir más aulas con recursos propios.

Esta modalidad de cursos se enmarca dentro de un proyecto de acción social, cuyos recursos provienen de la matrícula y se manejan a través de la Fundación UCR, de modo que todo lo que se capta (excepto un porcentaje que se devuelve la Institución, mediante el Fondo de Desarrollo Institucional) se reinvierte en mejoras de tecnología, instalaciones y equipos para ofrecer cada vez un mejor servicio.

Para Quesada, el Programa Conversa ha sido muy valioso: “fuimos casi que pioneros en esa época (1992), al ser una entidad pública que participa en este tipo de proyección a la comunidad, de venta de servicios. Ha sido un gran logro, tanto así que es uno de los programas más exitosos de la Universidad de Costa Rica”.

Idiomas

El Programa Conversa ofrece cursos de los siguientes idiomas: inglés, francés, portugués, japonés, ruso, alemán, italiano y chino mandarín

De acuerdo con Quesada, el que tiene mayor demanda es siempre el inglés, cuyo programa cuenta con 12 niveles y, en cada tres de ellos, se otorga una certificación de dominio del idioma según el Marco Común Europeo.

En inglés, hay tres etapas que son la de principiantes (niveles 1 al 4), la de intermedios (nivel 5 al 8) y avanzados (nivel 9 al 12).

El portugués es el segundo idioma más demandado por los estudiantes y cuenta con seis niveles, los cuales se dividen del 1 al 3 para principiantes y del 4 al 6 para intermedios. Otra lengua muy buscada es el francés, la cual consta de nueve niveles que van del 1 al 3 para principiantes, del 4 al 6 para intermedios y del 7 al 9 para avanzados.

El japonés tiene cuatro niveles que van del 1 al 4; al concluirlos, los estudiantes se ubican en una etapa de principiante alto. Similar situación ocurre con el ruso y el alemán, los cuales tienen cinco niveles que concluyen con la etapa de intermedio alto. En tanto, el italiano posee también cinco niveles, pero concluye con una etapa de avanzado.

Otro idioma que siempre cuenta con demanda es el chino mandarín. El Programa Conversa ofrece ocho niveles que se dividen en tres etapas: principiantes (del 1 al 3), intermedios (del 4 al 6) y avanzados (del 7 al 8).

Cada nivel tiene una duración de 10 semanas, si se elige la modalidad bimestral, o de 13 semanas, si se prefiere la trimestral. En cada etapa de los diferentes cursos de todos los idiomas se entrega un certificado de aprovechamiento.

Según se indica en la información del sitio web de la Escuela de Lenguas Modernas, la metodología utilizada se basa en un enfoque comunicativo y se cuenta con laboratorios de audio, video y cómputo.

El Instituto Confucio se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Quienes ya cuentan con algún conocimiento en alguno de los idiomas pueden hacer un examen de ubicación, el cual se realiza de forma oral.

“Esto es una proyección de la unidad académica, una manera de aportar a la sociedad costarricense todo lo que se hace desde la investigación y desde la docencia. Es un aporte y un brinco de calidad, con servicios de alta calidad y con precios competitivos, para la mayoría de las personas trabajadoras”, manifestó Quesada.

Más mandarín

El Instituto Confucio de la UCR también se especializa en ofrecer cursos de chino mandarín. Para estos efectos, cuenta con un programa de 14 niveles, que se distribuyen de la siguiente forma: la etapa básica requiere seis niveles; la intermedia, cuatro; y la avanzada, cuatro más. Los cursos que se ofrecen incluyen 13 sesiones de tres horas cada uno si son trimestrales y de seis horas si son intensivos. En cada caso, se brinda un certificado de aprovechamiento al concluir cada una de las etapas.

Algunas de las razones por las cuales se considera relevante estudiar mandarín, según el Instituto Confucio, es porque es el idioma con el mayor número de hablantes nativos, pues llega a más de mil millones de personas. Se habla en China, en Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas.

Asimismo, se destaca que China es una de las mayores potencias económicas del mundo y que esta lengua le brinda a las personas mayores oportunidades de estudio, trabajo y negocios.

Un dato interesante que se destaca es que el estudiar chino mandarín le permite mejorar las habilidades mentales, porque para ello se requiere del uso de ambos hemisferios cerebrales.

El Instituto Confucio de la UCR empezó a ofrecer tales clases desde el 2010 y también da cursos de cultura china, como complemento de su labor.

Otros de los beneficios que ofrece para sus estudiantes es la posibilidad de obtener becas, así como la beca establecida por la Comisión Municipal de Educación de Shanghái, con el objetivo de ser una de las puertas de intercambio y cooperación internacional de la educación.

Certificaciones

Otro de los servicios que brinda la Escuela de Lenguas Modernas, asociado al estudio de idiomas, es la certificación de estos. Por el momento, ofrece las evaluaciones Pearson y Elash (dominio de inglés), además de la Celpe Bras (dominio del portugués), recientemente. La idea es convertirse en un centro de evaluación de idiomas en el futuro.

Según comentó Quesada existe interés de que otros idiomas como el japonés también sean certificados por la UCR, así como el coreano, con la posibilidad de aplicar la prueba Topic de esa lengua.

“Estamos en un momento en el que se ve el potencial de la Institución, en el que la gente puede identificar a la UCR como el centro de certificaciones de varios exámenes extranjeros y, por supuesto, está nuestro interés de ofrecer nuestras instalaciones y nuestra logística para poder aplicar tales pruebas”, destacó Quesada.

En el tema de certificaciones de idioma, otra área donde ha empezado a incursionar la Escuela de Lenguas Modernas es en la evaluación, con una prueba propia, a docentes de primera infancia (preescolar y kínder) del Ministerio de Educación Pública, entidad a la cual se le donó el examen. Dicha evaluación ya se inició con un primer grupo, de alrededor de 1 800 personas, y en octubre se evaluará a otras 3 150.

