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Respeto para las personas adultas mayores – 15 de junio conmemoraciones nacional y mundial

15 de junio:
Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez.
Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores.

Dr. Fernando Morales Martínez
Médico Geriatra y Gerontólogo
Decano Facultad de Medicina
Universidad de Costa Rica

Hoy 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez y el Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las Personas Adultas Mayores, que se constituye en un tema relevante, debido a la significativa proporción de personas de 65 años y más, que representan un 13,63% de la población costarricense (ENAHO, 2022), al respecto deseo exponer esta reflexión.

Hace 48 años en la revista médica British Medical Journal, se publicó un artículo del Dr. Burston que lo tituló “Maltratando a la abuelita” (Granny batterig), llamando la atención al mundo científico del abuso hacia los mayores por parte de los familiares.

En 1995, en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología fundamos el Comité de Estudio Integral del Adulto Mayor Agredido y Abandonado (CEINAA), con el fin de llevar a cabo un abordaje interdisciplinario para fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las personas adultas mayores en condiciones de abuso y abandono e identificar las características correspondientes con el fin de establecer lineamientos de atención.

En 1999, en nuestro país se publica la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, en donde se propone garantizar la protección jurídica y psicosocial de la población adulta mayor afectada por el abuso físico, psicológico, patrimonial, sexual o por negligencia, por medio de la aplicación de las medidas de protección y procedimientos establecidas en Ley Contra la Violencia Doméstica.

En mayo de 2012, Costa Rica se sumó a los países de América Latina y el Caribe quienes, reunidos en la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en San José, adoptamos la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso consistió en no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas adultas mayores, así como la férrea e inclaudicable voluntad de trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, y de crear redes de protección de las personas de edad para hacer efectivos sus derechos.

El 15 de junio de 2015, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y Costa Rica fue uno de los 5 Estados que de inmediato firmaron su texto, junto a los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Hay que recordar que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, mediante la Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 2016 y el Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 de octubre de 2016. Con lo cual, desde el año 2016, el país cuenta con un marco de referencia vinculante de derechos humanos específicos para las personas adultas mayores.

Estas y otras normativas como la Ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional conforman el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en nuestro país.

Como lo señala la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la persona adulta mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. A su vez, define la violencia contra la persona adulta mayor como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona adulta mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

En esta definición se comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

El maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema social grave y actual, sin importar el nivel económico o educativo de quien lo ejerza o padezca. Las personas adultas mayores suelen ser víctimas de malos tratos y abusos por parte de sus familiares, vecinos, entidades públicas y privadas. Esta situación repercute en su salud, calidad de vida y en el reconocimiento y respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Los factores de riesgo son múltiples en especial para aquellas personas adultas mayores que están en vulnerabilidad, enfermedad crónica irreversible, no cuentan con familiares o parientes y están en total abandono.

La realidad es que el abuso, maltrato, abandono y la negligencia hacia las personas adultas mayores está presente en nuestra sociedad y cada año se acrecienta más, agravada en los últimos años como resultado de las consecuencias de la pandemia por la COVID-19.

Desafortunadamente los datos que evidencian esta problemática de violencia en las personas adultas mayores no son tan precisos y los que se muestran están lejos de la realidad, lo que no permite tomar decisiones y acciones oportunas en la protección de sus derechos mediante respuestas ante las múltiples necesidades de esta población.

Esta es una situación creciente que debemos poner atención con medidas correctivas oportunas porque alcanza todos los extractos de la sociedad.

El objetivo es que se contemple una nueva visión del envejecimiento, de tal manera que se promueva la inclusión de las personas adultas mayores en la sociedad, se ofrezcan bienes y servicios de calidad y de manera especial, se dé cuenta de su contribución al desarrollo.

Quiero invitarlos a construir una cultura de protección a la integridad y dignidad de las personas adultas mayores con el fin de lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, su empoderamiento y, por supuesto, estimular e incrementar sus capacidades para defenderse ante situaciones abusivas. Hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros que se encuentre en esta espiral de violencia y se vea perjudicado.

