SURCOS comparte el documento de la Conferencia Episcopal de Costa Rica enviado a este medio por el presbítero Luis Alejandro Rojas. En el escrito los obispos expresan su oposición al Proyecto de Ley 20.970.
Por Vivian Rodríguez Araya
Según una nueva lista de nueve países elaborada por la OIT en 2022, más de diez millones de jóvenes en toda América Latina y el Caribe no consiguen empleo, Costa Rica hoy alcanza la tasa más alta de desocupación juvenil en América Latina, casi un cuarto de los jóvenes están desocupados en el país, más del doble de porcentaje general.
No tener experiencia, los bajos niveles de escolaridad, el deterioro de la educación y deterioro de los programas sociales, son parte de los factores asociados al desempleo en Costa Rica. Los jóvenes que dejaron sus estudios inconclusos sin lograr graduarse, tampoco logran emplearse, y los que si consiguen empleo es bajo condiciones de informalidad, y con menos del salario mínimo.
En Costa Rica existe una economía que crece aglutinada en el área metropolitana de la capital, vista en la Inversión extranjera y alta tecnología, no obstante eso representa menos del quince por ciento de la economía total y del empleo.
La otra economía es de servicios, visto en comercio, sector agropecuario y el turismo, sobre todo en zonas rurales y costeras, lo cual genera empleo en esas zonas que tanto lo requieren, pero no necesariamente es un trabajo calificado o formal.
Jóvenes quedan rezagados hoy entre ambas economías, según la formación educativa que posean, aspiran a empleos calificados, no obstante esa formación no les permite acceder a esos puestos, por falta de experiencia, por falta de un segundo idioma, o falta del manejo en nuevas tecnologías.
Los empleos en zonas rurales son en su mayoría del sector agrícola, especialmente empresas transnacionales, no obstante estas no suelen cumplir con las garantías laborales, poseen jornadas muy extensas, con apenas el salario mínimo.
CR se coloca en el índice más alto de desigualdad en América Latina, la crisis del sistema educativo público se ve reflejado en la carencia de aprendizajes primordiales, la ausencia a clases, salarios congelados de los docentes que no compensan la inflación ni costo de vida, y la gran falta de la inversión digna en educación.
En noviembre 2023, el informe del estado de la nación, mostró que cada cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes viven en pobreza, y la inversión del estado en programas sociales para ellos han venido en disminución becas para estudiar, programas de nutrición, salud y red de cuido.
Las mujeres están expuestas a una peor oferta laboral, siendo que el sector agropecuario está muy segregado para hombres, y la opción para las mujeres es el servicio doméstico, del cual muchas veces tampoco se cumple con garantías laborales.
Diversos estudios muestran que las mujeres y los jóvenes en Costa Rica tienen una desventaja estructural para conseguir empleo; las mujeres con poca oportunidad de encontrar trabajo que los hombres, y los jóvenes menos que los adultos.
El desempleo, la crisis del sistema educativo, el deterioro de políticas sociales, el incumplimiento a las garantías laborales, la desigualdad social, es lo que hoy da pie a la juventud a reclutarse en actividades del crimen organizado, visto en el aumento de violencia que hoy ha sido record, y es protagonizada por jóvenes en su mayoría hombres entre 19 y 30 años de edad.
Mediante el dialogo nacional se puede trabajar en nuevas oportunidades para los jóvenes y la mujeres que logren incidir real en la política nacional.
Fortalecer la educación pública, como mecanismo de movilidad social.
Fortalecimiento de la educación técnica que busque ampliar habilidades y la especialización en diferentes áreas.
Diseño de una política de empleo con un enfoque de justicia económica y social.
Fortalecimiento de la inversión en cultura, recreación y deportes.
Fortalecer los programas de inversión social.
De aquí que, las políticas actuales no están siendo suficientes, no logran revertir los efectos negativos. Se requieren nuevos esfuerzos que contribuyan a soluciones concretas reflejado en oportunidades reales de acceso al empleo digno y calificado, y a una verdadera inclusión financiera de las mujeres, considero personalmente como mujer, joven, madre, profesional y trabajadora que el fomento al diálogo nacional es la base para la construcción de soluciones efectivas que logren incidir afirmativamente en el desarrollo y evolución de la población de las mujeres y las juventudes.
