Cuba y los Estados Unidos sostuvieron conversaciones migratorias bilaterales en Washington DC. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío Domínguez presidió la delegación cubana y el subsecretario adjunto de Seguridad Interna para el Hemisferio Occidental, David Cloe, la delegación estadounidense.
Se pasó revista al cumplimiento de los Acuerdos Migratorios bilaterales cuyo propósito es garantizar una migración regular, segura y ordenada. Cuba reafirmó su disposición a cumplir y respetar, como ha hecho hasta ahora, los compromisos establecidos.
Cuba reiteró su preocupación por las medidas de estímulo a la migración ilegal. Especial énfasis tiene el impacto negativo que el bloqueo económico de Estados Unidos y las medidas de reforzamiento extremo aplicadas desde 2019 ejercen sobre las condiciones socioeconómicas de la población cubana, factor que constituye un incentivo importante a la migración.
También constituyen estímulos el trato preferencial que aún reciben los cubanos que entran de manera ilegal en el territorio estadounidense y la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano.
La delegación cubana reiteró la importancia de que se restablezca en la Embajada estadounidense en La Habana el procesamiento de visas de no inmigrantes.
Enfatizó que, tras 6 años, le resulta inexplicable al ciudadano cubano la obligación de viajar a un tercer país para obtener una visa, cuando existen una Embajada y un Consulado en Cuba y se demostró la falsedad de las causas que se alegaron para cerrar tales servicios en Cuba.
Los representantes de Cuba reiteraron el rechazo al otorgamiento de asilo político al ciudadano cubano Rubén Martínez Machado, autor del secuestro de una aeronave civil cubana AN-2, el pasado 21 de octubre de 2022. Insistieron en que la impunidad sobre acciones de esta naturaleza estimula actos ilícitos con consecuencias peligrosas y negativas para la seguridad aérea y la seguridad nacional de ambos países.
Cuba recalcó la importancia del cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales en su integralidad y no selectivamente, y reafirmó su disposición a dar continuidad a las rondas de conversaciones en materia migratoria.
El próximo sábado 15 de abril se llevará a cabo una Peña Cultural en solidaridad con los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica.
Se contará con la presencia de artistas invitados como Wilson Arroyo, Esteban Monge, Manuel Monestel, Mario Villalobos y Grupo Proyección Andina. Además, se proyectarán minidocumentales y habrá micrófono abierto para los artistas que quieran acompañar el evento. Habrá deliciosas comidas a la venta.
La actividad se realizará en la Casa Cultural Simón Bolívar en Los Yoses (final de Avenida 10, entre calles 33 y 35. De la casa Matute Gómez, 7 cuadras al este).
Organiza IRIRIA TSÖCHOK Comitè de solidaridad con los Pueblos Originarios.
La entrada tendrá un precio de ₡2000 (dos mil colones). Los recursos obtenidos se canalizarán para apoyar las organizaciones propias de Pueblos Originarios.
¡ALERTA! El Ministerio de Hacienda está escondiendo 10,000 millones de colones para vivienda.
El Movimiento de Trabajadores y Campesinos y el Bloque de Vivienda, invitan a la población en general, a una manifestación el próximo 19 de abril en las afueras de Casa Presidencial y en Puente Río Pacuare.
¡Defendamos el derecho humano a tener vivienda digna! ¡Las casas de las familias pobres no se tocan! ¡Merecemos tener una casa digna!
FRENASS, por medio del compañero Guillermo Keith Bonilla, fundador del Frente Nacional por la Seguridad Social, nos recuerda que la CCSS es origen de una lucha de décadas del pueblo costarricense, la cual, dio como resultado, un modelo de salud pública único en el mundo.
El compañero Keith también nos recuerda los peligrosos riesgos que se ciernen sobre nuestra querida Institución y al igual que como lo hicieron los héroes de 1856, nos invita a encender y levantar las antorchas para defender con firmeza esta conquista histórica, patrimonio de nuestro pueblo costarricense.
El pasado 29 de marzo de 2023, Buen Vivir Costa Rica asistió a la manifestación nacional agropecuaria y campesina convocada por diversos sectores, entre ellos, el sector agropecuario costarricense.
“Yo apoyo a las mujeres productoras”, fue una las consignas en rótulos que cargaba una manifestante.
Otro ciudadano preguntó: “Chaves (Rodrigo Chaves) ¿Qué vamos a comer, cemento y varilla en menosprecio del ambiente y el patrimonio arqueológico?”.
“Exigimos el NO a la Alianza del Pacífico, para proteger los intereses de los agricultores costarricenses”, fue otra de las demandas escritas en un cartel en dicha manifestación.
Entre consignas de defensa a los productores nacionales y en favor de la seguridad alimentaria, la marcha fue una fiesta cívica en la cual diversas organizaciones y personas de todo el país manifestaron su descontento con las políticas públicas del Gobierno en torno al sector agropecuario.
Si desea ver el vídeo puede acceder al siguiente enlace:
Información compartida con SURCOS por Édison Valverde Araya.
Quiero detenerme en el análisis del por qué ha sido tan complicada una verdadera modernización del empleo público. Es cierto que puede haber muchas visiones válidas; sin embargo, quisiera apuntar tres que veo con claridad: la mala calidad del servicio, los intereses de tercerización y la crisis presupuestaria.
En la primera tenemos responsabilidad todos los funcionarios públicos, quienes de una u otra forma nos hemos escudado en beneficios como la estabilidad y derechos adquiridos para mantenernos en el puesto, en algunos casos sin esfuerzo, calidad e incluso sin la ética necesaria en el servicio que prestamos. Evidentemente, la sociedad está cansada, e incluso nosotros mismos como empleados estamos hastiados de conocer personas en el trabajo que realmente son un gasto para la institución y generan sobrecarga a los equipos, mientras las jefaturas no pueden o no quieren accionar al respecto.
El segundo es la tendencia en nuestro país, desde hace ya más de 30 años, del traslado de los servicios públicos al sector privado, algo que ya se ha logrado en muchas áreas: la banca, la educación primaria y secundaria, las telecomunicaciones y el sector salud. La apuesta ha girado en torno a la premisa de que el sector privado da resultados de altísima calidad con respecto a la función pública, situación que – hemos constatado – está muy lejos de ser cierta… Pero la peor parte es la desigualdad que ha generado este fenómeno.
Como ejemplo concreto de lo anterior, hoy nuestra sociedad debe contribuir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y además pagar por servicios tercerizados de salud para atención primaria, pero que en ningún caso atienden casos agudos de pacientes, operaciones delicadas y tratamientos de largo plazo; para este tipo de complicaciones, la persona debe ir a los hospitales de la CCSS. Al final el pago es doble y el sector privado no da una respuesta semejante a lo que ofrece el sector público hasta el presente.
Finalmente, la eterna crisis presupuestaria de nuestro país. Esta siempre es más grande y preocupante, y se ciñe en los recortes del gasto público. Por ende, todas las instituciones estatales han sufrido estos recortes en sus recursos desde los años 80 y, desde entonces, se ha creado una idea del funcionariado público como enemigo de la ciudadanía: personas vagas, incompetentes, desleales y poco preparadas.
Derribando mitos del funcionariado público
Los estudios muestran que los servidores públicos – en su mayoría – tienen grados universitarios y desarrollan efectivamente una carrera administrativa. Además, en el sector estatal los salarios mantienen paridad de género y políticas de no discriminación en las contrataciones, pautas difíciles de encontrar actualmente en el sector privado.
Esta es una realidad que persevera, a pesar de que hace más 30 años “se le vende” a la población que nuestro sector público es de pésima calidad. Si fuera así, la atención de la pandemia por el COVID-19 hubiera sido absolutamente diferente a lo que fue, pues dicho sea de paso, esta crisis sanitaria fue enfrentada casi en su totalidad por el sector público costarricense.
Los recortes y la mala imagen que se ha forjado del servidor público ha generado, sobre todo, un sinsabor de la población, en beneficio de sectores privados que reciben ganancias de esta dicotomía falsa que se le inculca a la población y que busca un “buen servicio”, pero que no resuelve las necesidades de nuestro país: salud de calidad, educación de calidad, trabajo de calidad, vivienda de calidad y seguridad de calidad.
Lo preocupante de este contexto es que la Ley Marco de Empleo Público se enfoca en un único elemento: el presupuestario. La consigna es recortar salarios, porque son desiguales y excesivos. Sin embargo, ni el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ni el de Hacienda, ni tampoco la Dirección General del Servicio Civil muestran estudios de mercado, con datos y evidencia, para establecer esa nueva escala global. Al parecer, la referencia es que las remuneraciones “se parezcan” a las del sector privado; sin embargo, olvidan que este se caracteriza por tener salarios bajos y desiguales. Parece imposible que con en esta ley podamos tener, cuando menos, un análisis de mercado de salarios respecto al costo de vida, que es el más alto en la región.
