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Elecciones en Costa Rica 2026: de la rebelión de las clases medias a la rebelión de los olvidados. ¿Qué hacer?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Henry Mora Jiménez

Frente a las desgracias, las derrotas y las frustraciones, debemos buscar explicaciones y salidas, no chivos expiatorios.

La rebelión de los olvidados

Hace unos quince años el sociólogo costarricense Carlos Sojo (†) denominó la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones presidenciales del 2002 como una “rebelión de las clases medias”, advirtiendo que fueron sobre todo estos sectores urbanos los que preferentemente apoyaron a su tres veces candidato presidencial Ottón Solis Fallas y su discurso basado en la ética en la función pública y en recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social.

Conocemos el desenlace de esta frustrada rebelión: después de ocho años en el gobierno (2014-2022), el PAC no obtuvo ningún diputado en las elecciones de 2022.

Parece que hoy asistimos a una nueva rebelión de importantes sectores de la población, pero esta vez se trata de costarricenses en su mayoría de estratos bajos y medio-bajos, abrumadoramente de zonas costeras y rurales y con un prolongado retraso en desarrollo humano (“zonas periféricas”). Pero sorprendentemente (o quizás no tanto a la luz de la tendencia mundial), esta rebelión la promueven y lideran personajes de la plutocracia costarricense con aspiraciones a convertirse en la nueva oligarquía: conservadores, neoliberales y de derecha autoritaria; admiradores de Trump, de Bukele y hasta de Netanyahu.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Los antecedentes inmediatos

Primero aclararemos rápidamente el resultado electoral y sus antecedentes inmediatos. En 2022 Rodrigo Chaves Robles, un ex tecnócrata del Banco Mundial alcanza la presidencia de la República en segunda ronda, venciendo al liberacionista José María Figueres Olsen. Chaves se presentó en las elecciones como un competente gerente de la cosa pública (tal cual empresa privada), un enemigo de la histórica corrupción que aqueja al país y un “outsider” sin compromisos con la clase política tradicional. Pero una vez establecido en el gobierno dejó claro que su proyecto político no consistía simplemente en administrar mejor los recursos públicos (promesa que no logró), sino, en refundar la República. Cuatro años después, a pesar de no presentar ningún logro importante de su propia autoría, sigue teniendo un respaldo popular de casi el 60%, incluso entre personas que reconocen que su gobierno no ha sido bueno. ¿Cómo lo hizo? Repasemos los elementos explicativos más importantes: i) se ha comunicado con la población de manera cercana, coloquial e incluso estridente (él mismo se define como un pachuco), ii) desde su elección ha estado en campaña electoral permanente, preparando el terreno para su sucesor o sucesora, iii) ha culpado a los otros poderes de la república de no dejarle gobernar, iv) ha colocado a la Contraloría General de la República como los chivos expiatorios de sus proyectos malogrados; v) pero quizás lo más importante, logró crear una identidad de grupo (a pesar de todos sus exabruptos), con al menos la mitad del país.

Así, muy pronto comenzó a repetir el estribillo de que sin 40 diputados en la Asamblea Legislativa era casi imposible transformar el país.

También el presidente Chaves (y esto resulta paradójico), ha socavado las dos instituciones insignias del Estado Social costarricense: la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación pública. Y entre sus fracasos más estrepitosos destaca la grave ola de delincuencia, crimen organizado y narcotráfico que hoy azotan a Costa Rica y que se dispararon precisamente durante su gobierno. Pero de manera retorcida y sarcástica, ha convencido a sus seguidores (a menudo fanáticos que lo ven como un Moisés) de que estos problemas no existen, no son tan graves como los críticos señalan, o son el resultado de causas ajenas a su responsabilidad.

Y así llegamos a la reciente contienda electoral, con la politóloga conservadora Laura Fernández como su sucesora y la llamada a allanar el camino para el regreso del mesías Chaves en 2030, algo improbable, pues ello requiere una reforma constitucional difícil de lograr.

La hoy presidenta electa Laura Fernández logró lo que parecía casi imposible hace seis meses: un sólido triunfo electoral en primera ronda con el 48% de los votos válidos emitidos y una bancada de 31 diputadas y diputadas (dos más que mayoría absoluta en un Congreso de 57 diputaciones, pero 7 menos para lograr la mayoría calificada), la fracción legislativa más grande para un partido oficialista desde 1982; con una clara ventaja sobre su inmediato seguidor, el socialdemócrata Alvaro Ramos, que obtuvo 33% de los votos y 17 diputaciones. Más abajo, en un tercer lugar, el partido de izquierda democrática Frente Amplio, con 7 diputaciones.

El partido de Laura Fernández (Pueblo Soberano) venció de forma arrolladora especialmente en las zonas rurales, urbano marginales, costeras y, en general, en los cantones de menor desarrollo económico y social. El pueblo raso creyó en sus promesas y se volcó en su apoyo. La mayoría de sus seguidores ignoran seguramente que el proyecto político de Laura Fernández es claramente conservador en lo ideológico, neoliberal en lo económico y de derecha autoritaria en lo político; pero en la cultura poco politizada de la Costa Rica actual, estas denominaciones importan muy poco.

¿Cómo llegamos a esto? Los factores de más largo plazo.

Don Cristian Cambronero (a quien no tengo el gusto de conocer), hizo circular recientemente en su muro de la red social X la siguiente reflexión:

Lo escrito por el señor Cambronero es, sin duda, una parte muy cierta de la explicación, pero solo una parte. Los años 50’s -70’s del siglo pasado fueron años de esperanza en Costa Rica, el Estado social posibilitó el ascenso económico de muchos y la conformación de una pujante clase media. En cambio, los años 1980-2020 fueron años de alto crecimiento de la desigualdad, de prosperidad económica para solo una quinta parte de la población, de crisis en la educación y en la salud públicas, de vejez sin pensión para muchas y muchos, de una línea de pobreza estancada en el 20% de las familias, de infraestructuras cada vez más deterioradas, de políticas públicas contra el agricultor de pequeña escala, de fuerte crecimiento en el empleo informal, de sonados casos de corrupción, etc., etc.

Este es el “caldo de cultivo” al que se refiere don Cristian. Y ciertamente, más allá de muchos estudios diagnósticos de biblioteca, poco se hizo para impedir la aparición del populismo de derecha en las elecciones del 2022.

Otros aspectos circunstanciales para tener en cuenta

Pero si nos ubicamos en el 2026, otros factores deben ser tomados en cuenta (entre muchos otros), no necesariamente coyunturales, porque han sido recurrentes en la política electoral costarricense.

1. Él clientelismo agresivo y sistemático que practicó PPSO y el propio gobierno en las comunidades más empobrecidas del país (y que aprendieron de estrategias electorales similares practicadas en el pasado por el PLN, el PUSC y más recientemente, por el partido de Fabricio Alvarado).

2. Los miles de millones de dudosa procedencia que el PPSO gastó en la campaña electoral, más dinero que todos los demás partidos juntos, y que sirvió no solo para publicidad y propaganda, sino también para comprar operadores políticos y lideres de barrio.

