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Los tiempos modernos

Escrito en . Publicado en Educación.

Marlin Óscar Ávila.

Marlin Oscar Ávila

Muchas son las costumbres y valores sociales que, aquellos que vivimos hace algunas décadas atrás, ahora las extrañamos.

Por ejemplo, nosotros de niños teníamos prohibido meternos en las conversaciones de nuestros padres con otros adultos, asimismo, expresarnos con palabras soeces o groseras sobre terceros, sin motivos sólidos, etc. Eso no ocurrió, por lo menos en mi ambiente. Si mi madre me escuchaba, me daba fuertemente en mi rostro y, ¡valla que tenía manos gruesas!

En las escuelas había clases por la mañana y por la tarde. Las tareas se llevaban hechas, con nuestra letra y puño. Los maestros anotaban a quienes llegaban tarde y faltaban con las tareas. Nada raro es que nos enviaran a la dirección, de donde se enviarían una nota a los padres y/o nos suspenderían algunos días.

Algunos maestros y padres de familia decían que «la letra con sangre entra».

Entre la corrección metodológica de la enseñanza/aprendizaje y el desarrollo pedagógica hubo avances significativos, sin embargo, los gremios magisteriales no aprovecharon esas oportunidades para fortalecer el aprendizaje del estudiando, confabulándose entre los colegios, para obtener aumentos salariales sin recompensas educativas.

Es así como ahora tenemos profesionales sin mayor sostén técnico y académico. Su disciplina deja mucho que desear y sus resultados son muy frágiles. Así los mismos secretarios de Educación gubernamentales, muchas veces están desactualizados en los avances pedagógicos internacionales y avances tecnológicos de punta.

Unión Europea emite informe final sobre elecciones en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

  • Destaca la transparencia y eficiencia del TSE.

  • Misión hace diez recomendaciones

  • Señala la desinformación y los contenidos despectivos y hostiles dirigidos a socavar la confianza en las autoridades electorales.

TSE. El pasado miércoles 29 de abril la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (UE) presentó su informe final sobre las elecciones generales del 2026 en Costa Rica. El acto se llevó a cabo en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en presencia de las Magistradas y Magistrados electorales, del señor Pierre-Louis Lempereu, Embajador de la UE en Costa Rica y de autoridades de la Cancillería General de la República.

El Informe reconoce el buen hacer del TSE en la dirección del proceso electoral, destacando que este fue organizado “de manera transparente, eficiente”, con un padrón electoral “altamente inclusivo”, un procedimiento de inscripción de candidaturas “inclusivo y procedimentalmente claro, sin restricciones irrazonables”, “materiales de calidad para los integrantes de las JRV”, papeletas “claras”, y “procedimientos flexibles y razonables para la acreditación de los fiscales de los partidos políticos”, así como que “la transmisión de los resultados preliminares fue eficiente y transparente”, y que, durante el escrutinio, el TSE “ofreció sólidas garantías de transparencia” y “altos niveles de seguridad”.

La Misión de Expertos Electorales (MEE) resalta, también, la elección de la segunda mujer presidenta de la República en la historia del país, y que el órgano legislativo quedara integrado, por primera vez, por una mayoría de mujeres. Lo interpretan como “el efecto acumulativo de un marco jurídico e institucional sólido que promueve y garantiza la paridad de género”, “uno de los marcos más avanzados” en la materia y que “sitúa a Costa Rica entre las pocas jurisdicciones del mundo que cuentan con requisitos estrictos y exigibles de paridad de género”. En punto a la igualdad de derechos, el Informe añade las medidas adoptadas por el TSE para facilitar la participación de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.

Neutralidad del Estado y la beligerancia política

Otro elemento del proceso electoral recogido por el Informe es el relativo a las reglas sobre la neutralidad del Estado y la beligerancia política. Lo reconocen como “un principio constitucional fundamental en Costa Rica”, que se “ha considerado históricamente una garantía esencial de la integridad y equidad del proceso electoral”. Afirman que la actualización del alcance de las prohibiciones existentes sobre el uso de recursos públicos para que se extendiera, también, a las plataformas digitales bajo administración del Poder Ejecutivo, fue hecha por el TSE “en ejercicio de su competencia exclusiva y obligatoria para interpretar el derecho electoral”, y que la solicitud del levantamiento de la inmunidad presidencial, frente a las denuncias de beligerancia contra el entonces Presidente Chaves, fue “de conformidad con los requisitos constitucionales”. Su valoración respecto de la justicia electoral costarricense es que, en general, está “en consonancia con los estándares internacionales y las buenas prácticas”, y que “el sistema prevé garantías del debido proceso”.

Desinformación contra las autoridades electorales

Una parte sustantiva del Informe se dedica al tema de la desinformación y los contenidos despectivos y hostiles dirigidos a socavar la confianza en las autoridades electorales. Para los expertos de la Unión Europea, si bien la autoridad electoral costarricense “tradicionalmente ha sido vista como un modelo en la región y gozado de gran prestigio dentro del país”, “se sembraron dudas sin precedentes sobre la institución. Aunque al inicio de su mandato el presidente Chaves había elogiado al TSE, posteriormente lo criticó (…) cuestionó la imparcialidad del TSE y afirmó que la institución intentaba censurarlo”. Así, “dirigió críticas (…) de forma significativa, a la administración electoral, concretamente al TSE. Este discurso acentuó la pérdida de confianza en las instituciones, principalmente entre los simpatizantes del PPSO”.