Quesada destaca que una de las características favorables de esta prueba es que está contextualizada al ámbito de la sociedad costarricense. Por eso, hay una mayor empatía de las personas con esta evaluación, pues otros exámenes externos tienen ítems relacionados con temas ajenos a la realidad del país.

Para más información sobre los cursos de idiomas se puede consultar en https://www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr/cursos-de-conversacion/, llamar al número telefónico 2511-8415 (Facultad de Letras), al 2511-1952 (Casa de Idiomas) o escribir a cursosconversacion.elm@ucr.ac.cr . Para los cursos de chino mandarín, del Instituto Confucio de la UCR, puede revisar el sitio www.institutoconfucio.ucr.ac.cr el, visitar el perfil de Facebook Instituto Confucio de la UCR, llamar al 2511-6870 o escribir a instituto.confucio@ucr.ac.cr .

 

Nidia Burgos Quirós

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Experto en derechos humanos ofrece a Sala IV criterio sobre proyecto contra huelgas

Víctor Manuel Rodríguez Rescia es un abogado costarricense experto en derechos humanos, quien, entre otras labores, fungió como comisionado ante el Comité de DDHH de la ONU. Amparado en la figura del amicus curiae que permite que terceras partes ajenas a un proceso ofrezcan opiniones para mejor solución de un caso, el experto solicita a la Sala Constitucional que reciba y admita el escrito “en calidad de memorial de amicus curiæ en el … procedimiento de consulta legislativa facultativa de constitucionalidad del proyecto de ley” denominado “para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos”.

El amplio y fundamentado documento de Rodríguez Rescia expone razones para considerar que “El proyecto de ley bajo consulta implica una temática crucial para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, como es la libertad sindical”. Agrega que “Costa Rica ha sido una nación caracterizada por hacer una convivencia armoniosa entre los factores humanos del desarrollo económico, reconociendo en la Constitución de la Segunda República la libertad sindical como un mecanismo de defensa de los intereses y derechos económicos y sociales de los trabajadores”.

El documento, cuya versión completa puede descargar más adelante, señala entre otros elementos los siguientes:

“La visión de conjunto permite entender al derecho a la huelga como un derecho inherente de la libertad sindical que le permite a la organización sindical de trabajadores emplear un mecanismo de presión legítima para la defensa de sus intereses económicos o sociales, estando dicho contenido explícito en el Artículo 61 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el Artículo 8.1.b del Protocolo de San Salvador y en el Artículo 8.1.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; pero implícito en el Artículo 3 del Convenio 87 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y análogamente en el Artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Adicionalmente es importante destacar que la anterior Relatora Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, MAINA KIAI, en su informe anual del año 2016, dedicado al ejercicio de los derechos a la reunión pacífica y de asociación en el lugar de trabajo, al referirse al derecho de huelga ha expresado:

Tanto los sindicatos como el derecho de huelga son herramientas fundamentales para hacer efectivos los derechos de los trabajadores, puesto que ofrecen mecanismos a través de los cuales los trabajadores pueden defender sus intereses de forma colectiva y dialogar con las grandes empresas y el gobierno en mayor igualdad de condiciones. El Estado está obligado a proteger estos derechos de todos los trabajadores. …

El derecho de huelga está establecido en el derecho internacional desde hace decenios, en instrumentos mundiales y regionales, y también se consagra en las constituciones de al menos 90 países. De hecho, el derecho de huelga ha pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario.

Consecuentemente, el derecho de huelga, además de ser un derecho internacional convencional, y un derecho constitucional, es también un derecho internacional consuetudinario, lo que convierte al derecho de huelga en un derecho universal, y a las obligaciones de respeto y garantía que le son consustanciales, en obligaciones erga omnes. Dicho lo anterior, el Código de Trabajo de Costa Rica plantea una definición no funcional sino descriptiva de la huelga, calificando como legal, la que se produce como resultado del acuerdo y realización que por lo menos tres personas trabajadoras —que representen más de la mitad de los votos emitidos conforme al Artículo 381 del Código de Trabajo— realizan para suspender concertada y pacíficamente el trabajo, ya sea en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo.

En una reciente decisión el CLS ha afirmado:

Lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población. El Comité toma nota asimismo de que el hecho de vincular las restricciones del derecho de huelga con las dificultades que provocan en el comercio y los intercambios abre las puertas a la prohibición de una diversidad de acciones reivindicatorias y de huelgas legítimas y que aun cuando las huelgas y otras acciones conexas tienen repercusiones perjudiciales para el comercio y los intercambios, tales consecuencias no convierten de por sí al sector afectado en un servicio esencial, y por ende, debería mantenerse el derecho de huelga en el mismo. Tomando nota de que se deben tener en consideración las condiciones propias de cada país, el Comité recuerda que en otros casos no consideró que el sector del petróleo constituyera un servicio esencial en el sentido estricto del término. (resaltado agregado).

Le invitamos a descargar, estudiar y compartir el documento completo enviado a SURCOS por la jurista costarricense Rosaura Chinchilla Calderón.

UCR: La educación es el primer paso para salvar vidas y ese es nuestro rumbo

  • El Centro de Simulación Móvil de la UCR llega a su primer destino: el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

En la fotografía se encuentra personal del Cesisa-UCR y del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Foto: Anel Kenjekeeva.

Por primera vez, el Centro de Simulación Móvil de la Universidad de Costa Rica (UCR) salió de sus instalaciones, en la Ciudad de la Investigación, para dirigirse al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología (HNGG).

Su traslado se dio con un noble propósito: fortalecer los conocimientos de los profesionales de la salud y aumentar la seguridad clínica de los pacientes. En esta ocasión, con un especial énfasis en los adultos mayores, una de las poblaciones más vulnerables de Costa Rica y de la cual se espera que en el 2050 ascienda exponencialmente al millón de habitantes, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El centro, a cargo de la Escuela de Enfermería de la UCR y único de su tipo en Latinoamérica, brindará un aporte crucial al fortalecimiento de las capacidades de los profesionales que realizan procedimientos invasivos y, de esta forma, minimizar el riesgo de que las personas atendidas reciban un mal procedimiento durante el proceso de cuido. Esta vez, el HNGG tiene como prioridad reducir, aún más, las infecciones intrahospitalarias.

“Para el Centro de Simulación de la UCR es un honor realizar esta actividad en un hospital emblema, reconocido por sus prácticas seguras y por garantizar las mejores atenciones a la persona adulta mayor y a sus familiares. Mediante esta alianza entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la academia, los profesionales no deben trasladarse a la universidad para su formación continua y permanente. El propósito es que el enfermero o la enfermera se sienta más seguro con los procedimientos que realiza y, por ende, que esa confianza se traduzca en una mayor seguridad para el usuario”, destacó el PhD. Jaime Caravaca Morera, coordinador del Centro de Simulación (Cesisa-UCR).

Si el país lo necesita, el Centro de Simulación de la UCR también puede responder ante casos de emergencia nacional, específicamente en la selección y atención inmediata de pacientes, y hasta en la realización de cirugías menores que sean vitales al momento de la urgencia.

Sin embargo, esta capacitación no beneficiará solo al HNGG, sino que también se extenderá a todo el país. En total, se formarán 20 profesionales provenientes del Hospital Nacional de Niños, San Ramón, el México, el de Pérez Zeledón y el San Juan de Dios. La principal ventaja que tendrá este grupo es poder cometer errores y repetir, en un espacio controlado y de alta tecnología, los pasos a seguir en casos de alta complejidad hasta alcanzar la excelencia. Asimismo, serán replicadores de formación en sus respectivos centros hospitalarios.

“En el Hospital hay personal que no ha tenido la experiencia de manejar muchas situaciones que se pueden simular en el Centro. Este tipo de oportunidad representa crecimiento, conocimiento y más seguridad a la hora de atender a un paciente. Históricamente, hemos hecho alianzas con la UCR que nos da un aporte de alta calidad para llevar a cabo estas capacitaciones permanentes. Esto nos viene a reforzar muchas técnicas y, lo más importante, ser pioneros y los mejores en el cuidado de la persona adulta mayor”, recalcó la M.Sc. Karen Fernández Ureña, directora de enfermería del HNGG.

Aprendizaje integral

El aprendizaje se da en el marco del curso “Aplicación de Técnica Aséptica en Procedimientos Invasivos”. El entrenamiento inició el martes 18 de septiembre y tiene una duración de tres días que concluirá este viernes. El enfoque de la capacitación se centra en abordar las áreas temáticas de mayor necesidad que, de alguna forma, se han identificado como las más propensas de poner en riesgo la salud de las personas.

Algunos los procedimientos que se destacan son: aspiración de vías aéreas, toma de muestras, colocación de sondas, curación de heridas, entre otros.

“Los temas seleccionados son para mejorar las prácticas y refrescar a las personas que estamos siempre en contacto con los usuarios. La UCR siempre nos viene a dar charlas sumamente importantes para la actualización. En esta oportunidad, nuestro interés es reducir las infecciones y darle una mayor seguridad al paciente. Algunos son procedimientos sencillos pero de mucho riesgo como, por ejemplo, curar una vía central o una sonda. Hoy, tenemos el lujo de contar con el Centro de Simulación”, enfatizó Vicky Zeledón Cruz, supervisora de educación del HNGG.

No obstante, el proceso de aprendizaje va más allá de la parte clínica. Caravaca indicó que también se fortalecen las habilidades blandas y las habilidades psicosociales. Ambos aspectos son claves para brindar un trato humanizado.

Este es el cuerpo de enfermería capacitado. Los participantes provienen de diversos hospitales del país, incluso de zonas rurales, lo cual brindará un aporte crucial a la salud y bienestar de la población. Foto: Anel Kenjekeeva.

Impacto incalculable

La directora del Hospital Nacional de Geriátría y Gerontología, la Dra. Milena Bolaños Sánchez, afirmó que la capacitación constante del personal genera un valioso beneficio en la vida de la población adulta mayor, que se destaca por su alta susceptibilidad a procesos infecciosos.

Actualmente, la directora señaló que hay 140 pacientes internados en el HNGG y, por día, se les realiza cerca de tres procedimientos como, por ejemplo, cambios de vía. En un mes, son aproximadamente 12 600 intervenciones que se realizan.

“Lo anterior es solo pensando en la hospitalización, no incorpora emergencias ni tampoco la comunidad, que también es algo importante que hacemos. Nosotros tenemos un programa de atención comunitaria, en el cual hay un grupo interdisciplinario que va a las casas y que hace curaciones de úlceras, colocación de sondas y vías periféricas en sus hogares. Las instituciones estatales somos entes hermanos. Es muy importante establecer relaciones positivas y, a nivel académico, una de las más importantes es la que tenemos con la UCR”, dijo la Dra. Bolaños.

Desde hace 13 años, la Escuela de Enfermería de la UCR ha incorporado tecnología de vanguardia en este moderno método de enseñanza basado en la simulación clínica. Dicha contribución beneficia al país cuando los profesionales ejercen su profesión y deben tomar decisiones que, en segundos, pueden definir si una persona continúa con vida.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Respuesta a Pilar Cisneros

Manuel Delgado

He visto y escuchado, con mucha decepción y con un poco de tristeza, la intervención que hiciera doña Pilar Cisneros hace unos días. Lo primero que sentí al escucharla es que esa no es la doña Pilar que yo conocí y con la que trabajé, aquella mujer valiente que se oponía a los poderosos en defensa de la justicia, en defensa de los desprotegidos. Ahora ella misma se alía con los poderosos, con los medios de comunicación que ella conoce muy bien, con las cámaras patronales y con los partidos tradiciones y se sube a esa ola de borrachera antisindical que está hundiendo al país en el odio, en el temor y en la división.

