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¿Emergencia por una prisión?

Freddy Pacheco León

Tal vez Chaves y Cisneros, otra vez mal asesorados por incompetentes y «obedientes» abogados, creen que, como lo han venido haciendo, por el mecanismo «gota gota», se puede decretar un Estado de Emergencia, con el único fin, de burlar los sanos mecanismos de control, que se derivan del texto de la Constitución Política.

Resulta que, la legislación contiene el mandato de que, para una declaratoria de Estado de Emergencia, la misma ha de ser real, no “jalada del pelo”, y se justifica, en situaciones en que la población sufre perturbación severa de la paz, provocada, por ejemplo, por un rompimiento sostenido del fundamental ordenamiento interno. Situación que, sea por pandemias como la del Covid-19, catástrofes naturales, como terremotos, inundaciones, avalanchas y huracanes, amenazas de grupos insurgentes, atentados contra la soberanía nacional, interrupción prolongada e intencional de servicios públicos, como el transporte colectivo, el abastecimiento de agua potable, la distribución eléctrica, los servicios de salud, etcétera. O sea, en momentos de impactante calamidad nacional, evidentes y documentados, que, reflejan situaciones especialísimas, excepcionales, extremas, que impiden el funcionamiento normal del Estado como un todo, o, incluso, a nivel regional o comunal.

No se trata, por razones obvias, de un procedimiento político o burocrático, con el cual obviar la legalidad que nos rige, como un medio de «facilitar», por ejemplo, la ejecución de proyectos que el Poder Ejecutivo quisiera realizar en forma apresurada, y sin los controles anticorrupción. No, de eso no se trata.

Por tales razones, los decretos ejecutivos de emergencia que se emiten, derivados de previos acuerdos del Consejo de Gobierno, o, en algunos casos, de concejos municipales, no son suficientes en sí mismos. Para que tengan efecto, luego de la declaración de emergencia, es responsabilidad suprema de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, (CNE), elaborar un técnicamente bien fundamentado, Plan General de Emergencia, absolutamente apolítico, independiente, sustentado en la ciencia y la técnica, capaz de facilitar, una buena coordinación interinstitucional, sujeto, al igual que el decreto previo, a control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad plena.

Pues amigos, aunque, claramente el Poder Ejecutivo, ha abusado ilegalmente, de «declaratorias de emergencia«, injustificadas, con las cuales se han burlado controles de ley, en compras millonarias (según información del 29 de abril en el Semanario Universidad), eso no solo es intolerable, sino que asimismo, pone en entredicho, las actuaciones de la CNE y su presidente Alejandro Picado, que parece ser especialmente complaciente, con el ministro de Justicia Gerald Campos, quien en entrevistas en medios como Repretel y radio Columbia, indicó que el problema no son los recursos, sino “lo engorroso que en Costa Rica es, el proceso de licitación y la etapa previa”, por lo cual, ante una necesidad de, al menos un18% de espacios carcelarios, que, por definición, no cumple con el requisito de ser calificado como “hacinamiento”, junto al presidente, él está en la búsqueda de una ruta, ¡diferente a la jamás encontrada “ruta de la educación”!, que permita emitir un decreto ejecutivo, en que, la situación de necesidad de más espacios carcelarios, sea declarada como una emergencia.

En el 2023, en los 13.177 espacios, se resguardaban 15.600 prisioneros, por lo cual, se hace necesario ubicar 2.423 personas, en nuevos espacios, para así, mejorar las condiciones de los privados de libertad, en general, objetivo en el cual, todos los ciudadanos estamos de acuerdo, pues sus condenas se refieren exclusivamente, a sus derechos de vivir en libertad, pero no a otros derechos humanos fundamentales, como son las condiciones de calidad de vida, en que, han de cumplir sus penas.

Para el Poder Ejecutivo, su objetivo es evitar que cualquier proyecto relacionado con la construcción, dicen, de una “mega cárcel” que costaría unos ¢20.000 millones, tenga que superar controles legislativos, como ocurriría con un préstamo, o por un estricto refrendo de la Contraloría General de la República, pues, estiman, sería la única forma de que se pudiese construir la nueva prisión, ojalá antes de que finalice la administración Chaves Roble, sin que medien, procesos de licitación, y se puedan otorgar contratos a discreción, dejando de lado permisos ya establecidos como requisitos.

