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8 de octubre Día Internacional de la Dislexia

Dr. Luis Diego Herrera Amighetti
Especialista en psiquiatría de niños y adolescentes
Miembro de Número ACANAMED

¿Qué es la dislexia y cómo se identifica?

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta principalmente la capacidad de leer. Los niños y adolescentes que sufren dislexia tienen dificultades para aprender a leer con la fluidez esperada para su edad y grado escolar, leen lentamente y tienden a “adivinar” las palabras por sus sílabas iniciales (por ejemplo pueden leer orquesta en donde dice orquídea). En general les cuesta reconocer las palabras con rapidez y precisión y su ortografía es deficiente. Habitualmente, entienden mejor un texto si alguien lo lee o se les da una explicación verbal, a si ellos lo leen. Típicamente evitan, o no disfrutan de la lectura aunque aquellos que tienen curiosidad intelectual intentan leer no obstante las dificultades mencionadas. Otra evidencia de la presencia de dislexia es que existe una discrepancia entre su capacidad general y para otras formas de conocimiento, como la matemática, por ejemplo, y sus destrezas para leer, en detrimento de esta última.

¿Qué causa la dislexia?

La dislexia es un trastorno del aprendizaje con un componente hereditario muy claro. Lo que ocurre es que debido a alteraciones en las neuronas de ciertas partes del cerebro, no se logran hacer las conexiones necesarias entre la corteza occipital, encargada del procesamiento visual, de imágenes, con la corteza temporal izquierda, encargada del procesamiento auditivo, es decir de los sonidos. En la persona disléxica, no se forman y estabilizan las conexiones o circuitos entre estas áreas lo que produce un déficit en lo que se llama conciencia fonética. La conciencia fonética es lo que permite asociar en forma rápida y precisa una sílaba con un sonido, lo que los lingüistas llaman un grafema con un fonema (es decir que las letras p y a, cuando están juntas suenan “pa” y viceversa, que si uno quiere escribir el sonido “pa” tiene que escribir las letras “pa”.

¿Qué tan frecuente es la dislexia?

La prevalencia de la dislexia varía de un lugar a otro y de un idioma a otro. En general se estima que entre el 10% al 15% de la población presenta algún grado de dislexia. En los países en donde el idioma es fonético, como el español en Costa Rica, la prevalencia de dislexia es más baja porque no hay excepciones ni irregularidades (“pa” siempre suena “pa” y “pa” (el sonido) siempre se escribe “pa”). Por el contrario, idiomas como el inglés que no son fonéticos, tienen cientos de excepciones lo que hace que las vulnerabilidades neurológicas asociadas a la dislexia se hagan más evidentes.

¿Cómo se trata la dislexia? ¿Se cura?

Idealmente, la dislexia debe ser detectada en los primeros años de enseñanza primaria, entre los 6 a los 8 años. El cerebro de los niños es extraordinariamente plástico, es decir, se forman conexiones nuevas o se refuerzan conexiones existentes más fácilmente que por ejemplo, en un cerebro de un joven de 16 años. Los profesionales encargados de tratar la dislexia son los psicopedagogos, es decir, profesionales en docencia especializados en problemas de aprendizaje. Estos utilizan una serie de técnicas y estrategias para fomentar la conciencia fonética y superar o compensar las dificultades en la lectura.

¿Por qué es importante identificar y tratar la dislexia?

La lectura es una actividad que consume la mayor parte del tiempo de nuestra vida de estudiantes, desde la enseñanza primaria hasta los estudios superiores. Si una persona es disléxica no solamente estará en clara desventaja con respecto a personas de su misma capacidad, sino que su logro se verá afectado por bajo rendimiento, retención escolar, abandono de los estudios y una experiencia íntima, sostenida, de que hay algo defectuoso en ella o en él que le llevará a sufrir de baja autoestima, inseguridad y todo esto afectará su calidad de vida y eventualmente podría llevarle a cuadros depresivos y desmoralización.

