La Junta de Salud de Montes de Oca continúa este año con reuniones de rendición de cuentas en los cuatro distritos de Montes de Oca y el distrito de San Ramón de La Unión.
La tercera actividad se realizará el próximo miércoles 24 de abril del 2019 a las 6:30 p.m. en el salón de actos de la Escuela Inglaterra, en San Rafael de Montes de Oca.
Pueden participar personas habitantes de cualquier lugar de Montes de Oca.
Las comunidades en resistencia contra las hidroeléctricas convocan a marchar este próximo 25 de abril a las 2 p.m. desde el Parque de San Pedro de Montes de Oca hacia los Tribunales de Justicia en San José para decir NO a las conveniencia nacional a las hidroeléctricas PH San Rafael en Pérez Zeledón y PHS Bonilla y Torito en Turrialba.
En la caminata estarán presentes pobladores de la Zona Sur,
especialmente de la Comisión Defensora del Río San Rafael, junto con integrantes
de Ríos Libres Turrialba y se espera que asistan otras comunidades que
comparten esta misma lucha.
En los campus universitarios se ofrecen múltiples opciones desde la formación académica hasta la exploración artística
Público durante el concierto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres el pasado 8 de marzo, 2019. Foto: Anel Kenjekeeva.
Como universidad de puertas abiertas, en la Universidad de Costa Rica (UCR) la ciudadanía vive a plenitud las expresiones culturales, desde las carreras académicas hasta los cientos de actividades de proyección que se organizan en las sedes y recintos en todo el país.
En cumplimiento del mandato de la Declaración de Derechos Humanos promulgada hace 70 años por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la UCR defiende el derecho de todas las personas al pleno disfrute de una rica y variada vida cultural en sus comunidades, a gozar de las artes y del conocimiento generado por la humanidad y obtener beneficios de todos estos saberes.
Como Institución Benemérita de la Educación y la Cultura (Decreto Nº 8098), la UCR invierte una importante parte de sus recursos en la promoción cultural y artística en todas las regiones. Esta visión cultural inclusiva da sustento a las decenas de proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
Desde la VAS se vinculan comunidades, estudiantes e investigadores en un diálogo que construye la memoria colectiva del país, pone en valor la herencia ancestral y revitaliza la multiculturalidad que caracteriza la identidad costarricense.
Solo en el año 2018 la inversión de Acción Social en promoción artística y patrimonial superó los ¢290 millones para los 127 proyectos vigentes en ese periodo.
Un total de 1 527 712 personas participaron de distintas formas, ya sea como destinatarios finales de los cursos y talleres o como gestores y dirigentes comunitarios.
Las artes, las tradiciones y costumbres comunitarias son la base que sustentan los proyectos de Acción Social de la UCR. Las poblaciones infantiles, adulta mayor, mujeres productoras y estudiantes de distintos niveles se suman a estas iniciativas. Foto archivo VAS
Uno de los proyectos de gran impacto es el denominado “Gestión académica y artística a las comunidades de Guanacaste” (EC-110) que ha llegado a más del 80 % de los barrios de la provincia, asociaciones y a 35 agrupaciones, explicó el Dr. Razziel Acevedo Álvarez, coordinador de dicha iniciativa de la Sede de Guanacaste.
Según Acevedo, desde el año 2004 el EC-110 contribuye a cabalidad el mandato del Estatuto Orgánico de la UCR y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para promover el crecimiento integral de las personas y la mejora comunitaria.
“Este proyecto se fundamenta en ese pensamiento porque atiende al desarrollo cultural fortaleciendo, difundiendo y revitalizando el patrimonio cultural, contrarrestando los efectos del exterior y desde el ámbito educativo, mira como un conjunto la educación integral de las personas, aportando los recursos académicos para que ellos puedan desarrollar el pensamiento lógico, abstracto y su capacidad de expresión”, explicó el investigador.