Situación que toma especial relevancia, ante lo dicho por el, un tanto torpe, ministro de Justicia y Paz, quien, al referirse al anuncio de la cárcel que pudiere servir para atender necesidades por unos cuantos años, ¡»cantó sin guitarra«!, al manifestar lo anotado arriba. Opción «jalada del pelo», por donde quiera mirársele, pues incumple el espíritu y filosofía de la legislación pertinente, sobre los Planes Generales de Emergencia, y específicamente, al considerar que no se tiene todavía con un formal proceso de planificación, como es deber de una buena administración, que, quizá, pudiese justificar aplicar la Ley Nº 8488, que regula explícitamente la materia de emergencias. Máxime que se trataría de una labor ordinaria, como es la construcción y operación de prisiones, tal y como se ejecutara durante la administración Alvarado Quesada, que, bajo la orientación de la exministra de Justicia, doña Fiorella Salazar, vio la construcción del Centro de Atención Integral Terrazas, con 1.200 espacios, y otros 1.000 espacios, en otros centros penitenciarios ya existentes, sin innecesaria alharaca.

4.5.2025

5 de mayo, Día Internacional de los Celíacos

Dr. Francisco Javier Hevia Urrutia
Gastroenterólogo Hepatólogo
Miembro de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica

Celiaquía en Costa Rica

¿Dónde estamos? ¿Que hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer?

La palabra Celíaco proviene del latín (vientre) y del griego (enfermedad del intestino).

En el Siglo II AC el medico griego Areteo de Capadocia, viviendo en Turquía la describe como “enfermedad del intestino” pues residía en un área conocida como “Creciente fértil” debido a la cantidad de cereales cultivados ahí y observó que las personas se enfermaban frecuentemente del intestino debido al alto consumo de los cereales.

La relación con el Gluten del trigo fue hecha en 1952 en Inglaterra y posteriormente determinaron la presencia de este en la avena, cebada y centeno. En el 2011 aparece un nuevo concepto conocido como Intolerancia al Gluten o Sensibilidad al Gluten, también aparece el término llamado Alergia al Trigo definido por otros anticuerpos.

La Celiaquía la debemos separar en tres grupos:

  1. El Enfermo Celíaco tiene manifestaciones en el intestino y en otros órganos del cuerpo. En pruebas de laboratorio y genética se determina quienes son los de este grupo. Este es el grupo más importante ya que en los niños no detectados a tiempo no podrán evitarse lesiones severas el resto de sus vidas. Aquí tenemos también diferentes tipos de pacientes Celíacos: Atípico, Silente, Potencial y Refractario. A este último grupo es importante ponerle especial atención ya que pueden desarrollar malignidad como los linfomas intestinales entre otros.

  2. El Paciente Sensible al gluten no tiene trastornos de laboratorio ni daño en el intestino y logra una mejoría con la dieta sin gluten.

  3. El Paciente alérgico al trigo va a tener únicamente elevación de un tipo de anticuerpos llamados IgE.

En Costa Rica en el 2004, pacientes y familiares de personas que fueron diagnosticadas crean APPCEL (Asociación Pro-Personas Celíacas) con el propósito de promover una línea de enseñanza y manejo adecuado, logrando establecer un marco legal por parte del Gobierno y la Asamblea Legislativa. Con la colaboración de diferentes personas en diferentes niveles y la ayuda en educación de la Enfermedad por parte de profesionales nacionales y extranjeros y junto con la utilización de los modelos legales de España, Argentina y Brasil se establece en julio del 2014 la NORMA NACIONAL DE ATENCION A PERSONAS CON ENFERMEDAD CELÍACA. También se estructura una Comisión Nacional, dirigida por el Ministerio de Salud incluyendo al Ministerio de Economía para que los alimentos sean etiquetados como alimentos SIN GLUTEN, el Ministerio de Educación, APPCEL, CCSS e INCIENSA. En junio del 2016 se establece la Comisión Institucional de Celiaquía-CCSS y se elabora el “PROTOCOLO: ATENCION DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD CELÍACA, publicado en el 2019 por la Caja Costarricense del Seguro Social, donde nos indica con detalle qué hacer con el posible paciente con enfermedad celíaca tanto en niños como en adultos, ya sea en EBAIS, CLINICAS y HOSPITALES del Seguro Social.

