Jaime Corrales, quien es agricultor en San Luis de Grecia, nos comenta que el proyecto UCR Híbrido de Chile Dulcitico hizo magia para los agricultores de la zona; es un producto enriquecedor y más grande de los que se pueden adquirir en el mercado, en otras palabras, una semilla de chile única en el mercado. Jaime nos invita a apoyar este proyecto.
Por otro lado, José Luis Cabezas quien reside en Puntarenas, nos comparte que es integrante de la comparsa de la UCR en la sede del Pacífico. Esta actividad lo ha hecho tener mayor conocimiento y crecer como persona. Utiliza su talento para enseñar a más niños y jóvenes de su pueblo a ejecutar los instrumentos y de la misma manera, todos estos estudiantes forman parte de su grupo musical llamado “Arritmiación Porteña” e invierte mucho tiempo en mejorar este grupo.
Invitamos a ver el video de José y Jaime quienes nos cuentan cómo su relación con la UCR ha cambiado sus vidas y las de sus comunidades.
El pasado 9 de septiembre, desde San José Costa Rica se presentó una coreografía, la Cumbia por la Paz y la Noviolencia, en apoyo a la marcha a que se dará el 2 de octubre, saliendo también desde San José, en concordancia con el mismo movimiento, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
Esta es una marcha mundial, y el grupo extiende el apoyo a todas las personas participantes, al igual que recuerda que la violencia es aprendida, y la no-violencia también se puede aprender.
El 11 de septiembre del 2024 se presentó una denuncia contra Jorge Porras López, directivo de la CCSS, y a los miembros del Consejo de Gobierno que participaron en su voto de nombramiento a la Procuraduría de la Ética Pública, la cual tiene la función de prevenir la corrupción, e incrementar la transparencia en los cargos públicos, por parte de Martha Elena Rodríguez, directiva representante de los trabajadores del sector Laboral-Sindical.
Esta denuncia se debe a que presuntamente el señor Porras López es trabajador del Banco Nacional, lo cual infringe el artículo séptimo, inciso b, de la Ley Constitutiva de la CCSS , que prohíbe nombrar funcionarios de cualquier banco, de acuerdo a su marco como Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En virtud de la importancia que tiene que los nombramientos estén a debido derecho, por temas de anticorrupción y transparencia, se le solicita en esta denuncia a la Procuraduría agilidad para determinar si en efecto se ha violentado este artículo, y llevar a cabo la acción penal necesaria.
Se adjunta abajo la denuncia en su totalidad, detallando el marco jurídico de esta:
San José, 11 de septiembre 2024
Licenciado
José Armando López Baltodano
Procurador Director del Área de la Ética Pública.
S.D.
ASUNTO: DENUNCIA CONTRA JORGE PORRAS LÓPEZ DIRECTIVO ACTUAL DE LA CCSS REPRESENTANTE DEL ESTADO Y CONTRA EL CONSEJO DE GOBIERNO POR PRESUMIBLE NOMBRAMIENTO ILEGAL.
La suscrita, MARTHA ELENA RODRIGUEZ GONZALEZ, cédula 2-0343-0472, mayor, casada, vecina de San Ramón de Alajuela, Directiva titular representante de los trabajadores Sector Laboral-Sindical, en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, presento formal denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública, contra el señor JORGE PORRAS LÓPEZ, cédula 5- 0239- 0638 Directivo actual de la CCSS en carácter de representante estatal y contra los miembros del CONSEJO DE GOBIERNO que participaron con su voto en el nombramiento ilegal del señor Porras López como Directivo de la CCSS, tanto en la Sesión Nº 40 Artículos 3 y 3.1 celebrada el día 8 de febrero de 2023 ( ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD) como en la Sesión Nº79 Artículo 3 celebrada el 8 de noviembre 2023 ( ACUERDO FIRME POR MAYORÍA CALIFICADA ).
