Por Pablo Ruiz*

Un artículo firmado por Matías Bakit, publicado en el diario chileno El Mercurio, en febrero pasado, titulado “En la Era Boric-Milei: Por presión argentina, la relación bilateral da un giro hacia la seguridad”, debe llamar nuestra atención desde el punto de la defensa de los derechos humanos.

El artículo en cuestión señala la preocupación expresada por la Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, sobre el aumento del tráfico de drogas desde Chile hacia su país y la necesidad de fortalecer las fronteras. Hasta ahí todo bien; sin embargo, agregó una segunda preocupación.

«Espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países y me preocupa sobremanera la situación de La Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina”, señaló Bullrich.

Es conocido ya que el gobierno de Milei prometió “mano dura” o represión contra los cortes de calle, los que son muy propios de las manifestaciones sociales en Argentina y Chile. 

¿Bullrich quiere conocer la experiencia chilena? ¿Aplicará también “mano dura” contra la lucha de los mapuche en Argentina?, está por verse. 

En Chile y en Argentina, el “problema mapuche”, debería ser resuelto “políticamente” y se debería terminar con la lógica de la represión a las legítimas protestas de nuestros pueblos originarios. Se debe recordar que el pueblo mapuche existía mucho antes de la invasión española como de la fundación de nuestros Estados-naciones. Seguir desconociendo sus derechos, seguir con la represión, continuará siendo el sustento que alimenta la legítima resistencia de un pueblo que ha sido oprimido y despojado. 

En Chile, desde el año 2021, bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, hasta la fecha, una y otra vez, se ha prorrogado el estado de excepción constitucional de emergencia, en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. La autorización ha permitido el uso de militares en tareas de seguridad interior, de vigilancia y represivas, en la zona mapuche, sin lograr resolver el problema de fondo.

Volvamos al artículo de El Mercurio. Llama la atención también, el contenido del subtítulo “Medio Ambiente Transnacional”. En esta parte, señalan que el problema de la “seguridad” no es el único problema que preocupa “a los vecinos”; agregando que los empresarios argentinos, en especial del área energética, miran “con ojos intranquilos la creciente influencia de los movimientos medioambientales en Chile, que incluso consiguieron puestos en la Convención Constitucional”.

“La razón de esta inquietud -dice el artículo de El Mercurio- es que se trata de organizaciones que, por tradición, no trabajan de forma aislada en solo un país, sino que suelen cruzar las fronteras para enseñar sus modelos de acción en otros lugares”. 

El artículo sindica a organizaciones como la Fundación Heinrich Boll, Fundación Terram, y Greenpeace de estar “expandiendo su influencia entre sus colegas de Argentina”; que “los casos más emblemáticos donde se notaría esta influencia serían (contra) el Proyecto Petrolífero y de Gas Natural Vaca Muerta” y que “en todos estos se ha visto un aumento de las manifestaciones y protestas de medioambientalistas”. 

Si bien es cierto que el movimiento ambiental argentino ha estado movilizado y denunciando el impacto ambiental del Proyecto Petrolífero de Vaca Muerta, donde están comprometidos capitales noruegos, entre otros, el artículo no explica las razones legítimas de las protestas.

“El proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio”, señaló el Foro para la Conservación del Mar Patagónico.

Tampoco señala el artículo que en Vaca Muerta también existe un conflicto territorial con las comunidades que están agrupadas en la Confederación Mapuche de Neuquén las que han realizado diversas protestas demandando los derechos que les otorga el Convenio 169 de la OIT. Entre estas, la comunidad de Campo Maripe ha realizado protestas contra la empresa estadounidense Chevron.

Por ejemplo, el reportaje “El petróleo no podrá correr a los mapuches de Vaca Muerta”, del periodista Ramiro Barreiro, da cuenta del impacto negativo que han tenido los proyectos extractivistas en las comunidades mapuche los que han producido desplazamiento y contaminación de los ríos.

“El fracking o fractura hidráulica que se opera en Vaca Muerta consume millones de litros de agua del río Neuquén para fracturar la roca y extraer el gas y petróleo y, cuando esa agua regresa a la tierra lo hace con metales pesados (mercurio, cromo, plomo, cadmio, arsénico, entre otros)”, denuncia dicho reportaje. 

Por otro lado, en Neuquén, en la misma zona, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos dispone ya de una base militar supuestamente para “ayuda humanitaria”.

Lucas Arias, opositor a la presencia militar estadounidense, dijo, en Radio Gráfica, que la base norteamericana en Neuquén queda a diez kilómetros del aeropuerto “sobre la nueva ruta del petróleo, que lleva al corazón de Vaca Muerta, y justo en confluencia de dos caudalosos ríos que son el Limay y el Neuquén, sobre los que hay seis represas hidroeléctricas. No solo hay gas y petróleo, sino que también hay agua y minerales”. 

Recursos, como sabemos, que le interesan a los Estados Unidos como lo expresó la misma Jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, en sus constantes visitas a Chile y Argentina. Visitas que también estimulan la venta de armas estadounidenses a nuestros países para que siga la carrera armamentista y la desconfianza entre nuestras naciones.

El artículo de El Mercurio también señala que en abril se realizará una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos países y que se prevé, para este año, un nuevo encuentro de los Presidentes Milei y Boric.

En América Latina, está siendo común que a la par de los proyectos extractivistas se evidencie una mayor militarización de los espacios y criminalización de la protesta social. 

Los ambientalistas, los mapuche, en Chile y en Argentina, las comunidades, no debieran ser “objeto” de preocupación policial de las autoridades por sus protestas. Más bien, los gobiernos deberían escuchar y atender los legítimos reclamos de las comunidades y sus organizaciones ya que la devastación, contaminación, y saqueo que realizan las empresas extractivistas de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes comunes, representan en sí un verdadero problema de “seguridad” que tiene y tendrá graves consecuencias para nuestras naciones si no es atendido con urgencia y responsabilidad. Si se continúa privilegiando el “negocio” por sobre la vida, estaremos perdidos.

Es urgente también que Chile y Argentina tengan una política de seguridad y de defensa independiente de los Estados Unidos, de las grandes corporaciones, y de sus intereses. Una política que cuide y proteja de verdad nuestra soberanía territorial y, principalmente, nuestros bienes comunes. Que tenga enfoque en los derechos humanos, con atención en el cuidado de nuestra naturaleza, del medio ambiente, y de la seguridad humana. 

* Pablo Ruiz, es periodista y parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile