El Frente Nacional de Lucha (FNL) está convocando a la ciudadanía a participar en las barras de la Asamblea Legislativa este jueves 3 de julio a las 9:00 a.m., como señal de rechazo al Proyecto de Ley N.º 23.414, denominado Ley de Armonización del Modelo Eléctrico.
Según la organización, esta iniciativa legislativa representa un serio riesgo para el modelo energético costarricense, ya que debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pone en peligro los ecosistemas del país y podría provocar un aumento en las tarifas eléctricas para la población.
Este material fue producido por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica y este indica que un reciente análisis alerta sobre una modificación normativa que elimina los límites fijos de plaguicidas en el agua potable en Costa Rica. A través de un lenguaje técnico y regulatorio, el cambio introduce una nueva forma de gestión “caso por caso” que, según el Observatorio, reduce los estándares de protección de la salud pública y beneficia intereses agroindustriales.
El artículo señala que esta transformación regulatoria se enmarca en una lógica de regresión ambiental, donde se desmantelan conquistas históricas en materia de derecho al agua y protección del bien común. La flexibilización de los controles ocurre en un país donde ya existen casos documentados de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, lo que afecta de forma directa a comunidades rurales y periurbanas.
Además, se cuestiona la falta de participación pública y transparencia en el proceso de modificación del reglamento. El Observatorio advierte que la lógica técnica utilizada para justificar la medida encubre una decisión política que responde a sectores económicos con influencia institucional, debilitando la capacidad del Estado de garantizar el acceso seguro al agua como derecho humano.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica resolvió parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus interpuesto en favor de un grupo de personas migrantes que, tras ser deportadas desde Estados Unidos, fueron admitidas por Costa Rica por razones humanitarias. Estas personas permanecieron en condición de privación de libertad en el Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM-SUR), ubicado en el cantón de Corredores, provincia de Puntarenas.
Según consta en la sentencia número 2025-19485, dada a conocer el pasado martes 25 de junio por la oficina de prensa del Poder Judicial, la mayoría de las magistraturas que integran la Sala concluyó que la retención de estas personas, sin una resolución administrativa individualizada, sin información sobre su estatus migratorio, sin acceso a asesoría legal y sin posibilidad de contacto con el exterior, constituyó una violación a sus derechos fundamentales.
La Sala determinó que la actuación de las autoridades migratorias, en especial en lo referente al mantenimiento de las personas en una condición equiparable a la detención, careció de fundamento legal suficiente y de respeto a las garantías básicas del debido proceso. Asimismo, el Tribunal señaló que se omitió informar adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a solicitar refugio en el país, conforme a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En consecuencia, la Sala ordenó al director general de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, que en un plazo de 15 días naturales proceda a emitir una resolución debidamente motivada para cada caso individual, en la cual se defina el estatus migratorio correspondiente. Además, se dispuso la liberación inmediata de todas las personas migrantes amparadas por la sentencia, y se solicitó la articulación de acciones interinstitucionales para la atención integral de sus necesidades en salud, educación, vivienda y apoyo social.
La sentencia también impuso al Estado costarricense la obligación de asumir el pago de costas, daños y perjuicios, los cuales deberán cobrarse mediante un proceso de ejecución en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El recurso fue tramitado bajo el expediente número 25-006713-0007-CO, y fue presentado por personas defensoras de derechos humanos que denunciaron que las condiciones en que las personas migrantes fueron mantenidas en el CATEM-SUR no respetaban los principios mínimos de dignidad, información y protección jurídica. El ingreso de estas personas al país se dio en el marco de un acuerdo bilateral con el gobierno de Estados Unidos, que permitió su admisión temporal por motivos humanitarios en febrero de 2025.
Cabe destacar que la decisión de la Sala no fue unánime. Las magistraturas Fernando Castillo, Luis Salazar y Anamari Garro emitieron voto salvado, declarando sin lugar el recurso en todos sus extremos. Argumentaron que la permanencia de las personas migrantes en el centro de atención respondía a un contexto migratorio y humanitario excepcional y que las medidas aplicadas no constituían una detención arbitraria. Asimismo, señalaron que no se acreditó que las personas estuvieran privadas de asistencia legal y que muchas de ellas ya habían salido del país conforme al plan original establecido por las autoridades costarricenses.
