El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) aplaude la aprobación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública número 23.113 e insta a un cumplimiento efectivo a todas las entidades del Estado en Costa Rica.
Si bien la Constitución Política y los recurrentes votos de la Sala Constitucional resguardan el derecho de acceso a información, Costa Rica era uno de los pocos países en el hemisferio sin una ley específica con criterios claros para solicitar y recibir información pública.
Además de una ley, el Colper estima que es fundamental trabajar en una cultura que favorezca que toda la información de las instituciones del Estado se encuentre publicada en formatos abiertos y que cuando una persona solicita algo que no esté disponible en el sitio en Internet, siempre exista una anuencia de entrega bajo la convicción de que la información transparente favorece la democracia.
El Colper ha desarrollado varios cursos sobre legislación de derecho de información y expresión, en alianza con el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, dirigido a profesionales en comunicación en oficinas públicas. Este tipo de iniciativas deben extenderse a más personas en las entidades del Estado con el fin de que se comprenda la relevancia y el impacto del acceso a información.
La Ley Marco de Acceso a la Información Pública número 23.113, impulsada por el diputado Alejandro Pacheco, recogió lo mejor de distintos proyectos de ley que se analizaron en el pasado, así como la posición y criterios de distintas organizaciones defensoras de los derechos de expresión e información, por tanto, es una iniciativa positiva que fortalece la libertad de prensa y el derecho en general de toda la ciudadanía.
Una vez más: en defensa de nuestra institucionalidad ante ataques que pretenden debilitarnos como consecuencia de actuar ante presuntos casos de corrupción pública.
Con plena conciencia de que existe una intención sostenida para dañar mi imagen, inmediatamente después de la ejecución de dos actos de investigación de la fiscalía, autorizados por jueces de la República, ejecutados en dos entidades de gobierno y fundados en la probabilidad razonable de la comisión de presuntos delitos de corrupción, deseo anteponer el principio de transparencia que me ha caracterizado para aclarar a la población costarricense que no ha existido ninguna actuación ilegal o irregular que comprometa recursos públicos ni la ética que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera en el Poder Judicial, como fiscal y juez.
Fui invitado como delegación oficial del Ministerio Público a la Conferencia Internacional sobre la lucha contra las drogas, cuyo tema fue “Más allá de las fronteras: ampliando las asociaciones globales”, celebrada en Atenas, Grecia, del 21 al 27 de setiembre del 2024.
Este evento revistió de gran importancia para el país porque se logró reforzar lazos de cooperación internacional. Sostuve una reunión con la señora Anne Milgram, administradora de la DEA, para fortalecer la persecución contra el narcotráfico y tratar asuntos relativos a este tema, que están protegidos por la privacidad de las investigaciones, una oportunidad que únicamente tuvimos 15 de los 134 países participantes, lo cual evidencia la confianza que ese órgano ha depositado en mi persona, como representante del Ministerio Público, y la relevancia de nuestro país como socio estratégico del gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra este flagelo.
Además, participé en una mesa de trabajo con las jefaturas de los Ministerios Públicos de Colombia y Panamá, que tuvo por objetivo el tratamiento de temas comunes en materia de criminalidad y coordinaciones para operaciones antinarcóticos bilaterales o multilaterales.
La organización del evento asumió todos los costos correspondientes a mi participación. Es menester indicar que, así como consta en la invitación oficial de la DEA, esta agencia federal incentiva a los representantes a incluir en los viajes a cónyuges, parejas y/o acompañantes, para quienes, además, se ofrece un programa especial de actividades, paralelo a la misión internacional.
En virtud de lo anterior, y al no comprometerse bajo ningún concepto ni un solo recurso público, me hice acompañar por la señora Mora, quien viajó en calidad de turista y con un permiso sin goce de salario. Sus gastos por concepto de boletos aéreos fueron pagados con una tarjeta de crédito personal, a mi nombre, lo cual es fácil de corroborar.