Yo quiero de manera breve comentar algunos de los puntos de esa intervención.

Empecemos por los salarios. Cuando usted y yo, doña Pilar, trabajábamos en Canal 7, hicimos muchas veces la denuncia de unos salarios insultantes. Recuerdo que en una oportunidad yo le preguntaba a la gente en la calle: ¿Qué haría usted con un salario de medio millón al día? Y la gente se quedaba congelada. ¿Medio millón al día? En esa ocasión había un alto jerarca con ese salario. ¿Hizo algo el poder en torno a esto? Usted recuerda: No hicieron nada, ni una hoja se movió. Lo altos salariazos siguieron oscureciendo nuestro paisaje y aquí paz y allá gloria.

Recientemente hemos tenido casos como el de un gerente bancario que ganaba 29 millones; el del presidente de otro banco, 10 millones; el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, 8 millones; el regulador general, 7 millones.

Tratando de hacer frente al escándalo, el presidente puso un tope. Nadie podrá ganar más de 9,2 millones (ahora habla de poco más de 8 millones). Pero resulta que hay un jerarca por ahí al que no le bastaron, entonces siguió ganando 13 millones mes a mes. La señora Ministra de Hacienda, esa misma que lleva la batuta en el estrujamiento de los trabajadores, dijo entonces que tal excedente en ese salario era legal, pues eran pluses que se habían fijado de acuerdo con la ley. Pero también los salarios de los trabajadores tienen fundamento legal, pues las convenciones colectivas tienen rango de ley. “La ley se estira y se encoje según a quien se le aplica”, decía Aquileo Echeverría. Sabia frase.

Yo suelo hacer el chiste (que es muy real), de que Albert Einstein ganaba en la Universidad de Princeton una suma equivalente a 7 millones de colones de hoy. Alexander Fleming, al descubridor de la penicilina, ganaba en la Universidad de Londres 4,5 millones. Estos jerarcas nuestros quién sabe dónde estudiaron, pero ganan más que Einstein y más que Fleming.

El asunto de fondo es que no hay voluntad de parte del poder político, las cámaras patronales y los partidos políticos de acabar con el festín de los altos salarios. Pero sí se lanzan en cruzada contra los trabajadores que luchan por llevar un milloncito a su casa. (Hay que hacer la aclaración de que la mayoría de los salarios del sector público no llegan a un millón; un millón es el promedio de los salarios públicos, lo que indica que hay decenas de miles de empleados que ganan menos).

Al comienzo del gobierno pasado, el presidente Solís dijo que él no iba a poner en discusión el tema del empleo público en general y de los salarios en particular. Adujo que, de todos modos, ese tema no iba a rendir frutos al fisco en menos de 20 años. Yo publiqué entonces un artículo afirmando que la actitud del presidente era una irresponsabilidad, que el asunto debió haberse comenzado a discutir hacía muchos años. Pero efectivamente ni se discutió antes, ni se discutió entonces, ni se discute ahora. Simplemente se imponen remiendos de manera antidemocrática e injusta.

Vamos con los salarios de los médicos.

No es cierto que los salarios de la médicos, grandes o pequeños, tengan que ver con el problema fiscal del país o con esa deuda de 12 millones de millones que a todos nos preocupa. De todos los salarios del Estado, solo el 42% se pagan con dinero de los impuestos. El resto, los otros 58%, corresponden a instituciones que no dependen del fisco y que se financian con sus propias rentas. Nosotros podríamos reducir a cero los salarios del ICE, o de RECOPE, o del INS, que en nada se vería afectada la deuda interna. Lo mismo ocurre con los médicos. La CCSS es una entidad que se financia con rentas propias que provienen de ese aporte que hacemos los trabajadores mes a mes.

Poner como argumento la deuda pública para atacar a los médicos y sus remuneraciones no puede calificarse sino de demagogia.

Los salarios de los médicos han sido satanizados de manera irracional e injusta. ¿Cuánto gana un médico? Tengo en mi familia un caso de un profesional graduado hace tres años después de nueve años de estudio en la Universidad de Costa Rica y su salario normal apenas llega a un millón y medio. Le llegan, después de todas las rebajas, unos 900.000 mil colones. Un médico general de esta categoría ve a 30 pacientes diarios, 600 al mes. Eso quiere decir que cada cita médica le cuesta a la CCSS 2.500 colones. ¿Y esto le parece un privilegio excesivo? ¿Es justo entonces atacar, vilipendiar, acosar a estos trabajadores?

La Caja tiene 55 mil empleados, y de ellos solamente 2.300, menos del 5%, devengan salarios superiores a 5 millones de colones. Aunque allí están incluidos su Presidente Ejecutivo, los directivos y demás jerarcas nombrados por la política, la mayoría de ellos corresponde a médicos muy especializados, muy calificados y con mucha experiencia. Entonces, no parece justo acosas, amedrentar y vilipendiar al 95% de esos empleados de la salud por algo que no nos gusta del otro 5%.

Doña Pilar recurre a un truco muy poco encomiable cuando mete el enganche médico en esta discusión. Ese privilegio, repudiado por casi todos, no ha sido eliminado porque los partidos tradicionales no han querido eliminarlo. Hay que reconocer que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa con ese propósito, pero todavía estamos esperando que algo pase. Pero el enganche médico no ha estado nunca entre las peticiones de las huelgas recientes, no forma parte de las peticiones de los trabajadores y varios sindicatos, entre ellos la ANEP y su líder Albino Vargas, lo han condenado en reiteradas ocasiones.

Aparte de la Caja, hay en el Estado 1.200 empleados que ganan más de 5 millones de colones. Entre ellos están esos angurrientos de salarios de 8 millones o más, los altos jerarcas impuestos por los políticos y por la política de que hablábamos arriba.