La última “salida” de Cisneros

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Con su reciente anuncio, la diputada Cisneros, reconocida «directora de propaganda» del gobierno chavista, de que ella, con el equipo que usa en el Congreso para leer discursos, va a generar producciones desde Zapote, para romper la veda electoral que, entre otros, prohíbe al presidente Chaves hacer propaganda a favor del partido político chavista, y en contra de los partidos de oposición, está, «sin querer queriendo», comprometiendo al mandatario y, esto es muy importante, a los medios que se atrevieren a contratar las transmisiones que la diputada tiene planeado hacer desde Casa Presidencial.

¡Veamos! Si el artículo N°142 del Código Electoral, PROHÍBE «difundir mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada», y la diputada ha confesado que tratará de incumplir tal prohibición, cual, si estuviera de regreso en un noticiero de televisión, sentimos que se está metiendo en un enmarañado manglar.

Por un lado, no puede negar que ella es, de hecho, parte del equipo de propaganda de Casa Presidencial. Eso no es ninguna sorpresa. Asimismo, no puede pretender que tenga alguna importancia de quién es el equipo de transmisión que usaría para con él, burlar la legislación electoral, que todos los costarricenses tenemos el deber de cumplir. Aunque un par de aparatos supuestamente sean comprados por «perico de los palotes» (algo intrascendente), la Cisneros piensa que, al no ser de la Presidencia, ello le dará un matiz de legalidad a su “genial idea”, y que así, el pobrecito que hoy se siente «amordazado«, podría lavarse las manos cual infantil inocente, pues él (piensa ella) no tendría responsabilidad alguna de la propaganda que se transmitiría por iniciativa de otros, y que Chaves se muere por ejecutar.

Para ello, Cisneros, quien recordemos no tiene prohibición, piensa que hasta podría transmitir propaganda pagada por el partido oficial… con Chaves como actor laureado como principal protagonista. ¡Ni el actor de origen indio que se ha hecho famoso gracias a un diputado pugilista, podría sustituirle!

Dicen que se dice”, que, como el abogado de Chaves, ahora candidato a diputado por Alajuela, es tan olvidadizo, al asesorarlos seguro olvidó que, a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro prestigioso Tribunal Supremo de Elecciones reafirmó que Costa Rica habría de contar con mecanismos que eviten el uso indebido del aparato público en las campañas electorales, para evitar la difusión de propaganda oficial durante el periodo electoral. Explícitamente se anota razonablemente, que, aunque no se incurra en gasto público directo, la visibilidad y la amplificación de los mensajes que otorgan los canales oficiales pueden influir de manera ilegítima en la intención de voto de la ciudadanía.

Asimismo, el TSE dispuso que también queda prohibida la publicación de ese tipo de mensajes en plataformas digitales institucionales, con o sin pago. En términos generales, la difusión de propaganda en contra de lo dispuesto en la Constitución Política o en el Código Electoral se sanciona económicamente, tanto a los responsables de los medios de comunicación, como a todos aquellos que buscan difundir propaganda en contra de lo dispuesto en el Código Electoral, como pretende la diputada Cisneros Gallo. Igualmente, se exponen a multas de dos a diez salarios base, los encargados o responsables de medios de comunicación, que pretendan “jugar de vivos” en un contexto donde, torpemente, ya la emprendedora diputada ha cantado sin guitarra, segura de que la asesoría recibida era estupenda. Están pues avisados los amigos de los medios que ya han sido buscados.

A una sociedad políticamente organizada sin Estado, algunos le llaman anarquía. Lo de Pilar Cisneros no se le acerca, pues lo de ella, básicamente es una “salida” impensada, y como tal, no merece ser tomada en serio.

Saqueo en la CCSS: Gobierno de Chaves y sus títeres entregan la salud a la corrupción

El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente el grave acto de corrupción y despilfarro cometido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que pagó $1,9 millones a la empresa encargada del sistema contable ERP-SAP, pese a múltiples fallas, advertencias internas y evidencias de su fracaso. La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, es juez y parte en este contrato.

Este no es un “error técnico” aislado, sino un saqueo institucional coordinado. El sistema ha presentado graves problemas: fallos en el registro de recetas, descontrol en inventarios farmacéuticos y atrasos en pagos a proveedores, afectando directamente la atención médica. Desde diciembre de 2024 se habían emitido alertas que fueron ignoradas, y aun así se aprobó el pago de forma express, sin exigir correcciones ni revisar los entregables.

