La Editorial del Norte y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, se complacen en invitarle a la presentación de libro Montaña indómita del autor José Rivas y presentado por el escritor MSc. Homer Dávila Gutiérrez, escritor Lic. Guillermo Rodríguez Romero y Mag. Marta Eugenia Aguilar Varela, Directora a.i. del Instituto Geográfico Nacional.
La actividad será presencial el martes 17 de setiembre alas 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
La Embajada de Colombia en Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, se complacen en invitarle al foro A cien años de una tragedia dulce y cruel: La Vorágine de José Eustasio Rivera con el escritor, poeta y docente colombiano Félix Ramiro Lozada Flórez.
La actividad será presencial el lunes 16 de setiembre alas 10:30 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
Dr. Franz Chaves Sell, Médico, Neurólogo Academia Nacional de Medicina de CR
Migrañas:
En estos días se ha celebrado en muchos países el mes para la concienciación de las migrañas, condición que afecta a un porcentaje importante de la población mundial (ejemplo, 1 de cada 5 mujeres).
Las migrañas son dolores de cabeza que pueden causar sensaciones punzantes o pulsátiles generalmente en un lado de la cabeza, aunque también pueden ser bilaterales y acompañarse de náuseas, vómitos y extrema sensibilidad a la luz y al sonido.
Los ataques de migraña duran horas o días y el dolor en muchos casos interfiere con las actividades cotidianas. Los investigadores aún hoy no han identificado una causa definitiva para la migraña, pero todavía creen que la condición se debe a actividad cerebral «anormal» que afecta la conducción interneuronal, alteración en químicos como sustancias vaso activas y neurotransmisores (Serotonina, Calcitonina) y eventualmente inflamación aséptica de las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales. También hay muchos factores desencadenantes de la migraña como las luces brillantes, calor severo, deshidratación, cambios en la presión barométrica, cambios hormonales en las mujeres, la ansiedad, sonidos fuertes, intensa actividad física, saltarse las comidas, alteración en los patrones de sueño, uso de ciertos medicamentos, etc. Las migrañas pueden progresar a través de cuatro etapas:
Pródromo: Uno o dos días antes del dolor de cabeza, la persona podría notar cambios sutiles como fatiga, ansiedad, euforia y constipación. También el deseo de consumir alimentos ricos en aminas vasoactivas.
Aura:Esto ocurre antes o durante la fase de dolor. Son síntomas reversibles del sistema nervioso y pueden ser visuales como destellos de luz, escotomas, distorsión de las figuras, pero también pueden incluir otros disturbios. Por lo general, cada síntoma comienza gradualmente, se acumula durante varios minutos y puede durar hasta una hora.
Ataque: En promedio los ataques de dolor duran de 4 a 72 horas y es posible encontrar dolor generalmente en un lado de la cabeza, pero a menudo en ambos lados, sensibilidad a la luz, al sonido y a veces, al olfato y al tacto. También es común la presencia de náuseas y vómitos.
Post dromo:Después de un ataque de migraña, es posible que la persona se sienta, eufórica, pero también agotada y confundida hasta por 24 horas.
Las migrañas a menudo no se diagnostican ni se tratan y debe entenderse que se trata de cefaleas crónicas recurrentes. Se recomienda asistir al médico incluso si existen antecedentes de dolores de cabeza, sobretodo si el patrón de los dolores de cabeza de repente cambia.
El tratamiento puede ayudar a que la migraña sea menos severa y este depende de la edad del paciente y con qué frecuencia tiene ataques de migraña, el tipo de migraña, otras comorbilidades, etc. Son muy importantes las recomendaciones relacionadas con estilos de vida y debe promoverse el ejercicio y las dietas saludables, así como algunos suplementos vitamínicos como el magnesio y la riboflavina.
Medicamentos: Los medicamentos se pueden usar para prevenir un ataque de migraña o para detener un ataque agudo.
Los medicamentos agudos se toman tan pronto se avecina un ataque de migraña e incluyen:
AINES: ejemplos como el ibuprofeno o la aspirina, generalmente se usan en casos leves a moderados.
Triptanos: sumatriptán, eletriptán y rizatriptán, suelen ser la primera línea de defensa para las personas que tienen ataques de migraña.
Antieméticos: metoclopramida, clorpromazina y proclorperazina.
Alcaloides ergotamínicos: no se recetan con tanta frecuencia y generalmente están reservados para personas que no responden a los triptanos o analgésicos.
