Ir al contenido principal

El movimiento estudiantil de Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional dice: ¡Presente!

Escrito en . Publicado en Derechos.

MSc. Anais Patricia Quirós Fernández
Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés
Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos
Diplomada en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres
Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI
Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN

I

La Asociación de Estudiantes cumple un rol fundamental en el desarrollo integral de los y las estudiantes de la Universidad Técnica Nacional como también en la construcción de una comunidad educativa activa y participativa.

II

Esta nueva Asociación conformada por estudiantes de Sede del Pacífico no solo representa los intereses y las necesidades de este estamento estudiantil sino también garantiza que los mismos tengan voz en decisiones que afectan su experiencia académica y de vida en el campus. Su participación amparada por políticas de inclusión en el gobierno universitario incrementa su reconocimiento e importancia en la participación universitaria y en su formación general.

III

La necesidad de desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación, organización y trabajo en equipo es hoy uno de los objetivos primordiales en la agenda de este grupo de estudiantes, quienes han dejado claro su compromiso con la comunidad universitaria. Pero no solo eso, también como parte de esta, han logrado identificar una serie de necesidades específicas de los estudiantes, sirviendo de base para plantear y definir los objetivos que buscaran cumplir sobre una meta clara de plan de trabajo.

IV

Después de una serie de pasos, esfuerzos, compromiso, coordinación y un fuerte liderazgo que se requieren para la organización con estudiantes y administración universitaria, el martes 29 de octubre 2024, la Universidad Técnica Nacional, Sede del Pacifico; celebró la Asamblea General Ordinaria donde se eligió a la Asociación de Estudiantes. Un acto sumamente importante ya que se marca el inicio de un nuevo ciclo para el estamento estudiantil de la UTN, Sede del Pacifico.

V

La conformación de la asociación de estudiantes nos enseña como institución la relevancia de legar principios de democracia y el compromiso cívico, alimentando valores a través de elecciones y procesos de toma de decisiones participativos entre jóvenes universitarios, los cuales el día de mañana serán quienes estén ocupando diferentes puestos en organizaciones dentro y fuera del plano nacional.

VI

Hoy la UTN, tiene a cargo como misión y deber, velar por el bienestar de sus pilares, respetando sus derechos e instruyéndoles en sus deberes, sin obviar que es clave para crear una comunidad universitaria inclusiva, activa y consciente de su rol en la sociedad, fortaleciendo no solo el desarrollo académico, sino también el crecimiento personal y cívico de cada uno de sus miembros y muy especialmente: los y las estudiantes.

VII

A pesar de que las organizaciones educativas, tienen la función de vigilar por el bienestar de sus estudiantes, aún existen carencias de apoyo, que, por omisión o desconocimiento, se complican en procesos burocráticos pasando por una gran variedad de etapas, obteniendo muchas de las veces, una respuesta insatisfactoria y tardía, lo cual indudablemente, afectan la culminación del proceso educativo. No se puede negar que aun cuando existe el interés y deber de apoyar y trabajar por el bienestar y la formación integral de los estudiantes, dentro de la organización, muchas veces quedan áreas tales como: apoyo económico, salud mental, equidad de género, acoso y hostigamiento, discriminación, o academia, que requieren ser atendidas.

VIII

De ahí la necesidad de la conformación de esta Asociación Estudiantil, que viene a servir como un canal para gestionar recursos y resolver problemas, abriendo el espacio para expresar y trabajar conjuntamente sus inquietudes ante la administración universitaria de la Sede del Pacífico y otras instancias. Y que, como junta de representación estudiantil bien estructurada, tiene el potencial de convertirse en una plataforma fundamental para el crecimiento académico, social y personal de los estudiantes. Con los recursos y el respaldo institucional adecuado, puede cumplir un rol importante en la universidad, promoviendo la participación, la responsabilidad social y el sentido de comunidad, manteniéndose activamente operativa.

