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Violencia institucional: Cruz Roja se niega a ingresar a Territorio Cabécar de China Kichá por conflicto sobre la tierra

  • Menor del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö, recibió atención de salud tardía por negligencia de la Cruz Roja.

Martes 20 de septiembre 2022. El pasado martes 12 de septiembre, el menor Alfred Zúñiga Fernández, del clan cabécar Kebeglowa e integrante de una de las familias recuperadoras de Kono Jú y Yuwi Senaglö -en el Territorio Cabécar de China Kichá-, presentó un deterioro en su salud. Los síntomas, ese día, fueron: vómito, diarrea, dolor de cabeza, fiebre y un dolor fuerte en las piernas y rodillas que le dificultaba caminar. Ese día su familia decidió atenderlo con plantas medicinales y otros remedios ancestrales. 

Para el viernes 16 de septiembre la familia del menor decidió contactar a la Cruz Roja para que lo trasladara al Hospital Escalante Padilla en Pérez Zeledón. El EBAIS más cercano al Territorio Cabécar de China Kichá se encuentra desde la plaza del Territorio a 30 kilómetros, en la comunidad de San Pablo. Sin embargo, por la gravedad de los síntomas de Alfred, -quién ya no podía caminar, llevaba 3 días sin poder comer y estaba deshidratado-, su familia decidió que debía recibir una atención de salud mayor a la que se brinda en los EBAIS. 

Desde las 9:00 AM a 12:00 MD la familia de Alfred contactó a la Cruz Roja. En la primera, segunda y tercera llamada la Cruz Roja se negó a trasladar al menor por falta de ambulancias. En la cuarta llamada, la Cruz Roja pidió que el menor fuera trasladado a la comunidad de San Antonio para que aprovechara el traslado de otra unidad a ese lugar, a lo que la familia alegó su imposibilidad de hacerlo por falta de recursos económicos para el traslado del menor hasta el punto de que solicitaba la Cruz Roja; siendo la misma razón por la que se pidió el apoyo de esa institución.

La Cruz Roja también dijo expresamente a la familia de Alfred que necesitaba escolta de la Fuerza Pública. Sin embargo, la familia de Alfred decidió no contactar a la policía porque en todas las ocasiones anteriores que se ha solicitado apoyo de la Fuerza Pública para escoltar a la Cruz Roja, u otras instancias, ésta se ha negado y se desconoce si la Cruz Roja coordinó con la Fuerza Pública.

Pese a ello, la familia de Alfred siguió presionando a la Cruz Roja argumentando que era una situación de emergencia y que la vida del menor estaba en peligro. A ello, la Cruz Roja dijo a la madre del menor de que su servicio no era de taxi. 

Tras presiones junto a personas solidarias de la comunidad de Pérez Zeledón y el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, la Cruz Roja accedió a trasladar al menor siempre y cuando éste se encontrara en el centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Al no encontrar otra solución, con enorme dificultad, el menor y su familia caminaron 1 kilómetro cuesta arriba hasta la plaza del Territorio. La ambulancia llegó sin ninguna escolta policial.

Ese día, Alfred fue diagnosticado con anemia y una infección a la altura de su caja torácica. Recibió suero, además de otros medicamentos y fue dado de alta ese mismo día. Para el día de hoy, la salud de Alfred sigue complicada pues sus síntomas no han disminuido significativamente. A esa preocupación, se suma la angustia de su familia al no contar con recursos económicos para movilizarse fuera del Territorio. Movilización que, además, exige una serie de condiciones de seguridad por el conflicto existente en China Kichá y en el que la madre, padre, hermanas y hermanos de Alfred han resultado afectados y agredidos por el accionar de la Fuerza Pública y personas no indígenas con intereses sobre los terrenos recuperados. 

Este hecho es percibido por la familia de Alfred y otras personas de la comunidad cabécar como un acto de violencia y racismo institucional. No es la primera vez que esto sucede y tampoco es una situación que suceda únicamente en el Territorio Cabécar de China Kichá. 

El argumento de seguridad de parte de la Cruz Roja no es responsabilidad alguna de los Pueblos Originarios, como tampoco lo es la ineficiencia de la Fuerza Pública que debería garantizar el bienestar e integridad de todas las personas dentro y fuera de los Territorios Indígenas. Como personas recuperadoras, reconocemos la existencia del conflicto y el riesgo que implica el mismo, sin embargo, no somos los responsables de la situación de inseguridad existente en nuestras comunidades y tampoco hemos realizado amenazas en contra de instituciones públicas como sí lo ha hecho la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires (AMPBA) el pasado 21 de agosto, en palabras de Gonzalo Peraza Agüero, presidente de AMPBA.

