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La Universidad Técnica Nacional (UTN) se suma al rechazo a la reforma al reglamento de agua potable

  • Reafirma su compromiso con la defensa del recurso hídrico y la salud pública.

  •  Insta a la revisión exhaustiva de los alcances del decreto antes de su eventual aprobación.

  • Propone acción inmediata para eliminar fuentes contaminantes.

La UTN se suma al conjunto de instituciones académicas, técnicas y sociales que cuestionan la reforma del Decreto Ejecutivo No. 38924-S, “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”. Esta universidad basa su criterio en el análisis realizado por la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Hídricos (IMRH), concluyendo que la modificación del reglamento presenta “riesgos significativos en cuanto a la flexibilización de los estándares de calidad del agua potable”.

Específicamente, aseguran que con la sustitución del término “Valor Máximo Admisible (VMA)” por “Valor de Alerta (VA)”, se podría “comprometer la salud pública y la protección ambiental, especialmente debido a la falta de datos técnicos y metodologías de evaluación de riesgos adecuadas que respalden el ajuste propuesto”.

Ante esta situación, la UTN considera fundamental “mantener los parámetros actuales de calidad del agua potable, implementar metodologías de evaluación de riesgos basadas en análisis rigurosos, fortalecer el monitoreo continuo de las fuentes de agua y garantizar su protección mediante controles más estrictos. Asimismo, se enfatiza la importancia de asignar responsabilidades claras sobre la evaluación de riesgos para evitar que los costos recaigan sobre los usuarios del servicio”.

Esta última preocupación sobre los costos de estas evaluaciones también fue advertida por la ARESEP, que señaló que las modificaciones al reglamento “impactarían las tarifas al incluir nuevos costos”.

El criterio experto del IMRH de la UTN considera que, al flexibilizar parámetros que protegen la salud pública, “se tendría como consecuencia una mayor contaminación en fuentes de agua y un posible aumento de enfermedades relacionadas con la falta de agua potable de calidad, además de una repercusión económica por la atención de pacientes y acciones de protección de los recursos naturales del país”.

Además, considera que no se cuentan con datos, registros y metodologías de evaluación del riesgo que permitan presentar una propuesta robusta para la modificación de dicho decreto.

Con ánimo propositivo, plantea soluciones como: mantener el “Valor Máximo Admisible”, implementar metodologías de evaluación de riesgos más integrales, fortalecer el monitoreo continuo y que la responsabilidad sobre los costos de las evaluaciones de riesgos sea compartida.

También propone como acción inmediata para eliminar fuentes contaminantes el cumplimiento de la legislación vigente, que establece que se deben eliminar los cultivos que contaminan las fuentes y que, además, se debe respetar un radio de 200 metros alrededor de la fuente, ya que considera que “la aplicación de la legislación incrementa el riesgo de exposición a químicos peligrosos”.

Finalmente, enlista otra serie de medidas de carácter inmediato que se consideran necesarias para reforzar:

  • Resguardo de las áreas de protección de fuentes de agua.

  • Fortalecimiento de programas de capacitación y concientización de los productores.

  • Elaboración de estudios hidrogeológicos.

  • Destinar recursos económicos para que las ASADAS puedan mejorar su funcionamiento.

  • Fortalecimiento de los programas de vigilancia y monitoreo continuo.

  • Realización de un mayor monitoreo y fiscalización del uso de plaguicidas.

  • Incluir programas de capacitación y actualización continua para profesionales.

  • Buscar propuestas con nuevas tecnologías que faciliten un monitoreo más preciso.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa.

La ira del Chaves con la UCCAEP

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

CON escoba prestada, el Chaves barrió, a los que llamó «asquerosos», por haber corregido el camino que seguía la Junta Directiva de la CCSS, que le permitía bloquear, con indebida injerencia política, (desde los tiempos de Marta Esquivel) la construcción del urgentísimo, hospital para Cartago y la zona de Los Santos.

En virtud de que ahora privarán criterios técnicos, ¡como corresponde a la institución autónoma!, lanzó escupitajos virtuales, hacia los que no obedecieron sus deseos, no dejando «santo con cabeza». Para él, la antes amada UCCAEP, ahora no es de fiar, son unos corruptos, no representan a nadie, está manejada por el Partido Liberación Nacional, hay que quitarle los representantes en la Junta Directiva de la Caja y en otras instituciones, mediante un supuesto proyecto de ley, sentenció, en palabras que no es conveniente repetir.