Estos 1.200 salarios constituyen el 0,5% del total, una minoría ínfima. Entonces, por un lado, el Estado podría resolver el problema de esa minoría que no representa mayor problema. Pero lo que pasa es que están usando esos datos para atacar de manera falaz e inmoral al resto de los trabajadores.

¿Por qué esta histeria antisindical? ¿A qué se debe esta orgía de ataque a los trabajadores?

Tengo en mi poder un estudio que calcula la evolución de los salarios de los médicos generales con las nuevas normas fiscales recientemente aprobadas. Sucede que para el año 2023 el trabajador habrá dejado de percibir 14,3 millones de colones. Los demás trabajadores de las demás profesiones correrán la misma suerte. El fin confeso es ese plan: reducir los salarios de las clases medias, empobrecer a este sector.

Aducen, entre otras cosas, el “privilegio” de los empleados públicos respecto a los del sector privado. No dicen, sin embargo, que la verdadera vergüenza nacional es que el salario promedio de los trabajadores del sector privado es de 370 mil colones, una infamia que no tiene perdón.

Esa diferencia en el salario se debe a dos factores. El primero es que los empleados públicos en un 75% o más son profesionales. En el sector privado es exactamente al revés: son profesionales solo el 26%. Aun así los salarios públicos son superiores en todos los rangos.

Es muy posible que los salarios públicos siempre hayan sido mayores que los de la empresa privada. Pero además esos salarios se vieron incentivados por la lucha sindical y las convenciones colectivas. Frente a las dificultades de esta lucha, los trabajadores encontraron maneras de ver mejorados sus ingresos, efecto producido principalmente por los pluses. Un salario como el del médico que arriba mencioné, está compuesto por 900 mil de base y 600 mil de pluses. Si desde un primer momento el sueldo del galeno se hubiera cifrado en un millón y medio (o su correspondiente para la época de que se trate), no hubiera sido necesario ese recurso de los pluses o, al menos, no hubieran llegado a significar una parte tan importante del salario. (Los pluses también existen en la empresa privada, principalmente los que tienen que ver con la antigüedad; algunas empresas también reconocen la capacitación profesional, conocimiento de un segundo idioma, etc.)

Cabe señalar que los aumentos salariales del sector público tienen una gran deuda con los sindicatos; no así en la empresa privada, donde el sindicalismo ha sido perseguido a sangre y fuego. Si en el sector privado hubiera, por lo menos en parte, alguna libertad sindical, es muy posible que esas disparidades que comentamos tendieran a cerrarse.

Vamos a pasar a las pensiones.

De nuevo, este tema es motivo de la histeria mediática y en torno a él se miente y se tergiversa.

Hay que decir para comenzar que, salvo en una pequeña porción, las pensiones nada tienen que ver con el fisco ni con la deuda pública.

Veamos. Hay cuatro regímenes fundamentales. El primero es el de la Caja, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y paga pensión a 269.881 beneficiarios, 53,58%  de ellos por vejez, 27,13% por muerte y 19.28% por invalidez.

Este régimen tiene un tope máximo ¢1.612.000 en sus beneficios.

¿Cómo se financia este régimen? Con fondos propios, por el aporte que mes a mes hacen los asegurados (un 3,84% de su salario), más los aportes de la patronal y el gobierno.

El segundo régimen es el del Poder Judicial. Este tiene 3.737 beneficiaros, es decir, funcionarios jubilados. De ellos 735, el 19%, disfruta de pensiones mayores a los 2,5 millones de colones. Es más, solo 257 pensionados, el 6,8% del total, recibe pensiones superiores a 3,5 millones de colones, es decir, que podrían calificarse como pensiones de lujo. Pero eso lo ocultan la prensa, las cámaras patronales y los partidos tradiciones, y utilizan la situación de ese 6,8% para denigrar al conjunto de los trabajadores judiciales.

De nuevo hay que decir que las pensiones del Poder Judicial nada tienen que ver ni con el déficit público, ni con la deuda del Estado, ni con el fisco, pues este régimen se sostiene con sus propios ingresos, provenientes del aporte de los empleados (en este caso el 13% de su salario), más los del patrono y el Estado.

Más compleja es la situación con las pensiones del Magisterio porque allí hay dos regímenes. Uno es el Régimen de Capitalización, creado en 1995, y que da pensión a poco más de 1.500 personas. Este régimen de pensiones tampoco tiene nada que ver ni con el fisco ni con la deuda interna, pues él es un ente autosuficiente, que se financia con las cotizaciones de los educadores, un 8% de su salario.

El problema lo ofrece el otro, el Régimen Transitorio de Reparto. Con ese nombre se denominó en 1995 lo que venía rigiendo en la materia desde 1958, cuando se creó el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Pero sucede, primero, que desde 1958 y durante 35 años los distintos gobiernos les robaron a los maestros sus cotizaciones. Ese dinerito con que mes a mes cada uno contribuía, lo utilizaba el gobierno para sus gastos corrientes, y nunca conformó un fondo de ahorro o un fondo de capitalización.  Entonces, como no había fondo, las pensiones se iban pagando a costa del presupuesto nacional.

Y segundo problema es que durante muchos años los gobiernos tuvieron la costumbre de sacar a sus amigotes de la academia y nombrarlos en puestos burocráticos (embajadores, viceministros, oficiales mayores, etc.) con el fin de elevarles la pensión. Son esos pensionados los que inflan la lista de los pensionados de lujo.

¿Cuántas son las pensiones altas?

No hay claridad en el país acerca de qué se considera una pensión de lujo. Lo corriente es que se llame así a la superior a 3,9 millones. Son esas las pensiones que devengan el llamado aporte solidario, es decir, una especie de impuesto de renta. El gobierno pasado intentó imponer ese aporte a aquellas que fueran superiores a 2,7 millones, considerando ese monto como el piso de las pensiones de lujo. Y hay quienes afirman que son lujo aquellas jubilaciones que sobrepasan en máximo que paga el IVM, 1,6 millones de colones.