Los actuales políticos ticos: «descubrieron el agua tibia»

Por Bernardo Archer Moore

Las comunidades tribales costarricenses existen mucho antes de que los políticos actuales las reconocieran.

Su existencia se remonta al siglo XVII (1650) con la formación de «(*) La Puebla de los Pardos o Puebla de los Ángeles situado en Cartago y compuesto por:

Mestizos, Mulatos y Zambos; el resultado del mestizaje de blanco con indio, blanco con negro y negro con indio respectivamente». Uno de los principales legados de ese primer poblado tribal fue LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.

*/ (Los Pardos de la Colonia – Álvaro Cuberos).

Desde entonces, los derechos de las comunidades tribales son fundamentales para su subsistencia y bienestar, y requieren la protección especial del Estado, así como de Convenios Internacionales que surgieron debido a su vulneración por parte de los gobiernos nacionales, ahora tutelados por organismos internacionales como la CIDH.

Estas comunidades a menudo viven en áreas aisladas de las grandes ciudades y del gobierno central, lo que las hace más vulnerables a la violación de sus derechos, especialmente en relación con la tierra que habitan.

La tierra es un recurso vital para las comunidades tribales, ya que les proporciona sustento, medios de vida y es parte integral de su identidad cultural y espiritual. La violación de sus derechos sobre la tierra las priva de su forma de vida tradicional y las condena a la pobreza y el sufrimiento.

La falta de acceso y control sobre la tierra puede llevar a la pérdida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la imposición de proyectos de desarrollo que no consideran las necesidades y aspiraciones de las comunidades tribales.

Esto puede resultar en la destrucción de su entorno natural, la pérdida de sus fuentes de subsistencia y la interrupción de su vida comunitaria y cultural.

Es crucial garantizar y proteger los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra que habitan, reconociendo y respetando su derecho a la propiedad y control de sus tierras ancestrales, así como su participación en la toma de decisiones que afectan a sus territorios.

Es importante promover el desarrollo sostenible y la diversificación económica en áreas tribales como Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Ciudad de Limón, Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres y Matina, para que puedan mejorar sus condiciones de vida sin comprometer su cultura y medio ambiente.

Esto incluye el apoyo a iniciativas de desarrollo local, una mejor calidad de educación, acceso a servicios básicos como caminos de acceso público, servicio eléctrico, agua potable, internet de banda ancha, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales, así como la valoración y preservación de los conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles de las comunidades tribales.

En resumen, la vulneración de los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra las condena a la pobreza y el sufrimiento. Por ello, es fundamental garantizar y proteger sus derechos sobre la tierra, promover el desarrollo sostenible y respetar su cultura y medio ambiente, permitiendo que la comunidad tribal de Cahuita prospere y mantenga su forma de vida tradicional.

Finalmente, los proyectos de ley patrocinados por las congresistas Katherine Moreira y Rosalía Brown sobre el supuesto “reconocimiento de los pueblos tribales” no abordan los problemas fundamentales de estas comunidades, prefiriendo evitar conflictos con políticas gubernamentales para aumentar sus posibilidades de aprobación. Esto deja a los pueblos tribales costeros a merced del ICT y el Estado costarricense.

Imagen ilustrativa.

UCR: ¡Sonrisas que se transforman en autoestima!

El compromiso de la UCR fortalece las obligaciones y responsabilidades, contempladas en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No.7935 y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.7600, así como la formación profesional de recursos para la atención de esta población.

La UCR comprometida con el bienestar integral de personas en condición de calle

Este 10 de junio la Universidad de Costa Rica firmó un convenio con la Asociación Misionera Club de Paz, la cual tiene a su cargo la Clínica Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Hospital para Indigentes (HPI). Con este convenio, la UCR se compromete a aunar esfuerzos con el HPI y concertar sus recursos materiales y humanos disponibles para lograr un interés público, desarrollando acciones para la promoción de la salud bucal, prevención de las enfermedades bucales, curación y rehabilitación de la población adulta mayor abordada por la Asociación.  