IX

La actual Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de la Sede del Pacífico la integran:

NOMBRE Y APELLIDOS

PUESTO

CARRERA

LOCALIDAD

Braylin Peraza Alfaro

 

Presidenta

 

Ingeniería en Tecnologías de la Información

 

Roble

Julián Gómez Prado

 

Vicepresidente

 

 

Ingeniería en tecnologías de información

 

Puntarenas

Cristofer Núñez Salazar

 

Tesorero

 

Gestión de empresas de hospedaje y gastronómicas

 

Roble

Stewart Moraga Rodríguez

 

Secretario

 

Gestión y Administración Empresarial

 

Chacarita

Marco Castro Cordero

 

Vocal 1

 

Ingeniería Electrónica

 

Esparza

Mariana Fonseca Mora

 

Vocal 2

 

Gestión Ecoturística

 

Roble

Jonathan Eliecer Vindas Jiménez

 

Vocal 3

 

Gestión Ecoturística

 

Chacarita

Shamila Pérez Cortés

 

 

Vocal 4

 

Ingeniería en Producción Industrial

 

Esparza

Bryan Jassiel Chacón Maradiaga

 

Vocal 5

 

Gestión Ecoturística

 

Barranca

Keidan Vásquez Mesén

 

Fiscal

 

Gestión Ecoturística

 

Miramar

Inspección Judicial interviene caso de pensión para abogados litigantes después de 60 años

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado enviado a SURCOS por Marco Leandro

Por primera vez en 60 años la Inspección Judicial (máximo órgano de control en la Corte Suprema de Justicia) intervino para que se cumpla la sentencia en firme que le ordenó al Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica (CAyA), crear el fondo de pensiones para profesionales del derecho litigantes, tal y como lo estipula la ley de creación del timbre de ese colegio profesional.

Eso sucedió esta semana tras más de 20 años de un estira y encoje entre las juntas directivas del Colegio, profesionales litigantes, jueces, y fiscales, donde el proceso judicial era llevado de gaveta en gaveta, de despacho en despacho. Esa oficina intervino pidiendo cuentas a la jueza coordinadora del Tribunal Contencioso. Se le piden cuentas por el retraso en ese expediente donde existe sentencia firme en la aprobación de la pensión para quienes son litigantes.

El licenciado Didier Carranza Rodríguez es quien hizo la denuncia ante la Corte Plena y la pasaron a la Inspección Judicial para su trámite inmediato de tres días para que se rinda cuentas de este asunto que es el más viejo de todos los procesos judiciales que están haciendo cola en la Corte para resolverse. El plazo termina el próximo miércoles.

Estos son los hechos mas importantes:

HECHOS.

1.- El 03 de diciembre de 1963 se dictó la ley N° 3245 nominada Creación del Timbre del Colegio de Abogados, que ordenó al Colegio conformar el fondo de pensiones y jubilaciones para sus agremiados. A pesar de ser una obligación de hacer, que la Asamblea Legislativa impuso al CAyA, al amparo de las potestades que para el efecto dispone, y el deber de obediencia como imperativo legal, el fondo nunca fue formado ni implementado.

2.- Casi MEDIO SIGLO después de promulgada la norma, sustentado en lo dispuesto en la Ley N° 3245, el 2 de febrero del 2012 el abogado León Montoya Hernández interpuso demanda contra el Colegio, en la que solicitó el pago de la pensión más los intereses del Fondo, en forma retroactiva al momento en que solicitó el estudio respectivo a la junta del Colegio de Abogadas y Abogados.

3.- La demanda del licenciado Montoya fue declarada con lugar en sentencia N° 426-2013, dictada el 27 de junio de 2013, que ordenó al CAyA INICIAR DE INMEDIATO a partir de la fecha en que adquiriera firmeza la resolución, los trámites y procedimientos necesarios para la implementación del fondo de pensiones y jubilaciones, y se le otorgó el plazo de dos años, debiendo rendir trimestralmente informes sobre el avance de dicha implementación al Juez Ejecutor (las palabras en mayúsculas son del original y fueron destacadas en negrita por la sentencia). Asimismo, se ordenó al CAyA dictar, dentro del plazo de tres meses, el reglamento para aplicar el régimen de pensiones y jubilaciones y conocer la gestión del actor y, en caso de cumplir con los requisitos que debería establecer el reglamento, reconocerle el pago de pensión y sus intereses.

4.- La resolución N 426-2013 adquirió firmeza el 14 de octubre de 2014 con el rechazo de la casación interpuesta por el CAyA, y notificada el 14 de noviembre, por lo que el plazo para dictar el reglamento venció el 14 de febrero del 2015, y el plazo para la implementación, además de los informes trimestrales sobre su avance, venció el 14 de noviembre de 2016.

