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Ni sobrevivir en las calles ni “emprender por necesidad” es solución: Exigimos empleo digno, salarios justos y derechos sociales

Partido Vanguardia Popular

El Partido Vanguardia Popular condena de manera categórica las políticas que han empujado a miles de costarricenses a “ganarse la vida” en las calles con ventas informales, pequeñas actividades económicas de supervivencia o autoempleo forzado. La más reciente información publicada por medios nacionales evidencia que una proporción significativa de personas emprende no por oportunidad sino por necesidad, lo que es reflejo de un mercado laboral colapsado donde no existen empleos formales, no hay salarios dignos, no se generan oportunidades reales de vida ni se garantiza acceso a una vivienda, educación o seguridad social básica.

Estas prácticas no son un signo de innovación o de desarrollo sostenible. Son la expresión cruda de una economía que falla y de políticas públicas que han abandonado al pueblo a su suerte. “Emprender” por necesidad significa que miles de familias no tienen más alternativa que vender en la calle, trabajar en la informalidad sin seguridad, sin derechos, sin protección social y sin futuro para sus hijos. Esto no resuelve la falta de empleo formal, ni crea industria ni fortalece la producción nacional, ni resuelve la crisis de viviendas, ni asegura educación de calidad para nuestros jóvenes.

Lo que estos datos reflejan es que las familias están siendo condenadas a la pobreza, al hambre y a la precariedad. Mientras un porcentaje enorme de microempresas opera en la informalidad sin acceso a seguridad social y sin poder emitir comprobantes fiscales, millones de trabajadores quedan fuera del sistema de protección social y sin la seguridad de un salario digno o un trabajo estable.

El Partido Vanguardia Popular rechaza las falsas narrativas que celebran el “autoempleo” como si fuera la solución estructural a una crisis de décadas. Detrás de esas estadísticas hay madres y padres de familia, jóvenes sin opciones, personas que han perdido toda esperanza en una política que prioriza la riqueza de unos pocos por encima de las necesidades básicas del pueblo.

Reafirmamos que ni sobrevivir en la calle ni los parches informales sustituyen al empleo digno con derechos laborales, ni al derecho a una vivienda, ni a la educación, ni a la seguridad social universal. La lucha de nuestro pueblo no debe ser por sobrevivir, sino por vivir con dignidad.

Esto no es tema de los candidatos a la presidencia, no hay propuestas concretas ni estrategia de desarrollo del país, para ellos “la pomada canaria” es entregar soberanía nacional a cambio de empresas extranjeras vengan a Costa Rica, se llenen de privilegios arancelarios, se llevan las ganancias fuera del país y luego tirar a los trabajadores y trabajadoras a la calle, como siempre ha sucedido.

Exigimos políticas públicas reales de empleo formal y estable, con salarios que cubran las necesidades de las familias. Acceso universal a vivienda digna, educación realmente gratuita y de calidad para todos, el pago de la multimillonaria deuda del Estado a la salud pública efectiva y una seguridad social integral.

También, protección real a los trabajadores y trabajadoras, no sustitutos informalizados ni autoempleos de subsistencia y un modelo de desarrollo productivo y soberano, que impulse la industria nacional, la producción agropecuaria sostenible y la generación de empleo digno, bien remunerado.

El Partido Vanguardia Popular se pone del lado de quienes trabajan, de quienes luchan por una vida digna y de quienes se niegan a aceptar como destino inevitable la pobreza y la miseria.

Panel abordará el papel de América Latina en el conflicto geopolítico, con énfasis en Venezuela – Alternativas

El programa Alter Nativas realizará un espacio de análisis titulado “América Latina actor principal del conflicto geopolítico: el caso de Venezuela”, con la participación de un panel de personas invitadas de amplia trayectoria académica, social y comunicacional.

El panel estará integrado por Jorge Coronado Marroquín, sociólogo con estudios en Ciencias Políticas y economista político, egresado de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín, Alemania; Carlos Manuel Vega Bolaños, ingeniero agrónomo, luchador social y dirigente comunal y sindical; Eduardo Medina Guevara, coordinador general de la plataforma comunicacional internacional Rompiendo Fronteras, productor audiovisual y conductor del programa Al Encuentro, Abrebrecha Venezuela; y Luis Ángel Salazar Oses, profesor jubilado de Filosofía y Educación de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia.

El espacio de reflexión propone analizar el rol de América Latina en el actual escenario geopolítico internacional, tomando como eje el caso de Venezuela, y abordando sus implicaciones políticas, sociales y regionales.

La transmisión se realizará en vivo el viernes 23 de enero de 2026, a las 18:00 horas (UTC -6), a través de las plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify, y contará además con la retransmisión de diversas emisoras amigas.

