Como parte del proyecto de caminatas urbanas históricas en los 84 cantones del país, estamos ofreciendo a toda la familia costarricense una opción para conocer los atractivos y bellezas naturales de Costa Rica.
En esta ocasión visitaremos la comunidad de Santo Domingo de Heredia y realizaremos un recorrido hacia la Iglesia Histórica de El Carmen, ubicada en el distrito de San Miguel, Heredia, y que además es Patrimonio Histórico Nacional.
Atractivos:
Parroquia de Santo Domingo, parque del cantón e iglesia El Carmen (patrimonio histórico). Día: Sábado 5 de julio de 2025 Hora: 8:45 a. m. Distancia: 5 km Rendimiento físico requerido: 70% Inscripciones abiertas Costo: ₡3.000 colones Incluye: guía acreditado, refrigerio y souvenir Sinpe: 6226-2080 (Fundación Caminantes de Costa Rica) Información: 7189-4252
La carrera de Arquitectura de la UCR fue acreditada por Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable instancia que garantiza la calidad en la formación de las personas profesionales de la UCR. Foto Archivo OCI.
ANPADEH garantiza la excelencia de la carrera de Arquitectura UCR en la formación de profesionales
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica logró posicionarse en el país como la primera en su tipo en recibir la acreditación internacional de la AHPADEH (Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable), la cual está vigente desde el 6 de diciembre del 2024 hasta el 5 de diciembre del 2029.
Este instrumento de evaluación legitima la excelencia de la formación integral que ofrece la UCR a su estudiantado, en la carrera de Arquitectura, la cual no sólo se enfoca en estudiar y crear soluciones a las principales necesidades de la población costarricense, sino también en preparar los aportes para los problemas del futuro, entre los que destacan la desigualdad social, la pobreza y el cambio climático.
Por medio de esta acreditación, las personas estudiantes de la carrera de Arquitectura y egresadas de la UCR pueden gestionar sus prácticas o actividades profesionales en los países suscritos en el Acuerdo de Canberra, de la cual la ANPADEH forma parte.
La Dra. Zuhra Sasa Marín, directora de la Escuela de Arquitectura UCR manifestó que la acreditación confirma el trabajo exhaustivo de nuestra Alma Mater en materia de aspirar a la excelencia y a la formación integral de su estudiantado.
“La acreditación representa un sello de calidad internacional. Al estar la UCR acreditada por una agencia signataria del Acuerdo de Canberra, sus programas reciben automáticamente reconocimiento en los países que son parte de este acuerdo. Esto se traduce en una ventaja profesional competitiva para el estudiantado, especialmente en un contexto donde las nuevas generaciones buscan ampliar sus horizontes más allá de un solo espacio geográfico” explicó Sasa.
En su opinión, otro de los beneficios de recibir este respaldo internacional radica en que, al tratarse de un programa de autoevaluación especializado en Arquitectura, la unidad académica tiene la oportunidad de implementar un plan de mejora continua bajo los estándares establecidos por esta reconocida acreditadora.
“Es una acreditación que se basa en un manual que es única y exclusivamente para arquitectura, entonces tanto la autoevaluación como el proceso de mejora continua de los programas de formación en arquitectura se ven beneficiados con solicitudes naturales a la carrera. Esto nos permite formular proyectos y propuestas que van a mejorar todo el ejercicio de la Escuela de Arquitectura, no solo desde el proceso de enseñanza aprendizaje, sino también en términos de lo operativo” señaló Sasa.
En cuanto a las habilidades y aptitudes que hacen que las personas profesionales en Arquitectura de la UCR destaquen a nivel laboral, Sasa manifestó que son personas con un amplio sentido social y que buscan aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, que tienen una gran conciencia ambiental y plantean soluciones desde un panorama de visión amplio.
Al recibir esta certificación internacional, la Agencia de Acreditación de los Programas de Ingeniería y Arquitectura AAPIA, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) también validó este sello de excelencia de la carrera de Arquitectura de la UCR.