Sin embargo, hasta la fecha no hubo voluntad de cumplir la sentencia que se estrelló contra los muros de la misma Corte, que nunca le dio seguimiento a que se cumpliera.

Por eso Carranza recurrió a la Corte Plena a interponer la queja y dio como resultado que el asunto pasara a la Inspección Judicial, que actuó de inmediato dando 3 días a la jueza para que rindiera un informe muy detallado de sus actuaciones.

“1. Informar quiénes son las personas técnicas judiciales y el personal profesional de la judicatura encargados de las diligencias en el expediente 12-000629-1027-CA.

  1. Indicar cuál es el plazo de resolución en el proceso de ejecución para este tipo de asuntos.
  2. Aportar copia de la Matriz de indicadores de Gestión del despacho del año 2024.
  3. Además, adjuntar historial de ubicaciones del expediente 12-000629-1027-CA.
  4. Para respaldar el mismo aportará copia digital del expediente 12-000629-1027-CA y la demás prueba que se considere pertinente”.

Don Nogui Acosta, la educación costarricense ya tiene su camino definido

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Mujeres por Costa Rica

El 18 de noviembre pasado, en un artículo publicado por el periódico La Nación, el ministro de Hacienda manifiesta que: “La educación que debemos discutir no es la que tenemos”. Afirma además, “…la discusión sobre educación se ha centrado en defender el presupuesto en vez de concentrar esfuerzos para atender aspectos de fondo relacionados con la formación idónea que le permita al estudiantado una preparación adecuada para el complejo mundo en el que vivimos”.

Nuestro grupo de trabajo en educación del Colectivo Mujeres por Costa Rica acepta el reto de responder a la preocupación de Don Nogui con respecto a nuestra educación y sobre todo aclarar lo que él indica de que “nos agarró tarde” para definir …. “¿Qué habilidades tienen que tener los chicos hoy cuando salen (del sistema educativo)”?

Como titular del Ministerio de Hacienda don Nogui, con la venia de la ministra de Educación, en los últimos años han sido los más interesados en disminuir los presupuestos a la educación pública, sin asumir las consecuencias ni contextualizar los recortes más allá de una perspectiva de un mal concebido ahorro. Tal vez, desde esa visión, efectivamente les “agarró tarde” para hacer cambios sustanciales en la educación.

Sin embargo, Costa Rica tiene un largo camino recorrido de más de 150 años de sustentar el desarrollo de su educación en políticas educativas muy bien fundamentadas. Estas han sido políticas de Estado, firmemente ancladas en principios constitucionales que nos han permitido insertarnos en la economía global, atender y aportar al desarrollo tecnológico, sin desatender nuestra preocupación por el desarrollo humano sostenible y cultural.

En la actualidad, nuestro país cuenta con un modelo educativo innovador que integra el desarrollo de habilidades en los aprendizajes y a la vez, contamos con nuevos programas de estudio que permiten la introducción de enfoques pedagógicos novedosos, desde el nivel de preescolar hasta finalizar la educación secundaria. Esto se debe a que, nuestra formación educativa actual se basa en la Política Educativa y en la Política Curricular (aprobadas en los años 2016 y 2017) así como en otras más específicas tales como la de Educación para el Desarrollo Sostenible, la de Promoción de Idiomas, Aprovechamiento de Tecnologías digitales en Educación (PATDE), Tecnologías de la Información, la política de Educación y Formación Técnica Profesional (que incluye habilidades y competencias para el trabajo), entre otras. Todas esas políticas fueron construidas y consensuadas con diversos grupos afines y fueron debidamente aprobadas, en los últimos años, por el Consejo Superior de Educación, según consta en las Actas correspondientes y de acceso público, en el sitio WEB del Consejo. Con esos parámetros, el camino está claramente señalado y respaldado oficialmente así que, si la preocupación es realmente mejorar la educación, lo más lógico (y rentable) es seguir construyendo e innovando por los canales que son los oficialmente vigentes, y muy adecuados por cierto.

Sobre la formación por habilidades, ya eso existe. Con fundamento en la Política Educativa y conforme se especifica en la Política Curricular (Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular), aprobadas en el 2015 y en el 2016, nuestra educación precisamente se basa en el desarrollo de trece habilidades agrupadas en cuatro dimensiones que hoy forman parte y se ejecutan en nuevos programas de estudio y que son:

  • las nuevas maneras de pensar(pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación),
  • las formas de vivir en el mundo(ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera),
  • las formas de relacionarse con otros(colaboración y comunicación) y
  • las herramientas para integrarse al mundo(apropiación de tecnologías digitales y manejo de la información).