Pese a ello, somos los Pueblos Originarios quienes cargamos con la violencia y racismo institucional que no sólo evita la entrada de una ambulancia a nuestros Territorios, sino que atenta contra nuestra integridad física y vida al no poder acceder a nuestro derecho a la salud.

Denunciamos: 

  • A la Cruz Roja por la falta de ética e integridad a su trabajo y mandato. En situaciones de conflicto y tensión, su labor es todavía más importante. Además, es éste el sentido de su trabajo y mandato internacional.
  • A la Fuerza Pública por su ya reconocida falta de apoyo y su constante negación para escoltar tanto a organizaciones aliadas a nuestra causa como a otras instancias como la Cruz Roja.
  • Al Ejecutivo en pleno, por su falta de acciones en la mejora del acceso y disfrute de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. Insistimos en que este tipo de violencia institucional no se limita al Territorio Cabécar de China Kichá.
  • Solicitamos a la Cruz Roja y a la Fuerza Pública un informe sobre lo sucedido en este caso; información que puede ser enviada al correo electrónico: coordinadoraluchass@gmail.com
  • Además, solicitamos a organizaciones, colectivos (as) y personas amigas a que estén atentas a nuestras próximas comunicaciones sobre la violencia institucional que sufrimos en el Territorio Cabécar de China Kichá y en otros Territorios de la zona sur. En numerosas ocasiones, esta situación nos genera la necesidad de solicitar apoyo económico para garantizar la movilidad de distintas personas recuperadoras y sus familias. Que la solidaridad siga presente en nuestros Pueblos, Territorios y país.

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Kono Jú. 

Recuperadoras y recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö. 

Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).

 

Imagen de portada ilustrativa.

21 de setiembre, Día Mundial del Alzheimer

ACANAMED: 21 de setiembre, Día Mundial del Alzheimer

Dra. Oliva Brenes Antonini
Especialista en Psiquiatría y en
Administración de Servicios de Salud
Miembro Honoraria de ACANAMED

El 21 de setiembre es el Día Mundial del Alzheimer, esta enfermedad fue descrita en el año 1906 por Alois Alzheimer (1864 – 1915) médico psiquiatra alemán quien examinó post mortem el cerebro de una paciente quien sufría de demencia. Alzheimer describió los cambios histopatológicos de la corteza cerebral de la paciente la que encontró con atrofia y con placas amiloides y ovillos neurofibrilares.

Esta enfermedad es un importante problema de salud pública. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, hasta en 60% de ellas; es de evolución lenta, progresiva, causa daños irreversibles en el cerebro, es incurable y letal. Tiene altos costos físicos, emocionales y económicos.

Consta de varias etapas, donde uno de los primeros signos es la pérdida gradual de la memoria reciente. Los síntomas se van agravando y a los trastornos de memoria se suma la desorientación en tiempo y en espacio, trastornos de pensamiento, trastornos de conducta y trastornos sensoperceptivos. Los pacientes tienden a hablar cada vez menos, hasta llegar al mutismo; descuidan su higiene personal, pierden control de esfínteres, y hay que manejar debidamente sus problemas de deglución.

El cuidador debe ocuparse de todas estas situaciones, de acuerdo con las etapas en la que esté el paciente, movilizarlo para evitar úlceras de decúbito, y aspirarle flemas. Si tiene enfermedades crónicas como hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, diabetes, hipotiroidismo hay que proporcionales el soporte farmacológico indicado.

La enfermedad suele diagnosticarse por la clínica, generalmente es un familiar allegado del paciente el que lo lleva a consulta; pero algunos enfermos tienen la capacidad de darse cuenta de que algo anda mal, en etapas tempranas y acuden al médico. En la actualidad hay biomarcadores que pueden ayudar con un diagnóstico temprano.

Se han logrado algunos avances en la comprensión de la enfermedad, se sabe que la edad es un factor de riesgo, especialmente después de los 65 años; también tiene importancia el estilo de vida, algunos factores genéticos y comorbilidades, como la hipertensión arterial.