Tatiana Carmona Rizo Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El colectivo Comunicadores por Palestina hace un llamado urgente a la ciudadanía a participar del webinario “Fuera Mekorot de Abya Yala”, un espacio de análisis sobre los intereses de la iniciativa privada y grupos de poder en torno al agua como recurso estratégico en América Latina.
Este evento busca abrir un diálogo entre activistas defensores del agua e investigadores de la región, con el objetivo de visibilizar la presencia e influencia de la empresa nacional de aguas de Israel, Mekorot, en distintos países de nuestro continente.
Temas a discutir:
¿ Ordenamiento territorial ?
¿Ordenamiento hídrico ?
¿Ordenamiento jurídico ?
¿ Desarrollo urbanístico ?
Y la distribución del agua.
Mekorot es la empresa estatal israelí responsable del control del agua en territorios palestinos ocupados, acusada por múltiples organizaciones de derechos humanos de robo, contaminación y apartheid hídrico. Ahora, sus «tentáculos» se extienden hacia América Latina, muchas veces bajo otros nombres o mediante alianzas público-privadas, como parte de los llamados “planes maestros” de gobernanza del agua.
En Costa Rica, es importante poner atención a los “regalos” y viajes que esta empresa ofrece a municipalidades como parte de estrategias de influencia política y comercial. Aunque el reciente viaje de funcionarios municipales se reprogramó, los convenios siguen gestándose en silencio.
En el ámbito de la educación de nuestra niñez y juventud, enfrentamos un sistema profundamente desafiante. Se ha trazado una ruta de la Educación imaginaria, marcada por recortes presupuestarios que culminan en una alfabetización escasa, casi nula. Esto no es accidental; es una estrategia que busca erosionar la capacidad crítica de las futuras generaciones.
¡Auxilio! ¿Qué sucede en el Circuito 01 de Desamparados, del MEP?
Hoy, el Circuito 01 de Desamparados se encuentra en un caos total. Los recortes presupuestarios, las Juntas de Educación que no logran resistir un sistema desgastante, las familias agotadas por los maltratos institucionales y una infraestructura en constante deterioro son la cruda realidad. La indiferencia de las autoridades ante esta situación es alarmante y se traduce en aulas superpobladas y migración a escuelas fuera de su comunidad, falta de materiales didácticos y un personal docente desmotivado y sobrecargado. Un ambiente laboral hostil que enferma al cuerpo docente.
El principio establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, que reza: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, no se cumple. Cientos de familias desamparadeñas vivimos en un estado de alerta constante por la educación de nuestros hijos e hijas. Nos preguntamos: ¿Están en buenas manos? La respuesta, lamentablemente, es un rotundo no. La calidad educativa se deteriora a pasos agigantados, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes.
Asistimos a un debilitamiento del pensamiento y del razonamiento. ¿Qué se busca? Una población adormecida, ¡claro! Es mucho más fácil dominar a las masas desde la ignorancia. No hay otra interpretación posible ante la crisis sistémica que estamos experimentando. Se fomenta la memorización por encima del análisis crítico, limitando la capacidad de nuestros estudiantes para cuestionar y proponer soluciones.
Condenamos la violencia institucional que transgrede los Derechos Humanos y que obstaculiza el acceso a políticas públicas, especialmente para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta violencia se manifiesta en la negación de oportunidades, la falta de apoyo a estudiantes con necesidades especiales y la precarización de las condiciones laborales de quienes luchan por una educación digna.
La lucha comunal vive y no está dormida, ni sumisa. Desde las bases, “los de abajo” nos levantamos para exigir el respeto a nuestros derechos y la garantía de una educación pública de calidad. No callaremos ante la injusticia y seguiremos alzando la voz hasta que se reconozca que la educación es la base de una sociedad justa y equitativa. La resistencia es nuestra arma más poderosa y la usaremos para construir un futuro mejor para todos.
El Frente Nacional de Lucha (FNL) está convocando a la ciudadanía a participar en las barras de la Asamblea Legislativa este jueves 3 de julio a las 9:00 a.m., como señal de rechazo al Proyecto de Ley N.º 23.414, denominado Ley de Armonización del Modelo Eléctrico.
