Diferentes movimientos sociales de la zona de Occidente se reunieron el pasado 1 de mayo de 2021 en su derecho de ejercer el Poder Popular que otorga el artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica.
El espacio busca la participación ciudadana y la democracia para construir la Patria desde todos los sectores económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos. Se busca promover un pueblo informado, unido, organizado y movilizado que toma acción, señala el texto que envió Luis Ángel Salazar Oses.
En el espacio se reflexionó sobre la actual discusión de la Ley Marco de Empelo Público, su afectación al Estado Social de Derecho y la importancia de conservar las capacidades de la institucionalidad pública para aportar a la calidad de vida comunitaria.
El movimiento invita a replicar este ejemplo todos los sábados a las diez de la mañana por todo el territorio nacional.
Le invitamos a ver el video de la actividad:
Información compartida a SURCOS por Luis Ángel Salazar Oses.
De la mano de Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Rebeca Arguedas y Allison Quintanilla realizaron el análisis Mujeres, territorios y feminismos en Costa Rica, Agroecología y diálogos ante la covid-19 en el Sur. El objetivo de esta publicación es analizar la crisis sistémica, más allá de la emergencia sanitaria, para provocar cuestionamientos para (re) conocer demandas, necesidades y propuestas de mujeres indígenas y del campo.
El análisis se encuentra compuesto por diferentes capítulos que abarcan diferentes aristas desde el accionar y la realidad de las mujeres. El primer capítulo “Los impactos diferencias en la vida de las mujeres” abarca el impacto de la pandemia ocasionada por el Covid-19.
El capítulo dos “La transformación social para superar la crisis” plantea como esta transformación es necesaria para superar la crisis ecológica y sanitaria y necesita incorporar las voces, experiencias, conocimientos y desafíos de las mujeres indígenas y del campo.
En el apartado tres “Diálogo para la construcción de nuevas narrativas” se compone del análisis de aristas como Agroecología, Ecologismo, Feminismo, feminismo comunitario, ecofeminismo, feminismo descolonial y antirracista. Este contempla las diferentes olas del feminismo, sus posiciones, reflexiones y demandas políticas y culturales con el común denominador de la búsqueda por la igualdad y, en particular, de la superación de la subordinación de las mujeres.
El último capítulo complementa con un “Diálogo sociopolítico mujeres indígenas y del campo” que busca resaltar a las mujeres y poner a disposición el espacio de toma de decisiones y de incidencia. Esto tanto dentro del aparato estatal como en la academia y en los movimientos sociales.
Algunos de los resultados de este análisis:
Las mujeres y las niñas, además de ser mayoritariamente las que sufren más las consecuencias de la crisis climática y migración de sus territorios en el campo, son quienes se ven más expuestas a la trata y tráfico de personas en el proceso de migración.
En el ámbito científico, quienes estudian y toman decisiones respecto a la crisis climática y conforman foros internacionales y juntas directivas son hombres hasta en un 95 % de los casos.
Más del 50 % de mujeres en el campo no tienen alfabetización básica.
El 50 % de mujeres del campo e indígenas han sufrido violencia de género
Las mujeres dedican semanalmente 22 horas más que los hombres a las labores domésticas y cuido de niños, niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Como visión general del análisis por parte de las autoras, es de primera necesidad visibilizar que son las mujeres indígenas y del campo las que están en la primera línea de la defensa de los territorios y de los bienes comunes. (…) son ellas portadoras de un conocimiento clave, que se reconoce poco o nada o que se explota desde la lógica del despojo, y de una vulnerabilidad y riesgo que incluye, por un lado, las amenazas a sus vidas por el hecho de defender lo común, por su lucha y oposición a la destrucción de la Naturaleza y, por otro, por defender sus propios cuerpos y vidas. Incluso dentro de sus mismas organizaciones y comunidades, de los mismos movimientos sociales, la academia y las aproximaciones teóricas se perpetúan violencias, opresiones y despojos, desde un sistema patriarcal, colonialista, occidentalista.