Acudo a esa instancia pública, considerando que la competencia de la Procuraduría de la Ética Pública, está encaminada a realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública, por actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de éste, en las materias competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública (artículos 3,inciso h; 7 inciso r) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
HECHOS Y FUNDAMENTO LEGAL QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA
PRIMERO: El señor Jorge Porras López en apariencia es funcionario del Banco Nacional de Costa Rica desde el año 2007: Desde esa fecha a la actualidad, ha desempeñado diferentes cargos en esa Institución Autónoma. Actualmente desempeña el cargo de Técnico Profesional Banca de Consumo.
(Prueba: se está solicitando a esa Procuraduría gestionar certificación que lo acredite)
SEGUNDO: El Consejo de Gobierno en la Sesión Nº 40 celebrada el día 8 de febrero de 2023, Artículo 3 y 3.1 nombró en el cargo de Director pro tempore en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social al señor Porras López, en esa oportunidad, como representante del sector solidarista cuyo nombramiento rige a partir de la fecha indicada.
En ese primer nombramiento, el señor Porras López, fue nombrado directivo en la Caja Costarricense de Seguro Social de manera provisional, en sustitución de la directiva titular del sector solidarista de la CCSS, Maritza Jiménez Aguilar , separada de su cargo mediante una medida cautelar ordenada por el mismo Consejo de Gobierno por haber concurrido con su voto al pago salarial del aumento 2020 al personal de la CCSS (Sesión Nº33 del 7 de diciembre de 202, Expediente Procedimiento Administrativo Nº PR-SCG-OD-006-2022).
La titular, señora Maritza Jiménez Aguilar, fue restituida en su cargo por la Sala Constitucional mediante Resolución Nº.2023-018697 de las 14:20 horas del 28 de junio del 2023 que anuló la medida cautelar y en consecuencia el nombramiento pro tempore del señor Porras López fue anulado.
TERCERO: El Consejo de Gobierno en la Sesión Ordinaria Nº79 celebrada el 8 de noviembre de 2023, Artículo 3, procede a nombrar por segunda vez al señor Porras López, directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero en esta oportunidad como representante del Estado.
Consta en la citada Acta de Consejo de Gobierno, que fue juramentado el mismo día según Artículo 8 de la misma sesión.
CUARTO: Los días jueves que sesiona la Junta Directiva en horas hábiles, el señor Porras López, asiste y eventualmente se dice que tiene permiso del Banco para asistir, pero queda la duda si está recibiendo en caso de ser empleado del Banco Nacional salario y dieta de manera concomitante.
QUINTO: La Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley Nº17 de octubre de 1943, regula la integración de la Junta Directiva, Órgano Supremo y los requisitos de cada uno de los directores y además las causales de impedimento.
Particularmente, en lo que aquí interesa, el artículo 7 dispone lo siguiente:
“Artículo 7º.- Regirán respecto de dicha Junta, las siguientes disposiciones:
a) …
b) No podrán formar parte de ella:
1.- …
2.- Los directores, gerentes, subgerentes, personeros, empleados o dueños de la mayoría de las acciones de algún banco…”
Esta norma establece una restricción, que impide a cualquier funcionario de algún Banco – desde los empleados contratados en régimen laboral o de empleo público hasta los miembros de las Juntas Directivas de los bancos- ser directores del Órgano Supremo de Gobierno de la Caja Costarricense de Seguro Social.
La prohibición que establece la norma es absoluta, limitando que puedan ejercer el cargo de miembros de la Junta Directiva a cualquier empleado, funcionario o miembro de la junta directiva de un banco.
Los nombramientos del señor Porras López realizados por el Consejo de Gobierno en las Sesiones Nº 40 y N° 79 reseñadas en los Hechos Segundo y Tercero de este documento, de ser cierto que es funcionario del Banco Nacional actualmente y directivo de la CCSS, podrían violentar de manera manifiesta y evidente la prohibición que ordena la norma anteriormente citada, en virtud de que el señor Porras López es empleado regular del Banco Nacional de Costa Rica, que si se toma en consideración que el Banco Nacional, es un Banco del Sistema Bancario Nacional de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley Nº1644 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
En consecuencia, si la investigación arroja que es un empleado del citado Banco, resultaría en un nombramiento insólito e ilegal, realizado no en una, sino en dos ocasiones distintas, por el Consejo de Gobierno para designar al señor Porras López, quien actualmente se encuentra ostentando el cargo en la Junta Directiva de la CCSS.