La sentencia refuerza el principio de que la condición migratoria de una persona no puede ser utilizada como justificación para restringir sus derechos fundamentales sin base legal suficiente, y reitera el deber del Estado costarricense de garantizar el respeto al debido proceso y a las normas de protección internacional aplicables a las personas migrantes, solicitantes de refugio o en situación de vulnerabilidad.
SURCOS recibió el siguiente comunicado de la Defensoría de los Habitantes:
Cuatro meses después de la llegada al país de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que destaca avances, pero también señala importantes pendientes en la atención de esta población vulnerable, particularmente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) Sur.
La institución subraya que la situación global de las migraciones implica múltiples riesgos, incluyendo abusos de autoridad, explotación y violaciones a derechos humanos. Ante esto, insiste en que los Estados deben liderar respuestas integrales con enfoque de derechos y participación multisectorial.
Desde febrero, la Defensoría ha recomendado al Estado costarricense una serie de acciones, como garantizar condiciones dignas de permanencia, alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países de origen, libertad de tránsito y un abordaje integral de necesidades. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, muchas han sido posteriormente implementadas.
Entre los avances señalados destacan:
Instalación de sábanas en los camarotes del CATEM Sur.
Mantenimiento y reparación del sistema de purificación de agua.
Sustitución del techo del centro con material aislante de calor.
Permiso de ingreso y salida para personas deportadas.
Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.
Opción de solicitar refugio.
Intervención del MEP para valorar alternativas educativas para menores.
La Defensoría también reconoce el esfuerzo del personal de la policía migratoria, aunque advierte sobre la necesidad de una mejor planificación de recursos y mayor transparencia institucional.
Sin embargo, persisten varios temas críticos que requieren atención urgente:
Definición del país de destino para personas deportadas que no pueden volver a su lugar de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.
Falta de traductores para atender adecuadamente a las personas deportadas desde EE.UU.
Ausencia de un abordaje institucional integral y constante, pese a la presencia del PANI e INAMU.
Falta de acceso a internet mediante Wi-Fi en el centro.
La Defensoría concluye reafirmando su compromiso de seguimiento activo para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra las más altas autoridades de la CCSS por presuntas irregularidades en la implementación del sistema ERP-SAP.
Según el comunicado emitido por la organización sindical, la denuncia se basa en «abundante prueba documental» y solicita la investigación de posibles delitos como incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y posibles actos de corrupción relacionados con el contrato N.º 2020-09.
UNDECA fundamenta su acción en oficios de la Auditoría Interna, informes técnicos institucionales y expedientes contractuales que señalan «posibles entregables defectuosos, pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas contractuales irregulares» en un proyecto con un costo superior a los 50 millones de dólares.
La organización señala directamente a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, y al director del Plan de Innovación, Héctor Arias Mora, como responsables de impulsar la implementación del sistema en junio de 2025 «sin contar con condiciones técnicas mínimas» y en «claro desacato a informes institucionales que advertían sobre los riesgos operativos».
Paro nacional con alta participación
Paralelamente a la denuncia penal, UNDECA ejecutó un paro nacional este martes que, según la organización, alcanzó una participación de entre 80% y 90% en todo el país. El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, indicó que el movimiento mantiene «la atención de servicios de emergencias y la atención a personas internadas, en apego a los principios éticos y solidarios del personal de salud».
La implementación del sistema ERP-SAP ha causado, según UNDECA, «caos en el abastecimiento de insumos y medicamentos, atrasos en pagos de salarios, demoras en el pago a proveedores, ausencia de trazabilidad financiera, de activos e inventarios, afectación de incapacidades y grave perjuicio a los servicios de salud».
La organización sindical denuncia que las jefaturas han sido obligadas a «firmar declaraciones juradas de responsabilidad, eximiendo a los verdaderos responsables del desastre» y que el proyecto se ejecutó con «preocupante permisividad institucional, validando entregables incompletos, omitiendo sanciones al contratista, aceptando servicios no contratados».
