La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) manifiesta su enérgico rechazo y condena ante los actos de violencia sufridos contra el Alcalde de Pérez Zeledón, Emmanuel Ceciliano Alfaro, por parte de ciudadanos disconformes con la propuesta de plan regulador del gobierno local.
Dichos actos representan una afrenta directa contra la integridad física del señor Alcalde y violentan la institucionalidad democrática y el orden público. Es imperativo que las autoridades correspondientes garanticen la seguridad tanto de las autoridades locales electas popularmente como de los demás funcionarios municipales que se han visto involucrados en esta lamentable situación.
La tarea inmediata es desescalar o frenar la espiral de la violencia. Solo a través de la comunicación y el diálogo podremos lograr acuerdos en un tema tan sensible e importante como los planes reguladores de nuestros cantones.
Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía para que rechace cualquier forma de ensañamiento y promueva una cultura de paz y respeto. La violencia jamás debe ser un medio para dirimir diferencias o expresar descontento. En una sociedad democrática, el diálogo y el respeto deben prevalecer como pilares fundamentalmente para la convivencia y la resolución de conflictos.
Junta Directiva ANAI
Información compartida con SURCOS por Jorge Mora Portuguez.
En el Programa Alternativas del 5 de julio de 2024 se trató el tema “Mapeando para la resistencia: Falsas soluciones a la crisis climática en América Latina y Caribe. Los participantes del programa y una breve reseña de su participación a continuación:
Luis Ángel Salazar Oses. Conductor del programa.
Brinda una introducción del entorno en el que habitamos. Debe ser un sistema ecologista, humanitarista y democráticamente participativo. Se señala positivismo por pasar a un mundo más multipolar y abandonar un sistema unipolar que caracteriza el actual sistema capitalista. Sin embargo, es importante permanecer vigilantes en esa sucesión porque allí es donde aparecen los “monstruos” políticos que se desvían de esos objetivos.
Fresia Ramírez. Colaboradora recurrente del programa.
Desarrolla el papel de moderadora del programa. Realiza una presentación general del mapa de falsas soluciones a la crisis climática en América Latina y Caribe es un proyecto realizado en conjunto y representa una herramienta digital a la que se puede acceder. Es un mapeo para la resistencia, nos permite denunciar y articular los esfuerzos en contra de estas falsas soluciones.
Explica todo el repositorio de información que se encuentra involucrado dentro del proyecto como noticias, videos o entrevistas virtuales. Además, aborda algunos ejemplos de los proyectos específicos que se encuentran mapeados dentro de la herramienta.
Camilo Baroja. Diseñador del mapa y parte del colectivo Geografía Crítica del Ecuador.
La manera de concretar este proyecto fue anclarse con intereses en común. El colectivo nace en 2012 con el Gobierno de Rafael Correa. Se empezó a centralizar la política al respecto de los temas ambientales en sólo dicho Gobierno.
Las actividades tratan sobre defensa del territorio, derechos colectivos y naturales, además de actividades de formación y pensamiento. ¿Por qué un mapa de falsas soluciones al cambio climático?
Para promover la discusión de lo que son modelos de transición justos y equitativos en la región.
Para visibilizar la influencia corporativa multinacional capitalista en las políticas climáticas y ambientales.
Para apoyar a comunidades y territorios afectados por actividades extractivas y falsas soluciones en la región, generando información sobre la problemática.
Para generar la articulación amplia y sólida de las organizaciones participantes en el mapeo.
La metodología de recolección de datos descrita en la imagen consta de cuatro etapas:
Recopilación de información por parte de los voluntarios: En esta etapa, los voluntarios son responsables de recolectar datos e información relevante sobre el tema de estudio.
Verificación de la información: Una vez recopilada la información, se procede a verificar su veracidad y exactitud para asegurar que los datos sean fiables.
Rectificación de la información: Si se encuentran errores o inconsistencias en la información verificada, se realiza una rectificación para corregirlos.
Sistematización final y subida de la información a la plataforma: Finalmente, la información corregida y verificada es sistematizada y subida a una plataforma específica, donde estará disponible para su uso y análisis.
El tema de la validez y seguridad de los datos es también un elemento muy importante dentro de la herramienta generada, se tiene una base de datos con toda la información para respaldarla. Lo que se mapea es:
Proyectos territorializados: que estén en un lugar gracias a un plan y/o financiamiento específico.
Que se presentan como proyectos que reducen emisiones de CO₂ o que permiten la adaptación al cambio climático, pero que en realidad no lo hacen.
Que generan impactos sociales o ecológicos.
Que pueden estar cancelados o detenidos, para conocer las razones.