El resto de costos fue asumido por ella, con recursos personales. Cabe destacar que el permiso sin goce salarial que se le extendió fue aprobado desde el 2 de setiembre del 2024, conforme al procedimiento establecido en la institución, que incluye el aval de su jefatura inmediata, el estudio técnico por parte de la Unidad Administrativa del Ministerio Público y el aval final del subjefe de la institución.
Mora se desempeña como fiscal auxiliar del Ministerio Público y, como estructura vertical que tiene la institución, responde a su jefatura inmediata, que es una fiscala coordinadora. Esta, a su vez, tiene como jefatura al fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y, adicional, el control de un fiscal adjunto de la Fiscalía General.
Finalmente quiero señalar que la innecesaria forma en la que fue expuesta la identidad y la fotografía de la señora Mora por parte de la diputada Nájera, haciendo público el oficio enviado minutos antes a la Fiscalía General, -y el morbo que ello ha generado- ha sometido a Mora a ser víctima de actos de violencia en su contra e insultos de toda índole, afectando su honor, su derecho a la privacidad y cuestionando su probidad.
Inclusive, la ha puesto en riesgo desde el ámbito propio del ejercicio de sus funciones, pues, como eslabón de menor jerarquía en la escala fiscal, le corresponde luchar en las calles contra el narcomenudeo, uno de los fenómenos que más violencia genera en nuestro país.
Una vez más preocupa que las acciones del Ministerio Público en el cumplimiento de sus deberes legales y en el combate a la corrupción genere este tipo de reacciones y ataques, con la utilización de retóricas que pretenden debilitar nuestra independencia e institucionalidad.
Quiero dejar claro que ni este, ni ninguno de los ataques calculados que sabemos que vendrán, van debilitar al Ministerio Público.
Es mi deber nuevamente garantizarle a la ciudadanía que defenderé la independencia de la fiscalía de cualquier injerencia que pretenda debilitarla y que las personas que integramos esta institución siempre actuaremos con decisión, valentía y fortaleza, apegados a la legalidad con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie.
Carlo Díaz Sánchez
Fiscal General
Le invitamos a leer el PDF, para conocer respaldos aportados por el funcionario.
El pasado 2 de octubre se aprobó el expediente 24071, para otorgarle el Benemeritazgo de las Artes Patrias al reconocido compositor de música de cámara e incidental, músico, cantante y artista Fidel Gamboa.
Este expediente, presentado por David Segura, diputado de Nueva República, fue firmado por las 57 diputaciones, lo cual muestra el gran entusiasmo y anuencia de la sala a otorgar este reconocimiento a su memoria y legado.
Fidel Gamboa, hijo de la pampa guanacasteca que heredó el amor por la música y el canto de su familia, cumple con los requisitos para ser declarado como Benemérito de las Artes Patrias de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea.
Gracias a su virtuosidad, este cantautor obtuvo reconocimientos notorios como el premio nacional Aquileo J. Echeverria y el ACAM como compositor y autor musical, pero sobre todo el cariño y reconocimiento que logró de tantas personas que se sintieron representados por sus canciones, entre las cuales compuso música de danza, cine, teatro, y comerciales, integrando con gran naturalidad la música clásica y popular.
Su legado permanecerá en la historia de nuestro país, y esta iniciativa busca honrar la memoria de este gran artista con una de las distinciones más altas, la cual será pronto votada en el plenario.
Información compartida con SURCOS por Erika Henchoz.
Se alza una alerta por la urgencia de que la CCSS renueve el fideicomiso con el Banco de Costa Rica para poder construir y equipar las áreas de salud y sucursales que necesita el pueblo.
De este fideicomiso dependen 29 áreas de salud, cuyas sedes van a requerir construcción y equipamiento, desde Alajuela hasta Cartago. También, 25 áreas de salud, las cuales van desde la región Brunca hasta Chomes de Puntarenas requieren construcción y equipamiento, haciendo esta situación sumamente crítica, mostrando la falta de cuidado que tienen las áreas periféricas del país en cuanto a seguridad social y salud.
Mañana, miércoles 9 de octubre a las 5:00 pm por medio de Radio Universidad 96.7 FM se estará transmitiendo el programa Voces y Política con el tema «Genealogías feministas latinoamericanas”, con la participación de la Dra. Verónica López Nájera, académica e investigadora.