Entre las emisoras participantes se encuentran Radio Guanacaste (106.1 FM), Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita Radio y Voces Libertarias (97.3 FM), ampliando el alcance del programa a distintos territorios del país.

Esta iniciativa busca fomentar el análisis crítico, el pensamiento político y la comprensión regional de los conflictos internacionales, desde una perspectiva latinoamericana y plural.

A caminar se ha dicho: jornada recreativa en La Sabana a beneficio de personas adultas mayores

La Fundación Caminantes de Costa Rica, a través de su proyecto Troleando por Tiquicia, invita a iniciar el año con una caminata recreativa, saludable y en contacto con la naturaleza, abierta a personas de todas las edades.

La actividad se realizará en el Parque Metropolitano La Sabana, con un recorrido interno de 4 kilómetros, diseñado para promover el bienestar físico, la convivencia y la vida activa.

📅 Fecha: viernes 24 de enero de 2026
Hora: 8:30 a.m.
📍 Punto de salida: Estatua de León Cortés Castro
📏 Recorrido: 4 km (interno)

Antes de iniciar la caminata se realizará una sesión de estiramiento muscular. La actividad tiene un aporte de ₡5.000 colones, destinado a apoyar al Grupo de Caminantes de Personas Adultas Mayores.

La inscripción incluye refrigerio, guía, medalla alusiva al evento, toma de presión arterial y medición de frecuencia cardíaca en reposo.

📞 Inscripción: 7189 4252
💳 SINPE Móvil: 6226 2080

La Fundación invita a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que combina actividad física, solidaridad y cuidado de la salud, en un ambiente seguro y participativo.

Alta indecisión y rechazo a encuestas marcan el escenario electoral y dejan el desenlace en manos de la ciudadanía

Los más recientes informes del IDESPO-UNA confirman un escenario electoral marcado por altos niveles de indecisión y una tasa significativa de rechazo a responder encuestas. Más que anticipar un resultado, los datos sugieren un proceso abierto, en el que la definición final dependerá del involucramiento, la reflexión y la decisión de la ciudadanía costarricense.

Los resultados de las encuestas del Instituto de Estudios Sociales en Población correspondientes a noviembre de 2025 y enero de 2026 muestran un escenario electoral caracterizado por altos niveles de indecisión, fragmentación de preferencias y, en el informe más reciente, la explicitación de una tasa de rechazo relevante (personas que no quieren responder), un dato que introduce nuevos elementos para la lectura política del proceso electoral de 2026.

Cambios destacados entre noviembre y enero

Entre ambos levantamientos se observa una estabilidad relativa en la disposición declarada a votar, con cerca de siete de cada diez personas indicando estar completamente seguras de asistir a las urnas. Sin embargo, al comparar los resultados, el informe de enero confirma que más de un tercio del electorado permanece indeciso, tanto en la elección presidencial como en la legislativa, lo que refuerza la idea de un electorado aún poco definido a pocas semanas de los comicios.

En términos de preferencia electoral, el informe de enero consolida una concentración del apoyo en pocas candidaturas, con Laura Fernández a la cabeza entre quienes manifiestan una decisión de voto, seguida a distancia por otras opciones con apoyos de un solo dígito porcentual. Este patrón es consistente con lo observado en noviembre, pero con una mayor claridad en la segmentación sociodemográfica: la indecisión es más alta entre mujeres, personas jóvenes, sectores con menor escolaridad y quienes perciben su condición económica como baja o muy baja.

La tasa de rechazo: un dato nuevo y clave

Un elemento metodológico relevante es que el informe de enero 2026 incluye explícitamente la tasa de rechazo, calculada conforme a los estándares de la AAPOR, la cual se sitúa en 11,77%. Este dato no fue consignado de manera explícita en el informe de noviembre, lo que limita la comparación directa, pero convierte al reporte de enero en un insumo clave para evaluar la calidad y los límites interpretativos de las encuestas electorales en el contexto actual.

La inclusión de esta tasa permite dimensionar no solo quiénes responden, sino también quiénes deciden no hacerlo, abriendo preguntas sobre los factores que inciden en esa negativa.

Debate público sobre el rechazo a encuestas

El tema ha sido abordado recientemente por el estadístico Fernando Ramírez, exdirector de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, en una entrevista publicada por el Semanario Universidad. En ella, Ramírez advierte que tasas altas de rechazo pueden afectar la validez y representatividad de las encuestas, especialmente cuando el fenómeno no es aleatorio, sino socialmente estructurado.
🔗 https://semanariouniversidad.com/pais/exdirector-de-escuela-de-estadistica-de-la-ucr-duda-de-validez-de-encuestas-electorales-por-alto-rechazo-a-responderlas/

El experto señala que, en contextos de desconfianza, ciertos grupos pueden optar por no expresar sus opiniones, generando sesgos difíciles de corregir únicamente mediante ponderaciones estadísticas.