Cada habilidad está debidamente conceptualizada en la Política Curricular. Ésta contiene además indicadores claros para monitorear el desarrollo de las capacidades en el estudiantado, a lo largo de su formación y las habilidades se profundizan desde el nivel de preescolar hasta el último ciclo de secundaria. También existen perfiles bien definidos que son desarrollados a lo largo de los nuevos programas.

Obviamente, ante esta situación, no es necesario diseñar nuevos programas de asignaturas por habilidades como don Nogui indica en sus declaraciones, pero sí es fundamental contar con presupuesto y fondos para capacitar y dar seguimiento a todo el personal docente y administrativo del país, en la aplicación e implementación de estas políticas y de los nuevos programas de estudio, y proveer también los ambientes y recursos adecuados para su implementación, así como de evaluaciones válidas y confiables. Sabemos que los cambios en educación son culturales, lentos y progresivos y requieren de financiamiento permanente. De ahí la preocupación de diversos grupos por la constante disminución del presupuesto asignado a educación.

La necesidad de apoyar la transformación curricular en proceso ha llegado también a las universidades. Fruto de un trabajo colaborativo liderado por el CONARE, varias instituciones universitarias formadoras de docentes, públicas y privadas, así como organizaciones afines, (más de diez en total), se logró establecer los marcos de cualificaciones que deben cumplir quienes siguen las diferentes carreras de educación, orientados a desarrollar las habilidades definidas en los nuevos programas que se ejecutan para la formación del estudiantado. Esos marcos de cualificaciones contienen los perfiles, criterios y otros referentes para la formación inicial de docentes, administrativos y orientadores y aseguran así una educación de mayor calidad, a tono con las políticas educativas vigentes que hoy los jerarcas del Ministerio de Educación están ignorando.

En Costa Rica tenemos claro el camino que debemos seguir para integrarnos a un mundo complejo y versátil pero, como bien sabemos, “sin cacao no hay chocolate”. Establecer una educación basada en el desarrollo de habilidades, que permitan el aprendizaje continuo (a lo largo de la vida), no es fácil. Es un cambio drástico que solo se puede lograr si se cuenta con presupuesto suficiente para apoyarlo y las condiciones necesarias para ejecutarlo. De ahí la preocupación expresada por diversos grupos por la disminución del presupuesto asignado para la educación pública.

Detener o postergar la ejecución de los cambios requeridos, cercenando el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación, tendrá costos muy elevados en nuestro desarrollo futuro como sociedad. Por ello, nuestro llamado es a que recapacitemos, dialoguemos y nos unamos como país, para evitar un mayor deterioro educativo, ya que eso solo conduce a incrementar la desigualdad y la pobreza y compromente además el futuro y bienestar de la juventud y la niñez de nuestra querida Costa Rica.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Alicia Eugenia Vargas Porras 1-0362-0899
Yolanda Rojas Rodríguez 9-0012-0762
Yamileth González García 2-0246-0555
Vera V. Sancho Mora 1-0411-1454
Susan Francis Salazar 1-0721-0975
María Paula Villarreal Galera 1-1533-0586
Ana Lupita Chaves Salas 1-0455-0585
Eiliana Montero Rojas 1-0591-0052
Tania E. Moreira Mora 1-0579-0876
Virginia Ramírez Cascante 1-0543-0030
Josefina Pujol Mesalles 9-0069-0096
Melania Monge Rodríguez 1-0537-0482
Sandra Cartín Herrera 2-0343-0634
Arabella Salaverry Pardo 9-0002-0602
Margarita Bolaños Arquín 1-0407-0764
Eugenia Solís Umaña 1-0443-0132
Elizabeth Fonseca Corrales 4-0097-0783
Nora Garita Bonilla 1-0382-0064

Infraestructura prioritaria de salud presenta atrasos significativos

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Contraloría General de la República emitió un comunicado a la Caja Costarricense de Seguro Social respecto del programa de mejoramiento de los servicios, infraestructura, y equipamiento de los centros de salud a su cargo, con el apoyo del fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica. El objetivo de este programa es aumentar la capacidad instalada, mediante el desarrollo de 53 obras de infraestructura de salud, entre otras obras para el periodo 2017-2024. 

