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UCR, Voz experta: Sobre la solvencia de la CCSS y el desfinanciamiento del Seguro IVM

Escrito en 24/10/2022. Publicado en Derechos.

M. Sc. Rodrigo Arias López, actuario matemático y docente pensionado de la UCR.

Especial: El envejecimiento en Costa Rica

El mal manejo de fondos y reservas del Seguro Social amenaza el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Y el excedente de casi un billón de colones del Seguro Social es usado por la CCSS para financiar programas de salud que son responsabilidad del Estado

Si las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro Social (gerentes y mandos medios), los gobiernos de turno y los ministros de Hacienda hubiesen respetado el ordenamiento constitucional y legal en la gestión de los seguros y programas de seguridad social que dirigen y administran, la Caja tendría hoy una enorme solidez financiera. Para ser exactos, más de ₡58 billones en reservas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y una holgada postura financiera en el Seguro de Salud (SEM). Solo como ejemplo:

La Ley 7374 de 1993 trasladó del Ministerio de Salud a la Caja diez programas de atención primaria que le cuestan a la CCSS ₡400 000 millones por año. Sin embargo, la CCSS solo le cobra al Estado una quinceava parte de ese monto. A esto se suma que los Gobiernos se han negado a pagar tal deuda, a pesar de que la misma ley ordena su pago total mensualmente.
La Ley 5905 de 1976 le ordenó a la Caja brindar atención médica (prestación de servicios de salud) a todos los pensionados del país, que hoy son más de 500 000. Esta normativa disponía que, si faltaba dinero para esta atención, este debía ser aportado por el Estado. Hasta la fecha, los políticos de la CCSS se han negado a facturarle al Estado un monto anual de ₡200 000 millones de déficit que tiene dicho régimen de salud. Si alguien tiene dudas, puede preguntarle a su gerente financiero, Gustavo Picado Chacón, si eso se le cobra al Estado.
La Ley 5349 de 1973 (entre otras) obligó a la CCSS a atender a todas las personas sin seguro (cobertura médica). Para esto, trasladó también las fuentes de financiamiento para que no se tocaran los fondos y reservas del Seguro Social (seguro de salud y pensiones de los trabajadores asalariados asegurados y sus familias), tal y como lo ordena el artículo 73 de la Constitución Política. Sin embargo, la CCSS invierte un monto anual de ₡500 000 millones en este programa de salud (Ley 5349), aunque solo recibe del Gobierno ₡240 000 millones de ingresos anuales, que no son ni la mitad.

El camino cómodo e irresponsable que encontraron los políticos de la Caja y de los Gobiernos fue tomar los fondos y reservas del Seguro Social, lo cual viola el artículo 73 de la Carta Magna y los artículos 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS. No les importó que eso llevara a la quiebra al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya reserva actual es de apenas ₡3 billones, y que esto afectara a tres millones de afiliados y pensionados del IVM.

Estos ruines, en su afán de equilibrar a toda costa los gastos de IVM con los ingresos sin detener el desvío de fondos, se confiaron en que podrían seguir mintiendo, culpando a las personas por vivir unos años más. Por eso, planearon las siguientes acciones:

Aumentar las edades de retiro —como ya lo hicieron— con vigencia a partir del año 2024 y con la advertencia de que lo tendrán que repetir en el mediano plazo.
Bajar los poquitos beneficios que les quedaban a los cotizantes de IVM, algo que también hicieron recientemente y lo volverán a hacer.
Permitir que las pensiones pierdan su valor adquisitivo, como lo vienen haciendo desde el 2019 (más de 150 000 personas beneficiadas con el IVM reciben una pequeña pensión de ₡142 000, ya devaluada un 12 %).
Seguir aumentando las tasas de cotización, principalmente de trabajadores asalariados, como lo hicieron en el 2017 y lo repetirán en los próximos años.

Todo lo anterior permitió que el Estado se diera el lujo de acumular una deuda con la CCSS de casi ₡3 billones, sin contar los ₡6 billones en disputa de la Ley 7374. Con esto, se sacrifica a los pensionados, a los que están próximos a pensionarse y hasta a las nuevas generaciones de cotizantes.

En el siguiente cuadro, elaborado con cifras del último estudio actuarial oficialmente conocido del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) hecho por la Caja, el monto de ₡1 767 724 millones de ingresos corresponde a un 15 % sobre la masa salarial de los trabajadores asalariados (del total de sueldos reportados por patronos públicos y privados) que cobra la CCSS. Empero, para este fin solo se requieren ₡842 877 millones, el excedente de ₡924 987 millones lo debieron ingresar a la reserva de IVM. Pero no lo hicieron, sino que lo utilizaron para cubrir obligaciones del Estado antes anotadas, acción con la cual vulneran la Constitución y la Ley Constitutiva de la Caja.

Cuadro 1. Balance del SEM, año 2018, en millones de colones

Modalidad de aseguramiento	Ingresos	Gastos	Excedente
Asalariados	1 767 724	842 877	924 847
Pensionados	273 873	452 275	178 403
Estado y no asegurados	248 975	513 949	264 974
Independientes y voluntarios	199 180	246 696	47 515
Total	2 489 752	2 055 797	433 955

Reitero, en el 2018, el excedente de ₡924 847 millones debió corresponder al Seguro IVM y representó ni más ni menos que un 7,89 % sobre los salarios, según la estimación oficial de la CCSS. Como es conocido, la Caja recauda para el Seguro Social de patronos, trabajadores y Estado un 25,66 % sobre la planilla de salarios, que según la Ley N°17 debe dividirse con criterio actuarial en 7,11 % para el SEM y 18,55 % para el IVM. Sin embargo, la CCSS traslada solo un 15 % al SEM y un 10,66 % al IVM, lo que explica la crisis de este seguro.