3. La eficaz campaña comunicativa emprendida para convencer a los «básicos» (término utilizado por la diputada oficialista Pilar Cisneros) de las certezas de su narrativa, tanto en los medios, las redes como en las comunidades que el presidente visitaba.

4. La organización casi militar que aplicaron el día de las elecciones, cazando votos casa por casa, cuerpo a cuerpo, antes y después del 1 de febrero.

5. La transferencia de la popularidad de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros en favor de la candidata Laura Fernández. Este traslado de popularidad no fue del 100% pero sí suficiente para ganar en primera ronda. Imperó “la continuidad del cambio”.

6.La incapacidad de la oposición para traducir los graves problemas del país (violencia e inseguridad especialmente) en incredulidad hacia las propuestas de Laura Fernández y en rechazo al continuismo.

La Costa Rica de la “Tercera República” (¿o una República de tercera?)

En su discurso de la victoria el pasado 1 de febrero en altas horas de la noche, Fernández se autoproclamó cofundadora de la Tercera República (en alusión al supuesto final de la Segunda República nacida en 1948 con el desenlace de la guerra civil de ese año); anunció nuevas reglas para el funcionamiento de la democracia (sic), advirtió a los medios de necesarias limitaciones de la libertad de prensa y a la oposición de que no podrá seguir haciendo “obstruccionismo” en la Asamblea Legislativa. Pero en realidad se trata de la amenaza de terminar con lo que queda del Estado social de derecho que ha prevalecido en Costa Rica durante los últimos 75 años: privatización de la salud pública, educación pública centrada en conocimientos básicos para las mayorías, fin de la banca estatal, privatización total de la generación y la distribución eléctrica, mayor apertura comercial (iniciando con un tratado de libre comercio con Israel), borrar todo vestigio de soberanía alimentaria, fin de la independencia de poderes, degradación e instrumentalización de las instituciones contraloras del ejercicio público y del cumplimiento de los derechos humanos, reforzamiento de los valores cristianos tradicionales (sic), etc., etc. en fin, la “bukelización” de Costa Rica.

¿Y ahora qué?

La primera tarea de un Movimiento Nacional por la Justicia Social y la Democracia es impedir la consolidación histórica del bloque de derecha autoritaria que se aglutina en torno a los nuevos oligarcas del PPSO. Resulta altamente improbable que puedan presentar a Rodrigo Chaves nuevamente como candidato en 2030 (la Constitución no lo permite), pero en estos cuatro años se han vuelto duchos en demagogia y manipulación, así que lo seguirán intentando.

Lograr este objetivo tiene su anverso positivo:

  1. La conformación de un gran movimiento de unidad nacional con una agenda programática de defensa de la democracia, los derechos humanos y laborales, el Estado social, la seguridad ciudadana, e incluso (hoy hay que advertirlo ante la amenaza del partido vencedor), las garantías individuales de la población. Pero muy especialmente, la integración social de “los olvidados”, revirtiendo las brutales diferencias entre la Costa Rica urbana y la rural, entre la “costa pobre” y la “costa rica”.

  2. Esta unidad tiene que lograrse en todos los frentes, en la Asamblea Legislativa y en la sociedad civil, en los partidos políticos democráticos, en los movimientos sociales, feministas, ecologistas y sindicales, en las comunidades, en las universidades públicas, en las iglesias, en los territorios y un largo etc.

  3. En los campos estratégicos de la educación política, de la ética, de la solidaridad, de la comunicación (virtual y presencial), de la conversación y discusión grupal, de la resistencia, de la economía solidaria, de la cultura, etc.

Podemos complementar lo anterior con tres llamados para la acción:

  1. Rechazar y denunciar permanentemente y con pedagogía popular (lo que no se ha logrado) la erosión democrática siempre que ocurra la amenaza. Hacer público cada ataque a las instituciones y a los derechos humanos, a la seguridad social, a la educación pública y contrarrestar masivamente la desinformación con información clara y verificada.

  2. Utilizar todas las vías institucionales y legales (tribunales, parlamento, plebiscitos) para frenar reformas autoritarias, apostando por una movilización social masiva y pacífica siempre que sea necesaria y que fortalezca la legitimidad de estas acciones ante la población (lo que tampoco se ha logrado aun).

  3. Construir una amplia alianza democrática transversal que supere divisiones políticas históricas (y también las personalistas), buscando activamente la incorporación a esta alianza de conglomerados clave (como las Iglesias, los sindicatos, los empresarios) y la solidaridad internacional. En la Costa Rica actual, la batalla por la hegemonía ideológica, política y cultural ha pasado de ser una advertencia de intelectuales a una realidad ya impuesta.

Porque defender la democracia y el Estado social no es solo resistir el avance de la noche autoritaria, es construir, mano con mano y sin descanso, el amanecer que todas y todos nos merecemos.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

El primer año del resto de nuestras vidas

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Mario Céspedes

El resultado electoral de febrero de 2026 marca un punto de quiebre en la historia política costarricense. No se trata de una simple derrota electoral ni de un episodio coyuntural, sino del cierre de un ciclo histórico. Más que el fin de una supuesta “Segunda República” —una noción históricamente discutible— lo que se clausura es el Estado social de derecho y el pacto político que, con todas sus limitaciones, estructuró la vida democrática del país durante décadas.

Para quien observó con atención los datos electorales entre octubre y enero, el desenlace no fue una sorpresa. Todas las encuestas mostraban una tendencia consistente: el abstencionismo descendía, el chavismo crecía de manera sostenida y la oposición —PLN, PAC y Frente Amplio— se estancaba disputando votos dentro de un mismo segmento social. Sin embargo, buena parte de la dirigencia opositora prefirió aferrarse a sucesivas ilusiones: el juicio a Chaves, los debates, las caravanas, la posibilidad de una segunda ronda o una eventual fractura del oficialismo. Atacar a encuestadoras y analistas sustituyó la lectura crítica de la realidad.

Ese autoengaño tuvo un costo político alto. La derrota no es solo electoral, sino estratégica. El foco se colocó en Chaves y su entorno, y no en el malestar social que hizo posible su ascenso. El chavismo no es un accidente ni un fenómeno pasajero: es la expresión política de una crisis profunda de legitimidad de la democracia realmente existente. Una parte importante del país no votó desde la ignorancia o la manipulación, sino desde la rabia, el cansancio y la sensación de abandono.

Los resultados revelan clivajes claros de clase y territorio. El chavismo se impuso con fuerza en zonas costeras, fronterizas, rurales y barrios urbano-marginales, allí donde el Estado se retiró y fue reemplazado por economías informales, redes de sobrevivencia y una religiosidad neopentecostal con fuerte anclaje comunitario. En esos espacios, la democracia no se evalúa por la separación de poderes, sino por la seguridad cotidiana, el empleo y el costo de la vida. La oposición, atrapada en una lógica institucional y urbana, dejó de hablarle a esos sectores.

