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FRENASS pide a la CCSS no generar confusión en torno a elección de juntas de salud

El Frente Nacional Por La Seguridad Social (FRENASS) solicita a la Junta Directiva Nacional de la Caja Costarricense del Seguro Social, que proceda a instruir a la Dirección de Contraloría de Servicios y a cualquier otra instancia administrativa a que se abstenga de promover o de realizar cualquier comunicado o comentario que desestabilice o ponga en duda la realización del proceso de elecciones que culminará el próximo 20 de octubre del 2021.

San José, 09 de junio del 2021

Sr. Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo
Sra. María de los Ángeles Solís Umaña, Directora
Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Directora
Sra. Marielos Alfaro Murillo, Directora
Sr. Christian Steinvorth Steffen, Director
Sr. José Pablo Ross Araya, Director
Sra. Martha Elena Rodríguez González, Directora
Sr. José Luis Loría Chaves, Director
Sra. Maritza Jiménez Aguilar, Director
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL C.C.S.S.

Señoras y señores:

Recientemente la Junta Directiva de la C.C.S.S. dispuso la realización del proceso de elección de las Juntas de Salud para el próximo 20 de octubre del 2021, ya que sus actuales integrantes cesarán sus funciones, dado que el período por el que fueron electos vence el próximo 31 de diciembre del 2021.

Estas Juntas de Salud, fueron creadas mediante la Ley denominada Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley 7852, “como entes auxiliares de los hospitales y las clínicas, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana”.

Esta Ley dispone que “los integrantes de las juntas de salud permanecerán en sus cargos cuatro años, contados a partir de la fecha de su designación, y podrán ser reelegidos”.

También otorga a la Junta Directiva de la Caja, la facultad de emitir “los reglamentos y las disposiciones necesarios para regular los procedimientos de proposición y elección de los miembros de esas juntas, asimismo, su funcionamiento”.

En concordancia con la mencionada Ley, se dictó el Reglamento de las Juntas de Salud, estableciendo que:

“los lineamientos para la asesoría, la capacitación, el acompañamiento y la definición estratégica y logística del proceso de elección estarán a cargo de la DICSS o la instancia que, en su defecto, sea delegada por la Junta Directiva. En ese sentido, queda debidamente facultada para atender y aprobar cualquier diligencia, trámite y acción que resulte necesaria para la adecuada ejecución del proceso de elección de Juntas de Salud a su cargo, y así garantizar el cumplimiento del espíritu y principios tutelados por la Ley 7852 “Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social” y sus reformas para estos efectos.

El mismo Reglamento, en su Artículo 20, dispone en lo que es de interés, que “las elecciones se realizarán cada cuatro años, de conformidad con lo dispuesto por la Ley número 9280 del 27 de octubre del 2014 y en las fechas que apruebe la Junta Directiva, en el transcurso del segundo semestre del año anterior a que las Juntas de Salud cesen sus funciones”.

El Artículo 21 de este Reglamento referente al periodo de nombramiento y reelección, reitera lo señalado por Ley, al disponer que:

“Los integrantes de las Junta de Salud durarán en funciones cuatro años, pudiendo ser reelectos. Asumirán sus funciones a partir del 1 de enero del año par hasta el 31 de diciembre del año impar siguiente. Al inicio de su gestión y previo a asumir funciones, deberán de ser juramentados por la Presidencia Ejecutiva o la Gerencia Médica en el caso de Hospitales Nacionales y Centro Especializados; la autoridad regional competente y en defecto de ambas instancias, por las Direcciones Médicas correspondientes”.