Formación de vocaciones
Cada año unas 7500 personas de las comunidades de Palmares, San Ramón, Atenas, Alfaro Ruiz, Valverde Vega, Grecia y otros cantones circundantes le dan vida a un proyecto que ha formado decenas de generaciones de artistas.
Desde 1981 el Conservatorio de Música de la Sede de Occidente (ED-577) ha sido el eslabón cultural de esa vasta región, no solo funcionando como casa de estudios musicales, sino que se convirtió en un reconocido centro cultural comunitario.
Las etapas básicas de la UCR forman vocaciones artísticas y promueven la participación de niños, niñas y jóvenes a lo largo del país para fortalecer su crecimiento personal, su autoestima y construcción de proyectos de vida. Foto archivo VAS.
Según la magister Carla Salas Ruiz, coordinadora del Conservatorio, los beneficios son innumerables: “La pertinencia reside en la educación constante de generaciones de niños, niñas, jóvenes e incluso adultos jóvenes sensibles al arte, y sobre todo seres humanos empáticos y solidarios que están listos para hacer la diferencia en sus comunidades, y por ende en el país. Se forman en nuestras aulas, y se encuentran en exposición constante a diversos movimientos artísticos y culturales”.
Los vínculos entre universidad y sociedad de los proyectos artísticos de Acción Social trascienden las vocaciones de esa área. Por ejemplo, la agrupación musical ElectrizArte (EC-330), inscrita en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, proporciona un espacio interdisciplinario en el que estudiantes y profesores desarrollan iniciativas en las que mezclan tecnología y arte.
ElectrizArte surgió en el año 2010, y desde entonces es una plataforma para que centenares de estudiantes de secundaria de las zonas rurales conozcan las opciones universitarias en el área de las ingenierías.
“Adicionalmente, varias decenas de estudiantes universitarios que han participado han complementado su formación desarrollando proyectos ingenieriles y participando con comunidades rurales. Finalmente, la colaboración con artistas profesionales y académicos ha permitido enriquecer las prácticas artísticas de ambos con tecnología relevante”, explicó el Ing. Teodoro Willink Castro, docente coordinador de ElectrizArte.
“La UCR ha estado presente desde sus inicios en el mejoramiento de la educación, la formación de un concepto integral de salud, en la generación de competencias productivas comunales, la defensa del ambiente, de los derechos humanos y la reivindicación de las fibras culturales que conforman nuestras identidades. La Universidad sigue estando presente en prácticamente todo el territorio nacional, con más de 700 proyectos y sus actividades, casi 2000 cursos de capacitación, con 208 proyectos de asesorías y servicios de las unidades académicas”, afirmó la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social.
Las convenciones colectivas en el martirio de la cruz
“Quo vadis”
Hace casi un año, la Sala Constitucional dictó el voto -sólo
su parte dispositiva-, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 47 de
la convención colectiva de trabajo del finado BCAC (qdlgsg*), en materia de
auxilio de cesantía (Voto N° 2018-008882). No es sino hasta ahora, en vísperas
del Acto de la Pasión MCMLXXXVI, que quedó redactada integralmente la
correspondiente sentencia, más anunciada y esperada que la Segunda Venida. Pues
bien, así las cosas, para no distraer a nadie de sus dedicados rituales de esta
Semana Mayor, no queda más que hacer en esta ruta, un ejercicio litúrgico de
este histórico pronunciamiento judicial, que en algo contribuirá a cumplir las
obligadas penitencias. ¿Cuáles fueron los extremos que el Tribunal del Santo
Oficio resolvió en este veredicto? Y, ¿cuáles fueron los motivos que
fundamentaron esta resolución, al mejor estilo de los pretores romanos?