Resulta que, aunque él, quizá por casualidad, sí conoce, cuáles cámaras, federaciones, asociaciones…, se reúnen bajo el paraguas formal de la “Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado” (UCCAEP) es oportuno que nosotros lo recordemos, para tener una mejor idea de la magnitud de la organización calumniada, de hacia dónde lanzó, uno de sus últimos y más duros ataques, de los usuales en el montado show de media semana.

Advertimos que la lista no es pequeña. ¡Veamos!

Algunas de las cámaras representadas en la UCCAEP, son las siguientes: Alianza Empresarial para el Comercio Seguro – BASC Costa Rica – Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que reúne a todos los bancos, públicos y privados. – Asociación Costarricense de Agencias de Carga y Logística (ACACIA) – Asociación Costarricense de Escuelas y Facultades de Medicina (ACOFEMED) – Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Electricidad (ACOGRACE) – Asociación Costarricense de la Industria del Plástico (ACIPLAST) – Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) – Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) – Asociación de Empresarios Colombianos en Costa Rica (AECOL) – Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) – Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA) – Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) – Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textil (ANEIT) – Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CCCBR) – Cámara Costarricense de Empresas de Factoreo – Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) – Cámara Costarricense de Importadores de Graneles (CACIGRA) – Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) – Cámara Costarricense de la Salud (PROMED) – Cámara Costarricense de Porcicultores (CAPORC) – Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) -Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (CCTU) – Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AMCHAM) – Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX) – Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería – Cámara de Empresarios del Combustible – Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) – Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM) – Cámara Costarricense de Médicos y Cirujanos – Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles de Costa Rica (CAPROBI) – Cámara de Publicidad Exterior (CAPEX) – Cámara Forestal Madera e Industria de Costa Rica – Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) – Cámara Costarricense de Navieros (NAVE) – Cámara Nacional de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) – Cámara Nacional de Azucareros – Cámara Marina de Bananeros (CANABA) – Cámara Nacional de Cafetaleros (CAMCAFE) – Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines (CANACODEA) – Cámara Nacional de la Educación Privada (CANAEP) – Cámara Nacional de Procesadores y Tostadores de Café – Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) – Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA) – Cámara Nacional de Transportes de Carga (CANATRAC) – Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) – Comunidad de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica – Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI) – Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (FEDEFARMA) – Federación de Cámaras del Caribe h(FEDECARIBE) – Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (UNIRE) – Federación Nacional de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales (FEDECÁMARAS).

Esta información nos permite concluir, que, mediante sus representas, y acuerdos que regularmente se hacen públicos, la UCCAEP satisface plenamente la Ley Orgánica de la CCSS, en lo relativo a la representación patronal… aunque el Chaves afirme que no, y que él tiene una mejor idea. Cosa que, por los antecedentes, dudamos que sea así.

Ciudadanos: Pretenden estafarnos con precios más altos

Gerardo Fumero Paniagua

El ICE Telecomunicaciones cuenta hoy con 200 radio bases Huawei para el servicio 4G, con lo cual bastaría solicitar una licencia a esa fábrica y hacer algunos ajustes en los equipos, para brindar servicios 5G. De esta forma se aprovecharía una inversión de unos 200 millones de dólares que el país ha venido haciendo para el desarrollo de la red 4G que hoy tenemos.

Aprovechar esa infraestructura para implementar 5G, aunque con algunas limitaciones, evitaría cambiar todos los equipos en operación, lo que sería mucho más rápido de implementar y, sobre todo, requeriría una ínfima parte de la inversión que conllevaría una nueva plataforma. Esta alternativa ha sido utilizada en muchos otros países y constituye la evolución lógica y natural para aprovechar al máximo las inversiones ya realizadas y buscar el máximo provecho y rentabilidad del negocio.

Tal solución ha sido recomendada por todas las dependencias del ICE -relacionadas con el tema-, por ejemplo, la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Telecomunicaciones. Pero en vez de atender los criterios técnicos, el presidente ejecutivo del ICE, Ing. Marco Acuña, -puesto ahí para hacer ejecutar la voluntad del presidente Rodrigo Chaves en el ICE-, despidió al Gerente de Telecomunicaciones que hizo la recomendación, Ing. Luis Diego Abarca, el 29 de mayo del 2024.

