Alerta: La inminente aniquilación nuclear por la guerra y el invierno nuclear amenaza a la humanidad y a la mayoría de las especies existentes
Estamos cada día más cerca de la posibilidad de una guerra nuclear. Los científicos atómicos señalan que la humanidad, en este año 2024, se enfrenta a un nivel de peligro sin precedentes. Debemos responder con urgencia, como si hoy fuera el momento más peligroso de la historia moderna.
Los regímenes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) liderados por los Estados Unidos, quién continúa financiando y enviando armas letales al gobierno de Ucrania, rehúsan sostener negociaciones de paz para acabar con las hostilidades. El conflicto ahora no solo se desarrolla en Ucrania, sino que Ucrania ataca territorio ruso.
En el medio oriente, sigue el genocidio en Gaza, financiado también por los regímenes de la OTAN con la consecuencia de incalculables muertos, devastación no imaginable y pesadillas de brutalidad y dolor extremos. La Corte Internacional de Justicia ha declarado que los Palestinos tienen derecho a ser protegidos de los actos de genocidio, pero sigue impunemente la escalada de agresiones.
La posibilidad de una Guerra nuclear no solo afectaría a Ucrania o Rusia sino a toda Europa y EEUU y el resto del mundo, que estaría no sólo afectado por la contaminación radioactiva sino por el “invierno nuclear”. Costa Rica no escapa – sus habitantes y su biodiversidad tropical están en peligro. La mayoría de las especies no sobrevivirán el invierno nuclear.
Costa Rica en 1967 ratificó el Tratado Tlatelolco que crea una zona libre de armas nucleares en América Latina. Además, junto a 73 países, ratificó el Tratado para Abolir las Armas Nucleares. Estas armas violan el derecho internacional, son inhumanas e indiscriminadas.
Denunciemos los culpables principales: la mafia asociada al complejo financiero anglo-sionista militar industrial que gobierna la mayoría del mundo occidental junto con sus colonias.
Conozcamos de las iniciativas para parar la guerra nuclear y unamos esfuerzos:
La campaña internacional para abolir las armas nucleares icanw.org
La Red de Solidaridad con Palestina le invita a participar de la actividad organizada frente al Pasito del Teatro Nacional, porque la Navidad es Palestina.
En varias de nuestras columnas a lo largo de los años hemos reseñado la reflexión impulsada por la intelectual estadounidense Wendy Brown sobre los estados amurallados.
Publicado inicialmente en 2010, su trabajo “Estados amurallados, soberanías en declive” constituye una de las mayores contribuciones analíticas sobre la construcción de muros fronterizos a nivel global y su significado semiótico y simbólico.
Es un trabajo que dicho sea de paso no ha perdido vigencia y resulta útil para interpretar acontecimientos actuales que tienen como tema central la fortificación de las fronteras, en particular en países con una larga tradición como receptores de población migrante.
Recordemos acaso dos o tres ideas centrales desarrolladas por Brown en su análisis.
La primera: los muros fronterizos representan una expresión del debilitamiento de la soberanía estatal, el declive de su funcionamiento. Ante esta condición, el muro expresa una forma de poder material y simbólico.
La segunda, la constatación de que los muros y las vallas fronterizas son expresión de una tensión entre los Estados-nación y agentes transnacionales que son concebidos como amenazas. Entre estos agentes sobresalen las subjetividades en contextos de movilidad, contra quienes pesa el largo y profundo poder de los estados.
Una tercera idea en la propuesta de Brown plantea que con la construcción de muros los estados ganan popularidad al demostrar un poder de protección y garantía de seguridad ante las amenazas externas. Generan procesos de separación, segregación y segmentación.
Estás tres ideas plateadas por la intelectual, condensan la conferencia de prensa realizada hace unos días por el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.
En su primera comparecencia luego de resultar ganador en las últimas elecciones presidenciales en aquel país, Trump dedicó varios minutos a reafirmar una de las promesas que lo hicieron vencedor en la contienda: retomará la construcción del muro fronterizo en aquellas secciones entre México y Estados Unidos donde esté incompleto y para ello destinará millones de dólares. Con esta acción, plantea, se detendrá la “amenaza criminal de quienes intentan entrar a Estados Unidos de forma irregular”.