Según la organización, esta iniciativa legislativa representa un serio riesgo para el modelo energético costarricense, ya que debilita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pone en peligro los ecosistemas del país y podría provocar un aumento en las tarifas eléctricas para la población.
Este material fue producido por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica y este indica que un reciente análisis alerta sobre una modificación normativa que elimina los límites fijos de plaguicidas en el agua potable en Costa Rica. A través de un lenguaje técnico y regulatorio, el cambio introduce una nueva forma de gestión “caso por caso” que, según el Observatorio, reduce los estándares de protección de la salud pública y beneficia intereses agroindustriales.
El artículo señala que esta transformación regulatoria se enmarca en una lógica de regresión ambiental, donde se desmantelan conquistas históricas en materia de derecho al agua y protección del bien común. La flexibilización de los controles ocurre en un país donde ya existen casos documentados de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, lo que afecta de forma directa a comunidades rurales y periurbanas.
Además, se cuestiona la falta de participación pública y transparencia en el proceso de modificación del reglamento. El Observatorio advierte que la lógica técnica utilizada para justificar la medida encubre una decisión política que responde a sectores económicos con influencia institucional, debilitando la capacidad del Estado de garantizar el acceso seguro al agua como derecho humano.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica resolvió parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus interpuesto en favor de un grupo de personas migrantes que, tras ser deportadas desde Estados Unidos, fueron admitidas por Costa Rica por razones humanitarias. Estas personas permanecieron en condición de privación de libertad en el Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM-SUR), ubicado en el cantón de Corredores, provincia de Puntarenas.
Según consta en la sentencia número 2025-19485, dada a conocer el pasado martes 25 de junio por la oficina de prensa del Poder Judicial, la mayoría de las magistraturas que integran la Sala concluyó que la retención de estas personas, sin una resolución administrativa individualizada, sin información sobre su estatus migratorio, sin acceso a asesoría legal y sin posibilidad de contacto con el exterior, constituyó una violación a sus derechos fundamentales.
La Sala determinó que la actuación de las autoridades migratorias, en especial en lo referente al mantenimiento de las personas en una condición equiparable a la detención, careció de fundamento legal suficiente y de respeto a las garantías básicas del debido proceso. Asimismo, el Tribunal señaló que se omitió informar adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a solicitar refugio en el país, conforme a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En consecuencia, la Sala ordenó al director general de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, que en un plazo de 15 días naturales proceda a emitir una resolución debidamente motivada para cada caso individual, en la cual se defina el estatus migratorio correspondiente. Además, se dispuso la liberación inmediata de todas las personas migrantes amparadas por la sentencia, y se solicitó la articulación de acciones interinstitucionales para la atención integral de sus necesidades en salud, educación, vivienda y apoyo social.
La sentencia también impuso al Estado costarricense la obligación de asumir el pago de costas, daños y perjuicios, los cuales deberán cobrarse mediante un proceso de ejecución en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El recurso fue tramitado bajo el expediente número 25-006713-0007-CO, y fue presentado por personas defensoras de derechos humanos que denunciaron que las condiciones en que las personas migrantes fueron mantenidas en el CATEM-SUR no respetaban los principios mínimos de dignidad, información y protección jurídica. El ingreso de estas personas al país se dio en el marco de un acuerdo bilateral con el gobierno de Estados Unidos, que permitió su admisión temporal por motivos humanitarios en febrero de 2025.
Cabe destacar que la decisión de la Sala no fue unánime. Las magistraturas Fernando Castillo, Luis Salazar y Anamari Garro emitieron voto salvado, declarando sin lugar el recurso en todos sus extremos. Argumentaron que la permanencia de las personas migrantes en el centro de atención respondía a un contexto migratorio y humanitario excepcional y que las medidas aplicadas no constituían una detención arbitraria. Asimismo, señalaron que no se acreditó que las personas estuvieran privadas de asistencia legal y que muchas de ellas ya habían salido del país conforme al plan original establecido por las autoridades costarricenses.
