Ir al contenido principal

Defensoría: Urge fortalecer medidas económicas a favor de personas adultas mayores

Solicita a CONAPAN intervenir ante el sistema financiero nacional

Recientes investigaciones de la Defensoría de los Habitantes determinaron que los derechos de las personas adultas mayores a la seguridad económica e inclusión en el sistema financiero, no se les está brindando la atención suficiente, si se toman en consideración los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza y desempleo o empleo de baja productividad. Este sector para el año 2050 se estima representará el 20,7% de la población del país.

La investigación de la Defensoría evidenció que el país carece de datos de este grupo de habitantes como usuarios de los servicios financieros, resultado de equiparar la edad avanzada con el incremento en el riesgo de recuperación de créditos, lo que no sólo limita su incorporación, sino que favorece prácticas abusivas, que promueven el acceso a préstamos en el sistema informal, como el gota a gota, el acoso y el hostigamiento por cobro de deudas, entre otros.

Ante este panorama, la Defensoría identificó una serie de acciones concretas en favor del derecho a la seguridad económica e inclusión al Sistema Financiero. Entre ellas, se recomendó al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), adoptar medidas, en coordinación con la Presidencia de la República, con el fin de garantizar a las personas adultas mayores acceso al crédito en condiciones preferenciales, tanto por parte de entidades financieras públicas como privadas, de conformidad con lo que señala la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.

Se solicitó al CONAPAM elaborar un proyecto de ley, mediante el cual se garantice a las personas pensionadas, independientemente del Régimen de Pensiones al que pertenezca, una pensión mínima inembargable, o pensión mínima intocable, de forma que puedan disponer de su pensión sin limitaciones, hasta por el monto de un salario mínimo, en los mismos términos que se garantiza el salario.

En el marco de los Derechos Humanos y Empresas, la Defensoría emitió una resolución en la que se instó a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y al INFOCOOP promover entre los asociados y cooperativas de ahorro y crédito, la adopción de procesos de debida diligencia, que permitan identificar, prevenir y mitigar el impacto sobre la población adulta mayor, en temas como la atención prioritaria, acceso a la información financiera en lenguaje apropiado a su condición, políticas de acceso al crédito y otros servicios bancarios, información sobre prevención de estafas electrónicas, cero tolerancia al acoso cobratorio, denuncia en caso de detectar abuso financiero en contra de la personas adulta mayor, etc.

En relación con el acceso a seguros, tema ligado al acceso al sistema financiero, la Superintendencia de Seguros (SUGESE) informó que cuenta con normativa interna que le permite garantizar el acceso al mercado de seguros a la Población Adulta Mayor, por lo que insta a presentar cualquier duda ante esa instancia. Además, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) informó que ha identificado puntos de mejora en temas referentes al reforzamiento de aspectos regulatorios y sancionatorios y prepara este año un proyecto de ley.

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) informó que se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa el proyecto N° 24.136 que tiene como finalidad proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores de productos o servicios financieros. En relación con este proyecto de ley, la Defensoría considera oportuno que la ley aborde un acápite especial de protección a Población Adulta Mayor. Un elemento esencial en el desarrollo del presente tema es la educación, en este sentido la Defensoría participa como observador de la elaboración de la III Guía de Educación Financiera, a cargo del MEIC en el que se instó a la comisión que lo elabora, adoptar medidas que permitan garantizar las necesidades de esta población.  

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Día Mundial del Paciente Trasplantado – 6 de junio

Sin órganos no hay trasplantes

Dr. Mario Sánchez Arias
Especialista en Cirugía General,
Terapia Intensiva y Nutrición Clínica
Miembro de Número de ACANAMED

No hay pacientes trasplantados, si no hay órganos donados disponibles, de modo que no se puede hablar de trasplantado sin donantes.

La donación de órganos en nuestro país es crítica (muy baja), si se compara con los países que lideran a nivel mundial el proceso de donación y trasplante como España por ejemplo, que tiene cifras de donación en algunas regiones de 35-40 donadores por millón de habitantes, siendo la de Costa Rica por mucho alrededor de 5-6 por millón de habitantes.