A esto se suma un cambio cultural profundo: nuevas formas de socialización digital, normalización de la violencia simbólica, resentimientos frente a los avances feministas y una política cada vez más emocional. El chavismo supo articular estos elementos en un relato simple y eficaz, centrado en la corrupción, el castigo y el orden. La izquierda respondió, en general, con lenguajes técnicos, defensas abstractas de la institucionalidad y, en no pocos casos, con descalificación moral del electorado.

Algunos análisis sitúan este proceso en una disputa entre élites tradicionales y sectores narco-financieros emergentes, e incluso anticipan posibles pactos en las sombras con el PLN para garantizar gobernabilidad legislativa. Estas hipótesis no son descabelladas, pero requieren mayor sustento empírico para no simplificar las contradicciones internas del oficialismo ni reducir la complejidad de su base social. Concentrarse exclusivamente en las disputas de cúpula corre el riesgo de perder de vista lo central: el chavismo tiene base social, proyecto político y capacidad de disputar hegemonía cultural.

El conflicto abierto en 2026 no se resolverá con un cambio de gobierno ni con la próxima elección. Por el contrario, podría profundizarse. En ese escenario, la pregunta vuelve a ser la de siempre: ¿qué hacer? No para disputar un centro político cada vez más absorbido por el consenso neoliberal, sino para reconstruir un polo democrático desde la izquierda que actúe como contrapeso real al proyecto autoritario en ciernes.

Esa tarea exige reconstrucción intencionada del tejido social, organización territorial, inteligencia colectiva, batalla cultural y nuevas pedagogías políticas. Exige presencia sostenida en los territorios olvidados, no solo en el Parlamento; comunicación capaz de disputar sentido común; y una izquierda que deje de hablarse a sí misma para volver a hablarle al país real.

En ese marco, el Frente Amplio enfrenta un desafío histórico. Es hoy la única fuerza con credibilidad suficiente para convocar un proceso de recomposición de la izquierda costarricense. Pero ese rol no se decreta: se asume. Implica salir de la comodidad institucional como único horizonte, articular partidos, movimientos sociales y liderazgos territoriales, y construir una convergencia democrática y popular con vocación de largo plazo.

Costa Rica no es una excepción en un mundo atravesado por la crisis de la democracia liberal. Un país sin izquierda organizada es un país con menos derechos y más autoritarismo. O la izquierda se reconstruye con audacia, radicalidad democrática y arraigo social, o su destino será la irrelevancia. El 2026 no cerró un ciclo por decreto: abrió el primer año del resto de nuestras vidas políticas.

Imagen: MC-Escher-Relavitidad-1953

Ante la «Tercera República»: ciudadanía, movimiento social y el desafío para las mujeres universitarias

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Nancy Piedra Guillén

La conferencia de prensa de la presidenta electa confirmó con total claridad el rumbo que tomará el país. Su anuncio de continuar la agenda del gobierno saliente y de impulsar la llamada «Tercera República» no deja espacio para dudas: se trata de un proyecto político que combina un fuerte énfasis neoliberal en lo económico con un conservadurismo moral que pretende redefinir las instituciones y los equilibrios democráticos. Más allá de la retórica conciliadora o del gesto populista de “unidad nacional”, el camino está trazado.

Sus primeras declaraciones fueron reveladoras: pidió la salida inmediata de autoridades de control, anunció la firma de proyectos archivados que buscan transformar la estructura del Estado y expresó que no habrá “curva de aprendizaje”. El mensaje es inequívoco: ejercerá el poder con firmeza y buscará reconfigurar el entramado institucional desde el primer día.

Este contexto obliga a mirar hacia atrás para comprender mejor el presente. La huelga sindical del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2018, impulsada por numerosos gremios del sector público, especialmente el magisterio, fue uno de los movimientos sociales más largos de la historia reciente. Ese conflicto abrió paso, en enero de 2020, a la aprobación de la Ley 9808 sobre huelgas, un marco normativo que restringe significativamente el ejercicio del derecho a la protesta. Si bien se presentó como una medida de equilibrio, en la práctica debilitó la capacidad de acción colectiva y limitó el margen de maniobra de la ciudadanía frente a decisiones públicas regresivas.

A la luz de este escenario, una frase que se escuchó recientemente en las movilizaciones educativas resuena con fuerza: “las universidades nos dejaron solos como movimiento”. Más allá de su literalidad, esa afirmación revela una fractura entre actores que deberían estar articulados en la defensa de lo público. La distancia entre la universidad y otros sectores sociales —especialmente en los territorios más vulnerabilizados— se ha profundizado en los últimos años.

Pero el país no solo enfrenta un problema de articulación social. También requiere reconocer que sí necesita cambios. La corrupción que ha impedido avanzar en áreas estratégicas; la evasión y la elusión fiscal que privan al Estado de recursos indispensables; el enriquecimiento privado a partir del uso de bienes y fondos públicos; y el debilitamiento sistemático de instituciones esenciales —cuya erosión prepara el terreno para la privatización de servicios como la educación y la salud— no se resuelven siguiendo una receta neoliberal que ya mostró sus límites en múltiples países. Hoy, la crisis del capitalismo es evidente, al igual que las sostenidas acciones de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar, económica y geopolítica.

Los partidos ubicados entre la derecha conservadora y el liberalismo económico suelen ocultar los intereses que representan: grupos minoritarios que aspiran a concentrar riqueza y poder, sin reparar en las consecuencias de escasez y empobrecimiento que recaen sobre las mayorías. El discurso populista, empático y supuestamente humanista que utilizan para encubrirse resulta eficaz porque apela a necesidades inmediatas y a la esperanza de que, esta vez sí, las cosas serán mejores. Aunque el resultado no llegue, la expectativa de un cambio posible sostiene el apoyo de sectores históricamente excluidos.

Bajo esa lógica, “los nadie” —como los llamó el presidente Chaves y retoma la presidenta electa— apostaron por la candidatura oficialista, que no es otra cosa que la continuidad del proyecto político vigente. La narrativa directa, la emocionalidad disciplinada del discurso y una conexión simbólica con el resentimiento social han calado profundamente. No debe olvidarse que, desde las zonas costeras, se combinó un apoyo significativo con niveles altos de abstencionismo. Ambos fenómenos revelan rostros distintos de una misma problemática: quienes votaron lo hicieron esperando una respuesta concreta a sus necesidades; quienes se abstuvieron, probablemente concluyeron que en sus vidas nada cambió en los últimos cuatro años, y que nada cambiará en los próximos.

Frente a este panorama, la pregunta no es qué deberían hacer los partidos, sino qué debemos asumir como ciudadanía y como movimientos sociales. No podemos permitirnos la indiferencia ni la desconexión territorial. Las universidades públicas deben reconstruir su vínculo con las regiones, fortalecer sus sedes, acompañar procesos comunitarios y comprender las urgencias de quienes se sienten al margen del Estado. Los movimientos sociales, por su parte, deben repensar estrategias en un contexto donde la normativa limita la protesta y donde la narrativa oficialista ha logrado configurar sentidos comunes.