Aquellos que deseen participar pueden hacerlo por medio de las redes sociales de Radio Universidad CR, o por medio de una llamada telefónica al 2234-3233.
Tras una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre el caso de la Fundación Hogar Manos Abiertas se ha determinado que tanto el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) deben implementar una serie de mejoras en su sistema de atención y supervisión para garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor. Es fundamental un actuar preventivo.
El análisis reveló limitaciones por parte del CONAPDIS en poder efectuar una adecuada fiscalización interdisciplinaria continua y oportuna de las alternativas residenciales para personas con discapacidad en condición de abandono, tal como ocurrió con la Fundación Manos Abiertas. El allanamiento realizado el 5 de marzo de 2024 evidenció fallas en el modelo actual de supervisión, lo que llevó a decisiones de emergencia para reubicar a los residentes de la fundación, ante la necesidad de proteger su integridad y derechos.
Este modelo implementado no ha permitido verificar en forma previa y adecuada la operatividad y funcionamiento de las alternativas residenciales. Ante esto, se hace necesario implementar protocolos de acción para prevenir situaciones similares en el futuro. Aunque CONAPDIS fue notificado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del allanamiento, la institución no estaba preparada, no contaba con los debidos protocolos para en un tiempo limitado, poder ejecutar un plan de acción adecuado.
A partir de los hechos, la Defensoría recomienda revisar y actualizar el modelo de servicios de convivencia familiar, así como establecer criterios claros y efectivos para la supervisión y fiscalización de alternativas residenciales. Adicionalmente, CONAPDIS deberá desarrollar un plan de capacitaciones para los encargados de estos centros, además de contar con instrumentos que permitan una atención adecuada en casos de emergencias judiciales.
Asimismo, no se logró identificar el mecanismo utilizado por CONAPDIS para determinar el consentimiento informado a ser trasladado a diferentes alternativas residenciales, tratándose de las personas mayores de edad que se encontraban albergadas en dicho hogar, en resguardo de los derechos de autonomía y capacidad de jurídica de las personas con discapacidad.
Por otra parte, la Defensoría calificó de “ausente” la participación del CONAPAM tratándose del caso de la Fundación Manos Abiertas. Como ente rector en materia de vejez, el CONAPAM tiene la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de la población adulta mayor con discapacidad, independientemente de la fuente de financiamiento de los centros.
Ante estos hechos, la Defensoría recomendó que el CONAPAM establezca un proceso de coordinación con el CONAPDIS para garantizar una intervención conjunta en casos similares y garantizar la fiscalización de todos los centros que brinden atención a personas adultas mayores.
Recomendaciones a CONAPDIS
Concluir el análisis y elaboración del nuevo modelo de servicios de convivencia familiar y establecer criterios claros para la supervisión y fiscalización.
Calendarizar capacitaciones para el equipo de supervisión interdisciplinario.
Elaborar un instrumento para la atención de futuras intervenciones administrativas y judiciales en alternativas residenciales, en resguardo de las personas con discapacidad, incluyendo acciones preventivas, correctivas, intervención de emergencia y su seguimiento.
Garantizar que los traslados de los residentes se realicen respetando su autonomía y capacidad jurídica.
Verificar que las personas trasladas de la Fundación Manos Abiertas a otra alternativa residencial cuenten con su debida afiliación y adscripción al centro médico que le corresponde.
Recomendaciones a CONAPAM
Convocar una mesa de trabajo para elaborar un instrumento mediante el cual se identifiquen las medidas y mecanismos necesarios para ampliar la fiscalización de todos los centros de atención a personas adultas mayores.
Recordar a las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de cuidado y atención a las personas adultas mayores en el país, su obligación de remitir los informes de las evaluaciones anuales sobre la atención brindada a esta población.
Coordinar con CONAPDIS lo relativo a las ubicaciones de la población adulta mayor (las que no se encuentran en el hogar Carlos María Ulloa) y verificar las condiciones en las que se encuentra cada usuario así como las condiciones de la residencia.