No obstante que la norma anteriormente citada, de manera inequívoca, establece una prohibición de carácter absoluto y una restricción, por lo que el nombramiento actual del señor López Porras como directivo de la CCSS, podría ser un nombramiento espurio, ilegal que no puede tener ninguna otra explicación que no sea el de un favorecimiento ilícito, constitutivo aparentemente de un tráfico de influencias.
A los hechos y fundamento legal citado, se sumaría la probable trasgresión al deber de probidad establecida en la Ley Nº8422 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que se materializa con los acuerdos dictados por el Consejo de Gobierno que le da eficacia al nombramiento ilegal del señor Porras López, como directivo de la CCSS, en lo que resultaría en una flagrante violación del ordenamiento jurídico y norma expresa establecidas por el legislador en la Ley Constitutiva de la CCSS para garantizar la transparencia y evitar el aprovechamiento del poder, que trae consigo ciertos cargos en la función pública con potestad decisoria, que en esa condición, son aprovechadas para la comisión de presumibles actos ilícitos, que transgreden la probidad y podrían ser un “ tráfico de influencias” por el conflicto de intereses que provocan, en flagrante violación del ordenamiento jurídico y norma expresa.
La Procuraduría General de la República, ha señalado:
“…En síntesis…las restricciones así previstas resultan, por consiguiente, legítimas en el tanto evitan los conflictos de intereses y garantizan la imparcialidad en el ejercicio de la función pública, como así tuvo ocasión de afirmarlo la Sala Constitucional en relación precisamente con el artículo bajo estudio al analizar su constitucionalidad en la resolución N° 2276-96, de las 14:54 horas del 15 de mayo de 1996…” (Procuraduría General de la República, OJ-066-2007 del 19 de julio de 2007). (Lo destacado es propio).
“…Los requisitos de elegibilidad implican que quienes no reúnan las condiciones que la ley establece para acceder al puesto, están imposibilitados para ser nombrados en él. Implícitamente la enumeración de esas condiciones opera como una condición de inelegibilidad. Pero estas últimas también pueden ser expresas y se dan en los supuestos en que la ley expresamente señala que no pueden acceder a los cargos públicos quienes se encuentren en las situaciones jurídicas que ella enumera. Asimismo, el legislador puede establecer que el puesto resulta incompatible con el desempeño de determinadas actividades públicas…ello necesariamente se engarza, a su vez, con el deber de probidad, que constituye un deber ya no sólo de carácter ético, sino también legal, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, toda vez que se encuentra consagrado expresamente en el artículo 3° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422 del 6 de octubre del 2004)[2] y cuya violación se constituye en causal para separación del cargo sin responsabilidad patronal (artículo 4° iusibídem). (Procuraduría General de la República, Dictamen C-153-2008 del 8 de mayo de 2008). (Lo destacado es propio)
La Contraloría General de la República, en el desarrollo de su jurisprudencia administrativa ha dispuesto:
“…los miembros de la junta directiva se consideran servidores o funcionarios públicos, por lo que les alcanza la normativa aplicable en los supuestos de prohibición e impedimentos en lo que les resulta aplicable…” (Contraloría General de la República, Dictamen de la Dirección Jurídica DJ-3257-2010 del 17 de agosto, 2010). (Lo destacado es propio.)
La jurisprudencia copiada, concierne al caso concreto, por existencia de normativa expresa vigente, que regula la prohibición de que un empleado bancario sea integrante de la Junta Directiva de la CCSS, considerando que inicialmente fue nombrado por el Consejo de Gobierno representante del sector solidarista y que actualmente en la Junta Directiva de la CCSS representa al sector gobierno, todas acciones que en grado de causalidad podrían constituir violaciones al deber de probidad en el cargo público, nombramiento ilegal y tráfico de influencias, tanto de los integrantes del Consejo de Gobierno que han participado en el nombramiento presuntamente ilegal, como personalmente del directivo Jorge Porras López.