En su lugar, el ICE y Radiográfica Costarricense S. A., Racsa, en un contubernio para complacer al gobierno y olvidándose de los costos y la rentabilidad del negocio, planean implementar una solución que saldría un 400% más cara, que la opción más barata de la licitación emitida en agosto de 2024 para estos mismos fines, hoy suspendida.

La opción de Racsa propone alquilar al ICE los equipos que compraría, para que este pueda brindar el servicio 5G a 600 mil usuarios, en la banda de 3.5 GHz. Según el ingeniero Carlos Stradi, del ICE: “Con esta contratación se está llevando al ICE a realizar una inversión doble en redes 4G/5G, condición que impactará negativamente la rentabilidad del negocio de telecomunicaciones y su competitividad. Además, esta ‘iniciativa’ tomará su tiempo para implementarla y, mientras tanto, la competencia ya tiene lista su salida masiva en 5G en el cortísimo plazo”.

Según Stradi, “… la solución de Racsa amarra al ICE a un contrato de 10 años, como mínimo, con un costo mensual de $539.205. Al final del contrato, el ICE pagaría un total de $64,7 millones por el alquiler de los equipos, al menos un 404,17% más caro que la solución a través de Huawei”.

En adición, la solución de Racsa implicaría un menor alcance que con las bandas de frecuencias en propiedad del ICE, que no se podrían utilizar en este caso y solo tendría el potencial de servir a unos 600 mil usuarios móviles, mientras que la implementación propia del ICE podría servir a 1,8 millones de usuarios.

Costarricenses, de nuevo, un puñado de bribones pretenden encarecer los precios de los servicios celulares del ICE, para complacer intereses extranjeros y obtener millonarias comisiones, comprando equipos 4 veces más caros. Lo cual, aunado al proyecto de ley No. 23414, Ley de Armonización Eléctrica, -actualmente se discute en la Asamblea Legislativa-, que también encarecería enormemente los precios de la energía eléctrica, terminaría de agravar la condición ya deteriorada del resto de los servicios públicos de este país: salud, educación y seguridad.

Defensoría convocó a directoras/es de hospitales

Debido al impacto que tiene la renuncia de especialistas en la atención de las personas y en seguimiento a esta problemática, la Defensoría de los Habitantes convocó a los y las directoras de seis hospitales del país, en aras de conocer las medidas implementadas y evaluar, además, la situación en relación con la saturación en los servicios de emergencias.

La sesión de trabajo se programó para este lunes 10 de marzo con la presencia de la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, el director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez Herrera, el director del Hospital de las Mujeres, José Miguel Villalobos Brenes, la directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Milena Bolaños Sánchez, la directora del Hospital Calderón Guardia, Tania Jiménez Umaña, la directora del Hospital San Juan de Dios, María Eugenia Villalta Bonilla y el director del Hospital México, Douglas Montero Chacón.

En este contexto, la Defensoría de los Habitantes ha recibido denuncias sobre la evidente saturación en varios centros médicos y ha emitido recomendaciones a la CCSS para atender esta problemática ante la falta de mayor infraestructura, dotación de personal y la urgente necesidad de fortalecer el primer nivel de atención.

En el encuentro con autoridades de los hospitales se abordará la situación puntual de la renuncia de los médicos especialistas, así como las medidas de contingencia implementadas para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Llamado desde la Liga Cívica Nacional:

1) Alertamos a la ciudadanía de las afectaciones del proyecto de «armonización» al exitoso modelo eléctrico costarricense.

2) Expresamos nuestra preocupación que incluyan el expediente 23.414 con una vía rápida como parte de las componendas para elegir el próximo directorio legislativo.

3) Llamamos al movimiento social a tomar postura y organizarse.

Por favor comparta este video y espere nuestro siguiente comunicado . . . seguiremos informando.

Liga Cívica Nacional.

OMERCON “Es un despropósito el Fondo de Inversión en Bitcoin lanzado por el BNCR”

Comunicado del Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON)

Los bancos del Estado no tienen como objetivo promover inversiones de altísimo riesgo, ni inducir a estas apuestas a la población.

El Banco Nacional de Costa Rica, informó que lanzó un “Fondo de Inversión en Bitcoin”, noticia que nos llena de consternación, ya que los bancos del Estado son instituciones para el desarrollo de actividades productivas, creadoras de riqueza, jamás entes para promover los juegos de apuestas de dudosa reputación.