El paciente con Alzheimer es un reto para su familia, necesita cuidado continuo y escrupuloso. Este cuidado agota al cuidador que debe tener completo apoyo familiar, con días de descanso y soporte económico. Es importante la dinámica familiar, donde las relaciones familiares juegan un papel vital evitando la institucionalización del paciente. Los cuidadores pueden experimentar deterioro de su salud física, mental y social. Cuidar a una persona con Alzheimer significa una gran responsabilidad. La familia como sistema integrado por elementos interactuantes e interdependientes debe asumir el compromiso de reconstruir las relaciones con el enfermo y entre ellos, dentro de un marco de respeto.

El cuidador debe ser capacitado en la atención del enfermo y establecer un sistema que beneficie a ambos en una buena calidad de vida. Se puede acudir a los grupos de apoyo.

Hay que simplificar actividades y adaptar la vivienda para que no haya riesgos para el paciente, el que de preferencia debe mantenerse activo en el día para que duerma mejor en la noche.

Actualmente hay investigaciones científicas con el fin de encontrar un medicamento para controlar la enfermedad, o, idealmente, curarla.

Foro: Bases, trascendencia, visión, valor del Solidarismo

La AsoUna, la Academia Solidarista Alberto Martén Chavarría, la Escuela de Planificación y Promoción Social, y la Universidad Nacional le invitan al Foro: Bases, trascendencia, visión, valor del Solidarismo. De esta forma se conmemora el 75 Aniversario del Solidarismo Costarricense.

La actividad será este miércoles 21 de setiembre a las 10 a.m. en la Asamblea Legislativa. Puede ver más detalles en el afiche.

Confraternidad Guanacasteca: Algunos no pagan el agua que usan

Un comunicado de Confraternidad Guanacasteca enviado a SURCOS indica que “se ha detectado que el 40% del agua de AyA es no contabilizada. Es decir que no se cobra”.

A nivel nacional, la situación de agua concesionada por MINAE, es mucho peor. Como es “de todos” nadie la cuida, señala la organización comunitaria.

“¿Quiénes son los “MALOS” que se apropian de nuestra agua?”, se plantea en el escrito. “En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 22.709, para legalizar los pozos de agua perforados ilegalmente. Miles y miles de pozos”, precisa el comunicado.

¿Para beneficio de quienes es este proyecto?

“Conseguimos la lista de quienes aparecen en la lista de los que perforaron pozos de aguas, a escondidas, sin tener los permisos y realizan trámites para recibir concesión y disfrutar de agua para sus proyectos”.

Confraternidad Guanacasteca señala: “El premio mayor se lo lleva BANCO IMPROSA con 41 pozos de agua perforados en forma irregular. Estos pozos se encuentran «regados» por todo el país”. “Así trabaja este BANCO PRIVADO, llamado BANCO IMPROSA”, dice la organización.

Agrega: “En la lista aparece AZUCARERA EL VIEJO del señor Álvaro Jenkins presidente de UCCAEP, el SINDICATO que representa a los todos los empresarios del país, con 3 pozos perforados sin el permiso respectivo”.

Además en la lista de amnistiados están: CATSA (2); LAICA; FRUTAS DEL TROPICO S.A. (3); PURDY MOTOR S.A. (2); INV. AGRICOLAS B Y C S.A. (3); CORP. AGRICOLA DEL MONTE S.A. (2) ; PIÑALES DEL CARIBE GAC S.A. (3); COM. AGROINDUSTRIAL EXPOFRUT CAE S.A (2); LIMOFRUT S.A.(&); STANDARD FRUIT COMPANY DE COSTA RICA S.A.(5); TOTAI CITRUS CR S.A.(4); CIA. PALMA TICA (3); AGROGANADERA PINILLA S.A. (2); HACIENDA SOLIMAR S.A. (4). Los números entre paréntesis son los pozos que solicitan inscribir en los últimos años y que por la condición actual requieren de una amnistía que concede la Dirección de Agua del MINAE.

“Y aclaremos que se trata de agua suficiente para regar una finca o abastecer un edificio o urbanización completa. Además, estas empresas tienen otros pozos en operación, no les falta el agua”, explica Confraternidad Guanacasteca.

“Estos serán quienes más se beneficiarán, si los señores diputados aprueban ese proyecto de ley”, señala el comunicado.

La organización comunitaria expone que el delito de USURPACIÓN DE AGUAS es penado con cárcel en el artículo 226 del CODIGO PENAL de Costa Rica.

“El MINAE, encargado de cuidar nuestro recurso hídrico, solo sabe poner excusas y ofrecer perdones, amnistías y más concesiones”, concluye la información enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca.