Lo que está por venir exigirá una ciudadanía alerta, movimientos sociales capaces de reorganizarse y una universidad pública que asuma su responsabilidad histórica. Enfrentaremos iniciativas de privatización, presiones sobre servicios esenciales, venta de instituciones estratégicas y reformas que buscarán reconfigurar el equilibrio democrático. Ningún sector podrá responder solo.

Y aquí es indispensable dirigir una reflexión a las mujeres.

Históricamente, hemos sido las primeras afectadas por los recortes al Estado social, por la privatización de servicios básicos y por la precarización laboral. Cuando la salud y la educación se debilitan, cuando los cuidados se descargan nuevamente en los hogares, somos las mujeres —en todos los territorios, pero especialmente en los más empobrecidos— quienes asumimos la carga. Este nuevo panorama exige que estemos alertas, organizadas y conscientes de que los avances logrados en derechos, autonomía y participación política no están garantizados.

La defensa de la democracia, de lo público y de los derechos no puede hacerse sin nosotras ni a costa nuestra. Las mujeres hemos sido el corazón de los movimientos sociales en Costa Rica: maestras, trabajadoras comunitarias, lideresas locales, académicas, sindicalistas. Nuestro lugar es estratégico y nuestra voz, imprescindible. Lo que se defina en los próximos años tocará de manera directa nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de autonomía. Por eso, este es un momento para fortalecer alianzas, tejer redes y sostener con firmeza el derecho a vivir en un país más justo, más igualitario y verdaderamente democrático.

Mirar para otra parte: cuando las Ciencias Sociales incomodan

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Que lo hayan planteado simpatizantes de los partidos políticos en contienda, en particular los que venían atrás en la carrera, no debe extrañar. Fue el rechazo natural a una realidad que en ese momento golpeaba y fuerte.

Pero que el malestar, el cuestionamiento e incluso la duda acerca de los procesos metodológicos que llevaron al Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la UNA y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR a los resultados que compartieron en distintos miembros, a propósito de la intención de voto, haya sido expresado por personas preparadas y con formación universitaria en diferentes campos, eso sí es de preocupación.

Ambos centros de pensamiento fueron rigurosos en sus planteamientos, abordajes y resultados. Ambos se acercaron y bastante en sus análisis finales de un momento determinado a lo que realmente sucedió y por eso los resultados de las elecciones presidenciales les dieron la razón.

Se dijo hasta la saciedad qué eran y qué no eran las encuestas de intención de voto, esas que se realizan de previo a una contienda electoral. Se explicó con vehemencia que la volatilidad de los electorados (así en plural) debe colocarse en perspectiva al mirar los datos provenientes de estos procesos. Las fichas técnicas de los estudios publicados fueron socializadas y de conocimiento público. Había que leerlas.

Entonces ¿qué explica el resquemor ante estos espacios de construcción de conocimiento universitarios, sus líneas de investigación y sus alcances?

Si hay algo que debe quedar claro a partir del 1 de febrero es que las comunidades académicas universitarias costarricenses deben dejar de mirar hacia otro lado cuando las realidades de un escenario complejo como el costarricense les interpelan. No es posible que la emoción le gane a la razón al cuestionar el trabajo de los colegas. No es de recibo.

El rol de las ciencias sociales y sus espacios de pensamiento debe ser incomodar, traducir, conocer para transformar y acompañar la toma de decisiones. Ambos espacios académicos son copia fiel de eso que las ciencias sociales deben procurar.

En ese sentido, la lección aprendida de la reciente contienda electoral en Costa Rica es que la confianza en estos centros de investigación debe provenir de adentro, siempre.

No dudo que el contexto que se cierne sobre las instituciones de educación superior pública en el país es aún más complicado que en años anteriores. No dudo que “vendrán por las ciencias sociales” porque incomodan, traducen y construyen conocimiento para transformar y decidir.

Mirar para otra parte en esta realidad instalada a partir del domingo anterior no es ya una opción.

En absoluto.

La derrota del “conservadurismo” identitario

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

El reciente proceso electoral dejó un hecho imposible de relativizar: un partido que se presentó como abanderado de los “valores conservadores” no solo perdió, sino que desapareció de la arena política. No obtuvo un solo diputado y su votación presidencial fue ínfima. No se trata de un tropiezo coyuntural, sino de la deslegitimación práctica de una propuesta que pretendió erigirse como representación moral de un sector del país.

La polarización artificial entre “progresistas” y “conservadores” es un callejón sin salida. No porque no existan diferencias legítimas, sino porque el Evangelio no opera como etiqueta ideológica. Jesús no se movió en esos binarios simplistas. El Reino de Dios no se anuncia desde trincheras culturales ni se defiende con consignas identitarias. Cuando la fe se reduce a eso, deja de interpelar y comienza a excluir.

Este partido, de matriz protestante, se presentó como el conservadurismo por excelencia, casi como si la fidelidad a Dios tuviera un solo color político. El problema es que la discusión nacional no estaba ahí. La ciudadanía no votó pensando en guerras culturales importadas, sino en problemas concretos: desigualdad, deterioro institucional, falta de oportunidades, cansancio frente a discursos moralizantes que no ofrecieron soluciones reales.

El resultado electoral es pedagógico. No hubo persecución ni censura. Tampoco procede afirmar que “les robaron el capital político” porque otra fuerza recogiera parte de su lenguaje. El capital político no es propiedad privada: se construye, se renueva y se pierde cuando deja de conectar con la ciudadanía. Si otros lograron canalizar ciertas sensibilidades, fue porque supieron leer mejor el momento histórico y ofrecer una propuesta más amplia y creíble.

Cuando una agrupación queda sin representación parlamentaria y con una votación presidencial marginal, lo que ocurre no es una simple derrota: ocurre una deslegitimación profunda de su planteamiento. La ciudadanía decidió que ese lenguaje no interpretaba sus angustias ni sus esperanzas.

Llegados a este punto, las preguntas ya no pueden dirigirse hacia afuera sino hacia dentro: ¿Qué les corresponde hacer ahora como fuerza política?, ¿Dónde va a estar la revisión, en el mensaje, en el lenguaje, en la confusión entre fe y poder?, ¿Se atreverán a reconocer que no existe un voto confesional cautivo y que los creyentes no son un bloque homogéneo?, ¿Revisarán el uso del nombre de Dios en el debate público?

En medio de este escenario, hay un dato que merece ser reconocido: el factor religioso no fue decisivo en esta elección, y eso fortaleció la democracia. La Iglesia Católica asumió el proceso con altura, sin alineamientos partidarios ni discursos incendiarios. A ello se sumó la reacción madura de un amplio sector protestante que se negó a quedar atrapado en la lógica de polarización confesional.

Dios no está sobrando en el debate público; lo que sobra es la pretensión de representarlo políticamente. Hoy hacen más falta que nunca los valores del Evangelio —la dignidad humana, la justicia, la compasión, la opción por los más vulnerables—, pero esos valores no requieren un partido confesional para encarnarse. Se verifican en políticas públicas justas, en prácticas democráticas honestas y en una cultura del encuentro, no en el uso del nombre de Dios como objeto de confrontación.