Sobre las autoras y la Fundación
Allison Quintanilla Hernández: Feminista comunitaria, con experiencia relacionada a la extensión y comunicación comunitaria, promoción en derechos de niñez y adolescencia y mujeres del campo. Planificadora Económica y Social de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Agente de Cambio 2014 y Cofundadora de la Asociación de Mujeres Voces Violeta.
Rebeca Arguedas-Ramírez: Ecofeminista con más de 20 años de estar vinculada al trabajo con organizaciones ecologistas y movimientos sociales en Costa Rica y en la región centroamericana. Magíster en Estudios Latinoamericanos del IDELA de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), licenciada en Comunicación con énfasis en Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica (UCR). Académica y productora audiovisual, en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED).
Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung: Ha desarrollado sus actividades como plataforma de diálogo, análisis político y de asesoría política. La participación de múltiples actores y el fortalecimiento de la democracia social son bases de la cooperación realizada con instituciones sociales y políticas costarricenses. desarrolla El Proyecto Transformación Social Ecológica, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de gobierno democrático y social, aportar contenidos y apoyar diálogos hacia una economía social y ecológicamente sostenible, elaborar propuestas de modelos de desarrollo alternativo, y una política fiscal como instrumento de justicia social y de igualdad de género. Por otro lado, el Proyecto Juventudes Progresistas, que ofrece espacios de formación y fortalecimiento de liderazgos en las juventudes, e impulsar estos liderazgos para participar de manera más efectiva en proceso de defensa de la democracia y los Derechos Humanos.
Iván Molina Jiménez presenta Costa Rica Covidiana. En este recorrido, Molina considera brevemente los estilos de desarrollo predominante de 1950 al 2018 y las modificaciones en el escenario político que posibilitaron la construcción de un nicho de poder oligárquico en ese último año.
Como punto de partida el autor toma a la Costa Rica previa a la pandemia por el Covid-19, donde según define se empezó a impulsar reformas profundamente regresivas en términos fiscales, sociales e institucionales. En vez de detener ese proceso, la pandemia lo profundizó.
La publicación se compone de lo que el autor toma como Momento Decisivo, el capítulo 1 que habla de la Costa Rica antes del Covid-19. El capítulo 2 habla sobre la Primera ola que se extendió entre marzo y mayo del 2020, el capítulo 3 de la Segunda ola considera los cierres masivos de actividades económicas en todo el país y los efectos de su flexibilización ser y un epílogo que expone el Distanciamiento histórico.
Molina expone que, de junio del 2020 a febrero del 2021, a medida que se responsabilizaba a la población de velar por su propia salud, el país experimentó una segunda ola de contagios. Al mantener neutralizada la protesta social, la expansión del Covid-19 fue aprovechada por las autoridades para impulsar nuevas iniciativas que, a la vez que protegen los intereses oligárquicos, elevan la carga fiscal de las clases trabajadoras y de los sectores medios, precarizan sus condiciones laborales y reducen sus salarios.
Puede leer este documento completo en el archivo adjunto.
El programa Aula Abierta del Programa Kioscos Socioambientales extiende la invitación al conversatorio: Mujeres y luchas por la tenencia de la tierra.
El espacio será este jueves 6 de mayo a las 10am, donde compañeras de comunidades compartirán sobre sus procesos de defensa de territorios. Puede unirse a la transmisión a través del Fb Live del Programa Kioscos.
La transmisión tendrá la participación de:
Yesenia Barraza: es una mujer migrante nicaragüense que desde muy joven ha luchado por tierra para trabajar. Es parte de la comunidad de El Triunfo, en Medio Queso de la Zona Norte. Acompaña la organización comunitaria en el proceso de recuperación de tierras campesinas.
Erlinda Quesada: ha participado en múltiples movimientos sociales en el Caribe, que van desde la visibilización del papel de la mujer en la Pastoral Social, la defensa de derechos campesinos a la tierra en el Foro Emaús, y su participación en Frenasap como en la municipalidad de Guácimo para impedir la expansión de las plantaciones de piña.
Cindy Vargas: es parte del grupo de jóvenes que apoya el Consejo de Mayores Brörán. Junto a su familia conforma la organización Ruta de las Aves para recuperar corredores biodiversos perdidos por la invasión de terratenientes en Territorio Brörán. Acompaña los procesos de recuperación de territorios indígenas en la Zona Sur.