El gerente de Pensiones Jaime Barrantes Espinoza y los nueve directores de la Junta Directiva de la CCSS, presuntamente, no se enteraron de que ese excedente debió reforzar la raquítica reserva de IVM. Los abogados de la Dirección Jurídica de la CCSS, entre ellos Mariana Ovares Aguilar, Luis Guillermo Mata Campos y Gilbert Alfaro Morales, niegan conocer ese «elefante», a pesar de que “la Dirección Jurídica de la CCSS es el órgano superior consultivo responsable de la atención de asuntos en materia legal”. Entonces, cuando “en país de ciegos, el tuerto es rey”, es muy probable que solo Gustavo Picado Chacón y Luis Guillermo López Vargas, gurúes de las finanzas de la Caja, sean los únicos que conocen al paquidermo; pero también se hacen los «zorros» o los «rusos», como decimos los ticos.

El desvío histórico promedio de fondos del IVM equivale a un 7,5 % sobre los salarios y ocurre desde hace más de 50 años. En la década de 1970 no solo desviaban los ingresos de las cuotas del IVM hacia el Seguro de Salud, sino también las reservas ya constituidas, y se terminaba prestando al Estado los saldos sin intereses o a tasas reales negativas (empeorando el cuadro). Todas estas acciones, entre otras, ocasionaron que el IVM no disponga hoy de casi ₡59 billones en su reserva.

Cuadro 2. Monto de reservas que no pudo obtener el IVM

Concepto o rubro	Millones
Desvío de fondos del seguro IVM	₡ 43 344 772
Malas inversiones realizadas en el período 1975-1991	₡ 5 207 730
Artículo 9 de la Ley 7374 (el costo en salud sería inferior al 7,11 %)	₡ 5 211 351
Incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva	₡ 3 595 584
Artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador	₡ 973 713
Deuda del Estado con IVM (oficio GF-DFC-0901-2021)	₡ 420 586
Total	₡ 58 753 736

No faltará quienes argumenten que ese gigantesco monto no ingresado al IVM era necesario para ayudar a la debilitada situación fiscal del Estado. Sin embargo, se puede observar que la deuda pública estatal es cancelada puntualmente, incluyendo cada centavo del monto principal e intereses.

Asimismo, vimos la fiesta que se ha creado con dineros públicos, lo cual ha generado regímenes de pensiones de lujo, con retiro juvenil desde la edad de 40 años y con el 100 % del salario más alto como pensión.

También observamos cómo establecieron subsidios y beneficios a grandes cafetaleros, arroceros, exportadores y otros grupos, así como les permiten o facilitan a empresarios y a trabajadores independientes evadir más de ₡2 billones de impuestos por año, mientras reducen cada vez más los fondos de los programas sociales que ayudan a la población más vulnerable de nuestro país.

M. Sc. Rodrigo Arias López
Actuario matemático y docente pensionado de la UCR

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Biblioteca Nacional de Costa Rica vibró con magia de cultura cubana

Escrito en 24/10/2022. Publicado en Cultura, Derechos.

San José, 20 oct (Prensa Latina) Expresiones de la música, la danza, el canto y la poesía de Cuba hicieron vibrar hoy la Biblioteca Nacional de Costa Rica en la celebración central del Día de la Cultura Cubana.

Por: Alejandro Gómez

Dedicado este año al aniversario 50 del Movimiento de la Nueva Trova y al 60 de la enseñanza artística en Cuba, la efemérides recuerda la primera vez que se entonó el himno nacional cubano, un día como hoy de 1868, y marca definitivamente el nacimiento de una nación rebelde y con identidad propia.

A la actividad, primera realizada tras dos años de confinamiento por la pandemia de Covid-19, asistieron representantes de la cancillería tica, y miembros del Cuerpo Diplomático, de la Asociación Cultural de Cubanos Residentes en Costa Rica Antonio Maceo, y del movimiento de solidaridad con Cuba en este país, así como cubanos en misión estatal.

Integrantes del coro estudiantil de la Escuela José Martí, de San Isidro de Heredia, interpretaron los himnos de Costa Rica y Cuba a viva voz y en lenguaje Lesco (Lengua de Señas Costarricense) en lo que sería el inicio de una hora de manifestaciones culturales de la isla caribeña.

El afamado y multilaureado guitarrista, compositor y pedagogo cubano Aldo Rodríguez elevó la muestra con sus brillantes ejecuciones de La Comparsa (Ernesto Lecuona), Mamá Inés y Drume Negrita (Eliseo Grenet) y Cachita (Rafael Hernández).

En esta última presentación, Rodríguez fue acompañado por la profesora de danza del Conservatorio de Castella Mónica Sánchez y su estudiante Sthephanie Michelle Calero.

La actriz costarricense y presentadora de televisión Thelma Drakings incorporó al público a su hermosa declamación del poema Negra Soy, de la peruana Victoria Santa Cruz.

Como colofón, el cantautor cubano Martín González, graduado en la Escuela Nacional de Arte, puso a tararear y a bailar a los presentes con el Chan chan Voy pa’ Mayarí, de Compay Segundo.

Antes cantó Son al Son (César Portillo de la Luz), Yolanda (Pablo Milanés), Si me comprendieras (José Antonio Méndez) y de su autoría Auanile.

Al dar la bienvenida a los asistentes, la directora de la Biblioteca Nacional, Laura Rodríguez destacó la estrecha relación de su entidad, durante sus dos siglos de existencia, con el hermano pueblo cubano.

Con Cuba, exaltó, nos unen lazos muy entrañables. Inclusive una de la publicaciones del siglo XIX, Pabellón cubano, fue publicada por los cubanos que fundaron la colonia agrícola en La Mansión de Nicoya, en la provincia de Guanacaste, señaló y recordó las dos visitas que realizara a Costa Rica el Héroe Nacional cubano, José Martí.

