Desde la Fundación Pedagógica Nuestramérica se realiza la invitación a la tertulia en modalidad presencial sobre el programa “Envejecer es un arte”, en donde se desarrollará el tema: “Las zonas azules en Costa Rica”.
Este se realizará el miércoles 30 de octubre, de 2:00 pm a 3:30 pm. El lugar será: Café Green Roast. Se contará con la participación de la señora Ángela Ulibarri, asimismo con la colaboración de Anne Robert y Fabiola Bernal del curso: “El arte de envejecer con gracia”.
El lugar se encuentra en Barrio Escalante, 230 metros Este y 15 Norte del Farolito.
Para reservaciones contactar a la Fundación Nuestramérica al número: 8930-6612 o a Café Green Roast al número: 8899-0420
Este jueves 31 de octubre a las 7:00 p.m. se estará llevando a cabo vía Zoom la conferencia virtual “Premio Nobel en Fisiología o Medicina 2024”, impartida por el Dr. Oscar Porras Madrigal.
Esta conferencia es convocada por la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, y se puede confirmar la asistencia al correo info@acanamed.com, o al 2296-7615, para el envío del enlace, ya que el cupo es limitado.
Les informamos de este interesante espacio para aquellas personas que deseen enterarse de lo último en medicina y fisiología.
En su Venezuela natal, Lisbeth miraba con preocupación su presente, el entorno que le rodeaba a ella y a su familia y lo que podría ocurrir a futuro. De repente, sus hijos asistían solo tres días por semana a la escuela; el agua y otros servicios esenciales escaseaban y el trabajo en su salón de belleza comenzó a verse afectado.
Con tres hijos (hoy de 22, 15 y 10 años), que dependían de ella y de su esposo, comprendieron que quedarse allí era inviable. Hace siete años fue él quien primero tomó la decisión de dejar su país y arribar a Costa Rica en busca de nuevas oportunidades.
Luego, fue ella, un año después, con sus dos hijos menores, quien empacó maletas. La familia por fin volvió a reunirse. “Este es un hermoso país, de muchas oportunidades, que nos ha abierto las puertas”.
El pasado 9 de octubre, Lisbeth Manjarrez tuvo su más reciente episodio de esa apertura, a la que hace referencia, en la Universidad Nacional (UNA). Por medio de un proyecto de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información (EBDI) y de la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez Brenes, con apoyo de la organización HIAS, se realizó un curso sobre manejo de Excel y de redes sociales aplicado a emprendedoras, de la que formaron parte mujeres en condición migratoria y madres de familia, como es el caso de Lisbeth.
La tarde de ese 9 de octubre, fue la graduación. En total, 10 mujeres recibieron el certificado, en las instalaciones de la Biblioteca infantil. Fue una fiesta total que combinó el último de los talleres del curso (que iniciaron el 4 de setiembre), con el acto de graduación, en compañía de sus hijos e hijas, otros familiares, los capacitadores, además de un arroz con pollo, queque y café. Afuera llovía torrencialmente, pero adentro, la algarabía era plena.
Se movieron sillas, mesas y estantes y se abrió un espacio para que el nombre de cada una de ellas fuera mencionado y pasara al frente a recoger su certificado. Los nombres de Luz Elena, Belkis, Gladys, María, Maritza, entre otras graduadas, se fueron sumando, como el corolario de un esfuerzo importante que la hacía distribuir su tiempo entre estudiar, trabajar y ver por sus familias.
Sharon Ugalde, coordinadora de la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez, estuvo en primera fila de todo este proceso de enseñanza y capacitación, y reconoció el esfuerzo de cada una de ellas. Recordó que HIAS, que trabaja con personas refugiadas, identificó a un grupo de mujeres de la provincia de Heredia que habían empezado con un emprendimiento.
Fue así como elaboraron un plan de negocios para cada caso. “En ese contexto nos solicitaron apoyo en capacitación sobre temas que se les puede apoyar, de manera que gestionen sus emprendimientos de mejor manera. Se coordinó con la Escuela de Bibliotecología y organizamos una capacitación de seis sesiones sobre temas como Excel, Word, Canva y redes sociales”, describió Ugalde.
Mientras ellas estaban en los talleres, se coordinó con estudiantes de cuarto año de la carrera de Bibliotecología, y como parte de sus prácticas profesionales, atendían a sus hijos e hijas.