El Partido responsabiliza directamente al gobierno de Rodrigo Chaves, a la Presidencia y a la Junta Directiva de la CCSS, que actuaron como títeres del poder político, avalando contratos espurios, pagos injustificados y removiendo ilegalmente a la directora Martha Rodríguez González, la única que cuestionaba estas decisiones.

Este caso es parte de un plan de saqueo sistemático disfrazado de “modernización estatal”. Por ello, el Partido Vanguardia Popular exige:

Investigación inmediata e independiente por parte de la Contraloría, Fiscalía y órganos de control, incluyendo auditorías forenses y trazado financiero.

Sanciones ejemplares a todos los responsables, políticos y técnicos.

Recuperación de los fondos desembolsados ilegalmente o pagados sin resultados positivos del ERP.

Que no se use la corrupción, fomentada desde las altas esferas político empresariales, como excusa para privatizar servicios o recortar derechos.

La corrupción afecta directamente la vida del pueblo. Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía a exigir justicia, vigilancia y rendición de cuentas.

Partido Vanguardia Popular
7 de octubre de 2025

El catecismo chavista en pocas líneas

Gerardo Hernández Naranjo

1. Nosotros somos los buenos, todos los demás son malos.

2. Yo no fui, fue teté: la corrupción, la inseguridad, el desempleo y todos los problemas que nos aquejan son culpa de la #AsambleaLegislativa, de la #Contraloría, del #PoderJudicial, etc. etc. que no nos dejan gobernar

3. Justifiquemos nuestros errores, nunca reconocerlos, aunque existan audios, videos, documentos y hasta expedientes completos como pruebas.

4. Digamos sin cesar que el pasado es malo y todos los gobernantes anteriores son los responsables de todo lo malo que tiene el país. Que el presente es difícil porque no nos dejan gobernar. Y que el futuro será un paraíso si seguimos gobernando.

5. Todo el que se nos oponga es malo, cómplice de las élites gobernantes del pasado y que quieren recuperar el poder.

6. Nosotros no manipulamos, no mentimos, no ocultamos información; hablamos con la verdad y le abrimos los ojos al pueblo.

7. Nuestra propia corrupción está justificada por la de otros en el pasado. No pagamos favores, apoyamos a los empresarios “comprometidos con el cambio”.

8. Las instituciones son buenas si están de nuestro lado y nos dan la razón. Si no, son corruptas, manipuladas por los Arias o similares.

9. La prensa que nos critica es canalla, solo la que nos piropea (prensa vasalla) es buena.

10. Mientan …mientan… y mientan que los ticos son muy básicos. Repitan…repitan y repitan lo que digan #Pilar y #Chaves.

11. A nuestros seguidores: griten…maldigan…desafíen la legalidad…inventen conspiraciones…culpen…ofendan…infundan miedo…amenacen…descalifiquen, etc. etc., como lo hace nuestro líder, contra toda persona que piense diferente o que critique al gobierno.

12. Nuestro líder supremo es un redentor, un mesías, un salvador…el mejor gobernante de la historia.

13. Cuando sea necesario, hablemos de la vías violentas, incluso de las armas, para defender al supremo líder.

14. Hablen de Dios y en su nombre, vayan a misa o a los cultos, aunque no crean ni practiquen principios religiosos.

15. Digamos que tenemos las mejores propuestas, aunque no nos da la gana mostrarlas ni discutirlas.

16. Juremos respetar la Constitución, las Leyes, La División de Poderes… pero si nos señalan faltas gritemos que están conspirando contra el #Gobierno y quieren hacer un golpe de Estado.

17. EL #TSE es bueno y ejemplar si ganamos las elecciones. Pero si nos recuerda límites legales es porque quiere amordazarnos e impedir que continuemos gobernando. Si perdemos las elecciones, hay que decir que hubo fraude.

18. Digamos que todas las obras públicas inauguradas han sido gracias a este gobierno, los anteriores no tienen nada que ver salvo porque las habían retrasado.