Agradeció a la embajada de Cuba por haber distinguido a la Biblioteca Nacional para realizar esta importante actividad, y subrayó que siempre es gusto ser la casa donde se comparte la cultura de los países, en esta ocasión la riqueza de la cultura cubana, con los ciudadanos costarricenses.

Por su parte, el embajador de Cuba en Costa Rica, Jorge Rodríguez, agradeció la gran acogida que tuvo esta actividad.

Resaltó que de la lectura de los acontecimientos históricos surge la comprensión correcta de cómo van estructurándose los hitos que señalan la vocación y los sentimientos de un pueblo, esos que guían su presente y lo hacen avanzar hacia el futuro.

Rodríguez destacó el ejemplo del compositor de la letra del himno nacional de Cuba, Pedro Felipe ‘Perucho’ Figueredo, quien tras ser condenado a muerte, declinó una propuesta de clemencia, al venir acompañada con la condición de abandonar las armas.

Perucho Figueredo fue consecuente con las estrofas de nuestro Himno Nacional “Morir por la Patria es vivir”, aseguró el diplomático cubano.

«Por eso a 154 años de ser entonado por primera vez, no podemos hacer menos que, como pueblo, proclamar una vez más, nuestra firme voluntad de honrar la memoria de aquellos que nos precedieron en el camino por construir una Patria libre, independiente, soberana, inclusiva, participativa, con todos y para el bien de todos», exaltó.

Fotos: PL, Alejandro Gómez.

6 razones para no vender el BCR

Escrito en 24/10/2022. Publicado en Derechos.

Carta pública a la Asamblea Legislativa*

Los abajo firmantes, apoyamos la posición de muchos profesionales y expertos que, desde muy diversas posiciones ideológicas y políticas, manifiestan oposición a la venta del Banco de Costa Rica (BCR).

Consideramos que la competencia entre la banca privada y la banca pública siempre es beneficiosa. La banca es mucho más que un tema financiero: tiene que ver con el bienestar de las personas y la ciudadanía, propósito último de toda política pública.

1.- LA COMPETENCIA BANCARIA SIEMPRE ES BUENA. De acuerdo con la SUGEF, Costa Rica tiene 11 bancos privados, 5 financieras privadas y 21 cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas. Es decir, 37 entidades privadas y solo 3 bancos públicos (ver información detallada en la página web de la Sugef). En simple teoría de la competencia, base de la sociedad de mercado, es muy sano que esa enorme cantidad de entidades bancarias privadas tengan competencia de algunos pocos bancos públicos con funciones diferenciadas. Esto ayuda al mercado, ayuda a la ciudadanía y a transparentar el negocio bancario.

Pretender lo contrario es favorecer oligopolios. Es estar en contra de la competencia misma. El BCR es la institución financiera pública con menor margen de intermediación del país (6,46%). El margen de intermediación financiera del BCR se redujo en casi un 3% entre 2019 y 2020, pasando de 171 mil millones de colones en 2019 a 167 mil millones de colones en 2020.

Eso es eficiencia operativa. Justamente, entre 2017 y 2019 dicho indicador pasó de 67,55% a 78,12%, es decir un aumento de más de 10 puntos porcentuales en menos de 2 años. Los principales expertos en banca nos indican que, a pesar de tantos bancos privados, el mercado bancario costarricense es oligopólico, con tasas de interés muy altas (y una diferencia muy aguda entra la tasa activa y pasiva). Dos importantes estudios lo demuestran: “Intermediación Financiera y Poder de Mercado: el caso Costa Rica” de Castro y Serrano (2013); y el estudio de Salas, Mora y Agüero, del año 2015, “Una mirada a la competitividad del Sistema Bancario Nacional Costarricense a través del Indicador de Boone”, publicado en la Revista de Ciencias Económicas, lo cuales concluyen claramente que el mercado bancario privado en Costa Rica es muy cerrado y no favorece al consumidor. Necesita competencia.

2.- LA VENTA DEL BCR NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE LA DEUDA: La venta del BCR en la suma que ha mencionado el propio presidente, de USD 1.800 millones, no es una solución al problema de la deuda en el corto plazo.

Tampoco en el largo plazo, pues es más lo que pierde el país por los rendimientos dejados de percibir por el BCR que el dinero que ahorraría en pago de intereses. Veamos los números duros:

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el año pasado, la deuda del Gobierno Central fue de USD 43.015 millones de dólares, los cuales corresponden a un 68,34% del PIB. Así que, USD 1.800 millones sería un aporte de solo el 4,1% en reducción a la deuda que ni siquiera nos libera de la situación más gravosa de la Regla Fiscal.

Veamos los números detallados: solo el año pasado 2021, el pago de intereses de la deuda del Gobierno fue de USD 2.989 millones (4,91% del PIB), de los cuales USD 2.593 millones (4,26 % del PIB) correspondieron a intereses de deuda interna, y USD 396 millones (0,65 % del PIB) a intereses de deuda externa. Literalmente, esos USD 1.800 millones se esfumarían en 6 o 12 meses, apenas en el pago de intereses.

En un año o dos, nos quedaríamos sin BCR y con la deuda igual o creciendo. Lo mismo que tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Las medidas para reducir la deuda tendrán que ser mucho más estructurales, como indicamos al final de este artículo.

3.- ¿Y SI NOS QUEDAMOS SOLO CON EL BANCO NACIONAL? Sería un grave error.

Serían 37 entidades privadas compitiendo contra un solo banco público.