Las capacitaciones fueron brindadas por Ademar Segura, académico de la EBDI, y por Freddy Oviedo y Magally Campos, informáticos de dicha Escuela. En la graduación también estuvieron presentes el director, Juan Pablo Corella y la subdirectora, Loireth Calvo.
Alzar vuelo
En el último taller, las estudiantes todavía daban retoques a los logos de sus emprendimientos, depuraban animaciones en formato de video para postear en sus redes sociales y pedían opinión a sus otras compañeras y al facilitador sobre aspectos que podían mejorar.
Las herramientas obtenidas serán un aliciente más que les permitan alzar vuelo, en su objetivo de posicionar su negocio en el mercado. “En la UNA la experiencia ha sido excelente, nos han apoyado desde el primer momento, todo lo que hemos aprendido es edificante y acertado, porque recordé algunas cosas que ya había conocido, pero se olvidaron y aprendí otras nuevas”, manifestó Lisbeth.
Sus esfuerzos por superarse, salir adelante y ser un ejemplo para sus hijos y dos nietos (de cinco y dos años) la llevaron a obtener financiamiento como capital semilla para reimpulsar su salón de belleza.
“Con lo que he aprendido aquí a nivel de mercadeo y aprovechamiento de las redes sociales estoy lista”, manifestó Monjarrez con orgullo. Esta vecina de San Pablo de Barva, en Heredia, se aprestaba ese fin de semana siguiente a su graduación, para abrir su emprendimiento llamado Coralina, como la piedra preciosa. Su sonrisa delataba su felicidad. De nuevo, encontró en este país y en la UNA, otra puerta abierta para seguir adelante.
Video:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
A piratas, como el inglés Francis Drake, que saqueó ciudades y asaltó buques en altamar, la reina les otorgaba un certificado, conocido como «patente de corso«, que les garantizaba impunidad por los crímenes que cometieran.
Así, cualquier delito, cualquier condena, era cubierto por el reino. Cinco siglos después, en el país «pura vida», un gobernante, con 50 demandas encima, ordenó comprar al Instituto Nacional de Seguros, una «patente de corso», a la tica.
La idea es que, con un carísimo seguro del INS, en caso de seguir incumpliendo las leyes, no tenga que preocuparse, si fuese condenado a pagar sumas millonarias, en ejecución de sentencias.
Dicha «patente», comprada en más de ¢248 millones, ¡pagada con plata del pueblo!, no solo sería una invitación a delinquir, sino que obligaría a la empresa de seguros a que, si Chaves y sus súbditos del gabinete, tuviesen que cancelar, por ejemplo, los mil millones de colones, pagados de más, para arreglar la pista de un aeropuerto, eso tendría que ser pagado por el pueblo, a través del INS.
¡Verdad que ni al pirata Drake se le habría ocurrido algo semejante!
Este es el titular que circula tanto en las redes sociales como en los principales medios de comunicación nacionales, retratando a los miembros del concejo municipal y al alcalde como los responsables de tal atrocidad e injusticia.
Ya sea que sean funcionarios públicos corruptos o no, el sistema jurídico vigente ha sido manipulado para permitirles o incluso obligarlos a cometer actos tan crueles en contra de sus propios vecinos.
En realidad, las comunidades costeras de Costa Rica enfrentan un destino sombrío debido a las nuevas leyes y reglamentos de la zona marítimo terrestre que han sido promulgados en la última década.
Estas normativas han sido diseñadas para crear divisiones entre los habitantes de las regiones costeras, lo que ha llevado a la mayoría de los pueblos costeros a caer en una trampa.
Una de las leyes obliga a los gobiernos locales a desarrollar e implementar un plan de manejo de la zona marítimo terrestre conocido como Plan Regulador Costero (Ley 9242 de 2014). A simple vista, esta norma parece ser una repetición de lo establecido en la Ley 6043 sobre ZMT de 1977.
Sin embargo, la nueva normativa exige que el Plan Regulador se elabore y se implemente de acuerdo con las directrices establecidas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Ese es el problema de fondo.
El enfoque principal de este nuevo manual del ICT es el desalojo y demolición de edificaciones en la ZMT que no cumplen con la política y visión de desarrollo turístico costero establecida por esta entidad pública.
Lo anterior pone a las Municipalidades, cuyo deber es proteger los intereses de sus representados, en una posición incómoda al tener que llevar a cabo desalojos y demoliciones que no benefician a los habitantes de sus distritos costeros.
En su mayoría, la situación contradictoria en la que se encuentran atrapados actualmente los municipios de las regiones costeras es en gran medida un legado de administraciones anteriores que se alinearon con las políticas de las administraciones del gobierno nacional en el poder en busca de beneficios políticos personales.