Ahora bien, a pesar de encontrarse firme el Acuerdo de la Junta Directiva que fijó la fecha para celebrar el proceso de elecciones de las Juntas de Salud (mes de octubre) y de las disposiciones legales y reglamentarias ya indicadas, la Dirección de la Contraloría de Servicios mediante el oficio No. PE-DICSS-DIR-0793-2021, sobre la designación del representante de la comunidad ante el comité electoral local, señaló:

“… como se mencionó al inicio, las elecciones fueron programadas y aprobadas por la Junta Directiva de la Institución para el próximo 20 de octubre, sin embargo, tanto la Dirección Institucional de Contralorías de Servicios de Salud como el Equipo de Juntas de Salud, somos conscientes de la situación actual que estamos enfrentando como institución y como país, a causa de la pandemia por la COVID-19, por lo que hemos realizado la consulta correspondiente a efectos de que a nivel superior se valore la situación – teniendo en cuenta que la realización de elecciones es mandato de ley- y de proceder, se giren las instrucciones necesarias con respecto a la realización o no de dichas elecciones. Por tal motivo, dado que aún no se cuenta con disposición en contrario, es deber de esta Dirección velar por el cumplimiento de la normativa en materia de elecciones de Juntas de Salud, así como continuar con la planificación procedente, no obstante, ante cualquier directriz emanada de las jerarquías institucionales, se les estará comunicando oportunamente”.

Señoras Directoras y señores Directores, del oficio referido y de las diferentes insinuaciones y comentarios en las capacitaciones o en redes sociales, se desprende una intencionalidad que prepara las condiciones para que la realización de las elecciones no se efectúe conforme lo indicado por la Ley y por la propia decisión de la Junta Directiva. Lo anterior preocupa a este Frente porque ese ambiente de inestabilidad y confusión pone en duda la celebración de las elecciones, generando una clara inseguridad jurídica al contravenir disposiciones jurídicas y los acuerdos de la instancia jerárquica superior de la Institución.

Si eventualmente la Dirección de Contraloría de Servicios insiste en la reprogramación para la realización de las elecciones de las Juntas de Salud, como consecuencia inmediata se dejaría sin Juntas de Salud a las Áreas de Salud y a los Hospital, haciendo nugatorias las disposiciones legales y constitucionales en protección de la participación ciudadana, tan echada a menos en las épocas actuales, a pesar de los discursos políticos que tratan de disuadirnos de lo contrario.

Lo anterior se torna más grave porque ni las autoridades de la Administración ni la Junta Directiva de la Caja poseen la competencia necesaria para prorrogar el período por el cual fueron nombradas las Juntas de Salud que cesan sus funciones el 31 de diciembre del 2021. No hay ley o reglamento que faculte a la Caja prorrogar de oficio la competencia ya sea territorial, del tiempo, de la materia u otra de las Juntas de Salud, en este caso, una vez superado y vencido el plazo por el que fueron nombradas, todo ello de conformidad con los artículos 59 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

Por otro lado, somos absolutamente consientes del esfuerzo sobrehumano y magnánimo del personal de la Caja en la atención de la pandemia y en el logro de altos índices de vacunación en la población contra el COVID 19. Por eso dudar de que para el mes de octubre 2021 no alcancemos la vacunación y la inmunidad necesarias para proteger a la población, es dudar de la capacidad de nuestra querida institución y del esfuerzo demostrados durante todos estos meses por su personal. Por eso, tal argumento no puede ser de recibo para suspender el proceso de elecciones.

En razón de lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Junta Directiva Nacional de la Caja Costarricense del Seguro Social, que proceda a instruir a la Dirección de Contraloría de Servicios y a cualquier otra instancia administrativa, que se abstenga de promover o de realizar cualquier comunicado o comentario que desestabilice o ponga en duda la realización del proceso de elecciones que culminará el próximo 20 de Octubre del 2021, todo ello en resguardo de la legalidad institucional y en apego del Acuerdo que en su oportunidad tomó la Junta Directiva en tal sentido.
De Ustedes con toda consideración,
Por FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuando hablamos del sector agropecuario, exclamamos la desfachatez en su máxima expresión

Por Jeison Leitón Marín

AL PUEBLO DE COSTA RICA.
AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.
A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS.
CUANDO HABLAMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, EXCLAMAMOS LA DESFACHATES EN SU MAXIMA EXPRESIÓN.