Las tendencias oligopolistas se verían acentuadas. Además, se trata de dos bancos muy distintos. El BN es un banco más abierto y tradicional, con una gran masa de ahorrantes en cuentas de ahorro y créditos, extendido por todo el país. El BCR ejerce otra función: es una plataforma de servicios moderna, dinámica, que ofrece servicios mediante miles de negocios que apoyan la vida cotidiana de millones de personas al año.

4.- EL BCR Y EL BENEFICIO A LAS PYMES Y LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS. Con 162 oficinas, el BCR logra atender más de un 1 millón de transacciones mensuales entre clientes y usuarios, impulsando la autogestión bancaria y el uso de canales digitales. Adicionalmente, a través de 95 plataformas distribuidas en 67 oficinas BCR dentro de instituciones públicas, se beneficia con servicios bancarios a la población, con más de 9.815.000 servicios al año.

El BCR ha logrado colocar una serie de créditos y apoyos para las pymes del país a través de “PUNTOS TUCÁN”, el programa de microbanca más exitoso en la historia de Costa Rica, con 4.676 puntos y cobertura del 41% en comercios fuera de la GAM.

La clave es una red de pequeños comercios (sodas, pulperías, farmacias, etc.) que contribuyen al impulso social y a los procesos de bancarización. Como dijimos, el PROGRAMA TUCÁN del BCR es una red de 4.676 pequeños negocios afiliados que dinamizan económicamente a la sociedad.

Lo anterior convierte al BCR en la institución financiera que tiene mayor cobertura a nivel nacional, una tercera parte del alcance genérico está dedicado a sectores fuera de la GAM, superando en razón 4:1 la cantidad de oficinas que tiene el banco privado que más oficinas tiene.

El tercer rubro más importante en las colocaciones del BCR el año anterior fue a pymes, pasando de 25.959 millones de colones en 2020 a 36.491 millones en 2021. Aparte de su ser una gran Plataforma de Negocios para pequeños empresarios, el BCR tiene un impacto importantísimo para instituciones de bien social. Solamente en los último cinco años (período 2017-2021), las aportaciones a estas instituciones han sido las siguientes:

− CONAPE: 10.651.536.687 colones

− CNE: 6.390.922.155 colones

− IVM: 34.415.944.483 colones

− Infocoop: 11.564.438.799 colones

No solo se perderían esas cargas parafiscales sino, además, una serie de herramientas de carácter estratégico como el pago a pensiones de invalidez, las plataformas de depósitos judiciales, becas universitarias, alianzas público-público, la migración digital y educación financiera, fideicomisos de obra pública y las donaciones directas a emergencias nacional.

5.- EL BCR Y SU IMPORTANCIA PARA EL MUNDO RURAL. El BCR cuenta con 162 oficinas distribuidas en 15 regiones, zonas como Pérez Zeledón cuenta con 13 oficinas, la Zona Sur, con 6, el Caribe con 15, Guanacaste con 17 y la Zona Occidental y Puntarenas con 7 y 10 respectivamente. ¿Ha visto usted banca privada en las zonas más rurales y alejadas del país, como es el caso de Guayabo de Bagaces o Aguas Claras de Upala? No. Allí solo existen el BCR y el BN. La razón es muy sencilla: la vida rural no es generalmente rentable para la banca privada, cuyo eje son las tarjetas de crédito y crédito de consumo.

El mundo rural se mueve con créditos a pequeña escala para los productores, ofreciendo servicios financieros, acompañamiento empresarial y manejando el ahorro de miles de familias. Eso solo lo hace la banca estatal, pues son actividades que no generan mucha rentabilidad financiera. Por eso, sólo el BN y el BCR atienden a nuestro mundo rural y campesino. El acceso al mercado bancario de las poblaciones más vulnerables debe ser una prioridad democrática.

6.- ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN INTEGRAL AL PROBLEMA DE LA DEUDA? La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural. Por un lado, generar reducción de gasto burocrático ineficiente. Pero, además, correcciones tributarias modernas y justas. Cobrar impuestos (no a la mayoría de los empresarios y ciudadanos que ya pagan muchos tributos) sino, a la gran cantidad de evasores, y a los muchos sectores y grupos que están metidos en odiosos y privilegiados sistemas de exención y exoneración. El propio Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó, desde el año 2018, que la evasión de impuestos en CR era casi el 5,4% del PIB anual y que los sectores exonerados dejaban de pagar casi un 4,15% anual del PIB adicional, según estudios del Ministerio de Hacienda del año 2021. Ambas sumas son más del 9% del PIB anual. Con eso bastaría para eliminar nuestra deuda es menos de 10 años.

Hay que eliminar los odiosos privilegios de las grandes empresas que reportan 0 ganancias en impuesto de renta; y también de aquellas que se esconden en paraísos fiscales mediante mecanismos como los denunciados en Panama Papers. Son malas prácticas tercermundistas. Todo el mundo tiene que pagar impuestos en una democracia moderna.

Ya el G-20, impulsado por el propio gobierno de los EE.UU. anunció que hay que implantar un impuesto corporativo mundial de, al menos, el 15%.

Y ni qué decir del sobrepago de los intereses de la deuda pública interna que, injustamente, absorbe otros puntos del PIB en sobreprecios.

La corrección de nuestra deuda debe ser mucho más estructural que dilapidar los activos estratégicos.

Insistimos en lo que se dijo al inicio: regalar el Banco en 1.800 millones de dólares, como si fuera un plato de lentejas, no puede ser visto más que como una “curita” a corto plazo sin reformas estructurales y de largo plazo. Está claro que no solucionará la deuda del Gobierno Central. Un activo como el Banco de Costa Rica es mucho más que su valor financiero, es un motor de desarrollo que le genera gran cantidad de beneficios al país.

