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Las zonas costeras, fronterizas y rurales, nuevamente las de menor desarrollo humano

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Las poblaciones costeras subsisten con actividades como la recolecta de pianguas.

German Masís

La semana anterior el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (EEs-UCR) presentaron los resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, 2021 (Atlas 2021), instrumento que incluye datos de indicadores de desarrollo humano en los 82 cantones del país y que presenta un mapa desigual e inequitativo en el país.

Es importante mencionar que Costa Rica muestra resultados positivos en la medida en que ninguno de los cantones está ubicado en las franjas baja o muy baja de desarrollo humano.

No obstante, al hacer un ajuste por desigualdad de las personas que residen en los cantones, se encuentran diferencias en los logros alcanzados en materia de salud, educación y bienestar material, tal como lo muestra el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad.

En cuanto a los índices que consideran el tema de género (IDGc e IDG-Dc), se observa que disminuyó la cantidad de cantones con menor desarrollo de género (pasó de 14 a 9).

Sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, para el año 2020 los cantones más rezagados se encontraban en las zonas fronterizas del país. Si este análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional. (ElPais.cr,16-2-2022).

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal revela como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano. Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

A su vez entre los 25 cantones con los indicadores bajos de IDH-D, a los 10 anteriores se suman Sarapiquí, Turrubares, Osa, Upala, Guácimo, Golfito, Nandayure, Río Cuarto, Turrialba, Corredores, Guatuso, Siquirres, Quepos, Pococí y Acosta, 7 son costeros, 8 son fronterizos y 10 son rurales y de ellos por provincias, 6 son de Puntarenas, 5 de Limón, 5 de San José, 4 de Alajuela, 3 de Guanacaste, 1 de Heredia y 1 de Cartago.

En este panorama del desarrollo humano cantonal, a la tradicional apreciación sobre los cantones costeros y fronterizos como los que ostentan los peores indicadores de DH, se debe agregar la participación de los cantones rurales de León Cortés, Tarrazú y Dota de la provincia de San José entre los 10 de más bajos indicadores, junto a Hojancha de Guanacaste y entre los 25 mencionados en el IDH-D, se suman los cantones rurales de Acosta y Turrubares en San José, Pococí, Guácimo y Siquirres de Limón, Río Cuarto de Alajuela, Sarapiquí de Heredia y Turrialba de Cartago.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, que se incluyó por primera vez en este Atlas, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza, son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales.

También es oportuno indicar los cantones que aparecen entre los primeros 10 lugares tanto del IDH-D, así como del IPM, que son Talamanca, Los Chiles, La Cruz, Buenos Aires y Coto Brus y entre los 25 de ambos índices, están Matina, Upala, Osa, Guatuso, Corredores, Golfito, Quepos, Sarapiquí, Siquirres, Pococí, León Cortés, Dota y Turrialba, todos ellos costeros, fronterizos o rurales.

En esta clasificación de cantones por IDH-D e IPM, llama la atención la gran riqueza natural y económica que poseen, en sus extensiones y actividades agrícolas, pecuarias, boscosas, hídricas y pesqueras, así como en infraestructura social, productiva y de servicios y sobre todo en su población, comunidades y cultura.

Vale la pena señalar en la coyuntura actual, que estos cantones costeros, fronterizos y rurales, no sólo se encuentran en buena medida excluidos y marginados del desarrollo nacional y de la acción del Estado, sino que también lo están del sistema político.

La información de la participación electoral de la población de estos cantones y los niveles de abstencionismo lo confirman; en estos cantones con el IDH-D más bajo y el IPM alto, la participación política en el 2018 fue muy baja, en donde Talamanca y Golfito apenas tuvo el 50%, Corredores, Osa y La Cruz con el 51%, Buenos Aires y Garabito con el 52%, Los Chiles con un 53%, Matina, Limón y Quepos con 54%, Coto Brus y Upala con el 55%.

La democracia económica y política tiene una deuda con estos cantones de las regiones periféricas. La expresión referida a la existencia de dos Costa Ricas sigue vigente, hay “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

La UCR obtiene excelente calificación en gestión ambiental institucional

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En el campus universitario hay recipientes rotulados para la gestión de los residuos sólidos, tanto los reciclables como los ordinarios y los especiales. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Con nota de 101, la institución se ubica en el mejor nivel de implementación de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en el Sector Público de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica (UCR) demostró ser una institución con un excelente desempeño en materia de gestión ambiental institucional, logrando una calificación del 101, en su primer año de evaluación por parte de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

La UCR obtuvo esta nota sobresaliente luego de presentar, por primera vez en el 2021, su Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en acatamiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 36499-S-MINAET: “Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en el Sector Público de Costa Rica”.

En esta evaluación la institución demostró importantes avances en la medición y consumo racional del agua y la electricidad, así como en el reto de reducir sus emisiones atmosféricas e implementar la gestión integral de residuos en todos sus espacios y en la aplicación de criterios sustentables para la compra de bienes o contratación de servicios.

DIGECA destaca el establecimiento de los dos diagnósticos específicos: el Inventario de Gases Efecto Invernadero (GEI) y el Inventario Energético con sus respectivos alcances y señala que estos diagnósticos son realmente importantes, porque generan conclusiones a nivel institucional que son muy relevantes para la toma de decisiones.

Con apoyo de estudiantes y docentes la institución ha realizado avances en la medición de gasto energético. Un ejemplo es el proyecto“Análisis de consumo eléctrico en edificios de la Universidad de Costa Rica” desarrollado por el estudiante Adrián Salcedo Bolaños con ayuda de su profesor guía el Ing. Oldemar Ramírez.

Metas claras

De acuerdo al informe de DIGECA, un punto clave en el éxito de la implementación del PGAI a nivel institucional ha sido que “la Universidad optó por establecer un eje de sostenibilidad, creando así un desarrollo estratégico en donde opera todo lo concerniente a la gestión ambiental”.

Al respecto, el rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, subrayó que “para gestionar estos esfuerzos institucionales es importante tener un norte, y la delimitación de acciones mediante ejes fundamentales permite llevar a cabo acciones más concretas y trazables, de modo que podamos evaluar adecuadamente el progreso alcanzado con el tiempo”.

El Dr. Gutiérrez agregó que “la gestión de calidad ambiental, la gestión de la energía y la gestión el cambio climático son ejes estratégicos propuestos tras un estudio riguroso por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) para cada Programa de Gestión Ambiental Institucional, de modo que nosotros los adaptamos en acato a las autoridades gubernamentales y en compromiso con el ambiente”.

Cabe resaltar que las acciones no se limitan a estos ejes, puesto que la Universidad también insta a la conservación del recurso hídrico y la gestión de residuos, entre otras acciones dentro del marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

En todas las actividades universitaria se procura una gestión adecuada de los residuos. Por ejemplo, la Oficina de Correos utiliza tiras plásticas reciclables para cerrar las bolsas de la correspondencia. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Camino a la sostenibilidad

Este proceso es liderado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), pero el cumplimiento de las metas recae en cada unidad, las cuales tienen el encargo de implementar las medidas ambientales en las diversas actividades y espacios universitarios. Por lo tanto, esta calificación refleja un esfuerzo colectivo y articulado.

“Esta calificación, sin duda representa un indicador de que nuestros esfuerzos institucionales están siendo efectivos. No solo desde la iniciativa, sino desde la articulación y la coordinación de esfuerzos entre nuestras diversas unidades. También representa una responsabilidad, por cuanto debemos seguir manteniendo el ejemplo como institución y seguir fomentando las medidas concretas para mejorar nuestra gestión ambiental” destacó el rector Gutiérrez.

De igual forma, la Ing. Kathia Elizondo Orozco, coordinadora de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) agradeció a cada una de las unidades que han demostrado su compromiso con la sostenibilidad, especialmente aquellas que han participado desde el 2015 en las cinco ediciones del Galardón Ambiental.

“Este reconocimiento ha sido clave para fortalecer una cultura ambiental que nos ha permitido instaurar buenas prácticas en el quehacer cotidiano de la Universidad y nos encamina a medir el grado de cumplimiento de la gestión ambiental mediante la categoría de Indicadores básicos de gestión ambiental”, señaló la coordinadora. 

Desde el 2015, el Programa de Galardón Ambiental ha certificado a 178 unidades de diferentes sedes y recintos de la Institución, e impactado internamente a más de 12000 personas de la comunidad universitaria.

También se reconocen los esfuerzos en generar capacitación, sensibilización, divulgación, generación de guías de buenas prácticas en todos los aspectos ambientales, directrices desde la alta jerarquía y la normalización del sistema de gestión ambiental a través de varios procedimientos con ámbito de aplicación total en la institución.

De acuerdo al informe de DIGECA, aún queda camino por recorrer en temas como el registro de datos de consumo de combustibles de fuentes fijas, la interpretación de los indicadores agua, electricidad y residuos obtenidos mes a mes, con el fin de compararlos con el año base y determinar si se están alcanzando las metas planteadas.

PGAI en Sedes y Recintos

Para lograr la implementación total del PGAI en la Universidad de Costa Rica, la Unidad de Gestión Ambiental, en conjunto con la Rectoría y la Vicerrectoría de Administración, desarrollaron una estrategia para abarcar todos los espacios que conforman la Institución, en un plazo de 5 años a partir del 2020.

Dicha estrategia pretende integrar a las Sedes y Recintos en un ciclo continuo de planificación, acción, revisión y mejora de la gestión ambiental. Para ello, en este 2022 cada una deberá elaborar y presentar su Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) que incluya a la totalidad de sus instancias y recintos, así como cualquier otro espacio físico dentro de su alcance.

“La esperanza para los próximos años es el firme establecimiento de una cultura ambiental que trascienda a cada unidad de la Universidad de Costa Rica” acotó el rector Gutiérrez. Además, detalló que se espera una reducción significativa de la huella ecológica y el fomento de la sostenibilidad en la gestión de recursos a nivel institucional.

También se espera una mayor vinculación externa con otros entes de educación superior, instituciones del sector educación y agencias gubernamentales y extranjeras, con la finalidad de proponer y ejecutar acciones comunes en materia ambiental.

Como parte de este proceso, además se realiza el “Primer Encuentro de Experiencias en Gestión Ambiental: Hacia una Universidad Sostenible”, en modalidad virtual del 22 al 25 de febrero del 2022, un espacio donde se reflexionará sobre los avances, logros y retos para alcanzar la sostenibilidad ambiental.

Ranking Mundial de Universidades Sostenibles

En el 2021 la Universidad de Costa Rica participó, también por primera vez, en el “UI GreenMetric World University Rankings”, el primer ranking de universidades en el mundo que mide el compromiso de cada universidad en el desarrollo de una universidad »»amigable con el medio ambiente»».
Este ranking es una iniciativa de Universitas Indonesia en la que participan 912 universidades de 84 países. El él se analizan 6 indicadores de cada institución participante (entorno e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación). La UCR se ubicó en el puesto #586 en el ranking general de universidades.

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Sergio y Jerhy: 2 muertes que desenmascaran al Estado de Costa Rica

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Osvaldo Durán-Castro, sociólogo ITCR, ecologista FECON

Cuando reescribamos la historia de Costa Rica 3 fechas deben aparecer porque marcan cortes determinantes: 18 de marzo de 2019 por el asesinado Sergio Rojas Ortíz, 24 de febrero de 2020, por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera y 30 de diciembre de 2021, porque ese día Leonel García casi pierde la vida en una descomunal agresión con machete. Si estos hombres pertenecen al pueblo Brorän, Bribri o Cabécar, pasa a un segundo plano. Lo que importa es que representan a todos los pueblos originarios de Costa Rica y muestran que las agresiones dirigidas contra esas personas y contra sus territorios no tienen límites. Importa también que esos nombres se suman a otros miles de ausentes de pueblos indígenas de todo el mundo que enfrentan y sufren hoy día la violencia vigente desde hace siglos.

