International Fellowship of Reconciliation comparte el siguiente comunicado:

El 24 de noviembre se cumplieron 5 años del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), que fue un verdadero momento de esperanza en un contexto muy dramático.

Después de décadas de conflicto violento, el pueblo colombiano, junto al mundo entero, espera una Colombia en paz y, sobre todo, justicia, verdad y no repetición. Esto debe incluir también la desmilitarización del territorio y el fin permanente de las prácticas ilegales en el proceso de reclutamiento militar, como las conocidas “batidas”.

El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, que se publicará el próximo año, es un hito. Sin embargo, a pesar de algunos avances, la implementación del Acuerdo de Paz es más lenta de lo esperado. El Contralor General de Colombia señaló que, al ritmo actual, el tratado se implementará en su totalidad hasta 2047. Después de cinco años, apenas se ha logrado una fracción de los objetivos, mientras que destacados partidarios de la extinta guerrilla vuelven a coger las armas.

Sin excepción, todos los puntos del acuerdo de paz están retrasados. En articular, la Reforma Rural Integral no ha avanzado, ya que la tasa de implementación anual en aspectos clave como la formalización de la tierra está por debajo del 30% del resultado esperado, y la distribución de la tierra para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente está por debajo del 1%. En total, se ha implementado menos del 5% de este capítulo, a pesar de que la cuestión de la tenencia de la tierra es una de las principales causas del conflicto y debería recibir una atención especial.

Además, es especialmente alarmante el planteamiento del compromiso de sustituir las economías ilícitas, en particular la coca, por cultivos legales sostenibles, ya que se está convirtiendo en una erradicación forzosa, pues también se prevén reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato.

Es especialmente preocupante el aumento de la violencia. Los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados a un ritmo que no se ve desde hace muchos años. En lo que va del presente año, ya han sido asesinados 155 defensores de los derechos humanos y 44 exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz. Además, desde 2016 se ha producido un alarmante aumento de las masacres; el número de víctimas se triplicó el año pasado y en el actual ya se han producido 88 masacres con 313 muertos. Vale remarcar que las regiones priorizadas para la implementación son las más afectadas por la violencia. Si no se garantiza la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de los ex miembros de las FARC-EP, los restantes puntos del acuerdo de paz serán un asunto menor.

IFOR está preocupada por la lentitud en la implementación del acuerdo de paz y la intensificación de la violencia contra las personas que trabajan para el respeto de los derechos humanos y hace un llamamiento al gobierno colombiano para que implemente las acciones necesarias y esperadas. En vista de los numerosos desafíos, IFOR solicita el apoyo de la comunidad internacional, por lo tanto, de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos, de la Unión Europea -sus estados miembros- y de otras instituciones gubernamentales regionales para: 

• Insistir en la aplicación integral del Acuerdo de Paz.
• Apoyar una solución negociada al conflicto actual entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
• Apoyar el desmantelamiento de los grupos sucesores de los paramilitares, como las autoproclamadas «Autodefensas Gaitanistas de Colombia».
• Seguir de cerca la delicada situación de seguridad de los defensores de los derechos humanos y de los ex miembros de las FARC-EP e insistir en su protección.

Compartido con SURCOS por Gustavo Cabrera.