Todos los tipos de trasplantes más usuales como riñón, hígado, corazón, pulmón, tienen en Costa Rica listas de espera importantes de más de 12 meses y desgraciadamente una pérdida de potenciales receptores  en lista de alrededor de un tercio.

Nuestro país si bien ha progresado mucho en el campo de los trasplantes, desde los años 80s y 90s en que se empezó con esta terapéutica, con leyes de donación (9222), con su respectiva reglamentación del año 2016, una política de donación y trasplantes aprobada por el Seguro Social del 2012, una participación activa y transparente del Ministerio de Salud en el tutelaje y distribución de los órganos donados; todavía tenemos un rezago importantísimo en todos los procesos de donación y trasplante debido principalmente a que se ha comprendido mal la actividad de trasplante y no se le ha propulsado como se requiere y más bien se le ha puesto muchísimas trabas de corte administrativo al desarrollo de todo el potencial de los profesionales que pujan por mejores condiciones y mejor gestión en materia de trasplantes.

El país está trabajando con órganos donados de dos fuentes:  por donadores vivos, es decir personas que por altruismo deciden donar un órgano o parte de un órgano para que sea implantado en un enfermo terminal funcional, llamado receptor.   O bien con órganos donados por los familiares de personas que llegan a tener muerte cerebral, criterios desarrollados desde hace muchos años (1968 Harvard) y modificados 2010 por Academia Americana de Neurología, en los que se puede utilizar todos los órganos viables: 2 riñones, dos pulmones, un corazón, un hígado, un intestino, un páncreas, hueso, córneas entre otros.

Pero como dijimos la donación en C.R. es muy baja, dado que la Institución del Seguro Social, no tiene una buena organización a nivel nacional, por ejemplo: ordenando que todo paciente que tiene probabilidad de llegar a evolucionar a muerte cerebral deba ser reportado a los coordinadores de trasplantes, de modo que si esto sucede, se pueda actuar rápidamente en la solicitud de donación, proteger el cadáver en oxigenación lo más pronto posible y de la mejor manera, de tal suerte que se pierdan los órganos menos posible en todo el territorio nacional y además que los órganos lleguen en la mejor condición posible para ser trasplantados.

Dentro de éstas posibilidades estamos expandiendo los criterios para aprovechar donadores que en otra hora no serían considerados.  Así donadores obesos con IMC de 35 que no se utilizarían en el pasado hoy estamos promocionando su aceptación, con biopsias hepáticas para descartar una macro esteatosis importante. La edad límite de donador aceptada clásicamente fue 60 años, actualmente nos interesa más su estado funcional y estructural para varios órganos. Hemos pasado la barrera de trasplantar pacientes HBO incompatibles, sobre todo en casos de emergencia con la respectiva desensibilización, con buen resultado. Así mismo hay disposición de aceptar donantes con Virus B o C, HIV, particularmente para pacientes portadores de este mismo virus.

En el mundo desarrollado en materia de trasplantes hoy día, el 40-50% de los órganos que se están utilizando, son de donador con corazón parado, particularmente del tipo III de la clasificación modificada de Maastricht.  Hay programas que están realizando un 60% de sus trasplantes con órganos de este tipo de donación.  En Costa Rica no estamos utilizando este tipo de donador, por falta de organización a nivel Institucional, ya que este proceso conlleva que se envíen a formar profesionales de todas las ramas necesarias en el particular, se desarrolle luego un protocolo y se empiece a coordinar con todas los entes responsables la iniciación de utilizar órganos de donador con corazón parado.  Podemos pensar en utilizar órganos de personas que han muerto y son declarados por el facultativo respectivo, como tal.  Inmediatamente se solicita la donación (o se ha hecho previamente), se inicia con maniobras para reperfundir los órganos y poder darles viabilidad en unas pocas horas.

