Anteproyecto de ley para disminuir duración del proceso penal y fortalecer la calidad de la justicia penal y penal juvenil

Rosaura Chinchilla Calderón presentó ante la Oficina de Iniciativa Ciudadana de la Asamblea Legislativa un texto para propiciar un proyecto de ley y una discusión nacional sobre el tema de los ajustes necesarios a la casación y revisión penal, con el afán de disminuir los tiempos del proceso penal sin disminuir garantías.

Esto debido a que la casación penal es altamente discrecional, y según informes de rendición de cuentas, más del 75% de los asuntos se declaran inadmisibles. Es también importante considerar el costo económico de tener una oficina dedicada a inadmisibilidades, el cual es muy elevado debido a el personal de personas cualificadas para esta labor, y por otra parte la calidad de los asuntos, la cual no es la mejor. Esta iniciativa busca “liberar” a la Sala Tercera de esa carga para organizar mejor su tiempo, y mejorar la calidad de sus pronunciamientos. 

Por lo tanto, según Rosaura Chinchilla Calderón, estas son las cuatro líneas básicas de este proyecto:

1.- Crear criterios objetivos de admisibilidad para unos asuntos (por monto de pena, por tipos de delito, por tipos de tramitación, por omisión de decisión de algunos extremos) y que el resto de las decisiones queden firmes una vez agotada la apelación. Con esto se reduce hasta un año de tiempo en la tramitación de las causas teniendo en cuenta la duración promedio actual de la Sala, de casi 5 meses para rechazar, más lo correspondiente al mes para plantear el recurso, los dos meses para tramitarlo, etc.

2.- Volver a una casación tradicional y fortalecer la apelación y su posibilidad de que revalore la prueba.

3.- Dado que la Sala III ya no tendrá a su cargo temas de admisibilidad, se abre la revisión por debido proceso para que se detecten y corrijan yerros en sentencias firmes, pero limitada esta posibilidad a la presentación en una sola vez, de todas las causales y luego de transcurrido cierto tiempo desde la firmeza de la decisión, con lo que se busca evitar las distorsiones anteriores.Es ahí en donde se traslada el escrutinio de criterios encontrados.

4.- Estabilizar y profesionalizar el cuerpo de letrados, eliminando la discrecionalidad en sus nombramientos, sometiéndoles a concursos de idoneidad con estabilidad en su puesto También se limita a dos profesionales asistentes por cada magistratura y se exige que deban tener aprobado el examen correspondiente al grado de la sentencia que revisan. Además, el actual cuerpo de letrados de admisibilidad, que se encarga de rechazar el grueso de los recursos, se trasladaría a apoyar las labores jurisdiccionales de admisibilidad en sede de apelación. Esto denota que el cambio no tendrá implicaciones económicas adicionales para el PJ.

(Haga clic en la imagen para ampliarla).

Les invitamos a descargar los PDF adjuntos, para conocer los detalles de esta propuesta.

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