Básicamente fueron tres cuestiones que se analizaron y decidieron, las cuales
se comentan a continuación, en una versión de viacrusis comprimido, tan sólo de
tres estaciones, pero que para los efectos expiatorios, tan necesitados en
estos días que estamos, tiene la misma efectividad que el común de 14
estaciones. I V+: El Tribunal Constitucional reitera la condena del derecho de
renunciar con pago de prestaciones (auxilio de cesantía) Invocando su
jurisprudencia conservadora, que en este aspecto se consolidó desde hace unos 6
años, se determinó que resulta contrario al artículo 63 de la Constitución
Política, que en una convención colectiva se pacte que el trabajador que
renuncia tiene derecho al auxilio de cesantía. Esta norma garantiza que el
trabajador que sea despedido, sin justa causa, tenga derecho a una
indemnización, cuando no esté protegido por un seguro de desocupación. La
jurisprudencia constitucional ha realizado una interpretación restrictiva de la
norma, de cuyo contenido y finalidad jamás se podría sostener que la norma esté
prohibiendo el reconocimiento de la cesantía en este particular supuesto
(renuncia). En realidad, la sentencia no contiene ningún elemento novedoso en
este punto, la cual simplemente remite a sus precedentes conocidos.
II V+: El Tribunal condena que la indemnización por
reestructuración o reorganización de servicios no tenga un máximo. Además, se
determinó que el reconocimiento de la indemnización o auxilio de cesantía, sin
límite, en los supuestos de reestructuración o reorganización de servicios,
supresión de plazas y otros similares, resulta también inconstitucional, por
quebrantar los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Esta
declaratoria de inconstitucionalidad de aquella cláusula convencional,
prácticamente se vuela, de un sólo plumazo, las disposiciones contenidas en el
inciso f) del artículo 37 y 46 del Estatuto de Servicio Civil. Estas normas
establecieron que si el servidor era cesado, por reestructuración, tenía derecho
a aquella indemnización, sin tope, únicamente en proporción a los años servidos
en la Administración Pública. De toda suerte, estas disposiciones legales
fueron derogadas y modificadas por la Ley N° 9635, del mismo cuño fiscal que
este pronunciamiento del Tribunal Constitucional; cuya reforma, por cierto, ha
pasado ampliamente inadvertida por moros y cristianos. III V+.- El Tribunal
impone un límite, ex novo, del auxilio de cesantía, recortado a 12 años Desde
hace más de 10 años, el Tribunal Constitucional determinó que el reconocimiento
del auxilio de cesantía no podía ser indefinido, sin límite. Al amparo de este
criterio, estableció, probablemente inspirado en algún tango, que el límite
razonable era 20 años: “Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es
nada” A la vuelta de una década, por contrario a la letra de aquella conocida
canción argentina, que a la larga pareciera que ahora 20 años son muchos,
demasiados, en su lugar, en este último pronunciamiento, el Tribunal determinó
que 12 años es el límite razonable y proporcionado; desde luego, en aquellos
supuestos delimitados restrictivamente, en que de acuerdo con su jurisprudencia
únicamente procede este reconocimiento. En este punto este pronunciamiento de
la Sala Constitucional es totalmente novedoso, marcando un hito regresivo,
incompatible con el principio de progresividad, recogido en la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos.