La Defensoría de los Habitantes reafirma su compromiso de proteger los derechos de las personas con discapacidad y de la población adulta mayor, instando a ambas instituciones a tomar medidas concretas para evitar que situaciones como la de la Fundación Hogar Manos Abiertas vuelvan a ocurrir.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
La lucha por la defensa de las nacientes de agua del Frente Ecologista de Cipreses continúa
Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ante la Sala Constitucional con objetivo de resolver de manera definitiva
De ganar esta acción legal el Frente Eco-Cipreses cambiaría lo que históricamente ha venido dejando de hacer el SINAC. Debido a que el SINAC insiste que ellos no les compete la protección ambiental dictada por la Ley de Aguas (200 metros de protección) y solo deben hacer cumplir la Ley Forestal (100 metros de protección)
Ecologistas insisten en solicitar demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua para consumo humano que siguen estando desprotegidas y fumigadas.
La Sala Constitucional acogió y ha dado su debido trámite una reciente diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Resolución N° 20-021797-0007 de la Sala Constitucional de las 9:15 horas del 15 de enero del 2021, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago el 28 de julio de 2020 ante el SINAC. La organización ecologista insiste en que se debe demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua utilizadas para consumo humano. Dicha agrupación señala que el SINAC ha generado un retraso excesivo en la resolución de dicha denuncia y en la protección efectiva de las nacientes.
En la diligencia de inejecución se señala textualmente: “Han transcurrido más de dos años desde el dictado de la Resolución N.° 2021-000679 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se le ordenó al jefe de la Oficina Subregional de Cartago del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte recurrente el 28 de julio de 2020 ante el SINAC, y demarcar el área de protección de 200 metros que rodea la naciente, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575, superando los plazos establecidos”.
Activistas del Frente Ecocipreses aseguran que: “a pesar de que hemos ganado tres recursos de amparo que nos dan la razón y exigen a las instituciones involucradas actuar y resolver, actualmente se sigue desarrollando actividad agrícola con uso de agroquímicos, en los alrededores del naciente Platón, afectando el recurso hídrico que abastece a muchas personas en diferentes comunidades de la Zona Norte de Cartago, y continuando con la desprotección ambiental de dichas nacientes”.
El agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco-Cipreses señala que: “La Administración Pública está cometiendo una violación EVIDENTE y FLAGRANTE a los derechos de las personas pobladoras de la zona de Cipreses de Oreamuno al no garantizar acceso a un derecho humano básico como lo es el agua potable”.
Dentro de la petitoria de la diligencia por inejecución la organización solicita:
Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucionalen la sentencia No. 20-021797-0007, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Se ordene al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en un plazo de dos meses, hacer respetar y delimitar expresamente las áreas de protección de 200 metros que rodean las naciente Plantón y Carlos Calvo, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575; como parte de la solicitud inicial realizada por los amparados, y ordenada por la Sala Constitucional, al declarar con lugar dicho amparo y que, a la fecha de esta gestión, no ha sido ejecutada por parte del SINAC.
Esta gestión de desobediencia contra el SINAC se presenta a las vísperas de los resultados del monitoreo e investigación ante la contaminación agrotóxica con degradados de clorotalonil y otros pesticidas de 69 tomas de agua en la Zona Norte de Cartago. Dicho monitoreo que se realiza con la coordinación interinstitucional del AyA, MINSA y MAG (https://websolutionss.aya.go.cr/WebNoticiasAYA/TNotNoticias/DetalleTitulo/354).
Ecologistas insisten en que lo encontrado en Cipreses es la punta del iceberg y señalan que el SINAC debe hacer cumplir la Ley de Aguas en materia de protección ambiental del recurso hídrico a pesar de que el SINAC se ha pronunciado por escrito que a ellos no les compete velar por el cumplimiento de Lay de Aguas. “si ganamos este proceso ante la Sala Cuarta pondremos a trabajar a los del SINAC ya que se han capeado su responsabilidad todos estos años y esto sería un gane histórico para ponerlos a trabajar como se debe” Indicó Ana María Montenegro del Frente Ecologista de Cipreses.