La exaltación performativa y discursiva de este personaje resulta consecuente con el valor simbólico y material de un muro que ha cobrado cientos de miles de vidas humanas. A este muro vertical debe sumarse las acciones en tierra de agrupaciones antiinmigrantes que tienen como objetivo principal “cazar personas que se muevan a través de la frontera”.
Al asumir la presidencia en enero de 2025, Donald Trump deberá confirmar con hechos sus promesas de campaña. Una de sus primeras Directivas será sin lugar a dudas la de la deportación masiva y el aumento de los controles fronterizos en los que el muro resulta personaje principal.
Estamos a las puertas de una nueva ola epidémica contra las subjetividades migrantes regionales. Alertamos sus consecuencias para nuestros países, sus procesos sociales y culturales y la construcción de ciudadanías que al igual que las soberanías, muestran un franco declive y debilitamiento.
Que la vida humana y la dignidad imperen ante la locura y sinrazón de iba política migratoria abusiva y securitaria.
La unidad de la UCR permitirá, por primera vez en el país y en la región de Centroamérica y el Caribe, garantizar que un medicamento genérico es equiparable a su versión original
Es diciembre del 2024 y las buenas noticias empiezan a llegar. Esta vez, con el regalo de la inauguración de la primera Unidad de Investigación Biomédica del país, enfocada en bioequivalencia y estudios clínicos fase I y fase II en seres humanos.
Esta unidad, alojada en la Universidad de Costa Rica (UCR), dará la posibilidad de que la población costarricense en un futuro pueda acceder a la compra de medicamentos más baratos. ¿Cómo? Muy sencillo.
De acuerdo con el Dr. German Madrigal Redondo, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR), la bioequivalencia es el proceso que certifica que un medicamento genérico (multiorigen) tiene un efecto terapéutico similar a su versión original.
Ese proceso incorpora una serie de análisis para demostrar que los medicamentos genéricos disponibles cumplen con los perfiles equivalentes de calidad, seguridad y eficacia. Cuando un medicamento genérico pasa exitosamente todos esos análisis, quiere decir que es óptimo para comercializarse en el país.
Lo anterior es una gran ventaja. Los medicamentos genéricos, al ser más baratos, pueden reducir considerablemente los costos en tratamientos esenciales para la población, debido a que las personas podrían sustituir los fármacos de marca por uno genérico y aliviar su bolsillo.
Para buena fortuna para Costa Rica, y por primera vez en suelo tico, todos estos procesos de análisis de bioequivalencia se efectuarán en la nueva unidad de la UCR a partir del 2025. ¡Un sueño hecho realidad!
“Desde Guatemala hasta Panamá y el Caribe no hay una unidad de bioequivalencia como la que hoy tiene la UCR. Hay sitios clínicos, pero no una unidad con sitio clínico como nosotros. El radio de acción de esta unidad es de 80 000 000 de personas y Costa Rica podrá bajar los costos de muchos medicamentos”, resaltó el Dr. Madrigal.
Por supuesto, las buenas noticias no se detienen aquí. Además de los procesos de bioequivalencia, esta nueva unidad va a permitir hacer estudios de fase I y de fase II para la generación de nuevos fármacos —100 % costarricenses—, que antes no se podían efectuar en el país porque no existían las condiciones.
Estas fases son las etapas iniciales en el proceso de desarrollo de medicamentos y forman parte de los ensayos clínicos.
“Su objetivo es evaluar la seguridad, la dosis y, eventualmente, la eficacia de un nuevo medicamento en seres humanos. La existencia de esta nueva Unidad de Bioequivalencia potencia la industria farmacéutica nacional, en cuanto a la generación de nuevas terapias hechas por costarricenses”, aseguró el Dr. Madrigal.
Dr. German Madrigal Redondo, director del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (Inifar-UCR)
¿Por qué es tan innovador?
Para el Dr. Madrigal, esta unidad es altamente innovadora por varias razones. Primero, por el alto precio de los medicamentos en Costa Rica. En efecto.
Un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE), de la Universidad Nacional (UNA), reveló sobreprecios muy altos para los medicamentos distribuidos en Costa Rica, con respecto a los mismos medicamentos distribuidos en las farmacias de El Salvador.