*FIRMANTES

Alpízar Otoya, Claudio. Politólogo.
Arguedas, Gabriela. Experta en bioética.
Araujo, Ana Margarita. Experta en mediación.
Arrunátegui Madrigal, Karla. Psicóloga.
Botey, Montserrat. Economista.
Bustos, José Manuel. Empresario.
Cabezas Moya, Rodrigo. Médico.
Carranza Villalobos, Carlos. Investigador.
Castellón Rodríguez, Leonardo, director Instituto de Investigaciones Económicas (UCR)

Castro Calvo, Ricardo. Asesor Legislativo.
Chan Mora, Gustavo. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica.

Cuevas Cordero, Felisa. Socióloga.
Céspedes Vargas, Renzo, Economista.
De Sárraga, Alejandro. Economista, experto en desarrollo local.
Díaz Jiménez, Luis Fernando.
Dubois Cisneros, Vanessa. Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA).

Fonseca Rodríguez, Ariel. Periodista.
Garrón Figuls, Ricardo.
Hernández González, Greivin. Economista.
Leiva, Jorge. Economista y empresario.
Lopes, Gilberto. Periodista y escritor.
Moreno Buján, Marcela. Decana de la Facultad de Derecho UCR.
Muñoz Villalobos, Alejandro.
Mora Portuguez, Jorge. Vicepresidente del Concejo Municipal, Municipalidad de Montes de Oca.

Nuñez Artiles, Adriana., Periodista.
Nuñez Vargas, Eduardo. Politólogo.
Olivares Martínez, Luis Carlos. Abogado, economista, especialista en Políticas Públicas.

Ordóñez Chacón, Jaime. Abogado.
Quirós, Javier. Ex secretario del Tribunal Electoral del PLN.
Ramos González, Welmer. Economista.
Rosales, Rotsay. Politólogo.
Solís, Sonia Montejo, Economista.
Succar Guzmán, Habib. Escritor.
Trejos Benavides, Eugenio. Exrector TEC.
Ulate, Enrique. Coordinador del Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

Varela Erasheva, Marcelo. Experto en desarrollo.
Vargas Zeledón, Olman. Exsecretario Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y arquitectos (CFIA).

Vartanian, Daniel. Economista.
Vásquez Drexler, Juan Carlos. Abogado especialista en tecnología.

Qué hay que cambiar en el sistema educativo

Escrito en 23/10/2022. Publicado en Derechos, Educación.

El próximo lunes 24 de octubre del 2022 a las 10:00 a.m. en el programa Macros, se llevará a cabo una entrevista, la cual contará con la participación de Isabel Román, directora del Estado de la Educación y el Ing. Arnoldo Mora Vaglio, educador de sistemas y ecología; hablarán sobre las decisiones impostergables en nuestro sistema educativo.

En el siguiente link se podrá visualizar el video con la invitación a participar de la entrevista: https://fb.watch/giAm9Xfy_5/

Sala Constitucional declara nulidad de todas las compraventa de tierras por parte de personas no indígenas

Escrito en 23/10/2022. Publicado en Derechos.

Comunicado público

Sala Constitucional declara nulidad de todas las compraventa de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los Territorios realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena de 1977.

Jueves 20 de octubre de 2022. El 31 de agosto de 2021 Rodrigo Arauz Figueroa interpuso acción de Inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en relación al artículo 3 de la Ley Indígena; expediente 21-017138-0007-CO.

El día de ayer miércoles 19 de octubre de 2022, mediante el fallo No 2022024725, la Sala Constitucional, por mayoría, declaró sin lugar esa acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de dicha jurisprudencia en relación con el artículo 3 de la Ley Indígena, el cual establece «Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso».

El Por Tanto del fallo constitucional indica “Por mayoría se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. La magistrada Garro Vargas y el magistrado Garita Navarro salvan el voto y declaran inconstitucional la línea jurisprudencial impugnada en cuanto asume, de manera genérica, la existencia de mala fe en la causa adquisitiva del negocio traslativo de dominio a partir, exclusivamente, de la vigencia del artículo 5 de la Ley Indígena y, por ello, de la nulidad originaria del negocio de traspaso, derivada de lo dispuesto en el citado artículo. La magistrada Garro Vargas consigna nota.”; la totalidad del fallo se conocerá en un mes y medio aproximadamente, de acuerdo a los tiempos del ente judicial.

El magistrado de la Sala Constitucional Fernando Castillo, se refirió al fallo por medio de unos audios dirigidos a la prensa, en los cuales indica:

“La jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia establece una regla de derecho en el sentido de que todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación de la citada Ley, se considera que no han actuado de buena fe, consecuentemente, se llega a la conclusión de que esa venta o compraventa de propiedades es absolutamente nula».

«Dicha regla de derecho es conforme al derecho de la Constitución, es decir conforme a los valores, principios y normas constitucionales, de ahí que la Sala por mayoría decidió declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad y sostener la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y consecuentemente, hacer estas ventas nulas al considerarse de que no hay buena fe el Estado no está en la obligación de indemnizar a los compradores, no indígenas ni mucho menos ejercer la potestad expropiatoria».

Sobre este caso, el 22 de setiembre de 2021 la Sala Constitucional resolvió acoger la acción planteada para resolver y ordenó publicar por 3 veces en el Boletín Judicial 192 del 6 de octubre de 2021, pág. 9 y 10, lo siguiente:

«Para que en los procesos o procedimientos en los que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso…lo único que no puede hacerse es dictar sentencia.

Lo único que la acción suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procesos tenientes a agotar esta vía” por lo que una vez resuelta la acción planteada, deberán dictarse las sentencias y resoluciones correspondientes.

Esta resolución de la Sala Constitucional viene a reafirmar lo expresado y sostenido por varias organizaciones, principalmente las organizaciones propias de Pueblos Originarios, y desmiente lo externado por los grandes terratenientes que ocupan ilegalmente estos Territorios, sus representantes legales y organizaciones como la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires.