No obstante, desde que la falta de programas funcionales por parte de la CCSS le impidió al Fideicomiso dar órdenes de inicio a las primeras obras hasta 2019 se han presentado problemas. 

Se halló que la CCSS no estableció una estructura de gobernanza que le permitiera impulsar la planificación oportuna de los proyectos, la sostenibilidad de los recursos en el tiempo y la administración de los riesgos para el logro de los objetivos. Además, la junta directiva de la CCSS sin fundamento en estudios técnicos de costo-beneficio y de forma paralela a la gestión del fideicomiso, suspendió proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional, incluidos cerca de 50 proyectos de este programa, reanudando únicamente 30 de éstos en mayo 2023, y  durante la vigencia del plazo del contrato de fideicomiso (2017-2024) no se concretó la entrega de ninguna obra.

También el programa inició con imprecisiones en la estimación de los metros cuadrados de construcción, así como la omisión de los costos de adquisición de terrenos y el mantenimiento de las obras Se decidió ampliar el plazo del contrato por 7 años más, pero prevalece la indeterminación en cuanto al alcance del programa.

Información compartida con SURCOS.

La Corporación Hortícola Nacional impulsa exportación de cebolla para mejorar precios locales

Escrito en . Publicado en Derechos.

En respuesta a la reciente caída en los precios de la cebolla costarricense, afectada por la alta importación desde países como Perú, la Corporación Hortícola Nacional (CHN) ha lanzado una iniciativa clave. En colaboración con la empresa privada, la CHN está promoviendo la exportación de cebolla al mercado centroamericano. Este esfuerzo busca aprovechar oportunidades comerciales que permitan a los agricultores obtener mejores precios por su cosecha, cubriendo así costos de producción y gastos operativos.

Además, esta estrategia tiene como objetivo estabilizar el mercado local, donde se distribuye la mayor parte de la cebolla producida en el país. Esto no solo beneficia a los productores, sino que también garantiza un suministro constante para la alimentación de los costarricenses.

“La producción local es fundamental para el tejido social y la economía rural, por lo que debe ser prioritaria frente a los productos importados”, señaló la CHN.

La corporación agradeció a los agricultores que han apoyado esta iniciativa, destacando que su compromiso ha sido clave para mejorar las condiciones del mercado en beneficio de todo el sector cebollero. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo acciones que fortalezcan la seguridad alimentaria y respalden al sector agropecuario nacional.

Para más información, la CHN invita a los interesados a comunicarse al teléfono 2537-3969 o al correo electrónico mercado@chn.cr. Su sede está ubicada en La Lima de Cartago, junto a Radio Rumbo.

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

Mirando hacia el futuro 2025-2050 – sector agro

Escrito en . Publicado en Derechos.

La fecha para esta reunión de liderazgos para el Sector Agropecuario se modificó. En cuanto las organizaciones confirmen la nueva fecha SURCOS la comunicará.

Se ha propuesto la siguiente agenda:

  • 10 am: Conferencia de Prensa
  • Manifiesto según la revisión de la Política Sectorial 2.0.
  • 11 am: Validación de equipo técnico que desarrolla la política integral de apoyo al sector agropecuario 2025-2050.
  • Revisión de la Agenda Legislativa 2024-2026 vis a vis Sector Agropecuario.
  • 1 pm: Almuerzo.

Dicha actividad es convocada por:

  • Corporación Hortícola Nacional.
  • UPA Nacional.
  • UNAG.
  • UPIAV

Anteproyecto de ley para disminuir duración del proceso penal y fortalecer la calidad de la justicia penal y penal juvenil

Escrito en . Publicado en Boletines, Derechos.

Rosaura Chinchilla Calderón presentó ante la Oficina de Iniciativa Ciudadana de la Asamblea Legislativa un texto para propiciar un proyecto de ley y una discusión nacional sobre el tema de los ajustes necesarios a la casación y revisión penal, con el afán de disminuir los tiempos del proceso penal sin disminuir garantías.