La UCR hace suyo el compromiso para combinar esfuerzos en procura del bienestar integral de la población adulta mayor en condición de calle. Este compromiso incluye capacitación en la temática del envejecimiento mediante el abordaje de la persona adulta mayor, en áreas de la promoción de la salud, prevención de enfermedades y la aplicación de medidas de atención de la salud bucodental. 

La institución aporta con este tipo de colaboraciones al respeto y fortalecimiento del derecho universal a la salud, del cual muchas poblaciones con alta vulnerabilidad se ven excluidas en nuestra sociedad. El convenio firmado encuentra eco en los principios y valores de esta casa de estudios, llamada a trabajar por el logro del bien común desde los tres elementos sustanciales de la UCR, la docencia, la investigación, y la acción social.  

Diferentes personas en condición de calle, beneficiarias de los servicios aportados por la UCR y la Asociación Misionera Club de Paz, compartieron sus historias de vida antes y después de formar parte de este proyecto.

Para el rector de la Universidad, Gustavo Gutiérrez Espeleta, este tipo de proyectos y compromisos reflejan la esencia de la universidad pública. “Hace unos meses firmamos un convenio con la organización Chepe se baña, también desde un abordaje en torno a la salud bucodental; pero también estamos haciendo un abordaje multidisciplinar desde la psicología, la nutrición, la ingeniería de alimentos, el arte y la cultura, entre otras muchas áreas, que vienen a complementar el gran esfuerzo que hace la Asociación Misionera Club de Paz. Las personas en condición de calle deben de ser atendidas por los gobiernos, y si no es así entonces las universidades públicas asumimos esas y muchas otras labores”. 

Iniciativas como las mencionadas generan también oportunidades de aprendizajes para el personal docente y estudiantes de la universidad. “Son nuestros y nuestras docentes, nuestros y nuestras estudiantes quienes están participando en estos procesos para mejora de la sonrisa y de la calidad de vida de estas personas, y están también aprendiendo junto con ellas”.   

Ya desde el año 2020, la UCR, a través de la Facultad de Odontología, creó un Externado Clínico Odontológico en el escenario físico del HPI. Este es pionero en su campo y brinda, de forma voluntaria, servicios de odontología general.  

Conozca un poco más sobre este trabajo de apoyo a las personas en condición de calle que está llevando a cabo la Universidad de Costa Rica: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/3/20/estudiantes-de-odontologia-toman-sus-instrumentos-y-salen-a-devolver-sonrisas-a-las-personas-en-condicion-de-calle.html

Los servicios de odontología que ofrece la UCR son brindados en condiciones dignas, con la mejor tecnología, personal y procedimientos.

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Mesa de Salud, Seguridad y Previsión Social analizó escasez de médicos especialistas

Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel

Sectores sociales, productivos y laborales se reunieron para abordar las graves repercusiones en la salud pública ante la falta de médicos especialistas en el país.

En el marco del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, la Mesa de Salud, Seguridad y Previsión Social conformada por representantes de los sectores sociales, productivos y laborales participaron el martes 11 de junio de 2024 en la conferencia “Desafíos de la Seguridad y Previsión Social: Escasez de Médicos Especialistas – Juego entre la Vida y la Muerte”.  

Dicho encuentro analizó la preocupante escasez de médicos especialistas y sus consecuencias en la atención sanitaria del país que provocan una atención limitada a pacientes, diagnósticos tardíos y largas esperas para obtener citas médicas. 

La conferencia evidenció que, en este momento, las listas de espera no responden a la falta de espacios físicos o quirófanos para la atención médica o de cirugías; sino que son consecuencia de una alta escasez de médicos especialistas en distintas ramas. Esta situación muestra que en el país existe un mayor porcentaje de médicos generales incrementando el problema central a las largas listas de espera.

El panel de expertos en la conferencia incluyó a Lenin Hernández Navas y a Vivian Rodríguez Araya del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Participaron también Ana Gloria Romero Hernández, vicepresidenta de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida; Rodrigo Cabezas Moya, cirujano de tórax; Rodrigo Chamorro Castro, jefe de Cirugía del Hospital Calderón Guardia; Román Macaya Hayes, expresidente de la CCSS; Lisbeth Salazar Sánchez, médica y representante de UCCAEP.