Datos del Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA), revelaron que de 2020 a 2023, las propiedades en la zona costera de Guanacaste subieron hasta un 400% de precio con respecto a la inflación inmobiliaria y, por ende, al desarrollo inmobiliario del país, en cuanto a residencias de alto valor adquisitivo.
Esteban Barboza Núñez, coordinador del (OBTUR-UNA), explicó que esto obedece al fenómeno provocado por la pandemia entre 2021 y 2022, donde cientos de personas huyeron de las conglomeraciones hacia zonas alejadas menos pobladas, generando la movilización de grandes cantidades de capital mobiliario internacional hacia diferentes lugares del mundo con ciertas condiciones, entre ellos la zona costera de Guanacaste. Agregó que además, de 2017 a 2019, ya se notaba el incremento en la construcción de estos tipos de inmuebles, que en 2020 desaceleró; pero dos años después repuntó en casi el doble el registro en metros cuadrados para construir.
Según estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), se pasó de construir, en proyectos habitacionales, 456.000 m2, en 2019, a 866.000, en 2022. Esto significa un aumento de casi el doble en solo tres años; mientras que el sector comercial en Guanacaste pasó de construir 131.000 m2, en 2019, a 209.000, en 2022, lo que representa un aumento menos dramático, pero muy significativo. Se consideraron estos dos sectores porque son los más relacionados con el turismo y las segundas residencias, principalmente en zonas costeras, donde se dieron los mayores registros.
Incremento abismal
El investigador explicó que en los cantones de Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo es donde se concentran la mayor cantidad de proyectos de construcción habitacionales y comerciales en la provincia. En 2022, en estos cantones se construyó el 89% de los metros cuadrados registrados en proyectos habitacionales de todo Guanacaste. Además, los distritos costeros de Nosara (131.000 m 2 ), Tamarindo (128.000 m2), sardinal (117.000 m2 ), Cabo Velas (98.000m 2), sámara (28.000 m 2 ), y Nacascolo (24.000 m2 ), más el distrito central de Liberia (83.000 m2 ), concentran la mayor parte de los proyectos, para un total de 609.000 m2, lo que significa que en estos seis distritos se concentra el 70% de los metros cuadrados registrados en 2022 en proyectos habitacionales de Guanacaste.
El coordinador de OBTUR sostiene que estos números representan un dato significativo en el ámbito nacional, pues en 2022 solamente San José registró una mayor cantidad de metros cuadrados en proyectos habitacionales y comerciales que Guanacaste. Destacó que según indagaciones recientes, a julio de 2023, de todos los metros cuadrados tramitados para construir desarrollos inmobiliarios en el país, un 25% se concentran en Guanacaste, lo que podría representar entre 900.000 m2 a 1.000.000 m2 solo en esta provincia y en la franja costera mencionada. “Por ejemplo, el cantón de Santa Cruz tiene un mayor desarrollo inmobiliario que todos los cantones sin costa juntos (Tilarán, Nandayure y Hojancha). No hay ninguna otra región del país que supera a Guanacaste con estas cifras”, precisó Barboza.
Desposesión de las comunidades
Para Barboza todo este incremento exorbitante de metros cuadrados en zonas costeras de Guanacaste trae consigo señales de alerta, como desembocar en una inflación inmobiliaria; es decir, que si una propiedad hace cuatro años valía $100.000, en la actualidad ronda los $400.000 o $500.000. No obstante, su mayor preocupación son los habitantes nativos de esas regiones; recientemente se demostró que el alquiler de un aposento de 15 m 2 a 20 m2 , en Nosara, ronda los $700 o $800 mensuales, mientras que alquiler de una casa de interés social en esa misma localidad alcanza los $1.500, por lo que no quedan opciones para los pobladores de la zona, lo cual activa un proceso de desposesión.
Subrayó que todos esos procesos, donde se concentran desarrollos inmobiliarios lujosos, tienden a desplazar a las personas que no pueden optar ni costear ese tipo de viviendas. “Otro punto que demanda atención es el despilfarro del recurso hídrico por parte de los desarrolladores, pues resulta común, en las propiedades onerosas, la construcción de una o dos piscinas, canchas de golf, varios jardines y hasta duchas en cada dormitorio, cuando es sabido por todos el problema de la escasez del agua en la primera mitad del año en todo Guanacaste”, señaló Barboza.