El destino incierto del empleo público
La pregunta final es: ¿hacia dónde vamos? Si no se percibe con seriedad que estemos frente a una reforma de toda la dinámica de empleo público y no solo de un ajuste de salarios a la baja, vamos a empeorar aún más las condiciones laborales de la población y esto impactará negativamente en el servicio público, de forma indudable.
En el corto plazo, las personas en la función pública desistirán de crecer en las organizaciones, las más preparadas probablemente se trasladarán a sectores privados o comenzarán a salir del país a buscar mejores condiciones (sí, en Costa Rica tenemos mucho capital humano de exportación en las instituciones públicas). En el mediano y largo plazo no habrá incentivos para permanecer en el servicio público, lo que traerá efectos adversos sobre la competitividad del país.
Este no es un asunto menor. Mientras en nuestro país se minimiza la función pública, en Europa no solo se potencia, sino que también se discute cómo se prepararán las personas para atender servicios con inteligencia artificial y qué otras innovaciones tecnológicas deberán implementar; además de cómo se perfilan para servir a las poblaciones de adultos mayores y cuáles nuevas habilidades de participación social van a requerir. Estos temas no se discuten en la Ley de Empleo Público, pues su texto se limita al recorte del gasto y esto es absolutamente preocupante de cara la tendencia internacional.
La función pública es responsabilidad de todos. Las personas funcionarias debemos tener claro que no trata solo de estar contratado por el Estado, sino de una posición estratégica desde donde se diseña y se construye el país día con día. Espero que las autoridades hagan una reflexión importante sobre la amplitud de las decisiones que se toman hoy y abran rutas de discusión que hagan de nuestra función pública una plataforma de innovación y desarrollo, porque realmente eso es lo que nuestra población requiere, pero que la discusión actual de la ley no lo promueve.
M Sc. Angélica Vega Hernández Directora de la Escuela de Administración Pública, UCR
Costa Rica en el 2021 importó el 91% de los frijoles, 99% del maíz y 69% del arroz con el que se alimentó ese año a los cinco millones de personas que habitan su territorio, según datos del Semanario Universidad. El país pasa por el momento más inseguro en su historia en materia de alimentación y agricultura.
Los números nos hablan de una crisis muy aguda. La población que vive de producir alimentos básicos se enfrenta directamente a la pobreza, desesperanza y desprecio del gobierno central. En contraste, las ganancias de las empresas importadoras de comestibles nunca han sido tan grandes.
El contexto amerita fortalecer las redes y los tejidos organizativos, pero también necesitamos resaltar experiencias de lucha en defensa de la tierra, el territorio, la semilla, los derechos de los pueblos y la soberanía alimentaria. Adicionalmente, celebraremos los 25 años de la Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad que articula a ecologistas, campesinas, académicxs de las universidades públicas que defienden los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.
Desde COECO Ceiba Amigos de la Tierra, Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica el Programa, el Programa Interdisciplinario Costero-Idespo de la Universidad Nacional, la Red de Mujeres Rurales, la Asociación Tinamaste, Semillas Libres y Justicia Paz Integridad de la Creación y la Red de Coordinación en Biodiversidad extendemos una amplia invitación para que nos encontremos con muchas más organizaciones sociales, campesinas e indígenas este próximo lunes 17 de abril, en la Sala Girasol de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica a partir de las 9:00 a.m.
Actividad de intercambio de talleres I y II, Escuela de Trabajo Social (fotografía Daniel González Quesada)
Desde 1954 las prácticas académicas también denominadas “talleres” adquieren un papel fundamental en el proceso formativo de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Su desarrollo implica las posibilidades materiales para una aproximación crítica a la realidad nacional por parte del estudiantado y el cuerpo docente, condición que ha resultado esencial para generar procesos de articulación teórico – práctica que contribuyen a fortalecer e innovar el Trabajo Social, desde el ámbito formativo e interventivo.
Así, desde hace más de seis décadas, las personas estudiantes de Trabajo Social del tercer, cuarto y quinto nivel de carrera aportan 15 horas semanales a instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales o comunidades en diversas partes del país, lo que implica un total de 450 horas por estudiante al año.