La señora Laura Fernández, continua el Informe, “adoptó una postura menos confrontativa; no obstante, tanto en su calidad de candidata presidencial como previamente en su cargo de ministra de Planificación, realizó declaraciones públicas que sugerían que la autoridad electoral mostraba sesgos contra su movimiento político. Todos los demás candidatos presidenciales expresaron su confianza en el TSE y en el sistema electoral”.

Lo anterior le generó al TSE “un contexto de cuestionamientos sin precedentes sobre su credibilidad, derivados de las críticas formuladas por el presidente saliente (…) que generaron percepciones polarizadas sobre la administración electoral”. Un entorno informativo que “se caracterizó por una fuerte polarización y por la presencia frecuente de contenidos despectivos y hostiles (…) Muchas páginas de Facebook que se presentaban como medios informativos, junto con grupos partidistas y cuentas gestionadas por influencers, difundieron narrativas”.

Luego el Informe refiere los hallazgos de análisis como el del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, que identificó “una actividad cada vez más sofisticada de cuentas coordinadas de tipo “troll”, lo que dificultaba su identificación. Estas actividades contribuyeron a amplificar la retórica confrontativa, los ataques personales (…) así como la distorsión del debate político en línea, lo que afectó negativamente a la capacidad de los votantes para formarse opiniones libres de interferencias manipuladoras”.

Por su parte, el monitoreo de medios de la propia Unión Europea “identificó cientos de páginas afines al Gobierno que difundían estas narrativas y socavaban la confianza en el proceso electoral y en las instituciones”. Así, en “los meses previos a las elecciones, el TSE fue objeto de narrativas en línea que cuestionaban su imparcialidad y credibilidad. La MEE observó un flujo constante de mensajes destinados a socavar la confianza en el TSE y la integridad del proceso electoral, principalmente en páginas y grupos afines al Gobierno (…) Hashtags como #NoConfíoEnElTSE, acusaciones de parcialidad en favor del PLN, afirmaciones sobre la existencia de una “ley mordaza”, alegaciones de un supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente Chaves y advertencias de que las elecciones podrían estar “amañadas” circularon por diversas plataformas. El monitoreo realizado por la MEE indicó que la interacción con estas narrativas alcanzó su punto álgido tras las declaraciones públicas del presidente Chaves o de miembros del Gobierno que cuestionaban la credibilidad del TSE”.

El Informe se ocupa, también, de cómo respondió el TSE a esa inédita ofensiva comunicacional: Dice que, si bien “respondió a las acusaciones defendiendo la credibilidad de la institución”, la “respuesta más consistente del TSE ante estas críticas fue priorizar la transparencia. En este sentido, logró organizar un proceso electoral abierto a la observación y explicó al público cada etapa del proceso electoral, desde la preparación y distribución de materiales hasta la votación, el conteo en las juntas receptoras de votos y el proceso oficial de resultados”.

En el mismo afán, a “pesar de haber realizado con éxito un proyecto piloto de voto electrónico, en las elecciones generales de 2026 el TSE decidió mantener el voto exclusivamente manual, una decisión que sirvió para garantizar la trazabilidad y la transparencia, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema costarricense prevé recuentos exhaustivos. Además, el TSE se comunicó eficazmente con la ciudadanía utilizando medios tradicionales y digitales para difundir información sobre la renovación de las cédulas de identidad, los preparativos electorales, los procedimientos de votación y las salvaguardas, como elementos de seguridad en las papeletas, precintos en los paquetes de material electoral y la presencia de observadores y representantes de los partidos políticos. A medida que se acercaban las elecciones, el TSE publicó y difundió segmentos explicativos sobre los procesos de conteo y transmisión de resultados, así como sobre los mecanismos de recuento”.

Específicamente en su sitio web, el TSE “publicó abundante información sobre distintos aspectos del proceso electoral, desde las cifras del padrón electoral hasta las declaraciones de financiamiento de campaña, mostrando un esfuerzo significativo por garantizar la transparencia”. Misma plataforma en la que “ofreció información detallada y variada sobre los resultados preliminares, y también permitió descargar cualquier conjunto de resultados en varios formatos exportables”, incluidas “las actas de resultados de las JRV”, “lo que constituye una buena práctica para facilitar su verificación y análisis”.

Para la Unión Europea, en general, el “TSE mantuvo una estrategia activa de comunicación en línea destinada a informar al electorado y contrarrestar la desinformación, que incluía una página web dedicada titulada “Que no lo engañen», en la que se difundían comunicados y vídeos informativos. También operó una unidad especializada de monitoreo de redes sociales y cooperó con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) mediante la herramienta eMonitor para identificar desinformación y discurso de odio. Estas medidas reflejaron el esfuerzo proactivo de la institución para reforzar la transparencia y proteger la integridad del entorno digital durante la campaña electoral”, así como para “para contrarrestar la desinformación” y “mitigar su propagación”.

Estos esfuerzos institucionales del TSE ante los ataques en su contra fueron respaldados “por diversos actores, en particular por los ocho expresidentes electos entre 1986 y 2018, quienes subrayaron la importancia de las normas que obligan a las autoridades gubernamentales a mantener la imparcialidad durante los procesos electorales”. La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), por su parte, “también emitió un comunicado en defensa de su miembro, al igual que varias asociaciones profesionales”.

