1°. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores

El Trabajo Comunal Universitario TC 681 “Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones. Alcances de la reforma laboral procesal frente a las necesidades del colectivo laboral” analiza la situación en el sector privado del país

Desde el 2018, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, se propuso generar capacidades en las personas trabajadoras organizadas en el sector agrícola para que puedan participar activamente en la defensa y promoción de sus derechos laborales.

A través del Trabajo Comunal Universitario TC 681 sobre el cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y una investigación sobre derechos laborales y cadenas de valor, se puede profundizar en el análisis de la situación de los derechos laborales en una parte del sector privado en el país, el principal empleador de la población económicamente activa.

Como parte de los hallazgos hasta ahora encontrados se evidencian consecuencias de las estrategias de unilateralización de las relaciones laborales, lo que en el contexto de la pandemia por COVID-19 se ha agravado. Hoy más que antes los derechos laborales son fragmentados o diferenciados entre distintas entidades del sector público, entre el sector público y el privado; entre empresas privadas de alta rentabilidad o pequeñas o medianas empresas o empresas agrícolas; y hay enormes diferencias entre los derechos laborales de las personas trabajadoras en el sector formal privado y en el sector informal privado. Lo anterior, deslegitima el derecho colectivo al trabajo en Costa Rica.

También se evidenció la externalización laboral en la cadena de producción de la piña en el país, una modalidad que genera desprotección para la persona trabajadora ante la seguridad social y los riesgos del trabajo. Ante esta realidad la recomendación experta es que la empresa beneficiaria directa del trabajo sea solidariamente responsable junto con la empresa contratista, y extender la responsabilidad patronal. Lo anterior además permitiría negociaciones colectivas homogéneas por sector, actividad o cadena de valor.

Un hallazgo adicional son los cuellos de botella que deben pasar las personas trabajadoras en el país en el acceso a los derechos de salud ocupacional. Lo más común es que el empleador no de aviso del accidente y la persona trabajadora se queda sin recibir el servicio de salud; otro es que la indemnización por riesgo laboral solo indemniza la pérdida de capacidad para el trabajo; y por último no se reclaman otros daños materiales o morales.

Despertando la conciencia en el trabajo

Partiendo de que la organización de los trabajadores es una parte sustantiva de la dimensión social de la ciudadanía y puede propiciar que sus necesidades e intereses jueguen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida, el TCU 681 elabora y planifica actividades que permitan la generación de conocimiento colectivo sobre las condiciones de trabajo y los instrumentos institucionales, organizativos y legales disponibles para la tutela y mejoramiento de las condiciones de trabajo.

El TCU – 681″Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones» busca hacer un relevamiento de los principales problemas de las personas trabajadoras especialmente en plantaciones de banano y piña de la Zona del Caribe y la Zona Norte del país.

“Hoy que conmemoramos el 1º de mayo, de los y las trabajadoras, podemos decir que es evidente la enorme distancia existente entre los derechos laborales declarados en el papel y la vida concreta de estos hombres y mujeres, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, con largas jornadas, salarios deprimidos, graves amenazas a su salud, e inmersos en una maraña de relaciones jurídicas que dificultan o impiden que sus empleadores asuman la responsabilidad que les corresponde”, señala el coordinador del proyecto, el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador y docente de la Facultad de Derecho.

El TCU-681 busca construir conocimiento colectivo a partir de los problemas identificados, fundamentalmente en lo que se refiere a la discriminación, la salud ocupacional, los salarios y jornadas, así como sus derechos colectivos.

El investigador afirma que la pandemia ha complicado el trabajo del TCU, pero sobre todo ha agravado los problemas de las personas trabajadoras. Es por ello que los esfuerzos actuales se enfocan en mantener el contacto con las comunidades por medios virtuales y profundizar la sinergia entre la acción social, la investigación y la docencia misma, elaborando materiales requeridos, aportando ideas e insumos para la construcción de estrategias de incidencia y procurando sensibilizar y compartir el conocimiento generado con actores claves para la vida concreta de las personas trabajadoras.