Un grupo interdisciplinario junto con APPCEL y la Comisión Nacional de Salud hemos impulsado mejoras para el manejo de la celiaquía en Costa Rica, además participamos en la formación de la Comisión Institucional de la CCSS para la elaboración del PROTOCOLO mencionado.

Aún falta establecer los datos epidemiológicos y clínicos de la Enfermedad en Costa Rica y definir el tipo de Celiaquía que tiene cada persona, por lo tanto, hemos puesto a disposición de la Asociación (APPCEL) una Encuesta Digital la que permitirá establecer la información necesaria para seguir avanzando en el manejo de este problema de salud, que abarca a un 1 % de la Población Mundial.

Costa Rica camina progresivamente en el manejo de la Celiaquía, para esto se requiere el compromiso y la continuidad en el trabajo de cada uno de los grupos mencionados.

Ayuda para el informe presidencial

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Llegó 2 horas tarde a La Reforma, no permitió que la prensa convocada lo acompañara al interior, ni que se tomaran fotos y videos, y Casa Presidencial, solo divulgó unas breves imágenes, donde es abucheado e insultado, por privados de libertad, pero en el lugar anunció la construcción en seis meses, como adelanto a su informe de logros, de una megacárcel, como la del dictador Bukele. Sin embargo, sabemos, y para eso no hay que ser clarividente, que es otro proyecto que jamás se realizará.

Que es un cuento más, como «Ciudad Gobierno», como la autopista hacia Limón con pasos a desnivel, como «Agua para Guanacaste», como el vital proyecto de abastecimiento de agua potable «Orosi 2», como el aprovechamiento nocturno de agua para Alajuelita, los Hatillos y Pavas, desde el balneario de Ojo de Agua, como el aeropuerto internacional en Westfalia, Limón, como el aeropuerto moderno para el Pacífico Sur, como la carretera de Barranca a Cañas, como la carretera de San Ramón a San Carlos, como el aprovechamiento, por parte del Estado, del yacimiento de oro en Crucitas, donde se mantiene el desastre ambiental y la robadera, como el muy necesario ferrocarril urbano en el área metropolitana, como la reparación urgente de cientos de puentes, que en cualquier momento colapsan, como el fortalecimiento de la seguridad, para evitar el ingreso de cocaína, por la frontera sur, los litorales del sur de Limón y Puntarenas, y decenas de aeropuertos clandestinos… no tan clandestinos, como la construcción de un centenar de EBAIS que están haciendo falta, como la construcción y reparación a profundidad, de varios cientos de escuelas, ya con órdenes sanitarias de funcionamiento.

En fin, se podrían seguir aumentando a la lista de promesas demagógicas, otras «obras», como la ocurrente cárcel, que no cuenta ni con una mínima planificación, ni con financiamiento, ni con estudios de suelo, ni con tiempo. Si esta breve lista le podría ser útil, para su discurso ante el Primer Poder de la República, con gusto le autorizamos a copiarla.

Marchamos y rimamos: un collage de bombas y voces del 1° de mayo en Costa Rica

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.

Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.

Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.

La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.

Puede escuchar el collage aquí.

Galería

Sin derechos no hay democracia

Comunicado

Este 1º de mayo, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de mujeres, campesinas, culturales, derechos humanos y territoriales salimos a las calles con una voz unida: sin derechos no hay democracia. En un país marcado por la violencia, la desigualdad, el debilitamiento del Estado social y la precarización del trabajo, esta fecha no es una celebración simbólica: es un acto de defensa colectiva.

Recordamos el origen del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, forjado por las luchas obreras del siglo XIX, como la de los mártires de Chicago, por la jornada laboral de ocho horas. Esa consigna sigue vigente: hoy exigimos condiciones laborales dignas, empleo justo, libertad sindical y respeto al Código de Trabajo.

La situación nacional se encuentra en momentos críticos que requieren de unidad nacional y concertación democrática. Según datos del último informe del Estado de la Nación (2024) el Informe de percepción costarricense UNA (2025), y el último informe del CIEP (2025). Costa Rica cerró el año 2024 con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y un 70% de la población costarricense considera que la seguridad está mala o muy mala.

Actualmente, el ingreso real promedio de los hogares cayó casi un 20% respecto al 2014 y un millón de hogares está en pobreza o riesgo de caer en ella, mientras el sector agroalimentario nacional se encuentra en un momento de crisis continua y las poblaciones históricamente excluidas se encuentran cada vez más expuestas a la violencia, el crimen organizado y la desigualdad social, en ausencia de oportunidades.

