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Consejo Universitario solicita suspender licitación de uso y explotación del espectro radioeléctrico

La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas en la materia. (Foto: Cortesía Semanario Universidad)

María del Mar Izaguirre Cedeño, Periodista

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica acordó, en la sesión de este martes 18 de noviembre, instar al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a suspender de forma precautoria la licitación para el uso y explotación del espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión y a la televisión abierta.

El Órgano Colegiado fundamenta su petición en la “amenaza a la democracia sustantiva” y el potencial riesgo a la libertad de prensa y la diversidad cultural que representan los requisitos que contiene la Licitación Mayor n.° 2025LY-000003-SUTEL. De acuerdo con lo analizado los requisitos son desproporcionados y podría conducir a un “cierre técnico” de medios existentes, ya que se promovería la concentración de medios en pocas manos y se facilitaría el uso de dineros ilícitos en el proceso.

El acuerdo unánime del Consejo Universitario surge tras analizar las preocupaciones expresadas por múltiples sectores, nacionales e internacionales, respecto a los efectos adversos que tendría la subasta de frecuencias.

Según el Órgano Colegiado, el proceso licitatorio actual podría contravenir el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente la cláusula que prohíbe restringir la libertad de expresión por vías indirectas, como el abuso del control de frecuencias radioeléctricas.

Adicionalmente, el Consejo Universitario alerta que la reasignación de frecuencias podría entrar en contradicción con el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, tal como lo establecen tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

En virtud de estas preocupaciones, el plenario acordó, además, designar a los siguientes miembros para que hagan la entrega formal del acuerdo a las autoridades correspondientes: Lic. William Méndez Garita, Dra. Ilka Treminio Sánchez, M. Sc. Esperanza Tasies Castro, Sr. Fernán Orlich Rojas y Srta. Isela Chacón Navarro.

¿Paz u ocupación? La resolución 2803 y el colapso moral de la ONU

Por Juan Carlos Cruz-Barrientos
Comunicador social

La resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU no es un plan de paz: es un plan de ocupación con traje diplomático. Redactado en Washington, aprobado en Nueva York y ejecutado en Gaza, este proyecto no busca la justicia ni la autodeterminación palestina. Busca administrar el genocidio, desarmar la resistencia, consolidar la ocupación bajo logos internacionales y desmovilizar la solidaridad internacional.

Diplomacia o complicidad

Lo que se presenta como “alto el fuego” es, en palabras de Francesca Albanese, una mentira. Mientras las élites internacionales sonríen en Nueva York, los palestinos siguen muriendo bajo fuego israelí. ¿De verdad llaman a esto paz?

La “Junta de Paz” propuesta en el plan, dirigida por Estados Unidos, y la fuerza internacional que la acompaña, tienen un mandato claro: desarmar a la resistencia palestina. Es decir, desarmar al pueblo ocupado para que la ocupación pueda consolidarse sin obstáculos.

Lo que denuncia la Resistencia Palestina

Las organizaciones de la resistencia —Hamás, Yihad Islámica, Al-Muyahidín y otras— han sido claras: el plan separa Gaza de Cisjordania, fragmentando el proyecto nacional palestino; impone una tutela internacional sin consentimiento popular, violando principios básicos del derecho internacional; convierte a la fuerza internacional en brazo operativo de la ocupación, con funciones de vigilancia y represión y pretende desarmar a quienes tienen el derecho legítimo a resistir, reconocido por convenciones internacionales.

La hipocresía occidental en su máxima expresión

Alemania acaba de levantar las restricciones para vender armas a Israel. ¿La excusa? “El alto el fuego está estable”. Pero Albanese insiste: el genocidio no ha terminado. Y mientras tanto, líderes israelíes siguen siendo recibidos con honores en foros internacionales. Como si miles de niños asesinados fueran daño colateral diplomático.

La autoridad moral de la ONU está en coma. El plan no menciona: el fin del apartheid, el desmantelamiento de los asentamientos ilegales ni la autodeterminación palestina.

No exige justicia, no exige responsabilidades, no exige nada que incomode al ocupante. Es el apartheid versionado como “paz”.

