Estudio actuarial demuestra que crisis es maquillada por los jerarcas de la CCSS
ANEP Y FECTSALUD PRESENTAN PROPUESTAS PARA FORTALECER EL RÉGIMEN IVM
¡CCSS miente! Dinero es insuficiente, se tendría que tomar dinero de la reserva a partir de este año y no en el 2033 como indicaron las autoridades
Desvío de fondos y otros hechos que afectaron al IVM se cuantifican en 49 billones de colones por una inadecuada gestión de las autoridades de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud) se oponen a la serie de acciones, entre las que se encuentra, elevar la edad mínima de retiro por vejez a los 65 años, para las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) anunciadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en su lugar tienen varias propuestas para fortalecer el régimen. En el siguiente enlace se encuentran las propuestas mencionadas: https://anep.cr/anep-y-fectsalud-presentan-propuestas-para-fortalecer-el-regimen-ivm/
En la conferencia de prensa se hablaron sobre los siguientes temas:
En el video que encontrarán a continuación en el canal de YouTube de SURCOS, se expone una reflexión sobre las células imaginativas y la transformación de una oruga en mariposa, esto como un proceso de cambio y del mismo modo, en la sociedad actual se da esa efervescencia evolutiva cuando hombres y mujeres se rebelan y luchan por un mundo diferente.
El pasado 02 de julio en el Programa Alternativas se llevó a cabo el conversatorio “Factores socioculturales, ambientales y económicos que determinan la nutrición del pueblo costarricense”. Se contó con la participación de:
El pasado 1 de julio del 2021 se llevó a cabo la presentación del «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica, enero – diciembre de 2020» de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). En donde se contó con la participación de:
Doris Rios Rios, Recuperadora de Sa Keirö Kaska, Territorio Cabécar de China Kichá.
Robert Morales Villafuerte, Recuperador de Crun Shurin, Territorio Brörán de Térraba.
Nery Chaves García, Asociación Voces Nuestras / Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Xinia Zúñiga, Investigadora Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE-UNED.
Gustavo Oreamuno Vignet, Asociación de Iniciativas Populares Ditsö / Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Compartimos el vídeo completo del informe:
Además, comunican que el documento del informe será publicado el día 05 de julio del 2021. El cual, se encontrará libre de reproducción, bajo el principio de respeto a la autoría de la información. Esta publicación será informada por la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Se agradece la difusión de este informe que responde a esfuerzos colectivos de muchas personas, comunidades y organizaciones. La lucha continua.
En el libro se podrán encontrar temas sobre luchas de los bienes comunes en Perú, lucha por la tierra en el ejido de Tila, Chiapas, la urbanización de la cuestión agraria en Brasil, la lucha comunitaria por el buen vivir en la Amazonía ecuatoriana, y el caminar de la memoria y la lucha por el territorio en San José Apartadó Colombia.
Para cubrir el hueco financiero producto del despilfarro y una corrupción acumulada en los últimos 50 años de DESGOBIERNOS, quienes han estado sometidos al verdadero poder económico, han DESVALIJADO nuestra Patria, así como han endeudado a toda la sociedad en unos $40 mil millones que pagarán nuestros hijos y nietos en condiciones de vida de total esclavitud, DEUDA ETERNA para FIESTA ETERNA de las elites que pagaremos con proyectos de ley que implican la imposición de más impuestos, robo de impuestos, alza de precios en bienes y servicios, congelamiento de salarios y pensiones en los próximos 10-20 años y más, etc., etc.!
A los pocos y verdaderos dueños de Costa Rica les tienden la alfombra roja para que ingresen a casa presidencial y la asamblea legislativa para que sus MANDADEROS les satisfagan sus VORACES E INSACIABLES INTERESES!
Al pueblo costarricense, el Soberano de acuerdo al Artículo 9 Constitucional, lo desprecian, lo reciben con garrote, gases lacrimógenos, cárcel, represión y le imponen leyes que son la MORDAZA y el GRILLETE, para que acepte la ETERNA FIESTA con nuestros impuestos!
ANTE EL CÁNCER DE LA CORRUPCION ACUMULADA EN LOS ULTIMOS 50 AÑOS Y QUE RECORRE COSTA RICA ENTERA, QUE DESTRUYE NUESTRA CALIDAD DE VIDA E HIPOTECA EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS Y NIETOS CON MÁS ENDEUDAMIENTO CON EL FMI.
LA PATRIA DEMANDA QUE SUS HIJOS LA DEFIENDAN!
ROMPAMOS EL SILENCIO Y UNAMOS CORAZONES EN LA LUCHA, SALGAMOS A LAS CALLES RESCATEMOS LA BANDERA TRICOLOR QUE HOY LOS PIRATAS Y FILIBUSTEROS HAN MACILLADO!
Militarización de la gestión migratoria fronteriza y ‘pushback’ o deportaciones “en caliente”, las principales problemáticas
Urgen al Estado mexicano limitar la participación de las corporaciones castrenses en tareas de migración.