La ironía final es que quienes fueron señalados como “progresistas” o “izquierdosos” ocupan hoy casi la mitad del plenario legislativo, mientras quienes se proclamaron como el dique moral de la política nacional quedaron sin voz ni representación.

La enseñanza que deja este proceso es contundente: En el presente político de Costa Rica, una propuesta que se apoya únicamente en una identidad religiosa termina debilitándose hasta desaparecer. Lo ocurrido no fue simplemente una derrota electoral; fue la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, que decidió que ese discurso ya no respondía a sus preocupaciones ni a sus expectativas.

Martha Rodríguez: Irregularidades y concentración de poder debilitan a la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

Por Martín Rodríguez Espinoza

Con claridad y transparencia: Martha Rodríguez plantea ante comisión legislativa las irregularidades y concentración de poder que están debilitando a la CCSS

La secretaria general adjunta de UNDECA y legítima representantes de los trabajadores en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez, compareció la mañana de este 3 de febrero ante la Comisión Especial Investigadora de las Presuntas Irregularidades en la Caja, Junto con otros exdirectivos, donde habló con claridad y transparencia sobre las verdaderas causas del debilitamiento de la Institución.

Rodríguez fue enfática al afirmar que la CCSS no enfrenta crisis por inviabilidad del modelo solidario, sino que ha sido una crisis inducida por decisiones administrativas y políticas contrarias al ordenamiento jurídico.

“Lo que hoy se ve en la Caja no son hechos aislados, sino un patrón sistemático de debilitamiento de la gobernanza, concentración del poder, decisiones sin respaldo técnico, uso de emergencias sociales como las listas de espera para justificar la privatización y un deterioro grave del control financiero”, detalló ante los diputados.

Añadió que, con respecto a las listas de espera, hay que entender que no se habla de números, sino de personas, de una crisis humanitaria y no estadística. Acotó datos oficiales generados por la propia Caja, que evidencian que hay más de 1,3 millones de personas en listas de espera, de las cuales unas 200.000 esperan cirugías y más de 5.700 fallecieron entre 2023 y 2025, mientras esperaban un procedimiento quirúrgico.

Esto representa una crisis humanitaria, con la afectación directa al derecho fundamental a la salud y a la vida, pero aclaró Rodríguez que este problema no es por falta de capacidad técnica del sistema público, tanto así, que informes del CENDEISSS y la Gerencia Médica reflejan que con solo aumentar 1,5 cirugías por quirófano al día, la Caja podría realizar 72.000 cirugías adicionales en un año en jornada ordinaria. Los datos demuestran que la crisis no es inevitable, sino el resultado de decisiones administrativas y políticas.

A esto se suma un déficit de radiólogos, anestesiólogos, cardiólogos, neurólogos entre otras especialidades críticas, y las acciones hacia la tercerización de procesos menos complejos no resuelve estas causas, sino que traslada recursos públicos a terceros.

Por otra parte, Rodríguez se refirió a las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público por la supuesta manipulación de estudios actuariales que justificaron la paralización del portafolio de inversiones y que atrasó la construcción de hospitales, áreas de salud y EBAIS; así como la investigación del conocido caso Barrenador donde se promovió la contratación de servicios a terceros mediante licitación.

En este último caso, ocurrió algo muy grave, todas las unidades técnicas recomendaron declarar infructuosa la licitación porque los precios no eran razonables, los gastos indirectos aumentaban hasta en 206%, los materiales en 457% y los alquileres 585%.

A pesar de ello la junta directiva adjudicó el contrato apartándose de las opiniones técnicas, incluso uno de los recursos para revisar esa votación que impulsó Martha Rodríguez como legítima representante de los trabajadores en dicho órgano, fue rechazado y otro que presentó ni siquiera fue tomado en cuenta.

Otro de los temas a los que se refirió nuestra secretaria general adjunta, fue la fallida implementación del sistema ERP-SAP en la Caja que ha tenido impacto negativo en la gestión, en la continuidad del servicio, en el desabastecimiento, entre otros problemas.

Según informes de la auditoría interna la Caja no ha podido cerrar contablemente junio del 2025, no existen estados financieros confiables, hay diferencias millonarias en inventarios, activos y cuentas contables, y desde mayo del 2025 no hay informes financieros.

La salida en vivo del sistema no cumplía condiciones técnicas mínimas y lo más preocupante es la respuesta institucional que ha otorgado al menos cinco prórrogas, de hecho, el último plazo fue hasta abril del 2026; mientras se ha rechazado reiteradamente abrir auditoría externa. Esto no es una solución, al contrario, es normalizar el incumplimiento y debilitar el control interno de una institución que administra más del 50% del presupuesto público nacional.

“Quiero referirme a un hecho judicializado, NO ES UNA OPINIÓN, sino aclarar el tema de los sobresueldos (de la expresidenta ejecutiva de la Caja), no estamos ante un debate político, sino a un proceso judicial de lesividad iniciado por la CCSS que demandó la anulación de una acción de personal que habría autorizado un salario de ¢7.158.848 mensuales cuando el tope legal era de ¢5.565.000, la diferencia está un 33% por encima del tope legal. La Contraloría dispuso ajustar el salario y recuperar las sumas pagadas en exceso, la junta directiva ordenó la recuperación de los fondos”, aclaró Rodríguez.

La Caja no está en crisis por falta de recursos, pese a la deuda de casi ¢5 billones, ni por incapacidad técnica de su personal, sino por decisiones administrativas que son investigadas por el Ministerio Público, la concentración del poder, el debilitamiento en el control financiero y las inequidades en la prestación del servicio.

“La solución pasa por fortalecer la función pública, respetar el criterio técnico, garantizar transparencia en la rendición de cuentas y proteger el carácter público, solidario y universal de la Caja”.

Durante la comparecencia también participaron José Luis Loría y Maritza Jiménez, exmiembros de la junta directiva de la Caja y representantes del sector cooperativo y solidarista, quienes cuestionaron la enorme deuda que tiene el gobierno con la institución, la persecución que sufrieron por parte del Poder Ejecutivo, y como (en el caso de Jiménez) fue expuesta a un juicio que estuvo a cargo de la secretaria del Consejo de Gobierno, quien actualmente fue elegida como diputada del partido oficialista.

Ante esto, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio señaló que desde su perspectiva este accionar evidenciaba un irrespeto claro de la autonomía de la Caja y que sistemáticamente las contrataciones, falta de pagos y debilitamiento de la Institución estuvieron vinculadas con decisiones políticas directas desde Casa Presidencial.

Algunas notas sobre las elecciones del pasado domingo

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El lunes pasado el país amaneció, como sucede cada lunes, cada cuatro años, después de que se ha cerrado el proceso electoral, cuando se ha ejercido el derecho al sufragio para escoger al presidente, y se conoce provisionalmente, al ganador, en la primera ronda, o a los dos que pasan a la segunda ronda.