Europa: escolta moral, negocios primero

La Unión Europea acompaña el discurso humanitario, pero no rompe lazos comerciales ni diplomáticos. Albanese lo dijo: si los estados no rompen lazos con Israel, están alimentando serpientes en su propio pecho. Y vaya si las están alimentando.

Lo que queda: la presión desde abajo

Lo único que ha movido algo estos meses ha sido la gente en la calle: los sindicatos, los colectivos, los juristas y las universidades.

El boicot. La solidaridad activa. La presión desde abajo. Eso que Albanese señala como la última línea de defensa de un orden internacional que se derrumba.

Esto no va solo de Palestina

Va de decidir si aceptamos un mundo donde la ocupación se llama paz, la resistencia se llama terrorismo y el genocidio se administra con logos de Naciones Unidas. En palabras de Francesca Albanese, la pastilla roja ya fue tomada. No hay vuelta atrás.

Fuentes:

La Base 6×44 | La ONU adopta la «paz de Trump»

https://www.eldiario.es/internacional/francesca-albanese-llaman-alto-fuego-palestinos-siguen-muriendo-fuego-israeli_128_12763502.html

Semillas y Saberes: seguridad y soberanía alimentaria ante elecciones 2026 – este jueves 20

Este jueves 20 de noviembre a las 11:00 a.m., la emisora 870 UCR transmitirá en vivo una nueva edición del espacio Semillas y Saberes, dedicado en esta ocasión a ofrecer un recuento actualizado sobre la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional en Costa Rica, un tema clave en el contexto electoral de 2026.

La conversación buscará plantear qué deberían conocer las personas candidatas a la Presidencia de la República y sus partidos, y qué compromisos deberían asumir en sus planes de gobierno para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, suficiente y saludable para toda la población.

El programa contará con la participación de dos especialistas ampliamente reconocidas en este campo:

  • Marianela Zúñiga Escobar, coordinadora de la CISAN-UCR e integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, quien aportará un análisis técnico sobre los desafíos estructurales, brechas territoriales, situación de los sistemas alimentarios y aspectos críticos sobre soberanía alimentaria.
  • Karen Chacón Araya, investigadora del Programa Estado de la Nación, quien presentará hallazgos recientes sobre desempeño nacional en seguridad alimentaria, vulnerabilidades socioeconómicas y los factores que deben ser atendidos con urgencia desde la política pública de cara a un año electoral.
  • La conducción estará a cargo de Marcela Dumani Echandi.

La transmisión será por:

  • Facebook Live
  • YouTube Live
  • Señal 870 AM
  • radios.ucr.ac.cr

El programa está dirigido al público general, especialmente a quienes buscan información rigurosa y actualizada para orientar el debate público y la toma de decisiones en el proceso electoral de 2026.

Organizaciones sindicales convocan a manifestación este 26 de noviembre

APSE, ANDE, Magisterio en Acción y otras organizaciones del sector educación y del movimiento sindical costarricense convocan a una manifestación nacional este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 9:00 a.m., con salida desde el Parque de la Merced y rumbo al Ministerio de Hacienda. (Ver al final la actualización al jueves 20 de noviembre de la organizaciones que convocan).

La convocatoria se realiza en un contexto marcado por el deterioro salarial, el congelamiento de pensiones del régimen transitorio de reparto, la ausencia de diálogo social y el incumplimiento de compromisos históricos de financiamiento para la educación pública.


Ejes de lucha:

Las organizaciones convocantes destacan cuatro demandas centrales:

✔️ 1. Convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora de Salarios del sector público

Exigen restablecer el espacio formal de diálogo para definir ajustes salariales, suspendido por el Gobierno.

✔️ 2. Incremento salarial justo y digno

Señalan que el poder adquisitivo del salario público se ha deteriorado durante varios años consecutivos, afectando las condiciones económicas de miles de familias trabajadoras.

✔️ 3. Cumplimiento del 8% del PIB para la educación pública

Recuerdan que es un mandato legal y constitucional garantizar este financiamiento, cuya ejecución plena es fundamental para la calidad y equidad del sistema educativo.