19. Practiquemos la violencia política y los discursos de odio contra personas adversarias, sobre todo contra mujeres y población LGBTQI+. Pero digamos que eso es hablar con claridad y sinceridad.

20. Digamos que nos gusta la democracia y la defendemos, aunque en realidad nos encantaría una dictadura como las que se perfilan o ya existen en otros países cercanos.

21. Los #Alcaldes y #Alcaldesas que antes eran corruptas y de los partidos malos, cuando se nos unen pasan a ser héroes y símbolos de esperanza.

22. A nuestros influencers, creadores de contenido y trolls: si se salen los quemamos, como en la mafia.

Agreguen las que consideren oportunas en los comentarios.

Y, sobre todo, reflexionemos: ¿vamos a permitir que se impongan estas narrativas?

Organizaciones del agro convocan a vigilia en defensa de la producción costarricense

Ante la difícil situación que enfrenta el sector agropecuario nacional, diversas organizaciones se unirán este 8 de octubre de 2025 en una actividad denominada “Vigilia por el Agro Costarricense”, la cual se realizará frente a la Asamblea Legislativa a partir de las 6:00 p.m.

La convocatoria está impulsada por la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), la Corporación Hortícola Nacional, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), organizaciones que representan a miles de familias agricultoras y productoras del país.

El objetivo de la vigilia es expresar apoyo y solidaridad con las personas trabajadoras del agro, sector que enfrenta crecientes desafíos económicos, climáticos y legislativos. En el comunicado de convocatoria, las organizaciones recuerdan que Costa Rica siempre ha sido tierra de hombres y mujeres que cultivan y cosechan los alimentos que llegan a las mesas del país, y que hoy, más que nunca, este sector requiere del respaldo ciudadano.

“Esta vigilia será una jornada de unión, esperanza y compromiso con quienes trabajan la tierra y garantizan la seguridad alimentaria del pueblo costarricense”, indica la convocatoria. Además, dará inicio el campamento del sector arrocero con la llegada de productores y productoras de la zona norte, zona sur, Guanacaste y Caribe.

Las agrupaciones hacen un llamado a la población, a instituciones públicas y a representantes legislativos para que acompañen esta manifestación pacífica y se comprometan con políticas públicas que fortalezcan la producción nacional y la seguridad alimentaria.

La actividad se desarrollará en un ambiente de respeto, con presencia de representantes de distintas regiones del país, y tendrá como consigna central:
“Porque defender al agro, es defender a Costa Rica.”

Escenario peligroso

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.

La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.

La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.

Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.

Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.

Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.

Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.

Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.

En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.

A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.

Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.

Importancia histórica de las urnas electorales

Frank Ulloa Royo

Necesidad de defensa del sistema electoral costarricense

Costa Rica no nació democrática: se hizo democrática. Y en ese hacerse, el sistema electoral ha sido una de sus conquistas más costosas, más frágiles y más dignas de defensa. Desde el Pacto de Concordia de 1821, pasando por las constituciones de 1844, 1871 y 1949, el país ha ido tejiendo una institucionalidad electoral que no es sólo norma jurídica, sino pacto ético, memoria de sangre y promesa de convivencia.

Sin embargo, ese tejido ha sido desgarrado muchas veces. Durante los siglos XIX y XX, Costa Rica vivió numerosos golpes de Estado y rupturas del orden constitucional: en 1870, Tomás Guardia derrocó a Jesús Jiménez; en 1917, Federico Tinoco impuso una dictadura tras derrocar a Alfredo González; y en 1948, la guerra civil fue el desenlace de una crisis electoral sin garantías. Estos episodios nos recuerdan que la democracia no es irreversible, y que los riesgos de regresión autoritaria nunca desaparecen del todo. Hoy, en medio de una polarización creciente, no estamos exentos de esos peligros. La historia nos advierte: cuando se debilita la confianza en las instituciones electorales, se abre la puerta al caos.