Un tercer riesgo que advierte el investigador es el auge del capital especulativo transnacional, que se refleja sobre todo cuando una corporación hotelera internacional construye un hotel de cinco estrellas, un consorcio levanta un condominio de lujo o aquella pareja de jubilados extranjeros que deciden instalarse en las montañas de la península de Nicoya.
VÍDEO:
La descentralización de las instituciones del Estado y el fortalecimiento de los gobiernos locales fueron dos de los pilares que Acción Ciudadana, desde su fundación, propuso para el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana en el desarrollo local.
Partimos de que las desigualdades territoriales, generadoras de exclusión y pobreza, radicaban en buena parte en el modelo electoral impulsado por el bipartidismo. Las elecciones presidenciales enganchadas a las municipales garantizaban el dominio de dos partidos nacionales sobre la mayoría de los cantones con línea directa del Ejecutivo y Legislativo. El modelo electoral bipartidista centraba sus esfuerzos en aquellos cantones con mayor caudal electoral (GAM), rezagando el desarrollo de gran cantidad de cantones con baja población de la llamada periferia.
Nuestra propuesta de distribución justa y equitativa de los recursos a los gobiernos locales requería del fortalecimiento de los concejos de distrito, la participación de los municipios en los proyectos de inversión del Estado, la elaboración de presupuestos participativos y la eliminación de las partidas específicas del presupuesto nacional, administrada de manera clientelar, por las diputaciones. Todos estos proyectos promovidos por el partido Acción Ciudadana y las reformas al Código Electoral del 2009 permitieron que las elecciones municipales se celebraran separadamente, por primera vez, en diciembre del 2010.
Desde entonces, el aumento de los partidos cantonales creció exponencialmente y el abstencionismo comenzó gradualmente a descender. Los estudios muestran que la separación de las elecciones facilitó la participación ciudadana a nivel local con variedad de propuestas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, mayor articulación con las instituciones del Estado y respeto a la autonomía municipal.
Enganchar de nuevo las elecciones municipales con la nacional significaría un retroceso en el fortalecimiento de la participación política local y una afrenta al sistema democrático. Es una estrategia electorera peligrosa que debilita las iniciativas locales por la defensa de sus recursos naturales y culturales, el ordenamiento de su territorio y las actividades productivas que las sostienen, particularmente el agro.
La justificación de que el proyecto permite ahorrar recursos y aumentar la votación ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo de Elecciones: no representa un ahorro en el presupuesto ni garantiza la disminución del abstencionismo. Por el contrario, aseguran las autoridades municipales del partido expresadas en el foro para tomar posición con respecto al proyecto, fomenta la concentración del poder, debilita la participación local multipartidista ante la amenaza de la privatización de los servicios del Estado, la explotación de los parques nacionales y los codiciados recursos naturales comunitarios.
Alertamos a los concejos municipales y a la ciudadanía sobre el inminente peligro que representa volver atrás. La democracia no es un costo, es una inversión que garantiza la paz y desarrollo con mayor equidad.
Partido Acción Ciudadana
Comisión Política
Comité Ejecutivo Nacional
San José, Costa Rica, 4 de marzo del 2024.
El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, celebrado el 5 de marzo en Costa Rica, destacó la importancia de reunir a la academia, los sectores sociales y productivos para abordar los desafíos del país. Con un enfoque inclusivo, se buscó llevar visiones sociales y económicas a los tres Poderes de la República para desarrollar estrategias en política pública. La iniciativa, que surge ante las oportunidades post pandemia, enfatizó la necesidad de generar soluciones innovadoras desde una perspectiva de justicia social. Además, la historia de Costa Rica demuestra la efectividad del intercambio de ideas para encontrar soluciones a problemas complejos.
Durante el lanzamiento del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, que se dio gracias al esfuerzo de articulación multisectorial entre la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, y Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se presentaron varias exposiciones sobre la realidad nacional y se dieron a conocer los principios de este proceso.