El Informe indica que, aunque posteriormente “disminuyó la intensidad de estas narrativas, continuaron presentes en grupos de simpatizantes y secciones de comentarios, con el potencial de erosionar la confianza pública en la autoridad electoral (…) Tras las elecciones, se observaron acusaciones engañosas sobre supuestas irregularidades en las actas de resultados de las juntas receptoras de votos. Un titular engañoso publicado por el medio Trivisión, basado en una interpretación errónea de las conclusiones de la misión de observación electoral de la OEA sobre la transmisión de resultados, provocó una nueva oleada de desinformación y de ataques contra el TSE”.

Subrayan que, incluso durante escrutinio, que “fue metódico, exhaustivo y transparente”, hubo “un flujo constante de acusaciones de fraude contra el TSE, por parte de simpatizantes del PPSO en redes sociales que consideraban que su partido debería haber obtenido más escaños en la Asamblea Legislativa. Aunque el PPSO hizo un llamado a la paciencia y recordó que sus representantes estuvieron presentes durante el escrutinio, algunas figuras del partido alimentaron la expectativa de un cambio en los resultados (…) Pilar Cisneros, una figura destacada del PPSO, comentó que el proceso de escrutinio podría dar lugar a varios escaños adicionales en la Asamblea Legislativa, afirmación para la cual no existía evidencia”.

Recomendaciones de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea

El informe cierra con diez recomendaciones (algunas dirigidas al TSE, otras al Gobierno y a los legisladores, y otras a actores de la sociedad civil) que reproducimos literalmente:

1. Simplificar y ciudadanizar el sistema de selección del personal de las juntas receptoras de votos, garantizando que todos ellos estén bajo la autoridad del TSE y que asistan a cursos de capacitación. Una opción podría ser seleccionar al personal electoral entre los electores inscritos en el padrón electoral.

2. Incrementar la comunicación sobre las protecciones técnicas existentes y las garantías de transparencia en todas las etapas del proceso electoral, en particular en lo relativo al conteo de votos y al proceso de escrutinio. Si bien el TSE debería continuar liderando esta labor, otras organizaciones también podrían reforzar este servicio de información pública, que podría iniciarse con mayor antelación en el proceso electoral para optimizar su alcance.

3. Establecer un marco jurídico claro para la asignación de la publicidad estatal conforme a los estándares internacionales, basado en criterios objetivos y no discriminatorios y gestionado por órganos independientes, con el fin de garantizar la libertad de los medios de comunicación y su independencia editorial durante los procesos electorales.

4. Introducir franjas de propaganda electoral en los medios de comunicación para todos los contendientes, financiadas con cargo al aporte estatal a los partidos políticos y distribuidas de forma equitativa.

5. Establecer un marco jurídico para la asignación de frecuencias de radiodifusión conforme a los estándares interamericanos, basado en criterios objetivos y no discriminatorios y en condiciones económicas y técnicas proporcionadas, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, especialmente durante los procesos electorales.

6. Fortalecer las iniciativas independientes de verificación de datos y los programas de alfabetización mediática y digital para abordar de manera eficaz la manipulación de la información en línea, incluido el contenido generado mediante inteligencia artificial, especialmente durante los procesos electorales.

7. Fortalecer los esfuerzos destinados a acercar las juntas receptoras de votos a las zonas de difícil acceso geográfico, con el fin de reducir las barreras que enfrentan los pueblos indígenas para participar en las elecciones.

8. Fomentar iniciativas de la sociedad civil orientadas a la observación electoral independiente y no partidaria, así como facilitar el desarrollo de capacidades para promover una observación electoral integral y la difusión pública de sus conclusiones.

9. Publicar conjuntamente las actas de resultados y las actas de escrutinio para facilitar la consulta de la información completa de cada junta receptora de votos, particularmente por parte de la ciudadanía. Proporcionar una navegación intuitiva en el sitio web del TSE que facilite el conocimiento y el acceso a la información publicada.

10. Considerar la introducción de plazos procesales abreviados para los casos relacionados con el proceso electoral, con el fin de garantizar que las denuncias se resuelvan dentro del ciclo electoral correspondiente, preservando al mismo tiempo las garantías del debido proceso.

Más de 117 mil denuncias por violación de derechos de la niñez se registraron en 2025

Escrito en . Publicado en Derechos.

Costa Rica registró 117.316 casos de presuntas violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes durante 2025, según datos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Esta cifra refleja los desafíos que enfrentan miles de familias en el país, pues las denuncias se relacionan principalmente con negligencia, maltrato físico y psicológico, conflictos familiares y violencia sexual.

Los datos se dieron a conocer en el contexto del Día Internacional de las Familias, cuya conmemoración en 2026 se centra en el tema Familias, inequidades y bienestar infantil, que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visibilizar las condiciones que afectan el desarrollo de la niñez.

De acuerdo con los registros del PANI, la negligencia concentra el 50% de los casos reportados, seguida por maltrato físico y psicológico con un 13%, conflictos familiares con 11%, situaciones vinculadas con consumo problemático de progenitores o conflictos con la ley con 11%, y violencia sexual con un 5%. Las cifras reflejan situaciones que impactan directamente el entorno familiar y el desarrollo de la niñez en el país.

A estas condiciones se suman factores estructurales que afectan a miles de hogares. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que en 2025 existían 186.541 hogares en pobreza multidimensional, lo que representa 674.254 personas que enfrentan carencias simultáneas en educación, vivienda, acceso a internet, salud, empleo y protección social.