El Pacto de Concordia fue la primera semilla constitucional. La Constitución de 1949, en cambio, emergió como un árbol que brotó tras la tormenta, con raíces hundidas en el dolor de una guerra fratricida. Por siglos, Costa Rica ha cultivado una institucionalidad electoral que no es sólo norma: es espacio de convivencia de ideas y contradicciones dialécticas. Pero también es escudo contra el odio, que hoy parece renacer entre las cenizas de una democracia incendiada desde la propia casa presidencial.

Las elecciones no son un trámite. Son el ritual civilizatorio que permite dirimir diferencias sin violencia, renovar liderazgos sin rupturas y expresar la voluntad popular sin miedo. Pero para que ese ritual funcione, se requiere un sistema electoral confiable, imparcial y respetado. En Costa Rica, ese sistema ha sido construido con dolor: una guerra civil de 40 días en 1948, con más de 3.000 muertos, fue el precio que pagamos por no tener garantías suficientes. La institucionalidad que surgió después —el Tribunal Supremo de Elecciones, la ciudadanía universal, el voto secreto— no fue obra de élites en escritorios, sino respuesta a una fractura nacional que aún duele.

Antes de 1948, el sistema electoral era imperfecto. Las anécdotas familiares lo confirman: funcionarios que manipulaban sellos, papeletas listas para el fraude, y una cultura política donde la pureza electoral era bandera de quienes habían violentado su esencia. La guerra no sólo dividió familias, como la mía, sino que instauró un régimen de facto que prohibió partidos, encarceló líderes como Manuel Mora y Carmen Lyra, y mutiló la democracia política. Recordar ese episodio no es revanchismo: es pedagogía histórica. Es advertencia.

Hoy, en medio de una polarización creciente, se empuñan armas verbales contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Se le acusa de parcialidad, de incapacidad, de no ser árbitro confiable. Pero esas acusaciones, cuando no se sustentan en pruebas sino en pasiones, erosionan la confianza pública y abren la puerta a escenarios que ya conocemos: exclusión, odio, violencia. La ética electoral no está sólo en el conteo de votos, sino en el respeto a las reglas, en la aceptación de resultados, en la defensa de las instituciones que nos permiten convivir.

Yo mismo he dejado de votar en ocasiones, sin saber que esa omisión permite que, con poca representatividad, los peores nos gobiernen. Hoy, sin embargo, entiendo que votar no es sólo un derecho: es una responsabilidad ética. Es un acto de memoria. Es decirle al país que no queremos otra guerra civil, que valoramos lo que costó construir este sistema, y que estamos dispuestos a defenderlo con la palabra, con el voto, con la historia.

La democracia no se hereda: se cultiva. Y el sistema electoral costarricense, con sus luces y sombras, es uno de sus pilares más sagrados. No lo destruyamos con ligereza. No lo erosionemos con odio. Recordemos que detrás de cada urna hay una historia de dolor, una promesa de paz, y una ética que nos llama a defender la democracia electoral.

¡No al montaje terrorista! Solidaridad con Venezuela frente a provocaciones imperialistas

El Partido Vanguardia Popular condena con firmeza la estrategia terrorista de la ultraderecha venezolana, supuestamente en complicidad con la embajada de Estados Unidos, para planear provocaciones violentas que sean utilizadas como pretexto para una intervención militar. Las denuncias hechas por el Gobierno venezolano respecto a una operación de “falsa bandera” con explosivos contra la embajada estadounidense en Caracas no pueden ser ignoradas.

Estas acciones son parte de un guion recurrente del imperialismo, fabricar un conflicto, asignar culpables y luego invocar “responsabilidad internacional” como justificación para invadir. No es una exageración. Basta recordar las operaciones encubiertas históricas donde diarios episodios sirven de pretexto para agresiones externas.

Venezuela ha sido clara, se reforzaron las medidas de seguridad diplomática, se alertó a embajadas europeas y se pidió al gobierno de EE.UU. tomar nota del complot.

Estas advertencias no pueden tomarse como propaganda sin más; exigen atención al contexto de agresión continua que sufre ese país.

Por ello, el Partido Vanguardia Popular hace un llamado a:

– La solidaridad internacional con Venezuela, denunciando cualquier maniobra que pretenda justificar una intervención extranjera.