Por parte de la Asamblea Legislativa se contó con la exposición del diputado Óscar Izquierdo. Dentro de los panelistas se incluyó también a Óscar Abellán, gerente general de Coopesiba, en representación de las cooperativas de salud en nuestro país.

“Esperamos que a partir de esta información se planteen propuestas para abordar este tema desde la institucionalidad, brindando a los costarricenses la posibilidad de contar con servicios de salud oportunos y humanitarios”, señaló Lenin Hernández, presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel es una iniciativa organizada por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Consejo Nacional de Rectores y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

“Desde su fundación en 1986, la Asamblea ha demostrado un compromiso genuino con el diálogo social. Esto nos llevó, como Directorio Nacional, a liderar la génesis e implementación del Foro, conscientes de la necesidad de generar una visión país compartida para atender las múltiples problemáticas que están erosionando la calidad de vida en Costa Rica”, añadió Vivian Rodríguez Araya, directora de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. 

Para más información puede ingresar al sitio web:

www.asambleadelpopular.cr/foro

Correo: asambleainforma@bp.fi.cr

Reseña de la conferencia: “Desafíos de la seguridad y previsión social en Costa Rica, escasez de médicos especialistas. Juego entre la vida y la muerte”

Conferencia sobre salud y seguridad social, en el marco del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel cuyas mesas de trabajo temático iniciaron este 10 de junio. El objetivo de la conferencia es construir y aportar ideas relacionadas a las listas de espera que afecta a la parte familiar y productiva de la población. Expositores que se encuentran en la mesa principal y sus respectivos argumentos:

  • Vivian Rodríguez Araya: integrante del Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Sus argumentos giran en torno a la importancia del diálogo social como pilar de la vida democrática. Se señala la preocupación por el aumento de las listas de espera de atención de pacientes por problemas estructurales y como resulta relevante la vocación de diálogo para alcanzar acuerdos.

  • Ana Gloria Romero Hernández. Vicepresidenta de la Fundación ANASOVI (Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida), la cual presentó 430 recursos de amparo de pacientes que necesitaban ser atendidos con prontitud. Sobreviviente de cáncer.

Se explica que tiene representación en varias organizaciones que buscan ayudar a pacientes de cáncer bajo la consigna “los pacientes somos el centro de la salud”.

Historia de la Fundación ANASOVI y de diversas luchas que han tenido que llevar a cabo distintos pacientes.

Se analiza cómo el tiempo transcurrido entre el diagnóstico, que se lleva a cabo generalmente de manera temprana, se ve afectado por la ausencia de especialistas que hace que la enfermedad evolucione.

Se señala la Importancia de garantizar infraestructura y garantías laborales para los especialistas. Además se señala la brecha existente entre el Gran Área Metropolitana y las zonas fuera de ésta, en donde la escasez de especialistas es aún mayor.

  • Dr. Rodrigo Cabezas Moya. Abanderado de la salud, cirujano de tórax, asistente voluntario del Hospital Calderón Guardia.

Énfasis en que los especialistas son para el país, no para el sector público o sector privado.

Se realiza una fuerte crítica a la calidad de la educación médica que brindan algunas universidades en el país.

Se destaca esta posición: “En este momento esto es una crisis, el tema no es formar especialistas, debemos importarlos de otros países que tienen universidades similares al régimen de la Universidad de Costa Rica pero que en sus países tienen peores condiciones laborales como Colombia o Argentina”. Se explica que las condiciones laborales para especialistas en Costa Rica son muy atractivas.

  • Dr. Rodrigo Chamorro Castro. Cirujano cardiovascular y de tórax, Jefe de Cirugía del Hospital Calderón Guardia.

Considera que no hay una verdad absoluta ni un culpable único. La crisis y preocupación por la situación de los asegurados es un tema crítico.

Anestesiólogos siendo la especialidad más escasa respecto a la demanda que poseen los hospitales de estos profesionales.