Los principios que respaldan el marco filosófico de esta iniciativa están basados en los fundamentos de la sociedad costarricense, que se distingue por su estabilidad democrática y su historial de acuerdos nacionales. Dichos principios son suscritos por las organizaciones sociales, productivas y privadas participantes en este proceso, los cuales son:
5 de marzo de 2024, San José. Esta mañana, se realizó el lanzamiento oficial del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, un espacio de concertación creado para definir propuestas innovadoras que respondan a los desafíos más apremiantes que enfrenta el país.
La iniciativa es organizada de forma conjunta entre el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, máxima instancia del Banco Popular y Desarrollo Comunal.
El espacio tiene como objetivo generar acuerdos a corto, mediano y largo plazo, que puedan incidir en las políticas generadas por la institucionalidad pública, para alcanzar justicia social ante la crisis multidimensional que enfrenta Costa Rica.
Durante el acto de instalación, se presentó el acta de Principios del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, un documento que recoge los 10 grandes principios que enmarcarán el proceso de diálogo y concertación nacional que dará inicio en los próximos días.
El documento fue firmado por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente del CONARE; Lenin Hernández Navas, presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; y Gilberth Díaz Vásquez, representante de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.
En el evento participaron diputados y diputadas, representantes de cooperativas, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones comunales, además de grupos de personas artesanas, asociaciones solidaristas, cámaras empresariales, colectivos de mujeres, organizaciones civiles y la academia. Con un auditorio que superó la capacidad con alrededor de 400 personas presentes en el evento.
Inicio del proceso
El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel promueve la participación de las diferentes organizaciones sociales, productivas y privadas que deseen sumarse en esta iniciativa multisectorial.
Hoy atendemos un objetivo común: unir voluntades por alcanzar soluciones concretas que venga a solventar las necesidades de todas y todos, en la construcción de un nuevo Pacto Social para Costa Rica; entendiéndose que, este diálogo social, productivo y empresarial, constituye una serie de acciones desde la sociedad civil y sectores que no pretende entrar a competir con el mandato constitucional que tienen los poderes de la República.
“Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, productivas y privadas del país para que se sumen al Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel y que tracemos en conjunto un camino hacia una Costa Rica más justa y solidaria”, expresó Lenin Hernández Navas, presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
Este espacio se desarrollará durante los próximos 8 meses utilizando una metodología participativa; por lo cual, se realizarán consultas regionales y territoriales, mesas de trabajo y foros de análisis. Es preciso indicar, que los acuerdos estarán orientados en variables como: el disenso, consenso y reservas/salvedades, para salvaguardar la autonomía y diferencias entre sectores sociales, productivos y privados que buscan un acuerdo común.
Durante el desarrollo del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, se precisó dar prioridad a temas cruciales como: Educación, Salud, Inseguridad Ciudadana, Fomento y Sostenibilidad Agro-productiva, Reactivación económica y creación de oportunidades.
La venta del Teatro Arnoldo Herrera González a espaldas de toda la comunidad Castella por parte de la Fundación Castella, especialmente de Gustavo Rojas, es parte de un proceso de privatización que hay que leer políticamente. Tanto secretismo es sólo la cara visible de una actitud autoritaria de la Fundación, lo cual no sorprende porque el autoritarismo está siendo parte de nuestra cultura política actual.
Pero lo que más me preocupa es la «argumentación» (que detectamos por filtración de audios privados porque ni el señor ni la Fundación han hecho públicas sus decisiones) de que como el Estado, léase el MEP, es ineficiente resolviendo los problemas de infraestructura educativa entonces hay que pasarle la responsabilidad a la Fundación para resolver el problema, nótese que es la misma «argumentación» que en el proceso de privatización de la CCSS: es una orquestación bien organizada de corte neoliberal para privatizar la educación, el arte y la salud. Pero tanto la Fundación como don Gustavo no contaron con que nuestra rabia e indignación se convertirán en resistencia, así que esto sólo comienza:
¡El Castellá no está en venta!
Texto de Viviana Guerrero Chacón.
Fuente: https://www.facebook.com/share/p/zwvjYeRdT1AbCWh4/?mibextid=xfxF2i
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
El comunicado público emitido por el secretario general de la CGT, Mario Rodríguez Bonilla, solicita en representación de los y las trabajadoras pasar a la corriente legislativa y aprobar el Convenio 190 de la OIT.