El estudio indica que las y los costarricenses pagan sobreprecios en los medicamentos que pueden alcanzar los $40 (aproximadamente ¢25 000 más).
“Esta unidad es el primer paso de un objetivo mucho más grande. Hasta el momento, los estudios de bioequivalencia se tenían que hacer fuera del país. Entonces, desde la UCR ya podemos ofrecer hacer estos ensayos a nivel nacional. Estos estudios van a impactar indirectamente el precio de los medicamentos porque, al tener más acceso a los medicamentos genéricos de buena calidad, los precios en el mercado disminuyen”, mencionó la Dra. Yenory Estrada Murillo, farmacéutica de la UCR e investigadora asociada del Programa de Bioequivalencia.
La Unidad de Bioequivalencia da esa oportunidad de aumentar la oferta —disponibilidad— de medicamentos en el mercado, con más opciones y nuevas oportunidades, para que toda persona siempre pueda elegir bajo el sello de seguridad, calidad y eficacia.
La segunda razón del por qué esta unidad es tan innovadora, es debido a que se necesitan tres elementos de elevado costo y altamente especializados que ahora se tienen en el país gracias a la UCR.
El primero es un laboratorio de análisis de las muestras con equipo de punta, personal especializado en el control de calidad y, segundo, una unidad de equivalencia farmacéutica con la que ya contamos: el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa-UCR).
“El Layafa-UCR se enfoca en el control de calidad de todos los medicamentos que se comercializan en el país, para que estos cumplan con todas las normas farmacopeicas —de seguridad farmacológica—”, explicó el Dr. Madrigal
“Asimismo, contamos con el Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética (Labiofar-UCR), que efectúa análisis de bioequivalencia in vitro. También tiene la capacidad de hacer la parte bioanalítica, que consiste en la cuantificación del fármaco en fluidos biológicos como sangre y orina. Esto es vital en estudios in vivo para evaluar cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano”, profundizó el Dr. Madrigal.
El tercer aspecto es el área clínica, exclusiva para este tipo de estudios. Un análisis de bioequivalencia se debe efectuar en un lugar específico porque se trabaja con personas voluntarias, generalmente sanas, que deciden someterse al estudio.
Además, se debe tener personal con buenas prácticas clínicas y manuales de operación del sitio, así como laboratorios de química clínica y de microbiología acreditados para hacer pruebas de rigor: exámenes físicos, de sangre, bioquímica sanguínea, fundamentales para definir los criterios de inclusión del estudio.
Más que bioequivalencia
Con esta unidad, la UCR fortalece no solo el acceso a medicamentos más asequibles, sino también el desarrollo de la industria nacional. Diversas empresas farmacéuticas locales podrán validar sus productos y exportarlos a mercados internacionales que exijan estudios de bioequivalencia.
Al mismo tiempo, la unidad servirá como un centro de formación de especialistas en estudios clínicos, al atraer investigaciones internacionales y consolidar a Costa Rica como un centro regional en el desarrollo farmacéutico de vanguardia.
“Es un área clínica que abre las puertas al desarrollo de nuevos productos, de medicamentos multiorigen, y de nuevos equivalentes farmacéuticos que pueden ser intercambiables. Incluso, podemos ayudar en la identificación de nuevas formas de diagnóstico”, argumentó el Dr. Madrigal.
Dra. Yenory Estrada Murillo, farmacéutica e investigadora de la UCR
Genéticamente compatible
Otro de los avances que trae consigo este proyecto es la capacidad de realizar estudios específicos para la población costarricense.
Según el Dr. Madrigal, la genética de Costa Rica es altamente diversa, con influencias indígenas, europeas, afrodescendientes y asiáticas, lo que difiere de otras poblaciones donde comúnmente se realizan estos estudios de bioequivalencia, como Estados Unidos, Europa o Asia.
Por lo tanto, el enfoque de la bioequivalencia 100 % costarricense asegura que los medicamentos sean realmente efectivos y seguros para quienes los consumen en el país.