La Confederación Sindical Internacional, la Fundación Friedrich-Ebert Stiftung y Development Pathways invitan al seminario web: Los beneficios económicos de la protección social.
La actividad será el día viernes 7 de mayo 2021 a la 1:00 de la tarde. La transmisión tendrá interpretación simultánea en inglés, francés y español.
El evento tendrá la participación de Observaciones iniciales: Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional.
La presentación estará a cargo de Diloa Bailey-Athias, Economista de Development Pathways.
La reacciones estará a cargo de: Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Costa Rica; Reema Nanavaty, directora de Actividades de Desarrollo Económico y Rural, Self-Employed Women’s Association (SEWA), India; Kwabena Ootoo, director de Investigaciones, Trades Union Congress (TUC); Ghana Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social, Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Conclusiones finales: Hajo Lanz, director de la oficina de la Friedrich-Ebert Stiftung en Ginebra.
Moderadora: Evelyn Astor, Asesora de políticas económicas y sociales, Confederación Sindical Internacional
SURCOS comparte el siguiente comunicado referente al Reglamento de Acción Social de la UCR:
Las abajo firmantes, en calidad de personas estudiantes, docentes y administrativas de la Universidad de Costa Rica, así como personas beneficiarias y participantes de la Acción Social en comunidades, manifestamos nuestra gran preocupación por el Reglamento de Acción Social que se encuentra en este momento en consulta por el Consejo Universitario, desde enero del presente año hasta este próximo viernes 30 de abril.
Es preocupante que desde la pasada administración de Henning Jensen, la Acción Social ha sido el pilar sustantivo más afectado en términos presupuestarios. No obstante, recordamos a nuestro actual rector afirmando que durante su administración la Acción Social se vería fortalecida. Lamentablemente, esta vicerrectoría inició el 2021 con un 50% de recortes en todos los proyectos.
Por tales motivos, nuestras inquietudes giran en torno a:
El periodo de consulta a la comunidad universitaria no es el adecuado. Esto porque, tanto estudiantes como docentes con nombramientos por ciclos, no forman parte activa de la Universidad de Costa Rica en gran parte de este periodo; ya sea porque no están llevando cursos en el ciclo de verano (en el caso de estudiantes), o porque no han sido nombrados en unidades académicas (para el caso de gran cantidad de docentes). Esto ha provocado que mucha gente de la comunidad universitaria desconozca sobre esta consulta de reglamento.
En este documento no se promueven procesos de multi, inter y transdisciplinariedad, que tanto se han defendido en la Acción Social de la UCR. Por el contrario, este reglamento en consulta parte de una lógica bastante disciplinar, perdiendo así el rico ejercicio académico de acompañar comunidades desde diversos enfoques, miradas y conocimientos.
Esta propuesta de reglamento no resuelve de ninguna forma la actual asimetría con que se ha venido desarrollando la Acción Social, frente a los otros pilares sustantivos de la Universidad (Investigación y Docencia). Por el contrario, se profundiza en la idea de que la Acción Social es la última prioridad del quehacer universitario, siendo la que históricamente recibe el más bajo porcentaje del presupuesto, con respecto a las otras vicerrectorías.
Se desdibuja por completo el quehacer de la Vicerrectoría de Acción Social, y más bien se recargan funciones a las Comisiones de Acción Social, pero sin asignarles recursos. Nos preocupa la poca claridad sobre las responsabilidades que tendría la VAS con base en este reglamento, en donde más bien se le han dado cerca de 20 a las CAS de las distintas unidades académicas, recargando el trabajo de las personas docentes y administrativas en las escuelas, cuando debería ser la VAS la encargada de orientar, encabezar y protagonizar la acción social que se desarrolla desde la Universidad de Costa Rica.
Por último, es preocupante la profundización de los mecanismos de venta de servicios desde la acción social. En ese sentido, este reglamento refleja un tipo de modelo de universidad que no necesariamente representa el pensamiento crítico y el compromiso ético-político con las poblaciones más vulnerabilizadas, que ha caracterizado este pilar sustantivo de nuestra institución. De hecho, en la estructura organizativa que está proponiendo, no queda claro el lugar que estarían ocupando las comunidades con este reglamento.
