CONARE rechaza y desmiente declaraciones del Presidente de la República sobre financiamiento de la educación superior pública
3 de febrero del 2023. Ante las declaraciones del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas ayer durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en la cual indicó que las universidades estatales no rinden cuentas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que se ha recortado presupuesto destinado a las becas, a la investigación y a la infraestructura, entre otras argumentaciones.
El Consejo Nacional de Rectores rechaza y desmiente enfáticamente los argumentos falsos del Poder Ejecutivo emitidos sin datos ni evidencia y que están alejados de la realidad y de la gestión de las universidades estatales.
1. La educación universitaria pública para el año 2021, contaba con una población de más de 143.000 estudiantes. De la cual el 82% de los estudiantes matriculados de primer ingreso procedían de los colegios públicos y más del 64% de los graduados de las universidades estatales provenían de hogares donde los padres no tienen un título universitario.
2. Durante el año 2021, el 63% de los estudiantes de las universidades públicas contaron con algún tipo de becas, porcentaje superior al 80% en las regiones periféricas del país. Las universidades estatales han reforzado de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes.
3. Aumento en el acceso a la universidad estatal de jóvenes de hogares más pobres afirma el último informe del Estado de la Educación (2021). En una década, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años de hogares de quintil bajo de ingresos (quintil 1, quintil 2 y quintil 3) que accedió a la educación universitaria pública aumentó pasando de 8% en 2010 a 20,12% (2021) en el quintil 1, de 15,5% a 26,21% en el quintil 2 y de 21,7% a 32,47% en el quintil 3.
4. En Costa Rica son las Universidades Públicas las que más invierten en investigación científica, el desarrollo e innovación, más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas. Durante el 2021, se realizaron 2.240 proyectos de investigación, más de 2.000 publicaciones científicas y se invirtió 67.599 millones de colones en I+D.
5. Las universidades públicas son las únicas que realizan proyectos de Extensión y Acción Social para solventar las necesidades de poblaciones y sectores claves para el país. En el 2021 se desarrollaron 1.259 proyectos, ejemplo de ello es el proyecto “Costa Rica aprende con la U pública”. Esta modalidad organiza cursos virtuales gratuitos y su oferta ha sido de 152 cursos que han impacto alrededor de 5.000 personas.
6. Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, por la naturaleza de sus servicios, requieren de un fuerte componente de talento humano, y esto lógicamente se refleja en sus presupuestos. Para el 2021 y 2022, no hubo ningún tipo de aumento salarial, ni reconocimiento de la anualidad. Estas medidas y otras en materia salarial han hecho que el presupuesto destinado a “Remuneraciones” muestre una tendencia a la baja, disminuyendo en el periodo 2019-2022 en ¢2.782 millones de colones. Se debe tener presente que los resultados de las medidas tomadas en materia salarial tienen un efecto mayor a largo plazo.
7. El Consejo Nacional de Rectores trabaja en un régimen de empleo unificado para el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal con sus procesos de remuneraciones, reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público, estipulados en las leyes, los Estatutos Orgánicos de las universidades y la Constitución Política, el cual estará listo para el 2024.
8. Las universidades estatales cumplen con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Se somete a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, las universidades públicas han cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.
9. El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.
10. El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.
Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.
Es evidente que la posición del Poder Ejecutivo no tiene fundamento, los argumentos empleados son falsos y responden a un ataque que pretende debilitar y dañar la gestión de las universidades públicas, con la intención de intervenir en la educación universitaria estatal, como lo pretende hacer con el proyecto de ley 23.380, contrario a lo establecido constitucionalmente.
Desde las universidades públicas nos permitimos recordar que la mejor defensa de la ley y la institucionalidad, pasa por garantizar a la educación pública el presupuesto del 8% del PIB como un mínimo garantizando por la Constitución, esa es la mejor arma contra la politiquería, las noticias falsas, los discursos de corte populista y la polarización de la sociedad costarricense.
Pese al tono ofensivo de las palabras, emitidas en la conferencia de prensa, las universidades públicas seguirán esperando que el Poder Ejecutivo permita que se materialice la aspiración constitucional de que, en el marco de la autonomía, coordinemos para buscar potenciar el desarrollo nacional, como lo hemos hecho siempre.
Es por eso, que hacemos un llamado al Gobierno de la República al equilibrio, al respeto y a la observancia de la Constitución Política, a proporcionar información veraz que es la base para una sociedad más crítica, educada y que pueda tener herramientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más democrática y equitativa.