Una hipótesis: miedo, confrontación y silencio

Desde SURCOS se ha planteado una hipótesis complementaria para interpretar este fenómeno: el clima político de confrontación y discursos de odio que ha marcado el periodo reciente podría estar influyendo en la decisión de muchas personas de no responder encuestas o de reservar su intención de voto.

Esta línea interpretativa ha sido desarrollada por el psicólogo Marco Vinicio Fournier Facio en un artículo publicado en SURCOS, donde se analiza cómo el miedo, la estigmatización y la agresividad discursiva pueden inducir conductas de autocensura y silencio social, con efectos directos sobre la medición de la opinión pública.
🔗 https://surcosdigital.com/que-nos-dicen-las-encuestas-de-octubre/

Otros análisis publicados en SURCOS refuerzan esta hipótesis, señalando que el rechazo a participar y la indecisión persistente no necesariamente reflejan apatía, sino una estrategia de resguardo frente a un contexto percibido como hostil. Ver: https://surcosdigital.com/?s=discursos+de+odio

Un escenario abierto y frágil

En conjunto, los informes de IDESPO-UNA confirman que el proceso electoral de 2026 se desarrolla en un escenario abierto, con una ciudadanía que declara disposición a votar, pero que aún no define su preferencia, y con un segmento no menor que opta por no responder. La incorporación de la tasa de rechazo en el informe de enero aporta una señal de alerta para la lectura responsable de las encuestas y subraya la necesidad de contextualizar los datos en el clima político y social del país.

Más que ofrecer certezas, las encuestas actuales parecen retratar una democracia tensionada, donde la indecisión, el silencio y la fragmentación son rasgos centrales del momento político costarricense.

“Costa Rica siempre ha sido ejemplo de solidaridad y salud para todos, pero hoy nuestro sistema está en riesgo”

El costarricense Enrique Pérez Gutiérrez, pensionado tras más de 40 años de trabajo en la práctica privada, la academia y organismos internacionales, hizo un llamado público en defensa del sistema de salud costarricense, al advertir que decisiones recientes están debilitando los servicios que protegen a la población.

Pérez Gutiérrez señaló que durante 22 años de su trayectoria laboral formó parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, experiencia que —afirma— le permite hablar con conocimiento de causa sobre el valor histórico del sistema de salud de Costa Rica.

Según expresó, el país ha sido reconocido internacionalmente como ejemplo de solidaridad y de acceso a la salud para todas las personas, pero actualmente ese modelo se encuentra amenazado. En su mensaje, advirtió que las decisiones que se están tomando desde el ámbito político y administrativo están debilitando los servicios públicos de salud, afectando directamente a la población.

“El momento exige alzar la voz, informarnos y defender lo que tanto nos ha costado construir”, afirmó, subrayando que fortalecer la salud pública no es solo una discusión técnica, sino una decisión que incide en el futuro de las familias y del país en su conjunto.

Pérez Gutiérrez remarcó que cuidar la salud de Costa Rica es una responsabilidad colectiva, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente en el próximo proceso electoral, optando por propuestas que no continúen debilitando el sistema de salud, sino que lo fortalezcan y lo protejan como un bien público esencial.

El mensaje concluye con un llamado directo a la acción ciudadana, destacando que la defensa del sistema de salud no puede postergarse y requiere compromiso social e informativo.

🎧 Le invitamos a escuchar el video completo con el mensaje de Enrique Pérez Gutiérrez, donde desarrolla estas reflexiones sobre el presente y el futuro de la salud pública en Costa Rica.

Gracias CIEP

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Hoy 21 de enero el CIEP de la Universidad de Costa Rica publicó su penúltima encuesta. Recordemos que es la encuesta mejor evaluada de todas y su credibilidad o intenciones no son cuestionadas, aunque las encuestas -todas- han fallado en las tres últimas elecciones presidenciales.

Muestra que, si las elecciones fueran hoy, la candidata del oficialismo habría ganado. Pero las elecciones no son hoy, la muestra usada es la misma población de hace varios meses y varios miembros de la muestra se han retirado.

Creo que esta encuesta servirá para que los costarricenses abran los ojos y se den cuenta del peligro que nos acecha, los candidatos decentes se den cuenta de la inutilidad de pelear por territorios propios y finalmente realicen que en esta elección se juega el futuro de Costa Rica y deben unirse con ese propósito.