Por tales motivos, nuestra petitoria hacia el Consejo Universitario es que se extienda el tiempo de consulta a este reglamento, al menos para finales de octubre del año en curso, para que toda la comunidad universitaria vinculada a la Acción Social (tanto docentes miembros de Comisiones de Acción Social, o con proyectos de Extensión Docentes, Extensión Cultural y Trabajos Comunales Universitarios, así como estudiantes con Iniciativas Estudiantiles, asistentes de proyectos de acción social o matriculados en TCU, y personas administrativas responsables de la ejecución de la acción social) pueda participar ampliamente en la consulta a importante reglamento. Suscribimos el sentir de las personas de comunidades, preocupadas por la situación actual que viven las universidades públicas y el papel central que debería estar jugando la acción social en este contexto.
Puede observar a las personas que apoyan esta consulta en el archivo adjunto.
El programa Orden del Día le invita al análisis del tema Objeción de conciencia: ¿y los derechos humanos?
La transmisión será este lunes 3 de mayo a las 5 de la tarde mediante Radio Universidad (96.7FM) Le compartimos los detalles en el afiche y el breve video.
La clase trabajadora a nivel global conmemora este 1 de Mayo, el Día Internacional de las y los trabajadores, luchando contra la pandemia por COVID-19, con un altísimo costo en vidas y un terrible impacto económico y social.
En nuestro país, miles de trabajadores, públicos y privado, están en la primera línea: sosteniendo la continuidad de la vida en hospitales y clínicas; garantizando el acceso a electricidad, agua potable, educación, supermercados, pulperías, tiendas, a transporte público; produciendo productos y bienes en fábricas e industrias; que con su labor diaria posibilitan que la vida continúe a pesar de la grave crisis sanitaria.
La pandemia ha sido utilizada por las élites económicas y políticas del PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República para precarizar, aún más, las deterioradas condiciones laborales y salariales: reducción de jornadas, suspensión “express” de contratos laborales, congelamiento y reducción de salarios.
La jerarca del Ministerio de Trabajo se ha dedicado a instrumentalizar todas las medidas antilaboralles para proteger los intereses empresariales, con el eufemismo de “proteger el empleo”, ignorando toda protección y norma laboral.
Un gobierno absolutamente insensible al clamor de miles de compatriotas trabajadores, que sólo atiende a las élites empresariales y cuya única estrategia económica son las propuestas neoliberales de austeridad para desmantelar nuestro Estado Social de Derecho.
Por tanto, rechazamos:
1- El Acuerdo con el FMI y su agenda complementaria de 7 proyectos legislativos que golpean nuestra institucionalidad pública e impone más impuestos al pueblo.
2- La política de recortes presupuestarios que deteriora servicios públicos esenciales para la vida y que abren el camino a la privatización.
3- La actual política económica del gobierno y sus aliados políticos que empobrece más al conjunto de la sociedad costarricense.
Exigimos:
1- Que se garantice que los patronos cumplan con su obligación de dotar de equipos de protección a los trabajadores, para evitar que tengan que costearlo los trabajadores.
2- Que el Ministerio de Trabajo, en forma inmediata, ponga en marcha la operación de las Comisiones de Salud Ocupacional en todos los centros de trabajo a fin de fiscalizar el cumplimiento de protocolos de protección.
3- Que el Ministerio de Trabajo ponga a la Inspección Laboral a verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y las medidas y protocolos de salud en todos los centros de trabajo, privados y públicos.
4- Que el MOPT destine a los oficiales de tránsito necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en las unidades de transporte público, para proteger a miles de personas trabajadoras.
5- Que las autoridades sanitarias, en particular el Ministerio de Salud, acelere el ingreso de vacunas y se garantice la inmunización a todos los habitantes.
Proponemos:
1- Se impulse una política de “reconstrucción económica” que ponga en el centro la creación de empleos permanentes y sostenibles, con salarios dignos; incrementando la capacidad de consumo, el fortalecimiento del mercado interno y contemple estímulos a los pequeños agricultores y a las micro y pequeñas empresas.