– Vigilar las estrategias mediáticas y diplomáticas de las potencias imperialistas, que históricamente fabrican enemigos para consolidar su dominio.

– Respaldar las medidas del Gobierno venezolano para salvaguardar la paz regional.

Ni provocaciones ni mentiras servirán para legitimar invasiones. Solo la verdad, la unidad y la resistencia pacífica pueden frenar los planes de dominación que amenazan la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

Partido Vanguardia Popular

Pese a leve mejora, número de delitos en distritos turísticos costeros de Guanacaste continúa mostrando cifras elevadas

Tasa de homicidios en Nosara es comparable con ciudades más peligrosas del mundo

Esteban Barboza
Aarón Chaves

La mayoría de las categorías delictivas en los distritos costeros con mayor desarrollo turístico e inmobiliario en Guanacaste disminuyó en número en 2024 en comparación con 2023; sin embargo, la cantidad de delitos cometidos sigue siendo muy alta tomando en cuenta la cantidad de habitantes y visitantes de esos distritos, y en comparación con distritos con menor desarrollo turístico en la provincia.

Estas primeras impresiones se desprenden del análisis hecho desde el OBTUR a las estadísticas policiales del Organismo de Investigación Judicial al año 2024, y su comparación con las de 2023, que ya habían sido analizadas y publicadas anteriormente en un informe crítico sobre seguridad y desarrollo turístico, disponible en https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/informe-critico-sobre-inseguridad-y-desarrollo-turistico-e-inmobiliario-en-el-litoral-de-guanacaste-segun-datos-de-2023-amenazas-al-desarrollo-o-producto-de-un-modelo-de-desarrollo-desigual.

La desigualdad persistente que genera un desarrollo inmobiliario acelerado y desordenado en distritos como Nosara, Tamarindo y Sardinal, además de un mercado de venta y consumo de drogas como parte de las experiencias de desenfreno prometidas a visitantes en los imaginarios turísticos de esos destinos, parecen ser las explicaciones más plausibles de los altos índices delincuenciales de estas zonas costeras en comparación con distritos no costeros, con excepción de las cabeceras centrales de Nicoya, Santa Cruz y Liberia.

En cuanto a homicidios, si bien es cierto su número descendió de 44 a 34 de un año a otro en las regiones litorales con mayor desarrollo turístico, los datos de Nosara son realmente alarmantes. En el 2024 se registraron 11 homicidios, dos menos que en 2023. Sin embargo, con una población de 8716 habitantes, según los datos del censo de Nosara de 2024, el distrito tuvo una tasa de homicidios, el año pasado, de 125 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Esto coloca a Nosara al mismo nivel de ciudades como Puerto Príncipe, en Haití, o Colima y Acapulco en México, que son las tres ciudades con mayor índice de homicidios del mundo en la actualidad. La mayoría de homicidios se debió a ajustes de cuentas entre bandas que se disputan el mercado de trasiego de drogas.

La forma de medir los homicidios por cada 100 000 habitantes es un estándar internacional, utilizado por la Organización Mundial de la Salud, que también señala que una tasa mayor de 10 muertes por homicidios por cada 100 000 habitantes ya se considera una epidemia. Nosara supera esa cifra doce veces y media.

Otro rubro en el que este distrito costero destacó por sobre los demás es en el robo de vehículos. De registrar 13 robos en 2023, pasó a 29 en 2024. Es decir, el número subió a más del doble en un año. Esta cifra fue bastante alta también en los casos de Tamarindo y Sardinal, como se puede observar en el gráfico siguiente.

En términos generales, en los distritos costeros de mayor visitación la cifra de robo de automotores creció de 106 casos reportados en 2023 a 118 casos al año siguiente. La tacha de vehículos en estos distritos turísticos sí disminuyó considerablemente, de 116 en 2023, a 63 en 2024. El igual que en el 2023, y según se puede observar en la figura 3, Tamarindo y Cabo Velas son los distritos con mayor número de vehículos tachados en ambos años.