✔️ 4. Convocatoria y aprobación del proyecto de ley 24.353

Esta iniciativa permitiría descongelar las pensiones del régimen transitorio de reparto (RTR, Ley 2248 y Ley 7268), que llevan cinco años sin ajustes por costo de vida.


🗓 Detalles de la manifestación

📅 Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2025
Hora: 9:00 a.m.
📍 Punto de partida: Parque de la Merced
📍 Destino: Ministerio de Hacienda

La acción colectiva busca defender derechos laborales, fortalecer la institucionalidad educativa y exigir condiciones dignas para el personal del sector público.

Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Candidaturas legislativas firmaron el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026

Comunicado

*Cientos de personas disfrutaron del concierto “¡Qué lindo vivir en demoCRacia!” con artistas reconocidos en primer evento regional del Pacto.

*Eventos para sumarse y firmar los compromisos del Pacto Ético Interpartidario se estarán realizando en las 7 provincias del país.

Noviembre, San José. Este sábado 15 de noviembre, en el Parque La Libertad en Desamparados, se dio el primer evento regional para presentar a la ciudadanía el Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026 y para convocar a personas candidatas a la Asamblea Legislativa a firmarlo a título individual.

Este es el primero de siete eventos regionales que impulsa la asociación cívica Costa Rica Íntegra junto a los y las jóvenes de 19 partidos políticos que redactaron el Pacto. Se trata de un documento con 25 compromisos éticos para la campaña electoral, mismo que ya fue firmado por personas candidatas a la Presidencia de la República y líderes de 20 partidos políticos.

“Estamos ya en la Ruta del Pacto que lleva nuestro proceso electoral a las 7 provincias y a todo el territorio nacional. Jóvenes de diferentes agrupaciones políticas están convocando a los partidos a asumir estos compromisos y aspiraciones, como también a organizaciones de la sociedad civil y votantes en general, a informarse y estar atentos para que dichos compromisos se cumplan” señaló Juany Guzmán, presidenta Costa Rica Íntegra.

En esta ocasión, con una asistencia de 150 personas entre sociedad civil y personas candidatas a diputaciones por la provincia de San José, firmaron el Pacto el siguiente número de personas candidatas:

Agrupación Política

Personas candidatas

Partido Alianza Costa Rica Primero

2

Partido Centro Democrático y Social

2

Partido Esperanza Nacional

4

Partido Frente Amplio

1

Partido Progreso Social Democrático

9

Partido Pueblo Soberano

6

Partido Unidad Social Cristiana

3

Partido Unidos Podemos

6

Partido Unión Costarricense Democrática

5

En el marco de la actividad también se realizó un concierto como parte de la campaña ¡Qué lindo vivir en demoCRacia! que reunió a lo largo de la jornada a cientos de personas, quienes disfrutaron y celebraron la convivencia, la paz, la diversidad y los valores democráticos con reconocidos artistas nacionales como Malpaís, Sonidero Barrio Fátima, Ojo de Buey, Tamela Hedström y Edín Solís.

“Para nosotros en Malpaís fue un enorme gusto participar en este concierto. La música, como la democracia, nace del diálogo: del equilibrio entre la voz individual y la escucha del otro. En este concierto pudimos celebrar esa misma armonía: la de un país que elige escucharse, respetarse y construir juntos.”, señaló David Coto, integrante del grupo Malpaís.

Además de las presentaciones musicales, se presentaron distintos videos sobre temas relacionados con la democracia y el llamado al voto, incluyendo videos de los jóvenes embajadores del Pacto, de la organización +Costa Rica, y de la campaña “Voto por mí” de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

“Fue muy conmovedor ver tantas familias disfrutando de una tarde de música y reflexionando sobre nuestros valores democráticos, sobre la importancia de salir a votar, y sobre lo lindo que es vivir en Costa Rica y vivir en democracia,” comentó Mauricio Artiñano, coordinador de la iniciativa del Pacto Ético Interpartidario.