2- Garantizar el mejoramiento de las finanzas públicas por medio de una política fiscal orientada no a gravar el consumo, sino al patrimonio, a las ganancias de capital, a las herencias y a las grandes fortunas y riquezas.
3- Establecer una política de nuevos ingresos tributarios por medio del combate a la evasión y elusión fiscal corporativa, ilegalizando las sociedades offshore; quitando el secreto bancario y tributario; ilegalizando la práctica de trasladar ganancias a paraísos o guaridas fiscales y convirtiendo el fraude fiscal y a la seguridad social en un delito penal.
Llamamos a la clase trabajadora:
1- A no dejarse engañar por los mismos de siempre con sus promesas electorales. El PAC, PLN, PUSC, Restauración Nacional y Nueva República son responsables de que tengamos mayor pobreza, desempleo y la reducción de los salarios y otros.
2- A organizarnos y redoblar nuestra capacidad de lucha contra la élite neoliberal que busca desmantelar nuestro Estado Social, privatizar los servicios públicos y empobrecernos día a día.
3- A construir un imponente movimiento de resistencia, lucha e indignación social, que abra paso a la transformación de una Costa Rica verdaderamente incluyente, equitativa y solidaria.
No nos hemos cansado de afirmarlo: Las grandes crisis sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos. Y esta devastadora pandemia de la Covid-19 nos lo muestra todos los días, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras.
La lucha contra la pandemia ha mostrado el inmenso valor de la solidaridad y del profesionalismo de millares de trabajadores y trabajadoras de la salud, y de otras áreas de primera fila de atención y riesgo. Su abnegación, sacrificio y compromiso tenaz con la salud pública, han sido reconocida a lo largo de más de un año de batalla constante.
Empero el 28 de abril anterior en Tres Ríos, sucedió un hecho (que pensamos que es absolutamente aislado) y que puso en evidencia la repudiable conducta de un trabajador de la salud. Ese día en un centro de vacunación de ese cantón cartaginés, un empleado de la Caja pretendió aparentar una inoculación de la vacuna anti-covid, en el hombro de un paciente de 82 años.
Por suerte para el paciente y para las personas decentes de Costa Rica, que somos legión, la falsa inoculación de la ansiada vacuna fue filmada con su celular, por su hijo. Es meritorio que fuera grabado el terrible engaño que se buscaba consumar y, más aún, que el indignado hijo lo compartiera por sus redes sociales. Bien sabemos que estas redes son como dagas, en virtud de que tienen un filo poderosamente democrático y justo, y otro potencialmente dañino, especialmente, por la trasmisión de infamantes noticias falsas (“fake news”). Empero hoy debemos celebrar el hecho de que están jugando un muy positivo y aleccionar papel, al permitir que esta abominable situación hayan podido conocerla millares de personas.
Las preguntas que surgen de inmediato son: ¿A cuántas personas este funcionario hizo lo mismo? ¿Cuántas personas que han acudido a este centro de inmunización, están confiadas de que ya fueron vacunadas y no lo han sido? Y también corresponde preguntarse: ¿Esta gravísima situación representa verdaderamente un caso aislado o bien, se ha podido haber dado en otros centros de vacunación del país?
Ya la CCSS separó a este empleado sanitario de sus funciones. Era lo mínimo para empezar y debía ser fulminante, como lo ha sido, pero es necesario analizar otras dimensiones de lo acaecido ante la extrema gravedad del hecho.
Hay una afectación individual en el paciente que no fue inoculado. Eso también la Caja lo corrigió al reprogramarle la cita. Sin embargo, es necesario ver el problema en varias dimensiones.
Veámoslo:
1) Repercusión social. Es un golpe a la campaña de vacunación, ya que este hecho produce, inevitablemente, incertidumbre entre las personas que ya han sido inoculadas y que termina favoreciendo a quienes llaman a la no-vacunación, con argumentos anticientíficos.
2) Derecho a la salud. De esta manera, también se ve afectado el derecho a la salud pública, por el debilitamiento de la confianza y la credibilidad en un procedimiento vacunal, tan esperado por miles de personas.
3) Afectación institucional. Es asimismo un golpe a la Caja que además de conducir una lentísima campaña de inmunización, ahora por la acción de este funcionario, se incrementan las dudas y sombras en un tema crucial para la salud y la economía del país.