La pobreza multidimensional también incluye situaciones como niñas y niños sin acceso a servicios de cuido, personas adultas mayores sin pensión y personas con discapacidad sin transferencias económicas, condiciones que limitan la capacidad de muchas familias para garantizar bienestar y protección a sus integrantes.

Los indicadores de violencia también muestran un impacto directo en los hogares. Entre 2022 y 2025 se registraron 3.311 homicidios en nuestro país, cifra que asciende a 3.559 casos al incluir los reportados en 2026. Cada uno de estos hechos afecta a familias que enfrentan la pérdida violenta de uno de sus miembros.

La salud mental representa otro desafío. Entre 2022 y 2024 se registraron 1.260 suicidios en el país, mientras que hasta agosto de 2025 se contabilizaban 2.493 intentos de suicidio, según registros oficiales.

Para Luis Diego Conejo Bolaños, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA), estas cifras muestran la necesidad de fortalecer las acciones de apoyo a las familias y la protección de la niñez. “El Día Internacional de las Familias invita a reconocer que muchas personas viven en contextos de pobreza, violencia y vulneración de derechos. Comprender estas realidades resulta fundamental para promover políticas públicas y acciones comunitarias que fortalezcan el bienestar de niñas, niños y adolescentes”, recordó.

El INEINA desarrolla investigaciones sobre las condiciones que afectan a las familias costarricenses y promueve espacios de formación y acompañamiento dirigidos a madres, padres y personas cuidadoras.

Como parte de estas acciones, el 12 de mayo a las 5:30 p.m. se realizará el encuentro Generaciones de cristal, un espacio de reflexión sobre los retos actuales de la crianza. La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Herediano Omar Dengo y se organiza en coordinación con la Municipalidad de Heredia.

Otra de las actividades programadas es la de acompañamiento a familias, que incluye siete sesiones semanales en la UNA, orientadas a fortalecer habilidades de crianza y convivencia familiar.

En el ámbito académico, el 21 de mayo a las 10 a.m. se realizará el foro “Las familias en Costa Rica: transformaciones, tensiones y desafíos, en el Auditorio Marco Tulio Salazar del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE), Campus Omar Dengo, con la participación de los psicólogos e investigadores Mariano Rosabal Coto y Diego Conejo Bolaños.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Conmemoran 78 años de la Nakba con manifestación y actividades de solidaridad con Palestina

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

La Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica realizará este viernes 15 de mayo una jornada de conmemoración por los 78 años de la Nakba palestina, bajo el lema “78 años de resistencia, dignidad y retorno”, con una manifestación pacífica y actividades culturales en el centro de San José.

La convocatoria se desarrollará de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en el sector del Reloj de la Plaza de la Cultura, en San José centro. Las personas organizadoras indicaron que la actividad será apta para todo público y llamaron a asistir con banderas palestinas.

La jornada tendrá como eje central la solidaridad con el pueblo palestino y el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Israel, mediante la consigna “Costa Rica dice no al TLC con Israel”.

Además de la manifestación, se anunciaron actos culturales y espacios de expresión pública en apoyo a Palestina.

Como parte de la conmemoración, para el jueves 14 de mayo se programó una rueda de prensa en la Asamblea Legislativa.

Esta actividad fue organizada conjuntamente por la Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica y el despacho de la diputada Vianney Mora del Frente Amplio.

En la mesa participaron Eva Carazo Vargas, el historiador Jorge Barrientos Valverde y la cónsul de Palestina Wajiha Sasa.

Las organizaciones convocantes señalaron que la conmemoración busca reafirmar el compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos, así como mantener viva la memoria histórica de la Nakba palestina, considerada por el pueblo palestino como el inicio del desplazamiento masivo y la pérdida de territorios ocurrida en 1948.

Ataque soez al ICE

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

El abogado exministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, exresidente en Washington, afirmó que el ICE pronto estaría iniciando ¡la demolición de sus represas!, porque la energía que produce solo sería eólica, solar, geotérmica… Que ¡El ICE perdió vigencia!, agregó.

Por sus antecedentes políticos no deberíamos extrañarnos, pero sí nos parece oportuno dar a conocer cómo «piensa» este atrevido compatriota, como muestra del ambiente que están tratando de crear ante la opinión pública los que quieren privatizar funciones vitales del ICE.

Como reacción a tal desaguisado, recordemos que el ICE logró en pocas décadas un desarrollo eléctrico que es ejemplo para muchas naciones. Hoy tenemos uno de los sistemas eléctricos más limpios del planeta, donde MENOS DEL 5 % de la electricidad proviene de combustibles fósiles, gracias a una matriz compuesta principalmente por agua, geotermia, viento y sol, lo que nos ha permitido ser autosuficientes en materia eléctrica, ahorrar millones en divisas y tener precios competitivos, reconocidos por la CEPAL. Su capacidad instalada supera los 3.671 MW, donde el 64,7 MW es hidroeléctrica, 12% eólica, 7,2 % geotérmica, 1 % bagazo de caña y 0,43 % solar. Ahora, con el argumento de las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y quizá pensando en el amenazante fenómeno de El Niño que se prevé de gran intensidad, el ICE ha anunciado la compra acelerada de otra planta térmica en su plantel de Limón, con una capacidad instalada de 200 megavatios, para dentro de tres años, que no alterará significativamente la producción eléctrica limpia.