Medicamentos preventivos: recetados a personas cuyos ataques de migraña pueden ser debilitantes o ocurren más de dos veces al mes:
Antihipertensivos: Los bloqueadores beta (Propranolol) son ejemplo de fármacos antihipertensivos utilizados para la prevención de la migraña.
Anticonvulsivos: Topiramato y Valproato
Antidepresivos: Los IRSS, pero más aún la amitriptilina y la venlafaxina, también previenen los ataques de migraña.
Botox: Las inyecciones se administran en los músculos de la cabeza y el cuello cada 3 meses.
Péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, gepantes y ditanes: se administran en forma oral o a través de inyección para evitar que se desarrolle un ataque de migraña.
En la imagen se muestra el nuevo grupo de compañeras de la Zona Sur que partieron hoy para la provincia de Cartago a capacitarse durante 3 meses en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica (CNEAO).
Lo hacen mediante el programa «Mujer Semilla», impulsado por la institucionalidad pública: INA, IMAS e INAMU.
Les deseamos lo mejor y les esperamos en nuestros grupos y organizaciones sociales de la Zona Sur, integrantes de la Comisión Sureña.
¡Hasta pronto, compañeras!
Información compartida con SURCOS por Renier Canales Medina.
El pasado 29 de julio Daniela Chaves Matamoros, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Raquel Loría Quesada, presidenta de la FEUNA; Valentina Palacio Mora, presidenta de la FEUCR; María Ortega Zamora, presidenta de la FEUNED; Allison Vargas Molina, representante de la UTN y Francini Mora Chacón, presidenta de la FEITEC, presentaron un recurso de amparo contra el Estado de Costa Rica por la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2024, específicamente por el presupuesto asignado a educación y la vulneración a los derechos fundamentales y humanos que ello implica al no respetar el artículo 78 de nuestra Constitución Política.
Un mes después de la interposición del recurso, 28 de agosto del 2024, la Sala Constitucional emite una resolución sobre el caso presentado. La Sala ordena que se notifique a la ministra de Educación, Ana Katharina Müller, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de los hechos alegados por las estudiantes. Se les otorga un plazo de tres días hábiles para dirigirse a lo expresado en el recurso, dejando claro que de no hacerlo y recurrir a un acto de omisión, los mismos serán tomados como ciertos y por ende, dándose con lugar el recurso.
El movimiento estudiantil que presentó el recurso de amparo manifiesta su satisfacción al ver que la Sala Constitucional ya ha emitido una primera resolución donde solicita este pronunciamiento de la ministra de Educación y el ministro de Hacienda. Esto implica que la Sala, en un primer análisis, ha identificado un posible roce entre las acciones del gobierno y lo establecido en la Constitución Política, lo que justifica la necesidad de que las jerarquías de Hacienda y Educación se pronuncien al respecto.
El papel de la educación en el desarrollo nacional.
La educación pública ha sido históricamente un pilar fundamental en el desarrollo de Costa Rica. Nuestra nación ha apostado por la educación como la herramienta más poderosa para romper las barreras de la desigualdad y promover el crecimiento económico y social. Invertir en educación no solo es cumplir con un mandato constitucional, sino también asegurar que Costa Rica continúe siendo un referente en la región por su alto nivel de desarrollo humano.
Desfinanciar la educación pública no solo es un ataque contra un derecho constitucional, sino también contra el futuro del país. La historia nos muestra que el progreso de Costa Rica ha estado directamente relacionado con su capacidad de ofrecer una educación de calidad a todos sus ciudadanos. Es la inversión en educación la que ha permitido que nuestra sociedad avance y se consolide como una de las más equitativas de América Latina.
Preocupación por la falta de pronunciamiento de los ministros.
La Sala Constitucional otorgó un plazo de tres días hábiles a los ministros para que rindieran sus informes, plazo que vence el día 2 de septiembre, a la medianoche. Hasta el momento, hemos estado monitoreando el expediente en línea y no hemos recibido ninguna notificación de que los ministros hayan presentado sus respuestas. Esta falta de pronunciamiento genera incertidumbre y preocupación, pues si los ministros no responden, los hechos alegados podrían considerarse ciertos y la Sala podría resolver el recurso en consecuencia.