Ciudad de México, 1 de julio 2021-. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 32 organizaciones de la sociedad civil expusieron la situación de las personas en movilidad humana en México. Durante la audiencia se subrayó la militarización de fronteras y la política migratoria con participación tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Guardia Nacional (GN), así como la práctica sistemática de «devoluciones en caliente» o pushbacks que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional. También señalaron las violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes derivadas de dichas políticas y prácticas.
Señalaron que el despliegue de fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes. Por ejemplo, en enero de 2020, personas que ingresaban por el Río Suchiate, fueron agredidas por personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de la GN con piedras, toletes y escudos para impedir su avance. Más recientemente, el 15 de junio de este año, personas que se encontraban detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI protestaron por la falta de claridad en sus procesos de asilo y fueron golpeadas y obligadas a acostarse en el patio boca arriba con las manos en la nuca por alrededor de 9 horas, bajo la amenaza de ser golpeadas si cerraban los ojos. Testimonios y fotografías muestran la participación de elementos de la GN y del INAMI en estos actos de tortura.
También, se señaló la negativa sistemática por parte del INAMI para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión en caliente por las fronteras terrestres y áreas, lo que deriva en la violación al principio de “no devolución.” Práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.
Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo hincapié en que los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales. Subrayó que la oficina de la OACNUDH en México «también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso».
Durante la audiencia se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita in loco a las fronteras del país para poder presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el actuar de las autoridades, lo que le permitiría dar seguimiento a sus recomendaciones en la materia.
Por último, se solicitó a la Comisión inste al Estado mexicano realizar las siguientes acciones:
Designe las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y límite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas.
Presente información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la Guardia Nacional, el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados con dichas detenciones, así como sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos.
Elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación.
Investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las Estaciones Migratorias, así como las privaciones arbitrarias a la vida mencionadas; implementando para esto medidas que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de los hechos.
Investigue los casos de pushback cometidos en puntos terrestres y aéreos en contra de personas migrantes y con necesidad de protección internacional.
Revise y genere protocolos de actuación para que las autoridades que trabajan en puntos de ingreso puedan identificar casos de personas con necesidad de protección internacional.
Garantice la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en puntos de ingreso y control migratorio en las fronteras y aeropuertos.
Por su parte, representantes del Estado mexicano señalaron que cuenta con un marco normativo que estipula el resguardo de los derechos de las personas migrantes, con protocolos para atender todos los flujos migratorios. Sin embargo, no dieron respuesta respecto al enfoque militarizado bajo el que se atiende la migración, la disparidad de cifras de detenciones de migrantes realizadas tanto por las Fuerzas Armadas como Guardia Nacional, respecto a las que refiere el INAMI, ni ante la falta de controles adecuados frente a los abusos. Tampoco dieron respuesta frente a las denuncias de “devoluciones en caliente” o pushbacks, más allá de referir la complejidad de la migración y el contexto de pandemia.
Las Comisionadas de la CIDH refirieron su preocupación respecto a la necesidad de realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional.
La Comisionada Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, mostró inquietud ante lo expuesto por las organizaciones de la sociedad civil en torno a las “devoluciones en caliente” pues señaló que se trata de expulsiones sumarias, automáticas que ponen en riesgo el principio de no devolución.
La CIDH remarcó que el Estado mexicano dio su anuencia para una visita presencial por parte de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan que sean fijadas las fechas para esas diligencias.
Organizaciones participantes: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Servicio Jesuita a Refugiados – México, GEOPAZ, Instituto de Geografía para la paz AC (IGP), Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México, Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, A. C., Las Vanders, Sin Fronteras I.A.P., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Asylum Access México (AAMX) A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), the Washington Office on Latin America (WOLA), Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano conformado por: American Friends Service Committee (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C., Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes Frontera Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Tzome Ixuk – Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.
“Me gustas democracia, porque estas como ausente.”
Manuel Hernández
Hace pocos meses, se nos sorprendió con la impresentable propuesta de reforma del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya tenían en el asador, pero que fue advertida y denunciada públicamente por la compañera Martha E. González Rodríguez; que por suerte, justo en el momento oportuno, asumió la representación de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la CCSS.
Los poderes fácticos, esos poderes por los que no se ha votado, y no obstante, tienen agarrada la democracia del cogote, pretendían en la sombra, y pretenden establecer una reforma estructural de IVM, de corte regresivo, aumentando la edad de retiro, reduciendo la tasa de reemplazo y otras medidas lesivas que están en el tablero; que además, le causan una sustancial afectación a las mujeres trabajadoras, sin duda, las más perjudicadas.
Muy por contrario a este estilo autocrático de gobernanza al que nos quieren disciplinar y acostumbrar, existen otras formas civilizadas de abordar esta cuestión.
El ejemplo democrático nos los está dando el recientísimo pacto social de la reforma de las pensiones, celebrado entre el Gobierno, los principales sindicatos (CCOO Y UGT) y las asociaciones empresariales de España, firmado este 1° de julio, el día de ayer.