Con estos parámetros tenemos que en el Magisterio existen 750 pensiones de más de 3,9 millones y 1.862 que se sitúan entre esa cifra y los 2,7 millones.

Existen otras llamadas de Gobierno que reúnen a 379 beneficiarios con más de 2,7 millones de colones.

Entonces yo pregunto: ¿Es justo vilipendiar, acorralar, insultar, amedrentar a 275.000 trabajadores públicos por las pensiones de esos 3.000 jubilados de lujo?

Porque eso es lo que hacen los medios, las cámaras y los partidos tradicionales, no buscar soluciones racionales y consensuadas al problema, sino acosar y desprestigiar a los empleados públicos y sus organizaciones. Y a esa campaña de terror se une ahora, por desdicha, doña Pilar.

Termino anotando brevemente que hay una inequidad muy poco alentadora en nuestro sistema de pensiones del IVM, y es que un trabajador que comienza a cotizar a los 35 años de edad se pensiona a los 65 años con 360 cuotas y con los mismos beneficios que otro que empezó a cotizar a los 18, y llega a los 65 años con 564 cuotas.

Esta injusticia se había paliado un poco con la pensión adelantada a los 60 para las mujeres y 62 para los varones, pero esa medida fue eliminada de una manera arbitraria e injusta.

De eso deberíamos estar hablando de manera serena y responsable, no subidos en esa ola de terrorismo mediático.

Dice doña Pilar en su intervención que “no existen costarricenses más costarricenses que otros”. Siento discrepar. Sí existen unos ticos de primera y otros de segunda.

Hace diez años doña Pilar y yo denunciamos por Canal 7 la existencia de megaempresas que reportaban ganancias cero y que, por tanto, no pagaban impuestos.

Yo guardo copia del guion de ese reportaje. Allí denunciábamos a 78 empresas cuyos ingresos sumaban dos millones de millones de colones, lo que en aquella época equivalía a la mitad del presupuesto nacional de la República. Había una con ingresos de 624 mil millones de colones. Otra con 205 millones, tres con más de 100 mil millones y así sucesivamente. Por esas sumas gigantescas de ingresos, esos gigantes pagaban cero impuestos. ¿Cómo la hacían? Pues reportando sumas iguales, idénticas, de gastos.

Un ejemplo. Una reportó ingresos por 29.405.474.975 con 65 céntimos. Al lado, en los costos, como copiado por copy paste, la misma suma, hasta con sus centavos. Los sinvergüenzas no tuvieron ni la molestia de poner, por ejemplo, 50 céntimos en vez de 65.

En resumen, esa fue la historia. La denunciamos y, como era de esperarse, no pasó nada. Seguimos viviendo en el país más feliz de la tierra.

Diez años después, en medio de la pasada huelga y como resultado de la huelga, vuelve a salir a la luz el tema de las megaempresas con ganancias cero. Muchas personas ya venían advirtiendo sobre la elevada evasión fiscal, pero fue el paquete tributario y la lucha contra él los que le dieron volumen al tema.

Sucede que según datos de la Universidad Nacional la evasión fiscal anda no muy lejos de los 3 millones de millones anuales. En una polémica en televisión, el viceministro de Hacienda reconoció que esa evasión alcanzaba del 2,4 millones de millones por año. Yo no tengo idea de cuánto es esa suma, no me cabe en mi cabeza, pero si la evasión no existiera (o al menos no fuera tan elevada) no habría ni déficit fiscal, ni deuda interna, ni la situación calamitosa en que vivimos desde hace años.

Pero nadie hace nada. Al revés, ese plan fiscal que está hundiendo al país en la recesión y al pueblo en la pobreza, les condona a los grandes deudores 190.000 millones por medio de llamada amnistía tributaria. Pienso, luego existo. No pagan, entonces los premiamos.

Entonces allí vemos que sí es cierto que unos son más costarricenses que otros, que hay ticos de primera y ticos de segunda.

Recuerdo que recién llegada doña Pilar a Canal 7, y hablándole de mi persona, le contaba que yo provenía de una familia muy pobre, que había estudiado en una escuela pública y en un colegio público y que luego fui a la Universidad de Costa Rica con beca 11, es decir, la universidad me daba un estipendio para ayudarme con los gastos. De ninguna otra forma hubiera podido yo estudiar. Ella entonces me dijo que cuando ella llegó a este país proveniente de Perú, eso fue lo que más le llamó la atención: cómo los hijos de familias pobres podían convertirse en profesionales. Porque en Perú, me agregó, el hijo de peón es peón toda la vida y punto.

Costa Rica está atravesando por un momento muy difícil. Para mí es el peor de su historia reciente. Está en marcha un gigantesco plan para arrebatarle ese músculo acumulado por décadas. Quieren, en primer lugar y de manera prioritaria, empobrecer a la población reduciendo sus salarios y quitándoles servicios sociales con la excusa de reducir el gasto público.

Quieren devolver al país a la situación en que vivía antes de las reformas de Calderón Guardia, y que tienen tres pilares básicos: la universidad pública, el seguro social y el Código de Trabajo, los tres ahora gravemente amenazados por el plan fiscal. Y para lograr eso, tienen que acabar con los sindicatos, otra de las conquistas de los años cuarenta.

En resumen, nos quieren convertir en un país muy similar al Perú que existía cuando doña Pilar era joven, allí donde el hijo del peón era peón para toda la vida, allí donde solo existía una minúscula oligarquía egoísta, corrupta y dictatorial, por un lado, y una masa empobrecida sin ningún derecho. Eso es lo que quieren.

Y es esto en lo que hay que pensar y es contra esto que hay que actuar.

Doña Pilar, usted es dueña de un gran cariño y un gran respeto. Es un tesoro suyo, sin duda, pero también es un tesoro del pueblo de Costa Rica.

Con ese poder en sus manos, usted podría liderar una lucha por sacar al país de esta horrible pesadilla en que se encuentra, y enrumbarlo por un camino de progreso, diálogo y paz.