El objetivo principal de este comunicado es subrayar que el recurso de amparo ha superado el primer filtro de la Sala Constitucional, lo cual es un paso significativo en la defensa de la educación pública en Costa Rica. Esta admisión indica que la Sala reconoce la gravedad de los hechos denunciados y la posible vulneración de derechos constitucionales, lo que tiene con necesidad de escuchar las justificaciones del gobierno antes de emitir una resolución final, pero si estas no son presentadas la Sala tomará esta acción como un reconocimiento de aceptación a los hechos denunciados por parte de los ministros.
Presupuesto 2025 y la amenaza a la educación pública
El Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentó recientemente el proyecto de ley del Presupuesto Nacional Ordinario y Extraordinario para el año 2025, en el cual el presupuesto destinado a la educación pública es nuevamente inferior al 8% del PIB, situándose en un 4,9%. Aún más alarmante es que este presupuesto propuesto no contempla un ajuste por inflación, lo que en términos reales podría representar una disminución aún mayor en la inversión en educación. Esto no solo contraviene el mandato constitucional que exige un mínimo del 8% del PIB para la educación pública, sino que también pone en riesgo la calidad y el acceso a la educación para millones de costarricenses.
En declaraciones que nos generan gran preocupación, el Ministro Acosta afirmó que, aunque la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto diferente, él no ejecutará ningún otro presupuesto que no sea el que presentó en su proyecto de ley. Además, sugirió que aumentar el presupuesto para la educación obligaría al gobierno a recortar fondos de otros sectores esenciales, como seguridad, o programas para adultos mayores. Estas declaraciones son altamente problemáticas y cuestionables desde una perspectiva constitucional y de administración pública.
Las afirmaciones del Ministro Acosta pueden ser interpretadas como una interferencia en el proceso de discusión y aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, lo cual podría constituir una violación del principio de división de poderes. La Constitución Política de Costa Rica establece claramente la separación de poderes, donde el Poder Legislativo tiene la competencia exclusiva de aprobar el presupuesto nacional, mientras que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de ejecutarlo. Cualquier intento por parte del Poder Ejecutivo de condicionar o limitar las decisiones del Legislativo puede ser visto como una intromisión indebida en sus funciones y una violación de la autonomía legislativa.
Al declarar que no ejecutará un presupuesto diferente al que él presentó, el Ministro Acosta no solo está desafiando la autoridad del Poder Legislativo, sino que también está poniendo en riesgo la estabilidad del orden constitucional al socavar el proceso democrático de debate y aprobación del presupuesto. Estas declaraciones sugieren una falta de disposición para dialogar y llegar a consensos, lo cual es esencial en una democracia sana.
Más allá de las implicaciones constitucionales, las declaraciones del Ministro revelan una preocupante falta de compromiso con la educación pública, un sector que ha sido clave para el desarrollo de Costa Rica durante más de dos siglos. La educación pública no es un gasto que se pueda reducir sin consecuencias graves; es una inversión esencial en el futuro del país. Al reducir los fondos para la educación, especialmente sin ajustarse por inflación, se corre el riesgo de deteriorar la calidad educativa y limitar las oportunidades de millones de costarricenses, perpetuando desigualdades y frenando el progreso social y económico.
Un llamado a la acción
Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de nuestro país. La educación ha sido nuestro motor del desarrollo y el principal instrumento para asegurar una sociedad más justa y equitativa. No podemos olvidar que el peor error de una sociedad es dar su democracia por sentado; la democracia nunca puede darse por sentado, porque se construye día a día. Las recientes declaraciones del Ministro de Hacienda y el presupuesto propuesto para el 2025 representan no solo una amenaza a la educación pública, sino también un potencial atentado contra la división de poderes que sustenta nuestra democracia, y por ende, un atentado directo a nuestro sistema democrático.
Como Movimiento Estudiantil, estamos vigilantes de todas las acciones que el gobierno lleve a cabo en relación con este tema tan crucial. Sabemos que la educación no es solo un derecho; es un legado que hemos recibido gracias a las luchas del pasado, luchas que en su momento costaron sangre y vidas. Hoy, defender ese derecho no nos exige sacrificios tan extremos; lo único que requiere es nuestra voluntad firme y decidida. Es nuestra responsabilidad protegerlo y mejorarlo, para que, al igual que nos fue heredado, podamos entregarlo a las futuras generaciones aún más fortalecido.