Más de 215.000 personas adultas mayores viven sin pensión y 849 escuelas tienen órdenes sanitarias sin poder reabrir, mientras la inversión educativa cayó un 1,6%, y el aumento de femicidios se encuentra en más de un 100% entre 2022 y 2024. También, hasta enero 2025, las listas de espera en la C.C.S.S alcanzaron un total de 188.228 personas, según datos oficiales de la Gerencia Médica, consecuencia de la crisis de seguridad social que vivimos actualmente.

La seguridad social, alimentaria y educación pública, es de las más nobles expresiones del trabajo humano, inspiradas e inspirados en el pensamiento de Omar Dengo, recordamos que el problema social es, por excelencia, un problema de educación, la labor docente transforma vidas, rompe desigualdades y construye ciudadanía. Defender el trabajo es también defender la educación pública, su vocación humanista y su papel en una democracia sólida.

En esta defensa de los derechos y la democracia, organizaciones de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, universidades públicas costarricenses y otros sectores, se suman al llamado nacional de lucha, con su compromiso histórico con la equidad, el pensamiento libre, la transformación social y el fortalecimiento del Estado social de derecho, en la promoción de una ciudadanía activa, informada y solidaria.

Este año, nuestra voluntad política compartida se expresa en cinco demandas esenciales:

  1. Trabajo digno con derechos, para todas las personas trabajadoras, en todos los sectores y condiciones.
  2. Educación pública fortalecida, accesible, crítica y bien financiada.
  3. Seguridad ciudadana y paz, con oportunidades reales frente al crimen organizado.
  4. Producción nacional y soberanía económica, para reactivar el agro, proteger pymes y reducir la dependencia externa.
  5. Igualdad de género y justicia social, con pleno acceso a empleo, salud, cuido y educación sin discriminación, a su vez la prevención de la violencia basada en género.

Será una jornada de expresión cultural, con música y arte, donde todas las voces tendrán lugar: del agro, sindicatos, universidades, sociedad civil, las juventudes, de las mujeres, de quienes han sido históricamente excluidas.

¡Sin derechos no hay democracia!

¡Democracia, paz, libertad y justicia social para Costa Rica!

Contraloría General de la República señala débiles controles contra la corrupción en Consejo de Transporte Público

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría al Consejo de Transporte Público (CTP) sobre la implementación de acciones en el Sistema de Control Interno para la prevención de la corrupción en los procesos de regulación del servicio de transporte público, como el otorgamiento de concesiones y permisos.

En el sector transporte, la corrupción puede deteriorar la calidad del servicio, comprometer la seguridad de las personas usuarias y debilitar la confianza ciudadana. Por ello, resulta fundamental que el CTP implemente acciones de control eficaces.

Hallazgos principales

La auditoría encontró:

  • Limitadas acciones para fortalecer el control interno. Falta de definición de roles y responsabilidades para prevenir incompatibilidades y conflictos de interés.
  • Carencia de valoración de riesgos relacionados con temas de corrupción, fraude o conflictos de interés.
  • Inexistencia de un canal, procedimientos formales y mecanismos de confidencialidad para realizar la gestión de denuncias y protección de denunciantes ante posibles casos de corrupción a nivel institucional.
  • No se han definido lineamientos o políticas internas para prevenir actos de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés en procesos sustantivos.
  • No se cuenta con una definición de los sistemas informáticos críticos para su operación, y la información de la página web no está actualizada ni completa.

Recomendaciones

Para avanzar hacia una gestión pública íntegra, transparente, eficiente y orientada al interés público, la Contraloría dispone al Consejo de Transporte Público la adopción de medidas estratégicas orientadas a fortalecer las acciones de control con énfasis en la prevención de la corrupción. Esto incluye:

  • Incorporar de forma explícita el riesgo de corrupción, fraude y conflictos de interés como parte de la gestión institucional de riesgos, desarrollando procesos formales de identificación, evaluación y priorización, en función de la naturaleza y criticidad de los procesos del CTP.
  • Consolidar una cultura organizacional basada en la integridad mediante la capacitación continua y la apropiación del código de ética por parte de los actores relevantes.
  • Establecer un procedimiento y un canal transparente para la atención de denuncias de corrupción, con garantías de confidencialidad y protección a la persona denunciante.
  • Analizar la estructura organizativa con criterios de segregación de funciones e implementar un manual de cargos.
  • Fortalecer la transparencia mediante la formalización de los sistemas de información críticos y la revisión y actualización de lineamientos y procedimientos internos que derive en la actualización oportuna y periódica de la información del sitio web conforme a la normativa vigente.