Esto debido a que la casación penal es altamente discrecional, y según informes de rendición de cuentas, más del 75% de los asuntos se declaran inadmisibles. Es también importante considerar el costo económico de tener una oficina dedicada a inadmisibilidades, el cual es muy elevado debido a el personal de personas cualificadas para esta labor, y por otra parte la calidad de los asuntos, la cual no es la mejor. Esta iniciativa busca “liberar” a la Sala Tercera de esa carga para organizar mejor su tiempo, y mejorar la calidad de sus pronunciamientos. 

Por lo tanto, según Rosaura Chinchilla Calderón, estas son las cuatro líneas básicas de este proyecto:

1.- Crear criterios objetivos de admisibilidad para unos asuntos (por monto de pena, por tipos de delito, por tipos de tramitación, por omisión de decisión de algunos extremos) y que el resto de las decisiones queden firmes una vez agotada la apelación. Con esto se reduce hasta un año de tiempo en la tramitación de las causas teniendo en cuenta la duración promedio actual de la Sala, de casi 5 meses para rechazar, más lo correspondiente al mes para plantear el recurso, los dos meses para tramitarlo, etc.

2.- Volver a una casación tradicional y fortalecer la apelación y su posibilidad de que revalore la prueba.

3.- Dado que la Sala III ya no tendrá a su cargo temas de admisibilidad, se abre la revisión por debido proceso para que se detecten y corrijan yerros en sentencias firmes, pero limitada esta posibilidad a la presentación en una sola vez, de todas las causales y luego de transcurrido cierto tiempo desde la firmeza de la decisión, con lo que se busca evitar las distorsiones anteriores.Es ahí en donde se traslada el escrutinio de criterios encontrados.

4.- Estabilizar y profesionalizar el cuerpo de letrados, eliminando la discrecionalidad en sus nombramientos, sometiéndoles a concursos de idoneidad con estabilidad en su puesto También se limita a dos profesionales asistentes por cada magistratura y se exige que deban tener aprobado el examen correspondiente al grado de la sentencia que revisan. Además, el actual cuerpo de letrados de admisibilidad, que se encarga de rechazar el grueso de los recursos, se trasladaría a apoyar las labores jurisdiccionales de admisibilidad en sede de apelación. Esto denota que el cambio no tendrá implicaciones económicas adicionales para el PJ.

(Haga clic en la imagen para ampliarla).

Les invitamos a descargar los PDF adjuntos, para conocer los detalles de esta propuesta.

Haz clic para acceder a 3929-con-sello.pdf

Haz clic para acceder a 7-Rendicin-de-Cuentas-2023.pdf

Información compartida con SURCOS.

Audiencia para SINAME en la Asamblea Legislativa

Escrito en . Publicado en Boletines, Derechos, Salud.

Este martes 19 de noviembre, el presidente de SINAME, Dr. Mario Quesada, compareció por segunda ocasión ante la Comisión Investigadora de la CCSS para referirse a las presuntas irregularidades que han sido denunciadas en torno a esta institución.

Durante la comparecencia, el presidente de SINAME, indicó a los diputados que el país no tiene un faltante de médicos especialistas, de acuerdo con datos del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Además, destacó la importancia de aprobar el proyecto de ley 24.239 presentado por SINAME y la diputada del PLN, Kattia Rivera, el cual permitiría a los médicos especialistas trasladarse a salario global.

Recientemente, más de 90 de estos profesionales presentaron su renuncia o realizaron un cese de nombramiento a la CCSS ante la falta de solución a esta problemática por parte de las autoridades.

En esa línea, el Dr. Mario Quesada destacó que cada vez que se va un profesional de la CCSS, también se pierde un profesor, pues ellos mismos fungen como tutores en el posgrado de Especialidades Médicas de la UCR.

Agregó también que el Gobierno de Rodrigo Chaves continúa acumulando una deuda con la seguridad social, siendo esta ahora mayor a 4 billones de colones.

A esta deuda se suman 29 mil millones de colones correspondientes a impuestos al tabaco -que por ley le corresponden a la CCSS- y que el Ministerio de Hacienda no está trasladando. Este dinero es utilizado en la institución para atender a pacientes con cáncer.

Finalmente, el presidente de SINAME destacó a los legisladores que se han presentado problemas por programas que se manejaron políticamente, como las listas de espera en mamografías. En su criterio esta fue una idea que salió del Ministerio de Salud sin sustento técnico.