No podemos pensar en utilizar órganos de animales genéticamente modificados  (Xenotrasplante), porque es una posibilidad muy lejana para nuestra realidad e impráctica.  Sabemos que hoy día se está trabajando en el cultivo de tejido, pero no se han podido formar órganos que sirvan para el trasplante, todavía y de nuevo en CR estaríamos muy lejanos de esta posibilidad.

Pero sí podemos poner a liderar los trasplantes a personas que conozcan el funcionamiento de la actividad de trasplantes, que tengan poder resolutivo y NO depender de gerencias políticas que cambian a cada rato y que no permiten avanzar la actividad.  Sí podemos desarrollar una campaña pública de estímulo a la donación, agradable, amplia y permanente. Sí podemos crear una red a nivel país para aprovechar todos los muertos neurológicos.  Sí podemos tener coordinadores de trasplantes en todos los centros hospitalarios, adecuadamente pagados.  Sí podemos invertir en más y mejor tecnología para preservar los órganos en el tiempo y hacerlos más funcionales.   Sí podemos invertir en formar equipos que formalicen un protocolo para el aprovechamiento de los órganos de donadores con corazón parado, como se ha explicado.

Con esto los grupos profesionales trasplantadores, tendrían un caudal de órganos más abundante, de tal suerte que las listas de espera se acorten, que menos pacientes se pierdan mientras esperan ser llamados, que el resultado de los trasplantados sea cada vez mejor al contar con más y mejores órganos.

Cumpliendo con todo lo que está a nuestro alcance, tendremos cada día más personas trasplantadas para celebrar este día tan especial, día que les cambió por completo el futuro a muchas personas y familias en Costa Rica y en el mundo.

Presentación del libro Aranjuez: Amigos para siempre, del autor Álvaro Bolaños Arquín

La Benemérita Biblioteca Nacional y Editorial Librería Alma Mater, le invitan a la presentación del libro Aranjuez: amigos para siempre del autor Álvaro Bolaños Arquín y con la participación de Elizabeth Fonseca, Guillermo Carvajal y Álvaro Bolaños Arquín.

La actividad se realizará el martes 11 de junio 2024, a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá mediante el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Tardes de tertulia y audición de música nacional «Escuchando nuestra esencia»

La Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a las Tardes de tertulia y audición de música nacional «Escuchando nuestra esencia».  Esta cuarta actividad titulada Rockeando con Freddy II Parte y será moderada por Freddy Mora.

La tertulia se realizará el viernes 14 de junio a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.

Recital del VI Festival Poetas y Medio Ambiente Palabras de Naturaleza

La Benemérita Biblioteca Nacional y Poetas y Medio Ambiente le invitan al recital del VI Festival Poetas y Medio Ambiente Palabras de Naturaleza, con la participación de: Carmen Amato de México, Blanca Emmi de Uruguay, Héctor Geager de Estados Unidos, Allen Pérez de Costa Rica-Estados Unidos, Virginia Ordoñez de México, Saúl Flores de España, Kary Cerdas de México, Gustavo Gac Artigas de Estados Unidos, Alfredo Pérez Alencart de España, Priscilla Gac Artigas de Estados Unidos y Luissiana Naranjo, conductora y organizadora.

Esta actividad es parte del VI Festival Poetas y Medio Ambiente.

La actividad se realizará el jueves 13 de junio 2024, a las 4:00 p.m., de manera virtual mediante el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

El rol de la zonificación en los planes reguladores: ordenar para crecer

A pesar de que desde 1968 la Ley de Planificación Urbana establece que todos los gobiernos locales deben tener un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial, menos del 50% de los municipios del país cuentan con uno vigente, aprobado antes del año 2000. 

Recientemente varias comunidades se han levantado a favor o en contra de los planes reguladores propuestos para sus cantones, tal es el caso de Pérez Zeledón y Montes de Oca. ¿Pero, qué es un plan regulador y cómo funciona?

De acuerdo con Guillermo Calderón Ramírez, coordinador del Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio (PROGOT), un plan regulador es una herramienta de planificación y gestión que busca organizar y ordenar el uso del suelo y los recursos en un territorio determinado. Donde su objetivo es promover un desarrollo sostenible y equilibrado, considerando aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales.