Nos comprometemos a hacer todo lo que esté dentro de nuestro margen de acción, tanto en el sentido de oportunidades como en el legal, siempre respetando los procedimientos constitucionales, para proteger este derecho. No aceptaremos nada que sea inferior al 8% del PIB destinado a la educación pública, a menos que exista una garantía clara y firme de que se alcanzará ese 8% y que no se volverá a reducir en el futuro. Esta es una línea que no estamos dispuestos a cruzar, porque el futuro de nuestra educación y de nuestro país depende de ello.
Hacemos un llamado a toda la población para que se una a esta vigilancia activa. Invitamos a todos los costarricenses a mantenerse informados, a seguir de cerca cada paso que se dé en relación con el presupuesto de educación, y a exigir transparencia y respeto por los principios constitucionales. La defensa de una educación pública de calidad es una causa que nos concierne a todos, porque está en juego no solo el futuro de nuestra juventud, sino el desarrollo y bienestar de toda la nación.
Este es un momento para la acción y el compromiso. No podemos permitir que se tomen decisiones que comprometan nuestra democracia y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Necesitamos, como sociedad, estar unidos y alertas, porque la educación y la democracia no son dádivas; son derechos que debemos proteger y fortalecer continuamente.
“Los derechos de hoy son resultado de las luchas de ayer; los derechos de mañana serán el fruto de las luchas que demos hoy.”
A la gestión del Poder Ejecutivo le quedan dos años para cumplir con las promesas de campaña política; sin embargo, los grandes problemas del país siguen sin solución, y esto preocupa a la población. Foto Laura Rodríguez, UCR.
El tercer informe del 2024 de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP UCR indica que el nivel de confianza entre la población, sobre la capacidad del Gobierno para resolver problemas, continua baja.
La incapacidad del Poder Ejecutivo de lograr avances positivos en los grandes problemas del país, y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, queda nuevamente en evidencia.
Así se desprende del informe correspondiente al tercer trimestre del presente año de la Encuesta de Opinión Pública, del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP UCR).
La situación del país es preocupante
Específicamente, el porcentaje de personas quienes afirmaron que no tienen ninguna confianza en cuanto a la capacidad del Gobierno de resolver el principal problema del país, es de 31 %.
Les siguen quienes manifestaron poca confianza con un 39 %, y un 18 % para las que dijeron tener alguna confianza. Apenas el 12 % manifestaron que tienen mucha confianza.
Y es que la Inseguridad y la Delincuencia continúan siendo, desde hace un año, el principal problema para las personas en Costa Rica, con un 32 %; le siguen la Corrupción con 13 %, y la Mala Gestión del Gobierno, con 12 %.
“Los resultados recientes revelan que las valoraciones positivas y negativas de la gestión del Gobierno actual y del Presidente mantienen porcentajes similares, con lo evidenciado en encuestas recientes. En específico, con respecto a la medición de abril de 2024, la gestión del Gobierno mantiene el respaldo de la mitad de la población. Por su parte, el 25 % de las personas encuestadas en septiembre de 2024 expresa evaluaciones negativas de la gestión del Gobierno. Esta cifra también se mantiene invariable”, se detalla en el texto del informe del CIEP UCR.
Rechazo a la denominada Ley Jaguar
Mientras que el Poder Ejecutivo ideó un proyecto con el cual reforzar la percepción de su gestión, cuya principal apuesta era la proposición de realizar un referéndum que tenía como objetivo la aprobación o rechazo de la Ley Jaguar, esto no tuvo el efecto deseado.
En la Encuesta del CIEP UCR aparece un apartado en el que se le preguntó a las personas consultadas si aprobaba o no la eliminación o reducción de los controles hacia las acciones del Presidente, que en resumen es lo que contenía dicha Ley.
Las respuestas fueron las siguientes: el 49 % estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo con esa opción, mientras que el 38 % sí lo estaba, y un 13 % dijo estar neutral.
“Esto quiere decir que, aun en condiciones de un alto respaldo al Presidente, la iniciativa de modificar o eliminar controles a las decisiones y acciones de los mandatarios de la República no es respaldada por la mayoría de la población. Este resultado ejemplifica las dificultades de traducir una alta popularidad a apoyo a medidas gubernamentales concretas o respaldo electoral”, apunta el texto del informe.
Precisamente, si se analizan las características sociodemográficas que tiene el apoyo que recibe el presidente Rodrigo Chaves, se obtiene que dicho reconocimiento proviene de aquellas personas con edad de 55 años o más, que son del género masculino, con un nivel educativo de secundaria, y que viven en las provincias de Guanacaste y Limón.