Señala la Ley Nº 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública:
Artículo 1º–Fines. Los fines de la presente Ley serán prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el ejercicio de la función pública.
Artículo 3º–Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.
Artículo 4º–Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal.
Artículo 52.-Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal…”
“Artículo 59.-Inhabilitación. A quien incurra en los delitos señalados en esta Ley, además de la pena principal, se le podrá inhabilitar para el desempeño de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, incluso los de elección popular, por un período de uno a diez años. Igual pena podrá imponerse a quienes se tengan como coautores o cómplices de este delito.”
El expediente de la Asamblea Legislativa Nº13.715 correspondió al Proyecto de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, del cual se extrae el espíritu que inspiró la actual Ley Nº 8422 citada:
“.éste proyecto de ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito es un avance importante para colocar nuestra legislación en condiciones de combatir con mayor eficacia y presteza, el cáncer de la corrupción…” “…se regula de una forma más rigurosa delitos como el tráfico de influencias, ….el incumplimiento de prohibiciones para ocupar cargos…Este proyecto amplía la lista existente de faltas administrativas por parte de los funcionarios públicos, detallando aspectos como la realización de actos a favor de terceros, que comprometen la imparcialidad y que permitan un conflicto de intereses a la recepción de cualquier tipo de beneficio personal para ellos …” ( Folios 1171 y 4368 Expediente de la Asamblea Legislativa Nº13.715)
La Procuraduría General de la República, en su labor técnica consultiva, también ha desarrollado jurisprudencia administrativa, que enmarca claramente los principios y postulados de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito (Ley Nº8422):
“… En consecuencia, si está llamado a proteger y a defender el interés público y el interés de la institución a la cual sirve. no puede prevalecerse indebidamente de su posición dentro de la Administración Pública para favorecer sus intereses a nivel personal o familiar.” (Opinión Jurídica N° OJ-006-2007 del 29 de enero de 2007)
“…El deber de probidad obliga a no colocarse en ninguna situación que genere conflicto de intereses…” (Dictamen N° C-429-2005 del 12 de diciembre de 2005). (Lo destacado es propio)
Esta normativa, responde al deber del funcionario público estatuido en el numeral 11 de la Constitución Política, de actuar como simples depositarios de la autoridad conferida, sin arrogarse facultades no conferidas, con sometimiento estricto a rendición de cuentas y la consecuente responsabilidad personal de sus actos
FUNDAMENTO NORMATIVO
Me fundamento para la presente denuncia, en todo el elenco normativo citado: Constitución Política, Ley Constitutiva de la CCSS, artículo 7 inciso b), Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y de esa Procuraduría.
PRETENSIÓN
Con base en los hechos y fundamento legal expuesto, comparezco a interponer esta denuncia, para que se investigue si el señor Jorge Porras López y los miembros del Consejo de Gobierno que participaron con su voto en el nombramiento como Directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, violentó el ordenamiento jurídico, por lo cual solicito:
1.- Que esa Procuraduría de la Ética, de conformidad con las competencias legales que le asisten, realice la investigación pertinente, y en caso de determinarse que efectivamente es empleado del Banco Nacional el señor Jorge Arturo Porras López y los miembros del Consejo de Gobierno que participaron con su voto en el nombramiento del señor Porras López, como Directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que representó al sector solidarista parte del año 2023 y que actualmente funge como representante del Poder Ejecutivo en esa Junta Directiva.
2.- Que, de verificarse la comisión de actos ilícitos vinculados con el ejercicio del cargo de las personas acusadas, se proceda a presentar la debida denuncia ante el Ministerio Público para exigir responsabilidad penal por sus actuaciones.
Foto de los emails de las convocatorias a las sesiones de Junta Directiva de la CCSS medio por cual nos remiten información, donde se observa que el email del señor Porras López supuestamente utiliza el correo del Banco Nacional. jporrasl@bncr.fi.cr
PRUEBA QUE SE SOLICITA DILIGENCIAR:
Se solicita a la Procuraduría de la Ética diligenciar ante la Gerencia General del Banco Nacional de Costa Rica, certificación de la fecha de ingreso del Sr. Jorge Porras López al Banco Nacional de Costa Rica, nombramientos que ha disfrutado y cargo actual que desempeña.