La sentencia refuerza el principio de que la condición migratoria de una persona no puede ser utilizada como justificación para restringir sus derechos fundamentales sin base legal suficiente, y reitera el deber del Estado costarricense de garantizar el respeto al debido proceso y a las normas de protección internacional aplicables a las personas migrantes, solicitantes de refugio o en situación de vulnerabilidad.
SURCOS recibió el siguiente comunicado de la Defensoría de los Habitantes:
Cuatro meses después de la llegada al país de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que destaca avances, pero también señala importantes pendientes en la atención de esta población vulnerable, particularmente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) Sur.
La institución subraya que la situación global de las migraciones implica múltiples riesgos, incluyendo abusos de autoridad, explotación y violaciones a derechos humanos. Ante esto, insiste en que los Estados deben liderar respuestas integrales con enfoque de derechos y participación multisectorial.
Desde febrero, la Defensoría ha recomendado al Estado costarricense una serie de acciones, como garantizar condiciones dignas de permanencia, alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países de origen, libertad de tránsito y un abordaje integral de necesidades. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, muchas han sido posteriormente implementadas.
Entre los avances señalados destacan:
Instalación de sábanas en los camarotes del CATEM Sur.
Mantenimiento y reparación del sistema de purificación de agua.
Sustitución del techo del centro con material aislante de calor.
Permiso de ingreso y salida para personas deportadas.
Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.
Opción de solicitar refugio.
Intervención del MEP para valorar alternativas educativas para menores.
La Defensoría también reconoce el esfuerzo del personal de la policía migratoria, aunque advierte sobre la necesidad de una mejor planificación de recursos y mayor transparencia institucional.
Sin embargo, persisten varios temas críticos que requieren atención urgente:
Definición del país de destino para personas deportadas que no pueden volver a su lugar de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.
Falta de traductores para atender adecuadamente a las personas deportadas desde EE.UU.
Ausencia de un abordaje institucional integral y constante, pese a la presencia del PANI e INAMU.
Falta de acceso a internet mediante Wi-Fi en el centro.
La Defensoría concluye reafirmando su compromiso de seguimiento activo para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra las más altas autoridades de la CCSS por presuntas irregularidades en la implementación del sistema ERP-SAP.
Según el comunicado emitido por la organización sindical, la denuncia se basa en «abundante prueba documental» y solicita la investigación de posibles delitos como incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y posibles actos de corrupción relacionados con el contrato N.º 2020-09.
UNDECA fundamenta su acción en oficios de la Auditoría Interna, informes técnicos institucionales y expedientes contractuales que señalan «posibles entregables defectuosos, pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas contractuales irregulares» en un proyecto con un costo superior a los 50 millones de dólares.
La organización señala directamente a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, y al director del Plan de Innovación, Héctor Arias Mora, como responsables de impulsar la implementación del sistema en junio de 2025 «sin contar con condiciones técnicas mínimas» y en «claro desacato a informes institucionales que advertían sobre los riesgos operativos».
Paro nacional con alta participación
Paralelamente a la denuncia penal, UNDECA ejecutó un paro nacional este martes que, según la organización, alcanzó una participación de entre 80% y 90% en todo el país. El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, indicó que el movimiento mantiene «la atención de servicios de emergencias y la atención a personas internadas, en apego a los principios éticos y solidarios del personal de salud».
La implementación del sistema ERP-SAP ha causado, según UNDECA, «caos en el abastecimiento de insumos y medicamentos, atrasos en pagos de salarios, demoras en el pago a proveedores, ausencia de trazabilidad financiera, de activos e inventarios, afectación de incapacidades y grave perjuicio a los servicios de salud».
La organización sindical denuncia que las jefaturas han sido obligadas a «firmar declaraciones juradas de responsabilidad, eximiendo a los verdaderos responsables del desastre» y que el proyecto se ejecutó con «preocupante permisividad institucional, validando entregables incompletos, omitiendo sanciones al contratista, aceptando servicios no contratados».
UNDECA exige al Ministerio Público que adopte «medidas cautelares personales y patrimoniales que garanticen la protección del erario» y sostiene que «la salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados: se defiende con transparencia, profesionalismo, compromiso y justicia social».
Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la UCR
Proveniente del inglés ageism, el concepto del edadismo fue acuñado en 1969 por el doctor Robert Butler, médico gerontólogo estadounidense y primer director del Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos.
La identificación de una palabra para el edadismo en todos los idiomas sería una manera de comenzar a generar conciencia y cambio en todos los países. Aunque el edadismo abarca cualquier estereotipo, prejuicio o discriminación que se base en la edad, hay otros términos que se han usado para hacer referencia a los estereotipos, los prejuicios o la discriminación por razones de edad.
De grata memoria, el doctor Butler visitó Costa Rica en una ocasión para pasar Navidad y Año Nuevo junto con su respetable familia. Tuve el privilegio de recibirlo y acompañarlo sin imaginar que la visita se convertiría en una de trabajo, dada la buena impresión que se llevó a raíz de los avances sociales y, particularmente, de la seguridad social que observó en nuestro país y que, según me repitió, no existían en Estados Unidos, su patria. Después de su visita, en cada congreso de Geriatría Internacional en que coincidíamos, expresaba los valores de la seguridad social en Costa Rica; es decir, se convirtió en un aliado nuestro.
La literatura trata el edadismo como concepto polifacético, que implica tres dimensiones: cognitiva (estereotipos), afectiva (prejuicio) y conductual (discriminación). La dimensión cognitiva engloba los estereotipos negativos sobre el envejecimiento.
Los estereotipos se activan cuando no se consideran las características específicas de los adultos mayores. Estos pueden generar etiquetas que llevan a separar a las personas en diferentes categorías y a activar creencias que desprecian a los sujetos y provocan consecuencias negativas en diferentes áreas de la vida.
En el contexto de los servicios de salud, se conocen los efectos de los estereotipos, prejuicios y discriminaciones que experimentan las personas mayores y restringen el acceso a la atención en salud, al diagnóstico y al tratamiento. Estos se asocian significativamente con peores condiciones de salud, disminución de la longevidad, baja en la calidad de vida y el bienestar, así como con malas relaciones sociales, enfermedades físicas, mentales y deterioro cognitivo.
Efectos del edadismo en la salud
El edadismo tiene una grave repercusión en todos los aspectos de la salud que la OMS define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.
Por consiguiente, el edadismo es un determinante social de la salud que, hasta ahora, se ha tenido poco en cuenta. Sus efectos en la salud son de un grado similar, si no superior, a los que tiene el racismo, una forma de prejuicio y discriminación cuyas consecuencias en la salud han sido ampliamente estudiadas.
El edadismo puede tener un impacto de gran alcance en la calidad de vida general de las personas mayores y puede afectar también aspectos específicos de su bienestar social. Por ejemplo, el edadismo puede conducir al aislamiento social y a la soledad y puede limitar la sexualidad de las personas mayores.También, puede asociarse a ellas un mayor temor a la delincuencia y a un aumento del riesgo de sufrir violencia o maltrato.
Las estrategias contra el edadismo incluyen intervenciones por medio de la educación para la salud, campañas de concientización, actualización del conocimiento científico y ampliación de los canales de comunicación entre personas mayores y profesionales de salud.
Con todas estas realidades que recoge el edadismo, se hace obligatorio hacer un esfuerzo en la formación de los jóvenes que estudian Medicina, para capacitarlos con conocimiento profundo en un tema de tanta relevancia.
En el caso de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), se incluye en su formación el curso de Geriatría y Gerontología, que se imparte en el último año de la carrera, en el cual se les enfatiza la importancia de esta temática, que se ha ido convirtiendo en un flagelo. Se les inculcan el respeto y la consideración; los estudiantes hacen análisis con casos clínicos de la vida real y se profundiza en la realidad que pueden sufrir (o sufren) estos pacientes, así como en la importancia de usar apropiadamente todas las estrategias para evitar (y tratar) estas consecuencias tan negativas e inhumanas en los pacientes adultos mayores.
Además, la Facultad de Medicina de la UCR, desarrolla la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad, en la que se capacita a la sociedad sobre esta temática.
Fernando Morales Martínez Decano de la Facultad de Medicina de la UCR