Por Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera apareció Costa Rica en las listas de asesinatos registrados por la organización Global Witness de los años 2020 y 2021, y pesar del dolor para sus familias y sus pueblos originarios, tal registro ha servido para que el mundo se entere de que la defensa efectiva de la vida, de los derechos humanos y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, son una farsa que se ha consolidado en Costa Rica. El mundo está comprendiendo por qué es que se puede afirmar que éste es un país con muchas manifestaciones racistas, pero en particular contra los pueblos originarios. Que es un país cuya institucionalidad no juzga los crímenes contra personas indígenas como crímenes de odio, de racismo y de etnocidio, y que incluso se niega a juzgarlos de la manera que sea. Pero que además, desconoce sus propias leyes y los Convenios internacionales que ha firmado, y no asegura la protección de la gente indígena aún cuando hay medidas y resoluciones de organismos internacionales que le ordenan hacerlo.

Esa debilidad del Estado se demuestra, por ejemplo, con el incumplimiento de Medida Cautelar (Resolución 16/15) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le indicaba al Gobierno de Costa Rica su deber de que “a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre…,… b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficios y sus representantes; c) Informe las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición”. Lo mismo ocurre con el Convenio 107 de la OIT (Ley No 2330) vigente desde el 9 de abril de 1959), “Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Tribuales Indígenas y Semitribales en los Países Independientes”, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1957.

De muchísimas formas se le ha recordado al Estado costarricense la copiosa legislación existente con la cual se podrían hacer valer los derechos violentados de los pueblos originarios, sin que se logre su cumplimiento. Entre tanto, varios puntos son claros:

  • Las innumerables agresiones contra indígenas se agravaron desde el 2010 y sigue prevaleciendo la resistencia del sistema judicial para no resolver el expediente judicial 19-000178-0990-PE, de Sergio Rojas Ortiz. Esa evasiva incluye la petición de la Fiscalía de archivar el caso, lo cual no se logró por presión nacional e internacional.
  • En el caso de Jerhy Rivera Rivera, tampoco hay avances notables aunque hay al menos un acusado bien identificado y había suficientes testigos en el mismo sitio y hora del asesinato.
  • En el caso de Leonel García, ya señalamos el riesgo de que procese el caso como un atentado de violencia ordinario y el sinsentido de que él mismo esté acusado por su agresor.
  • Los asesinatos y la violencia contra esas personas de los pueblos originarios, lo mismo que las usurpaciones de sus tierras, no se deben juzgar como casos penales ordinarios o aplicando la legislación agraria y cualquier otra, pues se trata de situaciones originadas en el incumplimiento de derechos de propiedad que el mismo Estado otorgó.
  • Los asesinatos y agresiones contra personas indígenas como los que hemos señalado no son hechos aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas.
  • La violencia es parte de la denigración que se vive desde la época colonial, y que se manifiesta en distintas formas de racismo, odio, vejaciones, desconocimiento y falta de equiparación de derechos humanos, sociales, económicos y culturales, para la gente de los pueblos originarios.
  • En esas condiciones, en general, la gente de los pueblos originarios, hasta llega a “aprender” a vivir con miedo e incertidumbre.

Sergio, Jerhy y Leonel se convirtieron en “peligrosos” porque desafiaron el colonialismo, el racismo, la falta de derechos, el desconocimiento de su condición de personas de pueblos originarios. Fueron un peligro cuando trataron de recuperar su territorio, su identidad, su organización social; cuando se rebelaron ante el control político impuesto, cuando desafiaron la aplicación discriminatoria de leyes en su contra y cuando pidieron que se cumplieran las leyes que les aseguraban sus derechos, empezando por el derecho a la tierra. Aunque la muerte de Sergio, y la de Jerhy que conmemoramos hoy 24 de febrero, son golpes dolorosos e indignantes, han servido para evidenciar y desenmascarar cuán lejos está el Estado de Costa Rica de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Ése es uno de sus legados póstumos.