En el siguiente enlace se puede descargar el detalle de la situación expuesta:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2022/09/Amnistia2019_ExpedientesPA.xlsx

 

Imagen ilustrativa.

Solidaridad con Orlando Barrantes Cartín

Fuente: socialism.com

En Costa Rica el próximo 21 de septiembre a las 8am, en los Tribunales de Guápiles. Limón, se realizará por octava ocasión un juicio contra el luchador y dirigente social Orlando Barrantes, víctima durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia del país, plagado de arbitrariedad.

Orlando es un reconocido luchador social y dirigente comunal, fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), quien ha dedicado la mayor parte de su vida a las causas sociales, teniendo  en los últimos años una participación relevante en la zona atlántica del país. En el accionar político ha sido un integrante activo de los movimientos sociales, apoyando luchas campesinas, de ex-estibadores, transportistas independientes, mujeres jefas de hogar y mujeres en general, indígenas, personas afectadas por el Nemagón y actualmente en la lucha por el acceso a una vivienda digna para la población más vulnerabilizada. A la vez, reconocemos su compromiso permanente como internacionalista al solidarizarse con las luchas de todos los pueblos y naciones del mundo.   

Este juicio que enfrenta Orlando es de carácter político, por su participación en la lucha del Caribe en el año 2000, la cual derivó un fuerte movimiento campesino y comunitario centrado en exigir precios justos para los productos agrícolas locales y apoyo efectivo del gobierno para el sector campesino. Así, alrededor de 3000 manifestantes llevaron a cabo una marcha multisectorial, siendo víctimas de una brutal represión y abuso de poder político-militar por parte de un contingente de cerca de 400 policías antimotines fuertemente armados.

Lo anterior en el contexto de una creciente crisis socioeconómica en la región caribe, producto de políticas injustas, colonialistas y discriminatorias, la cuales se ha profundizado con los años. Este escenario de lucha popular  fue aprovechado vilmente por la Fiscalía para iniciar una persecución política en contra de Orlando, acusándole de ser “un enemigo del Estado” y “un conspirador contra el gobierno”, como si luchar por los derechos de los pueblos fuera un crimen.

Solidarizarse por la libertad de Orlando es luchar por el legítimo derecho a protestar que tenemos todas las personas, Derecho Humano fundamental para garantizar la participación del pueblo y de todos los sectores en el diálogo social y en la construcción colectiva de la democracia.

Por lo cual, frente a esta violación institucional y sistemática del Derecho Humano a la Protesta Social, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos:

  • Se une al conjunto de colectivas, colectivos, organizaciones sociales, políticas y activistas, quienes se han aglutinado en el Comité de Apoyo a Orlando Barrantes para impulsar una campaña de solidaridad por la absolutoria definitiva para Orlando Barrantes.
  • Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas, religiosas, campesinas, indígenas, ecologistas, luchadores por vivienda, agrupaciones de mujeres, estudiantiles, sindicatos del sector público y privado, de base local y comunal, a sumarse a la campaña por la absolutoria para Orlando Barrantes.
  • Solidarizarnos con esta lucha es garantizar nuestro legítimo derecho a la protesta social y a la organización desde nuestras comunidades.
  • Hacerse presentes este miércoles 21 de setiembre a partir de las 8 am en los Tribunales de Justicia de Guápiles, en la provincia de Limón, donde iniciará el octavo juicio.

Costa Rica se ha destacado históricamente por ser un país ejemplo de pregonar, desde los gobiernos de turno, una cultura de paz, valores democráticos y justicia social, inclusive libre de políticas y estructuras de seguridad propias de dictaduras militares,  impuestas para consolidar  violencias estructurales en contra de toda iniciativa y movimiento que emergen, desde el pueblo y diversos sectores de la sociedad, en la línea de organizarse para exigir políticas de estado para una verdadera justicia social, ante las crecientes amenazas globales contra las poblaciones más vulnerabilizadas.

Es por ello, que desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, nos unimos al tejido de activistas sociales, defensoras y defensores de los Derechos Humanos, organizaciones, colectivas y colectivos de Costa Rica y del mundo instando a la ABSOLUTORIA DEFINITIVA PARA ORLANDO BARRANTES CARTÍN, internacionalista y dirigente campesino víctima de 22 años de judicialización por estar al lado de su pueblo en la defensa permanente de los Derechos Humanos.

