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Interponen más acciones legales y presentan objeciones contra el Plan Regulador Costero de Talamanca

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Comunidad organizada, ecologistas y habitantes de la zona defienden su hogar y el patrimonio de los costarricenses de quienes quieren robarles sus derechos

  • Movimiento Cahuita Unida cuestiona que el INVU sea “juez y parte” y vecinos del cantón de Cahuita exigen con amparo verdadera participación comunitaria.

  • Recursos y acciones legales contra el PRC se acumulan en la Sala Constitucional, el MINAE, y la Municipalidad de Talamanca.

  • El lunes 28 de agosto venció el plazo para la presentación de objeciones y observaciones por parte de la sociedad civil al PRC.

Cahuita, 30 de agosto del 2023. Movimiento Cahuita Unida, Bloqueverde y COVIRENAS Caribe Sur. Durante el mes anterior, la Municipalidad de Talamanca presentó la propuesta de Plan Regulador Costero (PRC) la cual fue elaborada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). El PRC fue presentado a la comunidad mediante reuniones informativas con las comunidades y a través de información que circuló en la página web de la Municipalidad. El 4 de agosto del año en curso, inmediatamente después de este apurado proceso de socialización, la Municipalidad celebró la Audiencia Pública durante la cual se evidenció una amplia y diversa oposición desde las comunidades locales que critican la falta de participación, el dificil acceso a la informaión, y graves violaciones a las leyes ambientales y a los derechos ancestrales de los pueblos tribales e originarios de la zona, entre otros.

El PRC en discusión plantea la zonificación y el ordenamiento de la franja de doscientos metros de ancho, medidos horizontalmente a partir de la línea de la marea alta ordinaria de todo lo largo del litoral, franja mejor conocida como la zona marítimo terrestre (ZMT). Resulta importante recordar que la ZMT se compone de dos secciones: la zona pública (la primera faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, manglares y esteros); y la zona restringida (la franja de los ciento cincuenta metros restantes y los demás terrenos en caso de islas). La zona pública no puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso, y nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella ya que estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas. En la zona restringida las Municipalidades, en coordinación con el ICT, se encuentran autorizadas para otorgar concesiones para el uso y disfrute de áreas determinadas en la zona restringida, por el plazo y bajo las condiciones que la Ley de Zona Marítimo Terrestre número 6043 indique.

Dicha Ley, publicada en su versión original en el año 1977, establece en sus artículos 15, 25, 31, 37, 38, y 51, que la elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial para esta zona especial, deberán realizarse mediante un trabajo coordinado y dirigido por la Municipalidad respectiva y fiscalizado y aprobado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Silvia Matamoros, consultora legal en temas marino-costeros explica que:

en virtud de que las comunidades que habitan las costas del Caribe Sur todavía no cuentan con la declaratoria de zona urbano-litoral, lo que corresponde a la hora de elaborar el PRC para el distrito de Cahuita es aplicar lo establecido en la Ley número 6043. Esta Ley y su reglamento son complementadas por las disposiciones establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Manual para la elaboración de Planes Reguladores Costeros aprobado por la Junta Directiva del INVU y el ICT, instrumentos de política pública que deben ser observados y acatados por el Gobierno Local correspondiente a lo largo del proceso.

Preocupados por la injerencia del INVU en el proceso de elaboración de la propuesta del PRC, el Movimiento Cahuita Unida (MCU) cuestionó la constitucionalidad de los artículos 9 inciso 1 y 17 inciso 2; y el transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Estos artículos son los que autorizan a la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que puedan elaborar la propuesta del Plan Regulador. El argumento principal para impugnar estas normas es que la autoridad designada por ley para aprobar el plan es la misma que lo elabora. Se cuestiona que al ser “juez y parte” del proceso de elaboración de los Planes Reguladores existe un alto riesgo de que la institución pierda objetividad al aprobar una propuesta elaborada por el mismo ente público.