Conversamos con Isabel Méndez y Jordan Vargas sobre la lucha de Ecocipreses, nos exponen el contexto actual que están enfrentando. Reflexionamos sobre la importancia que tiene la participación comunitaria y problematizamos ¿Es suficiente el decreto de la prohibición del clorotalonil para la protección del agua?
Si desea escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
Dr. Luis Diego Herrera Amighetti Especialista en psiquiatría de niños y adolescentes Miembro de Número ACANAMED
¿Qué es la dislexia y cómo se identifica?
La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta principalmente la capacidad de leer. Los niños y adolescentes que sufren dislexia tienen dificultades para aprender a leer con la fluidez esperada para su edad y grado escolar, leen lentamente y tienden a “adivinar” las palabras por sus sílabas iniciales (por ejemplo pueden leer orquesta en donde dice orquídea). En general les cuesta reconocer las palabras con rapidez y precisión y su ortografía es deficiente. Habitualmente, entienden mejor un texto si alguien lo lee o se les da una explicación verbal, a si ellos lo leen. Típicamente evitan, o no disfrutan de la lectura aunque aquellos que tienen curiosidad intelectual intentan leer no obstante las dificultades mencionadas. Otra evidencia de la presencia de dislexia es que existe una discrepancia entre su capacidad general y para otras formas de conocimiento, como la matemática, por ejemplo, y sus destrezas para leer, en detrimento de esta última.
¿Qué causa la dislexia?
La dislexia es un trastorno del aprendizaje con un componente hereditario muy claro. Lo que ocurre es que debido a alteraciones en las neuronas de ciertas partes del cerebro, no se logran hacer las conexiones necesarias entre la corteza occipital, encargada del procesamiento visual, de imágenes, con la corteza temporal izquierda, encargada del procesamiento auditivo, es decir de los sonidos. En la persona disléxica, no se forman y estabilizan las conexiones o circuitos entre estas áreas lo que produce un déficit en lo que se llama conciencia fonética. La conciencia fonética es lo que permite asociar en forma rápida y precisa una sílaba con un sonido, lo que los lingüistas llaman un grafema con un fonema (es decir que la las letras p y a, cuando están juntas suenan “pa” y viceversa, que si uno quiere escribir el sonido “pa” tiene que escribir las letras “pa”.
¿Qué tan frecuente es la dislexia?
La prevalencia de la dislexia varía de un lugar a otro y de un idioma a otro. En general se estima que entre el 10% al 15% de la población presenta algún grado de dislexia. En los países en donde el idioma es fonético, como el español en Costa Rica, la prevalencia de dislexia es más baja porque no hay excepciones ni irregularidades (“pa” siempre suena “pa” y “pa” (el sonido) siempre se escribe “pa”). Por el contrario, idiomas como el inglés que no son fonéticos, tienen cientos de excepciones lo que hace que las vulnerabilidades neurológicas asociadas a la dislexia se hagan más evidentes.
¿Cómo se trata la dislexia? ¿Se cura?
Idealmente, la dislexia debe ser detectada en los primeros años de enseñanza primaria, entre los 6 a los 8 años. El cerebro de los niños es extraordinariamente plástico, es decir, se forman conexiones nuevas o se refuerzan conexiones existentes más fácilmente que por ejemplo, en un cerebro de un joven de 16 años. Los profesionales encargados de tratar la dislexia son los psicopedagogos, es decir, profesionales en docencia especializados en problemas de aprendizaje. Estos utilizan una serie de técnicas y estrategias para fomentar la conciencia fonética y superar o compensar las dificultades en la lectura.
¿Por qué es importante identificar y tratar la dislexia?
La lectura es una actividad que consume la mayor parte del tiempo de nuestra vida de estudiantes, desde la enseñanza primaria hasta los estudios superiores. Si una persona es disléxica no solamente estará en clara desventaja con respecto a personas de su misma capacidad, sino que su logro se verá afectado por bajo rendimiento, retención escolar, abandono de los estudios y una experiencia íntima, sostenida, de que hay algo defectuoso en ella o en él que le llevará a sufrir de baja autoestima, inseguridad y todo esto afectará su calidad de vida y eventualmente podría llevarle a cuadros depresivos y desmoralización.