Mientras que los tipos de proyectos que son mapeados son: megaproyectos de energía eólica, plantas de combustibles sintéticas (como hidrógeno verde), megaproyectos de energía solar y planta fotovoltaica, plantas de incineración de basura para obtener energía, hidroeléctricas, plantas de producción de agrocombustibles (caña de azúcar, palma africana, sorgo, maíz) y megaproyectos de energía geotérmica.
Johanna Molina. Coordinadora del proyecto y parte del colectivo Viento Sur.
El proyecto nace a partir de dos articulaciones, la primera es La Plataforma Latinoamérica y del Caribe por la Justicia Climática la cual se levanta en 2020 en un contexto de protesta social en Chile, en plena pandemia. El sentido es hablar y trabajar sobre justicia climática en los pueblos, no sólo mediante grandes instituciones pues son temas que se han elitizado porque los conceptos son difíciles y la no comprensión permite sólo que las grandes empresas sigan contaminando la naturaleza.
La segunda es la Campaña Global para exigir Justicia Climática. El objetivo era detener la captura corporativa de la problemática climática. Se está en contra del capitalismo, donde el mercado es el centro de la vida ósea “mercantilizar la vida”.
Se experimentan cambios bruscos, acelerados e impredecibles en el clima producto del calentamiento global, con efectos irreversibles en los ecosistemas. Necesitamos un cambio de sistema para que no haya espacio para los extractivismos, patriarcado y demás prácticas nocivas para la sociedad en general.
No sólo es un tema de empresas sino también de los Gobiernos cómplices que fortalecen la explotación de la naturaleza, el panorama no es bueno. Este mapa lo que hace es señalar dónde están geográficamente, quiénes participan y más información detallada de los proyectos.
Algo importante de la iniciativa es la validez y rigurosidad de los datos pues se enfrentan a organizaciones muy poderosas y con mucho capital.
Sobre más de 3.000 kilómetros de la red vial nacional
Como parte del control de legalidad que realiza la Defensoría de los Habitantes, se le envió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), 12 preguntas relacionadas con la eventual entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N° 44.263-MOPT, que estaría trasladando a las municipalidades del país la atención de más de 3.000 kilómetros de carreteras nacionales.
El objetivo de esta Defensoría es verificar la procedencia técnica y jurídica de dicha medida y garantizar que su eventual aplicación no perjudique la conservación y mejoramiento de dichos caminos públicos. Estas son las consultas que el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, debe responder dentro de los cinco días hábiles: si la transferencia de dicha responsabilidad fue comunicada formalmente a los gobiernos locales involucrados o no. En caso afirmativo, precisar en qué fechas y a través de qué medios.
Se le consultó si la medida fue adoptada con el concurso y participación de dichos gobiernos locales, o si es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, además, en caso de llevar adelante esta iniciativa, cuál es la cuantía exacta de los recursos que serán transferidos a cada una de las municipalidades involucradas y si dichos recursos ya están o no reservados a nivel presupuestario.
Para esta Defensoría, es importante saber en qué fechas serán transferidos los respectivos recursos a las municipalidades involucradas, a través de qué metodología se estableció la cuantía de recursos a trasladar para cada una de ellas y si su ministerio considera que tales recursos son suficientes para garantizar el óptimo mantenimiento y conservación de las carreteras cuya atención sería encomendada a los gobiernos locales.
Además, se le consultó si la transferencia de esta responsabilidad no prevé transferir recursos adicionales, qué consideración le merece que los establecidos actualmente en las Leyes N° 8114 y 9329, se destinen exclusivamente al mantenimiento de la red vial cantonal y cuál sería el plazo por el que se trasladaría dicha responsabilidad a las municipalidades.
También, deberá informar si considera que las respectivas municipalidades están preparadas en términos de recursos humanos, administrativos y logísticos, para asumir dicha responsabilidad a partir del presente mes y lograr la ejecución presupuestaria de los recursos que les serían transferidos y presentar los estudios técnicos recientes de órganos expertos como LANAMME u otros, que precisen el estado actual de las carreteras cuya atención se trasladaría a las municipalidades.
Por último, deberá indicar qué consideración le merece la posible transgresión al principio de jerarquía de las normas, que implicaría trasladar la atención de carreteras nacionales a las municipalidades vía Decreto, a pesar de que la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060, asigna al MOPT la administración de la red vial nacional (incluyendo las carreteras primarias, secundarias y terciarias), y a las municipalidades la red vial cantonal.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Cómo forma de celebrar y revindicar la práctica política de Dayana Hernández, les compartimos esta infografía que desarrollamos a partir de una entrevista que le realizaron durante el 2021 desde «Distintas latitudes» la periodista Karla Pérez, si gustan pueden leer la entrevista compelta aquí
Este material procura ofrecer algunas dimensiones como forma de invitación a profundizar qué es la política desde la experiencia de las personas trans, sus contextos, desafíos y esperanzas que procuran denunciar y revindicar en la búsqueda de construir su calidad de vida, pero más allá de eso, esos mundos donde quepamos todas las personas.