Pacto por la Educación Pública suma compromiso de siete candidaturas presidenciales

En el marco del Primer Congreso Nacional por la Educación Pública, realizado el 20 de enero de 2026 en Santo Domingo de Heredia, fue presentada oficialmente la Declaratoria del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica, como resultado de un proceso amplio de diálogo social iniciado en 2022, orientado a construir acuerdos nacionales frente a la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo.

La actividad reunió a cerca de 500 personas provenientes de organizaciones sociales, sectores educativos, comunidades territoriales, universidades públicas, movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, diputaciones y ciudadanía diversa, en un espacio plural que buscó colocar la educación pública como prioridad nacional, más allá de diferencias políticas o sectoriales.

Uno de los momentos más simbólicos del Congreso fue la lectura pública de la Declaratoria en la voz de un niño de quinto grado, gesto que subrayó el carácter intergeneracional del Pacto y reafirmó a la niñez como sujeto central de derechos, así como la responsabilidad colectiva de proteger el futuro educativo del país.

Durante la jornada se dio a conocer el Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública, firmado por siete candidaturas presidenciales: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Ariel Robles (Frente Amplio), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Jorge Borbón (PIN – en representación del candidato), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

El Pacto permanece abierto para la eventual adhesión de otras fuerzas políticas y actores sociales, pero establece desde ya un marco público de compromisos verificables ante la ciudadanía.

La educación pública como derecho humano y deber indeclinable del Estado

El Pacto parte del reconocimiento de la educación pública como bien público, derecho humano fundamental y deber indeclinable del Estado, base del desarrollo humano, la democracia, la movilidad social y la soberanía nacional. En ese sentido, se plantea que la educación no puede ser tratada como una mercancía ni como un gasto prescindible, sino como una inversión estratégica para el país.

Entre los compromisos centrales destaca el avance progresivo hacia el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, conforme al mandato constitucional, garantizando la no regresividad presupuestaria y priorizando áreas clave como la infraestructura educativa, la formación y dignificación docente, la permanencia estudiantil, los programas de equidad, la actualización pedagógica y la reducción de brechas territoriales y sociales.

Asimismo, el Pacto propone liberar la inversión educativa de los límites de la regla fiscal, reconociendo que la crisis del sistema educativo requiere medidas extraordinarias y sostenidas en el tiempo.

Calidad educativa, equidad y enfoque territorial

El documento plantea la construcción de una política educativa nacional como política pública de Estado, orientada al aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.

Se enfatiza la necesidad de un enfoque territorial, que reconozca las realidades culturales, sociales, económicas y geográficas de las distintas regiones del país, incluyendo zonas rurales, fronterizas, costeras e indígenas. En ese marco, se impulsa el fortalecimiento de la infraestructura física y la conectividad digital efectiva en todos los centros educativos públicos, así como el desarrollo de una Red Nacional de Conectividad Educativa como política estratégica.

El Pacto también establece compromisos específicos en materia de equidad y no discriminación, con el objetivo de erradicar cualquier forma de exclusión educativa por razones de pobreza, discapacidad, origen territorial, género, condición migratoria u otras circunstancias sociales.

Participación social, entornos seguros y rendición de cuentas

Otro eje central es la participación social como condición esencial para el fortalecimiento de la educación pública. El Pacto promueve estructuras permanentes de participación de estudiantes, personal docente y administrativo, familias, comunidades, universidades públicas y otros actores, tanto en el diseño como en el seguimiento y evaluación de las políticas educativas.

Se incorporan además compromisos para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia, con un enfoque preventivo, integral y de derechos humanos, en respuesta al contexto nacional de inseguridad y a las múltiples formas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, el Pacto establece la obligación de someter la gestión de los recursos públicos destinados a educación a sistemas de información abiertos, auditorías técnicas y financieras, y mecanismos de fiscalización social y ciudadana.

Prioridad nacional y compromiso político verificable

El documento propone que, durante el primer año del próximo gobierno, se impulse la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública con la participación de fuerzas políticas, sociales, académicas, económicas y territoriales, y que la educación pública sea declarada prioridad nacional en situación de crisis dentro de los primeros cien días de gobierno.

El compromiso asumido tiene carácter de obligación política pública ante la ciudadanía, debe ser verificable mediante indicadores, presupuestos y resultados, y se plantea como criterio de evaluación democrática del ejercicio gubernamental, vinculando directamente a la persona que asuma el Ministerio de Educación Pública a partir de mayo de 2026.

Las organizaciones convocantes señalaron que el Pacto se sustenta en evidencia reciente sobre el deterioro del sistema educativo, documentado en informes nacionales, y constituye una hoja de ruta colectiva para revertir la peor crisis educativa de las últimas décadas y fortalecer la educación pública como pilar de la democracia costarricense.