En Costa Rica, la planificación regional y nacional está a cargo del Mideplan y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), pero la planificación local corresponde a las municipalidades. «Sí, la Ley de Planificación Urbana de 1968 establece que todos los gobiernos locales deben tener un plan regulador como instrumento de ordenamiento territorial», afirmó Calderón. Sin embargo, destacó que menos del 50% de los municipios cuentan con un plan regulador vigente, muchos de los cuales fueron elaborados antes del año 2000.

Calderón destaca, que uno de los componentes más visibles y a menudo controversiales dentro de un plan es la zonificación. “Esta es la que define los usos de suelo: dónde se puede construir, dónde pueden estar las zonas residenciales, comerciales, industriales, entre otros, pero el propósito principal de un plan regulador es ‘ordenar la casa’, es decir, organizar nuestro territorio para evitar la densificación desordenada y el crecimiento exponencial sin planificación”.

El plan regulador trabaja con usos residenciales, comerciales, industriales, agrícolas o mixtos, basándose en las características de cada cantón y haciendo proyecciones de hasta 10 y 20 años para planificar el crecimiento futuro del territorio. Calderón aclaró que la infraestructura existente mantiene su uso. «Si una zona es residencial, seguirá siendo residencial; si es comercial, seguirá siendo comercial. Los cambios se aplican a las nuevas construcciones y desarrollos futuros».

Calderón enfatizó que un plan regulador no es una herramienta para confiscar tierras ni para limitar arbitrariamente el uso del suelo. «Es un instrumento para ordenar el territorio de manera racional y sostenible».

En detalle

El proceso comienza con la elaboración del presupuesto y la formación de una comisión en el gobierno local. Luego se realiza un diagnóstico territorial con la participación de la comunidad. «El diagnóstico territorial se realiza a través de talleres de participación ciudadana, porque la población conoce su territorio mejor que nadie», dijo Calderón.

Una vez completado el diagnóstico, se desarrolla una propuesta territorial que también se consulta con la comunidad. Esta propuesta define los usos del suelo y las áreas de crecimiento. Después, se lleva a cabo una audiencia pública y se envía el plan al INVU para su revisión. Finalmente, el concejo municipal adopta el plan y se publica en el Diario Oficial La Gaceta, convirtiéndolo en ley.

«El proceso puede tardar aproximadamente un año y medio, pero puede extenderse dependiendo de la revisión por parte de diferentes entidades como Setena o el INVU», explicó Calderón.

El investigador también mencionó el papel de la UNA como un actor social en la elaboración de estos planes. «Nuestro papel es socializar la información y apoyar a la población. La Universidad ofrece un valor significativo a estos proyectos, más allá de lo económico, contribuyendo con la confianza y participación de la comunidad».

Actualmente la UNA trabaja con las municipalidades de Atenas, Cañas, Bagaces, Tilarán, Upala, San Rafael de Heredia, en la consolidación de sus planes reguladores.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Imagen ilustrativa, UCR.

La UCR reafirma compromiso con el mejoramiento educativo

Mediante la Acción Social, la Sede del Caribe apoya el mejoramiento educativo, por ejemplo, el proyecto “Inducción al razonamiento en contexto verbal y pensamiento lógico matemático” imparte tutorías de matemáticas a personas menores de edad que ingresaron a la Aldea Moín, del Pani. (Foto con fines ilustrativos, archivo VAS).

Por Eduardo Muñoz

Desde la Acción Social se contribuye al mejoramiento educativo en comunidades vulnerabilizadas.

Las matemáticas pueden ser la piedra en el zapato de miles de estudiantes, pero su aprendizaje contribuye a cerrar la brecha tecnológica. Las ingenierías, las ciencias, el desarrollo de aplicaciones para la telefonía celular, la creación de videojuegos y el auge de la inteligencia artificial son algunos de los campos basados en conceptos matemáticos, los que definirán cuáles países serán líderes en la innovación global.