Esperamos que más allá del masivo repudio que ha provocado el hecho denunciado, la inescrupulosa acción de este empleado sea llevada a los tribunales competentes y sea juzgada debida y oportunamente. El hecho debe ser juzgado y resuelto en proporción al daño individual, social e institucional provocado en estos aciagos tiempos, en los cuales el dolor humano y el luto, pueden incrementarse como consecuencia del irrespeto a la vida y la falta de la solidaridad.
1°. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores
El Trabajo Comunal Universitario TC 681 “Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones. Alcances de la reforma laboral procesal frente a las necesidades del colectivo laboral” analiza la situación en el sector privado del país
Desde el 2018, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, se propuso generar capacidades en las personas trabajadoras organizadas en el sector agrícola para que puedan participar activamente en la defensa y promoción de sus derechos laborales.
A través del Trabajo Comunal Universitario TC 681 sobre el cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y una investigación sobre derechos laborales y cadenas de valor, se puede profundizar en el análisis de la situación de los derechos laborales en una parte del sector privado en el país, el principal empleador de la población económicamente activa.
Como parte de los hallazgos hasta ahora encontrados se evidencian consecuencias de las estrategias de unilateralización de las relaciones laborales, lo que en el contexto de la pandemia por COVID-19 se ha agravado. Hoy más que antes los derechos laborales son fragmentados o diferenciados entre distintas entidades del sector público, entre el sector público y el privado; entre empresas privadas de alta rentabilidad o pequeñas o medianas empresas o empresas agrícolas; y hay enormes diferencias entre los derechos laborales de las personas trabajadoras en el sector formal privado y en el sector informal privado. Lo anterior, deslegitima el derecho colectivo al trabajo en Costa Rica.
También se evidenció la externalización laboral en la cadena de producción de la piña en el país, una modalidad que genera desprotección para la persona trabajadora ante la seguridad social y los riesgos del trabajo. Ante esta realidad la recomendación experta es que la empresa beneficiaria directa del trabajo sea solidariamente responsable junto con la empresa contratista, y extender la responsabilidad patronal. Lo anterior además permitiría negociaciones colectivas homogéneas por sector, actividad o cadena de valor.
Un hallazgo adicional son los cuellos de botella que deben pasar las personas trabajadoras en el país en el acceso a los derechos de salud ocupacional. Lo más común es que el empleador no de aviso del accidente y la persona trabajadora se queda sin recibir el servicio de salud; otro es que la indemnización por riesgo laboral solo indemniza la pérdida de capacidad para el trabajo; y por último no se reclaman otros daños materiales o morales.
Despertando la conciencia en el trabajo
Partiendo de que la organización de los trabajadores es una parte sustantiva de la dimensión social de la ciudadanía y puede propiciar que sus necesidades e intereses jueguen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida, el TCU 681 elabora y planifica actividades que permitan la generación de conocimiento colectivo sobre las condiciones de trabajo y los instrumentos institucionales, organizativos y legales disponibles para la tutela y mejoramiento de las condiciones de trabajo.
El TCU – 681″Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones» busca hacer un relevamiento de los principales problemas de las personas trabajadoras especialmente en plantaciones de banano y piña de la Zona del Caribe y la Zona Norte del país.
“Hoy que conmemoramos el 1º de mayo, de los y las trabajadoras, podemos decir que es evidente la enorme distancia existente entre los derechos laborales declarados en el papel y la vida concreta de estos hombres y mujeres, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, con largas jornadas, salarios deprimidos, graves amenazas a su salud, e inmersos en una maraña de relaciones jurídicas que dificultan o impiden que sus empleadores asuman la responsabilidad que les corresponde”, señala el coordinador del proyecto, el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador y docente de la Facultad de Derecho.
El TCU-681 busca construir conocimiento colectivo a partir de los problemas identificados, fundamentalmente en lo que se refiere a la discriminación, la salud ocupacional, los salarios y jornadas, así como sus derechos colectivos.
