Voz experta

El país se enfrenta a importantes dilemas que podrían socavar su tradición de protección social y poner en peligro logros en áreas claves como la educación y la salud.

Históricamente, Costa Rica ha sido un país donde la protección social ha jugado un papel clave para crear una sociedad más justa y para contribuir con el desarrollo social y económico.

La protección social ha contribuido a que el país alcance indicadores envidiables, por ejemplo, en las áreas de salud y educación, cuando se compara con países de la región. Sin embargo, en este último año, esta se ha visto afectada significativamente con las restricciones de gasto en el sector público.

Estos recortes tendrán un impacto directo sobre el bienestar de miles de costarricenses en el corto y largo plazo, y también, en las finanzas públicas en el futuro. Una población con menos educación tendrá salarios menores, tasas de inactividad y desempleo más altas. También producirá menos, lo que afectará la recaudación de impuestos, pero además demandará más ayudas sociales, lo cual terminará aumentando la necesidad de gasto social.

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) anunció importantes recortes en Avancemos, uno de los programas sociales claves del país. En el 2021, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IIICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un estudio sobre el efecto de este programa en diferentes variables socioeconómicas.

Los resultados de este análisis indicaron que eliminar las becas de estudiantes de colegio tendría un impacto importante sobre la deserción. Por cada 100 becas que se eliminen, alrededor de 15 jóvenes dejarían las aulas. Una vez afuera, es difícil que se vuelvan a incorporar. De hecho, hay estudios que también evidencian una asociación importante entre recibir Avancemos en secundaria y la reducción en el trabajo infantil.

Las personas adultas que no cuentan con educación secundaria completa tienen también tasas más altas de desempleo e inactividad, y por lo tanto, tasas más bajas de ocupación, en comparación con aquellos que culminaron secundaria. Por otro lado, en primaria, los efectos de Avancemos sobre la permanencia no son tan grandes. Esto se explica por las altas tasas de cobertura en primaria, incluso con la ausencia de las becas, ya que la asistencia en ese periodo es obligatoria.

El estudio también indica que las becas contribuyen a una parte muy importante de los ingresos de los hogares que las reciben. Las becas representan un 39 % del ingreso total de los hogares en pobreza extrema y un 22 % del ingreso total de los hogares pobres no extremos. Esto significa que las familias que dejan de recibir Avancemos de primaria o secundaria tendrán una condición económica substancialmente peor. En este contexto, donde los niveles de ocupación se han reducido, sobre todo para aquellas personas menos calificadas, el impacto del recorte en Avancemos sobre el bienestar de la familia será significativo.

¿Dónde recortar? Una desagradable encrucijada

Escoger a quien recortarle la beca es una decisión sumamente difícil. Deben considerarse distintas dimensiones y sopesar la importancia de cada una de ellas. Nuestro sistema democrático delega estas decisiones a las personas que escoge la ciudadanía cada cuatro años.

Es clave para el país que las decisiones que toman jerarcas se sopesen con evidencia. Dentro de los múltiples insumos que probablemente utilizaron las autoridades para decidir en donde hacer recortes de las becas, se incluyó el estudio que se realizó en el IICE-UCR, el cual mostraba potenciales impactos de las becas en diferentes dimensiones (permanencia, pobreza extrema, pobreza no extrema, pobreza infantil, importancia en el ingreso de los hogares, entre otros).

Seguramente, en el ejercicio que realizaron las autoridades del IMAS para decidir los recortes en Avancemos, se ponderaron algunas dimensiones más que otras, tratando de minimizar el impacto de este recorte sobre los más vulnerables. Sin embargo, la situación a la que se enfrenta el IMAS es a consecuencia de una decisión anterior y ajena a su ámbito, que tiene que ver con la manera en cómo se distribuyen los escasos recursos públicos en diferentes instituciones y la priorización que se hace sobre las distintas áreas.

El lamentable recorte que recibe el IMAS es tan alto que, además de eliminar becas en primaria, se reducirán becas en secundaria a aquellas personas en situación de vulnerabilidad pero que no están debajo de la línea de la pobreza. Este recorte tendrá un impacto fuerte sobre la deserción y, aunque hoy no se encuentren en condición de pobreza, engrosarán la población pobre del país en el mediano y largo plazo.

Estos recortes también afectarán en forma importante la ocupación, y por ende las tasas de desempleo y de participación en el mercado laboral. Las repercusiones serán mayores en el sector rural, donde los niveles de pobreza y de vulnerabilidad ya son más altos. Como mencioné previamente, una población más pobre y con menos educación también constituye una amenaza para las finanzas públicas en el futuro.

Juan Robalino Herrera

Director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), UCR