Director del CIEP UCR; Dr. Ronald Alfaro Redondo, sobre situación del país.
La creciente violencia en contra de las mujeres
Finalmente, esta nueva encuesta del CIEP UCR incluyó un capítulo en el que se refiere a la percepción de la violencia que experimentan las mujeres en Costa Rica.
“Según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, al 14 de agosto del 2024 se han registrado 40 muertes violentas de mujeres, de las cuales 14 ya fueron clasificadas como femicidios y 23 están pendientes de designación. En contraste, en el 2023 se reportó un total de 22 femicidios. Estas cifras sugieren una tendencia al aumento en los casos de femicidio en el país”, se cita en el texto del informe.
Asimismo, las y los expertos del CIEP UCR citan el más reciente informe del Observatorio de Discursos de Odio y Discriminación del CICOM-UCR, en el que se afirma que son las mujeres quienes experimentan un mayor discurso de odio en las redes sociales, especialmente aquellas que trabajan en puestos políticos y en medios de comunicación.
“En el 2023, la mayoría del Plenario Legislativo aprobó una moción de llamado de respeto dirigida al presidente Rodrigo Chaves, por los comentarios realizados sobre una diputada. Según 41 representantes de diferentes fracciones, dichos comentarios constituyeron una agresión que legitima prácticas machistas de violencia”, ejemplifica el texto del informe.
Con respecto a este tema, el 90 % de las personas consultadas en la Encuesta respondieron que sí perciben un aumento en la violencia en contra de las mujeres en Costa Rica, en comparación con años atrás.
Investigadora del CIEP UCR; M.Sc. Daniela Chacón Mendoza, sobre la violencia de género.
Esta Encuesta, que elabora cada tres meses el CIEP UCR, se realizó del 2 al 6 de septiembre, y la modalidad que se utilizó es de entrevista telefónica. Se aplicó a personas mayores a 18 años, que cuentan con teléfono celular, la selección de la muestra es aleatoria, y se realizaron 1 012 entrevistas. El margen de error de la encuesta es de más o menos tres puntos porcentuales, al 95 % de confianza.
La Asociación de Cotizantes Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha hecho público su posicionamiento en relación con la participación ciudadana en el debate nacional sobre los fondos de pensiones, su sostenibilidad, solvencia y estabilidad.
Marjorie Hernández, presidenta de la asociación, destacó la importancia del rol de ACOJUPEMA, que representa a cotizantes, jubilados y pensionados, y su compromiso con la defensa de una pensión digna. Explicó que, desde la fundación de la asociación, se ha trabajado para asegurar los derechos constitucionales de sus miembros. Resaltó la preocupación ante los intentos de varias entidades, tanto públicas como privadas, de iniciar un debate sobre los fondos de pensiones, excluyendo a los principales afectados: los cotizantes activos, jubilados y pensionados.
Por su parte, Alexander Hernández, tesorero de ACOJUPEMA, señaló que, durante los últimos tres años, ACOJUPEMA ha buscado un diálogo con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y los sindicatos involucrados en la administración de los fondos de pensiones como ANDE (Asociación Nacional de Educadores y Educadoras), SEC (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense) y APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), para exponer sus inquietudes. Sin embargo, lamentó que estos intentos no solo hayan sido ignorados, sino que se han enfrentado con procesos judiciales en su contra. Este tipo de acciones, afirmó, atentan contra los derechos fundamentales de libre asociación y libertad de expresión.
Gerardo Romero, vicepresidente de la asociación, subrayó la necesidad de que los proyectos de ley promovidos por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) sean debatidos de manera abierta y participativa. Afirmó que la exclusión de los cotizantes y jubilados en estas discusiones afecta gravemente la legitimidad de los debates y que existe una falta de confianza en la transparencia y fiscalización de los fondos de pensiones. El vicepresidente destacó que, según los artículos 9 y 11 de la Constitución, es fundamental la participación ciudadana en las decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables.
ACOJUPEMA demanda una discusión verdaderamente inclusiva, en la que todos los actores tengan voz y voto. Además, rechaza las represalias contra quienes alzan la voz en defensa de sus derechos y la justicia social. La exclusión de los verdaderos dueños de los fondos de pensiones —los cotizantes, jubilados y pensionados— convierte estos debates en ilegítimos y en un ataque a los principios democráticos que deben regir la toma de decisiones sobre los fondos de pensiones.