Finalmente, los robos, hurtos, y asaltos en los distritos costeros de Guanacaste mostraron una leve disminución entre 2023 y 2024. Los primeros pasaron de 381 casos registrados en 2023, a 361 en 2024. Los hurtos pasaron de 494 a 398, y los asaltos de 150 a 133. En esta última categoría, Tamarindo fue el único distrito que tuvo más asaltos en 2024 que en 2023. De registrar 41 casos en 2023 pasó a reportar 47 al año siguiente.

Si bien existe una leve disminución, tal cantidad de hechos delictivos en los distritos con mayor desarrollo de infraestructura turística, segundas residencias y visitación de turistas, sigue provocando la pregunta de si estas altas cifras de incidentes son una amenaza al sistema turístico regional, o un síntoma del modelo extractivista del mismo.

La conflictividad socioambiental, la especulación inmobiliaria, la escasez de recursos vitales como el agua, la falta de oportunidades para los habitantes locales dentro de la derrama simbólica que promete este tipo de turismo, un amplio mercado para la venta de drogas ilícitas, y una simbiosis institucional con este tipo de modelos extractivistas parece ser la combinación que contribuye al elevado índice de delincuencia en la región. Estas cifras definitivamente son indicadores de un problema serio que la mayoría ve como una amenaza al sistema turístico de Guanacaste, pero que pocos ven como una consecuencia inevitable de la forma en que este sistema se conforma.

Al tiempo que las autoridades tratan de amenizar estos datos, o bien celebrar la leve disminución de casos en la mayor parte de las categorías, surgen también las preguntas en cuanto a los posibles efectos de estos sucesos en el turismo en Guanacaste, e incluso nacional a mediano y largo plazo.

Si bien es cierto, este 2025 ha habido un menor ingreso de turistas al país, no se puede alegar a ciencia cierta que esto sea por razones de seguridad. La literatura científica ha comprobado que la imagen de un país en el escenario turístico internacional no se deteriora de un día para otro por razones de seguridad, a menos que sea por casos muy graves como una guerra.

Sin embargo, esta situación podría cambiar con el tiempo, como se ha demostrado que sucede en destinos con un deterioro de su imagen en temas de seguridad prolongada y constante, que con el tiempo se refleja en la baja de visitación. Esto podría ser un problema a mediano plazo, sobre todo porque Costa Rica, y en especial Guanacaste, son altamente dependientes de turistas extranjeros.

Sin embargo, lo que más debe llamar a la reflexión es la clara relación entre el modelo de desarrollo turístico dominante en Guanacaste y el crimen. Este último se nutre de la desigualdad, la falta de oportunidades, y de modelos de desarrollo e instituciones extractivistas. Esto hace que sea preciso impulsar formas más inclusivas de desarrollo turístico y de otras actividades económicas en la región, de forma que se creen más oportunidades y bienestar para la mayor parte de la población.

Medición estratégica para la excelencia universitaria

Dr. Javier Rodríguez Ramírez
Economista – Académico
Escuela de Economía, UNA
javier.rodriguez.ramirez@una.ac.cr

Para el año 2026 la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior se estableció en un monto de ₡593.484 millones. Estos recursos promoverán la equidad en el acceso a la educación, así como la mejora en becas, investigación, innovación y transferencia tecnológica, entre otros beneficios que impulsan el desarrollo del país. Sin embargo, junto con esta asignación presupuestaria, el contexto actual exige que las universidades cuenten con instrumentos adecuados para medir los resultados de sus acciones, considerándolo una necesidad estratégica y un medio de rendición de cuentas ante la sociedad.

La calidad universitaria ha sido tradicionalmente un ideal aspiracional que trasciende la simple satisfacción del usuario. Se concibe, más bien, como el resultado de una gestión integral que abarca todas las etapas del quehacer sustantivo de la institución. En este marco, la evaluación debe ser un proceso intrínseco, permanente y orientado a la mejora continua, en el que los indicadores de gestión actúan como insumos cuantitativos que vinculan las acciones institucionales con los logros deseados.