📄 El texto completo del Pacto por la Educación Pública con firmas puede descargarse desde SURCOS en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/PACTO.pdf

No pasa un día

José Luis Callaci.

José Luis Callaci

No pasa un día en el que no sepamos de gente que repite como cacatúa los contenidos de una propaganda occidental controlada por ese poder neocolonial que aún sobrevive, cargado de falsedades y mentiras, a pesar de los grandes cambios que generan esperanza y avizoran la construcción de un mundo de equilibrios que acabe con los dominios imperiales.

El que ha conducido a una especie de lógica perversa y siniestra que provoca confusión y hasta enajenación, y un mundo ficticio de ignorancia y acentuados miedos tan bien descritos en la obra 1984 de George Orwell.

Baste citar solo un ejemplo: se ha logrado vender a diestra y siniestra que todo lo malo que haya pasado, pase o vuelva a pasar será siempre culpa de los “malos” o sea de los rusos. Sin llegar a esos extremos pesimismos que mueven a la inmovilidad y la permisibilidad, suelen resultar vanos los esfuerzos en hacer ver la realidad de los hechos o utilizando argumentos irrebatibles para deducir dónde está la verdad y dónde está la mentira.

Tal es el grado de deterioro cognitivo que no resiste un análisis de carácter serio, social y político.

La explicación o interpretación tal vez esté o la encontremos en lo que algunos consideran podría tratarse de extravíos mentales relacionados con esa reconocida patología conocida como fobia. Algo sumamente grave cuando ocurre entre humanos y específicamente contra la idiosincrasia, las costumbres, la cultura, las creencias o las mismas etnias, de algún pueblo que habita en este hogar común, nuestro planeta.

El de todos.

Es algo que adormece aquello que tan bien describieron los filosos griegos, los que los sucedieron y en general los grandes precursores del racionalismo, que no solo pone en juego la sana convivencia entre naciones y pueblos y esa paz mundial que de romperse amenaza hoy con la propia destrucción de la especie humana. Pero esa lucha histórica y sin fin continuará para que esa verdad se imponga.

La que nunca se dará por vencida, ni aun sintiéndose vencida, hasta destruir las mentiras vestidas de verdad.

Entre tibiezas y olvidos: así enfocan planes de gobierno temas de migración y género

UNA. Desde problemas conceptuales, hasta aproximaciones muy superficiales e incluso olvidos absolutos: así transitan las propuestas relacionadas con políticas hacia la población migrante y al enfoque de género, en los planes de gobierno de los cuatro partidos políticos que encabezan las preferencias de voto.

Así lo valoraron Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) y quien ha estudiado el fenómeno migratorio en los últimos 25 años y Larissa Arroyo, abogada especialista en género y derechos humanos, y académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

El tercer programa Praxis Electoral, de la Escuela de Filosofía de la UNA, se adentró en estos dos temas y analizó las propuestas de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Frente Amplio (FA).

Migración

Guillermo Acuña inició su valoración del tema migratorio bajo un contexto internacional que no es el idóneo. Calificó como un “proceso de tensión” las políticas implementadas por el mandatario Donald Trump en Estados Unidos, y que han desembocado en una resistencia civil tras el asesinato de una mujer en el estado de Minnesota, por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Costa Rica, el fenómeno migratorio también ha mutado: existe migración en tránsito y aquella más vinculada hacia la expulsión de nacionales producto de la pobreza y la exclusión, en regiones específicas del país como la zona sur y el occidente. Bajo este entorno, el académico señaló que las propuestas políticas han optado por dos enfoques: la del control y la seguridad y la de integración.

Esta última, que es más garantista en temas de derechos humanos, predomina en las visiones de la CAC y del FA.

Para el caso del partido frenteamplista, Acuña afirma que es la agrupación que realizó un diagnóstico más certero “donde incluye acciones para fortalecer la institucionalidad y el trabajo en territorios”.

En el caso del CAC no visualiza tanta fortaleza en el programa de gobierno, al determinar que el tema se trata de manera tangencial y diluida a lo largo de su propuesta, sin que ocupe un espacio unificado.

Para el caso del oficialista PPSO, la visión se acerca más hacia ese enfoque de control y seguridad y a fortalecer los centros de detención. Acuña ve un alineamiento de esta visión con el apoyo que tuvo en el actual gobierno el traslado de personas migrantes desde Estados Unidos y su reclusión en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en la zona sur del país, donde incluso la Defensoría de los Habitantes denunció faltas y agravios a los derechos de estas personas.

Sin embargo, una coincidencia no positiva de estos tres partidos es la ausencia de una visión de la persona migrante con autonomía y subjetividad, y, por el contrario, la orientación programática tiende a ser más vertical.

La otra cara de la moneda, en cuanto a la formulación de propuestas en esta materia, la representa el PLN, cuyo plan de gobierno no incluye una sola mención al tema migratorio, denunció el vicedecano de Ciencias Sociales.

Género

El análisis del tema de género y los derechos de las mujeres debe pasar por una premisa fundamental, de acuerdo con Larissa Arroyo: el Estado costarricense está en la obligación de tomar las acciones pertinentes para reducir las brechas de desigualdad y discriminación, en acatamiento de lo dispuesto por convenciones internacionales como Belém do Parà y la de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Estos mismos organismos han señalado la necesidad de que las soluciones se aborden desde la interseccionalidad; es decir, considerando los derechos de poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad sexual, entre otros.

Bajo estos preceptos, la especialista ve propuestas más integrales en los planes del FA y la CAC, aunque sí enfatizó en que deben existir concreciones puntuales por medio de acciones afirmativas, que beneficien a los grupos poblacionales más excluidos.

En el caso del FA sí se hace referencia a las distintas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres, mientras que, en el caso de la Coalición, se hace mención a los organismos internacionales y la responsabilidad estatal que eso conlleva.

En el PPSO, el plan de gobierno del partido que defiende la continuidad se enfoca más en el asistencialismo, con un énfasis en lo económico y laboral, más allá de lo estructural o en los derechos.

Al igual que en el ámbito de lo migratorio, el PLN resalta por la debilidad de sus propuestas. “Se quedan en la epidermis. Es un partido que no muestra con claridad cuál es su postura”, indicó Arroyo.

En cuanto al análisis de cuán factibles pueden ser las soluciones que plantean estos partidos, la académica del IEM señaló que pasa mucho por el contenido presupuestario, aunque indicó que esto no debe ser excusa para que un Estado garantice derechos vulnerados a la luz de lo que dictan los organismos internacionales. También debe existir mayor rendición de cuentas y transparencia.

En cuanto a migración, Guillermo Acuña también apuntó a la necesidad de asegurar los costos de regularización migratoria y un uso más transparente del Fondo Social Migratorio, que se nutre de los ingresos provenientes de los trámites que deben cumplir en el país las personas que realizan solicitudes de asilo.

El programa completo de este Praxis Electoral puede verlo desde el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía: https://www.youtube.com/watch?v=z7vark5Qrkg

El cuarto episodio de este especial electoral se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 12 p.m. sobre los temas de política exterior y economía. Participarán los académicos Carlos Cascante, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y María Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional

El agro en los programas de gobierno: la pertinencia de los objetivos y propuestas de política frente al deterioro de la actividad agropecuaria nacional

German Masís

Los programas de gobierno de los partidos con mayores posibilidades de triunfar en las elecciones del 1 de febrero y de gobernar en el período 2026-2030, incluyen propuestas de política para el desarrollo del sector agropecuario, la pesca y el desarrollo rural, asignando un papel determinado a este sector en el desarrollo económico del país, a partir de la argumentación sobre el lugar que le asignan a este sector en el modelo de desarrollo económico vigente y de propuestas particulares que procuran fortalecerlo como sector estratégico o simplemente que mantenga la dinámica que ha tenido en los últimos años, de actividad secundaria a la que se destinan pocos recursos.

En este ejercicio, de valoración y balance del papel del agro en los programas de gobierno, es importante establecer si hace referencia a la situación y problemática actual del sector, la existencia o ausencia objetivos estratégicos hacia este sector, la coherencia e integralidad de las propuestas de cada uno, en términos del apoyo equilibrado a los sectores de la agroexportación y de la producción para el mercado interno, el interés por rescatar y fortalecer la institucionalidad y de ampliar los recursos técnicos y financieros a la actividad agropecuaria, el compromiso por reivindicar la pequeña producción familiar y por mejorar la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo rural de las diferentes regiones.

El planteamiento sobre Agro, Ganadería y Pesquería, de la Coalición Agenda Ciudadana, se incluye en el capítulo 4 Desarrollo justo: economía al servicio de la vida, que plantea una serie de propuestas para el desarrollo de esas actividades, entre las principales están:

– Procesos de modernización de la cadena productiva,
– Modernización de la institucionalidad de fomento agropecuario,
– Promoción del Valor agregado a los productos agropecuarios,
– Acompañamiento al sector agroexportador,
– Créditos accesibles al sector agrícola,
– Innovación de mercados agrícolas,
– Economía circular en el sector agro,
– Respaldo a la producción nacional para evitar importaciones masivas de productos,
– Agricultura climáticamente inteligente,
– Sistema Nacional de Identificación y Trazabilidad Bovina y
– Plan de ordenamiento espacial marino

La propuesta de la Coalición hacia el agro aborda la mayoría de los temas importantes para el desarrollo del sector, la modernización productiva, comercial y de la institucionalidad, el valor agregado, el desarrollo tecnológico, el crédito, el apoyo sector exportador, la ganadería y la pesca y la reducción de las importaciones, sin embargo, no profundiza en el tema de la agricultura sostenible, de la adaptación del cambio climático y en el apoyo a la agricultura familiar. Tampoco desarrolla una argumentación introductora sobre la problemática actual del agro, ni plantea objetivos estratégicos en las propuestas apuntadas.

El planteamiento de Liberación Nacional hacia el agro en su programa de gobierno “Una democracia que resuelve”, se denomina Motor Agroalimentario, se encuentra dentro de los ejes centrales de Desarrollo Nacional, Inclusión y Estabilidad y entre sus propuestas principales se encuentran:

– inversión que transforme el campo
– reconstrucción de la institucionalidad agroalimentaria
– zonas productivas especializadas
– incubación de negocios en finca
– fomento de la producción sostenible
– fortalecimiento de la resiliencia climática
– priorización de la seguridad alimentaria
– fomento de la diversificación y sostenibilidad rural
– transformación hacia agricultura más tecnológica
– desarrollo del potencial de nuestro mares

En el planteamiento de Liberación Nacional, es importante el reconocimiento del agro como motor del desarrollo, aunque sería valioso señalar que se trata de dos motores, la agroexportación y la producción para el mercado interno que debieran funcionar de manera equilibrada, entre las propuestas se destaca el interés de la reconstrucción de la institucionalidad desmantelada desde hace varias décadas, el fomento de la producción sostenible, la priorización de la seguridad alimentaria y el fomento del desarrollo y la sostenibilidad rural, también la propuesta de las zonas productivas especializadas y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Se echa un poco de menos, la ausencia de propuestas en la agregación de valor, le crédito y los seguros agrícolas, así como la asistencia a la pequeña producción familiar y también a la exposición de objetivos estratégicos que articulen las propuestas presentadas.

Por su parte el planteamiento para el agro del Frente Amplio en su programa de gobierno: “Justicia, solidaridad y desarrollo: un país para su gente”, se encuentra en el apartado Políticas productivas agrícolas, soberanía y seguridad alimentaria y presenta los siguientes objetivos estratégicos:

– Impulsar la reforma y la modernización de las instituciones estatales y públicas para transformar el sistema productivo agropecuario actual: de un modelo de dependencia y vulnerabilidad a uno de resiliencia, sostenibilidad, soberanía y autonomía.
– Garantizar que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) sean reconocidas como derechos humanos con rango constitucional.
– Enfocar los mecanismos financieros y comerciales, así como los subsidios en el sector interno agropecuario y de pesca, para asegurar su espacio en el mercado nacional e internacional.
– Implementar programas de educación, capacitación e investigación para fortalecer el conocimiento en SAN y soberanía alimentaria.
– Apoyar la dignificación de las personas que se dedican al sector productivo primario para que se garanticen todos sus derechos humanos.

El planteamiento incluye propuestas específicas para gobernar y propuesta para legislar, entre las primeras están:

– crear la agencia de exportación nacional
– impulsar las exportaciones de las mipymes
– transformar el CNP en un ente impulsor de la actividad productiva
– aumentar la inversión en investigación,innovación y desarrollo
– crear la Coalición de la producción nacional
– promover el sistema cooperativo como herramienta de desarrollo
– intervenir el programa de abastecimiento institucional (PAI)
– Fortalecer el INCOPESCA.

El planteamiento del Frente Amplio para el desarrollo del agro, parte de una buena argumentación sobre el papel de la actividad agropecuaria en el modelo de desarrollo económico costarricense, la problemática y las limitaciones de equidad e inclusión de este modelo, es muy pertinente la incorporación de objetivos estratégicos para reposicionar al agro hacia un modelo de sostenibilidad, resiliencia y autonomía, en donde la dignificación del agricultor, la seguridad y soberanía alimentaria son propósitos central, así el apoyo en mecanismos comerciales, financieros y hasta de subsidios es fundamental para la permanencia de los agricultores y sus familias. Es también relevante, la introducción de propuestas para gobernar y para legislar, las segundas más precisas que las primeras, en las que haría falta una mayor especificidad, con respecto a la creación de entes como la agencia de exportación nacional, la coalición de la producción nacional, las exportaciones de mipymes y la afirmación del sistema cooperativo como herramienta de desarrollo, en tanto hay ausencia de propuestas específicas, para el fortalecimiento de la agricultura familiar y del mercado interno, del comercio agrícola, del acceso al crédito, a los seguros agrícolas y la agroindustria rural.