NOTIFICACIONES:
Las atenderé para el seguimiento de la denuncia presentada en la dirección de correo electrónico: martaerg@gmail.com
En caso de requerirse, se aporta el lugar donde pueden ser localizados los denunciados en el siguiente orden:
El señor Jorge Porras López, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la CCSS ubicada en las Oficinas Centrales de la CCSS, Avenida segunda.
Los integrantes del Consejo de Gobierno, podrán ser localizados en Zapote, sede de la Casa Presidencial, 2do piso, Oficina de la Secretaría del Consejo de Gobierno.
Agradeciendo su atención,
Martha Elena Rodríguez González, Directora
Junta Directiva Caja Costarricense de Seguro Social
¿Puede el narcotráfico tomar los gobiernos de América Latina? ¿Los gobiernos tienen las herramientas para combatir esta problemática? Prisma Latinoamérica, expande el tema sobre la problemática del narcotráfico.
El narcotráfico no es únicamente un problema de seguridad, es un problema que tiene raíces en el sistema político. Especialmente en el centralismo, lo que trae como consecuencia un acceso limitado a oportunidades y recursos materiales por parte de un grupo de la población. Se genera una exclusión social, que limita las oportunidades de trabajo, viendo como única solución el narcotráfico.
El narcotráfico es una empresa descentralizada, con una gran cantidad de recursos. Es una actividad delictiva, que se alimenta de diversas fuentes. Con gobiernos llenos de corrupción, permite en algunos casos que el narcotráfico entre a los gobiernos centrales y cometer sus actos delictivos.
La mejor manera para combatir es la capacitación y la educación hacia las personas que entran en esta alternativa, al no tener oportunidades para desarrollarse. Con una reforma de educación adecuada, que abarque a toda la población, integrando los diferentes grupos sociales y de edades distintas, proporcionando procesos de capacitación organizacional. Es la mejor manera para tomar medidas contra el narcotráfico.
Para expandir el entendimiento del tema, se le invita a ver el siguiente video:
Maynor Sánchez, recibirá un premio latinoamericano. Armando Herrera Rodríguez, director de Asuntos Internacionales de Prensamérica México, destaca que el premio ha sido entregado en Costa Rica (2016), Ecuador (2018), México (2022), San José, Costa Rica en el 2023. En las siguientes semanas se estará anunciando de manera individual a aquellas personas que recibirán una alta distinción.
Por su parte, Godínez Soto, reconoce a Maynor Sánchez Alvarado por su trabajo literario y su vena literaria. Se le destaca por la premiación, que es por sus propios méritos y su trabajo ya publicado.
El pasado 5 de septiembre de 2024 se llevó a cabo un conversatorio de gran relevancia sobre la construcción de una cultura de paz y la no violencia, moderado por Ildefonso Hernández, Cecilia Flores y Cecilia Umaña. Este evento reunió a diversas voces del ámbito académico y activista, con el propósito de visibilizar las acciones que se están llevando a cabo, así como de organizar nuevas iniciativas que fortalezcan este compromiso global.
Rodrigo Arias Camacho, uno de los principales expositores, abrió el conversatorio explicando su propósito: un espacio para el intercambio de experiencias y la organización de proyectos futuros en favor de la paz y la no violencia. Subrayó la importancia de documentar y divulgar los aportes que las instituciones universitarias realizan para avanzar en la construcción de una sociedad más pacífica, y expresó la necesidad de generar una reseña escrita que sintetice estos esfuerzos.
Durante su exposición, Arias recordó la abolición del ejército en Costa Rica en 1949, un hito que permitió que el país redirigiera recursos hacia la educación y la cultura, alejándose de las dinámicas bélicas que han marcado a la humanidad. En este contexto, destacó el papel de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), una institución fundada en 1977 que ha democratizado el acceso a la educación en todo el territorio nacional, incluso en las zonas más remotas. Según Arias, la UNED tiene una misión clara de colaborar con otras instituciones en la construcción de una cultura de paz, un objetivo que forma parte de su esencia institucional.