Adicionalmente, 40 vecinos de la comunidad de Cahuita presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional denunciando irregularidades dentro del proceso participativo. Afirman que la información se compartió con poco tiempo considerando lo complejo que fue accesarla y estudiarla debido a lo extensa y técnica que es. Además, según denuncia Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida,

sigue existiendo incertidumbre sobre lo que sucederá con las construcciones existentes; la Municipalidad de Talamanca no brinda respuesta a solicitudes de información y peticiones específicas; y la Comisión Local de Planificación y Ordenamiento Territorial realizó una consulta inadecuada, que incumple normativas ambientales y pone en riesgo los derechos de los habitantes de las costas.

Estos dos nuevos recursos se suman a cuatro otros que han presentado distintos actores comunitarios y sectores opuestos al PRC ante la Sala Constitucional sobre temas como la afectación de humedales (23-014549-0007-CO), los mapas del Territorio Indígena de Kéköldi (23-016184-0007-CO), Solicitud de información y suspensión de audiencia (23-016185-0007-CO), No consulta al territorio indígena Kéköldi – Cocles (23-016445-0007-CO). Estas acciones fueron complementadas con un recurso de nulidad ante la Comisión Plenaria de la SETENA por los errores graves en los IFAs que sustentan la viabilidad ambiental (EAE-0002-2020-SETENA), el cual fue rechazado el día de hoy y por lo tanto se espera que se presente la apelación correspondiente en los próximos días con el fin de agotar la vía administrativa. Por último, pero no menos importante, la Municipalidad de Talamanca se ha visto inundada por recursos de nulidad y de apelación relacionados al fondo de la propuesta del PRC y a irregularidades presenciadas por la comunidad durante la celebración de la Audiencia Pública.

A las acciones legales mencionadas hasta el momento, se suman las objeciones y observaciones que se presentaron a la propuesta de PRC, las cuales se podían presentar hasta este lunes 28 de agosto. Dentro de las principales preocupaciones que han expresado los distintos grupos comunales como los COVIRENAS del Caribe Sur se señalan (i) el desconocimiento de información técnica que busca garantizar la adecuada protección de los ecosistemas de humedal; (ii) que se planifica un área sin conocer los límites reales que tendrá el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo por encontrarse estos en proceso de oficialización a causa de una acción de inconstitucionalidad resuelta en el 2019 ni los límites definitivos del Territorio Indígena Kekoldi-Cocles los cuales se encuentran en proceso de devolución a este pueblo originario; (iii) que se impulsa un desarrollo turístico que viene a ejercer presión sobre los mantos acuíferos y el recurso hídrico a pesar de que las instituciones competentes en la materia han afirmado que existe escasez; (iv) el nulo reconocimiento de la crisis climática y sus impactos principalmente sobre la erosión de las costas del Caribe sur; (v) la débil participación de la sociedad civil y la no-consulta del territorio Kekoldi-Cocles; y (vi) el notorio tráfico de influencias que ha impactado el proceso, entre muchas otras cosas.

Ciclo de cine: Territorios, resistencias y alternativas

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SURCOS comparte la siguiente invitación:

Gracias al trabajo de nuestras compas de @lasandiadigitalmx tendremos la oportunidad de proyectar estos increíbles documentales

¡Acercate al Frente Ecologista Universitario!

Buscamos fomentar un espacio para motivar a la acción frente a los conflictos socioambientales que estamos viviendo tanto en la región latinoamericana como en Costa Rica. A través de estos documentales se posicionan narrativas de defensa de la tierra, los territorios, el agua y las comunidades que día con día luchan frente a los gobiernos neoliberales, frente a las multinacionales, poniendo el cuerpo ante la destrucción ambiental que comenzó hace más de 500 años.

Lugar: Frente Ecologista Universitario (Local negro con mural de animales en el Edificio Saprissa cruzando la calle frente al Girasol de Generales, UCR, San Pedro).

 

Compartido con SURCOS por Nayla Carvajal Sancho.

UCR: País registra un ligero descenso en la pobreza pese a que la inactividad laboral sigue alta

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Según el IICE y el INEC, las brechas salariales y de participación laboral por género aumentaron en los últimos meses. Esto quiere decir que las mujeres ganan aún menos dinero que los hombres por trabajos similares y que estos últimos también registran más horas por trabajo remunerado que las mujeres. (Foto con fines ilustrativos).

Los salarios reales tuvieron una leve mejora en los últimos meses

El IICE presentó su análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica para el segundo trimestre del 2023.