Son varios los aspectos que contiene el Acuerdo Social, pero dentro de los más importantes, sobresale la eliminación del congelamiento de las pensiones, la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el costo de vida, la remoción del “factor de sostenibilidad”, que disminuye el importe de la pensión, en función de la esperanza de vida del colectivo del pensionista.
Asimismo, el compromiso del Estado de transferir anualmente, una suma equivalente al 2% de PIB, al sistema de seguridad social, y garantizar hacia futuro las transferencias necesarias para lograr su equilibrio financiero.
El pacto constituye un acuerdo abierto, que deja el espacio para que los interlocutores continúen negociando otros asuntos, en los próximos meses: la sustitución del denominado “factor de sostenibilidad”, por un mecanismo de equidad intergeneracional, mejorar las pensiones mínimas, equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar, entre tantos.
Pero más allá del contenido sustancial de este Acuerdo Social, me interesa resaltar aquí dos cosas, como contrapunto a la reforma reglamentaria que se urde contra nuestro sistema de seguridad social:
En primer lugar, la orientación progresista de la reforma pactada por aquellos actores sociales y agentes políticos, que marca el principio, encaminada a fortalecer el sistema público de la seguridad social española.
Por contrario, en nuestro país, la reforma que está en el candelero, en clave regresiva, va en sentido inverso, como el cangrejo, tendiente a desmantelar el régimen público de IVM.
En segundo lugar, sobresale la participación de los actores sociales y el Gobierno, que, como tiene que ser en una sociedad democrática, llegaron en la mesa de negociación a pactar ese importe acuerdo social, que remueve la rémora de una década neoliberal, y además, apuntala la interlocución política de los sindicatos de trabajadores y organizaciones de pensionistas, en esta materia tan importante, que no es para menos, para la clase obrera.
Por contrario, en nuestro país, la reforma neoliberal de pensiones, que se agita a golpe de tambor, contra viento y marea, se aspira imponer de forma autoritaria, dejando en interdicción todo proceso de diálogo social, resintiendo el sistema democrático, que lo tienen al borde del precipicio.
La reforma de las pensiones no puede quedar a merced de un consistorio de 9 personas, que integran la Junta Directiva de la Caja, sino que tiene que ser resultado de un amplio proceso de participación democrática, cuya finalidad no puede ser otra que no sea el fortalecimiento de nuestro sistema público de seguridad social y garantizar pensiones justas y dignas.
Una reforma de ese calado, como la que ha venido fraguando la derecha feroz, carece de toda legitimidad democrática.
En junio del 2021 se presentó la ponencia expuesta por la Mtra. María de Lourdes Cuéllar Valcárcel, de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, México, en la tercera plenaria de la Independent Learning Association Conference, titulada «La experiencia del pensar en el aprendizaje autónomo» y en la que desarrolló los siguientes puntos: 1. Lo que es aprender y lo que es pensar; 2. La situación actual; 3. El pensar coherente; 4. Los registros del pensar; 5. El proceso del pensar coherente; 6. Carga emotiva; 7. Placer y dolor; 8. Asesorar para pensar, como síntesis de su desarrollo. (pressenza, 2021).
El vídeo completo de su conferencia se encuentra en el siguiente enlace:
Desde el pasado 28 de enero del 2021, la Asociación Conservacionista YISKI y la Asociación CONCEVERDE enviaron una petitoria con carácter de urgencia al Lic. Tomás Martínez, Presidente del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Licda. Andrea Meza Ministra del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) Licda. Haydeé Rodríguez, Viceministra de Agua y Mares; Licda. Karla Espinoza; en dicha petitoria se solicita se intervenga para que exista un control riguroso y justo uso del agua.
En esta se solicita que se inicie el proceso para la instalación de los hidrómetros en todas las empresas de gaseosas, envasadoras de agua, bebidas alcohólicas, refrescos, así como por el uso agroindustrial, industria tecnológica; en esta se argumenta que no es equitativo que la población civil tenga que pagar por el agua que consume, mientras las empresas que gozan siempre de beneficios, no lo hagan.
A pesar de que se realizaron diversos intentos por obtener respuesta ante tal solicitud la misma fue dada por parte de la Sra. Andrea Meza Murillo, ministra de Ambiente y Energía, hasta el día 29 de junio de 2021.
En dicha respuesta se señala lo siguiente:
En lo referido al uso de hidrómetros, el MINAE si ha dispuesto su uso o bien el caudalímetro, como medio o instrumento de calibración de la extracción en los casos cuando las condiciones así lo justifican, tales como fuentes de agua en condiciones de déficit, problemas documentados de conflicto entre partes, uso prioritario versus otros usos y con el fin de ayudar a la administración a velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 y 27 de la Ley de Aguas en lo referente a la extensión de las concesiones. No son estos equipos, un fin en sí mismo ni para cobrar el canon, por lo explicado antes.
Se adjunta el oficio completo el cual contiene la respuesta por parte del Ministerio de Ambiente y Energía.
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