#TodxsSomosOrlandoBarrantes

No a la criminalización del Derecho Humano a la Protesta Social.
ABSOLUTORIA DEFINITIVA PARA ORLANDO BARRANTES.
PROTESTAR  NO  ES  UN  DELITO,
ES  UN  DERECHO  HUMANO  DE  NUESTROS  PUEBLOS.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López  y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela  Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Miguel Humberto Medina Comunero Bolivariano Movimiento Cultural Campesino Los Arangues, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Jpsuv de Venezuela;  Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Uruguay Anahit Aharonian Kharputlian Ingeniera Agrónoma y Docente Comisión Multisectorial de Uruguay; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima  Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACMDr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix  Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Patrocinio Martínez López representante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca – CODEPO, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas  OPEZ – FOSICH.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC),  Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO), Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO – OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas  (OPEZ – FOSICH) y Colectivo Reexistencia Creativa de México.

21 de septiembre de 2022.

Representantes del sector laboral en junta directiva de la CCSS desmienten que institución esté quebrada

Representantes Sector Social laboral en la Junta Directiva de la CCSS hoy martes 20 de setiembre, en conferencia de prensa convocada en respuesta a las diversas inconsistencias informativas generadas a la opinión pública y manifestaciones no precisas del presidente Rodrigo Chaves y gobierno en los últimos días.

Se detallan aspectos técnicos de legalidad y presupuesto para la ejecución del reajuste salarial aprobado, así como la situación real económica de la CCSS.

Directores afirman la total gestión de legalidad del acuerdo de reajuste salarial a los trabajadores y desmienten categóricamente que la CCSS esté quebrada como lo señaló erróneamente y con muy mala intención el presidente.

Miembros participantes de Junta Directiva:

● Martha Elena Rodríguez González. Representante sector sindical. 
● Maritza Jiménez Aguilar. Sector Solidarista. 
● Jose Luis Loría Chaves. Sector Cooperativo.

Información de Martín Rodríguez Espinoza

Por el voto público en la Corte Suprema de Justicia – con firmas

Nosotros, ciudadanos costarricenses, nos unimos al llamado proveniente de muchos sectores de nuestra comunidad, para pedir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en la elección de su Presidente adopten el voto público.

Hemos venido observando, con creciente preocupación, la muda contienda que se prolonga semana tras semana sin ostentar credenciales o argumentos persuasivos por una u otra de las partes: un pulso silencioso que hace adivinar una intensa y afanosa refriega entre bambalinas a quién ofrece más, a quién exhibe mayores poderes o influencias, presiona más, amenaza más o menos veladamente. Un trasfondo indigno de la más alta instancia de Justicia.

La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que revestir la prestancia de un acto de ejemplar civilidad. La defensa de las respectivas candidaturas debe transcurrir ordenada y públicamente, fundamentada sobre la base de las virtudes, la excelencia moral e intelectual, el impecable desempeño del trabajo de cada candidato.  La votación secreta debe reservarse para situaciones realmente excepcionales, en las que la publicidad del voto ponga en peligro la vida o la integridad de las personas.

Es tiempo de que la Corte Plena abandone el mecanismo del voto secreto, una práctica que la desprestigia ante la Nación y ante el Mundo, para dar lugar a un debate leal y transparente que culmine en una votación de viva voz.

San José, 22 de setiembre de 2022.