Cuando se creía haber visto todo, nos sorprende la desfachatez vergonzosa y sínica en el accionar de la Asamblea Legislativa. La discusión de un proyecto de ley sobre un fondo de avales, que se sustenta en un préstamo internacional que debemos pagar todas y todos los costarricenses por igual, «acuerdan» que esos recursos sean administrados a su antojo por el sistema financiero representado por la UCAEEP y la Asociación Bancaria. Nos quieren hacer creer que los mismos que nos han llevado a la crisis económica que afrontamos, nos van a salvar. Señoras y señores diputados pongámonos serios y les invito a que hablemos de cómo se debe emprender la reactivación económica y desarrollo, pero de forma inclusiva, participativa y distributiva.

Me permito recalcar 3 puntos para que no se nos olvide:

  1. Se sacaron de debajo de la manga un proyecto que no era para todos los productores y productoras (21965), con una condonación de deudas, (DISCRIMINACIÓN EN SU MAXIMO ESPLENDOR). Es importante reiterar que esa condonaron consistía en REMANENTES de fideicomisos, deudas INCOBRABLES y PRESCRITAS. Y tras cuernos palos el señor Presidente de manera pública manifiesta que en dicha ley se debe limitar la participación vía reglamento, como si la BURLA no fuera suficiente, entra en escena la Contraloría General de la República gestionando ante la Sala Cuarta un recurso solicitando dicha ley sea declarada inconstitucional.
  2. Es importante dejar claro que esta propuesta de condonación dejo a la gran mayoría de productores agropecuarios afuera, pero venir a atacar a los beneficiados, alegando que les van a regalar poco más de 6 mil millones, es inmoral, indecente y repudiable, porque cuando se dio la ley conocida como el Combo Fiscal, a las grandes empresas les condonaron más de 195.000 mil millones, y la Sala Cuarta no cuestionó nada y con su resolución validó esta condonación. Señores magistrados lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso, no se valen discriminaciones.
  3. Es de conocimiento que sectores productivos con gran ahínco, nos dimos a la tarea de redactar un proyecto de ley, bajo el expediente N°21935, que SÍ atiende el PROBLEMA EL ENDEUDAMIENTO Y EL FINANCIAMIENTO de todos los sectores productivos compuestos por pequeños y medianos, y es importante recalcar que nunca se buscó ninguna condonación, por el contrario se busca que estos sectores cuenten con las herramientas que les permitan reiniciar sus actividades. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo (con pocas excepciones), asumieron un compromiso real con esta iniciativa, y al contrario salieron en defensa del sector financiero y de grandes empresas de manera frontal. Han logrado proteger los intereses de los grandes negocios, importándoles poco o nada el empobrecimiento en que avanzamos todos los días.

Es urgente se le prioridad al proyecto de ley N°21935, y de esa manera se inicie una reactivación incluyente, participativa y distributiva, que vendrá a consolidar y hacer crecer el empleo, la riqueza y el desarrollo

Nadie está en contra del proyecto de avales, pero el texto sustitutivo aprobado por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios da vergüenza, da vergüenza porque le entregan la administración a los grandes nada más, ni una silla para los pequeños, da vergüenza porque podría convertirse en lo mismo de siempre, todo para los tagarotes y nada para los que de verdad lo necesitan.

Jeison Leitón Marín.

Presidente Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago.

Mesa de Ruralidad y Asuntos Agropecuarios. Encuentro Social Multisectorial.

Conversatorio: «¿Por qué somos recuperadoras de la tierra?»

SURCOS comparte la siguiente información:

El próximo lunes 14 de junio a las 6:00pm se llevará a cabo un conversatorio organizado por Chieton Morén, la temática que se abordará es ¿Por qué somos recuperadoras de la tierra?, este desde la percepción, visión y lucha de las mujeres indígenas.

Contará con la participación de:

  • Doris Ríos Ríos
  • Elides Rivera Navas
  • Magy Lázaro Quesada

Para inscripción al conversatorio enviar un mensaje de Whatsapp al: 8930-1317.