Que los capitales privados quieran apostar a juegos de azar, apuestas peligrosas y opacas, es aceptable, siempre que estén dentro de la legalidad, pero que un banco público, con garantía del Estado, con un marco normativo para apoyar el desarrollo de actividades creadoras de riqueza, pierda el objetivo y que a la ligera promueva y sustente este tipo de actividades, en extremo riesgosas, es una muestra de que su Junta Directiva y élite gerencial ha perdido el rumbo.

Hasta hoy los bancos del Estado son los máximos impulsores de la bancarización de Costa Rica, en cada distrito y caserío encontramos sus oficinas y los intereses promedios de sus carteras son los más bajos del sistema financiero y aún tienen un enfoque más hacia a la producción y a las pymes, y por eso en OMERCON los defendemos y apoyamos.

Aún más, quisiéramos que se perfeccionen como bancos de desarrollo, no como entes de especulación y promotores de esquemas de “inversiones cuestionables”. Y estamos claros en que se requiere mucha más competencia real en el mercado financiero costarricense, para aumentar la oferta de productos financieros y bajar los exagerados costos que persisten, cosa que todavía no se da.

Para ejemplificar del riesgo que implica la aventura de los Fondos en Bitcoin, veamos la variabilidad del valor de este disque “activo”: en diciembre 2021 un Bitcoin valía US$ 65.100, luego, en enero del 2023, cayó a US$16.700, con una pérdida del 75% del valor y, para enero del 2025, por el contrario, había llegado a US$101.000. Esta altísima variabilidad ha llevado a que muchas “empresas financieras” relacionadas con negocios de “fondos” en criptomonedas se han declarado en bancarrota recientemente, solo citamos algunas: Core Scientific, FTX, BlockFi, Three Arrows Capital y Génesis. Todas ellas con pérdidas multimillonarias para los depositantes que, atraídos por supuestamente un casino de juegos de ganar – ganar, debieron afrontar la bancarrota y la pérdida de los ahorros de toda la vida, perjudicando a miles de personas incautas. ¡No podría estar bien promover semejante riesgo desde un banco del Estado costarricense!

Puede seguir las actividades de OMERCON y ser parte siguiendo este enlace: https://www.facebook.com/share/15t7opybR9/?mibextid=wwXIfr

Defensoría: Controles deben ser claros en concesión de Puerto Caldera

La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación, la cual tuvo como objetivo atender las disconformidades que reclaman los usuarios de los servicios que actualmente brinda el concesionario de Puerto Caldera.

En el marco de dicha investigación, se logró determinar que la Contraloría General de la República habría emitido el Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, en el que se abordó el tema de la ausencia de controles en cuanto a los montos invertidos en mantenimiento en la infraestructura y equipos que administra la concesionaria, lo que ha generado un impacto directo sobre el servicio que se brinda por dicha empresa; situación que sin lugar a dudas, tendrá efectos de cara a la terminación del contrato en el año 2026 y las obligaciones contractuales al momento de entrega de dichos bienes y equipos, por parte del Concesionario.

En el marco de las diferencias de criterio que se suscitan entre el INCOP y la Contraloría General de la República, en torno a los montos de mantenimiento al momento de la finalización de la concesión, el INCOP suscribe en solitario un Acuerdo Conciliatorio, del cual quedó demostrado que el MOPT nunca estuvo en conocimiento, a pesar de que es una competencia propia de la Administración Concedente y no única del INCOP, dados los efectos en la recepción final de los bienes y equipos, que actualmente administra. Adicionalmente, del texto del Acuerdo se determinaron roces con las competencias de la ARESEP en materia de tarifas, que nunca fueron analizadas.

En este sentido, a lo largo de la investigación y para el actual contrato de concesión, la Defensoría ha advertido la importancia de ahondar en la diferenciación que existe entre las funciones del INCOP y de la Administración Concedente que, para efectos jurídicos, esta Defensoría considera distan de lo que se ha señalado por las autoridades del INCOP y el MOPT como una “mera coordinación”.

Esta advertencia toma mayor relevancia en el marco de proceso de licitación Mayor No. 2024-LY-CAL-000001-INCOP, a efectos de evitar inconvenientes futuros como los que evidenció la CGR en su informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, a escasos meses de su finalización y en donde de conformidad con el mismo documento de licitación, contará con una Administración Concedente conformada por el Poder Ejecutivo, entendido este por el Presidente de la República, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Ministro de Hacienda y aunque el documento señale estarán representados por el INCOP, se debe recordar que la delegación no transfiere responsabilidad.