Pero, ¿cuáles fueron las imperiosas razones del Tribunal
para resolver de esta sobreviniente y hasta insospechada manera el recorte del
máximo del auxilio de cesantía? No obstante que la Sala advierte que en
sintonía con el desarrollo de los derechos fundamentales vinculados con el
entorno laboral, “ha ejercido con gran mesura su labor de control de inconstitucionalidad”,
que Dios guarde no hubiera tenido esta desenfrenada generosidad con las
personas trabajadoras, no puede desconocer “la carga que la sociedad debe
soportar para cubrir tales sumas: “Así pues, debe afirmarse que las
disposiciones de naturaleza económica que acuerden los administradores de las
instituciones públicas cuando negocien colectivamente con sus trabajadores, no
pueden evadir la necesaria coherencia y proporcionalidad en relación con lo que
constituye el marco general de beneficios económicos del Estado (en su concepto
amplio) ha venido reconociendo a lo largo del tiempo, en favor de sus
trabajadores, ni puede dejarse de tomar en cuenta las posibilidades financieras
de las entidades en general y la manera en que estas disposiciones van a
incidir en los gastos y obligaciones económicas estatales, dado que tales
compromisos determinan y son determinantes a la vez por las distintas variables
y situaciones económicas y repercuten directamente en la situación económica
general del país.” La sentencia del Sumo Pretor refleja, como se denota, una
concepción de política pública, de carácter fiscalista, de ajuste económico, en
línea directa con la sacrosanta doctrina de OCDE, enervando el derecho de
negociación colectiva, a contrapelo de los Convenios de OIT ratificados por
nuestro país. Hay que reconocer que este pronunciamiento se adelantó, por
algunos meses, a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
matriculada en esta misma concepción ideológica. Pero, además, desvinculándose
del principio de autocontención, la sentencia impuso un nuevo tope del auxilio
de cesantía, reducido abruptamente a un máximo de 12 años, lo cual implica, en
definitiva, que el Tribunal Constitucional está materialmente legislando,
desbordando las competencias constitucionales, convirtiéndose en una especie de
Senado Romano, que es el rol político que ha venido asumiendo la Sala
Constitucional, cada vez más acentuado. Por último, si usted leyó con devoción
las tres estaciones de este apócrifo viacrusis, y sus rodillas presentan algún
síntoma de enrojecimiento o inflamación, seguro que de sobra ganó indulgencias
plenas, con mayor razón si es funcionaria pública.
Enfermedades, contaminación ambiental, pérdida de hábitat y cambio climático apuntan a ser los principales causantes en la disminución de estos animales
Dispositivo se suma a tres estaciones regulares que se utilizan con fines de investigación en el área de la movilidad eléctrica
La movilidad eléctrica involucra al transporte público (buses y trenes eléctricos), por lo que se debe incentivar en las personas a que dejen sus autos particulares en casa y utilicen estos medios de transporte más amigables con el ambiente (foto Archivo ODI).
La Universidad de Costa Rica (UCR) cuenta con una estación de recarga rápida, que le permite a los autos eléctricos de su flota de vehículos oficiales, pasar de 0 a 80 % de energía en su batería en tan sólo 25 minutos.
Dicha estación se ubica en el edificio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE), dentro del complejo estructural de la Facultad de Ingeniería en la Ciudad de la Investigación y permitirá sumar datos fundamentales para las investigaciones que realiza el Laboratorio de Investigación en Potencia y Energía (EPER-Lab) de la EIE sobre movilidad eléctrica.
De esta forma, la UCR se convierte en la primera universidad del país en contar con una estación de recarga rápida, la cual se suma a otras tres estaciones de recarga regular (Sección de Transportes y edificio de parqueos de Ciencias Sociales), que en conjunto ofrecen los insumos necesarios para el análisis de variables, como por ejemplo, el impacto que tienen en las redes eléctricas el consumo que realizan los vehículos de este tipo. Se debe aclarar que, por el momento, estas cuatro estaciones de recarga sólo están disponibles para los vehículos oficiales de la UCR.
Movilidad eléctrica dentro de la sostenibilidad
El Ing. Jairo Quirós Tortós, coordinador del EPER-Lab UCR, señaló que al hablar de movilidad eléctrica hay que pensar también en el concepto de movilidad sostenible, que incluye a los vehículos, buses y bicicletas eléctricas e inclusive al transporte por medio de bicicletas regulares y caminar.
Este experto citó dentro de los beneficios de la movilidad sostenible, la reducción de las emisiones de carbono, las cuales contaminan el aire y conllevan a una alta inversión de nuestro Producto Interno Bruto (PIB); “de acuerdo al último Informe del Estado de la Nación un 3.8 % del PIB se invierte en tratamiento de enfermedades cardiorespiratorias, por lo que una movilidad sostenible podría ayudar a reducir esa facturay que esos recursos se utilicen para un sin fin de acciones que beneficien a la población del país”, acotó Quirós.