Crítica al gremio de medicina puesto que existen intereses para no aumentar la disponibilidad de especialistas, esto puesto que se considera que la formación de estos especialistas en mayor cantidad, beneficia más al sector privado que al sector público. El expositor considera que esto es incorrecto pues no hay garantía de que todos prefieran lo privado.

Los médicos que trabajan en la institución están al punto del colapso por la carga laboral. La institución como tal, está al borde del colapso también.

  • Dr. Román Macaya. Expresidente de la CCSS, bioquímico de profesión, cuenta con una maestría en gestión de sistemas de salud. 

Relación entre envejecimiento de la población y la disponibilidad de especialistas (envejecimiento – capacidad hospitalaria – oferta de especialistas).

Argumentación basada en estadísticas sobre: natalidad, días de hospitalización, cantidad de camas de hospitalización disponibles, oferta de especialidades en universidades y cantidad de especialistas proyectados a capacitarse.

  • Lic. Lenín Hernández Navas. Presidente del Directorio de la Asamblea del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Además es el Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines.

Importancia del diálogo para la formulación de políticas, realiza una argumentación basada en estadísticas. Se plantea un análisis de los salarios más altos de especialistas en la CCSS, además de un análisis de los costos y días de espera que caracterizan la operación. Se destaca este argumento: “Es imposible por la cantidad de los casos de pacientes, que el sector privado absorba el 100% de la demanda de procedimientos, no se beneficia al sector privado produciendo más especialistas”.

  • Óscar Izquierdo Sandí. Diputado de la República, quien presentó la iniciativa de ley que insta a que el MIDEPLAN no pueda incidir en la toma de decisiones de la CCSS.

El rol de los actores políticos en estas tomas de decisiones.

Desafíos que se enfrentan: financiamiento sostenible de la CCSS, retención de especialistas y profesionales, infraestructura hospitalaria para garantizar la dotación de servicios.

Explicación del impacto que busca alcanzar el proyecto de ley presentado.

  • Dr. Lizbeth Salazar Sánchez. Representante de la UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado). Además es médica cirujana y exdirectora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica,

Explicación de qué es UCCAEP. Explicación del interés que tiene UCCAEP por el resguardo de la CCSS pues resulta imposible administrar un sistema de seguro propio para sus trabajadores. UCCAEP no va a apoyar privatización de servicios que la CCSS brinda.

  • Ing. Óscar Avellán Villegas. Gerente General de COOPESIBA.

Explicación de los beneficios de las alianzas público – privadas. Defensa de las cooperativas que brindan servicios de salud en tres pilares: Las cooperativas de salud son parte del sector social costarricense, la CCSS fundamenta el pacto social de Costa Rica y las cooperativas de salud conforman una alianza pública – privada exitosa con la CCSS.

Se invita a ver el foro en la página de Facebook del Sindicato Nacional de Enfermería: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=831026015109773&rdid=Djg3LIfiuS5QULaP

65 Aniversario de la primera ley de reforma agraria en Cuba y aniversario de los natalicios de Maceo y Che

Para este programa se contará con el siguiente panel invitado:

Jorge Rodríguez (Embajador en Costa Rica desde enero 2020; Licenciado en Relaciones Internacionales; Licenciado en Economía y graduado del Instituto Río Branco de Brasil) y Ernesto Alfaro (MBA; Banca y Finanzas; Coordinador de la comisión de asuntos internacionales del Programa Alternativas)

Este aniversario se realizará el día 14 de junio 2024, a las 18:00 horas (-6 UTC).

Puede observarlo a través de las redes sociales de Alternativas, donde será transmitido por el Facebook Live  (https://www.facebook.com/AlternativasGrecia), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCg7skZFFGsNNy_dGu0PzExQ/videos) y por la plataforma de Spotify.

Además, será retransmitido por 107.1 FM Radio Actual los sábados a las 22:00 horas; Radio Guanacaste 106.1 FM; Radio Soberania; Radio Revolución. 

Concejo Municipal de Montes de Oca se solidariza con pueblo Palestino

Por: Jorge Mora Portuguez
Regidor Suplente
Municipalidad de Montes de Oca.