“Muchos de esos medicamentos genéricos o multiorigen vienen con estudios de bioequivalencia de países europeos o asiáticos cuyas personas son, genéticamente, muy diferentes a la población costarricense. Nuestra diversidad es muy amplia y, aunque esos estudios internacionales de bioequivalencia podrían servir, no son tan cercanos a nuestra realidad. Lo bueno es que vamos a hacer estudios para nuestra población y asegurar si estos medicamentos realmente son equivalentes farmacéuticos seguros, de calidad y eficaces para la población costarricense”, aseveró el Dr. Madrigal.
Evidentemente, el potencial de esta nueva unidad trasciende los estudios clínicos. Gracias a la infraestructura complementaria de la UCR, como el Ciclotrón y el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica-UCR), se podrán realizar investigaciones en radiofármacos, diagnósticos avanzados y estudios observacionales, el cual abre nuevas posibilidades para la ciencia y la medicina costarricense.
Con esta apertura, la UCR refuerza su compromiso con el bienestar de la sociedad costarricense, al democratizar el acceso a medicamentos y consolidar su posición como líder regional en innovación científica.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
La CGR emitió un informe de auditoría al Instituto Mixto de Ayuda Social -IMAS- sobre la eficacia en la entrega del beneficio temporal por inflación a hogares en condición de pobreza, implementado en 2022 y 2023, cuyo fin fue contribuir a la satisfacción de necesidades básicas alimentarias de hogares en condición de pobreza. La entrega del beneficio no alcanzó la meta de cobertura de hogares programada y se presentó unasubejecución significativa del presupuesto asignado de ₡20.000 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Principales hallazgos de la auditoría
– Cobertura insuficiente:Se benefició un equivalente al 75% de los más de 111 mil hogares planificados. Poco menos de 27 mil hogares no recibieron el beneficio pese a tenerlo aprobado y presentando condiciones de pobreza extrema, personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores, o condiciones simultáneas de estas.
– Mala asignación:Un 3% de los hogares beneficiados, correspondiente a ₡529 millones, recibieron el beneficio pese a no cumplir los criterios de otorgamiento o aspectos como: beneficiario fallecido, privado de libertad, o personas que recibieron previamente otra ayuda estatal.
– Subejecución presupuestaria:Ejecución únicamente del 77,2% del total de ₡20.000 millones presupuestados, asignados por FODESAF, dejando un saldo final no ejecutado de ₡4.024 millones.
La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones sobre el estado de los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social en la Región Brunca, identificando brechas en infraestructura, equipamiento y recurso humano que afectan el acceso y la calidad de la atención.
El hospital Fernando Escalante Pradilla es el centro de salud con mayor cantidad de denuncias ante la Defensoría sobre listas de espera en los últimos años; para abril del 2024 ocupaba el primer lugar con un 75 % del total de quejas, seguido por el Hospital Tony Facio, de Limón, con un 12%, el Hospital San Juan de Dios con 8% y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con 5%. En cuanto a la distribución de las especialidades denunciadas se ubica Oftalmología, Radiología e Imágenes Médicas, Neurocirugía, Cirugía General y Ortopedia.
Esta investigación se basó en informes recibidos por parte de los cinco hospitales de la Región Brunca, la Auditoría Interna y la Gerencia Médica de la CCSS y la Dirección del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS). Se realizaron entrevistas con funcionarios de la Caja, miembros de la Junta de Salud de los hospitales, autoridades del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Municipalidad de Osa. Además, se realizaron visitas e inspecciones a los hospitales de la región y a la Dirección Brunca de la CCSS.
Entre los principales hallazgos se puede mencionar el problema del recurso humano especializado, ya que todos los hospitales de la región y en algunas especialidades el servicio funciona con solo un profesional, entre ellas, ginecología, pediatría, cirugía general y anestesiología, limitando la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios. Entre 2020 y 2024, la CCSS perdió a 185 médicos especialistas debido a renuncias, traslados al sector privado o disminución de jornadas.
En cuanto a la infraestructura hospitalaria hay un deterioro importante, los quirófanos del Escalante Pradilla de Pérez Zeledón son pequeños e inseguros, mientras que, en el Hospital Tomás Casas, de Ciudad Cortés, hay problemas graves en el sistema de aire acondicionado y, en el caso del Hospital de Ciudad Neily el techo de la sala de shock está en condiciones críticas. En muchos de los servicios visitados, la Defensoría pudo observar problemas físico sanitarios, estructuras sin mantenimiento, espacios físicos incómodos para la prestación del servicio de salud tanto clínica como administrativa, entre otras situaciones visualizadas, fueron hechos recurrentes.