Esperamos este material, contribuya a seguir profundizando sobre el pensamiento y práctica política de las personas Trans, para construir espacios inclusivos, solidarios, colaborativos y afectivos para seguir luchando y construyendo esos mundos.
El pasado 4 de julio FRENASS Caribe participó junto a otras fuerzas vivas de Limón en la Marcha pro nuevo hospital.
En el marco de este evento, FRENASS Caribe revindicó la «…participación activa y combativa en demanda de la construcción de un nuevo hospital en Limón. Pero además de la construcción del hospital, es obligatorio el equipamiento de los servicios y la creación de nuevas plazas de médicos, enfermeras y personal de apoyo, cuya preparación debe de iniciarse de inmediato, porque el cuidado de las personas así lo demanda».
Como parte del esfuerzo de articulación en defensa de la seguridad social, se busca posicionar que un nuevo hospital es insuficiente sino viene acompañado del «… obligatorio el equipamiento de los servicios y la creación de nuevas plazas de médicos, enfermeras y personal de apoyo, cuya preparación debe de iniciarse de inmediato, porque el cuidado de las personas así lo demanda».
Para FRENASS Caribe, es necesario que la población limonense sea consciente que no cualquier iniciativa de construcción del hospital es aceptable, por esta razón exige que se «…respete el “Plan Funcional”, como proyecto original del hospital, y se opone a la reducción de los servicios, los cuales más bien deberán estar plenamente integrados a toda la red de Clínicas y EBAIS.».
La seguridad social no se garantiza meramente con infrestructura, necesaria, pero insuficiente, sino se acompaña de una atención integral.
Ante esto, se recuerda que es indispensable «…fortalecer el primer nivel de atención con la creación de más EBAIS y el reforzamiento de los existentes, de manera que el segundo nivel de atención resuelva lo que le compete y solamente eso. Que el primer nivel de atención sea el servicio prioritario, pues es ahí donde se resuelve el 90 % de la demanda en salud».
También, durante esta manifestación no se pasó por alto el actual contexto de vulnerabilidad que atraviesa la institución, ya que como exigieron ese día «…es urgente que la CCSS exija el pago de los más de ¢ 3,7 billones (millones de millones) que el Estado le adeuda. Los recursos existen, es la Presidenta Ejecutiva de la CCSS y el Ministro de Hacienda quienes no quieren resolver esa traba, con el cuento de que la Caja está quebrada.»
Para FRENASS Caribe es urgente abordar los temas estructurales que erosionan día a día la calidad de vida de las personas limonenses, por esta razón recuerdan que sólo a través de la vigilancia y demanda activa de la ciudadanía es posible ir «…superando el mero enfoque asistencial, para avanzar hacia un Estado social de derecho, que garantice calidad de vida, mejore la prevención de las enfermedades y priorice la promoción de la salud.»
Dra. Silvia Riggioni Víquez Especialista en Alergología Invitada de ACANAMED
Se estima que entre un 20 a 25 % de la población mundial sufre de alergia. En nuestro medio, se calcula que 1 de cada 4 personas padece de algún tipo de trastorno alérgico que puede comprometer su calidad de vida en forma significativa, incluyendo el riesgo de reacciones severas.
El 8 de julio ha sido designado como el Día Mundial de la Alergia. Los invito a conocer un poco sobre las enfermedades alérgicas.
¿Qué es la alergia?
La alergia es una respuesta exagerada de nuestro organismo cuando percibe a una sustancia externa como nociva. La sustancia externa que genera la reacción se conoce con el nombre de alérgeno. En condiciones sin alergia, este alérgeno debería ser reconocido como normal y no generar inflamación. Pero cuando hemos desarrollado alergia hacia él, nuestro sistema inmunológico, lo reconoce como anormal y monta una respuesta de inflamación que nos va a generar síntomas dependiendo del órgano afectado.
En nuestro sistema respiratorio, tenemos las más conocidas: rinitis y asma alérgicas. Estas producen en los pacientes síntomas clásicos como congestión nasal, mucosidad clara, estornudos o dificultad respiratoria. Los alérgenos son del ambiente, típicamente sustancias del polvo, pólenes de plantas, mohos de la humedad y epitelios de animales. En nuestro país, los ácaros del polvo son los agentes que con mayor frecuencia causan enfermedad.