La invito a que lo piense serenamente.

Muchas gracias.

 

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Exigen sanciones contra piñera por intoxicación de estudiantes en San Juan de Platanar

(San José, miércoles 18 de setiembre, 2019).- Exigimos a las autoridades que tomen acciones concretas por la intoxicación de estudiantes y maestras el pasado viernes 23 de agosto, causada por la aplicación de agroquímicos de una piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba, en la comunidad de San Juan de Platanar, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

Mediante acciones concretas nos referimos a sanciones contra la empresa y a decretar medidas restrictivas a nivel nacional para que las piñeras no puedan sembrar a menos de 400 metros de centros educativos, centros de salud y viviendas, tal como se le aplica a ventas de licores o bares con respecto a escuelas, EBAIS y plazas públicas.

El sembradío de piña ubicado al costado este de la escuela pertenece a la empresa Cítricos Bellavista. El 23 de agosto 18 estudiantes de la escuela y cuatro adultos resultaron intoxicados y tuvieron que ser llevados al EBAIS de Platanar y luego al hospital de San Carlos.

Según el informe técnico del Ministerio de Salud, los síntomas que experimentaron las y los pacientes fueron dolor de cabeza, mareo, náusea, vómito, dolor abdominal e irritación de ojos (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-086-2019).

En una visita realizada a la comunidad el viernes 6 de setiembre por un equipo de Kioscos y periodistas, la maestra Sindy Rodríguez Madrigal nos contó que ella llegó a las 6 y 10 de la mañana a San Juan y se dio cuenta de que la piñera estaba fumigando. “Ese día estaba muy caliente, hacía mucho sol. Teníamos las celosías abiertas. Ya como a las 12 y resto los chiquillos hacían como que iban a vomitar, se asustaron, agarraban la camiseta y se tapaban la boca y salían del aula, a algunos se les puso la nariz roja. El doctor del hospital nos dijo ‘ustedes no saben pero ese químico produce cáncer a largo tiempo’. Yo todavía tengo resequedad en la boca y dificultad para tragar”.

De acuerdo con la cédula de aplicación de los productos agroquímicos usados -difundida por el Servicio Fitosanitario del Estado-, ese día la piñera fumigó con Diazinon, Ecogreen y Camauba (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019).

El pesticida Diazinon (Ácido fosforotioico) es utilizado para controlar insectos en los suelos y las plantas. Es un pesticida organofosforado y figura en la Lista de sustancias peligrosas del Derecho a Saber (“Right to Know Hazardous Substance List”). La exposición al diazinón puede causar de manera rápida y grave, con dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náusea, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y la muerte. La exposición alta o repetida podría causar daño a los nervios, causando debilidad, hormigueo y poca coordinación en los brazos y las piernas.

No es posible que lo único que digan las autoridades del Ministerio de Salud sea que “se recomienda realizar una visita por parte del personal de Regulación de la Salud, con el fin de emitir criterio técnico sobre la manera de evitar o minimizar la exposición de personas a los agroquímicos utilizados por esta empresa”.

Sobretodo cuando esta es la tercera vez que la Escuela La Ceiba es evacuada debido a afectaciones de estudiantes y maestras por las fumigaciones de la piñera. Así nos lo confirmaron maestras y Estela Solís Marín integrante de la Asociación de Desarrollo de San Juan de Florencia y vecina de la comunidad.

Tenemos diez años de luchar con los químicos. Nosotros lo que queremos como comunidad y como vecinos es tener un ambiente libre de químicos, poder levantarnos y respirar normal, como cualquier persona, como cualquier comunidad, no tener que estar en esto, corriendo, demandando, cambiándonos de casa, yendo al EBAIS. Queremos vivir en un ambiente sano. A la piñera le pedimos que cumpla como debe ser las leyes sobre los usos de los químicos, que mantenga la barrera natural; pero especialmente que no use químicos tan contaminantes, tan agresivos al ambiente y a la salud”, dijo Solís Marín.

Es indignante que el Gobierno proponga que sean las personas habitantes de las comunidades las que tengan que ver cómo no les caigan los agroquímicos encima y cómo no ser fumigadas. Es responsabilidad del Gobierno detener la expansión piñera descontrolada; sancionar a las empresas piñeras que fumiguen comunidades enteras; y regular las distancias que deben existir entre los sembradíos y los centros educativos, EBAIS, viviendas y centros de ancianos.

Un investigador del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional, también visitó San Juan de Florencia, como parte de la gira organizada por Kioscos, y tomó muestras de residuos en las aulas de la Escuela La Ceiba y en la zona de juegos. Próximamente se darán a conocer los resultados.

En 2016, una investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada por Leonel Córdoba, estudió la presencia de plaguicidas en 12 escuelas de Matina, provincia de Limón, y encontró clorpirifós en las aulas. Este estudio fue desarrollado en escuelas aledañas a plantaciones de banano y demostró presencia de clorpirifós y 17 agrovenenos rociados por las avionetas.

En 2009, la investigadora Karla Solano realizó su tesis de la Universidad Nacional sobre residuos de plaguicidas hallados en el polvo de casas y escuelas, cerca de plantaciones de banano y piña en la zona Caribe de Costa Rica.

Ver:

Chacón, V. “Comunidad denuncia intoxicación de niños por fumigación”. Semanario UNIVERSIDAD. 10 de setiembre. Ver enlace en: https://semanariouniversidad.com/pais/comunidad-denuncia-intoxicacion-de-ninos-por-fumigacion/

Fotos: Cristian Matamoros, Kioscos Ambientales, UCR

Contacto: Mauricio Álvarez, 8870-9165

 

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FRENAPI: A seis meses del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

DENUNCIA PÚBLICA DEL FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)

¿QUIÉN LO MATÓ?