Durante, el 2022 con el objetivo de fortalecer procesos organizativos con las comunidades de Desamparados, Upala, Caribe Norte, Heredia, Escazú y Belén de Heredia, 68 estudiantes de tercer nivel, aportaron 30.600 horas en procesos socio-educativos con infancias, adolescencias y juventudes, poblaciones migrantes y transfronterizas con énfasis en la lucha contra la violencia y la promoción de la paz, defensa del derecho humano a vivir en un ambiente sano y sostenible, fortalecimiento de la economía social solidaria y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
En el caso de la práctica de cuarto nivel, las estudiantes se vinculan con 41 instituciones y organizaciones ubicadas en las provincias de San José, Cartago, Heredia y Alajuela que se dividen en los sectores: gobiernos locales, salud, justicia, derechos humanos y diversidades, niñez y adolescencia y asistencia social.
Este año, 83 estudiantes realizaron su práctica de cuarto nivel de carrera en las diversas instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro, acompañadas por profesionales en Trabajo Social que fungen como co-supervisoras. Este proceso significó 37 350 horas de práctica académica.
Maureen Collado, trabajadora social de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Acosta, indicó que el vínculo con la Universidad de Costa Rica a través de las estudiantes de cuarto año Yerlin Gutierrez Garita y Keitty Cordero Chacon, quienes realizaron su práctica durante el 2022 en esta institución, ha posibilitado “una oportunidad de aprendizajes compartidos; ambas estudiantes brindaron un apoyo a las oficinas que se convirtió en crecimiento, profesionalismo, innovación, acciones concretas que pasaron del papel a ser una realidad; generando de esta forma mecanismos de acción para avanzar en temas sociales a nivel cantonal”.
Por su parte, Yerlin Gutiérrez menciona que su experiencia de práctica académica en este gobierno local significó “un enlace directo con la realidad profesional a partir de la cual se comprende de forma más concreta la relación teórico-práctica que se nos enseña durante el periodo previo a las prácticas y además abre el espacio para cuestionar la realidad desde una dimensión ético-política del papel interno que se le asigna a las y los trabajadores sociales. También significó un gran espacio de crecimiento como futura profesional ya que tener el contacto con las diversas poblaciones y comprender sus necesidades desde las distintas realidades, a su vez, abrió un espacio para cuestionar el accionar estatal mediante el gobierno local con respecto a sus formas de atención a estas poblaciones y específicamente lo que corresponde a Trabajo Social».
Finalmente, en el nivel de Licenciatura de la carrera de Trabajo Social, 25 200 horas fueron aportadas por las más de 55 personas estudiantes que desarrollaron su proceso de análisis de la política pública, particularmente de la política educativa de Costa Rica, la política de seguridad social, la política de asistencia social, la política social desde la gestión de los gobiernos locales y la política nacional de responsabilidad social.
Las reflexiones desarrolladas en este nivel permiten un diálogo con las profesionales que posibilita que la universidad pública aporte a comprender los procesos de producción y distribución de los servicios sociales, con el fin de construir respuestas efectivas a las necesidades, intereses y aspiraciones de las poblaciones usuarias, por parte de las instituciones u organizaciones y servicios sociales.
Así, las cosas, las prácticas no solo fortalecen la formación académica y profesional del estudiantado sino también adquieren una dimensión de acción social estratégica que favorece -desde cada centro de práctica- la construcción, de una perspectiva humanista del desarrollo, que pone en el centro, la justicia, la equidad y la inclusión social.
Laura Rivera Alfaro Docente Escuela de Trabajo Social, UCR
Liliana Monge Sánchez Docente Escuela de Trabajo Social, UCR
Continuanos reflexionando en torno a las implicaciones de la expansión piñera en las Brisas de Upala, en esta ocasión conversamos con Bertha Orozco sobre como este monocultivo afecta la vida del campesinado y las implicaciones que viven en las Brisas de Upala ante una expansión intensiva que ha provacado una tendencia de achicamiento del pueblo, al extremo de vivir a orillas de la piñera.
En esta ocasión estaremos compartiendo algunas reflexiones sobre las experiencias de pagos por servicios ambientales en Costa Rica. Como saben Costa Rica, en muchos de los foros internacionales ha sido puesto de ejemplo el programa de Pagos de Servicios Ambientales, especialmente en el marco de la promoción de las estrategias REDD+, estas que buscan reducción de emisiones por resumirlo. A la fecha de hoy este programa puede estar cumpliendo alrededor de 30 años, vale la pena que reflexionemos sobre sus aportes y tensiones en el contexto actual. Y para abordar esto hemos acudido a un proyecto que se está desarrollando en el CIEP ¿Vender la naturaleza para salvarla? Experiencias de pagos por servicios ambientales en Costa Rica, nos acompaña en esta ocasión el Dr. Alonso Ramírez Cover.
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