UNDECA exige al Ministerio Público que adopte «medidas cautelares personales y patrimoniales que garanticen la protección del erario» y sostiene que «la salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados: se defiende con transparencia, profesionalismo, compromiso y justicia social».
Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la UCR
Proveniente del inglés ageism, el concepto del edadismo fue acuñado en 1969 por el doctor Robert Butler, médico gerontólogo estadounidense y primer director del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos.
La identificación de una palabra para el edadismo en todos los idiomas sería una manera de comenzar a generar conciencia y cambio en todos los países. Aunque el edadismo abarca cualquier estereotipo, prejuicio o discriminación que se base en la edad, hay otros términos que se han usado para hacer referencia a los estereotipos, los prejuicios o la discriminación por razones de edad.
De grata memoria, el doctor Butler visitó Costa Rica en una ocasión para pasar Navidad y Año Nuevo junto con su respetable familia. Tuve el privilegio de recibirlo y acompañarlo sin imaginar que la visita se convertiría en una de trabajo, dada la buena impresión que se llevó a raíz de los avances sociales y, particularmente, de la seguridad social que observó en nuestro país y que, según me repitió, no existían en Estados Unidos, su patria. Después de su visita, en cada congreso de Geriatría Internacional en que coincidíamos, expresaba los valores de la seguridad social en Costa Rica; es decir, se convirtió en un aliado nuestro.
La literatura trata el edadismo como concepto polifacético, que implica tres dimensiones: cognitiva (estereotipos), afectiva (prejuicio) y conductual (discriminación). La dimensión cognitiva engloba los estereotipos negativos sobre el envejecimiento.
Los estereotipos se activan cuando no se consideran las características específicas de los adultos mayores. Estos pueden generar etiquetas que llevan a separar a las personas en diferentes categorías y a activar creencias que desprecian a los sujetos y provocan consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida.
En el contexto de los servicios de salud, se conocen los efectos de los estereotipos, prejuicios y discriminaciones que experimentan las personas mayores y restringen el acceso a la atención en salud, al diagnóstico y al tratamiento. Estos se asocian significativamente con peores condiciones de salud, disminución de la longevidad, baja en la calidad de vida y el bienestar, así como con malas relaciones sociales, enfermedades físicas, mentales y deterioro cognitivo.
Efectos del edadismo en la salud
El edadismo tiene una grave repercusión en todos los aspectos de la salud que la OMS define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.
Por consiguiente, el edadismo es un determinante social de la salud que, hasta ahora, se ha tenido poco en cuenta. Sus efectos en la salud son de un grado similar, si no superior, a los que tiene el racismo, una forma de prejuicio y discriminación cuyas consecuencias en la salud han sido ampliamente estudiadas.
El edadismo puede tener un impacto de gran alcance en la calidad de vida general de las personas mayores y puede afectar también aspectos específicos de su bienestar social. Por ejemplo, el edadismo puede conducir al aislamiento social y a la soledad y puede limitar la sexualidad de las personas mayores.También, puede asociarse a ellas un mayor temor a la delincuencia y a un aumento del riesgo de sufrir violencia o maltrato.
Las estrategias contra el edadismo incluyen intervenciones por medio de la educación para la salud, campañas de concientización, actualización del conocimiento científico y ampliación de los canales de comunicación entre personas mayores y profesionales de salud.
Con todas estas realidades que recoge el edadismo, se hace obligatorio hacer un esfuerzo en la formación de los jóvenes que estudian Medicina, para capacitarlos con conocimiento profundo en un tema de tanta relevancia.
En el caso de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), se incluye en su formación el curso de Geriatría y Gerontología, que se imparte en el último año de la carrera, en el cual se les enfatiza la importancia de esta temática, que se ha ido convirtiendo en un flagelo. Se les inculcan el respeto y la consideración; los estudiantes hacen análisis con casos clínicos de la vida real y se profundiza en la realidad que pueden sufrir (o sufren) estos pacientes, así como en la importancia de usar apropiadamente todas las estrategias para evitar (y tratar) estas consecuencias tan negativas e inhumanas en los pacientes adultos mayores.
Además, la Facultad de Medicina de la UCR, desarrolla la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad, en la que se capacita a la sociedad sobre esta temática.