Nota: Pueden observar la audiencia de este martes en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/live/VVTLqgFzUaw?si=6vmOpQLkOOnecMaH

Fuente: Boletín SINAME

Compartido con SURCOS.

Comentario sobre la conexión digital en el Ministerio de Hacienda

Escrito en . Publicado en Derechos.

Seccional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Ministerio de Hacienda
Información enviada por Miguel Ureña Cascante. 

Esta Agrupación Sindical sigue escéptica respecto a los resultados de la plataforma HACIENDA DIGITAL.

Persisten numerosas dudas, ya que contábamos con herramientas como SIGAF, las cuales funcionaban bien, y ahora son reemplazadas por presuntos caprichos políticos, lo cual resulta injusto.

No es posible que cada cambio de mando en Hacienda implique la creación o desvalorización de instrumentos o herramientas, y que, al final, el pueblo deba asumir el costo. O que estas herramientas sean transferidas para mejorar la gestión financiera, como ocurrió con RACSA y SICOP.

Persisten dudas sobre el costo-beneficio de esta plataforma. Cuanto más se intenta abarcar en la fiscalización, tanto en Aduanas como en Tributación, mayor es el riesgo de que ocurra una situación similar a la del TICA en sus inicios, cuando individuos con intenciones maliciosas aprendieron a manipular el sistema en su beneficio.

Como no existe una norma legal perfecta, cualquier instrumento diseñado por el ser humano es imperfecto, y esperamos que aquellos funcionarios involucrados en la toma de decisiones asuman su responsabilidad en caso de contingencia.

Anteriormente existieron COMPRA RED y SICOP, pero ahora ignoramos si estas herramientas también quedarán obsoletas. ¿Será que todo lo bueno de estas herramientas quedará archivado? ¿Estamos ante un cambio por el simple hecho de cambiar?

Como parte de la plataforma social, deseamos saber quién firmará las miles de resoluciones, cómo serán notificadas y si operarán como en Aduanas, en los casilleros de los auxiliares. Aunque la reforma legal está avanzada, la integración del sistema fiscal hacendario es una tarea monumental. Confiamos en los profesionales altamente capacitados del país, aunque el componente político, posiblemente orientado a la publicidad de la gestión gubernamental actual, muestra rostros sonrientes. Esperamos, no obstante, que esa sonrisa perdure y que esta herramienta brinda a Costa Rica un sistema tan eficiente que contribuya a reducir la evasión, el fraude y la elusión en al menos un uno o dos por ciento del PIB.

Asimismo, esperamos que la gestión interna financiera aumente entre un 10 % y un 12 % anualmente, dejando de lado la recaudación voluntaria y evitando planes o indicadores de riesgo ineficaces, o bien haciéndolos más objetivos.

Deseamos que, en cada centro de trabajo, la carga de tareas disminuya gracias al auxilio de la inteligencia artificial, y que los robots puedan atender las inquietudes de los contribuyentes y declarantes.

En resumen, si algo necesita renovarse y actualizarse, debemos ser claros y específicos sobre nuestras fallas, en qué mejoraremos y en cuánto tiempo recuperaremos la inversión, pues no se trata de una inversión trivial.

Las declaraciones paralelas en Tributación han funcionado durante años, invitando al contribuyente a regularizar su situación. Entonces, ¿qué falló para decidir cambiar? ¿O qué beneficios traerá este cambio? ¿Desplazará la inteligencia artificial a los funcionarios en un futuro próximo? Nos preocupa que los rostros sonrientes de hoy se transformen en lágrimas si no se logran los resultados esperados, y que, al igual que en situaciones anteriores, no haya ninguna consecuencia en caso de reproche social.

¿Serán ignoradas las recomendaciones de los técnicos en las bitácoras? Esperamos que el mundo de actuaciones tributarias se simplifique para cumplir fielmente los objetivos y principios tributarios universales, de manera que un importador no deba esperar a que el funcionario aduanero interrumpa su rutina diaria para trasladarse a los almacenes fiscales a realizar verificaciones. Debemos ser claros: mucha burocracia se genera debido al temor de quienes deben resolver, y aunque el sistema señala un hecho, algunos funcionarios envían a otros a corroborarlo, generando demoras en resoluciones que solo requieren una aprobación en el sistema.

La agrupación sindical concluye: “Esperamos que esta vez no sea así”.