El equipamiento en los hospitales de la región es insuficiente. Solo en el Escalante Pradilla, por ejemplo, cuenta con un mamógrafo. Además, se detectó una falta de equipos básicos en varias especialidades, como incubadoras, monitores cardiacos, equipos de ventilación neonatal y dispositivos para gastroenterología. En dermatología y a junio de presente año, no contaba con un especialista asignado en toda la región, lo que obligaba a referir pacientes al Hospital San Juan de Dios en San José, aumentando los tiempos de atención. En el caso de optometría, más de 8.500 pacientes están en espera dado que ningún hospital de la región cuenta con optometrista por lo que no existe forma de depurar la lista de espera, porque el nivel primario no tiene forma de valorar pacientes.
También se detectaron deficiencias en el primer nivel de atención ya que en esta región existe un déficit de 35 EBAIS, según lo reporta la misma institución, lo que afecta la capacidad de brindar atención primaria efectiva y sobrecarga los hospitales.
Ante esta situación, la Defensoría giró una serie de recomendaciones, entre ellas, implementar un programa de formación regionalizado para médicos especialistas en la zona, asegurando que los nuevos profesionales permanezcan en la región después de concluir su formación. Para ello la Defensoría considera necesario crear incentivos multisectoriales que motiven la permanencia de los profesionales en los hospitales de la región.
También se recomendó inventariar en cada hospital la insuficiencia de equipos y priorizar mediante un proceso paulatino el equipamiento correspondiente. Otra recomendación es incorporar acciones para garantizar el mantenimiento preventivo de los equipos hospitalarios. Toda acción administrativa en materia de distribución de equipos -recomienda la Defensoría- debe realizarse de conformidad con el nivel resolutivo de cada hospital y con visión en red.
También se recomienda dotar a cada hospital con equipos esenciales, como mamógrafos, incubadoras y dispositivos de monitoreo cardiaco y priorizar el mantenimiento y la modernización de los quirófanos y otras áreas críticas. Fomentar la participación de los gobiernos locales y nacionales, instituciones públicas y privadas para mejorar las condiciones sociales de la región, desarrollar planes de infraestructura, y otros para hacer la zona más atractiva tanto para médicos como para otros profesionales. Se solicitó apresurar los proyectos de inversión para fortalecer el primer nivel de atención con mayor cantidad de EBAIS y el fortalecimiento de servicios en red.
Finalmente, se confía en el gobierno local de Osa el liderazgo del desarrollo intersectorial que involucre los actores sociales necesarios para generar atractivos regionales que motiven la permanencia de recursos humanos en la zona.
El Estado costarricense, y todos sus sectores y la organización social civil deben desarrollar un plan de desarrollo sectorial integral, no sólo para mejorar y fortalecer el servicio que presta la CCSS, sino para mejorar el nivel de desarrollo socioeconómico de la población.
Las organizaciones internacionales firmantes alertamos sobre el grave retroceso que enfrentan los procesos de justicia transicional, a raíz de los recientes cambios que realizó la fiscal general Consuelo Porras en la Fiscalía de Derechos Humanos, así como las recientes resoluciones de las Salas de Apelaciones que buscan garantizar impunidad para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
El 5 de noviembre, la recientemente electa Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló de manera arbitraria todo el proceso judicial del caso Creompaz, uno de los casos más grandes de desaparición forzada de Guatemala, ordenando la libertad inmediata de todos los militares implicados en el caso. Entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, acusado de genocidio en contra de la población Maya Ixil durante el gobierno de su hermano, Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
El 28 de noviembre, después de 9 meses de juicio en el Caso Genocidio contra Lucas García, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó la recusación del Tribunal de Sentencia Penal presentada por la defensa, ordenando que el caso sea conocido por el Tribunal de Mayor Riesgo B. Esto detiene el juicio en su fase final, impidiendo la emisión de la sentencia y anulando años de avance en dicho proceso.