En este sentido, en el marco de su magistratura de influencia, en diciembre anterior la Defensoría hizo ver al MOPT que debe existir normativa que establezca los criterios de competencia, como sucede con el caso de la Terminal de Puertos de APM, en lo que la propia Contraloría General ha denominado “Administración Concedente Compleja”; posición que fue rechazada por parte del entonces jerarca del MOPT al reiterar “las actuaciones son atinentes y corresponden exclusivamente al INCOP”.

Ante el rechazo de las solicitudes planteadas tanto al MOPT como al INCOP, corresponde elevar el presente asunto ante el órgano competente y dado que la investigación se enmarcó en el ámbito de la Contratación Administrativa, corresponderá a la Contraloría General de la República determinar si existe mérito para continuar con la investigación, todo ello al amparo del proceso de seguimiento del Informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021 y las posiciones expuestas por esta Defensoría en la presente investigación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría observa condiciones de migrantes en centro de atención fronterizo

En un informe reciente, la Defensoría de los Habitantes reveló las condiciones y preocupaciones de migrantes, principalmente venezolanos, alojados en el Centro de Atención para Personas Migrantes (CATEM-Sur) en la frontera sur de Costa Rica.

El documento detalla la situación de aproximadamente 200 personas deportadas desde Estados Unidos y migrantes en tránsito que buscan retornar a sus países de origen, principalmente Venezuela, Colombia y Perú.

Condiciones de alojamiento

La Defensoría identificó varios aspectos críticos en la infraestructura del centro. Los migrantes reportaron:

Traslado de espacios individuales a áreas comunes con catres sin colchonetas

Problemas de calor extremo que provocan incomodidad y afecciones en la piel

Agua con fuerte sabor a cloro que genera problemas estomacales

Preocupaciones principales

Entre las principales inquietudes de las personas migrantes se encuentran:

Limitaciones económicas para continuar su viaje hacia Panamá

Necesidad de pagar $60 por un boleto de autobús

Incertidumbre sobre el procedimiento migratorio

Recomendaciones de la Defensoría

La institución destacó varios puntos para mejorar la atención:

Garantizar espacios de información claros para las personas migrantes

Asegurar la presencia permanente de instituciones como CONAPAM y PANI

Verificar que ninguna personas migrante sea sometida a tratos crueles al retornar

Situación específica

El informe incluye casos particulares, como familias de Afganistán e Irán que, al momento del reporte, no habían sido entrevistadas debido a la falta de traductores.

A pesar de los desafíos, los migrantes manifestaron sentirse seguros y recibir un trato respetuoso por parte de las autoridades migratorias, reconociendo condiciones de higiene óptimas en el centro.

La Defensoría continúa monitoreando la situación para garantizar el respeto a los derechos de las personas migrantes en tránsito.

Imagen: Semanario Universidad.

Pronunciamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura: caso deportaciones EUA

Privación de libertad de facto, refugio y afectación a los DDHH. Consideraciones preliminares sobre la situación de las personas deportadas desde EEUU y alojadas en el CATEM

Durante las dos semanas previas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) hizo una inspección al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM-sur) y monitoreó la llegada al Aeropuerto Juan Santamaría, de los dos vuelos que transportaban las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, quienes fueron oficialmente recibidos por el gobierno costarricense.

Buenas prácticas encontradas

En estas inspecciones se constató que el CATEM realiza prácticas valiosas de resguardo de Derechos Humanos (DDHH), al tener mesas de articulación entre instituciones gubernamentales y organismos como OIM, ACNUR, HIAS, PANI, CADENA, entre otros. Esto promueve el acceso al derecho a la solicitud de refugio, el derecho a la salud (con profesionales en medicina y psicología), mecanismos de protección a las poblaciones con requerimientos especiales (menores de edad, adultas mayores, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad, etc.), derecho a la información (con presencia de intérpretes), derecho a condiciones dignas (trato, higiene, agua potable, alimentación nutritiva, alojamiento).

Si bien, las estructuras previas de funcionamiento del CATEM posibilitan orientar estos posibles accesos a derechos, es muy relevante continuar la práctica democrática de monitoreo periódico con entes externos que verifiquen su efectividad. Asimismo, a pesar de estas buenas prácticas, para el MNPT hay al menos cuatro aspectos que son de crucial preocupación.

La privación de libertad de facto en el CATEM

En el derecho internacional se considera privación de libertad de facto si a las personas migrantes se les restringe su libertad de circulación afuera del lugar de ubicación, sin una base legal con causal legítima (por ejemplo, sin haber cometido un delito penalizado por el ordenamiento jurídico, o sin medida cautelar de aprehensión, como es el caso de estas personas); si no hay acceso a revisión judicial efectiva; si las condiciones son similares a una detención formal y no pueden salir por su propia voluntad y consentimiento (hay vigilancia, prohibición de salida, coerción); si no se usan alternativas menos restrictivas. Es una privación de libertad a pesar de que se usen nombres como “retención temporal”, “atención transitoria”, “alojamiento humanitario”. Hay que recordar que estas personas son deportadas forzadamente desde EEUU, sin su voluntad.

Costa Rica es firmante de convenios internacionales que protegen de este tipo de actos de riesgo para los DDHH, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protege contra las detenciones arbitrarias; la Convención sobre los Derechos del Niño contra la detención arbitraria, su uso como último recurso y por el menor tiempo posible; los Principios y Directrices de la ONU sobre los Derechos Humanos en la Frontera Internacional y la Opinión Consultiva OC-21/14 de la CIDH sobre la excepcionalidad y proporcionalidad de la detención, así como que no sea sistemática; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares con respecto a la libertad, seguridad personal, detención con debido proceso; las Directrices de la ONU sobre Detención de Migrantes y Alternativas a la Detención sobre la priorización de alternativas a la privación de libertad para evitar su criminalización.

Inquietud por el acceso efectivo a la solicitud de refugio

La situación administrativa de estas personas no ha tenido mucha claridad oficial. Por un lado, las autoridades han reiterado el compromiso oficial de trasladar a un tercer país a la totalidad de las 200 personas en un lapso corto de tiempo, pero, por otro lado, también Costa Rica debe recibir los casos de solicitud de refugio. Así, es sumamente relevante la garantía de aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el resguardo de su principio de no devolución cuando las personas reporten el riesgo a su integridad personal en el posible país de destino, por lo podrían quedar en Costa Rica con incertidumbre.

Tratos diferenciados con otros tipos de flujos de movilidad mixta

Al crearse una categoría distinta a otros perfiles de personas de movilidad mixta presentes en el CATEM (en su mayoría personas venezolanas en la coyuntura de flujo de vuelta al sur), se corre riesgo de dar un trato diferenciado que se perciba como una mejor atención a las 200 personas deportadas con respecto a los cientos de personas en otras condiciones de movilidad, en aspectos como más posibilidad de días de estancia, mejores condiciones de alojamiento, de calidad de la alimentación, de acceso a salud u otros.

Sobre indicios de posibles tratos inadecuados recibidos en la deportación previa

En las entrevistas con varias personas deportadas, expresaron que, en la detención, la retención y el traslado previo a Costa Rica, aparentemente recibieron en EEUU tratos como el uso de grilletes en manos, caderas y pies; la desinformación sobre las razones de la detención y el traslado; desinformación sobre el país de tránsito (Costa Rica) y el posible país destino final; desinformación sobre la temporalidad de las detenciones; inadecuada alimentación y condiciones de alojamiento; trato grosero; detención por periodos de varios días; retención de documentos de identidad y pertenencias, entre otros reportes.

Como efectos psicosociales de estos tratos, expresaron la incertidumbre de la desinformación; la ansiedad particular presentada en la gran cantidad de personas menores de edad pertenecientes al grupo; la sensación de ser tratadas como “criminales” que han cometido delitos; el desánimo y la desesperación sobre el futuro; así como se constató lesiones en muñecas y tobillos por el uso prolongado de grilletes.

Estos indicios preliminares requieren profundizar la posibilidad de que se hayan realizado previamente tratos inadecuados para los estándares del derecho internacional migratorio, vigilados por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como orientados en su indagación por el Protocolo de Estambul.

Estas consideraciones son muy relevantes para el MNPT como parte del seguimiento del legado de la lucha por sostener un Estado de Derecho con soberanía, democracia y respetuoso de los Derechos Humanos, ya que si esto no se cumple se corre el riesgo de ser un país que forma parte de las fallas en la garantía de derechos que se realizan en otros países.

Imagen: Semanario Universidad.

4 de marzo, Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano

Dra. Judith Jiménez Torrealba
Ginecóloga y Obstetra
Miembro de Número

Cáncer de Cérvix

Sigue siendo un problema de repercusión mundial; es un problema de peso en los sistemas de salud, no discrimina entre países de renta alta, media o baja. Esta afirmación no ha cambiado como quisiéramos; el resultado de los programas de vacunación los veremos más adelante.