Antecedentes

Diversas investigaciones han constatado el grave nivel de incumplimiento de derechos laborales fundamentales de las personas trabajadoras en el sector privado costarricense. En la agricultura algo más de la mitad de los asalariados de establecimientos privados en la agricultura aparecen con salarios por debajo del mínimo, según datos del 2014. Por su parte el Proyecto Estado de La Nación ha hecho un relevamiento sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el 2013. Esta investigación señala que el mayor incumplimiento de derechos laborales se produce en la zona rural y en tres actividades críticas: el empleo doméstico, la construcción y la agricultura, particularmente en lo que tiene que ver con el pago de horas extra y seguro de riesgo de trabajo.

Además, los grupos más vulnerables al incumplimiento de derechos son los migrantes, sobre todo nicaragüense, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores no calificados. Finalmente, la situación se agrava cuando se trata de empresas pequeñas e informales.

“Hoy, que conmemoramos el 1.º de mayo, Día de los y las Trabajadoras, podemos decir que es evidente la enorme distancia existente entre los derechos laborales declarados en el papel y la vida concreta de estos hombres y mujeres, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, con largas jornadas, salarios deprimidos, graves amenazas a su salud, e inmersos en una maraña de relaciones jurídicas que dificultan o impiden que sus empleadores asuman la responsabilidad que les corresponde”.
Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador y docente de la Facultad de Derecho

En la Costa Rica del bicentenario

El mundo del trabajo atraviesa profundos cambios como la precarización del empleo; flexibilización laboral, crecimiento del desempleo y de la informalización; estrategias de tercerización empresarial; transformaciones en las estructuras productivas nacionales e internacionales.

Al efecto es necesario recordar que el derecho del trabajo tiene como premisa fundamental, la existencia de una desigualdad real de la persona trabajadora individualmente considerada frente a su empleador.

A partir de ahí, el derecho del trabajo se estructura en dos grandes ramas: individual y colectiva. El derecho individual del trabajo establece una serie de principios orientados a proteger a las personas trabajadoras frente a esa desigualdad real, y el derecho colectivo establece una serie de instrumentos que permiten la actuación conjunta a las personas trabajadoras organizadas.

En Costa Rica desde el nacimiento del derecho del trabajo optó por el derecho individual del trabajo, y un rechazo a lo colectivo, así en el Código de Trabajo la representación sindical debe ser limitada a una institución o organización, lo que fragmenta la fuerza sindical, restringió el derecho de huelga y finalmente el país entiende el conflicto laboral como una patología social.

Hoy y después de 17 años de un intenso trabajo y procesos complejos de negociación política, en Costa Rica fue aprobada la Reforma Procesal Laboral (Ley 9343) que entró en vigencia el 25 de julio del 2017. Esta ley reforma más de la mitad del Código de Trabajo y representa el principal cambio en Costa Rica en el sistema de relaciones laborales y en los instrumentos individuales, colectivos e institucionales para la protección y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras.

Pero el unilateralismo y la fragmentación sigue siendo un problema, por un lado, es tendencia histórica, pero a partir de la pandemia, se legalizó la disminución de la jornada de trabajo, se crearon mecanismos para suspender contratos de trabajo, y se permitió que el empleador imponga jornada de 12 horas de trabajo por 4 días a la semana. Además, se han debilitado las capacidades del derecho colectivo en el sector público.

Los retos son la apuesta por negociaciones colectivas por rama o cadena de valor y evitar la fragmentación, para permitir que condiciones negociadas abarquen a una gran masa de personas trabajadoras, así como luchar por la extensión de la responsabilidad patronal cuando exista tercerización del trabajo.

 

Imagen: Huelga en la que participan miembros del Sindicato de la Universidad de Costa Rica (Sindeu). Foto: Archivo, ODI.

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Divulgación e Información