Además, el pasado 1° de marzo del 2024, la Central General de Trabajadores, en el auditorio de la OIT organizaciones afiliadas y amigas, han comenzado el mes en atención a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, con un solo lema para todo el mes:
¡Resistimos, trabajamos y luchamos!! Sí por nuestros derechos.
Para más información, denuncias y comunicados oficiales de la CGT puede visitar su página oficial en Facebook: https://www.facebook.com/cgt.trabajadores/about?lst=100012112446038%3A100042476291514%3A1573757816
Reseña del Programa Alternativas del 1 de marzo de 2024, sobre Perú: El rostro de una dictadura fascista. Se contó con un panel invitado con Gustavo Espinoza Montesinos, escritor, periodista y ex parlamentario. jefe de la edición peruana de Resumen Latinoamericano; Aída García Naranjo, educadora, artista, política y ex ministra de la Mujer; y Eduardo Cáceres Valdivia, Filósofo, escritor e investigador social.
El programa aborda la situación que se vive en Perú, donde no se vive en una democracia formal, por el contrario, se vive ante un régimen débil que puede transicional a uno autoritario, una dictadura. Según los panelistas, quienes abordan múltiples áreas temáticas principalmente la situación de crisis sistémica de gobernanza, la situación de las élites económicas además de otros temas que surgen en la discusión.
Una introducción a la realidad del Perú, quien vive en la actual coyuntura una situación de crisis desde hace 10 años, con un agotamiento de la dominación política del neoliberalismo, que se plasmaron como el régimen dominante desde la dictadura de Fujimori que dio paso a una democracia débil, que no busco solucionar los problemas heredados del régimen de Fujimori, especialmente las demandas sociales, más allá de ser juzgados los crímenes contra los derechos humanos, que favorecieron el deterioro social, con una crisis del régimen político, falta de legitimidad del poder político.
El fallido gobierno del expresidente Castillo del Perú, que no logró avanzar cambios sociales profundos, que culmina el 7 de diciembre del 2022, cuando se da un auto golpe institucional, para una nueva constituyente que genera la culminación de un golpe institucional desde el congreso en respuesta, creando una vacancia de poder ilegítima. Provocó una reacción popular fuerte en el centro y sur andino del Perú, una confluencia de diversos sectores para la toma pacífica de Lima, que fueron violentamente reprimidas, por el gobierno peruano que cuenta con pocos apoyos populares, pero si el apoyo de una coalición de poder entre empresarios, medios de comunicación y militares.
La situación actual de una crisis de régimen, donde la actual presidenta Dina Boluarte gobierna sin legitimidad con el apoyo de quienes perdieron las elecciones presidenciales, hay una posibilidad de pasar de un régimen de débil democracia a uno autoritarios, ante la crisis social, económica, sanitaria, política, climática entre más, una crisis de dominación en su conjunto, se profundizaron los cuestionamientos a cada sector del Estado. Donde la herencia del Perú desde la colonia es una herencia conflictiva donde hay una débil consolidación de su identidad. Si bien no es un gobierno fascista el que gobierna el Perú es un gobierno con tintes e inclinaciones fascistas, principalmente en su área económica extendiendo un dominio sobre todos los sectores del país.
Entre los temas tratados se aborda la situación empresarial donde las empresas mineras son parte interesada en el apoyo al gobierno para conseguir el respaldo en proyectos mineros extractivistas, perjudiciales para el medio ambiente y las comunidades indígenas. La utilización de la policía como brazo de represión estatal, para lograr mantener el régimen con la represión social, brindándoles un respaldo total y protección a las fuerzas policiales; Finalmente el uso y apoyo de los medios de comunicación para brindar al gobierno, por una parte, manteniendo el enfoque mediático en el fallido golpe de Pedro Castillo, luego evitando la crítica al gobierno para lograr afianzarlo en el poder, este apoyo viene principalmente de medios medianos y los grandes medios de comunicación. En todas estas áreas se presenta una fuerte impunidad ante la ley y los derechos humanos, con amplios casos de corrupción.