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera condena a Israel por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y reconoce y saluda al Campamento de Solidaridad instalado en UCR.

El pasado lunes 10 de junio el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó en forma unánime la moción que presentó esta regiduría junto a otras más que la suscribieron.

Esta moción va en consonancia con el acuerdo adoptado el 11 de diciembre del 2023 por el Concejo Municipal anterior, en que se llama al gobierno de Costa Rica a asumir un rol más beligerante en la busque de un cese al fuego y por la paz.

Se exige al gobierno de Israel cesar sus ataques en contra de la población civil palestina en Gaza y Cisjordania.

A continuación el texto de la moción aprobada:

10-06-24

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Que en la Sesión Ordinaria Nro. 189/2023, Articulo N° 10, del día 11 de diciembre 2023, el Concejo Municipal de Montes de Oca acordó en forma unánime hacer un llamado al gobierno de Costa Rica y a la Asamblea Legislativa para que asumieran un papel de mayor liderazgo en el llamado internacional a un cese al fuego inmediato, duradero y sostenido en la franja de Gaza.

SEGUNDO. Que en ese mismo acuerdo se condena y repudia toda acción de represalia indiscriminada del ejército israelí en contra de la población civil palestina en los territorios de Gaza y Cisjordania; así como el bombardeo de instalaciones civiles, clínicas, hospitales, centros de refugiados, o en contra de la prensa internacional, los organismos de Naciones Unidas y de Socorro internacional. Y se hace un llamado al gobierno de Israel, para que, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONU ES-10/21, respete el derecho humanitario internacional; así como el sistema internacional de derechos humanos y a que cese de inmediato los ataques indiscriminados contra la población civil.

TERCERO. Que desde entonces el ejército israelí no solo no ha cesado las agresiones en contra de la población civil en Gaza, sino que las ha extendido y endurecido. Pasando de 16 mil personas asesinadas a más de 40 mil al día de hoy, de las cuales más de 15 mil son niños y niñas.

CUARTO. Que estas acciones constituyen al tenor del derecho internacional, actos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad; por lo que diversos países han interpuesto denuncias contra el gobierno de Israel ante la Corte Penal Internacional y ante la Corte Internacional de Justicia

POR LO TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO. Reiterar la condena y repudio de este gobierno local por los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos por el ejército y el gobierno de Israel en contra de la población civil palestina en Gaza y Cisjordania.

SEGUNDO. Reiterar nuestro llamado para que el Gobierno de Costa Rica asuma un mayor compromiso con la causa de la paz, y con la causa de los derechos humanos que siempre nos han caracterizado como nación; y exija a Israel un cese al fuego inmediato de conformidad con las resoluciones de la ONU.

TERCERO. Manifestar nuestro reconocimiento y solidaridad con los movimientos estudiantiles universitarios, que alrededor del mundo se movilizan en solidaridad con el pueblo palestino y que en varias ocasiones han sufrido represión y persecución en sus países.

CUARTO. Manifestar nuestro reconocimiento y solidaridad con las personas, organizaciones y movimientos que por mes y medio han mantenido un campamento permanente de solidaridad con Palestina en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Siendo el de mayor duración en toda América Latina.

QUINTO. Comunicar este acuerdo a todas las demás municipalidades del país, instándolas a que se pronuncien de la misma forma; al gobierno de Costa Rica, a la embajada de Israel, al consulado honorario del Estado de Palestina en Costa Rica, así como a los medios de comunicación y a la población de Montes de Oca.

Defensoría monitorea control del Estado a centros de personas adultas mayores con fondos públicos

Realizó seguimiento con el CONAPAM en visita a centro diurno de la Asociación de la Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM)

En el mes de abril 2024 se tuvo conocimiento de denuncias por presuntas agresiones (maltratos psicológicos, emocionales y tratos discriminatorios) en contra de personas adultas mayores en el centro diurno de cuido Asociación Casa de la Persona Adulta Mayor de Moravia (ACAPAM).