Las organizaciones firmantes, celebramos este fallo y solicitamos vehementemente que el Estado de Costa Rica cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la tierra- territorio a los Pueblos Originarios; por lo que el Poder Ejecutivo deberá realizar sin dilaciones los desahucios administrativos priorizados por estos Pueblos en cada Territorio y el Poder Judicial deberá resolver con celeridad conforme a derecho, el bloque de constitucionalidad, la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de Los Pueblos Originarios y la resolución de la Sala Constitucional aquí indicada.

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönu Wakpa de Salitre.

– Consejo Iriria Sat Kök de Yäbamï Dí (Cabagra).

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.

– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.

– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.

– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.

– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.

– Cootraosa.

– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Ministerio de Salud clausura fuentes de agua contaminadas por los metabolitos del plaguicida Clorotalonil en Cipreses de Cartago

Escrito en 23/10/2022. Publicado en Agua, Derechos, Salud.

Agua no es apta ni siquiera para lavar alimentos o bañarse, por lo que se suministra en Cisterna

Comunicado

La ministra de Salud Dra. Yoselyn M. Chacón Madrigal, giró órdenes sanitarias para: “Proceder a la clausura inmediata de las fuentes de agua para consumo humano que utiliza la ASADA de Cipreses de Oreamuno, en específico las fuentes Plantón y Carlos Calvo. Ante la ausencia de información que caracterice e identifique riesgos asociados a la salud por el consumo, ingesta o cualquier otro tipo de contacto de los metabolitos el agua de estas fuentes no podrá ser utilizada para consumo humano, preparación de alimentos y actividades de higiene corporal como parte de un principio precautorio. Se puede considerar el uso del agua de estas fuentes para el funcionamiento de inodoros y otras actividades de limpieza y desinfección intradomiciliaria” (MS-DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022).

Esta orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-0096-2022 fue girada el día de ayer a la ASADA de Cipreses de Oreamuno en base lo que establece, Ley General de la Salud, N° 5395, artículos 1-2-4-7-37-264-265-267-268-269-273-275-337-338-340-341-343-344-346-349 y 355, Decreto N° 38924-S, Reglamento para la Calidad del Agua Potable y sus Reformas.

Otra de las órdenes giradas a la ASADA indica: proceder a comunicar urgentemente a la comunidad de Cipreses de manera correcta y asertiva, así como por la mayor cantidad de canales posibles la situación que presenta la ASADA de Cipreses, sobre los metabolitos del plaguicida Clorotalonil y la aplicación del principio precautorio, con la finalidad de prevenir problemas de salud en la población, así como el suministro del agua por medio de cisternas” (MS-DRRSCE-DARSO-OS-0091-2022).

Hay dos órdenes también para la Jefatura Oficina Regional Central Este del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados donde ordena: “Presentar ante el Área Rectora de Salud de Oreamuno, un Plan de Acciones correctivas indicando el responsable de realizar las actividades y el cronograma donde se detallen las fechas de la realización de las actividades, con acciones a corto, mediano y largo plazo, en un plazo considerable de ley donde se indique los pasos a seguir para solucionar la situación de contaminación de la ASADA de Cipreses, ya sea mediante interconexiones con otras ASADAS, búsqueda de nuevas fuentes, aplicación de sistemas de tratamiento entre otras, según sea determinado por su rectoría técnica en el agua potable” (MS-DRRSCE-DARSO-OS-0096-2022)

Mientras la última ordena al AyA: “Brindar agua a la comunidad de Cipreses de Oreamuno, de manera inmediata, por medio de camiones cisterna o cualquier otro mecanismo, que asegure disponibilidad de agua segura para consumo humano.”( MS-DRRSCE-DARSO-OS-0089-2022).

Ante estos hechos Ecocipreses asegura:

Que los camiones cisternas deberían ser pagados por las empresas vendedoras de agrovenenos que distribuyen y lucran con la venta de clorotalonil ,
Que es urgente una auditoría con participación ciudadana de las fuentes de agua de la parte Norte y altas de Cartago donde es muy posible que exista el mismo problema de contaminación
Que se prohíba el clorotaonil como lo hizo Europa al descubrir lo mismo que hoy se está dando a conocer en nuestra comunidad.
Que solo se puedan autorizar agroquímicos que puedan ser monitoreados en las aguas por el ente oficial del AYA. Es importante señalar que sin la presión cuidada seguiríamos de por vida tomando esa agua pues el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad de monitorear la mayoría de agroquímicos que hay en el país.
Que no se flexibilice una vez más la venta de agroquímicos para el beneficio de los vendedores de agrotóxicos que usan de excusa a las personas productoras. El Ministerio de Salud y el MINAE deben ser parte activa de la evaluación integral de un plaguicida antes de emitir un registro pare su uso y venta en Costa Rica.

Se debe destacar que lo que empezó como una lucha local para proteger el agua de casi 5000 personas hoy ha tomado giros muy interesantes a raíz del descubrimiento de los contaminantes de origen agroquímico. Precisamente se ha consolidado un movimiento nacional que solicita al gobierno de la república la prohibición del Clorotalonil debido a que este agrotóxico es un agente contaminador de agua subterránea y fue prohibido en la Unión Europea y otros países más por lo mismo que sucede en Cipreses de Oreamuno de Cartago.

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MS-DRRSCE-DARSO-OS-0096.-2022-Sr.-Vladimir-Dra.-Lafuente-Acueducto-1 Descarga

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MS-DRRSCE-DARSO-OS-0087.-2022-Sr.-Virgilio-Ulloa-Dra.-Lafuente-1 Descarga

Por la libertad de prensa

Escrito en 22/10/2022. Publicado en Cultura, Derechos.