Adjuntamos invitación formal del evento:

Conversatorio sobre Ciencias, Educación y Bicentenario

La Biblioteca Nacional y Academia de Geografía e Historia de Costa Rica invitan al ciclo de conferencia y conversatorios con el tema “Extranjeros influyentes en el desarrollo de la educación y la ciencia en Costa Rica”, se contará con la participación de:

  • Yamileth González García, historiadora y Ex-Rectora UCR
  • Luko Hilje Quirós, biólogo e investigador jubilado
  • Guillermo Alvarado Induni, geólogo, CNE

Día: 17 junio 2021
Hora: 4:00 pm.
Transmisión: Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica

Cero Trata de personas

En el canal de Youtube “Los Dioses Están Locos”, se puede encontrar el video titulado “Cero Trata de personas. Somos partes del problema, seamos parte de la solución”, el cuál tiene como mensaje unirnos a denunciar las violencias y no hacer un silencio cómplice, y deja como reflexión ¿Nos unimos junto a otras organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la trata y el tráfico de personas? No podemos desoír una problemática tan violenta como esta, es ahora.

Somos parte del problema, seamos parte de la solución.

Compartimos el video completo:

Pandemia incrementó desigualdad de género en espacio doméstico

A partir de la pandemia, el espacio doméstico se convirtió en un lugar con mayor desigualdad de género, no solo porque se trasladó el trabajo remunerado de la esfera pública hacia la esfera privada del hogar, sino también porque las horas laborales y las dedicadas a las tareas domésticas y de cuido se acumularon desproporcionadamente sobre las espaldas de las mujeres. Así lo confirman los resultados de la investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA”, elaborada por Ana Elena Obando, del Instituto de Estudios de la Mujer de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional (IEM-UNA).

Ya antes de la pandemia, datos de la Organización de las Naciones Unidas reportaban que las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a los trabajos domésticos y de cuido no remunerados (entre 22 y 42 horas por semana).

Con la crisis sanitaria, esta desigualdad se profundizó. En el caso de las mujeres académicas, el estudio del IEM-UNA revela que al trasladarse -con el confinamiento- el trabajo remunerado de la Universidad al hogar, se borró la línea de tiempo que dividía a este de las tareas domésticas.

“Ello originó un caos… Al cambiar los tiempos y el espacio, aumentaron las horas de ambos trabajos, comprimidos en un espacio que no tenía las condiciones físicas para el teletrabajo”, destaca el informe de esta investigación, cuyos resultados se obtuvieron a partir de cinco grupos focales con la participación de un total de 22 académicas de distintas áreas del conocimiento, de diversas sedes, con edades entre 33 y 57 años.

A esto se sumó el cierre de centros educativos y de cuido -tanto públicos como privados- a los cuales asistían sus hijos e hijas, que significó una presión adicional para las mujeres como principales cuidadoras.

Polifuncionalidad y soledad doméstica

La multiplicación de las horas de trabajo remunerado y no remunerado se relaciona con la polifuncionalidad que debieron asumir las mujeres.

En los grupos focales, la mayoría de las académicas afirmó que el trabajo doméstico, las múltiples tareas de cuido, más todo el trabajo de la Universidad, incluyendo la atención a estudiantes -quienes generalmente no respetaban los horarios laborales- las obligó a trabajar hasta en la madrugada para poder cumplir con todo.

 “Se me fue el día haciendo meriendas, atendiendo a mis hijos, haciendo tareas y atendiendo a los estudiantes, porque no es lo mismo cuando una está en clases presenciales, allí tienen menos dudas y se evacúan de inmediato” , dijo una académica, según se registra en el informe de la investigación.

Como parte del estudio, se contabilizaron en una tabla las horas dedicadas al trabajo remunerado, así como las destinadas a tareas domésticas y de cuido por ellas y sus parejas, lo cual confirmó la desigual distribución de los trabajos entre los sexos y evidenció la extensión de la jornada laboral remunerada de 8 horas hasta 14, tiempo extra no reconocido ni remunerado.

Las académicas también experimentaron lo que en la investigación se denominó soledad doméstica, que se refiere a la falta de acompañamiento en las tareas domésticas y de cuido de parte de sus esposos o compañeros.

La mayoría de ellas coincidieron en que sus parejas “les ayudaban”, pero que la responsabilidad principal siempre recaía sobre ellas.