Mujer Cabécar recuperadora es atacada

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Katherine Ríos, recuperadora cabécar de Kono Jú desde 2019, fue atacada con piedras y patadas por integrantes de la familia Rivera. 

Lunes 21 de febrero de 2022. El día  20 de febrero a las 5:30 p.m. Katherine Ríos se dirigía a Kono Jú a dejar unos víveres en una motocicleta con su cuñado, William Hernández. En el camino se encontró a Evelyn y Mariela Rivera quienes la increparon con insultos: «zorra», «hijueputa», etc. Luego cuando pasaron frente a la casa de la familia Rivera (que queda a unos pocos metros de la entrada de Kono Jú) le tiraron una piedra que por suerte no la impactó.

Minutos después, al terminar los pendientes en Kono Jú, Katherine y su cuñado se dirigían en motocicleta al centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Justo en el momento de pasar frente a la casa de la familia Rivera, Katherine recibió el golpe de una piedra por lo que cayó de la motocicleta; cuando Katherine cayó al suelo, Karol, Jeylin y Darlyn Rivera le tiraron más piedras y la agredieron con patadas. William intentó detener el ataque pero fue golpeado con una piedra y fue mordido por Karol cuando éste intentó detener los golpes contra Katherine. 

Katherine pudo huir con su cuñado, luego de recibir los golpes. En este momento se encuentra estable pero sí cuenta con varios moretones en su cuerpo. Katherine es una de las recuperadoras cabécares que recuperó Kono Jú, el primer terreno recuperado tras el asesinato del Uniwák Sergio Rojas Ortiz del Territorio Bribri de Salitre. 

La familia Rivera ha sido denunciada pública y judicialmente en numerosas ocasiones. Es reconocida como uno de los actores más hostiles contra las personas recuperadoras cabécares de China Kichá y que también son afines a los intereses de los ocupantes ilegales no indígenas que se encuentran en el Territorio. 

Demandamos a la familia Rivera que se abstenga de agredir a las y los compañeros recuperadores. 

Exigimos, nuevamente, al Estado que garantice nuestra integridad física y vida. Además de que realice sus compromisos y expulse a los y las no indígenas del Territorio; de lo contrario la violencia seguirá en nuestra contra. 

Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú. 

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

Imagen de portada ilustrativa.

Pintada de mantas: 8M

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Distintas organizaciones ecologistas, colectivas y activistas independientes, nos estamos organizando para este 8M «Día Internacional de la Mujer Trabajadora» para luchar en las calles por la liberación de las mujeres y de la naturaleza, en contra de la violencia patriarcal y extractivista

Les invitamos a sumarse a la organización y pintada de mantas los próximos sábados 26 de Febrero y 5 de Marzo, a partir de las 10 a.m. en el Frente Ecologista Universitario, FECOU, en el edificio Saprissa, UCR.  

Recordamos este es un espacio abierto a colectivas o individualidades, acércate, hermana/e, que juntas/es nos acompañamos; No aceptaremos discriminación de ningún tipo: clasista, racista, xenófoba, transfóbica, etc

Si tenés alguna duda podes comunicarte al 8724 8895 o al 8583 0253.

Presentación documental: Las Imprescindibles. Juristas que rompen límites

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En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, invita a todas las personas a la presentación de este importante documental: “Las Imprescindibles. Juristas que rompen límites”, como una manera de rendir homenaje a grandes mujeres juristas.

Justicia para Jerhy Rivera

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Por Mauricio Álvarez Mora. Coordinador del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes», docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR, IDELA-UNA.

Hoy 24 de febrero se cumplen dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.

Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven, fue un valiente y vehemente dirigente indígena, luchó contra el despojo de tierras y la discriminación hacia los pueblos indígenas, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando por la protección del Río Grande de Térraba ante la amenaza de la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís, decía “el río no se entrega a cambio de una carretera o una construcción”.