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer este martes 29 de agosto su Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023, basado en los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

En la tasa de inactividad en el país (personas mayores de 15 años que no están laborando pese a tener las capacidades para poder trabajar), se puede ver el vaso “medio lleno” o “medio vacío”, aunque por los resultados podría primar esta última opción. “Medio lleno” sería si se toma en cuenta que la tasa más actual registrada de este fenómeno es del 43,42 % (para los meses de abril, mayo y junio, o AMJ, de este 2023), la cual ha venido en un ligero descenso desde el trimestre móvil de febrero, marzo y abril (o FMA), cuando llegó a un porcentaje del 44,25 %.

Pero el vaso queda “medio vacío” si se considera que en el último Análisis del mercado laboral, realizado por el IICE para el cuarto trimestre del 2022, este mismo porcentaje era del 41,7 % para el trimestre móvil de diciembre (2022), enero y febrero 2023 (DEF). Incluso, la inactividad es notablemente más alta de manera interanual comparándola con el AMJ del 2022 (40,43 %, casi más de 3 puntos porcentuales, o p.p.,). En resumen, la inactividad tiene (levemente) mejores números que a inicios de año, pero mucho peores que el año pasado.

De hecho, en todas las categorías sociodemográficas, la inactividad es peor en el AMJ de este año que en la del año pasado (con la excepción de la población ubicada entre los 35 y 44 años, donde se mantuvo igual). Las personas más afectadas por este fenómeno fueron aquellas mayores de 60 años (inactividad del 78,8 %), las que solo tienen educación primaria (67,51 %), las ubicadas entre los 15 y los 24 años (60,39 %) y las mujeres (56,38 %).

La gente menos vulnerable a la inactividad es la que tiene edades entre los 35 y 44 años (18,41 %), el bloque de los 25 a los 34 años (20,04 %), quienes tienen un título universitario (26,19 %), las personas entre 45 y 59 años (29,67 %) y los hombres (30,52 %).

A raíz de lo anterior y como es de suponer, las tasas de ocupación (porcentaje de personas con edades y condiciones de laborar que se encuentran desarrollando algún trabajo), se mantienen alarmantemente bajas. En el trimestre de AMJ de este año, ese porcentaje llegó apenas al 51,16 %, el cual se ha mantenido casi sin cambios desde julio, agosto y setiembre del 2021, cuando la recuperación económica empezó a hacerse un poco evidente tras los peores meses de la pandemia. Sin embargo, el país sigue estando lejos de los niveles de ocupación que exhibía antes de la crisis sanitaria (enero, febrero y marzo del 2020 = 55,53 %).

Las categorías con mejores números de ocupación son las personas entre los 35 y los 44 años (76,32 %), entre los 25 y los 34 años (71,36 %) y aquellas que cuentan con título universitario (69,42 %). En cambio, los grupos con peores números de ocupación son: el que tiene 60 años o más (20,35 %), el que se ubica entre los 15 y los 24 años (28,76 %) y el que carece de primaria completa (29,71 %). Eso sí, en los dos primeros hay que considerar que están compuestos por personas que, o están estudiando, o ya se encuentran pensionadas, por lo que su prioridad no es ingresar al mercado laboral.

A pesar de estos alarmantes números de inactividad y baja ocupación en el país, el desempleo como tal sigue reduciéndose casi de manera sostenida desde el trimestre AMJ del 2021 (18,06 %) y para este último trimestre de AMJ era de tan solo un 9,58 %. De hecho, este porcentaje es también el menor desde enero febrero y marzo del 2020. ¿Por qué ocurre esto? El IICE aclara de nuevo que hay una porción importante de habitantes que han decidido abandonar el mercado laboral (o dicho más simple, dejaron de buscar trabajo), lo cual suma a la inactividad, pero al mismo tiempo, reduce el desempleo.

Salarios reales mejoran y las brechas por género se ensanchan

En lo que sí se perciben mejores tiempos es en la remuneración que reciben las personas trabajadoras, tanto por hora y por mes, dato que ha venido en aumento desde el tercer trimestre del 2022. Si se toman en cuenta los números del segundo trimestre de este año, el salario real mediano mensual creció un 3,6 % de manera interanual. En ese mismo período, los sueldos reales medianos por hora subieron un 5,5 %. No obstante, las remuneraciones aún no recuperan el nivel que tenían previo a la pandemia.