  1. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático jubilado
  2. Alvar Antillón Salazar, escritor, exembajador
  3. Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado
  4. Mirta González Suárez, profesora, novelista
  5. Manuel Antonio Solís Avendaño, sociólogo, docente e investigador
  6. Sergio Reuben Soto, economista, catedrático
  7. Eric Alfredo Chirino Sánchez, abogado, catedrático
  8. Gilberto de Castro Lopes, periodista, profesor universitario
  9. Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada
  10. Francisca Raventós Vorst, socióloga, docente e investigadora
  11. Isabel Montero Mora, abogada, profesora universitaria
  12. Elizabeth Odio Benito, abogada, profesora emérita, jueza internacional
  13. Daniel Flores Mora, psicólogo, profesor emérito
  14. Isabel Duca Durán, filóloga, profesora universitaria
  15. Jorge Rovira Mas, investigador, catedrático
  16. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
  17. José Joaquín Ureña Salazar, abogado penalista
  18. M.Sc. Ana Elena Obando M., abogada feminista de derechos humanos
  19. Paula Ximena Dobles, socióloga, docente universitaria
  20. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor Emérito Universidad de Costa Rica
  21. Rafael González Ballar, Director del Posgrado de Derecho de la Universidad de Costa Rica
  22. Lic. Benjamín Sevilla García, abogado
  23. Viviana Rovira Maruri, psicóloga social y activista Derechos Humanos
  24. Larissa Arroyo Navarrete, experta en derechos humanos
  25. Nia Salas Gómez, Colectivo Profesionales para la Ciudadanía
  26. Sonia Navarro Solano, abogada
  27. Patricia Howell Aguilar, cineasta y activista feminista
  28. José Pablo Cascante Suárez, abogado
  29. José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado
  30. Luis Guillermo Herrera Castro, profesor pensionado de derecho UCR
  31. Flora Fernández Amón, empresaria
  32. José Molleda Pernas, comerciante
  33. Alexander Jiménez Matarrita, filósofo
  34. Guillermo Antonio Arroyo Gutiérrez, ingeniero civil
  35. Marta Eugenia González Madriz, pensionada Ministerio de Justicia, máster Educación en Derechos Humanos
  36. Hernán Rodrigo Salazar Salazar, ex juez penal
  37. Ana Eugenia Sáenz Fernández, abogada
  38. Juan Carlos Esquivel Favareto, abogado/notario
  39. Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, catedrático UCR jubilado
  40. Melania Monge Rodríguez, profesora UCR jubilada
  41. Erika Linares Orozco, abogada y activista por los Derechos Humanos
  42. Neddy Zamora Chacón, socióloga pensionada
  43. Jaime Robleto Gutiérrez, juez de Apelación de Sentencias Penales
  44. Jorge Delgado Salazar
  45. Blenda Ivette Solano, pensionada CCSS
  46. Patricia Salgado Muñoz, jubilada
  47. Margarita Bolaños Arquín, antropóloga
  48. Omar Contreras, administrador de empresas con énfasis en Banca y Finanzas
  49. Emilia Molina Cruz, exdiputada
  50. Habib Succar Guzmán
  51. José Manuel Ortiz Durman, abogado y notario público
  52. Mario Alberto Sáenz Rojas, profesor universitario
  53. AnaLucia Hernández D
  54. Johana Castro Zamora, jubilada Jupema
  55. Marta Muñoz Cascante
  56. Olman Montero Salazar
  57. Ivannia Monge Naranjo, abogada y feminista
  58. Rita Méndez Villalobos, regidora municipal
  59. Otto Luis Castro Ríos, pensionado
  60. Paquita Cruz Villalobos
  61. Gonzalo Chacón Segura – empresario
  62. María Elena López Núñez
  63. Rosa Lía Guerrero Rojas, pensionada
  64. Hannia Franceschi Barraza, profesora universitaria jubilada
  65. Eric Gutiérrez Rojas, abogado
  66. José María Tijerino Pacheco
  67. Erick Gatgens Gómez, abogado
  68. Giselle Boza, periodista y abogada, profesora universitaria
  69. Marcial Rodríguez Garro, topógrafo
  70. Manuel Rojas Salas, abogado y docente universitario
  71. Cristina Rojas Rodríguez,exvicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, ex Jueza Superior Penal y coordinadora de la Oficina de Cooperación y Relaciones del Poder Judicial, jubilada
  72. María de los Ángeles Salvadó Sánchez, administradora de negocios
  73. Guillermo Enrique Molina Araya
  74. Nora Garita Bonilla, socióloga
  75. Roberto Salom Echeverría, sociólogo, jubilado
  76. Flor Vargas Hernández, bibliotecaria
  77. Gisele Rivera Chacón, abogada
  78. Henry Mora Jiménez
  79. Ana Carter Fonseca, jubilada
  80. Carlos Arguedas Ramírez
  81. Patricia Carrillo Valverde, pensionada
  82. Vilma B. Mesén Madrigal, abogada y notaria
  83. Sandra Madriz Muñoz, abogada
  84. Virginia Acuña Montero, licenciada en Educación
  85. Carlos Brenes Castillo, sociólogo
  86. Wesley Valenciano Solano, abogado
  87. Alexánder Sánchez Mora, filólogo, profesor universitario
  88. Alberto Coto T., administrador de empresas, licenciado en contaduría, licenciado en finanzas
  89. MSc. Maribel Gutiérrez Villalobos, máster en administración de justicia penal