La investigadora Ana Elena Obando destacó que esta soledad doméstica, que generalmente ha sido acompañada por otras mujeres (familiares o empleadas domésticas), se hizo más evidente en tiempos de pandemia, ya que el confinamiento y el miedo al contagio las limitó para buscar apoyo en los oficios domésticos, a la vez que las aisló por completo del espacio social presencial.

No es casual, entonces, que las académicas manifestaran que extrañan la oficina como un espacio separado del hogar, ya que en este no solo podían dedicarse al trabajo remunerado sin las distracciones presentes en la modalidad de teletrabajo, sino que permite la interacción con personas fuera de la familia; es decir, ofrece la posibilidad de mantener cierto equilibrio emocional y social, que aliviana la carga laboral y académica.

Tareas de valor

La investigación “Conciliación de vida laboral y vida familiar en el marco del Covid-19 en mujeres académicas de la UNA” parte de la premisa de que las tareas del hogar y de cuido generan producción y valor, por lo cual deben reconocerse y contabilizarse en los modelos de la economía, buscando formas de redistribuirlos equitativamente entre ambos sexos, tanto desde el Estado como mediante medidas institucionales.

Esta premisa está en concordancia con el Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), que establece el deber de: “Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.”

En este sentido, esta investigación incluye recomendaciones orientadas a que se realicen los cambios en el ámbito universitario para contribuir a equilibrar la desigual carga académica y laboral que recae sobre las trabajadoras universitarias, con el fin de mejorar la salud, las condiciones laborales de las académicas y su crecimiento profesional.

En esa línea, se propone realizar campañas para instar a los hombres universitarios y a otros a que asuman su responsabilidad del 50% de las tareas del hogar y de cuido junto a las mujeres y demás miembros adultos de la unidad familiar.

Asimismo, se insta a que la Universidad dé pasos en esa dirección, mediante políticas, horarios, salarios, tiempos de reuniones y creación de unidades y redes especiales de apoyo para el cuido de las y los niños y adultas(os) mayores, que generalmente están a cargo de las mujeres universitarias.

Además, se recomienda reformar el Reglamento de Régimen Académico para crear nuevas formas de evaluación que tomen en cuenta desde las labores académico-docentes, de investigación y acción social, entre otras, hasta los trabajos de cuido y del hogar que hacen las mujeres.

 “Medir a ambos sexos bajo los mismos parámetros y exigirles los mismos requisitos obviando la división sexual del trabajo, resultará en odiosas discriminaciones contra las mujeres y perpetuará las desigualdades de género existentes”, subrayó Ana Elena Obando, autora de la investigación.

Este tipo de trabajos se inscribe dentro de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (PIEG-UNA), que en su numeral 4 señala la importancia de fomentar la conciliación de la vida profesional, laboral y familiar del personal académico y administrativo.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Enviado por Oficina de Comunicación, Universidad Nacional, Costa Rica.

Imagen tomada de https://www.themarkethink.com/

Día Mundial contra el Trabajo Infantil: sensibilizar y denunciar la explotación infantil

José Luis Pacheco

Hoy 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo de esta celebración es sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.

Los niños deben formarse en un ambiente tal que les permita enfrentar el futuro de tal manera que, puedan salir del círculo de pobreza en el que han vivido sus padres. Sin embargo, esto no sucede y muchos gobiernos siguen sin tomar medidas para la erradicación del trabajo infantil.

El punto 8,7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la ONU establece un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil y hace un llamado a la comunidad internacional para: «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas».

Algunas de esas formas son: esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, pornografía, y otras actividades ilícitas. Todos esos trabajos ponen en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza.

Por desgracia la situación económica, la pobreza y la desigualdad que existe en nuestros países promovidas por políticas gubernamentales propicia esta actividad perniciosa para los niños.

Dios quiera que a quienes corresponda tomen las acciones necesarias para acabar con este flagelo y que los niños puedan disfrutar de la vida que merecen y que logren cumplir sus sueños.