Este fenómeno se rige por una regla no escrita conocida como «la línea del partido», donde aquellos que no siguen la línea son marginados.
Por lo tanto, nuestra tarea inmediata como comunidad es encontrar la manera de desvincular a nuestros representantes en el gobierno local y unirnos en la lucha por el bienestar de los habitantes costeros del distrito de Cahuita, cantón de Talamanca.
Así como la política de desarrollo turístico costero del ICT (que implica desalojar y demoler las construcciones existentes en la ZMT) no hace distinciones basadas en la etnia, afiliación política o credo religioso de los propietarios, de la misma manera la lucha para detenerla debe ser inclusiva. De lo contrario, sería extremadamente difícil superar este desafío.
El jueves 25 de octubre, en una sesión de trabajo con la Defensora de los Habitantes, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo continuó impulsando el proceso de consulta nacional para el Pacto Nacional por la Educación Pública.
Este encuentro reúne a importantes organizaciones estudiantiles, laborales y colegios profesionales, todos comprometidos con fortalecer y mejorar la educación en Costa Rica.
Por Mar Fournier P., docente e investigador de la Escuela de Psicología; coordinador de la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual
Actualmente se encuentra en la corriente legislativa el proyecto N.º 20.970, que propone la adición de varios artículos a la Ley General de Salud. Los nuevos artículos buscan garantizar que los servicios de salud se alineen con los estándares internacionales para una atención de calidad, respetuosa de los derechos humanos y respaldada por evidencia científica.
En esta línea, el proyecto propone la inclusión del Art. 35 bis., el cual establece:
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género desde su singularidad y libertad individual en atención a su salud física, mental y bienestar.
Queda prohibido realizar, impartir, aplicar, obligar o financiar tratamientos, terapias, servicios o prácticas que obstaculicen, restrinjan, impidan, menoscaben, anulen o supriman la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona (…)
Este tema no es nuevo en el país. En 2012, el Colegio de Profesionales en Psicología se pronunció advirtiendo que las orientaciones sexuales e identidades de género no pueden ser objeto de diagnóstico o tratamiento, prohibiendo así cualquier práctica de este tipo.
En 2015, el Ministerio de Salud aprobó las Directrices técnicas para la promoción y garantía del derecho a la salud de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersex en Costa Rica, que tienen como propósito que el Estado garantice y respete el acceso al ejercicio del derecho a la salud para estas poblaciones.
En 2016, se aprobó la Norma nacional para la atención en salud libre de estigma y discriminación para personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex y otros hombres que tienen sexo con hombres, que establece disposiciones para garantizar que los servicios de salud sean espacios seguros, libres de estigma y discriminación. Esta Norma estipula que los servicios de atención en salud deben brindarse desde un enfoque despatologizante de la diversidad de identidades, orientaciones y expresiones.
El enfoque de la despatologización implica reconocer que las orientaciones sexuales no heterosexuales y las identidades de género trans forman parte del espectro de la diversidad humana, y que no constituyen ningún tipo de enfermedad o trastorno físico o mental.
El proyecto N.º 20.970 busca fortalecer el marco normativo ya existente en el país, y así resguardar el derecho a la salud y la protección de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, asexuales y queer (LGBTIQA+).
¿Qué son las llamadas “terapias de conversión”?
El proyecto N.º 20.970 ha suscitado discusiones en la opinión pública por su intención de fortalecer la normativa que prohíbe en el país la aplicación de las llamadas “terapias de conversión”. El término “terapias de conversión” se utiliza para nombrar intervenciones que se basan en la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género de una persona pueden y deben diagnosticarse, tratarse o cambiarse.
Desde un enfoque de derechos humanos, este tipo de intervenciones resultan preocupantes pues vulneran la autodeterminación, el derecho a la identidad y la libertad de las personas LGBTIQA+, y refuerzan el estigma y la discriminación hacia estas poblaciones. Pero ¿qué indica la evidencia científica en el ámbito de la salud sobre las llamadas “terapias de conversión”?
Estas intervenciones, con frecuencia realizadas por profesionales de las ciencias médicas y la psicología, o bien, por personas que ofrecen servicios de consejería, han sido ampliamente cuestionadas a la luz de los resultados de estudios científicos. La Asociación Americana de Psicología (2009) revisó la eficacia de estas intervenciones a través de un análisis sistemático de los estudios producidos entre 1960 y 2007. En términos generales, señala que estos estudios no cumplen con los estándares básicos de una investigación científica, por lo que existen importantes cuestionamientos sobre la validez de los resultados y la posibilidad de generalizarlos.
Por ejemplo, los estudios presentan problemas de validez de constructo (no existe una definición clara y estandarizada de lo que se entiende por orientación sexual) y validez conclusiva (las inferencias sobre la relación entre las intervenciones y la supuesta modificación de la orientación sexual, no alcanzan los criterios mínimos para sostener análisis estadísticos confiables). Asimismo, presentan graves problemas en la conformación de la muestra: parten de muestras demasiado pequeñas o heterogéneas, y reportan proporciones de deserción de entre 35% a 75% lo cual resulta inaceptable dentro de los estándares de la investigación científica.
En resumen, no existe evidencia científica, confiable y robusta que permita afirmar que estas intervenciones reduzcan o modifiquen la atracción hacia personas del mismo sexo, o reconfiguren la identidad de género de una persona.
¿Por qué es importante erradicar este tipo de prácticas?
La débil fundamentación científica sobre este tipo de intervenciones ha llevado a instituciones rectoras en salud a pronunciarse en contra de las llamadas “terapias de conversión”. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psicología (2015), la Organización Panamericana de la Salud (2018) y el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (2019), señalan la inefectividad, los riesgos y los posibles efectos nocivos sobre la salud mental que provocan estas intervenciones.
En la actualidad, investigaciones científicas buscan documentar los posibles riesgos de este tipo de intervenciones. Przeworski, Peterson y Piedra (2020) presentan una revisión sistemática de la eficacia, efectos nocivos y problemáticas éticas de las intervenciones que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Concluyen que las llamadas “terapias de conversión” promueven prejuicios sobre la diversidad sexual, agravando las condiciones de discriminación social y la interiorización de ideas negativas sobre la homosexualidad y las identidades trans. Esto puede provocar afectaciones a la salud mental, como altos y persistentes niveles de ansiedad, baja autoestima, depresión, trastornos de la conducta alimenticia, abuso de sustancias, conductas de riesgo, conductas autolesivas y riesgo suicida.
Cabe señalar que estas condiciones no son intrínsecas a la diversidad sexual y de género, sino que son detonadas o exacerbadas por los sentimientos de miedo, culpa, vergüenza y desprecio que este tipo de intervenciones promueven de manera directa o indirecta con respecto a la diversidad sexual y de género. Las personas menores de edad resultan especialmente vulnerables, pues con frecuencia son sometidas contra su voluntad a las llamadas “terapias de conversión”.
Por el contrario, en el ámbito de la salud mental existe abundante evidencia científica que respalda la efectividad de las intervenciones dirigidas a la afirmación de la orientación sexual y la identidad género para reducir condiciones de angustia y ansiedad, prevenir conductas de riesgo y riesgo suicida, y para mejorar el bienestar general (Meyer 2003; Lev, 2009; APA, 2015). El proyecto N.º 20.970 también contempla este tipo de tratamientos, y procura incluirlos como parte de la atención en salud integral.
Promover un tratamiento cuya efectividad ha sido ampliamente cuestionada, y cuyos riesgos y efectos nocivos han sido documentados, constituye una estafa con un alto índice de peligrosidad. Es por esto que nuestra Universidad, comprometida con el resguardo y la protección de la salud y el bienestar, debe tomar una posición activa en la denuncia de este tipo de intervenciones que constituyen un riesgo para la población.
Asimismo, en consecuencia con su tradición científica, la Universidad debe velar por la aplicación de los más altos estándares de calidad en los servicios de atención en salud. El apoyo a iniciativas como el proyecto N.º 20.970 resulta fundamental para garantizar una atención en salud oportuna, con igualdad, equidad, calidad, calidez, seguridad, accesibilidad, e inclusión.
Mar Fournier P. Docente e investigador en la Escuela de Psicología y actualmente soy el coordinador de la Comisión Institucional para la Diversidad Sexual, UCR
El pasado 22 de octubre del 2024 se llevó a cabo la segunda parte de una entrevista, llevada a cabo por el programa Prisma Latinoamérica al historiador y analista político Vladimir de la Cruz, el cual habló sobre la institucionalidad costarricense. La conversación fue conducida por el sociólogo Miguel Sobrado.
En esta segunda parte, se habla sobre cómo se podría lograr que la riqueza del país se comparta entre todos, y que no sea el narco el que marque el camino del desarrollo. Enfatiza que hay un factor clave, y es la educación, y como esta debe ser modernizada, para acoplarse a un nuevo contexto, con nueva tecnología, y nuevos conocimientos.
También, se recalca la gravedad de la situación del cambio climático, como las nuevas generaciones se enfrentan a problemas graves del ambiente, los suelos por su degradación, los mares por su contaminación, al igual que el aire contaminado.
Vladimir de la Cruz habla sobre cómo los nuevos gobernantes buscan debilitar la institucionalidad pública, especialmente desde la educación, al negar el 8% constitucional a las universidades e instituciones educativas públicas, y reforzar la educación privada, con sistemas de becas.
Finalmente, se menciona como eso afecta a todos los niños y colegiales que les han quitado los subsidios de becas, los comedores, el transporte, y al trasladar estos fondos a la educación privada, se está abriendo una mayor brecha, haciendo que, junto con los programas de jornadas 4:3, y otros movimientos de este corte, se esté creando un marco para que personas que crecen sin oportunidades en educación, con cada vez más baja escolaridad, trabajen más, y sean más susceptibles a la manipulación social.
De nuevo extendemos una invitación a ver la entrevista completa, para aquellas personas que quieran saber más sobre la historia de Costa Rica y su institucionalidad a lo largo de los años.
Apelando a la buena voluntad y en marco de las posibilidades, el ANEP solicita el apoyo a la “Campaña Solidaria” que está siendo organizada por la Seccional ANEP-Diversidad, que consiste en la recolección de víveres y ropa en buen estado para beneficiar a una serie de organizaciones que trabajar con poblaciones vulnerables.
En la recepción de la organización ANEP hay una caja para que puedan ser colocadas las donaciones, como también pueden comunicarse con el compañero Deiby Porras para la recepción de las mismas al número 8997-7584.
Por otro lado, también se está realizando un trabajo de cara a identificar y levantar una base de datos de personas trabajadoras que estén afiliadas a la ANEP y pertenezcan a la comunidad LGBTIQA+, como parte de un proceso que incluya la diversidad.
Ante la escalada de violencia política contra las mujeres en Costa Rica: un llamado a la acción y a la protección de las mujeres en el espacio público.
Pronunciamiento.
En días recientes, las diputadas Sofía Guillén Pérez y Andrea Álvarez Marín fueron víctimas de violencia política y han denunciado amenazas contra su integridad física. Esto representa, no solo un ataque personal hacia ellas como mujeres, sino como funcionarias públicas en el ejercicio político. Dichos actos constituyen, además, una violación a la democracia costarricense. Este tipo de violencia política tiene como finalidad silenciar a las mujeres en el espacio público y perpetúa una cultura de intimidación y exclusión.
Desde el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, el Programa de interés Institucional en Violencia y Sociedad (PIVS), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) y el Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres (CIEM) de la Universidad de Costa Rica, condenamos enérgicamente las amenazas directas contra la vida de las diputadas.
Estos hechos reflejan un patrón alarmante de hostilidad que se ha intensificado en los últimos años, donde el espacio público, tanto físico como digital, se ha convertido en un campo de agresiones sistemáticas contra las mujeres que alzan su voz para defender los derechos humanos, cuestionar el poder y exigir transparencia en la gestión pública. Las amenazas contra las diputadas se inscriben en un contexto de creciente violencia simbólica y física que afecta de manera desproporcionada a las mujeres en la política. Este ataque a las diputadas representa además un agravio contra el derecho de todas las mujeres a participar plenamente en la vida política y social, sin temor a represalias o agresiones.
Exigimos a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas y efectivas para garantizar la seguridad de las diputadas y de todas las mujeres que se enfrentan a la violencia política en el país. Instamos a las instituciones estatales a reconocer y abordar este problema de manera integral, incluyendo mecanismos de protección para las diputadas y trabajo en la educación y prevención de la violencia política contra las mujeres.
Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que rechacen toda forma de violencia y se unan en la defensa de los derechos políticos de las mujeres, asegurando que el ejercicio de sus funciones se realice en un ambiente de respeto, libre de acoso y amenazas. No más silencio.
No más impunidad. Defendamos la democracia, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.
Firman
Centro de Investigación en Comunicación (CICOM).
Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres.
Programa de Investigación en Violencia y Sociedad (PIVS). Red temática en Violencia, subjetividades y colectivos en contexto de vulnerabilización, necropolítica y duelos.
Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI).
Centro de Investigación en Estudios de las Mujeres (CIEM).