A continuación, Rafael de la Rubia, otro activista destacado, subrayó la importancia de realizar conversatorios de esta índole cada seis meses, y anunció que el próximo evento está programado para el 20 de noviembre. De la Rubia destacó las iniciativas globales que fomentan la paz y la no violencia, como la marcha mundial que tendrá lugar el 2 de octubre de 2024, un evento que, según él, es una acción que moviliza la cultura de paz a nivel global. Asimismo, mencionó que gracias a este tipo de actividades, se ha logrado reducir el número de personas que mueren de hambre en el mundo, lo que evidencia el impacto positivo de estas acciones colectivas.
Por su parte, Ildefonso Hernández explicó la metodología del trabajo grupal desarrollado en el conversatorio. Organizó a los participantes en salas virtuales, cada una con un representante de universidades de distintos países. Durante 25 minutos, los integrantes de cada sala compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre las iniciativas que se están dando en la construcción de una sociedad más pacífica, orientada al diálogo y la resolución de conflictos. Posteriormente, un representante de cada sala presentó una síntesis de los resultados y problemáticas discutidas, enriqueciendo así el debate con perspectivas diversas.
Al concluir las presentaciones, Hernández destacó la importancia de que las universidades incorporen la paz y la no violencia como una parte esencial de su quehacer académico, no solo a través de proyectos educativos y de investigación, sino también mediante la creación de observatorios y programas de colaboración interinstitucional. Resaltó que el trabajo conjunto entre universidades es crucial para potenciar las acciones en favor de la paz, dada la influencia que estas instituciones tienen en la formación de las sociedades futuras.
Cecilia Umaña presentó a Antonio Carvallo, humanista y defensor del nuevo humanismo universalista. Carvallo se refirió al foro mundial humanista como un espacio donde se ha trabajado durante los últimos 30 años en la convergencia de esfuerzos para el desarrollo personal y la construcción de una sociedad humanista. Señaló la necesidad de que estas iniciativas se consoliden como entidades permanentes en la identidad global, de modo que continúen siendo un referente para el desarrollo de la humanidad.
El conversatorio cerró con un agradecimiento a las 36 universidades participantes y al público que siguió el evento a través de YouTube. Se aprovechó la ocasión para invitar a todos a unirse a la marcha mundial por la paz y la no violencia que saldrá desde Costa Rica el 2 de octubre de 2024, así como al próximo conversatorio, programado para el 20 de noviembre de 2024. Estos eventos forman parte de un esfuerzo continuo por movilizar a la sociedad y las instituciones hacia una cultura de paz, que se extienda más allá de las fronteras y promueva un futuro más justo y pacífico para todos.
El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) convoca a una concentración el próximo 26 de septiembre de 2024 para exigir soluciones inmediatas a las largas listas de espera, el pago de la deuda billonaria que el Estado mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el respeto a la autonomía de esta institución benemérita.
Detalles del evento:
Fecha: 26 de septiembre del 2024
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Edificio Central de la Caja Costarricense de Seguro Social
Se invita a la población a participar en esta concentración para defender los derechos y la estabilidad de la Caja, símbolo de la seguridad social costarricense.
Este 13 de septiembre de 2024, se llevará a cabo un análisis en vivo sobre las políticas públicas de igualdad de género en el país, con un panel de invitadas expertas en el tema. El evento será transmitido a las 18:00 horas (UTC-6) a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify.
Panel invitado:
María Jesús Zamora Cruz Licenciada en Sociología, investigadora social, gestora de proyectos y estudios de género, activista feminista.
Irené Barrantes Jiménez Máster en política pública y género, gestora cultural, artista plástica.
Vivian Solís Espinoza Máster en formulación, evaluación y gerencia de proyectos, especialista en Relaciones Internacionales con énfasis en derechos humanos y género.