Mientras el planteamiento hacia el agro en el programa de gobierno del partido Pueblo Soberano “Más oportunidades un mismo rumbo”, se denomina el Sector agropecuario como motor de desarrollo, e incluye las siguientes propuestas:

– reducir los costos y aumentar la eficiencia de la institucionalidad
– fortalecer las labores de extensión agrícola del MAG
– impulsar la creación del programa De la tierra al negocio
– impulsar el programa de Agricultura de precisión y transferencia tecnológica
– crear el programa de mejora de la calidad de las semillas
– construcción del CENADA de la zona este en Cartago
– mejorar las condiciones de acceso al sistema de banca para el desarrollo
– facilitar el registro de nuevas moléculas de agroquímicos
– reestructuración del PAI del CNP
– fortalecer el PIMA como ente rector de las ferias
– potenciar la reconversión de actividad productivas agrícolas
– desarrollar incentivos para la transferencia de conocimiento de la academia al sector
– diversificar y aumentar los mercados de exportación
– potenciar la actividad del CORFOGA

Lo que propone el partido Pueblo Soberano para el sector agro, considerado como motor de desarrollo, un motor secundario en una economía de servicios y alta tecnología, que apunta claramente a la promoción de la modernización tecnológica, la eficiencia y el desarrollo de la empresariedad y el agronegocio, con las propuestas hacia la eficiencia de la institucionalidad, el programa de la tierra al negocio, la reconversión de las actividades productivas y el programa de agricultura de precisión. Dentro esa orientación, se rescata la construcción de otro Cenada, la reestructuración del PAI, del PIMA y de Corfoga, como propuestas concretas que pueden ser consideradas. Sin embargo, es posible establecer que éste planteamiento está muy ligado a la política agropecuaria ejecutada por el actual gobierno, que si bien el programa de gobierno no aportó una ubicación de la situación actual del sector, por el seguimiento que hemos venido dando a la política de ésta Administración, podemos afirmar que está alineada con la agricultura intensiva en capital y tecnología, la introducción de tecnologías de punta y la importación de alimentos, mencionada en artículos anteriores, como El SOS de la producción agroalimentaria, El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura y Mientras el agro se quema, el ministro juega a los drones.

El planteamiento para el agro del partido Unidad Social Cristiana, en su programa de gobierno Emparejar la cancha, se incluye como el apartado Agricultura y Desarrollo Rural, cuyos objetivos son:

Objetivo general: Dignificar y desarrollar la agricultura, fortaleciendo la competitividad del sector agropecuario y pesquero, priorizando la seguridad alimentaria y mejorando las condiciones de pequeños y medianos productores mediante políticas diferenciadas que impulsen el empleo rural y aumenten los ingresos de los agricultores. Los siguientes objetivos específicos:

– Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza sectorial con rectoría efectiva del MAG,
– Emparejar la cancha, removiendo el sesgo anti
– agrícola, y simplificando trámites
– Desarrollar clústeres de biotecnología y agricultura tropical,
– Integrar el Programa Descubre dentro del sector agropecuario.
– Consolidar un sistema nacional de financiamiento y seguros,
– Regionalizar la institucionalidad agropecuaria,
– Desplegar infraestructura productiva y logística (riego, caminos, almacenamiento).
– Democratizar el acceso al agua, ejecutando el proyecto Agua para Guanacaste
– Impulsar el Programa Nacional de Asistencia Técnica, Innovación y Extensión
– Posicionar los productos agroalimentarios como la primera opción del mercado interno,
– Promover la modernización de las cadenas productivas y el impulso de la bioeconomía

Finalmente, el planteamiento del partido Unidad para el desarrollo de la agricultura y el Desarrollo rural, aporta una breve argumentación sobre la situación y problemática del sector agropecuario y propone un objetivo general, que recoge algunos propósitos pertinentes como la dignificación de la actividad agrícola, las políticas diferenciadas y la prioridad de la seguridad alimentaria. Igualmente propone algunos objetivos específicos como fortalecer y regionalizar la institucionalidad, consolidar un sistema de financiamiento y seguros agrícolas, el programa de asistencia técnica e innovación y desarrollar infraestructura productiva y más valioso aún es la conversión de esos objetivos en un conjunto de proyectos específicos para concretar las acciones mencionadas, como Fortalecimiento del Consejo Agropecuario nacional, el Fondo de Inversión en Agricultura, la Reactivación del FIDAGRO y fortalecimiento del papel del INDER, Las limitaciones o carencias del programa, apuntarían a la falta de una visión de agricultura sostenible, de acciones para enfrentar al cambio climático, la importancia de la agregación de valor y la asistencia en investigación y asistencia técnica que la reactivación de la agricultura familiar y la producción agroalimentaria para el mercado interno.