A SEIS MESES DEL ASESINATO DE SERGIO ROJAS ORTIZ

Hoy, 18 de setiembre del 2019, se cumple medio año del ruin y repudiable asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak de Salitre (Buenos Aires de Puntarenas), miembro del Concejo Ditsö Iriria Ajkönúk Wakpä, de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra, fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas- FRENAPI.

Sergio Rojas Ortiz representó, representa y representará el espíritu indómito defensor de los DDHH de su Pueblo Bribri y de los demás Pueblos indígenas en Costa Rica. En su resistencia y valentía, tan incómodas para las personas agresoras de los DDHH de los Pueblos, está la causa de su asesinato.

EL 17 de setiembre del 2012, hace 7 años, Sergio fue víctima de un atentado a balazos que, por segunda vez (un año antes lo habían apedreado desconocidos en un recodo del camino), dejó ver la intención de asesinarle. El hecho fue denunciado, el resultado se alejó de ser una investigación profunda del caso.

La persecución con amenazas y agresiones contra Sergio, fue permanente por parte de las personas usurpadoras NO indígenas tanto de su Territorio Bribri como de otros territorios cercanos. Esta persecución se ejecutó por quienes vieron en la causa indígena una amenaza de perder las tierras que con maña y violencia arrebataron a sus habitantes originarios: los Pueblos Indígenas. En esa «campaña» contra Sergio, contra sus compañeras/os recuperantes y el Frente (FRENAPI) también estuvieron (están) implicados miembros de la Municipalidad y Alcalde de Buenos Aires, funcionarias/os de Gobierno Central, Judiciales y Diputadas/os de varios Partidos y Administraciones. También, se unieron (y se unen) medios de comunicación como la Extra y algunos Noticieros de Televisión que replicaron su encarcelamiento provisional por “acusaciones” que no tienen fundamento con información tergiversada y/o sensacionalista.

En el 2015 la Comisión Interamericana de DDHH – CIDH dictó las Medidas Cautelares MC 321-12 a favor de los Pueblos de Salitre y Térraba, la razón: la escalada de actos de violencia y hostigamiento contra estas poblaciones. Una de las finalidades primordiales que pretenden desde entonces las MC 321-12 corresponde a la adopción de medidas necesarias para el resguardo de la vida e integridad personal de las/os miembros de ambos Pueblos. A pesar de ello, los Gobiernos Solís Rivera y Alvarado Quesada no cumplieron con la implementación de los Protocolos para hacer efectivas esas Medidas, permitiendo, por omisión, y a veces con la complicidad in-directa de la Fuerza Pública, que las personas agresoras y violentas continuaran ejecutando sus actos delictivos, hasta culminar con el asesinato de nuestro hermano Sergio.

Las Comunidades no han dado marcha atrás, la violencia no se detiene y las recuperaciones de Tierra/Territorio aumentan en Salitre y se expanden a otros Territorios, bajo las consigas «Sergio Vive- la Lucha sigue y se extiende”, “Sergio No murió, se MULTIPLICÓ”.

A seis meses del vil asesinato de nuestro hermano, se desconoce el estado de la Investigación que realiza la Fiscalía General. La impunidad histórica de los delitos contra los Pueblos Indígenas es patente.

Reprochamos que cuando las/os indígenas denunciamos actos delictivos, no se da trámite a nuestras denuncias, llegando incluso a ser rechazadas o archivadas sin previa investigación. Esto genera mayor violencia y temor cuando llegan las personas agresoras denunciadas, quienes se atreven a perpetrar nuevos actos delictivos bajo el cobijo de la impunidad que constantemente les favorece.

El escenario impune, permite más espacio de acción a las personas usurpadoras y agresoras, tanto particulares como a funcionarias/os de los tres poderes estatales. La más reciente agresión física se evidencia contra la compañera Magdalena Figueroa, recuperante de la Finca Kapleña de Salitre a quien el usurpador le roció su rostro con herbicida. En cuanto al hostigamiento y agresión emocional, se evidencian las amenazas del PANI principalmente a nuestras compañeras, respecto a llevarse a las/os menores de edad de las fincas recuperadas por las familias indígenas (este hecho recientemente lo denunciamos públicamente).

La Ley Indígena establece que «los territorios indígenas son inalienables, exclusivos de los Pueblos que los habitan…Los NO indígenas No pueden poseer tierras dentro de estos territorios, ni construir casas, ni usar los recursos naturales que ahí existan…» (Ley 6172 de 1977), en el mismo sentido el Convenio 169 de la OIT (de los Pueblos Indígenas) ratificado por Costa Rica 1992, dice que el Estado (todo) debe garantizar la seguridad e integridad de los Territorios Indígenas y el respeto de los demás Derechos de estos Pueblos.

De lo dicho y principalmente de lo vivido, tenemos certeza que el Estado Costarricense No ha podido garantizar la vida e integridad personal de nuestros Pueblos ni de sus defensores, tampoco hay voluntad política por parte del Estado para lograr el saneamiento territorial de los Pueblos Indígenas. Por el contrario, ha permitido por acción u omisión la usurpación de sus Tierras/Territorio, no ha logrado garantizar otros derechos de nuestras/os hermanas/os indígenas, dejando que las personas agresoras sigan entrando y saliendo sin impedimento de los Territorios. Todo esto, bajo la complicidad de un sistema impune para las personas agresoras y severo para la población indígena con ensañamiento en quien es defensor/a de los DDHH.

EXIGIMOS SANEAMIENTO E INTEGRIDAD TERRITORIALES;

RESPETO POR NUESTROS DERECHOS HUMANOS.

¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA SERGIO!

¡Por una Justicia Pronta y Cumplida, NO MÁS IMPUNIDAD!

¡LA LUCHA SIGUE!

¡Autonomía Indígena YA!

¡Sergio No murió, se multiplicó!

¡Sergio Rojas VIVE!

FRENAPI, 18 de setiembre 2019

COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

 

Enviado por Suyen Vega.

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