Actualmente el EPER-Lab UCR cuenta con varios proyectos de investigación sobre movilidad eléctrica que abordan múltiples aristas y en los que se aprovechan los datos que ofrecen las estaciones de recarga, “la importancia de la inversión pública en investigación es masiva, ya que es desde las universidades estatales de donde surgen muchos de los beneficios que encierra para la sociedad, en este caso, la implementación de la movilidad eléctrica; pero también hay desafíos y la mejor forma de enfrentarlos es analizarlos desde el punto de vista técnico y de inversión para definir una gestión óptima de los activos de la red eléctrica nacional, así el usuario final no se verá impactado de manera negativa debido a este consumo extra de energía”, indicó Quirós.
Según explicaron los expertos del EPER-Lab UCR, la movilidad eléctrica viene inmersa dentro de una transición tecnológica y, tal y como a ocurrido a través de la historia, en algún momento la adquisición de los vehículos eléctricos será más accesible para todas las personas (foto Archivo ODI).
Este tipo de investigación es la que se desarrolla dentro de la UCR y en este caso se realiza para que las entidades que suministran los servicios eléctricos en el país no tomen decisiones a la carrera, sino que basen sus disposiciones en criterios científicos y técnicos.
Acciones en pro del bienestar social y ambiental
Por su parte, el Ing. Gustavo Valverde Mora, profesor catedrático de la EIE e investigador del EPER-Lab UCR, enumeró los beneficios de la movilidad eléctrica, dentro de los que mencionó la sustitución de combustible fósil por energía limpia, de producción local y renovable.
“Tenemos la ventaja de que en el país la energía producida es casi en un 100 % renovable, por lo que pasaríamos de usar una energía sucia por energía limpia; esto nos reduce también la dependencia hacia los mercados internacionales del petróleo, que también incide en la economía nacional”, afirmó Valverde.
El especialista dijo que desde el punto de vista ambiental, si se hace una sustitución de este tipo tendremos mejor calidad del aire, lo cual incide directamente en la salud pública, pues experimentaríamos una reducción en los problemas respiratorios de las personas, lo que repercute en los gastos en salud debido a estos padecimientos.
“Por otra parte, las empresas eléctricas ganarían clientes que antes no tenían; hay que resaltar que tenemos una infraestructura eléctrica que está diseñada para soportar los periodos de demanda máximos que ocurren de dos a tres veces por día y más bien el resto del tiempo el sistema está subutilizado. Los vehículos eléctricos se pueden cargar en horas de la noche, cuando se da poca demanda, y así se daría un mejor uso al recurso eléctrico ya instalado en el país; por el contrario, se debe evitar que se carguen los autos eléctricos en horas de alta demanda y esto se podría lograr por medio de incentivos tarifarios”, destacó Valverde.
Uno de los grandes retos de la movilidad eléctrica es el costo de adquisición de los vehículos eléctricos, pues todavía sigue siendo un bien caro y de difícil adquisición para el grueso de la población; al respecto, Valverde opinó que se necesitaría identificar mecanismos que permitan comprarlos, ya sea por medio de financiamiento y/o devolución del vehículo de combustión, “aunado a esto debe existir seguridad de recarga, por medio de una eficiente distribución de las estaciones en el territorio nacional, así como tarifas eléctricas especiales para recargas en horarios nocturnos”, concluyó Valverde.
“Julian Assange ha sido arrestado, ya no está en la Embajada
de Ecuador. Julian Assange ahora enfrenta la posibilidad de ser extraditado a
los Estados Unidos por publicar informes que se le entregaron como periodista,
y esos informes revelaron corrupción sistemática en el gobierno y crímenes de
guerra”.
Con esta introducción, se promueve en todo el mundo una
campaña por la libertad de Assange. Puede leer el texto completo en inglés en
el siguiente enlace, asimismo, firmar y compartir si lo desea.
La UNA mediante su Programa Interdisciplinario Costero
organiza diálogos, para conocer y compartir la experiencia de la esta casa de
enseñanza superior costarricense y la de la mexicana UNAM en las tareas que buscan
el desarrollo de esas zonas.