En la piel, tenemos como enfermedad referente a la dermatitis atópica, pero también algunas otras condiciones como las urticarias agudas (ronchas), angioedemas (inflamaciones profundas de la piel y mucosas) y dermatitis de contacto alérgica. La afección de la piel se produce por múltiples alérgenos: ambientales, alimentarios, venenos de insectos, sustancias que tocamos como los productos de higiene personal, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, no todo lo que es rojo y pica es alergia, debemos siempre consultar con el médico para tener el diagnóstico correcto de las lesiones en piel que nos afligen.
A nivel digestivo, también podemos tener alergias que pueden afectar desde el esófago hasta nuestro intestino grueso. En el caso de alimentos, posiblemente pensamos en alguien comiendo un camarón y teniendo ronchas, esto es lo típico. Pero también existen enfermedades que afectan nuestros órganos digestivos internos y pueden provocar síntomas como dificultad para deglutir, como en el caso de la esofagitis eosinofílica o bien, molestias como dolor abdominal, diarrea o estreñimiento cuando las afecciones son intestinales. En las alergias provocadas por alimentos, la proteína de la comida es la que estimula al sistema inmunológico y genera la inflamación. No debemos confundir alergia con intolerancia alimentaria ni con otras enfermedades digestivas como la enfermedad celiaca. Siempre es fundamental la valoración médica para ayudar en el orden y diagnóstico de estas molestias que con tanta frecuencia afligen a la población.
Los médicos especialistas en alergología en el país, contamos con las herramientas necesarias para evaluar y diagnosticar estas y otras enfermedades alérgicas. Hacemos uso de pruebas en piel, de laboratorio, de exposición, entre otras, para confirmar y reproducir la enfermedad en el paciente. Siempre con el fin de dar apoyo, alternativas seguras, tratamientos eficientes y calidad de vida en nuestros pacientes. Contamos también con tratamientos modernos y resolutivos como las inmunoterapias alérgeno específicas, que intentan inducir tolerancia frente a aquellos alérgenos que nos inflaman.
Aprovechemos este 8 de julio para reflexionar y entender un poco más sobre estos padecimientos y buscar ayuda médica para mejorarlos. Trabajemos juntos en disminuir significativamente el impacto que generan las enfermedades alérgicas en nuestros niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.
Este 6 de julio se celebra en Guápiles, Limón un homenaje al dirigente sindical, comunal y político Orlando Barrantes Cartín. Una persona que ha dedicado su vida al servicio de las personas, las comunidades y los grupos que luchan por un mundo mejor.
Orlando y sus organizaciones el Movimiento de Trabajadores y Campesinos y la Federación Caribe de Vivienda han puesto en práctica aquel mandamiento de la ley de dios que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son miles de personas las que cuentan cómo Orlando les ayudó a conseguir una casa, ganar una lucha por tierra, con un puente para el barrio y un largo etcétera. Siempre muy metódico, estudioso y sobre todo generando nuevos liderazgos Orlando es de esas personas con las que se puede estar o no de acuerdo pero que se ganan el respeto de todos y eso le ha valido ser una pieza confiable en las negociaciones políticas, donde el respeto se traduce en confianza de las partes involucradas logrando siempre los objetivos previstos.
En nuestro caso conocimos a Barrantes Cartín cuando estábamos en huelga hace 25 años, bajo su tutela logramos sentarnos en la mesa de negociación con el ministro de Trabajo y los representantes de la bananera, durante la conformación de la cooperativa nos ayudó mucho con contactos y asesorías y cuando nos vimos obligados a tomar la tierra como única alternativa para defender nuestros derechos, la figura de este líder fue fundamental para sostenernos en esta lucha. Al llegar las primeras órdenes de desalojo nos habrían tirado a la calle de no ser por el apoyo y la habilidad política de Orlando que siempre logró que el desalojo no se materializara pasando así a ser la única lucha por tierra donde nunca lograron desalojar a los ocupantes.
La vida está en constante evolución y es así como otros deberes reclamaron la presencia de Orlando, aunque su legado sigue aquí con nosotros hoy en los albores de convertirnos (finalmente y después de ver tanta agua pasar debajo del puente) en el asentamiento INDER finca Térraba. Y los que iniciamos con esta lucha siempre tenemos presente el aporte del compañero Barrantes.
Y muy a mi título personal, la mejor forma que tengo de agradecer ese apoyo y el de cientos de personas que a lo largo de estos años hemos recibido es conservando mi parcela. Desde el bello cantón de Osa cuna de las esferas de piedra precolombinas y con el 5% de la biodiversidad del mundo me sumo alegremente al homenaje de don Orlando.