Pese a que en el último informe el IICE había dado cuenta de una disminución considerable en la brecha salarial por género durante los últimos trimestres del 2022, esta volvió a incrementarse desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando las mujeres ganaban 89,28 colones por cada 100 de los hombres; ahora, en el último trimestre estudiado, ese monto volvió a bajar a los 86,92 colones por cada 100 de los trabajadores masculinos. El país se aleja así de la menor brecha salarial por género desde el primer trimestre del 2018: 96,61 colones “femeninos” por cada 100 de los hombres, registrada en el tercer trimestre del 2020.

Siempre en temas de brechas de género, pero esta vez en la participación laboral, esta aumentó desde el anterior análisis y pasó de los 23,98 puntos porcentuales en el último trimestre del 2022 a los 25,35 p.p. del segundo trimestre del año en curso. En palabras más claras, la tasa de participación en el ámbito laboral de los hombres es ahora 25,35 puntos porcentuales más alta que para las mujeres con características similares.

En cuanto a la diferencia que existe en la tasa de desempleo entre un hombre y una mujer con características sociodemográficas parecidas, esta sí muestra una disminución constante desde el III trimestre del año pasado, cuando alcanzó 8,75 p.p. En la última medición para el segundo trimestre del 2023, esta desciende a los 4,25 puntos, la cifra más baja desde – al menos – el primer trimestre del 2018.

Con respecto a las horas semanales laboradas y remuneradas por género, los hombres trabajaron un 29,88 % más que el promedio de las mujeres en el segundo trimestre del año en curso. Este dato ha sido bastante regular desde el segundo trimestre del 2021, con excepción del primer trimestre de este año, donde descendió al 27,6 % para luego volver a subir.

El IICE también registró en el segundo trimestre del 2023 la diferencia salarial de diferentes grupos de personas con respecto a quienes tienen primaria incompleta. En este caso, quienes completaron la primaria, pero no la secundaria, recibieron 10,3 colones más por cada 100 colones que quienes no recibieron su título de sexto grado. Además, la gente con secundaria completa, pero sin universidad, percibió 35,7 colones más; y las personas egresadas de una universidad ganaron 104,7 colones más.

La pobreza cayó casi 3 puntos porcentuales de marzo a mayo

Quizás la mejor noticia de este análisis es la comprobación de que la pobreza total en el país se redujo de un 25,54 % en marzo a un 22,86 % en mayo, lo que significa un descenso de 2,68 puntos porcentuales. No obstante, si se considera el dato interanualmente, hay un ligero aumento con respecto a mayo del 2022 (22,4 %). En todo caso, aún Costa Rica está lejos de volver a los niveles prepandémicos de pobreza total, cuando se contabilizaba un 21,6 % en enero del 2020.

Estos mismos descensos en la pobreza total también se registran sin importar si se trata de una zona rural o urbana. En las ciudades, la pobreza pasó del 23,53 % en marzo para disminuirse hasta el 20,94 % en mayo, un porcentaje casi igual al que había en mayo del año pasado (20,65 %) y acercándose al porcentaje previo a la crisis sanitaria (20,6 %). Una caída similar, aunque menor, reportó la pobreza en el campo, la cual pasó del 30,93 % en febrero al 27,92 % en mayo. Este último dato es aún un poco mayor al valor interanual (27,02 %) y, contrario a lo que ocurre en las ciudades, sigue siendo mucho más alto que el 24,22 % registrado en enero del 2020, justo antes de la expansión del Covid-19.

En tanto, la pobreza extrema también registra una caída importante desde febrero de este año, cuando un 8,31 % de la población nacional se consideró incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Desde entonces, este porcentaje ha venido erosionándose hasta llegar al 7,24 % en mayo pasado (-1,07 puntos con respecto a febrero). Pero, otra vez, si se considera el dato de manera interanual, esta cifra más bien se incrementó, pues para mayo del año pasado la pobreza extrema se calculaba en el 6,14 % (+ 1,1 puntos).

Diferenciada por categorías de urbana y rural, la pobreza extrema también disminuyó en ambos contextos desde febrero pasado, llegando en mayo a un 9,44 % en el campo (-1,32 p.p.) y a un 6,4 % en las ciudades (-0,99 p.p.). Ambas cifras son más altas que sus pares interanuales y aún están lejos de reducirse a los niveles previos a la pandemia, sobre todo en el caso de las áreas rurales (en enero del 2020 estos porcentajes eran del 7,23 % y del 5,9 %, respectivamente).

Otra conclusión clara en este análisis es que las subvenciones por parte del Estado reducen la pobreza de forma significativa. Sin estas ayudas económicas provenientes de fuentes públicas, 40 mil hogares más estarían bajo esta situación (el 2,3 %) y la pobreza total hubiera alcanzado al 25,10 % de la población en mayo pasado.

Pero el impacto de estos fondos es aún más importante si se toma en cuenta solo a los hogares en condición de pobreza extrema: 65 mil personas (o lo que es igual, 10.300 hogares) pudieron salir de esta categoría y, cuando menos, satisfacer sus necesidades básicas, gracias al apoyo estatal. Sin este, la pobreza extrema en mayo hubiera llegado al 11,60 % de los habitantes de Costa Rica.

La desigualdad, en cambio, sí aumentó y lo hace de manera casi sostenida desde noviembre del año pasado. En aquel mes, el coeficiente de Gini detuvo un comportamiento a la baja que había presentado desde setiembre del 2021 (menos desigualdad) y comenzó a subir, pasando del 0,496 al 0,507 para mayo, indicando así una mayor inequidad socioeconómica. Curiosamente, este es casi el mismo valor de desigualdad que mostraba el país en enero del 2020.

Daniela Córdoba Solano, investigadora del IICE: Análisis del mercado laboral, pobreza y desigualdad en Costa Rica al II trimestre del 2023

Para ver la noticia completa, con gráficos, ingrese en el siguiente enlace

 

Pablo Mora Vargas
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

UCR: El autoritarismo atenta contra la resocialización y la dignidad de la población carcelaria

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Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, tuvo a su cargo la reflexión inicial del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Inauguración del ciclo de conferencias Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal

En la actividad se presentó la nueva edición de la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, magistrado constitucional

Cada vez que las estadísticas muestran un repunte de la criminalidad, no faltan las voces que se levantan para pedir penas de prisión más altas, la penalización de delitos “menores”, el uso de métodos más agresivos para obtener confesiones (torturas) y el pago de quienes descuentan una pena privativa de libertad mediante trabajos forzados.

Sin embargo, cuando el mundo ha optado por estas “opciones”, lejos de obtener resultados satisfactorios, el problema se torna más complicado porque aumenta la población carcelaria y su permanencia en el sistema penal, lo cual redunda en la sobrepoblación de los centros penitenciarios y, por ende, en el hacinamiento. En esas condiciones, la resocialización del individuo se vuelve, más que difícil, imposible.

De acuerdo con Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional y docente de la Facultad de Derecho, la resocialización de la persona debe ser el objetivo primordial de la pena privativa de libertad y eso solo se puede lograr en un Estado social y democrático de derecho que garantice el respeto por la dignidad individual, que ofrezca opciones de rehabilitación y reinserción social y que, sobre todo, trabaje en la prevención del delito.

Así lo expuso en su tesis doctoral y lo recordó en la inauguración del ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal”, actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica y que está dedicada al mismo Cruz.

“A lo largo de su gran y vasta trayectoria académica y judicial, don Fernando ha demostrado ser un asiduo defensor del Estado social y democrático de derecho. Su convicción sobre este aspecto le ha valido enfrentar las luchas jurídicas más relevantes de los últimos tiempos en nuestro país. Por mencionar algunas de esas luchas, se encuentran la defensa del principio democrático de la división de poderes, la independencia judicial, el estado del sistema penitenciario nacional y la solución de los grandes conflictos sociales que han puesto de manifiesto la agenda política de desmantelamiento de la institucionalidad pública que lamentablemente padecemos hoy. Es de nuestro conocimiento que la defensa de estas convicciones le han valido múltiples ataques y de diversa naturaleza y especialmente ataques que han provenido y siguen proviniendo de quienes deberían ser los guardianes de nuestra democracia.”

Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la resocialización es imprescindible y se convierte en una garantía, porque el sistema debe propiciar circunstancias institucionales adecuadas para darle opciones de rehabilitación a la persona. Si bien este principio no se encuentra en la Constitución Política, sí se estipula en el Pacto de San José.

“El crimen es algo normal, es parte de la conducta de los seres humanos. Con la resocialización lo único que queremos es que la persona no cometa más delitos. Lo que no podemos hacer es incursionar en su mente, como si fuera La Naranja Mecánica, para cambiar su conducta, porque el ser humano tiene una dignidad, y la dignidad es un valor fundamental, no es mera ideología”, subrayó Cruz en su intervención.

“Se debe destacar que en sus teorizaciones y estudios más tempranos, como penalista, sobre los fines de la sanción penal y, en específico, en su investigación doctoral sobre el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad, también vemos que el trabajo intelectual del profesor Fernando Cruz muestra una absoluta congruencia y una opción preferencial por la defensa del Estado social de derecho, donde se opta por la inclusión económica y social de las mayorías como proyecto a realizar, donde se opta por una mejor distribución de la riqueza como objetivo a cumplir por las instituciones del Estado. El fin primordial de la pena no puede ser otro que lograr la reinserción social de quien ha cometido un delito. No puede ser distinto que reducir las posibilidades de reincidencia y criminalización futuras de las personas condenadas, tal como lo estipula con absoluta claridad el artículo cinco, inciso seis, de la Convención Americana de Derechos Humanos.”

Gustavo Chan Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas

Según el magistrado, de la misma forma que se debe de hablar de un triunfo colectivo cuando un individuo logra alcanzar metas en la vida, la sociedad también debe reconocer su cuota de responsabilidad en los delitos que cometen las personas, porque nadie crece en contextos inocuos. “Entonces, ¿a quién se debe resocializar: al infractor o a la sociedad?”, cuestionó.

Estas y otras muchas reflexiones se encuentran en la tesis doctoral de Fernando Cruz Castro, titulada La resocialización como objetivo primordial de la pena privativa de libertad. Análisis de la legislación costarricense y española y que fue publicada en una nueva edición, gracias al trabajo conjunto del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).

Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

“La grandeza principal de esta obra de don Fernando Cruz es que se centra siempre en esa visión de los derechos fundamentales, del Estado democrático de derecho, del combate, ya desde esa visión que él tenía en ese momento, a esa perspectiva del populismo penal, que quizá no era esa la expresión que se usaba en el momento en el que él publica su obra, pero es una obra que se adelantó en el tiempo y nos hace ver esos peligros que se cernían sobre nuestros países, sobre nuestra región, que hoy se concreta en ese populismo penal, en esa deriva autoritaria que hoy vivimos.”

Douglas Durán Chavarría, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente

El ciclo de conferencias “Derecho penitenciario y teoría de la sanción penal” se desarrolla todos los miércoles, a partir de las 5:00 p. m., en el miniauditorio de la Facultad de Derecho, hasta el 8 de noviembre. Seguidamente, el calendario de las conferencias:

 

Fernando Montero Bolaños

Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Luchan por la libertad para la abogada guatemalteca Claudia González

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El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos exige la libertad de la abogada Claudia González, quien fue encarcelada injustamente por Consuelo Porras, fiscal del Ministerio Público y el fiscal Curruchiche.

El Observatorio promueve los siguientes enlaces para unirse a la campaña:

#LibertaParaClaudia

#LibertadPresasPolíticas

#GuatemalaEnDictadura

80 años del Código de Trabajo – encuentro interuniversitario

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El Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora Valverde, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, y la Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde invitan al encuentro interuniversitario presencial 80 años del Código de Trabajo.

Personas expositoras:

  • Dr. German Chacón Araya • Lideresa Marcela Naranjo Segura • Dra. Macarena Barahona Riera • Lic. José María Villalta Flórez-Estrada • MEL. Andrés Mora Ramírez. Moderador: Dr. Humberto Aguilar. Acto cultural • MA. Francisco Piedra.

Jueves 31 de agosto, 05:00 p.m. Paraninfo Daniel Oduber de la UNED, carretera hacia Sabanilla de Montes de Oca.