Recolección de firmas para que suspendan la fumigación con herbicidas en Escazú

El Colectivo Agro Ecológico El Chaperno realiza la petición para recoger firmas con el objetivo de suspender la fumigación con herbicidas en Escazú, ya que se han enterado de la compra de 50 galones de herbicida Evigrass, de ingrediente activo glifosato, el cual ha sido severamente cuestionado por sus posibles efectos cancerígenos en la salud humana.

Según la dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de la Salud Pública no existe, en la base de datos, NINGUNA sustancia o producto herbicida registrado, para uso en áreas públicas, hasta el día de hoy.

Como profesionales en el área agronómica y personas residentes de este cantón, solicitan a las autoridades competentes que detengan el uso de este producto por razones de salud pública.

Firmando esta petición, hacemos valer nuestra voz ante las autoridades para detener el uso de este veneno en nuestras calles.

Puede apoyar la campaña en este enlace:

Firmar para que suspendan la fumigación con herbicidas en Escazú

12 de junio, Día Mundial por la Eliminación del Trabajo Infantil

Rodrigo Aguilar Arce

Es importante destacar que los estados miembros de las Naciones Unidas han renovado su compromiso con la erradicación del trabajo infantil al declarar 2021 el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.

De acuerdo con la información, este año los países enfrentan los retos que plantea la pandemia al luchar contra el trabajo infantil, y además de ello acelerar los progresos con el propósito de alcanzar la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que tiene como propósito poner fin al trabajo infantil de aquí a 2025.

Se espera que la OIT y UNICEF publiquen nuevas estimaciones y tendencias mundiales del trabajo infantil.

Es importante destacar que se impulsará durante el Año Internacional, una “Semana de acción” que permitirá alzar la voz a los mandantes de la OIT y a los numerosos socios que participan en la lucha contra el trabajo infantil en todas las regiones del mundo.

Imagen: Fundación Dequení

¿Quién paga las cargas patronales?

Óscar Madrigal

La respuesta inmediata y lógica es los patronos. Sin embargo, el fondo realmente de la pregunta es ¿de dónde obtienen los patronos los fondos para pagar las cargas sociales? Los patronos no destinan ingresos de otras inversiones a pagarlas, sino que esos fondos salen del valor de la producción, del valor agregado, del plus valor o plusvalía.

Se viene diciendo que el factor trabajo en Costa Rica es muy caro, lo cual -ya sabemos lo que sigue- le resta competitividad al país. ¿Qué pasa si reducimos las cargas patronales? Lógicamente aumentan las ganancias del patrono. Y es imposible saber o deducir que esa parte que se le resta a la seguridad social se irá a embolsar las ganancias o servirá para nuevas inversiones. La experiencia en América Latina es que las reducciones de impuestos han servido para engordar los bolsillos de los grandes empresarios.

Ahora bien, no es lo mismo Del Monte, Intel o las empresas de zonas francas que un pequeño taller de costura o de zapatería o un pequeño comercio o restaurante. A estos últimos sí les resulta complicado hacer frente a todos los pagos porque probablemente sus ganancias son muy pequeñas. Aunque siempre las cargas patronales salen del valor agregado, la estrechez es grande en este tipo de producción.

Al igual que con la fijación de los salarios mínimos, tratar a los grandes igual que a los pequeños, es la peor desigualdad, una injusticia. Cuando el salario mínimo se fija por igual para los obreros agrícolas de Del Monte o la Standard o los productores de banano, piña, arroz que, para los productores de hortalizas, por ejemplo, estamos engordando en muchísima mayor proporción las ganancias de los primeros, que incluso en pandemia han obtenido gigantescos ingresos. Tampoco puede ser igual el salario de un trabajador de Walmart o de McDonald o Barceló que los de un pequeño negocio de restaurante o una empresa de busetas de turismo.

Este tipo de fijaciones encierran una gran injusticia. Los salarios mínimos deberían establecerse en función de la productividad y de la ganancia obtenida por los patrones y con ello también las cargas sociales, incluyendo las patronales.

Las cargas patronales a la seguridad social NO las paga el patrono sino que se pagan con el plus valor agregado al bien o servicio que incorpora el trabajador o trabajadora.