Ahora bien, nuestro natural modelo monopólico de transmisión, originado con la Segunda República es, sin embargo, abierto en la “generación” con un componente privado del 26 %, abierto sin que se contara en el momento de su apertura, con los estudios que hubiesen previsto los problemas ambientales, de generación y sistema tarifario que eventualmente se hicieron presentes. La “distribución” atendida a través de ocho empresas (ICE, CNFL, 2 municipales y 4 cooperativas) no impiden que, por ley, sea el ICE el único responsable del suministro eléctrico.

No se puede desdeñar que la función medular del ICE sea planificar, prever y solucionar todos los problemas, previstos e imprevistos, para que el país, independientemente de los demás actores que intervienen, garantice electricidad todo el año, por todos los rincones del país, ofrecida, a diferencia de cualquier empresa privada, sin fines de lucro. Para ello, el ICE es la única institución que planifica a 20 o más años, en virtud de la compleja naturaleza de sus proyectos, lo que es favorecido por estar centralizados en una sola Institución. Un Instituto Costarricense de Electricidad, por cierto, últimamente golpeado desde adentro por su jerarquía, sin embargo, es todavía robusta gracias a la resistencia exhibida por su atenta «fuerza amarilla», que se esmera por ejecutar sus labores profesionales pese a los obstáculos que ponen en su camino los avaros privatizadores.

Asimismo, no ha de desdeñarse que los precios de compra a los generadores privados, fijados por ley, son, casi siempre, los más caros de la matriz eléctrica, aunque ellos, siempre al asecho, paradójicamente atacan al ICE por sus supuestas altas tarifas. Son los mismos que están «esperando el momento para desarmarlo y repartírselo y de paso aumentar la generación en manos privadas» (Gerardo Fumero), mientras «acusan» al ICE de ser un juez y parte que administra mal el sistema mientras actúa como rector, como regulador del mercado, y que, según ellos, solo debe ser operador. Un ICE, dicen, que no coordina con sus filiales, que no planifica, que no aprovecha las plantas al 100 %, que no es capaz de prever cambios en la demanda, que perdió la senda, que su modelo es obsoleto, etc., y otros pecados capitales, que ni ellos mismos se creen, pero que repiten para convencer a incautos que desconocen que sin el ICE, sus recibos de electricidad serían significativamente más elevados.

En resumen, ante nuevos ataques al ICE por medio de proyectos que dejan su fétido olor por los pasillos del horrible edificio legislativo, esperamos que, al menos, las 26 diputaciones del BLOQUE DEMOCRÁTICO, y la ciudadanía comprometida con la Patria, revivan la lucha por nuestro ICE, por el Instituto estatal ejemplar, orgullo de los buenos costarricenses, para que no puedan ser aprobados ante el rechazo popular.

Defensoría: Escuela de Juan Viñas con daños en su infraestructura

Escrito en . Publicado en Educación.

Como parte de una serie de inspecciones a centros educativos en el país, la Defensoría de los Habitantes se trasladó hasta la escuela Cecilio Lindo Morales, ubicada en el distrito de Juan Viñas, cantón de Jiménez. Los hallazgos revelan un estado crítico de infraestructura y serias carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 329 estudiantes y el personal del centro educativo.

Durante la visita, el equipo de la Defensoría realizó la inspección junto con un funcionario del Ministerio de Salud. Se constata que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2021, a la cual no se ha dado seguimiento por parte de ninguna de las instancias involucradas.

Entre los hallazgos se pueden identificar que el centro educativo no cumple con la Ley N°7.600, carece de rampas para su ingreso y tiene seis pequeños servicios sanitarios para toda la población (estudiantes, personal y visitas). También se observó un deterioro importante de cielo rasos. En temas de seguridad hay disponibles varios extintores; sin embargo, todos se encuentran vencidos, y las rutas de evacuación no están señaladas. La instalación eléctrica muy dañada y sin entubar. El patio de juegos del kínder se encuentra deteriorado y tiene estructura de metal con exposiciones del propio metal. Es importante destacar que la escuela ha sido declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico y en ese sentido, el Centro de Patrimonio está dispuesto a colaborar en la elaboración de los planes constructivos en el momento que se requiera para la intervención de la escuela.

La Defensoría de los Habitantes continuará con esta labor de supervisión de las condiciones en que los estudiantes y personal docente y administrativo reciben las lecciones en aras que el Ministerio de Educación Pública atienda las necesidades urgentes en materia de infraestructura.

Israel contra Gaza: La brutalidad como política

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Desde hace años, Gaza vive bajo castigo permanente, pero después de octubre de 2023 la situación entró en otro nivel de destrucción y crueldad. Lo que el mundo ha visto desde entonces no es solamente una guerra, porque una guerra supone al menos algún límite, alguna regla mínima, algún reconocimiento de la vida humana. Lo que ocurre en Gaza es otra cosa, una operación de devastación contra una población atrapada, cercada y bombardeada sin descanso. Millones de personas viven encerradas en una franja pequeña, sin posibilidad de escapar, mientras aviones, drones y tanques convierten barrios enteros en montañas de cemento roto y cuerpos enterrados.

Lo más duro no es solamente la cantidad de muertos, sino la manera como se ha normalizado el sufrimiento palestino. Las imágenes de niños sin piernas, madres cargando cadáveres envueltos en sábanas, hospitales convertidos en ruinas y personas buscando comida entre escombros aparecen todos los días en redes y noticieros, pero gran parte de los gobiernos occidentales sigue actuando como si nada grave estuviera pasando. EEUU continúa enviando armas y dinero, mientras la Unión Europea habla de “derecho a defenderse”, aunque las víctimas principales sean civiles desarmados.

La relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, afirmó que existen razones suficientes para hablar de actos de genocidio en Gaza y denunció que el objetivo parece ser destruir las condiciones de vida del pueblo palestino. Su informe describe bombardeos masivos sobre zonas civiles, desplazamientos forzados, hambre provocada y destrucción sistemática de hospitales, escuelas y sistemas de agua. La propia ONU señaló que Gaza se convirtió en “el primer genocidio transmitido en directo”.

Uno de los casos que más indignó al mundo fue el de Hind Rajab, una niña palestina de seis años que quedó atrapada dentro de un carro rodeada por los cadáveres de su familia. Durante horas pidió ayuda por teléfono a los rescatistas de la Media Luna Roja. La niña lloraba, decía que tenía miedo y preguntaba cuándo llegarían a salvarla. La ambulancia enviada para rescatarla también fue atacada. Días después encontraron el cuerpo de Hind junto al de los paramédicos. El horror de ese caso mostró algo terrible, en Gaza ni siquiera los niños pequeños logran escapar de la violencia.

Otro símbolo de la destrucción fue el hospital Al Shifa, el más importante de Gaza. Las fuerzas israelíes lo rodearon durante días, atacaron el lugar y dejaron fuera de funcionamiento áreas vitales para atender heridos y enfermos. Médicos denunciaron que bebés prematuros murieron porque se quedaron sin electricidad y sin incubadoras. Organismos internacionales advirtieron que destruir hospitales en medio de una emergencia humanitaria equivalía a condenar a miles de personas.

Los ataques contra personal médico y humanitario también se volvieron constantes. Informes denunciaron la desaparición y tortura de médicos palestinos detenidos por Israel. En otro hecho espantoso, trabajadores de rescate y paramédicos fueron encontrados en una fosa común, varios con señales de disparos y manos atadas. La guerra dejó de distinguir entre combatientes y civiles hace mucho tiempo, porque el castigo parece dirigido contra toda la población palestina.

En Gaza también se utiliza el hambre como arma. Israel ha bloqueado alimentos, combustible y medicinas, mientras millones de personas sobreviven apenas con algo de pan, agua sucia o ayuda humanitaria insuficiente. Organizaciones internacionales denunciaron que familias enteras pasaban días sin comer y que niños comenzaban a morir por desnutrición. La destrucción de panaderías, mercados, granjas y sistemas de agua agravó todavía más la situación. La ONU advirtió que esas medidas mostraban intención de destruir a la población mediante condiciones imposibles para vivir.

Todo esto ocurre frente a un mundo que parece acostumbrarse lentamente al horror. Renán Vega Cantor lo define como la normalización de la crueldad. Antes los imperios intentaban ocultar sus crímenes o maquillarlos. Ahora muchos dirigentes israelíes hablan públicamente de expulsar palestinos, borrar ciudades completas o impedir el ingreso de alimentos. Y lo hacen sin miedo, porque saben que cuentan con respaldo político y militar de las grandes potencias.

El problema no comenzó en 2023. Palestina lleva décadas viviendo ocupación, despojo y apartheid. Los asentamientos israelíes crecieron sobre tierras palestinas, las familias fueron expulsadas de sus casas y la población quedó fragmentada por muros, retenes militares y leyes discriminatorias.

Diversos organismos internacionales denunciaron desde hace años que existe un sistema de segregación contra los palestinos. Lo que pasa hoy en Gaza es la expresión más brutal de una política larga de ocupación y castigo.

Desde América Latina, todo esto recuerda demasiadas cosas. Recuerda pueblos arrasados en Guatemala, dictaduras apoyadas por Washington, desapariciones forzadas y masacres justificadas en nombre de la seguridad nacional. También recuerda cómo los medios poderosos llamaban “terroristas” a quienes resistían invasiones, dictaduras o despojos. Por eso mucha gente en esta parte del mundo mira hacia Palestina y reconoce una historia conocida, la de un pueblo pobre enfrentando una maquinaria militar gigantesca respaldada por los poderosos de siempre.

Lo más grave es que el sufrimiento palestino parece valer menos para Occidente. Si miles de niños europeos murieran bajo bombas durante meses, el escándalo mundial sería inmediato. Pero cuando las víctimas son árabes, musulmanes y pobres, muchos gobiernos hablan solamente de “conflicto” o “daños colaterales”. Esa doble moral deja al descubierto el racismo profundo que todavía marca la política internacional.

Israel ha convertido a Gaza en un territorio donde la vida humana parece no tener ningún valor. Escuelas bombardeadas, periodistas asesinados, familias completas desaparecidas, hospitales destruidos y personas obligadas a huir una y otra vez hacia supuestas “zonas seguras” que también terminan atacadas. La relatora Francesca Albanese advirtió que cuando el mundo comprenda completamente lo que ocurre en Gaza, probablemente sentirá vergüenza por no haber detenido antes tanta destrucción.

A pesar de todo, el pueblo palestino sigue resistiendo. Y esa resistencia explica también el nivel de violencia desatado contra Gaza. Porque Palestina representa algo que incomoda profundamente al poder mundial, un pueblo que se niega a desaparecer, aunque le destruyan las casas, los hospitales y hasta los cementerios. Cada familia que vuelve a levantar una carpa sobre las ruinas, cada médico que sigue operando sin luz, cada periodista que continúa grabando mientras caen bombas alrededor, demuestra que incluso bajo el horror más grande todavía existe dignidad humana.