La información recibida por CONAPAM refiere que realizarán labores de observación y trabajo de campo para verificar la atención que se brinda a las personas adultas mayores que continúan asistiendo al lugar. La Asociación mantiene suscrito y en vigencia, el convenio de transferencia de recursos púbicos del CONAPAM para el año 2024.

La Municipalidad de Moravia informó que las siete denuncias recibidas fueron trasladas a la Junta Directiva para un abordaje en coordinación con la psicóloga del centro diurno para los procesos de contención de las personas denunciantes y refiere la creación de una Comisión Especial para la evaluación operativa del Centro Diurno del Adulto Mayor del Concejo Municipal y una revisión de los registros contables, sobre lo cual se ha solicitado mayor información.

La Defensoría de los Habitantes solicitó al CONAPAM ampliar información sobre las coordinaciones interinstitucionales que se realizan para contar con un diagnóstico integral de la condición de las personas adultas mayores usuarias del servicio, por lo que la Unidad de Gestión Social de esa institución realiza un proceso de observación, realizándose entrevistas a cada una de las personas adultas mayores que acuden al centro, así como su personal.

Esta semana, la Defensoría de los Habitantes en acompañamiento al CONAPAM, realizó una inspección en el centro diurno, donde se llevó a cabo un encuentro con representantes de la Municipalidad local y la administración del centro diurno.

CONAPAM informó que la actual intervención de la entidad se da a fin de identificar si hay situaciones de abuso, posibles usuarios agredidos y posibles responsables de las agresiones, así como, corroborar la prestación del servicio a favor de la población adulta mayor y desescalar las situaciones de conflicto que se han presentado. Asimismo, efectuar una verificación de la información financiera referente a la utilización de los recursos y efectuar un informe contable.

Desde la Municipalidad de Moravia, manifiestan se han efectuado algunas visitas, se ha intentado un acercamiento con la población adulta mayor y las personas funcionarias. Se ha detectado una mejora significativa en el trato, los horarios y la alimentación. Se prevé mayor contacto con el centro, más visitas periódicas, y mayor fiscalización.  Desde la oficina de la Persona Adulta se les da seguimiento a los casos denunciados, se conversa con las personas usuarias para constatar cómo se sienten y tratar de darles contención ante las preocupaciones suscitadas con ocasión de las denuncias.  Se procura trabajar en la modificación del reglamento y del convenio que se tiene con la Asociación el cual vence en el 2025.

La actual administradora del centro informó que continúa recibiendo un promedio de 34 personas usuarias diarias, a quienes intenta unirlos y siempre estar pendiente de sus necesidades y su estado general. Se compromete a realizar una depuración de los usuarios activos, a intentar un acercamiento con la comunidad y con quienes fueron usuarios y se hayan retirado.

La Defensoría de los Habitantes continuará dando un estricto seguimiento a este trabajo de campo realizado por la CONAPAM a diferentes centros, en aras de la protección de los derechos de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad.  

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Proyecto de ley establece mecanismos para que municipalidades actualicen tarifas de servicios

  • Con apoyo de IFAM y PNUD, diputaciones de la comisión de asuntos municipales proponen procedimientos para la revisión periódica de tasas y tarifas por servicios municipales.

  • Auditorías de la Contraloría y estudios del PNUD revelan que municipalidades usan recursos que deberían ser para inversión en financiar gastos ordinarios.

Diputaciones de la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa presentaron el proyecto de ley expediente 24.384 que define procedimientos obligatorios, para que las municipalidades actualicen las tarifas y tasas que ya cobran por los servicios prestados. La iniciativa evitaría la desactualización de las tarifas y la pérdida de ingresos que afectan la calidad de los servicios municipales.

Los gobiernos locales realizan distintos servicios como la recolección de residuos sólidos, el mantenimiento y gestión de parques y espacios verdes públicos, la limpieza de caños y acequias, e incluso en algunos cantones la gestión del agua potable y alcantarillado sanitario. Estas acciones son financiadas con las tasas y tarifas que pagan las personas habitantes del cantón.