Por ello y para aportar desde lo comunitario para impactar lo global, el proyecto “Inducción al razonamiento en contexto verbal y pensamiento lógico matemático” (ED-1599), liderado por la Sede del Caribe (SC-UCR), sigue creciendo. Inicialmente se enfocó para que estudiantes de secundaria de esa región superen exitosamente la Prueba de Aptitud Académica, conocida como examen de admisión; pero dio un paso adelante al impartir tutorías de matemáticas a menores de edad bajo la protección de la Aldea Moín, centro supervisado por el Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

El Ministerio de Educación Pública calculó que para el año 2022 unos 180.000 adolescentes no asisten a la educación formal. Entre las principales razones expresadas están su falta de interés en la propuesta académica, la carencia de recursos económicos o diversos problemas de acceso al sistema educativo. (Foto: OCI-UCR).

El profesor Andrés Herrera Rosales, coordinador del proyecto, detalló que “desde el año pasado buscaban un profesor de matemáticas para apoyar a los estudiantes, cuando llegué me di cuenta los recursos que necesitaban, es una población que merece nuestra intervención. Voy una vez al mes, tenemos un cronograma que se ajusta al programa de estudios del Ministerio de Educación Pública y practicamos antes de las evaluaciones”.

Unos 25 niños, niñas y jóvenes se preparan con antelación a las tutorías, “y cada domingo nos reunimos para evacuar las dudas, son dos grupos que reciben clases de una hora y media. Trabajamos muy bien y hacemos uso de la plataforma UCR Global para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje”, continuó Herrera.

Según la Lic. Carolina Rojas Gutiérrez, integrante del Equipo Técnico Aldea Moín, parte de la Dirección Regional Huetar Caribe del Pani, la meta es que el estudiantado supere el rezago escolar, debido en parte a “situaciones familiares que en su momento permitieron su ingreso a una alternativa de protección. Procuramos inmediatamente restaurar esos derechos que les fueron violentados”, aseguró. La funcionaria recalcó que la población migrante es la que presenta mayores dificultades, por lo que, además, se coordina con los centros educativos para brindarles los apoyos necesarios, y así garantizarles el derecho humano a la educación, agregó.

“Pese al poco tiempo disponible para las tutorías, los estudiantes valoran mucho el acompañamiento. Pero, en realidad, me ha ayudado más a mi en lo personal y cada día estoy más seguro que prefiero hacer Acción Social que dedicarme a la investigación pura, aunque para ambas están relacionadas; y a futuro creo que voy a sistematizar estas experiencias”, acotó Herrera.

El proyecto liderado por el profesor Herrera se suma a otros de Trabajo Comunal, que entre julio 2024 y enero 2025, aportarán unas 120.000 horas con 54 proyectos vinculados a la niñez y adolescencia, con 800 estudiantes matriculados. En una segunda etapa, entre enero 2025 y diciembre 2026 se sumarán otros 100, para un total de 630.000 horas y 4.200 estudiantes universitarios, enfatizó la magister Laura Rivera Alfaro, responsable en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) del diseño de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Educación Pública, una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores.

Reconstruir desde la adversidad

Para la magister Marisol Jara Madrigal, coordinadora del trabajo comunal “Estrategias para la promoción de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos” (TC-505), adscrito a la Escuela de Psicología, ante el desarraigo familiar los menores de edad pasan por un proceso de duelo, “porque piensan no tienen una familia que les proteja, y más bien la que tienen les propició este otro escenario”.

Debido a esto, el rezago escolar, la exclusión educativa y los enojos introyectados son algunas de las consecuencias de vivir bajo entornos familiares o comunitarios violentos que dieron como resultado su ingreso a una alternativa de protección del Estado, aclaró. No obstante, la mayoría logra sobreponerse al dolor emocional y “gracias a esa resiliencia, muchos aprovechan las oportunidades que se les dan, porque estar institucionalizado no es una limitante para reconstruir su futuro académico”.