Gaza ya quedó marcada como una de las grandes vergüenzas de nuestro tiempo. El mundo entero ve la destrucción en vivo, escucha las denuncias, observa a niños pedir ayuda bajo los escombros y aun así las bombas siguieron cayendo. Dentro de muchos años, cuando se estudie este período de la historia, probablemente la pregunta más dura será cómo fue posible que tantos gobiernos y corporaciones vieran todo esto y decidieran seguir apoyándolo.

SiUNED: Carta abierta al Consejo Universitario, la Rectoría y la Comunidad Universitaria sobre el FEES y la rendición de cuentas institucional

Escrito en . Publicado en Educación.

Considerando:

1- Que la lucha por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituye un proceso estructural y prolongado, cuya resolución no será inmediata, sino que se proyecta en el mediano y largo plazo, en un contexto de restricciones fiscales y decisiones políticas que afectan el financiamiento de la educación pública.

2- Que existe una necesidad urgente de generar conciencia, organización y movilización en la comunidad universitaria —personas funcionarias, académicas y estudiantes— frente al debilitamiento progresivo del financiamiento público de la educación superior.

3- Que el Consejo Universitario, como máximo órgano de dirección política de la UNED, debe asumir un rol activo de liderazgo en la defensa de la universidad pública, su autonomía, su financiamiento y su compromiso social con el país.

4- Que otras universidades públicas han iniciado procesos de reflexión crítica y movilización académica, utilizando los espacios universitarios como escenarios de debate, formación política y construcción de posicionamientos frente al FEES.

Por tanto, solicitamos al Consejo Universitario:

1- Asumir públicamente una posición firme, clara y protagónica en defensa del financiamiento de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, frente a los escenarios presupuestarios restrictivos planteados por el gobierno.

2- Acoger y adaptar, en el contexto de la UNED, iniciativas impulsadas por otras universidades públicas, mediante el desarrollo de acciones permanentes de discusión, reflexión y movilización, mediante un paro activo, en todos los ámbitos institucionales.

3- Declarar el período comprendido entre mayo y agosto como una etapa institucional de análisis crítico, formación política y articulación universitaria en torno al FEES, que permita:

a- Informar a la comunidad universitaria sobre el contexto y escenarios.

b- Generar espacios de debate académico, foros y asambleas informativas virtuales y presenciales en todos los territorios.

c- Fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la educación pública.

4- Instruir a las distintas instancias académicas, administrativas y estudiantiles para que promuevan activamente estos espacios, para integrarlo a la vida universitaria de forma continua y sistemática, por ejemplo, mediante la incorporación de información en los entornos estudiantiles, espacios de atención académica, actividades académicas, insumos de imagen institucional, etc.

5- Convocar a la comunidad universitaria a participar de manera activa y consciente en este proceso, entendiendo que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva.

La coyuntura actual exige claridad política, compromiso institucional y capacidad de conducción. Dejar de actuar en este momento implicaría ceder espacios estratégicos en la defensa de la educación superior pública.

El Consejo Universitario y el Rector, quien lo preside, están llamados a ejercer un liderazgo activo, articulador y comprometido con la historia, la misión y el futuro de la UNED.

Junto a todo lo anterior, seguimos esperando la convocatoria a una espacio público y de diálogo, para conocer la realidad financiera de la institución, tal y como lo anunciaron el 26 de marzo en la sesión abierta del Consejo Universitario en el Paraninfo de la UNED, solicitud hecha en reiteradas ocasiones por el Sindicato SIUNED, ante las preocupaciones de la comunidad universitaria.

También hacemos un llamado a la Rectoría a establecer un espacio de diálogo en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria la estrategia y criterios que lleva la UNED a la Comisión de Enlace que negocia el FEES y su relación con la defensa del financiamiento de la educación superior y de los intereses institucionales. Consideramos necesario que cualquier acuerdo sobre el FEES sea consultado con la comunidad universitaria.

¡La defensa del FEES no es un hecho coyuntural: es una lucha estructural por el derecho a la educación pública!

¡Es necesario que la comunidad universitaria se prepare de forma unitaria y clara!

América Latina: No a la Guerra, No a la OTAN

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Pablo Ruiz E.*

Desde América del Sur observamos con mucha preocupación la política, maniobras y ejercicios militares que realizan los países miembros de la OTAN en el mundo y que pueden desencadenar una tercera guerra mundial que tendría consecuencias devastadora para todos los países, incluida América Latina, ya que una tercera guerra mundial contra Rusia o China, eventualmente, podría involucrar armas nucleares.

De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG):

  • Colombia: Es socio global de la OTAN desde 2018, lo que implica una cooperación estrecha en seguridad, aunque no es miembro pleno.

  • Perú: Designado en 2026 como aliado principal no miembro de la OTAN por EEUU, facilitando cooperación en defensa y tecnología. Además, cuenta con certificación Nivel 2 en catalogación OTAN.

  • Argentina: Mantiene el estatus de aliado importante extra-OTAN desde 1998, fortaleciendo sus lazos.

  • Chile: Vinculado desde 2004 al Sistema OTAN de Catalogación (SOC), avanzando en modernización logística con software de la alianza.

  • Brasil: Usuario del sistema de catalogación de la OTAN y reconocido aliado importante de la OTAN.

Todos estos países, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina tienen los más altos gastos militares en América Latina. Por supuesto, en nuestro continente está el aliado más importante de la OTAN que son los Estados Unidos y también está Canadá con los más altos gastos militares.