Transmisión en vivo: Facebook Live / Onda UNED

Clarita, la maestra con corazón UNA

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Cuando Clarita fue a conocer la escuela donde tendría su primer nombramiento, llevaba miles de ilusiones a cuestas, un día antes de iniciar fue a conocer el lugar y el ánimo se le vino abajo: sintió tristeza, porque encontró una escuela descuidada, sucia, libros y mesas tiradas por todas partes, las mallas estaban llenas de bejucos, “era como si hubiera pasado un huracán”.

El reto no ha sido fácil, luego de seis meses de nombramiento en la escuela unidocente de Copalchí en Cureña de Sarapiquí, aún lucha con el planeamiento y las funciones administrativas pero siempre busca lo mejor para los chicos.

“Es complicado ser docente y administrativo. Yo vivo en Los Arbolitos (Puerto Viejo, Sarapiquí) viajo en panga la tengo al otro lado del río para poder llegar. Si viajo los lunes me levanto a las cuatro de la mañana para poder llegar pero es una experiencia muy bonita.

Lo hago por los chicos, por hacer la diferencia en ellos, trabajar por ellos, están muy contentos, eso es lo que me motiva a mí, y mi familia por supuesto”, dijo Clara Idalia García Víctor.

Clarita, como le dicen sus docentes, es bachiller en Educación Rural de I y II ciclos, y actualmente cursa la licenciatura y maestría correspondientes a su carrera.

La División de Educación Rural del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (DER-Cide-UNA), trabaja desde hace más de 35 años en la formación de docentes de I y II ciclo que conozcan las tendencias de la vida rural y los desafíos que esa realidad presenta a la educación a fin de concretar una formación comunitaria-ciudadana anclada en la filosofía que caracteriza la esencia de la vida rural.

UNA Comunica

Prueba de esfuerzo físico básica este 2 de setiembre

Escrito en . Publicado en Derechos, Ejercicio y salud.

Aplicación de prueba de esfuerzo físico básica, para valorar su actual condición, comportamiento cardiaco, estabilidad, equilibrio, coordinación psicomotora, tracción y resistencia

Día: 2 setiembre 2023

Hora. 7.15am y 8.15 am / 2 grupos

Lugar. UCR – explanada de Estudios Generales

Contribución voluntaria a la Fundación

Objetivo General. Medir y valorar el estado físico actual de cada persona, su comportamiento cardiaco, sus destrezas y habilidades básicas, equilibrio, coordinación psicomotora y resistencia a través de la ejecución de una secuencia de ejercicios estáticos al aire libre, esto se complementa con un trote, carrera o caminata con una distancia de 1.600 metros. 1 milla. (medición se soporte del ritmo, concentración y actitud física corporal y mental, elemento de la resistencia).

En cada una de las acciones se toma la frecuencia cardiaca, se anotan los datos y esto se complementa con el resultado de la prueba de resistencia y su FC y se anota un criterio técnico, y posteriormente, se envía a la parte médica para verificar el criterio profesional y con ello diseñar el grafico cardiaco.

La inscripción para esta prueba se hace, enviando sus datos personales, número de cédula, edad, correo y número de teléfono, a esta dirección: caminantecostarica@yahoo.com

Contamos con más de 50 años de experiencia en el atletismo nacional e internacional.

La contribución de dicha valoración es voluntaria y puede hacerse previo o el mismo día de la prueba al Sinpe Móvil 71894252. El resultado le será enviado a su correo con sus datos generales y porcentuales de cada valoración.

Se recomienda realizar la inscripción con tiempo porque el cupo es limitado.

La salud es el bien más preciado de todas las personas, cuidémoslo.

Correo-e: caminantecostarica@yahoo.com

Fundación Caminantes de Costa Rica

ACOJUPEMA exige que se rechacen y archiven proyectos sobre pensiones

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

ACOJUPEMA (Asamblea de Cotizantes de los Regímenes de Pensiones de Jupema) informa sobre el contenido de los proyectos de ley sobre pensiones que están en discusión en la Asamblea Legislativa. Y exige sean rechazados y archivados inmediatamente por el grave perjuicio que causarán a los dineros ahorrados por todos los trabajadores del país.

Como cotizantes y ciudadanos nos corresponde defender el derecho constitucional y humano a una pensión digna.