Por: Licda. Floribeth Salazar Vargas, coordinadora del Eje de Trabajo Local de Pridena UCR
La Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.
En el mes de julio, en el Centro Cívico por la Paz de Pococí, se realizó la presentación regional Huetar Caribe de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036.
Representantes institucionales y jóvenes de los seis cantones de la provincia participaron en este evento, coordinado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, junto con la oficina regional del Patronato Nacional de la Infancia de Limón, y sus respectivas oficinas locales ubicadas en: Talamanca, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo y Pococí.
En esta actividad se reflexionó colectivamente en torno a los siete ejes estratégicos de la política para socializar los desafíos que representa el plan de acción propuesto para los próximos cincos años (2024-2029).
Así, se compartieron las principales inquietudes de las mesas de trabajo, expuestas por la voz de las personas jóvenes que forman parte de los Consejos Participativos, vinculados a los respectivos Subsistemas Locales de Protección.
Institucionalidad democrática
El primer señalamiento fue la inclusión de la participación indígena no solo como mención en el documento, sino a través de acciones concretas que sean realmente incluyentes. Al respecto, la representante del cantón de Talamanca señaló que cuentan con necesidades e intereses específicos asociados a su cultura y cosmovisión, así como a la atención particularizada de las manifestaciones de violencia que reciben los pueblos indígenas.
Asimismo, se evidenció la necesidad de crear una oficina local en el cantón Guácimo, ya que, ante su inexistencia, la oficina local de Pococí se encuentra a cargo de atender ambas regiones, lo cual no solo genera una sobresaturación de labores profesionales, sino que, a su vez, compromete los pocos recursos institucionales con los que se cuenta para el desarrollo de actividades de prevención y promoción dirigidos a estas poblaciones.
En esta línea, plantean la urgencia de contar con políticas cantonales y presupuestos regionalizados, así como trabajar en el fortalecimiento de los comités tutelares.
Vida y familia en comunidad
Se considera necesario un mayor involucramiento de instituciones y personas. En este sentido, señalan que la mayoría de las acciones planteadas en el plan de acción recaen en pocas instituciones con acciones aisladas y que siempre se ven a las mismas personas, como representantes de las distintas redes o comisiones existentes para estos fines, por lo que consideran necesario diversificar y ampliar la participación de nuevos actores, señalando que el bienestar de las niñeces y las adolescencias es asunto de responsabilidad de todos y todas.
Aseveran que muchas de las acciones se dirigen a las niñeces y las adolescencias, mas no a sus familias, lo cual es un desafío, ya que muchos de ellos y ellas se desenvuelven en entornos con familias violentas.
Por ello, consideran fundamental el énfasis en la protección especial y subrayan la importancia de fortalecer los métodos de crianza respetuosa, y la reflexión para que las familias sepan la responsabilidad que conlleva criar.
Por otra parte, señalan que no todas las personas jóvenes buscan apoyo profesional, pues temen ser juzgadas, por lo que es necesario el desarrollo de abordajes más horizontales que les hagan sentir seguras y sugieren tomar en consideración una estrategia que permita materializar la política para ellos y ellas. En sus palabras, “que las personas jóvenes sepan para qué sirven”.
El área de salud
Para este eje las principales inquietudes se centraron en el acceso diferenciado para la población. Consideran fundamental contar con mayor acceso a servicios de psicología y de Trabajo Social, así como con horarios diferenciados para las citas médicas, de manera que no interfieran con los horarios laborales o educativos.
Plantean la necesidad de que los servicios dirigidos a jóvenes tengan mayor divulgación, pero que, además, se haga mediante medios llamativos y atractivos, para que el mensaje sea recibido.
El área de educación
Destacan la carencia de recursos y el papel que están jugando las personas docentes. Se subraya la mala infraestructura de los centros educativos, lo cual, entre otras cosas, desmotiva el deseo de asistir a las lecciones, así como las limitaciones en cuanto a conectividad.