En el caso de Chile queremos denunciar que el año 2025 la ex ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier, firmaron una “acuerdo técnico con Alemania que apunta a facilitar el intercambio de material militar” que, de paso, permitirá “el acceso a la logística del sistema OTAN -Organización de Tratado del Atlántico Norte-”.

La firma del acuerdo con Alemania es parte de una serie de requisitos de la OTAN para que Chile avance al Nivel 2, lo que permitirá al país catalogar sus propios productos y ofrecerlos en esta vitrina internacional.

El año pasado también, el diario electrónico El Mostrador denunció que existía una operación secreta entre Chile y Alemania. Alemania pedía a Chile la transferencia de al menos 30 vehículos de combate de infantería Marder 1A3. Estos carros de combate, posteriormente, serían enviados a la guerra en Ucrania que es de público conocimiento el gobierno alemán le está enviado equipamientos y armas a Ucrania en esta guerra contra Rusia.

Como organizaciones manifestamos al Ministerio de Defensa de Chile nuestro rechazo a esta venta o transferencia de estos carros de combate y pedimos al gobierno neutralidad y que pusiera fin a esta operación. No estamos de acuerdo que Alemania involucre a Chile en ninguna guerra.

Como ven, Alemania está muy activa en asuntos militares y sumemos a esto que un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) señala que Alemania ha alcanzado, en secreto, las capacidades para fabricar sus propias armas nucleares. Aunque digan que no tienen intenciones nosotros no creemos lo que dice el gobierno alemán porque en la práctica podrían fabricar armas nucleares en muy poco tiempo lo que es concordante con su discurso belicista y sus intenciones de construir el ejército más poderoso de Europa y su apoyo a la política de disuasión nuclear que impulsa la OTAN.

También es preciso señalar que en América Latina sigue la presencia del Reino Unido en las Islas Malvinas donde han realizado en estos años diversos ejercicios militares para asegurar el control estratégico del Atlántico.

El Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) examina anualmente la «Cuestión de las Islas Malvinas» desde 1964, reafirmando que es un caso de colonialismo que requiere negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Argentina ratifica su soberanía e insta a la descolonización, rechazando la autodeterminación isleña.

Así mismo, Página 12, denunció “un nuevo avasallamiento del Reino Unido sobre la soberanía argentina y sus recursos, el gobierno local de las Islas Malvinas habilitó el proyecto de las petroleras Rockhopper, del Reino Unido, y Navitas, de Israel, para extraer 55 mil barriles diarios en el yacimiento Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros de Puerto Argentino”.

La OTAN es un instrumento para la guerra y para que las grandes empresas de armamento sigan haciendo negocios y lucrándose con la muerte y la destrucción. Al mismo tiempo, son instrumentos para el saqueo de recursos naturales y para la geopolítica del petróleo.

Denunciamos el ataque a Venezuela y la extorsión que realiza el gobierno de los Estados Unidos y las sanciones impuestas unilateralmente contra el pueblo venezolano.

Denunciamos el bloqueo unilateral contra Cuba y las amenazas constantes que hace Estados Unidos de atacar a este país considerado por Washington como una amenaza. Denunciamos que EEUU sigue manteniendo control ilegal en Guantánamo que no es solo una base militar sino también una cárcel.

Finalmente, manifestamos nuestro apoyo con las diversas iniciativas de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN ya que es deber de todos defender la paz y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

* Este artículo ha sido preparado y compartido en el webinario “OTAN: ¿sigue expandiéndose a nivel global?” organizado por IPB y la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.

Pablo Ruiz es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Fuente: https://www.derechoalapaz.com/america-latina-no-a-la-guerra-no-a-la-otan/

Defensoría pide cuentas ante posible suspensión de subsidios para nuevos casos del programa de Red de Cuido

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) una explicación respecto a si se suspendió o no la aprobación de nuevos casos para la transferencia económica del subsidio dirigido a la red de cuido infantil.

La alerta ocurre a partir de un oficio que recibe la Defensoría por parte de la Contraloría de Servicios de esa institución, donde se indica que, con base al oficio No IMAS-DDS-0067-2026 relativo a la ejecución de la transferencia monetaria condicionada; cuidado y desarrollo infantil 2026, emitido por la Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Bienestar Social “no se autoriza la aprobación de casos nuevos, ni siquiera por la vía de sustitución y las solicitudes correspondientes a la TMC Cuidado y Desarrollo Infantil deben permanecer en el registro de elegibles, hasta tanto la Dirección de Desarrollo Social emita una instrucción distinta”.

Ante ello, la Defensoría solicitó al IMAS conocer si están suspendidos los nuevos casos en esta línea de subsidios y, de ser positiva la respuesta, explicar las razones por las cuales se adoptó esa determinación y el plazo que se proyecta estará vigente.

Adicionalmente, se solicitó indicar el monto del presupuesto asignado al IMAS por parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para el ejercicio presupuestario 2025 y el previsto para el 2026. Otra inquietud va relacionada con la distribución del presupuesto destinado del programa de la Red de Cuido, TMC Cuidado y Desarrollo Infantil en el IMAS entre las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDES) en el año 2025, y los criterios de priorización que se utilizaron.

Por último, se requirió conocer la cantidad de cupos de la RedCudi aprobados en el año 2025 y cuántos nuevos cupos se han logrado incorporar en lo que se lleva del 2026, e informar de la cantidad de personas menores de edad en lista de espera con el fin de ser incorporadas al programa de Red de Cuido y Desarrollo Infantil, por cada ULDES.