  • El énfasis actual debe orientarse a la educación de la población meta. Las redes sociales que en la actualidad están disponibles casi de manera universal, podrían ser el instrumento para cumplir el objetivo.

  • El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el agente crítico para el desarrollo del cáncer de cérvix, detectado en el 99.7% de los casos. África Sub Sahariana tiene la más alta prevalencia global, duplica la prevalencia global ajustada.

  • Sin embargo se estima que el 10% de los individuos infectados desarrollarán lesiones precancerosas.

  • Aunque se han sugerido varios factores, aun es poco claro el por qué el virus se “aclara” versus “persiste” en diferentes individuos.

  • Existen alrededor de 40 serotipos que infectan a los genitales en el humano, 15 de ellos son reconocidos oncogénicos (causantes del cáncer). Los serotipos 16 y 18 son responsables del 70% de todos los cánceres. Involucrado en el 90% de los casos de cáncer de ano, 50% de garganta, pene, vagina y vulva.

¿Qué enseñarles a las pacientes?

  1. El cáncer de cuello uterino, ¿puede ser diagnosticado de manera temprana?

  • Los chequeos ginecológicos regulares constituyen la mejor estrategia para el diagnóstico temprano.

  • Las pruebas para realizar la pesquisa son el Pap (abreviatura de Papanicolaou, creador de la prueba) o la prueba para el VPH (virus del papiloma humano.)

  • Pueden ser realizados solas o en conjunto.

  • Los tamizajes acordes con los programas de salud han demostrado la prevención de los canceres y la salvación de las pacientes.

  • Lo mas importante que debe recordar es la regularidad de las pruebas, no importa cual método se utiliza.

2. ¿Necesito un examen físico completo?

  • Sí.

  • Su médico o proveedor del servicio le hará un interrogatorio sobre sus antecedentes personales y familiares; esto incluye la información relacionada con los factores de riesgo y síntomas que hagan sospechar una lesión en el cuello uterino.

  • En esta visita se le tomará la muestra para el Pap o VPH.

3. ¿Hay algún síntoma que me debe preocupar?

  • Las mujeres con cáncer del cuello del útero o lesiones precancerosas, por lo general, no tienen síntomas.

  • Si los presentan, los mas frecuentes son:

  1. Sangrado vaginal anormal, sangrado con las relaciones sexuales, sangrado después de la menopausia (un año o más después de su última regla).

  2. Flujo vaginal (secreción vaginal) que puede ser sanguinolento y se presenta sin ninguna relación con su regla.

  3. Dolor con relaciones sexuales

  4. Dolor pélvico.

  • Estas molestias (signos y síntomas) pueden ser causados por otras enfermedades diferentes al cáncer de cuello uterino, sin embargo, si usted presenta alguno de ellos acuda a su centro de salud. El ignorarlos puede permitir que el cáncer crezca y disminuyan su posibilidad de un tratamiento exitoso.

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo?

  • Relacionados con el Virus del Papiloma Humano:

  1. Inicio de actividad sexual a edades tempranas (doble riesgo en jóvenes que inician relaciones sexuales antes de los 18 años en comparación con las que las postergan hasta los 21 años).

  2. Múltiples parejas sexuales.

  3. Primer embarazo antes de los 21 años, más de 3 embarazos.

  4. Historia de enfermedades de transmisión sexual.

  5. Antecedente de lesiones cervicales de alto grado

  6. Inmunosupresión.

  • No relacionados con el VPH

  1. Falta de tamizaje.
  2. Nivel socioeconómico bajo, disparidad en cuanto a los programas de vigilancia de la salud reproductiva.
  3. Tabaquismo

5. ¿Cuáles son las estrategias actuales?

  • Pap solo (citología vaginal) en base líquida.

  • VPH prueba refleja. Si la citología tiene un resultado anómalo, de manera automática se puede realizar el estudio por VPH.

  • Cotesting, se realizan ambas pruebas en simultaneo.

  • VPH, como estrategia inicial. Se realiza cada 5 años.

6. ¿Hay forma de prevenir?

  • Vacunación

  1. Hombres y mujeres 11-12 años; puede iniciarse a los 9 años.

  2. Número de dosis

  3. Grupos especiales

  4. Otras edades