Retransmisión: El evento también será retransmitido por varias emisoras de radio, como:
Se unieron más de 200 organizaciones a nivel nacional e internacional este 9 de septiembre para aclamar a una sola voz: ¡no más impunidad! Estas adhesiones, unidos a doña Digna Rivera, y los pueblos recuperadores de territorios ancestrales escribieron el próximo mensaje pidiendo justicia para Jerhy Rivera:
PRONUNCIAMIENTO POR LA JUSTICIA PARA JERHY RIVERA RIVERA LÍDER INDÍGENA Y DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE
A la comunidad costarricense, En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.
Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.
El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.
Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.
Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.
Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.
Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.
Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá. En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.
¡Justicia para Jerhy, Justicia para los pueblos!
¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!
Firman,
Red de Mujeres Rurales, Costa Rica.
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera.
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica.
Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.
Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica.
Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica.
Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra, Costa Rica.
Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo), Costa Rica.
Casa del Migrante, Costa Rica.
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense.
Bloque de Vivienda, Costa Rica.
Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811, Costa Rica.
Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG), Costa Rica.
Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT, Costa Rica.
Proyecto Jirondai, Costa Rica.
Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica.
Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Costa Rica.
Micro-santuario el Rinconcito Animal, Costa Rica.
Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista, Costa Rica.
Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope, Costa Rica.
Movimiento yo no voy al zoo, Costa Rica.
Jornadas Solidarias, Costa Rica.
Orgullo Disidente, Costa Rica.
Alianza Escazú, Costa Rica. Unidos por el Agua, Costa Rica.
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica.
Ediciones Libres, Costa Rica. PATRULLAJE, Costa Rica.
ACAN ASOCIACIÓN CULTURAL AMÉRICA NATIVA, ARGENTINA.
Asociación para una Ciudadanía Participativa, Honduras.
Unión Nacional de Educadores-UNE, Ecuador.
SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro, Ecuador.
Confederación Intersindical Solidaria, España.
Ensenyants Solidaris, ONG. España.
Ribaborza SOS Ribarboza, España.
Confederación Intersindical Solidaria, España.
Aci-Participa, Honduras.
Ofraneh Garifuna.
Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz, Honduras.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras.
Red Académica de Solidaridad con Palestina, México.
Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, Mexico.
Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca, Mexico.
CLETA-UNAM, México.
Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, Mexico.
Museo Comunitario Alfredo Almeida, Mexico.
Personas físicas;
María Trejos Montero, Costa Rica.
Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica.
Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica.
Marielos Muñoz, Costa Rica.
Bruno Coto Barboza, Costa Rica.
Elidies Rivera Navas, Costa Rica.
Denis Cálix, Costa Rica.
José Amesty, Costa Rica.
Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica.
Allen Cordero, Costa Rica.
Suy Wong, Costa Rica.
Felix López Zambrana, Costa Rica.
Ashley Padilla, Costa Rica.
Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica.
Nidia Fonseca, Costa Rica.
Marbella Martin Fragachan, Costa Rica.
Magda Solís Alpízar, Costa Rica.
Ana Mena Morelli, Costa Rica.
Josué Fernández Baldizón, Costa Rica.
Tiryth Vindas Campos, Costa Rica.
Alex Ramos, Costa Rica.
Edgar Atencio, Costa Rica.
Danilo Alizaga, Costa Rica.
Daniela María Salas Monge, Costa Rica.
Roberto Gavarrete, Costa Rica.
Luis Fernando González Marín, Costa Rica.
Aren Vindas Alvarez, Costa Rica
Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica.
Fátima Gómez Campos, Costa Rica.
Emily Quirós Víctor, Costa Rica
Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica
Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica.
Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica.
Marshall Valverde Chacón, Costa Rica
Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica
Estela Ceballos, Argentina.
Sisa Pacari, Ecuador.
Pilar Bravo Pemjean, Chile.
Cecilia Castillo Nanjarí, Chile.
Miriam Miranda, Honduras.
Felipe Benitez, indígena Lenca, Honduras.
María Julia López,, Honduras.
Johan Davis, Estados Unidos.
Carolina Rivera, Estados Unidos.