Freddy Pacheco León, biólogo

Dice en un audio un señor abogado (no identificado) que la Sala IV no tenía que haber emitido el fallo sobre el cierre del Parque Viva, porque eso correspondía a un tribunal de menor jerarquía. Sentimos que el caballero desdeña la gran importancia que encierra el derecho a la libertad de prensa y de expresión, al expresar que, por verse limitado indirectamente no debe ser visto por la Sala Constitucional.

Para nosotros es esencial el papel que juega la libertad de expresión (y de prensa) en el mantenimiento de nuestra sociedad democrática. Sin el debido respeto, directo e indirecto, a esas libertades, cuan amplias son, la democracia se erosiona, y de ese suelo degradado podrían brotar hierbas que peligrosamente limitarían el crecimiento del respeto al pluralismo y la tolerancia, y por ende, los medios de denuncia y control ciudadanos llegarían a ser inoperantes. Se avanzaría así, hacia sistemas políticos autoritarios, como ha sucedido en países hermanos del continente. Por ello, la Sala Constitucional nos reafirma responsablemente, su disposición a proteger la libertad de prensa y de expresión, aún ante amenazas indirectas como en el presente caso.

Razonablemente, no se puede dudar que el cierre de actividades del Parque Viva, reconocido públicamente como un elemento estructural de la empresa que publica el diario La Nación, tendría y seguramente tuvo, un efecto económico que eventualmente amenazaría con restringir por esa vía indirecta, la libre circulación de las ideas. Con el fallo de los señores magistrados de la Sala Constitucional, se sanciona un peligroso paso que pone obstáculos en el camino por el que habrá de avanzarse hacia el fortalecimiento de la libertad de prensa, vital como el de libertad de expresión, para la consolidación de la democracia. Somos testigos como en otros países se ha restringido la libre expresión por vías indirectas, por ejemplo obstaculizando el acceso al papel y otros materiales y equipos, o, muy evidente en nuestro país, discriminando a diversos medios de prensa con la contratación de espacios para la divulgación de comunicados oficiales. O por otros medios como el que motivó el presente caso.

UCR: Casi tres de cada cuatro mujeres aseguran tener miedo de ser víctimas de un delito

Escrito en 21/10/2022. Publicado en Derechos.

El 56 % de las personas consideran que los cuerpos policiales hacen todo lo posible por ayudar y servir a las personas. No obstante, el 62 % está «en desacuerdo o muy en desacuerdo» en que capturen rápido a quienes delinquen. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa Rica 2022, de la Escuela de Estadística y el PNUD

Además, dos terceras partes de la población afirman que Costa Rica es un lugar inseguro, aunque el 63,5 % piensa lo contrario de su barrio.

La última Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENSCR), Costa Rica 2022, elaborada por la Escuela de Estadística (EEs) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer un importante y preocupante dato, que era tristemente previsible: las mujeres en el país se sienten más vulnerables que los hombres a ser víctimas de un delito.

Mientras el 72,7% de las féminas consultadas teme sufrir algún tipo de agresión a su seguridad, este porcentaje baja al 57,6% en el caso de los hombres. Si se consulta sobre la seguridad en el barrio, estos datos bajan a 41,6 % entre las mujeres y a 30,5 % en el caso de los masculinos. En términos generales, el 63,5 % de las personas afirma sentirse seguro o muy seguro con su entorno cercano.

Además, el estudio señala que el 65,5 % de las personas que habitan en Costa Rica la consideran como «poco o nada segura» y ubican a la inseguridad ciudadana como el cuarto problema más grave que afronta el país (según el 13,3 % de la muestra), aunque por debajo de otros temas como el alto costo de la vida (23,9%), el mal estado de la economía (22%), y el desempleo (19,2%).

En otro enfoque de este mismo tema, el 58,3 % considera que el país tiene mucha o alguna posibilidad de resolver el problema de inseguridad ciudadana y el 54,7% afirma que puede contribuir «algo o mucho» en esa solución. No obstante, si se desagregan los datos por género, se evidencia que los hombres confían más que las mujeres en la capacidad de Costa Rica para eliminar la inseguridad (63,5 % versus 53,6 %, respectivamente).

Las personas consultadas indican que están «muy de acuerdo y de acuerdo» (56 %) con que la Fuerza Pública hace todo lo posible por ayudar y servir a la población. Sin embargo, están «en desacuerdo o muy en desacuerdo» con la afirmación de que la policía captura rápido a la gente que delinque (62 %), que se esté ganado la lucha contra la delincuencia (71 %) o con que se trate de personal bien capacitado (48 %).

Sobre la capacidad de obtener justicia sin importar la condición económica, el 76 % afirmó estar «muy desacuerdo o desacuerdo» con la frase “El Ministerio Público persigue por igual a las personas que delinquen, sin importar si son ricos o pobres”, y el 60,7 % en cuanto dijo lo mismo sobre lo óptimas que son las penas que imponen a quienes delinquen, o que se aplique una justicia pronta y cumplida (59,2 %).

Con respecto a la tenencia de armas de fuego en el país, el 95,4% están «muy de acuerdo y de acuerdo» con que se debería hacer un examen de manejo de armas como requisito para obtener una. El 88,8 % está «de acuerdo» con que el uso de las armas de fuego aumenta la posibilidad de muertes por violencia doméstica y el 85,3 % dijo concordar con que las armas causan accidentes de personas inocentes o familiares.

En cuanto a la percepción de la democracia, el 79 % de las personas indicó que esta es preferible a cualquier forma de gobierno. Siete de cada 10 indicaron sentirse orgullosos del sistema político de Costa Rica y el 56 % de las personas indicó que están satisfechas o muy satisfechas con la forma en que funciona la democracia en el país.