El pasado sábado 7 de septiembre se aprobó en todos sus extremos la moción por parte de la Asamblea de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, y se llegó a la siguiente resolución:
Moción para la Asamblea General de CONADECO
Declaración de Apoyo a la Educación Pública como Pilar Fundamental del Desarrollo Nacional
Estimados compañeras y compañeros miembros de la Asamblea General de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), distinguidos líderes comunitarios, guardianes del progreso y bienestar de nuestras comunidades:
CONSIDERANDO:
Que la educación pública, desde sus cimientos en la enseñanza primaria hasta las cúspides del saber en nuestras universidades estatales, ha sido históricamente el faro que ha guiado a Costa Rica hacia horizontes de prosperidad, equidad y desarrollo humano.
Que la Universidad Estatal a Distancia (UNED), junto con las demás instituciones de educación superior pública, han sido artífices incansables en la formación de generaciones de costarricenses, llevando el conocimiento hasta los rincones más apartados de nuestra geografía, democratizando así el acceso al saber y a las oportunidades.
Que la triada sagrada de la misión universitaria —docencia, investigación y extensión— ha sido el crisol donde se han forjado las soluciones a los desafíos más apremiantes de nuestra nación, nutriendo el espíritu innovador y el compromiso social que nos distingue como costarricenses.
Que en el seno de nuestras comunidades, hemos sido testigos directos de cómo la educación pública transforma vidas, eleva aspiraciones y construye puentes hacia un futuro más promisorio para todos.
Que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el presupuesto destinado a la educación pública no representan un gasto, sino la más noble y fructífera inversión que puede hacer un país en su capital humano y en su desarrollo integral.
POR TANTO:
La Asamblea General de CONADECO, en ejercicio de su responsabilidad histórica y su compromiso inquebrantable con el bienestar de las comunidades y el progreso de la nación, acuerda:
Declarar nuestro apoyo incondicional y vehemente a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a todas las universidades públicas y al sistema de educación pública costarricense en su conjunto.
Reconocer y exaltar la labor trascendental de estas instituciones como motores de transformación social, pilares de la identidad nacional y garantes de la movilidad social que ha caracterizado a Costa Rica.
Instar a las autoridades gubernamentales y legislativas a considerar el financiamiento de la educación pública, incluyendo el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), no como un gasto corriente, sino como la inversión más estratégica y vital para el futuro de nuestra nación.
Hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad costarricense a unirse en la defensa y fortalecimiento de nuestro sistema educativo público, reconociendo en él la clave para construir una Costa Rica más próspera, justa y solidaria.
Emitir una declaración pública que reafirme el compromiso del movimiento comunal costarricense con la educación pública de calidad, como derecho fundamental de las nuevas generaciones y como patrimonio invaluable de todos los costarricenses.
Que esta moción sea un testimonio del espíritu visionario que siempre ha caracterizado a los líderes comunales, quienes, con la sabiduría que da el trabajo cercano a las necesidades del pueblo, reconocen en la educación la semilla de un mejor mañana.
Que nuestras voces se alcen unidas, firmes y claras, en defensa de ese bastión de progreso y equidad que es nuestra educación pública.
¡Por una Costa Rica educada, próspera y solidaria!
Defensoría presentó coadyuvancia a acción de inconstitucionalidad
La Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en contra del artículo 13 del Código Municipal, por considerar que la modificación de dicha norma disminuyó las garantías institucionales para la consolidación de oficinas municipales dirigidas al aseguramiento, protección y promoción de los derechos de las mujeres y, por ende, es regresivo de los derechos de esta población.
Esta Defensoría considera que todas las acciones estatales deben ajustarse al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de los instrumentos jurídicos ratificados, y debe procurar acciones para el cumplimiento de las observaciones finales y recomendaciones emitidas por los órganos de Tratado.
En materia de infraestructura y políticas institucionales para el avance de los derechos de las mujeres, las Oficinas Municipales de la Mujer se constituyen en un medio accesible y disponible para ellas en toda su diversidad y en todas las regiones del país, como una expresión de una democracia consolidada. Se trata de instancias que fortalecen los mecanismos nacionales para el adelanto de los derechos de las mujeres cuyas acciones contribuyen, en el ámbito local, a multiplicar las acciones y responsabilidades ejercidas por el INAMU a nivel nacional, con la coordinación interinstitucional.