  90. Edwin Alfaro Quesada
  91. Silvia Rodríguez Cervantes, profesora emérita UNA
  92. Xinia Zúñiga Muñoz, trabajadora social
  93. Blanca Durán Quinteros
  94. Juan José Hernández, odontólogo
  95. Roxana Abarca Ramírez, teóloga UNA, UNED
  96. Eugenio Solano Calderón, abogado laboralista, jubilado
  97. Maricel Salas Torres, psicóloga
  98. Alicia Monge Fallas, abogada penalista
  99. Isabel Araya
  100. José Luis Murillo Alfaro, contador privado
  101. Mag. Carmen María Marín González, trabajadora social
  102. Guido González Méndez, psicólogo
  103. Licda Berenice Retana Ureña
  104. Emilia Ureña Solís, abogada
  105. Marcela Echandi Gurdián, profesora de Filosofia y abogada
  106. Olga Guzmán Mora, psicopedagoga, docente de la UCR
  107. Jorge Eduardo Cartín Elizondo, químico, abogado
  108. MSc. Myrna Alvarado Roldán, abogada y notaria
  109. Fleyken Cerdas Hernández, abogada
  110. Yadira Matarrita Brenes, editora pensionada
  111. Carlos Manavella, decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad para la Cooperación Internacional
  112. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica
  113. Juan Agustín Salas Rojas
  114. John Brenes Rodríguez, abogado litigante
  115. Jorge Luis Morales García, juez de apelación de sentencia penal
  116. Carlos Acuña Montero, biólogo, jubilado
  117. Ana María Botey Sobrado
  118. Carlos Francisco Echeverría Salgado, jubilado
  119. Tathiana Flores Acuña, experta en derechos humanos y derecho internacional humanitario
  120. Salvador Morales Navarro
  121. Yamilé Salas Sanz, jubilada
  122. Ana Ruth Quesada Bonilla, terapeuta en adicciones, promotora de derechos humanos de las personas con dependencia de alcohol y sustancias psicoactivas en pobreza extrema
  123. Beleida Alfaro Quesada, administradora de empresas
  124. Sonia Sandí Zúñiga, abogada, secretaria general adjunta sindicato Sitrajud
  125. Rosibel Rios Carvajal, defensora de derechos, Justicia Paz e Integridad de la Creación Claret de C.R.
  126. Alice Ramírez Ramírez
  127. Juan José Vargas León, secretario técnico Foro de Justicia
  128. Emilia Trigueros Flores
  129. Denia Pacheco Moreira, abogada y notaría pública
  130. Ignacio Rodríguez Sancho
  131. Casta Arana, pensionada
  132. Esteban Araya Vargas, computación
  133. Rita Maxera Herrera, abogada, profesora
  134. Manuel Araya Incera, catedrático UCR jubilado
  135. Ma. Catarina Goldoni Ruiz, profesora jubilada
  136. Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo de ANEP
  137. Marcia Aguiluz Soto, abogada y defensora de derechos humanos
  138. Evelyn Salas Sanz, jubilada
  139. Carolina Hidalgo Herrera, abogada y expresidenta de la Asamblea Legislativa
  140. Antonio Ortega Vindas, abogado, ex-juez de juicio, jubilado
  141. Juan José Vásquez  Vargas, economista
  142. Ana Helena Chacón Echeverría, ex vicepresidenta de la República
  143. Saray Córdoba González, profesora jubilada
  144. Isabel Trejos Trejos, educadora
  145. Ronaldo Hirsch Keibel, profesor emérito UCR
  146. Gina Araya Araujo, abogada e internacionalista
  147. Carlos Bonilla Avendaño, abogado
  148. Dr Juan Boza Cordero, matemático jubilado, investigador CIMPA – UCR
  149. Alejandra Manavella Suárez, abogada defensora de derechos humanos
  150. Marjorie Moreno Salas, psicóloga clínica
  151. Marcela Guerrero Campos, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta Ejecutiva IFAM, exdiputada
  152. Marisa Batalla Chacón, periodista especializada en derechos humanos y género
  153. Walter Antillón Montealegre, abogado y profesor emérito
  154. Myriam Jinesta Moreira
  155. Lic Coralia Pacheco Moreira, educadora
  156. Carmen María Muñoz Quesada, periodista, exdiputada y ex viceministra de Gobernación y Policía
  157. Ivette Carranza Cambronero, jueza
  158. Laura Guido Pérez, politóloga y exdiputada
  159. Ana Carcedo Cabañas, físico matemática
  160. Víctor Hugo Cordero Murillo, jubilado
  161. José Pablo Carballo Chavarría, estudiante de Derecho e Ingeniería Química
  162. Adán Carmona Pérez, abogado y profesor universitario
  163. Roy Rojas Estrada, abogado
  164. Dra. Sara Sharratt, psicóloga clínica
  165. Freddy Calderón Chaves, abogado
  166. Marta Eugenia Odio Benito, trabajadora social, abogada especialista en Derecho Internacional Público, catedrática de la UCR
  167. Bernal Herrera Montero, profesor emérito UCR
  168. Alex Guevara Meza, trabajador social, estudiante de Derecho
  169. Guillermo Vargas, jubilado del Magisterio Nacional
  170. Ermila Rojas Umaña, MQC
  171. Olga Acuña Jarquín, pensionada
  172. María Lorena Molina M, catedrática emérita UCR
  173. Francisco Zamora Vargas, pensionado
  174. Claudio Camacho Monge, pensionado régimen IVM
  175. Dra. Maria Pérez Yglesias, catedrática
  176. Alfredo Antillón, profesor pensionado
  177. Vera Cristina Salazar Cabezas, geógrafa, jubilada
  178. Sary Montero