Las universidades costarricenses han dependido tradicionalmente de indicadores simples, como el número de estudiantes matriculados, las tasas de graduación, la proporción docentes/estudiantes, los porcentajes de retención o el número de publicaciones, entre otros. Si bien esos datos permiten monitorear ciertas tendencias, resultan insuficientes para reflejar la complejidad del sistema académico y las interrelaciones que se dan entre la docencia, investigación, extensión universitaria, gestión de la infraestructura y prestigio externo.

En el ámbito de la medición del desempeño universitario, el QS Latin America & Caribbean University Rankings 2026 constituye una clasificación regional elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS). Su propósito es ofrecer una evaluación comparativa entre las universidades de América Latina y el Caribe, considerando las particularidades propias de la región. Para ello, incorpora ocho indicadores: el de mayor peso relativo es la reputación académica (30%), seguido por reputación entre empleadores con 20%. Con una ponderación de 10% cada uno se incluyen los indicadores: profesores con doctorado, profesores por alumno, citaciones por artículo, red internacional de investigación; finalmente, con un 5% de peso relativo, se encuentra el impacto web y publicaciones por académico.

Las universidades públicas costarricenses ocupan posiciones modestas frente a sus pares regionales. La Universidad de Costa Rica (UCR) se ha consolidado como la principal institución del país en esta evaluación, al ubicarse en el puesto 19 en el ranking latinoamericano y la posición 499 de la versión global 2026 de QS. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional se posicionan en los lugares 91, 96 y 115, respectivamente, dentro del ranking regional.

Para que las universidades públicas superen el estancamiento relativo observado en los últimos años, sería necesario revisar su planificación estratégica con el fin de alinear y equilibrar los esfuerzos institucionales hacia las dimensiones más valoradas por QS: reputación académica, reputación ante empleadores, producción científica, citaciones, relación docentes-estudiantes y visibilidad web.

En este contexto, la adopción institucional de un modelo interno de indicadores compuestos podría brindar a las universidades públicas una ventaja competitiva. Un indicador compuesto (IC) se genera cuando varios indicadores temáticos se integran mediante procesos metodológicos de normalización, ponderación y agregación. Diversos autores señalan que este tipo de índice permite medir fenómenos multidimensionales, como la competitividad académica, así como comparar de manera integral unidades internas (facultades, sedes) o incluso diferentes instituciones.

Los indicadores compuestos permiten integrar diversas dimensiones o áreas de interés, facilitan la comparación y sirven como herramienta para identificar qué componentes del quehacer sustantivo presentan rezagos: ¿son las citaciones? ¿la reputación internacional? ¿la proporción de investigadores con grados avanzados? Esta visión sistémica posibilita priorizar acciones estratégicas que generen un mayor retorno institucional.

Un indicador compuesto bien diseñado permite evaluar los efectos de las políticas institucionales, como la contratación de profesores con grado de doctorado, el estímulo a la producción científica o la mejora de la infraestructura digital, sobre el índice agregado. La divulgación del modelo metodológico y de los resultados internos proporciona una herramienta adicional para fortalecer la institución y mejorar su credibilidad ante organismos de acreditación, agencias de financiamiento, entidades gubernamentales y la sociedad en general. El uso de indicadores compuestos, siempre que se construyan con rigor y transparencia, puede transformar la manera en que una universidad orienta sus esfuerzos hacia la excelencia.

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Pública Superior costarricense no solo deben crecer en volumen -número de estudiantes, edificios, flota vehicular-, sino también en coherencia, visibilidad y relevancia. Para lograrlo, no basta con ampliar el alcance de las mediciones existentes; es necesario medir con mayor precisión y pertinencia. Una política institucional que impulse la creación de un sistema interno de indicadores compuestos, confiable y ampliamente aceptado, puede resultar decisiva para que la institución supere su rango global, mejore su posición regional y, sobre todo, consolide su papel como referente académico nacional y motor de desarrollo social.

En un entorno en el que la calidad educativa se somete cada vez más al escrutinio internacional, y donde la virtualización y el acceso en tiempo real a educación de calidad permiten a los estudiantes elegir entre universidades de todo el mundo, serán aquellas instituciones que se gobiernen con datos -y no solo con intuición- las que lideren el futuro académico de Latinoamérica.

6-10-2025