Demandan mayores recursos tecnológicos, materiales y comunitarios. Además, señalan la alta exclusión educativa producto de la negligencia de las personas responsables o por la necesidad de acceder a mayores recursos económicos, lo cual implica el abandono educativo para incorporarse en trabajos, casi siempre de índole agrícola.
También mencionan la venta y el consumo de sustancias psicoactivas dentro de los centros educativos, algunas naturalizadas tras asumir su bajo riesgo, como los vaporizadores y otras ilícitas que incluso están siendo ofrecidas por las mismas personas docentes a lo interno de los colegios.
Las áreas de cultura, juego, deporte, recreación y actividad física
Resalta la falta de infraestructura deportiva adecuada para su desarrollo, así como la carencia de lugares para la recreación que, además, sean seguros para permanecer en ellos, ya que su percepción sobre los espacios públicos de la provincia es que son peligrosos.
Consideran que no se destina el presupuesto necesario para estos temas, por lo que evidencian que no es prioritario.
A su vez, indican la necesidad de una mayor escucha de las personas jóvenes para que no se minimicen sus emociones y condiciones de salud mental. Consideran necesario un mayor acompañamiento que valide sus situaciones de estrés o ansiedad, muchas veces, son provocadas por las demandas en el hogar, que pueden atenderse a través de su participación en espacios de ocio.
El área de medio ambiente
Hay problemas relacionados con la seguridad ambiental y alimentaria. El cambio climático determina el desplazamiento de familias porque las condiciones climáticas no permiten seguir viviendo de manera segura en su hogar, o porque han disminuido las fuentes de empleo, lo que lleva a migraciones internas.
A esto se suma la dificultad de acceder a empleos dignos, que respeten la naturaleza y permitan la solvencia económica.
Por otra parte, señalan actividades que no se desarrollan de manera óptima, como la gestión de residuos sólidos, la tala, los ruidos excesivos por empresas sin regulaciones, el riego de agrotóxicos en zonas escolares y casas de habitación, lo cual genera, entre otras, cosas grandes malestares físicos y psicológicos.
Consideran fundamental que existan más procesos de educación socioambiental y mayor regulación por parte de los Gobiernos locales, tanto a nivel de auditoría como de políticas cantonales que, lejos de perpetuar correcciones internas, pongan fin a situaciones irregulares.
Frente a este panorama, es importante señalar que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.
Por lo tanto, actualmente contar con un instrumento jurídico es importante para garantizar y resguardar a las niñeces y personas adolescentes. Pese a ello, la política fue aprobada con una falta grave tras la exclusión de los territorios indígenas en su consulta.
Ante tal omisión, la Defensoría de los Habitante realizó una denuncia e interpuso un recurso de amparo enfatizando la discriminación hacia la población y el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta situación fue señalada en varios momentos de la construcción de la política y previo a su aprobación por parte del equipo de Proyectos Interdisciplinarios en Niñeces y Adolescencias (Pridena UCR).
Por tanto, los múltiples desafíos que mencionan las personas jóvenes del Caribe evidencian que la implementación de la política requiere de una mirada particular, contextual y situada para la atención de las demandas de las poblaciones y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Se requiere la superación de indicadores y un gran trabajo articulado entre la institucionalidad pública y privada, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y las niñeces y las adolescencias.
Resulta imperante que las políticas públicas sean más inclusivas y se dirijan a abordar las desigualdades y deficiencias identificadas mediante planes de trabajo coherentes, realistas y regionalizados.
En este sentido, Pridena UCR, a través de su trabajo en lo local, se ha integrado al Subsistema Local de Protección del cantón de Guácimo, donde, a través de su compromiso por la promoción de los derechos de las niñeces y las adolescencias, se proponen y articulan acciones específicas que abonen a la consecución de los objetivos y metas establecidas.
Reconocemos el panorama desafiante y el largo camino que aún se requiere transitar, no obstante, reafirmamos nuestro compromiso por un trabajo ético, consecuente y sensible con las realidades locales, y con las niñeces y las adolescencias del país.
Licda. Floribeth Salazar Vargas Coordinadora del Eje de Trabajo Local de Pridena UCR
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