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II Seminario Regional de Desarrollo Social

En el marco de la colaboración con la OIT y la OPS, y del trabajo conjunto con la Cooperación Alemana y la Facilidad para el Desarrollo en Transición de la Unión Europea, la CEPAL organizó el II Seminario Regional de Desarrollo Social del 30 de agosto al 1 de setiembre de 2022. En esta edición se tuvo por objetivo brindar un espacio de diálogo y reflexión sobre los sistemas de seguridad social en la región de América Latina y el Caribe, con atención a los diagnósticos, desafíos y orientaciones estratégicas para procesos de reformas y reestructuración en los sistemas de pensiones y salud ante un contexto incierto de recuperación por pandemia.

En la primera sesión llevada a cabo el 30 de agosto, abordó el tema de, fortalecimiento de la seguridad social, con varias personas profesionales en el tema.

En la segunda sesión realizada el 31 de agosto, se trató el tema del sistema de pensiones, con 4 presentaciones magistrales de diversos profesionales.

La tercera y última sesión realizada el 1 de setiembre, trató el tema de los desafíos de reforma en los sistemas de pensiones en la región y el nuevo escenario a partir de la pandemia.

Para seguimiento del tema, aquí se encuentra el enlace con las presentaciones y videos del evento: https://www.cepal.org/es/eventos/segundo-seminario-regional-desarrollo-social-seguridad-social-la-crisis-prolongada

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Jornada de trabajo desde la UNED en Zona Sur

A inicios del pasado septiembre del presente año, la Universidad Estatal a Distancia (UNED), implementó una jornada de trabajo entre la comunidad de Laurel de Corredores de Puntarenas, la sede de la UNED en ciudad Neily y la Dirección de Extensión Universitaria. 

En esta jornada de trabajo diferentes grupos organizados, actores e instituciones locales presentaron sus demandas y ayudas que necesitan de parte de la UNED. En este proceso de socialización y escucha, se anotaron las acciones que se realizan a partir de las propuestas y desafíos que presentan dichas instituciones. 

Se definió una propuesta de agenda territorial, así como las líneas de trabajo en temas de extensión en el área donde la sede Ciudad Neily tiene su mayor influencia. Durante el espacio, las personas se refirieron al trabajo vinculado con la UNED a favor del desarrollo humano del distrito de Laurel, un distrito con el menor índice de desarrollo humano de Corredores.

Enlace sobre la jornada de trabajo:

Mandos medios no ajustan el IVM

Rodrigo Arias López.

El reconocido actuario y matemático Rodrigo Arias López señala que el personal a cargo de hacer los reajustes semestrales necesarios al IVM, dejaron de hacerlo desde el 2019. Esto provoca pérdidas de más del 12% anuales lo que representa 150 mil millones de colones por año.

Al mismo tiempo, desvían al IVM 900 mil millones de colones por año y aducen la pobre excusa de no tener fondos para reponer la pérdida de valor a los montos de pensiones, de esta forma lo lleva a la quiebra segura y al pago de menos pensión para la población.

Puede acceder a la nota completa en el siguiente enlace de Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dpHoUXSWbtbEVhWfyrt3NVh4ZMKy64iYPAotMatxQMpY5wWQ8ctb3Jf2yLWtVGRkl&id=1136685301