Conversatorios, foros, encuentros y participación en medios de comunicación da inicio a jornada
Diversas fuerzas sociales, ecologistas, comunitarias, sindicales, y políticas se unen para defender el exitoso modelo energético costarricense y en contra del expediente legislativo n.º23.414 “Armonización del Sector Eléctrico”, este proyecto busca favorecer la participación del sector privado en el Sistema Eléctrico Nacional, al eliminar los topes máximos de capacidad de generación de los proyectos eléctricos privados, al permitir la generación y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Nacional y al permitir la exportación y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Regional, sin restricciones, por parte de empresas privadas y cooperativas. Así también, promueve la participación de empresas de capital extranjero, en el Sistema Eléctrico Nacional. El enfoque del proyecto n°23.4141 está basado en una lógica mercantilista, desde la cual nuestros ríos se visualizan como fuentes de energía para la hidroelectricidad.
Sin embargo, tal y como lo hemos demostrado años atrás, los proyectos hidroeléctricos provocan crueles afectaciones ecosociales, como la destrucción de hábitats naturales, el desabastecimiento de agua para la población, la disminución del agua para usos agrícolas, el acaparamiento de los servicios ecosistémicos que generan los ríos por parte de grupos económicamente poderosos, entre otros. Así también, generan heridas a nuestra cultura y formas de recreación, como también disputas sociales y divisiones familiares. Este proyecto, lejos de “armonizar”, aumentaría la conflictividad social y ambiental a lo interno de nuestras comunidades y promovería la apropiación de recursos demaniales por parte de algunos sectores económicos, erosionando recursos patrimoniales que les pertenecen a todas y todos los costarricenses.
Reafirmamos nuestro rechazo total al Proyecto de Ley 23.414 e instamos a las comunidades, organizaciones socioambientales, integrantes de sindicatos y las personas costarricenses en general, a que tal y como lo hicimos en el 2000, defendamos al ICE y a un modelo de energía eléctrica donde, por encima de los intereses lucrativos y particulares, gane el respeto por la dignidad humana, la solidaridad, la accesibilidad y el bienestar común de todas las personas y de los ecosistemas.
No es cierto que una mayor participación privada en el sector eléctrico vendría a “garantizar el menor costo posible para los consumidores”, pues en Costa Rica ya gozamos del privilegio de contar con la electricidad más barata de la región. El informe de Global Petrol Prices de septiembre del 2022, coloca a Costa Rica como el país con el costo de producción eléctrica más bajo de Centroamérica (1). Esto se debe en gran parte a la eficiencia del ICE, quien genera el 65,5% de la electricidad nacional (2).
En un ambiente de diálogo e intercambio propositivo, este jueves 4 de julio se realizó la segunda sesión de la Comisión de Enlace para avanzar en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior FEES 2025, en las instalaciones del Conare, Pavas.
Participaron por las Universidades María Estrada Sánchez, rectora del TEC; Gustavo Gutiérrez Espeleta, presidente del CONARE y rector de la UCR; Francisco González Alvarado, rector de la UNA; Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED; William Rojas Meléndez, rector de la UTN, y la estudiante Francini Mora Chacón de FEITEC. Por parte del Gobierno participaron las ministras Anna Katharina Müller Castro, del MEP y Paula Bogantes Zamora, del MICITT, el ministro Nogui Acosta Jaen de Hacienda y el viceministro Marlon Navarro Álvarez de Mideplan.
Las Universidades Públicas exhibieron productos derivados de proyectos de investigación que actualmente apoyan sectores dedicados a la producción de bambú, mejoramiento genético de especies autóctonas de frijol, papaya, tomate, chile, guayaba y demás productos agrícolas; así como el apoyo técnico y capacitación a emprendimientos de cacao y maíz pujagua, entre otros.
En esta sesión se recibió un nuevo avance del informe de la comisión técnica que verificó el desarrollo de los 23 indicadores asociados a gestión universitaria -con alcance hasta el 2026-, en temas como acceso a becas, apoyo a grupos en vulnerabilidad social, metodologías y políticas de docencia, entre otros. El 85% de estos indicadores mostraron el nivel de desempeño esperado e incluso lo superaron, mientras que el porcentaje restante requiere el ajuste de algunos parámetros, en vista de que responden a datos que recién comenzaron a recopilarse.
Además, el cuerpo rector presentó 41 proyectos que responden a una Agenda de Cooperación entre el Consejo Nacional de Rectores y el Gobierno de la República, que parte de una solicitud del Gobierno para la atención de temas estratégicos para el país, que impactan distintos sectores como educación, salud y seguridad ciudadana, entre otros.
El objetivo de esta agenda es fortalecer la cooperación voluntaria y recíproca entre las Instituciones de Educación Superior Públicas y el Gobierno de la República, para impulsar el desarrollo económico y social, con visión sectorial y regional.
Se coincidió en la riqueza temática de esta agenda, acordándose establecer la ruta de intervención que requiere cada proyecto, su priorización, así como los términos y condiciones para su plena ejecución.