El 4 de noviembre, la fiscal general ya había destituido al fiscal encargado durante años del caso Genocidio, Erick de León. Recordamos que la justicia guatemalteca determinó en dos ocasiones que el ejército implementó una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, dirigido por Efraín Ríos Montt.
La fiscal general prácticamente desmanteló la Fiscalía de Derechos Humanos, con la destitución de 3 fiscales y el traslado de 11 auxiliares y agentes fiscales que investigaban casos del conflicto armado. Además, nombró como titular de dicha fiscalía a Noé Nehemías Rivera Vásquez, quien es una de las personas incluidas en la Lista Engel, y ha sido el principal impulsor de la criminalización de la exfiscal Virginia Laparra, así como de otras personas defensoras de derechos humanos. Preocupa que la fiscalía general profundice la estrategia de criminalización en contra de personas operadoras de justicia que han estado a cargo de dichos procesos, abogados, abogadas y personas defensoras.
Estas decisiones no solamente ponen en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que debilitan el Estado de Derecho y la democracia en el país.
Por ello recordamos al Estado de Guatemala, la urgencia de cumplir de forma inmediata con sus obligaciones internacionales, particularmente las ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al deber de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones de derechos humanos. Además, hacemos un llamado al Estado para que cumpla las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente la que se refiere a realizar un examen independiente sobre la labor del Ministerio Público y que cese el uso indebido del derecho penal para criminalizar.
FIRMAN
American Friends Service Committee (AFSC) American Jewish World Service (AJWS) Be Just Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Due Process of Law Foundation (DPLF) Fundación Luis von Ahn Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC) Impunity Watch Latin American Working Group (LAWG) Robert F. Kennedy Human Rights Washington Office on Latin America (WOLA)
El Colper enfatizó en que la reestructuración “deberá realizarse garantizando la independencia de los medios públicos, el cumplimiento de su Ley Orgánica, y en estricto apego de la normativa laboral que garantice el respeto de los derechos de las personas colaboradoras, así como también la transparencia en el manejo de los recursos estatales”, según se lee en el documento público.
“Los medios estatales juegan un papel crucial en la promoción del debate plural y la garantía del derecho a la información. Por lo anterior, cualquier reforma debe priorizar la autonomía del SINART y evitar los abusos que históricamente han comprometido su credibilidad”, expresaron desde el Colegio de Profesionales en Comunicación.
Además de solidarizarse con el personal que ha perdido su empleo debido a esta reestructuración y clamar por su derecho a ser informado del proceso que está viviendo, el Colper solicitó cuentas claras y transparencia con el uso de los fondos extraordinarios aprobados para el SINART: ₡600 millones para compra de equipos, ₡1.000 millones para la reestructuración y ₡350 millones destinados al pago de salarios y aguinaldos en 2024.
“Desde la Junta Directiva hicimos las consultas pertinentes a las autoridades del SINART y exhortamos a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) para que, a través de nuestra representante en el Consejo Ejecutivo, abogue porque el proceso de reestructuración cumpla lo establecido en la Ley General de Control Interno N.º 8292, la cual exige que cualquier modificación estructural en una institución pública esté debidamente justificada, con una evaluación técnica que considere los riesgos, la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó el Colper.
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), fiel a su compromiso social y solidario, realizó una alegre celebración navideña para los niños de la comunidad de Sulá. Esta actividad, liderada por el Directorio Ejecutivo Nacional, es una tradición que permite llevar sonrisas y espíritu navideño a zonas rurales con difícil acceso.
La fiesta no solo brindó momentos de felicidad y esparcimiento para los más pequeños, sino que también reflejó los principios fundamentales del SEC: compromiso, solidaridad y apoyo a las comunidades que más lo necesitan.
Este tipo de iniciativas destacan la importancia de la proyección social del sindicato y refuerzan el lazo con las comunidades educativas del país. En un ambiente lleno de juegos, dinámicas y sorpresas, los niños y sus familias pudieron disfrutar y sentir el verdadero espíritu de la Navidad.
El SEC continúa trabajando para llevar alegría y apoyo a cada rincón de Costa Rica, reafirmando su compromiso con una educación y una sociedad más inclusiva y solidaria.