La psicóloga recalcó el rol social de la institucionalidad, incluidas las universidades públicas, porque “la familia no es solo en la que crecemos, en estos casos la sociedad debe actuar como la familia grande que abrace a quienes necesitan asistencia o pasan enfermedades”.

La educación necesaria

La magister Rivera Alfaro explicó que la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Educación Pública”, que impulsará la UCR, parte de que la exclusión educativa afecta principalmente a la franja poblacional más pobre, lo que incide en su desempleo y el aumento del empleo informal. “Estas personas tienen en promedio 7 años de escolaridad, frente a los 13 años de educación entre quienes tienen ingresos más altos”.

Por otra parte, Rivera subrayó que el país debe entrar en un proceso de superar las desigualdades que se evidenciaron con la pasada pandemia de la covid-19, y también reflexionar sobre qué tipo de educación estamos planteando para atender cuáles necesidades.

“Llegó la hora de hacer las cosas diferentes en las universidades públicas y que trabajemos de forma articulada para fortalecer nuestra educación pública. Estamos preocupados, estamos convocados, queremos trabajar y lo estamos haciendo. Este es un reto y ya son evidentes los problemas que tenemos que enfrentar”, concluyó la magíster Patricia Quesada Villalobos, vicerrectora de Acción Social de la UCR.

Fuente: https://semanariouniversidad.com/universitarias/la-ucr-reafirma-compromiso-con-el-mejoramiento-educativo/

Contralora se pronuncia ante propuesta de referendo

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Ante el Proyecto de Ley de Referendo, presentado por el Presidente de la República el día de hoy ante la Asamblea Legislativa, debemos señalar que el tema merece un análisis de fondo sobre sus efectos e impacto, y, como es habitual en la Contraloría General, lo haremos con la profundidad y responsabilidad que amerita.

Lo que sí es evidente, es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses.

Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública.

Como ha sido la norma en los argumentos del Presidente, acude como recurso a juicios de valor, falacias e irrespeto sobre cómo opera el Estado y la Contraloría General, así como con ataques alevosos a mí como Contralora, sin fundamento y sin medida, como ya le es usual, cuando carece de argumentación técnica y jurídica.

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República

Mariela Azofeifa Olivares
Jefa de Unidad
Unidad de Prensa y Comunicaciones
Despacho Contralora
Contraloría General de la República

Concejo Municipal de Montes de Oca exige al AyA respetar derecho humano de acceso al agua potable y poner fin a los racionamientos

El pasado lunes 3 de junio, el Concejo Municipal de Montes Oca aprobó en forma unánime una moción presentada por el regidor Jorge Mora Portuguez y apoyada por otras regidurías, para solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el fin de los racionamientos de agua y el respeto al derecho humano de acceso a esta reconocido en nuestra Constitución Política. A continuación, se transcribe el acuerdo suscrito:

Considerando:

Primero. Que el acceso al agua potable en calidad y cantidad aceptables son un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidades desde el año 2010; y así establecido en el artículo 50 de nuestra Constitución Política:

Artículo 50. “Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”. 

Segundo. De conformidad con la Sala Constitucional y con la Procuraduría General de la República: “El denominado servicio público universal de suministro de agua potable se relaciona de forma inherente con la garantía del derecho fundamental al agua potable. En este sentido, el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso. La jurisprudencia de la Sala, en materia de suministro de agua potable, se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Esos derechos implican la posibilidad de exigir ciertas prestaciones del Estado, ámbito en el cual el Estado se ve obligado a proporcionar algunos servicios públicos, sobre todo los que resultan esenciales para mantener condiciones sanitarias favorables a la preservación de la vida y la salud de las personas. De este modo, garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado, y a su vez garantiza sus derechos fundamentales más elementales. Por consiguiente, se puede asegurar que el abastecimiento de agua potable constituye un servicio público esencial, al que le son aplicables también los principios generales de los servicios públicos establecidos por el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto por la Sala Constitucional sobre el derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (sentencia número 2386-2006 de las 10 horas 57 minutos de 24 de febrero de 2006. Voto no. 17397-2019 de las de las 12 horas 54 minutos de 11 de setiembre de 2019 y dictamen de la PGR PGR-C-067-2022.