Estos eventos buscan informar a las comunidades de la importancia del Pacto para impulsar una campaña electoral que cumpla con altos estándares de integridad, respeto y transparencia.

El documento está abierto para ser firmado tanto por quienes se postulan a una diputación en las distintas provincias, como para las personas candidatas a la presidencia o líderes de partidos que todavía no se han sumado.

Los próximos eventos se realizarán en las siguientes fechas: Limón el 22 de noviembre, Guanacaste el 29 de noviembre, Heredia el 04 de diciembre, Alajuela el 06 diciembre, Cartago el 11 diciembre y Puntarenas el 13 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de las Embajadas de Suiza, Canadá, Países Bajos, Luxemburgo, el Reino Unido y la Unión Europea en Costa Rica, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Fundación Friedrich Ebert, y el Fondo Ryoichi Sasakawa para Líderes Jóvenes (Sylff) de Japón.

La Resistencia Palestina rechaza de forma contundente el plan de “paz” de Donald Trump

La Resistencia Palestina rechaza de forma contundente el plan de “paz” de Donald Trump aprobado por el Consejo de Seguridad, considerándolo una imposición que favorece la ocupación israelí y desarma a la resistencia.

Postura de Hamás y otras facciones de la Resistencia

Las principales organizaciones de la resistencia palestina —incluyendo Hamás, Yihad Islámica y Al-Muyahidin— han expresado su rechazo frontal a la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respalda el plan de Trump para Gaza:

Hamás denuncia que el plan impone una tutela internacional sobre Gaza, despoja a la resistencia de su función defensiva y favorece los intereses de Israel. Considera que la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) propuesta en el plan no es neutral, sino parte activa del conflicto, al tener como mandato el desarme de los grupos armados palestinos.

Afirma que el armamento de la resistencia está vinculado a la presencia de la ocupación, y que cualquier proceso de desarme solo sería legítimo dentro de un acuerdo político que garantice la autodeterminación y el fin de la ocupación.

Critica que el plan separa Gaza del resto de los territorios palestinos, introduciendo una nueva arquitectura política sin conexión con los principios nacionales.

Rechaza que la ayuda humanitaria esté condicionada por mecanismos políticos o chantajes, y advierte que la misión internacional podría convertirse en una herramienta de presión.

Argumentos jurídicos y políticos

Las facciones de la Resistencia sostienen que el plan viola principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, al imponer una autoridad administrativa extranjera sin consentimiento popular. Reivindican el derecho a la resistencia armada como legítimo y reconocido por convenciones internacionales.

Denuncian que el plan busca legitimar objetivos que Israel no logró por la fuerza, como el desarme total y la desradicalización de Gaza.

Contraste con la Autoridad Palestina (AP)

Mientras la Resistencia rechaza el plan, la Autoridad Palestina lo respalda, considerándolo un paso hacia la retirada israelí y la creación de un Estado palestino.

Esta diferencia refleja una fractura interna en el campo político palestino entre quienes apuestan por la vía diplomática y quienes sostienen la lucha armada como forma de resistencia.

Redactado por Juan Carlos Cruz a partir de cables de agencias de prensa.

Encuentro internacional de juristas concluye con llamado a defender el derecho internacional y la paz en el Caribe

SURCOS – Más de cien juristas provenientes de 35 países se reunieron en Caracas los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, un espacio convocado para analizar la creciente escalada militar en el Caribe y las amenazas a la soberanía de los pueblos de América Latina.

El programa de trabajo incluyó conferencias magistrales, actos culturales, paneles internacionales y sesiones plenarias, con la participación de figuras del ámbito jurídico, académico y diplomático. La agenda se centró en el estudio de la legalidad internacional, las operaciones militares unilaterales en la región, la defensa de la soberanía y la necesidad del multilateralismo para preservar la paz.

Al cierre de la actividad, las personas participantes aprobaron la siguiente Declaración Internacional, cuyo texto íntegro se presenta a continuación.