CONARE, Gobierno y representación estudiantil establecieron un equipo técnico para revisar mecanismos de gestión y sostenibilidad de proyectos y agenda de cooperación, que contribuirá con el Plan Nacional de Desarrollo.
La próxima sesión está programada para el jueves 11 de julio, en las instalaciones del MICITT, donde se prevé avanzar en materia presupuestaria.
Rosaura Chinchilla Calderón, docente de la Facultad de Derecho Foto: Anel Kenjekeeva UCR.
A propósito de los resultados de las Pruebas de Excelencia, del Colegio de Abogados y Abogadas
Si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas, debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica
“…un país bien organizado ‘podría cerrar las Facultades de Derecho durante años, si no para siempre, sin grave daño social’. No sólo porque lo que se enseña en tales espacios se encuentra desfasado de las transformaciones sociales que están sucediendo, sino porque el transcurso por las escuelas de Derecho no ha servido para tener mejores operadores del sistema de justicia”
Garza Onofre, Juan Jesús (2023).
No estudies derecho. Taurus.
En su texto “¿Cómo mueren las democracias?” (2018, Ariel) los profesores Levitsky y Ziblatt proponen, a grandes rasgos, que la recesión democrática actual se da no por vías violentas o militares sino por medio del larvado de las instituciones, las cuales son subvertidas desde el interior para modificar los mecanismos que condujeron al poder a quienes pretenden hacerse permanente con él. Para ello, ejemplifican los autores, se ponen en marcha reformas constitucionales, plebiscitos, cambios legales y procesos y fallos judiciales (lawfare). No pretendo profundizar en esos aspectos pero sí es llamativo que, para todos, se necesitan abogados y abogadas que conozcan los vericuetos y recovecos normativos y que puedan, sin sonrojo, ignorarlos o romperlos a cambio de recompensas económicas o dosis de poder.
González Villalobos (1989) describió, para la Costa Rica decimonónica, una relación entre los primeros centros de estudios jurídicos y la construcción del Estado:
«…El establecimiento de los estudios de Derecho en la Universidad de Santo Tomás cobra importancia al analizarlos en el contexto histórico-social de la época, pues vinieron a (…) asumir las labores de planteamiento y dirección de la administración pública en aquellos momentos en que se forjaba el Estado nacional. Así fue como los abogados se convirtieron durante la segunda parte del siglo XIX y la primera del XX, en el sector profesional de mayor actividad política en el país, pues no solo ocuparon los puestos públicos íntimamente relacionados con su especialidad, como por ejemplo la administración de la justicia o inclusive los cargos de elección popular, sino que también asumieron la dirección de la economía y la instrucción pública, así como la de múltiples empresas privadas (…) De ahí que don Vicente Herrera, en el momento de inaugurar la Universidad, considerase que, gracias a los estudios del Derecho, el Estado contaría con: sabios legisladores, magistrados justos, fieles defensores…»
De la misma forma en que los y las juristas fueron determinantes en el diseño y la construcción del Estado Republicano, Democrático y Constitucional de Derecho (sin que con esta afirmación pretenda desconocerse el papel plural de los diversos actores y movimientos sociales), los (y las) abogánsters del presente juegan un rol relevante en su destrucción, máxime cuando en la realidad actual del país se constata la existencia de una masa amorfa de normativas yuxtapuestas, la emisión de leyes repetidas, mal hechas o sin contenido presupuestario, múltiples procesos de corrupción en la función pública y un sistema judicial que es incapaz de brindar una respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de la ciudadanía y, en particular, a los grupos más vulnerabilizados, todo lo cual —adobado en medio de la inequidad socio-económica imperante— crea el caldo de cultivo para el desarrollo de sistemas populistas y autoritarios.
Basta dar un vistazo a los resultados de las autollamadas “Pruebas de Excelencia” del Colegio de Abogados y Abogadas (en adelante CAA) para comprobarlo. Si se agrupan los datos oficiales divulgados desde que se implementaron[1], se tiene que a esta fecha hay 23 casas de estudios emisoras de títulos de licenciatura en Derecho. De ellas, tres postulan el mayor número de personas (en su orden Universidad Latina, la de San José y la Cristina del Sur, en azul en el cuadro) y la última encabeza, también, la lista de las entidades con mayores porcentajes de reprobaciones, seguida por la Universidad Panamericana y la Universidad San Juan de la Cruz (datos en rojo en el cuadro). Finalmente, los mayores porcentajes de aprobación (ordenadas porcentualmente) son las personas provenientes de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela Libre de Derecho y quienes equiparan títulos extranjeros (datos en verde) según se muestra enseguida:
Los números absolutos no representan cantidad de personas sino de postulaciones, aprobaciones o reprobaciones.