Zaida Docouto, Estados Unidos.
Carol Davis, Estados Unidos.
Alejandra Davis, Estados Unidos.
Leslie Andino, Estados Unidos.
Celeste Rivera, Estados Unidos.
Sara Rodas, Estados Unidos.
Edwin Buezo, Estados Unidos.
José Luis Reyes, Estados Unidos.
Daniel Ramírez, Estados Unidos.
Sofía Becerra, Estados Unidos.
Madeline Kiser, Estados Unidos.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presenta una denuncia ante la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, señalando un posible conflicto de interés de los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y Erick Méndez Monge, quienes forman parte de la sociedad responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel y han sido nombrados interventores del CENDEISSS. ANEP solicita su remoción, la anulación de sus actos y una investigación exhaustiva.
A continuación, presentamos el documento de denuncia formal enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):
LA VERDADERA DEMOCRACIA ES LA DEL PLENO RESPETO A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS
San José, 11 de septiembre de 2024.
S.G. 21-25-3176-24
Licenciada
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Presidenta Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
ASUNTO: Denuncia.
Estimada señora:
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Como es de conocimiento público, la organización que representamos ha venido generando una serie de gestiones en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante la Fiscalía, Contraloría General, auditoría interna, Defensoría, entre otras instituciones.
Así las cosas y siendo público y notorio que los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge, forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel, y que estos, a su vez, han sido nombrados por su autoridad como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente, conflicto de interés que impone a todas luces ser puesto a derecho, considerando que:
Los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge (este último por extensión); forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health consultors novel, según consta en el Registro de la Propiedad.
Los funcionarios Dominique Guillén Femenias, Gerick Jiménez Pastor y Erick Méndez Monge, hasta donde entendemos, han sido nombrados como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente conflicto de interés.
Ese presumible cuadro fáctico que en principio podría conducir a la consolidación de un escenario de conflicto de interés, encuentra asidero en la siguiente prueba documental:
Sesión No. 9335 del 18 de mayo del 2023.
Oficio SJD-CJD-0002-2023 del 10 de mayo de 2023.
Oficio GG-CENDEISSS-0325-2023, con fecha del 15 de mayo del 2023,
Oficio INTERVENCIÓN-CENDEISSS-0014-2023, del 5 de junio y
Sesión No. 9347 del 19 de junio del 2023, en la cual la Junta Directiva de la CCSS, ratifica como interventores a Doctora Dominique Guillén Femenias y al Doctor Gerick Jiménez Pastor.
Los hechos supra evidencian un posible conflicto de interés de orden administrativo y ético, ya que al constituirse en interventores del CENDEISSS, sus funciones rozan con las funciones que tiene el área de bioética de esa unidad, pues ahí, entre otras cosas, se tramitan asuntos relativos a la aprobación de proyectos de investigación biomédica.
El Doctor Gerick Jiménez Pastor, es funcionario de la Dirección de Farmacoepidemiología, dependencia donde se tramitan aprobaciones de medicamentos.
Ambos casos al parecer presentan una relación con el quehacer institucional y a su vez no es descartable que formen parte de las presuntas actividades de la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo nombre, es ahora de manejo público.
Ante tales circunstancias y siendo que existe documentación probatoria sobre el presunto conflicto de interés, estamos formalizando ante su autoridad la presente denuncia relacionada con los tres funcionarios supra, solicitándole en el marco de la ética, transparencia, la asertividad y la rendición de cuentas, que caracteriza a la ANEP, lo siguiente:
La remoción de los funcionarios Guillén, Jiménez y Méndez, de todo tipo de funciones relacionadas con las actividades registradas por la empresa constituida por ellos.
Anular todos los actos realizados por estos en su condición de interventores del CENDEISSS, y,
Ordenar las investigaciones pertinentes que determinen las sanciones correspondientes para estos funcionarios de tan alto nivel, por este presunto grado de conflicto de interés según las leyes aplicables.
Sin otro particular, se suscribe,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
cc.: Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
cc.: Licda. Vilma Campos Gómez, Gerente General, CCSS.