Declaración Internacional – Conclusiones del Encuentro

(Transcripción textual del documento oficial)

Las y los más de cien juristas reunidos en Caracas, los días 13 y 14 de noviembre del 2025, pertenecientes a 35 países del mundo, luego de un fructífero debate e intercambio, expresamos la siguientes conclusiones y propuestas:

  1. Condenar de manera categórica toda forma de injerencia, coerción, medidas coercitivas unilaterales o agresión que vulnere la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

  2. Exigir el respeto irrestricto del Derecho Internacional, los tratados bilaterales y multilaterales, y las Cartas de Naciones Unidas como única vía para la resolución pacífica de las controversias.

  3. Convocar a la comunidad de juristas de nuestros países y de todos los que integran las Naciones Unidas a vigilar y denunciar ante las instancias correspondientes las violaciones al Derecho Internacional que pongan en peligro la estabilidad del Caribe y del mundo.

  4. Expresar la debida preocupación y rechazo frente a las recientes ejecuciones extrajudiciales fuera de todo ámbito de derechos que han ocurrido en el mar Caribe por acción unilateral de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, que resultan, en todo sentido y en todas sus partes, violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.

  5. Exhortar al Gobierno de los Estados Unidos a cesar sus operaciones militares en el mar Caribe y las amenazas contra la región de América Latina.

  6. Conformar una liga amplia de juristas en defensa del Derecho Internacional, con la finalidad de evaluar los medios necesarios para presentar formalmente una denuncia ante instancias internacionales competentes por la amenaza de los Estados Unidos de América en el Caribe.

  7. Reactivar con fuerza el multilateralismo regional por las graves amenazas en el Caribe por parte de los Estados Unidos, así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que cumpla con la proclama de enero de 2014, en la que se declara la región como zona de paz.

  8. Exigir a los gobiernos del mundo asumir una posición clara y de condena ante la violación del Derecho Internacional y la escalada de violencia imperial contra la República Bolivariana de Venezuela y la región.

  9. Organizar actividades de sensibilización y debates públicos sobre las graves amenazas que se ciernen en el Caribe.

  10. Ratificar ante el mundo que la paz duradera solo puede construirse sobre cimientos de justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.

14 de noviembre de 2025, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

Defendamos la CCSS del saqueo y la corrupción institucional

9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción

Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.

Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:

• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.

• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.

• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)

• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.

• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.

La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.

Desde UNDECA ratificamos con firmeza:

La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.

Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.

¡No a la corrupción!
¡No al saqueo!
Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales.
UNDECA

UNDECA: ¡Autonomía no es impunidad!

UNDECA lamenta y expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión unánime adoptada por la Junta Directiva de la CCSS, de impugnar la orden N.º DFOE-BIS-ORD-00003-2025 de la Contraloría General de la República, que justamente exige medidas urgentes para detener el millonario desastre provocado por la salida forzada del sistema ERP-SAP.

Mientras la CGR actúa en defensa del interés público, la Junta Directiva, en un insólito acuerdo político, decide recurrir la orden del ente contralor y hasta solicitar medidas cautelares para suspender sus efectos.

Desde nuestra perspectiva esta acción representa un intento de blindar a la presidenta ejecutiva, como patrocinadora y al director del proyecto, responsables del caos del ERP, antes que asumir con transparencia las graves consecuencias del proyecto: cirugías suspendidas, desabastecimiento de medicamentos, pagos atrasados a proveedores, pérdida de control sobre activos públicos y riesgo para la salud y la vida de las personas.

El acuerdo aprobado -invocando la “autonomía”- distorsiona ese principio constitucional, pues la autonomía no justifica el abuso, la negligencia manifiesta, ni mucho menos, la evasión de la responsabilidad administrativa.

La Contraloría cumplió con su deber constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de advertir que el ERP-SAP fue un fracaso operativo, logístico y financiero que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

La defensa de la autonomía no puede ser el escudo de quienes, ignorando advertencias técnicas, impusieron una “salida en vivo” que hundió los sistemas logísticos, financieros y de los centros de salud de toda la institución.

La Caja no es un botín político y la autonomía se defiende con honor y transparencia, no con impunidad.

¡UNDECA firme y vigilante!