La tranquilidad nacional, porque es en todo el país, refleja la cultura cívica, la cultura democrática, el respeto al proceso electoral y su resultado. Ganadores y perdedores se diluyen y se vuelven a mezclar en el tejido social cotidiano como si nada nuevo hubiera ocurrid, sin heridos ni muertos en las calles. No hay protestas, movilizaciones a favor o en contra de los resultados, acusaciones de fraudes electorales, enfrentamientos de fanáticos seguidores o cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones. En esta elección se produjo un fenómeno en la última semana en el cual al término de los debates todos los simpatizantes de los candidatos, de esos debates, se marchaban unitariamente en desfiles hasta el centro de la ciudad, disfrutando la alegría de las elecciones, y por los que adversaban a los del gobierno, unidos por el “Fuera Chaves”, que se convirtió en un grito apasionado de todos los que así se movilizaban.

Veinte partidos con sus candidatos se presentaron a la elección. Había para todos los gustos. Se podían agrupar, con alguna dificultad en dos grandes grupos, los que se “identificaban” con el gobierno y la posibilidad de su continuismo en ejercicio de gobierno, y quienes le adversaban.

En el primer grupo un partido, Pueblo Soberano, era el centro de los focos. En el segundo, lo era Liberación Nacional. El resultado final así lo demostró. A estos partidos los siguieron en importancia electoral presidencial la Coalición Agenda Ciudadana y el Frente Amplio, ambos ubicados en el anti continuismo. El resultado final así lo demostró. En un tercer grupo forzaron la presencia de otros cuatro partidos, a mi modo de ver, con la intención de debilitar a los dos anteriores, que fueron Unidad Social Cristiana, Nueva República, Avanza y Unidos Podemos. Así también sucedió. Incluso en un momento de la campaña cuando intentaron subir a la candidata de Unidos Podemos y luego, las fuerzas que apoyaban a esos partidos la sustituyeron por el partido Avanza, que logró “impresionar” a organizadores y a las audiencias de estas actividades, como mejor opción para enfrentarlo a Liberación, Coalición Agenda Ciudadana y Frente Amplio. Los últimos debates, en los que no asistió la candidata de Pueblo Soberano pareciera que fueron organizados con la intención de ponerlos a discutir sobre quien iría de segundo a la final. No estaba en discusión quién iba a ser el ganador de la primera ronda. Por la ausencia de la candidata de Pueblo Soberano la eximía de esos debates porque la consideraban ya clasificada. Al final, toda la red electoral giró alrededor de estos ocho partidos.

Al resto de los partidos las redes que ayudan a hacer sobresalir los partidos y sus candidatos, redes sociales, casas o empresas encuestadoras, medios de comunicación en general, periodistas que entrevistan candidatos, los tomaron en cuenta solo para el registro democrático de decir que tomaron en cuenta a todos.

El mismo Tribunal Supremo de Elecciones se abstuvo de publicitar adecuadamente a todos los candidatos con sus partidos. No hubo un solo anuncio en páginas pagadas en medios de comunicación, o en páginas electrónicas, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, informándole a los electores, con la muestra de la papeleta, quienes eran los candidatos y sus partidos.

El Tribunal Supremo de Elecciones no tiene impedimento ni prohibición para hacer esto, o para haber pagado un suplemento electoral con esta información básica. No es suficiente tener esa información en la página electrónica del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ese acceso electrónico está vedado para la gran mayoría de la población por la carencia de los medios electrónicos para consultarla. No es suficiente tener teléfonos que funcionan con pagos de uso, con tarjetas de pago, de cargas bajas, para las cosas básicas de consumo de sus usuarios.

A esta falla, hay que agregar que el Tribunal Supremo de Elecciones no ha impulsado una reforma legal, y constitucional, para que todos los partidos tengan acceso al derecho del pago de la campaña, y no solo aquellos que tienen o logran la elección de un diputado o saquen un 4% de la votación, lo que les limita su plena y decente participación electoral.

Este es un lastre aún presente de la tradición del control bipartidista que se ha tenido históricamente de estos fondos. Ni siquiera por la presencia de partidos de izquierda en la Asamblea Legislativa han podido luchar por ampliar este derecho al pago de la campaña para todos los partidos. Este lastre todos los partidos que llegan a la Asamblea, consolidado su derecho, no les interesa que se lo extiendan a los demás.

El conjunto de los otros 12 partidos políticos apenas alcanzó alrededor de un 2.6% de los votantes, que reflejan democráticamente una expresión multipartidista, y diversa, de la voluntad de los ciudadanos que votaron por ellos.

La cantidad de partidos en esta elección fue menor en cinco partidos que la campaña electoral del 2022. La tensión que había en torno al “continuismo” hizo bajar el abstencionismo, de la elección de 2022, prácticamente, en un 10%, lo que puede considerarse un éxito democrático y ciudadano.

En la polarización política, que había, la cantidad de partidos favorecía al Gobierno y a su principal partido, Pueblo Soberano, porque todo el espectro opositor estaba bien dividido políticamente, y azuzaban constantemente en mantener esta división, mezclados los que estaban en el cabús del tren del gobierno y los que estaban en contra.

Desde el mismo proceso de inscripción de partidos se obstaculizó la formación de coaliciones. Miguel Ángel Rodríguez en la Unidad Social Cristiana habló de buscar esa coalición, pero condicionó que fuera sin la izquierda y sin Liberación Nacional. En Liberación Nacional se hizo algo semejante, sin la izquierda y sin la Unidad Social Cristiana. José María Figueres era partidario de una coalición. En el Frente Amplio no se estaba de acuerdo con ninguna coalición. Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana por sus bancadas de diputados no estaban dispuestos a ceder lugares en una coalición. Liberación Nacional logró salir airoso con un número diputados casi igual al que tiene ahora. La Unidad Social Cristiana casi se queda sin diputados. Solo logró elegir una diputada. Inteligentemente el Partido Acción Ciudadana promovió la Coalición, con Agenda Democrática Nacional, que recibió también el apoyo del partido de Rafael Ángel Calderón Fournier que no estaba participando como partido en la campaña. El resultado electoral se dio una diputada. El Frente Amplio logró un diputado más de los que ya tiene. Siete, resultado de una excelente labor parlamentaria que han tenido en estos cuatros años y a un buen papel de participación de su candidato presidencial, el diputado Ariel Robles.

No tenemos cultura política de coaliciones. La izquierda en el pasado las realizó con éxito, en 1978 y 1982, para la elección de diputados. Los grupos opositores a Liberación Nacional con éxito lo hicieron en 1978, cuando eligieron a Rodrigo Carazo Odio, un exliberacionista, coalición que luego se fusionó originando a la Unidad Social Cristiana en 1983.

En esta campaña que acaba de finalizar, por los resultados de votos, si hubiera habido una coalición de Liberación Nacional el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana prácticamente hubieran superado los votos de Pueblo Soberano y probablemente la composición de la Asamblea Legislativa hubiera sido diferente. Pero eso no sucedió. El partido Acción Ciudadana, indirectamente renace y la Unidad Social Cristiana casi desaparece. La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana no debe olvidar que es diputada de una Coalición. Tamaña tarea tiene.

Durante la campaña, como suele suceder, casi no se hizo propaganda por los candidatos a diputado. En esta campaña el enfoque estaba en los candidatos a presidente.

La campaña publicitaria en vallas era simplemente horrorosa, lo digo para todos los partidos. Sin mensajes claros y directos sobre las necesidades, expectativas y problemas importantes de los ciudadanos. Vacías de contenidos llamativos que provocaran darles apoyo. Algunas contra otros candidatos, que en la práctica se convertían en vallas a favor de esos otros candidatos. En los spots publicitarios por radio, con mensaje de candidatos a veces les ponían de fondo música en un tono más alto que la voz de candidato, lo cual dificultaba oír el mensaje principal. Hasta Liberación Nacional cayó en el este error siendo su candidato una persona sin audición.

En materia legislativa hubo cambios importantes. Desaparecieron el partido de Eli Feingzag y el de Fabricio Alvarado. No eligieron un diputado. Se quedaron sin los seis que tenía cada uno, siendo ambos hasta abril todavía diputados. El partido de Eli sufrió divisiones importantes y no desarrolló organización partidaria que le apoyara. Eli Feingzag y Fabricio Alvarado se subieron al tren del gobierno sin distinguirse literalmente en cada. Fabricio más que Alfonsa fue felpudo del Gobierno. A ambos el propio presidente los enfrentó duramente de manera pública. Fabricio le entregó sus listas de pastores que el presidente supo aprovechar para su propio caudal y para lograrle el apoyo de ellos a su candidata a Laura Fernández, que los supo tomar en cuenta, comprándolos, con puestos y con ofrecimiento de cargos públicos. Casi 4000 centros religiosos de estas sectas y grupos cristianos no católicas en todo el país, especialmente los de las provincias periféricas y costeras, donde se concentran más los problemas sociales, se hicieron sentir. Las giras presidenciales por esas provincias acompañado de pastores de esos grupos religiosos tuvieron su repercusión.

También desapareció parlamentariamente el partido de Luz Mary Alpízar con el cual llegó Rodrigo Chaves a la Presidencia. Sergio Mena con su programa radial de muchos años, con el buen candidato presidencial que llevaba, no caló lo suficiente porque sus programas radiales, a mi modo de ver, carecen de un enfoque político directo, y no le dan la figura política atractiva, además de que se ha hecho sumamente conservador en esos programas.

En las condiciones actuales, desde la campaña electoral del 2018, donde Fabricio Alvarado fue finalista electoral, la agenda conservadora tuvo auge. Pero, el presidente Rodrigo Chaves y sus partidos “taxis”, con los candidatos del cabús presidencial, se la robaron, porque se las puso bien servida. Así le pagaron. Tratar de pelar y ganar con esta agenda para todos esos partidos era pelear por migajas electorales, como les resultó.

Hay que reconocer que Laura Fernández se la jugó bien. Lo más importante en ella, a mi modo de ver, fue la lealtad con que se identificó con Rodrigo Chaves y su gobierno. Desde el inicio lo dijo claramente: que iba a continuar las políticas y el proyecto de gobierno que Rodrigo Chaves había iniciado. Lo mantuvo todo el tiempo, sin temor a polarizar en contra de ella como ocurrió. En la misma campaña dijo que de ganar lo nombraría ministro de la Presidencia. Así lo ha anunciado después de su triunfo. Atizó más contra ella en la idea del continuismo, lo que no le obstaculizó su resultado.

Rodrigo Chaves, nos guste o no, tiene un bien ganado reconocimiento popular como presidente y como persona. Quienes le siguen fanáticamente, quienes le apoyan en las encuestas, se identifican con sus mensajes de que él ha querido gobernar para esos ciudadanos, para el pueblo, o para el populacho, culto o inculto, de sectores de las clases altas, empresariales, de los barrios ricos, como de los barrios pobres y las barriadas de la pobreza extrema.

Rodrigo Chaves se ha convertido en el representante de los nuevos sectores neo oligárquicos, neo burgueses, neo empresariales de distintos tipos, pro imperialistas, conservadores, neoliberales, que están en todos los altos estratos de la sociedad, pero también de algunos importantes sectores de las clases medias nacionales.

En lo personal muchos se identifican con él por su lenguaje, por sus pachucadas, por su verbalismo popular, por su lenguaje violento que lo hace el líder de la manada de la nación de borregos que le siguen. Incluso mujeres, no pocas, se identifican con él probablemente por el Síndrome de Estocolmo que seguramente sufren y viven con sus parejas, familias o machos alfas con los que conviven.

La idea del soberano, del pueblo con poder, del pueblo al que hay que darle y devolverle el poder, ha envalentonado a esa parte de la población que Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, que Laura Fernández también agitó en la campaña, de que con ella se ha devuelto el poder político al pueblo.

Cuando Rodrigo Chaves violentamente atacó a todos los Presidentes de la República diciendo que habían gobernado como tiranos y dictadores, al servicio de pequeños grupos de empresarios y oligarcas en contra del todo el pueblo, lanzó justamente ese límite de separación, donde él, y ahora Laura Fernández, no responden a esos grupos tradicionales del poder, porque ellos responden y representan otros grupos empresariales y oligárquicos.

Lo que se ha manifestado política y gubernativamente en estos últimos cuatro años, que continuará, es una dura pugna de estos grupos económicos, financieros y políticos, que con sus políticas populistas y neoliberales están encendiendo una mecha muy peligrosa.

La idea de impulsar la Tercera República, el período histórico que hemos vivido desde 1948 hasta ahora, es justamente ese desencuentro y ruptura con el pasado histórico, surgido en 1948, sin que Rodrigo Chaves ni Laura Fernández, entiendan lo que es esa Segunda República así declarada en 1948.

La Tercera República no es un tema solo de agitación y de decir hacia allá vamos. Es un tema y un concepto político institucional más serio.

Como la anuncia Laura Fernández, por ahora más parece un canto a La Luna, con agua en las manos, que puede terminar en una República de Tercera. ¡Cuidado!

¿Se puede hacer un bloque democrático?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El resultado electoral dejó algunas cosas buenas a resaltar:

El anti-chavismo, los partidos opuestos a la continuidad, ganaron en el Gran Área Metropolitana (GAM), la región más urbanizada y que concentra a la gran mayoría de la clase media. En otras palabras, las políticas de Chaves y su gobierno fueron derrotadas en el centro del país, donde se ubica la mayoría de la población. Esto además de ser muy significativo, señala el rechazo a esa forma de gobernar despótica y vulgar del gobierno de Chaves.

Desde las bases mismas de la población, se constituyó una comunidad de lucha de los partidos Liberación Nacional, Acuerdo Ciudadano y Frente Amplio, que produjo la movilización de la población y el resurgimiento, fundamentalmente, del PLN. Desde abajo, desde los votantes, se logró aglutinar un bloque que ganó las calles al oficialísimo y forjó la imagen de que era posible revertir un resultado que parecía conducir inmediatamente al autoritarismo del chavismo. Fue el pueblo el que en los últimos días se movilizó y empoderó a muchos sectores sociales. A esta movilización debemos que en la GAM se haya impuesto el anti-chavismo.