Según Gómez (2024), el mayor fallo en este tipo de evaluación se produce en las áreas de derecho administrativo y penal, es decir, en la normativa que regula el espacio público, de construcción y mantenimiento de la institucionalidad y la convivencia social. Entonces, surge inevitable la pregunta ¿hay alguna conexión entre esa paupérrima formación jurídica y la debacle democrática e institucional que se vive en Costa Rica?
Aunque no se ha efectuado ningún estudio interdisciplinario para analizar exhaustivamente —tanto desde su metodología como desde su orientación didáctica y contenido— los resultados de esas evaluaciones, a modo de hipótesis se proponen algunas variables que gravitan como causas de esos resultados:
i.-la proliferación de centros privados de enseñanza del derecho como espacios de mero lucro, con ausencia de regulación estatal. Desde 1843[2] hasta 1975, solo una institución impartió estudios jurídicos: la Universidad de Santo Tomás, sucedida por la “Escuela de Derecho” a cargo del Colegio de Abogados y luego absorbida por la UCR. En 1976 abrió las puertas la UACA con 4 colegios habilitados para impartir la disciplina (Académico, Escuela Libre de Derecho, Santo Tomás de Aquino y Stvdiwm General). A partir de 1985 y hasta 1990 se crean siete universidades privadas, a razón de una por año y a partir de 1992 se produce una explosión de centros de este tipo al punto que en 2017 había 62 universidades y en 26 de ellas (42%) se ofrecía la enseñanza del derecho (Marenco Silvia y Vásquez, 2018). Aparentemente, desde la creación del Conesup, solo la Universidad Cristiana del Sur ha sido cerrada por tal entidad.[3]
Hay centros privados en donde una sola persona imparte todo el pénsum o los docentes son sancionados si reprueban a estudiantes. Al tiempo que disminuyen los contenidos aumentan las pompas y con ceremonias similares a fiestas de disfraces, se conceden doctorados horroris causa (Mora Sánchez, 2023) y emergió una pléyade de másters flash (así, en inglés, porque suena más cool), doctores y postdoctores de la ley, algunos de los cuales cuentan con una cantidad de titulaciones dignas de récordsGuinness y cuyo nicho de mercado se ha concentrado en la representación de movimientos de ultraderecha, anticiencia, o antiderechos humanos. Hasta personas expulsadas de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR por pérdida continua de cursos figuran como docentes de centros privados y del propio CAA.[4]
ii.- hay un negocio instaurado alrededor de la prueba misma, sin ningún tipo de regulación o control, en el cual, además del cobro por hacer el examen, se ofrecen cursos de preparación (en su mayoría no gratuitos) de preparación, aún a cargo del CAA y de quienes integran el Comité designado para formular y vigilar la prueba.[5]
iii.- ha existido un impacto del “apagón educativo” en las competencias mínimas del estudiantado universitario así como en la deficiente formación del profesorado de lo jurídico (Conare, 2023, Noveno Informe Estado de la Educación, págs. 266 y 286). Nótese que en centros como la Universidad de Costa Rica y la Escuela Libre de Derecho[6], que presentan los mejores indicadores, los resultados no son los deseables, pues solo el 72% y el 68% de sus postulantes, respectivamente, aprueban.
iv.-Deficiencias en y alrededor de la evaluación misma: el aplicado no es el mejor instrumento (memorístico) ni los ítems se encuentren correctamente planteados. No se trata de una prueba auditada o testeada por profesionales ajenos a los que la elaboran. Se han localizado ítems mal construidos y respuestas erróneas presentadas como válidas.[7] A eso se suma que los temarios ofrecidos en la página del CAA datan de 2020 (en un país con un activismo legislativo sin precedentes y en cuyo lapso se han efectuado cambios normativos significativos en la codificación) y que hay una negativa del CAA a entregar a los postulantes una copia completa de sus resultados, indicadores todos de una indebida gestión.
Pero, al margen de las causas de esos resultados, conviene pensar en sus consecuencias. Buena parte de las entidades empleadoras de esos profesionales están en la Administración Pública.[8] En el marco del modelo sociopolítico y económico vigente a partir de los años 80 del siglo anterior, el modelo de educación jurídica se orientó hacia lo técnico o tecnocrático, en detrimento de la formación integral humanista. Se hizo predominar la rapidez y lo pragmático por sobre el análisis y la criticidad. Surgieron los profesionales “codigueros” en detrimento de los y las juristas pensantes. Son las personas con estos déficits quienes, desde entonces, atienden las diversas funciones del Estado.
Es claro que si se desea luchar contra el comején que ha penetrado y carcome desde lo interno las estructuras democráticas debe vigilarse y fortalecerse la educación jurídica, tanto pública como privada, esta última mediante procesos de regulación tanto de la calidad de la oferta como de los precios.
En el caso de la formación jurídica superior pública, la Universidad de Costa Rica tiene importantes desafíos: por un lado, debe ser pionera en la construcción de procesos pedagógicos de lo jurídico que permitan certificar al profesorado de este campo. Ya no basta con formar abogados y abogadas, sino que se requiere formar docentes de lo jurídico que se enfrenten a las necesidades y desafíos concretos de las nuevas generaciones. Pero, además, debe “exportarse” el conocimiento de las nociones jurídicas básicas hacia la educación secundaria. De la misma forma en que los programas de ciencias y matemáticas universitarios se llevaron al ciclo diversificado, es necesario que la Facultad de Derecho de la UCR, ofrezca nociones mínimas de derecho a esa población, las cuales permitan construir una ciudadanía crítica y pensante que, a su vez, contribuya en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Debe hacerse un esfuerzo por llevar una educación jurídica pública de calidad a las zonas rurales y lograr la ampliación y democratización de los cupos de admisión en derecho para poblaciones afrodescendientes, indígenas y de zonas costeras y rurales, porque la juventud del país, en esas localidades, está condenada a no tener contacto con lo jurídico o tenerlo a través de una concepción tecnocrática y de baja calidad que impera en el ámbito privado. En fin,
“…antes de seguir justificando lo injustificable, instalados cómodamente en la inacción o divagando en quimeras, es impostergable pensar mejor sobre cuál es el rol de las personas que ejercen la abogacía en nuestros contextos, sobre la forma como las futuras generaciones de abogados (sic) pueden ayudar a resolver los problemas sociales y así ir conformando un mejor gremio. Un gremio que no esté integrado por autómatas ni holgazanes, que no sea machista ni tampoco ruin y despreciable, que no sea mentiroso y que no viva de las apariencias ni de viejas glorias, que no desatienda su contexto, que no hable raro, que no le tenga miedo al futuro”
[1] Es decir desde el 31 de agosto de 2015 hasta marzo de 2024. Como es común en ese colegio profesional, en contravención de tratados internacionales de derechos humanos, no hay publicados datos disgregados por sexo, género, población indígena, afrodescendiente o con alguna condición de discapacidad.
[2] En que formalmente inician los estudios de las ciencias jurídicas en el país pues antes la formación se daba en la Universidad —Pontifica—de San Carlos de Guatemala, cuarto centro de estudios superior fundado en América.
[5] El artículo 14 de la ley No. 9266 previó la creación de un Comité para el Examen de Excelencia Académica integrado por el director del Departamento Académico del CAA y seis abogados o abogadas que duran en sus cargos tres años, deben tener un posgrado o experiencia comprobada en diversas áreas y no pueden tener vinculación administrativa o interés directo con universidades públicas o privadas que impartan derecho. Se desconocen los criterios que se siguen para descartar ese vínculo o conflicto de interés porque, tanto en la conformación actual como en las previas de esta entidad —y sin que esto diga nada en contra de la calidad personal y profesional de tales integrantes— hay nombres ligados a los cuerpos docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela Libre de Derecho. Asimismo, uno de los integrantes actuales imparte cursos no gratuitos de la materia que regula en el mismo CAA (cfr.: https://www.facebook.com/share/p/AZ8nVWquDF1AJ8D6/?mibextid=oFDknk)
[6] Universidades que lideran el rendimiento en esas pruebas y que poseen instalaciones adecuadas para la enseñanza y la simulación de actividades jurídicas, bibliotecas y centros de documentación amplios y actualizados, un cuerpo docente con sólida formación, una malla curricular que se extiende a lo largo de un quinquenio en promedio, programas de apoyo al estudiantado y, en el primer caso, sin fines de lucro y con orientación social.
[7] El CAA no devuelve integralmente las pruebas, solo permite tener acceso (limitado) a las respuestas calificadas como erróneas, eso para poder utilizar la base de datos posteriormente. Empero, en la página del CAA se muestra un “ejemplo” de examen en donde figura la siguiente pregunta:
La interrogante se encuentra mal formulada y cualquier opción que se pretenda correcta no lo es. La jurisprudencia de la Sala Constitucional es vinculante para todas las personas menos para sí misma (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en adelante LJC) de modo que, aunque una gestión reitere una anterior, la Sala no debe rechazarla, declararla inadmisible o acogerla. Puede hacer cualquiera de esas cosas, pero no hay norma que la obligue a efectuar alguna en específico.
[8] Por ejemplo, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil, asesorías jurídicas de la Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, Registro Público, ministerios y Poder Judicial con su subentramado institucional.
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