“Diálogos sobre el trabajo interdisciplinar en contextos
marinos costeros. La experiencia de la UNA y la UNAM”, es el nombre de la
actividad a realizarse el 23 de abril como parte de los Coloquios de Investigación
IDESPO Edelberto Torres Rivas. Desde las 2 de la tarde y hasta las 5 pm, en la
Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales, en Heredia, tendrá lugar
esta conversación.
Las ponencias estarán a cargo de especialistas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Nacional, de
Costa Rica (UNA).
Iniciativa se realizó en Belice ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano
Universidades afines al gobierno de Nicaragua bloquearon iniciativa
12/04/19. El pasado 10 de abril, durante la CXIII sesión del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) realizado en Belice, la FEUNA propuso que el órgano se pronunciara por el restablecimiento de la justicia, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, así como a favor de la liberación de las personas encarceladas por condiciones políticas. El CSUCA aglutina a las principales universidades de la región y busca contribuir a la integración y el fortalecimiento de la educación superior en Centroamérica.
La propuesta de declaración también incluía asegurar la reintegración de los estudiantes universitarios que se encuentran en condición de presos políticos, al sistema educativo sin ningún tipo de represalias; así como el respeto por la autonomía universitaria y el derecho a la libre expresión.
En la misma dirección, Carlos Tünnermann, destacado intelectual nicaragüense e integrante de la mesa de diálogo, solicitó al CSUCA pronunciarse por el ejercicio pleno de la autonomía universitaria. “Las Rectoras de la UNAN Managua y UNAN León asistieron a la primera etapa del Diálogo Nacional como delegadas del Gobierno, igual que el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), y se plegaron a las posiciones gubernamentales”, agregó Tünnermann.
Ante estas propuestas, las rectorías y presidencias estudiantiles de universidades nicaragüenses, argumentaron que el conflicto social y político ya había cesado, que no existían presos políticos y que la autonomía en ningún momento había sido violentada.
A pesar de la negativa de quienes integran el órgano, Noel Cruz, presidente de la FEUNA, sostuvo su postura y solicitó que quedara en actas su posición y la propuesta de declaración. “Es lamentable que el CSUCA no acompañe la lucha del pueblo nicaragüense, con quien nos solidarizamos para el restablecimiento de la democracia, la justicia y los derechos humanos”, concluyó Cruz.
Datos son de la encuesta de opinión que realizó el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR)
La UCR siempre ha salido como la institución pública mejor valorada en esta encuesta. Foto: Karla Richmond.
La Universidad de Costa Rica (UCR) se mantiene como la institución mejor valorada del país, según los resultados de la última Encuesta de Opinión que realizó el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR).
La UCR ocupa este puesto desde noviembre del 2012, fecha en la que se empezó a consultar la valoración de instituciones públicas.
En esta ocasión, la UCR alcanza una nota de 8,4, seguida por otras universidades públicas que obtuvieron una calificación de 7,8.
En la encuesta se calificó a 18 instituciones con notas en una escala de 0 a 10.
En comparación con la última encuesta que se publicó en noviembre del 2018, la UCR subió su calificación en 0,3.
El tercer lugar es ocupado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los últimos lugares lo obtienen la Asamblea Legislativa con 4,8 y los partidos políticos con 3,6.
En la encuesta se calificó a 18 instituciones con notas en una escala de 0 a 10.
Para el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR, esta valoración no es casual ya que la institución es baluarte del Estado Social de Derecho y está presente en cada rincón del país gracias al trabajo tesonero que se realiza en docencia, investigación y acción social.
Agregó que estos resultados son muestra de la importancia y el valor público que tienen las universidades estatales y así lo reconocen las y los costarricenses que se ven beneficiados por los múltiples aportes que estas dan a toda la sociedad.
La Universidad de Costa Rica siempre ha obtenido una nota superior a 8.