Finalmente es importante destacar la proyección que se realiza del actual gobierno del Perú, que posee una afinidad con el neoliberalismo que mermó los sectores sociales históricos, que funge en contra del sector social y destruyó las empresas públicas, favoreciendo la desregularización de la vida pública, social y económicas, esto ha favorecido la expansión del narcotráfico en los andes peruanos, así como el problema de la minería ilegal afectando la cordillera andina, afectando seriamente el medio ambiente, que son nuevos poderes económicos emergentes, que han entrado en política. Por lo cual los panelistas invitan a organizar los movimientos sociales y políticos de izquierda para brindar una verdadera oposición que de esperanza al pueblo peruano.
Una referencia la situación de Perú en el escenario internacional, se muestra desde la lejanía, existen pocas noticias sobre lo que sucede en el país, visto desde el exterior, la situación del 7 de diciembre, ha marcado distanciamientos con gobiernos progresistas en la región latinoamericana, a pesar de Pedro Castillo no esté en el gobierno, lo cual debe en principio permitir restablecer lazos con gobiernos de la región.
Para ver el programa completo, puede visitar el siguiente enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=293644296837051&id=100039176114597&sfnsn=wa&mibextid=RUbZ1f
El curso «Caminando hacia la equidad e igualdad de género 2024» tiene como objetivo fomentar un proceso de reflexión para que las participantes examinen y reconstruyan sus creencias, actitudes y comportamientos relacionados con las desigualdades de género que afectan tanto en el ámbito personal como en el social.
Las temáticas a desarrollar son las siguientes:
El curso está diseñado para mujeres que cuenten con un conocimiento básico sobre cuestiones de género y estén interesadas en embarcarse en un proceso de cambio personal. Está dirigido a aquellas que se sientan motivadas por la idea de adquirir nuevas perspectivas en el tema de género, así como en explorar metodologías teórico-vivenciales que puedan aplicar en su entorno laboral.
Se prioriza la participación de mujeres que estén activamente involucradas en ámbitos como el comunitario, educativo o religioso. Además, se espera que las participantes estén comprometidas con la idea de compartir los conocimientos adquiridos en el curso con otras mujeres, contribuyendo así a la multiplicación del impacto positivo en la sociedad.
El curso virtual de género entre mujeres se llevará a cabo de abril a julio de 2024, con una duración total de 72 horas. Durante este período, las participantes se comprometerán a asistir a sesiones virtuales semanales de 3 horas cada una, facilitadas por expertos regionales en género desde los enfoques de Educación Popular y Biocéntrica. Además, dedicarán otras 36 horas al autoaprendizaje.
La metodología del curso incluye procesos de reflexión individual y colectiva, intercambio de saberes contrastados con teorías de género, y la aplicación de técnicas alternativas como biodanza, arteterapia y danzas rituales, que fomentan la expresión libre y el aprendizaje vivencial en grupo.
Para recibir un certificado de participación, las asistentes deberán cumplir con ciertos requisitos, como asistir al menos al 75% de las sesiones y completar las tareas asignadas. Si las participantes son delegadas por organizaciones, se espera que permanezcan consistentes durante todas las sesiones debido a la secuencia temática y metodológica del curso.
El CEP ALFORJA proporcionará materiales didácticos con anticipación a las participantes individuales y a las organizaciones delegadas. Además, se facilitará un enlace de descarga para acceder a todos los materiales escritos y audiovisuales utilizados en cada sesión.
El curso se llevará a cabo a través de la plataforma de videoconferencias ZOOM, con enlaces enviados a los correos electrónicos registrados un día antes de cada sesión. Se recomienda a las participantes contar con equipos apropiados, una conexión a internet estable y un espacio privado para participar sin interrupciones.
El período de inscripción para el curso es del 26 de febrero al 7 de abril 2024, y tiene un costo $280.00 (Dólares estadounidenses) por participante. Cada participante asume gastos de transferencia bancaria. Y existe disponibilidad de media beca.
De tener interés, acceda en el enlace del formulario de inscripción: https://forms.gle/sz3u7wE2hbG79ZpE7
Y si desea ampliar información, escribir al correo electrónico: comunicacion@cepalforja.org
Para conocer más sobre el contenido del curso y las fechas de las sesiones, puede observar el PDF adjunto.