El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran de Térraba, a la edad de 46 años, como resultado de un linchamiento por parte de usurpadores que han invadido el territorio Brörán. Este devastador acontecimiento involucra de manera directa al Estado, que siendo testigo del hecho, no intervino.

Hoy hace dos años, en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Rivera.  Antes de las recuperaciones, los indígenas Brörán solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras el 90% estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000ha están en manos de una sola persona no indígena, así muchas familias fueron expulsadas, viéndose forzadas a migrar fuera de sus tierras, asignadas legalmente.

La respuesta a la recuperación de dichas tierras hace dos años, fue una turba de personas no indígenas que en principio quería, como se dice que expresaban, “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar, quien además es investigador indígena de la Universidad Estatal a Distancia. Por milagro no hubo más víctimas, como cuenta la misma familia de Jehry, quienes sobrevivieron a un ataque la noche antes del asesinato, perpetrado por un grupo armado de más de 100 personas no indígenas que ejercieron violencia, “a vista y paciencia” de la Fuerza Pública.

Por décadas, la inacción, la omisión y la impunidad, han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas, lo que ha implicado que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenen al Gobierno, tal y como sucedió en 2015 y nuevamente en 2016, tomar medidas especiales para proteger a los pueblos indígenas de la violencia y las amenazas que sufren por parte de los usurpadores no indígenas, ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.

Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 actos de violencia dirigidos a pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020, evidencian que el gobierno no sólo ha incumplido las medidas cautelares, sino también que es responsable de no intervenir para la detención de la violencia que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García, catalogable como intento de homicidio.

En 2021, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunca de Rey Curré.

En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan libres y frecuentemente, frente a la casa de la familia Rivera y el jardín donde descansan los restos del activista. El ente judicial solamente impuso medida cautelar a uno de los implicados.

En octubre de 2021, tras una audiencia preliminar, ese mismo juzgado elevó a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas, acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.

La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuraron como imputados dos de los hermanos de apellido Varela, pero que “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito. En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida.

Sigamos luchando por la justicia y el fin de la impunidad, sumando acciones para que la verdadera democracia llegue a estos territorios.

*edición de estilo Rebeca Arguedas Ramirez, académica UNED

Testimonios de la madre y el padre, familiares y otro líderes indígenas:

Enrique Rivera Rivera
Digna Rivera Navas
Asdrúbal Rivera Villanueva
Pablo Sibar Sibar
Jason Ríos Ríos
Paulino Nájera Rivera

Lección inaugural Posgrado en Psicología

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Programa del Posgrado en Psicología de la Universidad de Costa Rica extiende la invitación a estudiantes y público en general, a la lección inaugural dictada por la Dra. Sayak Valencia, filósofa y profesora investigadora titular del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte y del CONACYT.

La lección se titula » Necrópolis Contemporáneas y Políticas Post-Mortem: Comunidad, Clase, Género y Raza». Es organizada por el Programa de Posgrado en Psicología y el Programa de Interés Institucional Violencia y Sociedad.

Información complementaria:

El curso Políticas Post-Mortem, comunidades de afecto y nuevas gramáticas (trans) feministas y decoloniales del duelo de Dra. Sayak Valencia:

Es un curso virtual de 8 horas: 2 horas correspondientes a la Lección Inaugural del Posgrado en Psicologia de la UCR «Necrópolis contemporáneas y politica post-mortem: comunidad, clase, género y raza» del miércoles 30 de marzo de 6:00 a 8:00 pm, y el curso de los días jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril de 5:00 a 8:00 pm.

No tiene costo

El horario corresponde a la hora de Costa Rica.

Se ha asignado una bibliografía que debe haberse consultado para el inicio del curso.

Debe llenarse este formulario de inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_i1XjAkOBg8-x-xRXT9k-_SnxgX86ZtEWwgfThZEKk8Vcg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Una vez confirmada su inscripción se le enviará el link para participar en las sesiones, el programa del curso y la bibliografía asignada.

COLPER realiza conversatorio sobre vacunación infantil

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Con el objetivo de seguir informando a la población en temas referentes a la Covid-19, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica organizó el conversatorio “Vacunación infantil: consentimiento informado”.

Los panelistas fueron las doctoras Patricia Callispedis, ortopedista y traumatóloga, directora de la Clínica del Sur, Bolivia; Hazel Gutiérrez, bioeticista, pediatra, especialista en cuidado paliativo; el doctor Lachiner Saborío, médico asistente especialista en Medicina Interna y Jorge Navarro, desarrollador farmacéutico y empresario.

De acuerdo con la doctora Callispedis, cuando las vacunas ya pasaron todas las fases de investigación no se requiere consentimiento informado, pero en el caso de las vacunas contra el Covid-19 apenas están en fase de aprobación por eso este último es necesario.

El doctor Saborío expresó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicita consentimiento informado, pero en todos los tratamientos se requiere, hay países donde la vacunación en menores de edad no es obligatoria, en nuestra legislación dice que los padres tienen que hacerse cargo de la vacunación del menor de edad.

La doctora Hazel Gutiérrez señaló que los médicos siempre solicitan el consentimiento ante cualquier procedimiento que se le realice al paciente, ya que es necesario que conozca todos los detalles, indicó que la vacuna contra el Covid fue sometida a todas las fases de investigación, por eso se hace consentimiento verbal y no escrito.

Jorge Navarro, desarrollador farmacéutico, manifestó que, de acuerdo a documentos en su poder, la empresa Pfizer, una de las desarrolladoras de la vacuna, señala que en unos cinco años obtendrá los estudios médicos acerca de la misma y que las reacciones adversas solo se pueden seguir en tiempo real.

Junta Directiva 2022

Enlace al conversatorio https://www.facebook.com/colpercr/videos/258351916473601/ 

Acuerdo de Escazú: Chile avanza y ¿Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El Acuerdo de Escazú que garantiza disposiciones jurídicas para la protección ambiental y para los defensores del medio ambiente, se encuentra empantanado a nivel legislativo y del ejecutivo. La negativa de algunas diputados y diputadas a su ratificación se da por la presión de sectores económicos fuertes que basan sus ideas en mitos y en su afán de lucro irrestricto frente a la naturaleza.

Por su parte en el Ministerio del Ambiente se han visto pocas gestiones en aras de fomentar la ratificación del acuerdo, desde el mes de julio 2021 a la fecha, el despacho del Minae solo convocó a una reunión con las jefaturas de fracción para el 20 de enero pasado, según consta en el oficio DM-0034-2022. Empero la reunión con la diputada Laura Guido fue cancelada.

Esta latencia en las gestiones del Ministerio y del Poder Legislativo, deja entrever el poco interés en la ratificación del Acuerdo de Escazú. Desde el punto de vista de los sectores ambientalistas y de los derechos se considera un pendiente urgente en un país con un discurso verde a nivel internacional, ya que otros estados como Chile, se presenta un futuro más alentador para el acuerdo.

En el caso del país sudamericano, la negativa del presidente Piñera frenó el avance del Acuerdo, sin embargo, el panorama del nuevo gobierno encabezado por Gabriel Boric que asumirá funciones el próximo 11 de marzo, vaticina la posible adhesión al Acuerdo de Escazú seguido de un posible cabildeo con los partidos políticos en el seno del legislativo para su pronta aprobación. Mientras tanto en Costa Rica la ratificación no parece avanzar.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

De acuerdo a la CEPAL, se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. 

Fuentes:

CEPAL. (2021). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) en América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/2021_04_acuerdo_de_escazu_ods_corta_1_0.pdf

Meza, A. (17 enero 2022). Correspondencia DM-0034-2022. Despacho de la Ministra, Ministerio del Ambiente y Energía.

Vicerrectoría de Acción Social.(2021) El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente. Universidad de Costa Rica. https://www.youtube.com/watch?v=I1_3XoJNNpw

Vicerrectoría de Acción Social.(2021) UCCAEP y el Acuerdo de Escazú. Universidad de Costa Rica. https://www.youtube.com/watch?v=smfGOVw33_w