Estas acciones permitirán al CTP transitar hacia un modelo de control preventivo que promueva la confianza ciudadana y el valor público en la regulación del transporte.

El informe completo puede descargarse desde este enlace.

No más impunidad ¡Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera viven! Con firmas

En el marco del 19 de abril: Día de la Persona Indígena Costarricense, activistas, organizaciones, colectivas y colectivos locales, nacionales e internacionales continuamos EXIGIENDO JUSTICIA ante la sistemática IMPUNIDAD frente a los asesinatos de los hermanos líderes indígenas Sergio Rojas (Salitre, 2019) y Jerhy Rivera (Térraba, 2020) por su lucha para salvaguardar el derecho a la tierra y a los territorios que les pertenecen a ambos pueblos: Salitre y Térraba, producto del racismo institucional del Estado costarricense que permite la escalada de violencia de los finqueros usurpadores en los territorios.

Reiteramos una vez más que el estado de indefensión de las madres, esposas, hijas y familias indígenas recuperadoras legítimas de territorios ancestrales, es producto de la inoperancia y negligencia del Estado y sistema judicial costarricense, cómplices de la constante ola de atropellos y violencias que sufren día a día, por parte de finqueros invasores e instancias y personas cómplices.

Exigimos al gobierno de Costa Rica garantizar el cumplimiento de la aplicación de las medidas cautelares dictadas desde el 30 de abril, 2015, solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, como deuda histórica del Estado costarricense vinculantes a los derechos de las comunidades indígenas víctimas de sistemáticas violencias a las que están sometidas en sus propios territorios.

Exhortamos a la CIDH a dar seguimiento y vigilar que el Estado costarricense cumpla de manera efectiva e integral con dichas medidas cautelares.

¡Por el derecho de las niñas, madres, esposas y comunidades indígenas

a la justicia y a la verdad,

el Estado costarricense debe cumplir con los compromisos adquiridos

para defender y respetar la integridad física, emocional, cultural y espiritual

de los territorios indígenas!

¡No más impunidad ante los asesinatos de Jerhy Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortíz!

¡Viva la justa lucha de recuperación de territorios ancestrales de los pueblos indígenas!

¡Defender los Derechos Humanos de los pueblos del Abya Yala no tiene fronteras!

Firma responsable:
Zeidy Brukwä Rodríguez Guerra
Colectivo de Apoyo a doña Digna

Adhesiones

Costa Rica

Alberto Lleras Coto

Alejandra Bonilla Leiva

Alejandra Ducca Durán

Allen Cordero Ulate

Amalia Vargas Rojas

Ana Cristina Mena Morelli

Ana Cecilia Escalante Herrera

Ana Franzen

Andrés David Román Sáenz

Andrés Rodríguez Gómez

Angélica Alvarado Barrantes

Asdrúbal Rivera Villanueva

Ati Sandí Peña

Brenda Briceño González

Bruno de Jesús Coto Barboza

Carmen Mena Mata

César Díaz Rojas

Cynthia Crespo Campos

Clarita Quiel Torres

Claudia

Damaris Badilla Vargas

David Contreras Moea

David Morera Herrera

Elides Rivera Navas

Erney Vargas Barboza

Fabiola Bernal

Félix López Zambrana

Fernando Rudín Vega

Guadalupe Urbina Juárez

Guiomar del Rocío Martín

Haydee Nasira Segura Rivera

Isabel Ducca Durán

Isidro Ramírez Navea

Jeffery

John Ortiz

Jiri Spendlingwimmer

Juan Antonio Gutiérrez Slon

Kattia Isabel Castro Flores

Laura Marcela Arias Cabrera

Ligia Barrantes Cartín

Lorena Coghi Robleto

Lorenzo Ramírez C.

Luis Alberto Salas Sarkis

Luis Ángel Céspedes

Macarena Barahona Riet

Madeline Kiser

Marcela Zamora Cruz

María Laura Stephen Chaves

María Pérez Iglesias

María Trejos Montero

Melanie Quesada Molina

Miguel Barrios Gutiérrez

Nataly Segura Molina

Noah Alejandro Alfaro Arends

Nora Montero Quirós

Olivia Sylvester

Orlando Barrantes Cartín

Óscar Aguilar

Oscar Daniel Espinoza Ramos

Raquel Bolaños

Renier Canales Medina

Ronald Solís Alemán

Rosángela Cortés Barquero

Ruizdael Murillo Baltodano

Sileny Vásquez Orozco

Socorro Trejos Navarrete

Suy Wong

Valeria Sofía Ramírez

Victor Madrigal Sánchez

Wilson Arroyo Oconitrillo

Xinia Alejandra Vargas Durán

Yamileth Monterrey López

Yanko

Zeidy Brukwä Rodríguez

Chile Pablo Ruiz

Colombia Alexandra Henao

Ecuador Sisa Pacari

España Pedro Polo Fernández

Ricard Sánchez Andrés

Estados Unidos Ivonne García Bueso

Guatemala Laura Rojas

Honduras Hedme Castro

México

Daniela González López

David Jiménez

Laura

León Mayorga

Lucía Morales Celestino

Soledad Ortiz Vázquez

Panamá

Luzmila Sánchez

Suiza

Irene

Venezuela

Maira Mora

Organizaciones

Costa Rica

Acueducto Longo Mai

Asociación Casa del Indio

Asociación de Estudiantes de Antropología (UCR)

Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas (UCR)

Asociación de Estudiantes de Sociología (UCR)

Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (UCR)

Asociación de Mujeres Alza tu Voz

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)

Asociación Solidaria Comparte

Asociación Unaproa

Asociación Voces Nuestras

Casa El Migrante

Ditsö

Downpour Studio

Centro de Amigos para la Paz

Club de Exocet

Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)

Consejo de Mayores Bröran

Federación de estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Ecologista (FECON)

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Fundación Red de Vida

GEO-GRAFÍAS COMUNITARIAS

Huellas Verdes SJY

Juventud Vanguardia Popular (JVC-JPV)

Lauicom

Longo Mai: Casamadre

Metamorfosis

Movimiento Ríos Vivos

Mujeres Mano de Tigre Örcuo Dubön

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Organización Iriria Satkok de Yamavidi, Cabagra

Organización Regenerativa Matzú Insigne

Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)

Partido Pueblo Unido

Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT)

Red de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas

Red de Solidaridad con Palestina

Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE)

SOS Ribagorza

Tinamaste

Universidad de Costa Rica (UCR)

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Universidad Ibero

Universidad para la Paz

Voces Nuestras

Chile

Observatorio por Cierre de la Escuela de las Américas-Chile

Ecuador

Organización del pueblo Saraguro. SAKIA T

España

Ensenyants Solidaris

Guatemala

Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA

México

Colectivo Totlahtol Yoltok “Nuestra Palabra Vive”

Panamá

Frente Reformista de Educadores Panameños

Suiza

FIST y RADIO LORA www.lora.ch

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela  Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACMDr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix  Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Red Académica de Solidaridad con Palestina – México (RASPAM), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Costa Rica Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América referente internacional de comunicación popular.

28 de abril, 2025

Mientras en Costa Rica quieren privatizar el sistema eléctrico, otros países sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho

  • Apagón eléctrico masivo en España afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas. El evento fue declarado emergencia nacional.

  • Este tipo de incidentes son consecuencia directa de sistemas eléctricos privatizados, organizados en función de intereses corporativos.

FECON. El pasado lunes 28 de abril de 2025 se vivió el mayor apagón eléctrico en la historia de España, el cual se extendió también a algunas partes de Portugal y Francia. Un apagón masivo que afectó a unas 55 millones de personas durante 12 horas, provocando graves interrupciones en transporte, telecomunicaciones y servicios básicos. A raíz de ello, el gobierno de ese país declaró emergencia nacional.

Algunos medios y redes sociales atribuyeron este incidente a “oscilaciones atmosféricas” o incluso a un “ataque cibernético”, ignorando el elefante en la habitación: un sistema eléctrico privatizado que opera en función de los intereses de un oligopolio corporativo, en detrimento de la sociedad en su conjunto.

España privatizó su sistema eléctrico en la década de 1990 y hoy paga muy caro las consecuencias. Desde entonces, se ha instaurado un auténtico cártel corporativo que controla los diferentes segmentos (producción, distribución y comercialización) del sistema eléctrico. De esta manera, el oligopolio conformado por Endesa, Naturgy (antes Unión Fenosa), EDP e Iberdrola se asegura beneficios millonarios mediante tarifas eléctricas abusivas, financiadas por el Estado y por los consumidores.

Ahora bien, ¿por qué los apagones son consecuencia directa de un sistema eléctrico privatizado?
Una característica fundamental de estos sistemas es que no existe una planificación centralizada de la producción y distribución de electricidad, sino que ambas están determinadas por la oferta y demanda de agentes privados. A esto se le conoce como “planificación indicativa”, un esquema en el cual el sistema eléctrico está organizado según las fuerzas del mercado, es decir, según los intereses de las grandes corporaciones.

Este modelo liberalizado de planificación indicativa puede provocar, en determinados momentos, una sobreproducción de electricidad que el sistema no tiene capacidad de absorber, generando así una saturación y un colapso generalizado. Esta es la verdadera causa del apagón en España —lo mismo que sucedió en Chile el pasado 25 de febrero— y lo mismo que, desgraciadamente, ocurre de manera cotidiana en otros países centroamericanos.

En Costa Rica, no estamos acostumbrados a este tipo de incidentes. El país cuenta con un sistema eléctrico bastante robusto, confiable y estable, gracias a que la producción y distribución de electricidad están organizadas mediante una planificación centralizada y ordenada, a cargo del ICE. En el modelo costarricense, dicha planificación responde a criterios técnicos, mientras que en los modelos privatizados responde a los intereses particulares de los inversionistas.

Este modelo está en riesgo con el proyecto de Ley de Armonización Eléctrica (No. 23.414), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. Entre sus puntos medulares, se propone la creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN), un mercado mayorista —privado— de electricidad, que funcionaría con la misma lógica de los sistemas ya fracasados en otros países.

Aprendamos de las desastrosas experiencias de privatización alrededor del mundo. Ahí están las evidencias claras de lo que nos podría esperar si se aprueba el proyecto de Ley de Armonización. Este es un proyecto de ley anacrónico, que busca imitar lo peor y desmantelar lo que hasta ahora ha funcionado bastante bien.

Mientras en Costa Rica se pretende privatizar el sistema eléctrico, en otros países (como España) sufren las consecuencias nefastas de haberlo hecho y, más bien, plantean la necesidad de re-estatizarlo.

Fundación Caminantes de Costa Rica invita a recorrido por senderos de Aserrí

La Fundación Caminantes de Costa Rica organiza una caminata por diversos distritos y atractivos naturales del cantón de Aserrí, el próximo 4 de mayo de 2025.

Según informa la organización, el punto de encuentro será el Parque de Aserrí a las 7:45 horas. El recorrido incluirá los distritos de Mercedes, Lourdes, Cedral, Tarbaca, bosque del Lobo, finalizando en el punto de partida.

La actividad tendrá una duración aproximada de tres horas y requiere un rendimiento físico del 85%.

El costo de participación es de 8.000 colones e incluye guía acreditado, almuerzo al finalizar el evento y un recuerdo. Para reservar es necesario comunicarse al teléfono 71894252 y realizar un depósito del 50% del monto.

La iniciativa busca que la población conozca las bellezas y atractivos naturales de Costa Rica.

Academia Nacional de Medicina ofrece conferencia virtual sobre consciencia

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica invita a la ciudadanía a participar en la conferencia virtual titulada «¿Qué es la consciencia?», que será impartida por el Dr. Orlando Quesada Vargas, miembro fundador y honorario de ACANAMED.

La actividad se realizará el jueves 8 de mayo de 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) a través de la plataforma Zoom y también será transmitida en vivo por Facebook.

Para asistir, las personas interesadas deben confirmar su participación al correo-e info@acanamed.com o llamar al número telefónico 2296-7615 para recibir el enlace correspondiente. El cupo para esta actividad es limitado.

La conferencia cuenta con aval académico de un crédito de recertificación médica para profesionales en medicina incorporados que se inscriban previamente.

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica fue fundada en 1996 y continúa ofreciendo espacios para la actualización y formación profesional en el área de la salud.