Importancia de la percepción de la seguridad ciudadana

Con respecto a todos estos resultados, el representante residente del PNUD, José Vicente Troya Rodríguez, señaló que es imposible construir una sociedad próspera, libre e igualitaria bajo la amenaza de la violencia y el despojo.

Para el representante del PNUD, las encuestas de percepción, junto con los registros administrativos, y la medición y el análisis de la victimización delictiva, son tres recursos fundamentales para comprender de una manera más integral un problema complejo y multidimensional como lo es la criminalidad y la violencia interpersonal.

“Esta encuesta nos permite además conocer la confianza hacia las instituciones y las personas. Además, afecta el ejercicio de derechos y libertades, la capacidad de construir redes y espacios colaborativos, la afiliación a la institucionalidad democrática e, incluso, la propensión a tomar decisiones sobre educación, empleo e inversión, por mencionar solo algunos”, sentenció.

Para la directora de la EEs, Ericka Méndez Chacón, estas estadísticas son fundamentales para conocer el estado de la seguridad en el país, además de algunos detalles particulares sobre este tema.

Ericka Méndez, directora de la Escuela de Estadística, sobre la importancia de colaborar en la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana.

Para realizar este estudio se entrevistaron a 1222 personas mayores de 18 años, costarricenses o residentes con más de un año de estar en el país y con teléfono celular activo. Presenta un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2,8 %.

Esta encuesta forma parte del proyecto Gestión de información basado en la evidencia para la seguridad ciudadana en América Central (INFOSEGURA), y cuenta con con el apoyo de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Tiene como objetivo fortalecer la formulación de políticas mediante la mejora de la calidad y la comparabilidad de las estadísticas regionales de seguridad ciudadana, así como el aumento de la coordinación y colaboración regional en las estrategias de seguridad ciudadana efectivas.

Pablo Mora Vargas
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Ingrid Hernández Sánchez
Comunicadora del PNUD

Estudio UCR indaga sobre la persistencia de afectaciones en la salud mental de la ciudadanía tras la pandemia

Escrito en 20/10/2022. Publicado en Derechos, Salud.

Según una primera investigación del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP), la salud mental de la población costarricense se vió gravemente afectada por la pandemia en el 2020. Ahora, esta instancia especializada indagará sobre la persistencia de estas afectacciones en la personas, en la busqueda de acciones efectivas y la generación de políticas públicas. Foto: Karla Richmond, UCR.

Por medio de una encuesta la UCR busca determinar las afectaciones en la salud mental de las y los costarricenses que persisten luego de dos años de la emergencia sanitaria por COVID-19.

El Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Cooperación Francesa de la Embajada de la República de Francia, aplicará un estudio para conocer las afecciones que aún persisten en la salud mental de la población, luego de dos años del inicio de la pandemia.

El estudio corresponde a la segunda etapa de una investigación realizada en el año 2020, en la cual se estableció que la pandemia por COVID-19 afectó en sobremanera la salud mental de la población costarricense, y que era de urgencia fortalecer los servicios públicos de atención en salud mental, particularmente para los grupos más afectados y vulnerables. La iniciativa de investigación es liderada por los investigadores del IIP, Ana María Jurado y Benjamín Reyes.

La primera fase constó de 20 meses de estudio, 23 personas investigadoras de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED); con la cooperación de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valencia, la Universidad de Davis, de los Estados Unidos; así como del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y la Fundación Friedrich Ebert.

Según el estudio multidisciplinar realizado en el 2020, las mujeres jóvenes (entre 18 y 25 años) de las zonas costeras del país, con ingresos económicos limitados y bajo nivel educativo fueron las más afectadas. Además, del total de la muestra, 2 163 personas consultadas; el 70% expresó tener tristeza, ansiedad o enojo; 65% cansancio y fatiga; 62% trastornos del sueño; 58% reportó problemas de concentración; 55% miedo al futuro; 51 % mucha inquietud; y 45 % se sentían solas.

Para la experta del IIP, Ana María Jurado Solórzano, “los resultados de este primer estudio eran esperables”, y ahora con esta segunda fase, se quiere detectar cuáles efectos permanecen latentes en la salud mental de la población costarricense después de dos años.

“Queremos saber si la población y, en este caso la muestra que vamos a consultar, sigue presentando y en qué medida, los problemas en salud mental que tenían claramente establecidos en el 2020. Es decir, queremos conocer qué aspectos la población consultada ha superado y logrado afrontar y cuál ha sido el impacto que tuvo al final la pandemia y cuántas de las personas consultadas quedaron con afectaciones en su salud mental de manera crónica”, declaró la académica.

De acuerdo con el experto del IIP, Benjamín Reyes, esta segunda etapa del proyecto se propone conocer las respuestas de la población sobre afectaciones como el estrés agudo y de afrontamiento resiliente, aunado a detectar la persistencia en la población consultada de indicadores de estrés postraumático y otros aspectos como satisfacción de vida y gratitud, por mencionar algunos.

“La información que vamos a obtener nos va a permitir ver cómo esto varía en función de variables sociodemográficas. Por ejemplo, en el estudio anterior se había visto que más impacto en salud mental en mujeres, en zonas costeras y en los estratos socioeconómicos más bajos. Entonces, este seguimiento nos va a permitir conocer los cambios con base en el estudio anterior”, agregó el investigador.

El experto enfatiza en que los resultados de este segundo estudio, eventualmente puedan ser tomados en cuenta por los tomadores de decisiones, para la generación de políticas públicas, y que no se trate exclusivamente de un ejercicio académico, sino que sea de utilidad para la sociedad en general.

El estudio está dirigido a población costarricense mayor de 18 años, sin exclusión, y se realizará a través de una encuesta telefónica.

Gustavo Martínez Solís
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR