El pasado 15 de junio del 2024 se realizó el Encuentro Popular por la Salud de Limón, organizado por FRENASS Caribe. En donde se reunieron en el distrito central de Limón, diversas personas lideresas del Cantón, para conversar y reflexionar sobre las implicaciones del contexto actual que atraviesa la seguridad social.
¡Únase a la conmemoración del aniversario de la firma del decreto que declaró al Cerro de La Carpintera!
La conmemoración de este aniversario se realizará en el Parque de Tres Ríos, el día 25 de junio a partir de las 5:30 p.m.
Le invita: ASMOCICU, EcoTierra Fundación, Unidos por la Carpintera, Valió la Pena La Unión Cartago, Movimiento Tiribí Limpio.
En el programa «Desde la Otra Acera» de la APSE, Flora Fernández expone su situación en relación con el caso Aldesa. Durante su intervención, se mencionan casos similares que no recibieron la atención adecuada. También se espera que Rocío Aguilar, en el mismo programa, haga comentarios sobre la percepción de que «en Costa Rica en ninguna parte la plata está segura».
Entre las críticas expresadas, se destaca la falta de regulación efectiva en el sistema financiero. Además, se menciona la existencia de nepotismo y la protección de grupos dentro de instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones y posiblemente también en el ámbito de relaciones exteriores. Se sugiere que los nombramientos en estas áreas a menudo se basan en favores políticos, lo que resulta en la permanencia de funcionarios considerados inconvenientes pero vinculados a círculos políticos.
Se critica también la falta de intervención efectiva por parte de CONAPAM en asuntos relacionados con adultos mayores afectados por el caso Aldesa. Se menciona específicamente que en la semana anterior al programa, falleció la víctima número 101 relacionada con este caso, destacando el impacto severo que ha tenido en esta población durante los últimos cinco años.
En un video recibido por SURCOS, se expresa por parte de la Contralora lo siguiente:
Buenas tardes:
Con todo respeto, deseo manifestarles que, en días pasados, cuando fue presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para el referéndum, orientado principalmente a desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución Política le encarga a la Contraloría General, manifestamos nuestra preocupación por la supresión de importantes competencias del sistema de control de los fondos públicos, no solo los ejercidos por la Contraloría General, sino también desde las auditorías internas y desde la misma Asamblea Legislativa, porque cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende enseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance.
Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, esto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la Asamblea Legislativa perderá insumo de control político que actualmente recibe de la Contraloría General de la República, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el Poder Ejecutivo le impondría al Poder Legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad.
El control de la plata pública tiene distintos momentos, justamente para poder parar a tiempo las ilegalidades y poder alertar desde una perspectiva independiente, técnica y legal, cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley, buscando una ruta poco transparente. Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum. ¿Qué obras públicas se pueden contratar a dedo? ¿Que no se registre deuda pública? Que no se puede alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles. También le impediría a la Contraloría General la fiscalización de la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como el uso de instrumentos vinculantes, o sea, de acatamiento obligatorio para los funcionarios y funcionarias públicas, tales como disposiciones y advertencias.
De modo que, por ejemplo, si la Contraloría recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encuentran ahí posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, no podría la Contraloría tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo que encontró en su investigación. Y como si fuera poco, elimina también los controles preventivos de la Contraloría, incluyendo los controles previos, a pesar de que de la Constitución Política se disponen materias como la aprobación presupuestaria, el refrendo de los contratos públicos y la fase recursiva en materia de contratación pública. O sea, la Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la hacienda pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción.
En relación con el Artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ley que por cierto solo tiene un año y medio de vigencia y ya se quiere debilitar, se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y no teniendo certeza de que se escoge la mejor oferta, el Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera las de la Asamblea Legislativa, de manera que se potencian riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente.
Y en relación con Japdeva, se intenta cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos, para permitir a Japdeva escoger a dedo a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses.
El panorama es bastante claro, se quiere quitar y por tanto evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos, o sea aquellos que pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes. Ante lo delicado de esta situación es que quedamos atentos a la consulta que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realice a la Contraloría General en este proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite de Referéndum.
Muchísimas gracias
En el programa Alternativas, moderado por Dayana Ureña, se conversa con varias representantes de organizaciones de mujeres tales como Silvia Mesa presidenta de la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres; Marlene Mora presidenta del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica; Damaris Solano quien es vicepresidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad; Ana Arguello politóloga especializada en temas de género; Margarita Bolaños del grupo Mujeres por Costa Rica y Rocío Alfaro diputada del Frente Amplio de la Asamblea Legislativa.
En el conversatorio cada una de las panelistas comparte su opinión respecto a la situación de violencia que viven las mujeres en el país. Se explica qué es considerado femicidio, así como la indiferencia cultural ante el aumento de femicidios y conductas misóginas que perjudican a las mujeres costarricenses.
Las participantes se refieren a que la falta de legislación y condenas sobre los femicidios posee una relación con el aumento de violencia contra las mujeres. Y es que, en palabras de Rocío Alfaro desde el poder Ejecutivo y el Legislativo hay personas con poder que minimizan o ignoran el estado de emergencia que se vive en el país a causa de los niveles de femicidios en meses recientes.
También, Marlene Mora se refiere a fomentar un empoderamiento en las mujeres a nivel nacional, ya que la violencia contra las mujeres se da indistintamente de su clase, edad o lugar. Ella apunta a la necesidad de investigar, desde la institucionalidad, este fenómeno; y que con programas de empoderamiento las mujeres logren distinguir los círculos de violencia que enfrentan y brindarles mecanismos para protegerse a sí mismas de cualquier peligro.
Hay muchos temas discutidos, desde lo político, lo cultural y lo estructural, además se realizan fuertes críticas hacia la gestión de varias instituciones del país; concretamente acciones insuficientes que no resuelven ni contribuyen a disminuir el fenómeno de femicidios como epidemia en el país.
Se invita a ver el programa y reflexionar sobre lo conversado, por medio del siguiente link: https://www.facebook.com/share/v/iCjRcQaqyYmdjMhp/?mibextid=qi2Omg
La Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCR le invita:
La fórmula del Copago:
La CCSS aporta un % del procedimiento médico en un hospital privado + La persona asegurada cubre el resto del monto a precios de competencia privada = La Gran Co Estafa
Hoy en cines “La Gran Co Estafa”
Un grupo de diablos disfrazados de ángeles se embarcan en una sanguinaria aventura con el objetivo de apoderarse de los servicios de salud pública. El reto que deberán superar estos viles protagonistas es hacer que todas estas personas los sigan admirando como sus más humildes salvadores, mientras buscan enriquecerse con todo su dinero.
Protagonistas: Marta Esquivel, Nogui Acosta, Rodrigo Cháves.
¡𝘓a 𝘊𝘊𝘚𝘚 no se vende, la 𝘊𝘊𝘚𝘚 se defiende!
La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC, que tiene entre sus objetivos, la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, manifiesta su profundo rechazo a la represión de la protesta social y las detenciones arbitrarias ocurridas el pasado 12 de junio en las cercanías del Congreso de la Nación, en el marco de las manifestaciones populares por el tratamiento de la llamada “Ley Bases”.
En efecto, en ejercicio del derecho a la protesta, ciudadanas y ciudadanos se manifestaron de manera pacífica el miércoles 12 de junio en contra del proyecto de ley denominado “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”.
A partir de la intervención de las fuerzas de seguridad, se generaron gravísimos hechos de represión, avanzando sobre quienes participaban de la movilización, con infantería, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma, a fin de disudirlos de la protesta. Del operativo participaron la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
A ello se sumó una “cacería” de manifestantes, que culminó con la detención arbitraria de 33 personas, de las cuales se excarcelaron a 17 el pasado viernes y al momento continúan privadas de su libertad 16, a disposición del Juzgado Federal número 1. Las 33 personas detenidas fueron imputadas por el fiscal a cargo de la causa, Carlos Stornelli, de los delitos tipificados en los artículos“89 (lesiones), 183 (daños simples como agravados de conformidad con el art. 184 inc. 5), 186 (incendio o estrago), 189 bis (delitos contra la seguridad pública), 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia en contra de las instituciones), 213 bis (organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor), 226 (delito contra los poderes públicos y el orden constitucional), 237 (atentado contra la autoridad -en este caso, agravada conf. art. 238 incs. 2 y 4), 239 (resistencia a la autoridad) y/o 241 (perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos), con el posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”.
Resulta claro que, la criminalización de la protesta social constituye una grave violación de los derechos humanos, particularmente de los derechos a la libertad de expresión, derecho a la reunión pacífica y a la protesta. Estas libertades se encuentran garantizadas por la legislación nacional, como así también por diversas declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos de los que nuestro país es Estado parte y que cuentan con jerarquía constitucional, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 21 y 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 13 y 15). Destacamos que los instrumentos internacionales de DDHH imponen una obligación clara y concreta al Estado argentino de respetar y garantizar el goce efectivo de los derechos reconocidos y generan su responsabilidad internacional frente a su vulneración. Por lo tanto, el Estado argentino debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de su población, asegurando que todas las personas puedan expresar sus demandas y preocupaciones de manera libre y segura.
Por lo expuesto, esta Asociación exige al Estado argentino que se abstenga de llevar adelante prácticas de represión y criminalización de la protesta social, como así también solicita la inmediata liberación de las personas detenidas de manera arbitraria en el marco de la protesta social y el cierre de todas las causas relacionadas a la misma, garantizando el pleno ejercicio de las garantías constitucionales.
Buenos Aires, 16 de junio de 2024
Mesa Directiva
Comunidad Nacional
Desde el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, manifestamos nuestro respaldo al Instituto Costarricense de Electricidad y a sus sindicatos, ante un nuevo intento de debilitar una de las instituciones más importantes y estratégicas del país. A 24 años del COMBO del ICE, rechazamos con totalidad los intentos del gobierno por privatizar los pilares del Estado Social de Derecho.
Es innegable que el servicio eléctrico ha sido esencial para el desarrollo económico, social y cultural del país. Asimismo, el acceso a la electricidad es un derecho básico que debe ser garantizado para toda la ciudadanía sin distinción de clase, género, zona geográfica o raza. En sus 75 años el ICE ha cumplido con su servicio al pueblo por medio de energías limpias y renovables, incluso situando a Costa Rica como un país verde a nivel global. Es por esto que no debemos dejar que caiga en las garras de empresas privadas que solo buscan el lucro y no el bienestar de la población.
Defendemos el ICE porque al igual que nuestra Universidad, nació de la búsqueda de una equidad e igualdad para todas las personas costarricenses y trabaja en beneficio de las comunidades más alejadas del país.
Porque alrededor de nuestros años de existencia nos hemos caracterizado en defensa de los derechos humanos y, a su vez, de las garantías sociales. Por eso, nos posicionamos en contra de la agenda de la administración Chaves Robles, una agenda de politiquería populista de privatización y recortes.
Considerando que sabemos que la expansión del mercado eléctrico abre las puertas a la privatización del Servicio Eléctrico Nacional o incluso a su quiebra, lo cual tendría repercusiones negativas tanto en el sector económico como en el social. Si permitimos la entrada de otras empresas o vendemos el Instituto, estaremos cediendo nuestros recursos naturales a empresarios, muchos de ellos transnacionales.
Hoy con este proyecto de ley 23.414, mal llamado Armonización del mercado eléctrico, nos enfrentamos a un segundo COMBO, el cual busca trasladar el criterio técnico del despacho de energía del ICE al MINAE y atribuirlo a un nuevo órgano que involucraría intereses privados. Y, a la larga, despojarle de la producción y de la venta de este servicio, quebrando el Instituto por falta de recursos para el mantenimiento o la inversión de nueva infraestructura; además, quedando el control en el negocio y no en el derecho.en el negocio y no en el derecho.
Exigimos respeto hacia nuestro Estado Social de Derecho, pues buscan desmantelarlo y venderlo por partes con tal de cumplir los caprichos de un ente más grande. Un país latinoamericano con una economía mixta y un contexto histórico como el de la Segunda República con la Caja Costarricense de Seguro Social, la educación pública, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Código de Trabajo debe tener como un NO negociable la imposición de una agenda neoliberal.
Hacemos un llamado de resistencia, alerta y articulación hacia todos los sectores sociales: movimiento estudiantil, sindicatos, universidades, colectivas, colectivas feministas, grupos ambientalistas, sector agro, comunidad LGBTQIA+, activistas independientes, etc., a hacerle frente a este proyecto empobrecedor; para tener el poder de movilización de hace 24 años ya que el pueblo unido jamás será vencido.
¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!
A raíz del comentario que hiciera el presidente de la República Rodrigo Chaves, el 14 de junio, en el sentido de que en Costa Rica lleva 75 años de “dictadura perfecta”, raudos, los expresidentes (a) de la República expusieron sus criterios sobre lo expresado por el presidente en un comunicado titulado “Costa Rica es una verdadera democracia”.
Arrancan los expresidentes (a) manifestando que Costa Rica es la más antigua democracia ininterrumpida en América Latina y la comparan con las democracias de Chile, Uruguay y Canadá. Parece que a los expresidentes se les olvidó la historia.
Repasemos: en Chile hubo un sangriento golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet y promovido por Estados Unidos. Documentos1 recién desclasificados demuestran la cercanía de Richard Nixon y Henry Kissinger con ese golpe y con el dictador Pinochet. Esa dictadura se extendió del 11 de septiembre de 1973 al 11 de junio de 1990 (17 años) y se contabilizaron por miles los muertos y desaparecidos.
En Uruguay lo mismo, un golpe de Estado en junio de 1973 que se extendió hasta 1985. La dictadura uruguaya estuvo coordinada con otras dictaduras de América Latina (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile) por medio del Plan Cóndor, figura vinculada a la seguridad de Estados Unidos y que provocó decenas de miles de muertos. Era el preludio de la imposición del modelo neoliberal en América Latina.
En Costa Rica tampoco es un ejemplo de democracia ininterrumpida. El golpe de Estado2 sucedido en 1948 provocado por un colaborador3 de la CIA, provocó miles de muertos y una persecución4 sostenida por medio de tribunales fascistas especiales a comunistas y calderonistas. En cuanto a Canadá, recién empiezan a salir verdades incómodas sobre el genocidio cultural contra los aborígenes. Igual los hechos recientes hacen ver que Canadá se convirtió en una madriguera de nazis ucranianos. De hecho, en septiembre de 2023 uno de esos nazis fue ovacionado en el parlamento canadiense lo que provocó un escándalo mayúsculo a nivel mundial.
Como era de esperarse, los expresidentes (a) no desaprovecharon el comunicado para inyectar veneno contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, ahora sumando a Corea del Norte. Como buenos vasallos del imperio y cómplices directos de la agresión y la intervención imperialista no se pudieron contener para agredir por enésima vez a los países precitados. Incluyeron a Costa Rica en el Grupo de Lima, un grupo agresor e intervencionista al servicio del imperio con la esperanza de derrocar esos gobiernos e implantar dictaduras neoliberales a la medida de las transnacionales imperialistas. Sobre Corea del Norte, posiblemente ni siquiera sepan dónde queda y es más que posible que la incluyeron por indicaciones de la embajada.
Ya en lo nacional, los expresidentes (a) nos dicen que están preocupados por las declaraciones del presidente (dictadura perfecta) y que apelan a la conciencia ciudadana sobre “el inmenso valor de nuestras instituciones democráticas de toma de decisiones y de control”. Pero veamos: el tema de la dictadura5 ya lo había manejado, en el año 2009, Francisco Chacón González, liberacionista, cuando propuso reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y a la Ley de Control Interno, dando como motivo las excesivas potestades concedidas al órgano contralor en materias supuestamente ajenas a su competencia constitucional.
La intención era acabar con la llamada ingobernabilidad, presentada como dictadura de los órganos que no tienen origen directo de la voluntad popular. Francisco Chacón fue diputado del PLN en la administración Chinchilla Miranda y su ministro de comunicación. También fue Oscar Arias, involucrado en procesos corruptos como Millicom y Crucitas el que propuso la tesis de la “dictadura en democracia” como solución a los controles y límites institucionales y al desarrollo con justicia social.
Todo enfocado a combatir la supuesta “ingobernabilidad”. Todo era gobernable cuando se turnaban el poder el PLN y el PUSC. Desde la Asamblea Legislativa nombraban contralores, magistrados, procuradores, defensores de los habitantes, etc. Todos obedeciendo los intereses políticos de esos partidos. Así fue electa en el año 2012, administración Chinchilla Miranda, Martha Acosta Zuñiga6 como contralora general de la República, un cargo para el que ni siquiera concursó. La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa (CNAL) entrevistó a cuarenta y dos personas interesadas y ella no estaba entre esas personas. De hecho, negó estar interesada en el puesto. Fue impulsada por el PLN a quienes se sumaron los socialcristianos y los libertarios y todo el trabajo realizado por CNAL fue lanzado por la borda. Un caso parecido fue el de Rocío Aguilar, sustituida por Martha Acosta y el de la reelección que favoreció a Oscar Arias.
Finalmente, los expresidentes (a) se rasgan las vestiduras e hipócritamente nos dice que las democracias son imperfectas, que se han cometido errores, que nuestra democracia arrastra deudas con la ciudadanía y que son conscientes de que falta mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de los costarricense. Lo que no reconocen es que ustedes son los responsables políticos de lo que actualmente ocurre en Costa Rica. Fueron ustedes los que impusieron un modelo económico que solo favorece las élites y los grupos dominantes.
Fueron ustedes los que han promovido el desmantelamiento del Estado costarricense. Rodrigo Chaves simplemente es un continuador de un modelo neoliberal impuesto desde décadas atrás por ustedes. No es el responsable directo del desastre actual.
El desastre viene de ustedes. Son ustedes los que han querido vender las instituciones estatales (Arias, Figueres, Rodríguez). De hecho, lo hicieron cuando remataron Cementos del Pacífico (CEMPASA), Fertica, Catsa y descuartizaron Transmesa. Ahora hablan de defender la democracia cuando han sido ustedes tomando decisiones antidemocráticas los que han llevado a Costa Rica a ser uno de los países más desiguales del mundo, con una pobreza en alzada, igual el empleo informal y con una incertidumbre laboral terrible para miles de familias costarricense, además de la agenda antilaboral en todos sus extremos. Son ustedes los que aprobaron un combo fiscal que castiga a los trabajadores, los que favorecieron la regla fiscal que constriñe el gasto social, reduce el presupuesto para la educación y la salud pública en todas sus variantes y congela los salarios (Alvarado).
Fueron ustedes los que permitieron la ley anti huelgas (Alvarado).
Ustedes representan la hipocresía personalizada, en su momento tendrán que asumir las responsabilidades y las consecuencias.
Referencias:
2 Macarena Barahona, Nuevos Documentos del 48, los proscriptos, Editorial Costa Rica, San José, 2015
3 Philip Agge, La CIA por Dentro, diario de un espía, Editorial Suramericana, Buenos Aires
5 https://actualidad.rt.com/actualidad/481144-ovacion-nazi-parlamento-historia-canadiense