“Las municipalidades enfrentan un reto en hacer inversiones para mejorar la calidad de los servicios porque los cálculos mediante los cuales fijaron las tarifas están desactualizados, por lo que apenas alcanzan para la operación mínima. El Código Municipal establece que cada municipalidad cobrará tasas y precios considerando su costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Pero la falta de mecanismos que aseguren la actualización oportuna hace que se queden sin presupuesto para mejoras y ampliación de servicios”, dijo Jorge Ocampo Sánchez, presidente ejecutivo del IFAM,

Según el Código Municipal las tasas y tarifas deben revisarse anualmente. Sin embargo auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) y estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revelan que hay gobiernos locales que pasan años sin actualizar sus tarifas, generando un grave deterioro en la calidad de los servicios públicos que brindan. Cuando por fin una administración municipal responsable hace la revisión, años de inacción pueden convertirse en fuertes golpes al bolsillo de las y los habitantes, al generar aumentos que no estaban presupuestados.

Para solucionar lo anterior, la iniciativa de ley, impulsada por los diputados Horacio Alvarado (PUSC), Luis Diego Vargas (PLP), Danny Vargas (PLN), Geison Valverde (PLN), Waldo Agüero (oficialista) y la diputada Olga Morera (PNR), establece procedimientos para que la alcaldía – en coordinación con los departamentos técnicos municipales – realicen estudios tarifarios cada 4 años, el año en que se realizan las elecciones municipales. Los estudios deberán ser conocidos y aprobados por los concejos municipales ese mismo año en que inicia la administración.

“El procedimiento y los plazos para la fijación de precios por servicios públicos municipales deben regirse por criterios técnicos, incluyendo valoraciones socioeconómicas para asegurar que no se afectarán a las poblaciones más vulnerables. Al ser un procedimiento de carácter obligatorio, se libera a los concejos y alcaldías de las presiones políticas que reciben para que no realicen los ajustes, permitiendo que concentren su tiempo y esfuerzos en el análisis técnico de la propuesta financiera, que sea costo-eficiente y beneficie a la población del cantón”, señaló Horacio Alvarado Bogantes, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa.

Además, el proyecto propone que posteriormente se deberá realizar el ajuste cada año correspondiente a la variación interanual del índice de precios al consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“El estudio identificó casos en los que municipios se ven obligados a reducir la calidad, frecuencia o cobertura del servicio, debido a estas restricciones presupuestarias. Esto pone en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales para las personas residentes, afectando de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerabilizadas, que son quienes más urgen de gobiernos locales fortalecidos, democráticos, cercanos y capaces de cubrir las necesidades más apremiantes”, aseguró José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD en Costa Rica.

El proyecto de ley es apoyado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU), implementado por el PNUD y ejecutado por la Organización para Estudios Tropicales (OET) con financiamiento de Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés).

“Para los gobiernos locales es muy importante tener lo más claro y estandarizado posible el procedimiento de actualización de tarifas, que dé confianza y seguridad de transparencia a la población del cantón de que las decisiones se toman conforme a estudios técnicos para el bienestar de las mayorías”, afirmó Rosario Siles Fernández, alcaldesa de Alajuelita.

Auditorías y estudios técnicos respaldan la reforma

Un estudio del Proyecto TEVU analizó la situación financiera y las necesidades de una muestra de 20 gobiernos locales de la Gran Área Metropolitana (GAM). La investigación concluyó que los municipios enfrentan barreras presupuestarias para mantener los servicios públicos básicos que brindan, como mantenimiento de parques y vías, saneamiento ambiental, servicios de alcantarillado sanitario y pluvial, valorización de residuos, entre otros.

Lo anterior ha sido señalado por la Contraloría en repetidas ocasiones. El Informe No. DFOE-DL-IF-00003-2016 del 2016 concluyó que la ausencia de políticas y procedimientos para fomentar la actualización de las tasas de los servicios incumple la normativa. El ente contralor señaló que esto “va en detrimento de la calidad, cobertura y frecuencia de la prestación de ese servicio, por cuanto no se generan los recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad financiera y su desarrollo. Por esta razón, se pierde la oportunidad de financiar proyectos sostenibles de separación y valorización de los residuos”.