Liberación Nacional se salvó del nocaut en las últimas dos semanas. Alvaro Ramos pasó de estar casi en la lona, de un 8% a un 33,5% debido a que sus bases, aunque no sus dirigentes, lograron sintonizar en las calles en defensa de los valores democráticos con los otros partidos. Ramos al final obtuvo más votos que Figueres en la primera vuelta de las elecciones pasadas; 825.000 votos es una cifra que probablemente no la obtenían hace bastante tiempo. El llamado voto útil hizo que mucha gente de la izquierda votara al final por Ramos y no por Ariel.

Sin lugar a dudas, el partido con mayor claridad política, que aportó los mejores argumentos en los debates, que desenmascaró claramente al chavismo fue el Frente Amplio. Se lanzó a las calles y con ello obligó a los otros a incorporarse, y de esa manera desplazar al chavismo de las principales ciudades. El trabajo de Ariel Robles fue sobresaliente y su madurez política, a pesar de su juventud, fue sumamente destacada en los debates y el que permitió que las fuerzas democráticas y el FRENTE AMPLIO hayan salido de las elecciones básicamente con la misma correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y la GAM, que antes del proceso electoral.

Claudia Dobles habló el domingo por la noche de conformar hacia futuro un Bloque Democrático. Así lo llamó ella. Me parece muy pertinente. Ese bloque democrático, ya surgió en las bases; nació de la necesidad de enfrentar a un enemigo poderoso, desalmado, muy bien financiado, con ligámenes turbios y dudosos, que es un serio y grave peligro para el país.

El partido Liberación Nacional debería sacar las lecciones de este proceso electoral, darse cuenta de que aquellos que se alinean con el chavismo terminan destruidos y que los contubernios a cambio de granjerías son rechazados por el pueblo. Si como dijo Ramos, estamos ante un nuevo Liberación Nacional, renovado, sin los perniciosos personajes del pasado y no corrupto, deberían complementarlo con un programa político popular y más cerca de la socialdemocracia que del neoliberalismo. Para defender Costa Rica, como decía el lema de campaña de Liberación, sus diputados deberán tener la fuerza necesaria para no sucumbir a los halagos y prebendas del chavismo.

Fundamental también concluir que existe la fuerza, el potencial y la energía suficiente en las bases del centro del país para enfrentar las arremetidas del chavismo ahora más agresivo y empoderado. Las movilizaciones sociales, son en última instancia, el complemento y el sustento de la política.

Volver a fallarle al pueblo será el asesinato político de nuestro régimen de libertades públicas y democráticas.

Que el chavismo haga su política y que las fuerzas democráticas hagan la suya. Si hay coincidencias bienvenidas, pero nunca contra las libertades, los derechos de los trabajadores, el Estado de Derecho y de Bienestar.

Sobre la Costa Rica de las costas y la frontera. Habrá que analizar aparte y hacer frente a ese reto. O el estado de bienestar las rescata o serán definitivamente ganadas por el conservadurismo más obtuso financiado por capitales de dudosa procedencia.

Costa Rica después de las elecciones: entre la fractura social y la disputa constituyente

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rodrigo Campos Hernández, MSc.

Más allá de las reacciones inmediatas —celebración de unos, frustración de otros—, los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Costa Rica no deberían leerse únicamente en clave ideológica, sino como expresión de una transformación estructural mucho más profunda.

Los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones muestran un patrón difícil de ignorar: la candidata oficialista ganó en 63 de los 84 cantones del país y se impuso de forma contundente en los 20 cantones con menor índice de desarrollo humano, especialmente en zonas rurales, costeras y fronterizas. En varios de estos territorios superó incluso el 60% y 70% de los votos. En contraste, los cantones con mayor desarrollo humano —Escazú, Santa Ana, Montes de Oca, Belén, Heredia— concentraron mayoritariamente su voto en el PLN.

Esto permite formular una hipótesis incómoda pero necesaria: Costa Rica ya no se divide políticamente por ideologías, sino socialmente por condiciones materiales de existencia. Hoy coexisten dos países en uno solo: una Costa Rica integrada, urbana y de alto desarrollo humano, y otra periférica, excluida y de bajo desarrollo humano. La elección no expresa tanto proyectos políticos distintos como una fractura estructural del país.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se inscribe en un contexto regional donde los proyectos progresistas atraviesan un claro reflujo: Chile, Perú y Honduras ilustran una tendencia latinoamericana de fatiga con los discursos tradicionales de izquierda, mientras avanzan opciones conservadoras, pragmáticas o abiertamente anti-élite. Lo que vemos en Costa Rica forma parte de ese reacomodo geopolítico.

En este escenario han surgido propuestas bien intencionadas que plantean la necesidad de procesos de “educación popular” en los territorios donde ganó el oficialismo, con el fin de promover pensamiento crítico y diálogo. Sin embargo, cabe preguntarse con realismo: ¿con qué recursos, con qué actores, con qué tiempo histórico? Y sobre todo, ¿es eso lo que esos sectores demandan prioritariamente? Tras décadas de abandono estatal, lo que muchas comunidades reclaman no es conciencia política, sino salud, empleo, infraestructura, seguridad, recreación y presencia real del Estado.

Además, en buena parte de esos territorios, quienes han ocupado el vacío dejado por el Estado no han sido los partidos ni los movimientos sociales, sino las iglesias evangélicas, que ofrecieron comunidad, sentido y reconocimiento simbólico. Cualquier proyecto centrado en derechos humanos, pluralismo o enfoques progresistas choca directamente con matrices culturales ya consolidadas. En ese contexto, ciertas propuestas parecen responder más a una necesidad de expiación moral de sectores ilustrados que a una estrategia política viable.

A esto se suma un elemento decisivo: el discurso de la “Tercera República”. Más que una realidad institucional, se trata hoy de un significante político. Una refundación del Estado solo sería posible mediante una Asamblea Constituyente, que requiere una mayoría calificada de 38 votos en el Parlamento. El oficialismo cuenta con 31 diputados: puede gobernar, pero no puede por sí solo reescribir las reglas del juego. La llave de ese proceso la tiene, en buena medida, el PLN, que se convierte así en fuerza bisagra del poder constituyente.

De este modo, la verdadera disputa política en Costa Rica ya no es únicamente electoral, sino constitucional. No se trata solo de quién gobierna, sino de quién tiene la capacidad de redefinir el orden institucional en un país socialmente fragmentado, territorialmente desigual y con una creciente crisis de representación.

Tres escenarios se abren en el horizonte: una continuidad inercial sin cambios estructurales; un desencanto social profundo si las promesas no se cumplen, con riesgo de estallidos territoriales; o una reconfiguración política de mayor calado, donde colapse definitivamente el eje tradicional izquierda/derecha y emerjan nuevas formas de articulación del poder.

En cualquiera de los casos, la llamada “Tercera República” no es todavía una realidad jurídica, sino un campo de lucha simbólica y estratégica. Su desenlace dependerá menos del discurso y más de las negociaciones entre élites políticas, en un país que ya no discute solo modelos ideológicos, sino las bases materiales, territoriales y culturales de su propia democracia.