El investigador afirma que la pandemia ha complicado el trabajo del TCU, pero sobre todo ha agravado los problemas de las personas trabajadoras. Es por ello que los esfuerzos actuales se enfocan en mantener el contacto con las comunidades por medios virtuales y profundizar la sinergia entre la acción social, la investigación y la docencia misma, elaborando materiales requeridos, aportando ideas e insumos para la construcción de estrategias de incidencia y procurando sensibilizar y compartir el conocimiento generado con actores claves para la vida concreta de las personas trabajadoras.
Antecedentes
Diversas investigaciones han constatado el grave nivel de incumplimiento de derechos laborales fundamentales de las personas trabajadoras en el sector privado costarricense. En la agricultura algo más de la mitad de los asalariados de establecimientos privados en la agricultura aparecen con salarios por debajo del mínimo, según datos del 2014. Por su parte el Proyecto Estado de La Nación ha hecho un relevamiento sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el 2013. Esta investigación señala que el mayor incumplimiento de derechos laborales se produce en la zona rural y en tres actividades críticas: el empleo doméstico, la construcción y la agricultura, particularmente en lo que tiene que ver con el pago de horas extra y seguro de riesgo de trabajo.
Además, los grupos más vulnerables al incumplimiento de derechos son los migrantes, sobre todo nicaragüense, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores no calificados. Finalmente, la situación se agrava cuando se trata de empresas pequeñas e informales.
“Hoy, que conmemoramos el 1.º de mayo, Día de los y las Trabajadoras, podemos decir que es evidente la enorme distancia existente entre los derechos laborales declarados en el papel y la vida concreta de estos hombres y mujeres, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, con largas jornadas, salarios deprimidos, graves amenazas a su salud, e inmersos en una maraña de relaciones jurídicas que dificultan o impiden que sus empleadores asuman la responsabilidad que les corresponde”. Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador y docente de la Facultad de Derecho
En la Costa Rica del bicentenario
El mundo del trabajo atraviesa profundos cambios como la precarización del empleo; flexibilización laboral, crecimiento del desempleo y de la informalización; estrategias de tercerización empresarial; transformaciones en las estructuras productivas nacionales e internacionales.
Al efecto es necesario recordar que el derecho del trabajo tiene como premisa fundamental, la existencia de una desigualdad real de la persona trabajadora individualmente considerada frente a su empleador.
A partir de ahí, el derecho del trabajo se estructura en dos grandes ramas: individual y colectiva. El derecho individual del trabajo establece una serie de principios orientados a proteger a las personas trabajadoras frente a esa desigualdad real, y el derecho colectivo establece una serie de instrumentos que permiten la actuación conjunta a las personas trabajadoras organizadas.
En Costa Rica desde el nacimiento del derecho del trabajo optó por el derecho individual del trabajo, y un rechazo a lo colectivo, así en el Código de Trabajo la representación sindical debe ser limitada a una institución o organización, lo que fragmenta la fuerza sindical, restringió el derecho de huelga y finalmente el país entiende el conflicto laboral como una patología social.
Hoy y después de 17 años de un intenso trabajo y procesos complejos de negociación política, en Costa Rica fue aprobada la Reforma Procesal Laboral (Ley 9343) que entró en vigencia el 25 de julio del 2017. Esta ley reforma más de la mitad del Código de Trabajo y representa el principal cambio en Costa Rica en el sistema de relaciones laborales y en los instrumentos individuales, colectivos e institucionales para la protección y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras.
Pero el unilateralismo y la fragmentación sigue siendo un problema, por un lado, es tendencia histórica, pero a partir de la pandemia, se legalizó la disminución de la jornada de trabajo, se crearon mecanismos para suspender contratos de trabajo, y se permitió que el empleador imponga jornada de 12 horas de trabajo por 4 días a la semana. Además, se han debilitado las capacidades del derecho colectivo en el sector público.
Los retos son la apuesta por negociaciones colectivas por rama o cadena de valor y evitar la fragmentación, para permitir que condiciones negociadas abarquen a una gran masa de personas trabajadoras, así como luchar por la extensión de la responsabilidad patronal cuando exista tercerización del trabajo.
Imagen: Huelga en la que participan miembros del Sindicato de la Universidad de Costa Rica (Sindeu). Foto: Archivo, ODI.
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Divulgación e Información
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