Tercero. Que a pesar de lo anterior el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados viene aplicando desde el 22 de marzo de este año, racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca, y otros cantones del país; que ocasionan graves perjuicios a la población en materia de salud, higiene, alimentación. Pero que también afecta a los niños y niñas en edad escolar, atenta contra el derecho a la educación y genera graves impactos en comercios, especialmente de venta de comidas.

Cuarto. Que estos racionamientos no solo son producto de la escasez de lluvias que se preveía que habría este año; del cambio climático global, y de fenómenos como la Niña; sino que se deben sobre todo a la mala planificación, a la falta de previsión y a los recortes presupuestarios que ha sufrido el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Proyectos como Orosi 2 y otros similares que fueron paralizados por la actual administración son fundamentales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a nuestra población.

Por lo tanto, este Concejo Municipal acuerda:

Primero. Solicitar al AyA suspender de forma inmediata los racionamientos de agua en el cantón de Montes de Oca y en los demás cantones donde estén dando.

Segundo. Solicitar al AyA la puesta en marcha de todas las acciones necesarias, las medidas de contingencia que correspondan y el desarrollo de la infraestructura, entre esta del proyecto Orosi II, dirigidas a garantizar el suministro de agua potable en forma continua tal como es el deber de esta institución.

Tercero. Solicitar a la Administración en la persona del señor Alcalde que se realicen los estudios y cálculos financieros para determinar los costos de la eventual colocación de tanques para agua potable en las escuelas y colegios públicos del cantón, CEN-CINAI, CECUDI, centros de atención de adulto mayor, para garantizarles un suministro constante de agua potable.

Cuarto. Enviar este acuerdo a todos los demás gobiernos locales del país para que se pronuncien en la misma forma, así como a la Defensoría de los Habitantes, la Junta Directiva del AyA y a Casa Presidencial.

Pronunciamiento de organizaciones y comunidades por al defensa del agua y los ríos

Longo Mai, 2024

Este 1° de junio del 2024 representantes de organizaciones: Frente Ecocipreses, Ríos Vivos y Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, nos hemos reunido con preocupación y urgencia, frente a las múltiples formas en las que gobiernos neoliberales en alianza con corporaciones, han venido privatizando los ríos del país.

Nos queremos pronunciar con indignación contra la contaminación del agua con agroquímicos, los quebradores en los cauces de los ríos, proyectos de riego para monocultivos y proyectos hidroeléctricos. Todos esos proyectos mal llamados de desarrollo, han saqueado por años nuestros territorios y ponen en riesgo el acceso al agua para consumo humano, no solo por su calidad sino porque han provocado disminución de los caudales.

Queremos señalar que las comunidades aquí representadas, seguiremos luchando y construyendo propuestas para la defensa de nuestros territorios. Estaremos vigilantes de las formas en las que operan las instituciones estatales y las políticas públicas que se crean. Además, como organizaciones comunitarias, nos comprometemos a:

– Vigilar que se consolide la prohibición del clorotalonil en el país.

– Seguiremos construyendo las vías para qué se intervenga el código de minería.

– Oponernos al proyecto de ley del armonización del sistema eléctrico nacional.

– apoyamos a la comunidad indígena Rey Curré en su iniciativa para desarrollar una ley o normativa forestal de aplicación en su territorio bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas.

Invitamos a las personas, organizaciones y comunidades, a que se organicen en la defensa del agua para la vida. 

#aguaparalavida #rioslibres

Nota:

Este comunicado se emitió durante la Fiesta del Agua en Longo Mai, Buenos Aires, una celebración anual que incluye talleres, charlas, actividades para niños, una feria agroecológica y música. Este evento contó con el apoyo de los Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, el TCU-590 de Kioscos Socioambientales, Caravanas por la Defensa de la Vida y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.

Kioscos Ambientales UCR