Fernando Morales Martínez Decano de la Facultad de Medicina de la UCR
El proyecto de Ley #24.805 presentado en la Asamblea Legislativa busca realizar una reforma constitucional para incluir a los principios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la Constitución Política. Actualmente, los principios de la CCSS son enlistados en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus respectivas reformas, no obstante, en la Constitución Política no se mencionan estos principios y la CCSS solo se incluye como una institución encargada de brindar los servicios de salud.
Este proyecto de ley tiene como objetivo proteger a la CCSS de las ideas y tendencias lucrativas de privatización que rodean a la institución. El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) invita a apoyar este proyecto de ley y la importancia de mantener a la CCSS como una institución al servicio de la salud de los costarricenses.
De acuerdo con Fabio Villalobos, médico de la CCSS y miembro del Movimiento Patriótico por Costa Rica, los principios de la CCSS son relevantes ya que constituyen la igualdad, la equidad, la solidaridad, la universalidad y la obligatoriedad de la institución. Para ver el mensaje completo consulte en este enlace.
SURCOS y la Alianza por una Vida Digna invitan al foro en vivo: “Luchas por el derecho al agua: conflictividad y resistencia por racionamientos en Hatillo”, que se realizará el lunes 07 de julio a las 6:00 pm, por transmisión en Facebook Live de SURCOS DIGITAL.
Este espacio busca visibilizar las problemáticas sociales relacionadas con el acceso al agua en comunidades del sur de San José, así como las formas de organización comunitaria que han surgido como respuesta ante los constantes racionamientos en Hatillo.
Participan en el foro:
Andrés Romero, estudiante de Licenciatura en Geografía, UCR.
Ariana Sánchez, cofundadora del Movimiento del Sur por el Agua.
Edith García, fundadora del Movimiento del Sur por el Agua.
La actividad es organizada por la Alianza por una Vida Digna y forma parte de los esfuerzos por fortalecer la participación ciudadana en la defensa del derecho humano al agua.
Fecha: Lunes 7 de julio Hora: 6:00 p.m. Transmisión en vivo por: Facebook Live de SURCOS DIGITAL
El Partido Acción Ciudadana (PAC), preocupado por las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuestionando la integridad política y ética del Tribunal Supremo de Elecciones, toma nota y apoya el pronunciamiento de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, “En defensa del Tribunal Supremo de Elecciones y la institucionalidad democrática de Costa Rica”.
Todos los partidos políticos democráticos, al igual que los movimientos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, debemos mantenernos firmes en la defensa de lainstitucionalidad democrática ante la amenaza declarada de parte del presidente al desconocer al Alto Tribunal que conduce el proceso democrático.
Defensor de la institucionalidad electoral, Acción Ciudadana y sus gobiernos han sido siempre respetuosos de sus disposiciones que hemos acatado, incluso cuando hemos discrepado. Fieles a los principios democráticos y firmemente adscritos a las instituciones que los protegen, Acción Ciudadana repudia cualquier intento de socavarlas, como reiteradamente lo ha hecho Rodrigo Chaves y sus diputaciones afines.
Nuestro partido ratifica la confianza que tenemos en sus magistrados y magistradas, así como con el personal especializado y voluntario multipartidario que garantiza la transparencia de los procesos electorales que le da continuidad y credibilidad a la expresión popular en las urnas.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) celebra que la Contraloría General de la República (CGR) dio curso interno a una denuncia que plantearon acerca de la implementación del sistema ERP-SAP, por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
A medios del mes de junio, ANEP había denunciado que inconsistencias en los saldos de las farmacias debido a irregularidades del sistema ERP-SAP, amenazaban con el desabastecimiento de insumos y medicamentos esenciales, y deudas a proveedores $24,038,989.43 (veinticuatro millones de dólares).
Debido a lo anterior, ANEP exigió a la Junta Directiva de la CCSS detener la implementación del sistema, y además de esto, Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de la ANEP, asegura que se presentaron 45 documentos entre informes y notas de delitos ante la CGR, la cual fue acogida y trasladada al área de Fiscalización para el Bienestar Social (BIS) y se está valorando la ejecución de una acción de fiscalización.
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