La Defensoría estima que parte de las acciones generadas desde las Oficinas Municipales de la Mujer han coadyuvado a los esfuerzos que a nivel nacional debe implementar el INAMU y el resto de las instituciones que ostentan responsabilidades derivadas del ordenamiento jurídico, y de las acciones contenidas en la Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030 y Política Nacional para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades.
Es por eso que, el fortalecimiento de estas oficinas propicia la generación de indicadores específicos respecto a la vigencia de los derechos de las mujeres en el ámbito local, así como la recopilación de datos, permite la coordinación interinstitucional para asegurar que todas las entidades involucradas trabajen de manera coherente hacia los objetivos de igualdad de género, desde el ámbito local.
También ayuda a la construcción de acciones para atender la resistencia cultural y los prejuicios de género existentes que pueden influir en la implementación y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género, brindan capacitación continua para el funcionariado público y las organizaciones de la sociedad civil a nivel local en temas de género y derechos de las mujeres, facilita la participación activa de la sociedad civil, especialmente de organizaciones de mujeres, para proporcionar un monitoreo independiente y constructivo de las políticas de género y de la gestión de los servicios institucionales en materia de derechos de las mujeres, especialmente en violencia de género, promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos asignados y permite facilitar el acceso a mecanismos efectivos de denuncia y respuesta a las necesidades de todas las mujeres.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El Foro Nacional de Vivienda es una instancia de coordinación de Asociaciones y Grupos Sociales de Vivienda a nivel país.
Velamos por el cumplimiento de los objetivos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y lamentablemente, las dos últimas administraciones del Poder Ejecutivo le han declarado una guerra abierta al Sistema con el único objetivo de destruirlo totalmente y eliminar el Bono Familiar de Vivienda para las familias en mayor vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, rebajando elevados montos del Presupuesto que la Ley 7052 le confiere.
Hoy día tenemos una institucionalidad en el Sector que lamentablemente no camina, contamos con una atención amable, empática y hasta se podría decir que muy diplomática pero que los acuerdos que se logran tomar no tienen el mínimo cumplimiento, aun cuando en las reuniones aseguran un seguimiento que no se da, como diría el pueblo “NOS ESTÁN VIENDO LA CARA”
Tenemos varios proyectos con 15, 18 y hasta 20 años de esperar una solución, muchos precarios con 35 y más años de esperar, donde han nacido hasta tres generaciones y al día de hoy no tenemos ninguna política de atención a estas familias y en este momento hay más de 25.000 familias con acciones de desalojo de las cuales ya se han desalojado varios miles, evidentemente esto sucede por la desidia y negligencia de las instituciones encargadas cuyos funcionarios operan bajo la ley del mínimo esfuerzo.
¡¡YA SE AGOTÓ NUESTRA PACIENCIA!! Así como el presidente de la República y las diferentes policías del país están haciendo un llamado a sus seguidores en el caso del señor Chaves y las policías a sus miembros, el Foro Nacional de Vivienda hace un llamado abierto a todas las Organizaciones Sociales para que NOS TIREMOS A LAS CALLES A DEFENDER NUESTROS DERECHOS, le pediremos al presidente que haga cierta sus palabras de campaña y “se coma la bronca” de una institucionalidad falta de energía, falta de probidad, falta de voluntad, falta de visión social y política, no más recortes en el Sector Social, no somos los burros de carga para que continúen los privilegios económicos de cierta gente que se han visto ampliamente favorecidas con decisiones de este poder ejecutivo.
EL 18 Y 19 DE SETIEMBRE estaremos en las calles cerrando muchos puntos del territorio nacional, a partir de hoy somos la resistencia a la guerra que ha declarado Rodrigo Chaves a las familias pobres que necesitan vivienda, becas para estudiantes en vulnerabilidad, apoyo a las madres jefas de hogar, a los adultos mayores que requieren de la CCSS para mantener su salud. No al desmantelamiento de las instituciones de bien social, no son de ellos son del pueblo.
A LA CALLE, SEPAMOS SER LIBRES, A LUCHAR, NO MENDIGAREMOS POR EL DERECHO DE NUESTROS HIJOS A TENER UN TECHO SEGURO.
4 de setiembre 2024.
Foro Nacional de Vivienda
Manuel Salinas Salinas
Le invitamos a ver nuestra respuesta al señor presidente:
