Los extremos a lo que está llegando parte de la oposición en Argentina al colocar bolsas mortuorias frente a la Casa Presidencial con nombres de autoridades de Gobierno y personalidades constituye una muestra más de la pésima interpretación de lo que es la práctica democrática.
Es un grave error tomar ese lamentable hecho como un simple, aunque indignante acto de “libre expresión” y no una clara incitación al odio y la violencia. Algo no solo censurado sino sujeto a acciones punitivas en las democracias más desarrolladas del mundo.
Vivir en democracia implica derechos y deberes dentro de una estricta observancia de las reglas de convivencia pacífica y civilizada que le son propias y la caracteriza. Reglas que se inscriben en disposiciones y normas nacionales e internacionales de las cuales el país es signatario.
Tolerar estas ignominiosas conductas es sumamente reprochable, al menos en una democracia.
¿Cuánto tiempo más hará falta para que se entienda que la democracia no es solo ir a escoger a los gobernantes cada cierto tiempo sino mucho más, mucho más que eso?
Es algo que se vive y practica en cada momento, día a día. ¿Se tendrá claro que ese Nunca Más significa no solo el repetirlo todo el tiempo sino impedir, con todo lo que la democracia proporciona, la incubación de un nuevo “huevo de la serpiente”? … Tan bien descrita en una de las obras cinematográficas del famoso director sueco Ingmar Bergman.
El equipo participante de este espacio radiofónico forma parte de la comunidad nacional con discapacidad psicosocial, población con alguna condición cognitiva, intelectual o psíquica que afecta su desarrollo personal y social.
«Podemos Volar» celebró el año anterior su noveno aniversario de forma presencial, lamentablemente la celebración de sus diez años se ha visto pospuesta a causa de la pandemia. Foto cortesía del Facebook de «Podemos Volar».
El 14 de febrero del 2011 tuvo lugar la primera transmisión de Podemos Volar, un programa de radio único en Centroamérica y cuyo propósito ha sido brindar voz a una de las poblaciones que históricamente ha sido silenciada, la comunidad con discapacidad psicosocial.
Este proyecto empezó a gestarse en el año 2010, cuando los entonces estudiantes Andrés Dinartes Bogantes (ahora coordinador de la iniciativa) y Adrián Solís Rojas, tuvieron la idea de aplicar la psicología clínica a un ámbito más cercano a lo social.
Para esto se inspiraron en el trabajo de las radios la Colifata (Argentina) y Vilardevoz (Uruguay), ya que estas producían programas que contaban con la participación de pacientes psiquiátricos.
“Yo había realizado mi práctica de intervención en crisis en el Hospital Nacional Psiquiátrico, entonces tenía el contacto de quien fuera en ese entonces mi supervisora, la psicóloga Sandra Rivera. Con ella nos comunicamos en primera instancia para poder iniciar el proyecto”, explica Dinartes.
El proceso de diálogo para la aprobación del proyecto tomó aproximadamente un año, por lo que a finales del 2010 y ya con el visto bueno por parte del hospital se iniciaron las pláticas con Radio U de la Universidad de Costa Rica (UCR) para la transmisión del programa.
“Es un acontecimiento para romper estigmas, para romper ideas preconcebidas sobre lo que es la intervención en psicología y en salud mental. Este espacio también es un lugar para romper estigmas de lo que entendemos por locura”, describe el psicólogo.
Dinartes también explica que es muy importante que las y los pacientes sean también quienes dirigen la transmisión y escogen los temas que se van a abordar, esto debido a la gran cantidad de mecanismos de exclusión a los que están expuestos.
“Podemos Volar” se destaca por ser un espacio innovador en lo referente a la intervención en salud mental comunitaria, además de volverse un ente crítico frente a las instituciones más conservadoras con respecto a la atención de esta temática.
“Con diez años de trabajo le estamos demostrando a las personas que este es un proyecto serio, que quienes lo iniciamos, lo hicimos de una manera comprometida y con una visión crítica de la salud mental”, comentó Dinartes.
Actualmente “Podemos Volar” es un Trabajo Comunal Universitario (TCU) que se ejecuta entre la Escuela de Psicología y el Sistema Radiofónico de la UCR, y según su coordinador asegura que “no va para atrás, solo sigue hacia adelante”.
Las sesiones de grabación y discución se realizan actualmente de manera virtual. Foto cortesía Facebook de «Podemos Volar».
Sus protagonistas
Soledad Herrera Rapela es una de las locutoras del espacio y forma parte del proyecto desde el 2012. Cuando supo de la existencia de un programa de radio dentro del hospital se interesó en participar porque este tipo de espacios siempre le han llamado la atención.
“A mí en aquel momento me llamó muchísimo la atención porque yo ya había tenido experiencias radiales antes”, dijo la locutora.
Herrera, se muestra muy satisfecha con la experiencia vivida en esta iniciativa, la cual asegura «la ha hecho feliz, ya que es un espacio para compartir, escuchar y crear proyectos».
“Es un trabajo de equipo, me gusta mucho la forma en la que trabaja Andrés (Dinartes Bogantes) porque es todo muy horizontal… a todos ellos los veo como mi segunda familia”, afirmó la locutora.
Otro de los locutores es Juan Salazar Abarca, quien se incorporó al equipo del espacio radiofónico hace apenas un año, luego de conocer sobre la iniciativa por medio de Soledad.
“Ser locutor me ha ayudado mucho, porque uno expresa lo que siente, tal vez una persona que nunca ha estado en el Hospital Nacional Psiquiátrico no se imagina como es”, concluyó Salazar.
Podemos Volar se transmite todos los lunes a las 4:00 p.m en las frecuencias 101.9 f.m y 870 a.m de las Radiomiosoras UCR.
David Esteban Chacón León Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Este viernes 26 de febrero a las 6:00 pm el Programa radial Alternativas discutirá acerca de “Tribunal de conciencia: El tratamiento de los medios de comunicación en los casos de femicidios en Costa Rica” con los siguientes invitados:
– Flor Artiaga, psicóloga. Funcionaria de la UTN, participante de Diásporas Feministas. – Andrea Cuenca, psicóloga. Fundadora de Diásporas Feministas, funcionaria UNED. – Maritza Rojas, psicóloga. Especialista en política pública, parte del tribunal de conciencia. – Xavier Sánchez, familiar de víctimas de femicidios. Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16
SURCOS comparte la siguiente denunciada realizada por María Elena Fournier de Asociación Conservacionista YISKI a la Fiscalía Indígena:
18 de febrero, 2021
Señores y señoras Fiscalía Indígena Director ACLAC Señor Mario Cerdas Presente
ASUNTO: Nueva denuncia, de las casi cien denuncias por la sistemática usurpación de tierras y tala árboles en Territorio Indígena KEKOLDI, Talamanca, Caribe Sur.
Estimadas señoras y señores Fiscalía Indígena, ACLAC-SINAC-MINAE, Municipalidad de Talamanca, Sr. Alcalde y Depto. Legal:
Ubicación de la violación a los Derechos Indígenas, Convenio 169 OIT, de la normativa Municipal y de la biodiversidad.
La ADI Kekoldi y algunas personas de la Consejo de Mayores del T.I. KEKOLDI se han dado cuenta que desde hace más de 4 meses, hay nuevamente una usurpación de su Territorio del lado de Cocles, un kilómetro al sur carretera El Tucán, como hacia Margarita, pero está más cerca de la costa o sea de la calle principal de Cocles, un kilómetro al sur, carretera El Tucán.
Aparentemente se trata de una persona que trabajaba en el Poder Judicial en el pasado y que es de Guápiles y que desde hace aprox. 4 meses se ha venido a usurpar como un cuarto de hectárea dentro del Territorio Indígena Kekoldi, que está marcado oficialmente por el Catastro, el nombre de este aparente usurpador, es Alvaro Maire, es no indígena, no afrodescendiente, un sikua o sea una persona blanca.
Tenemos entendido de que este señor Miare dice que él compró este terreno a un señor de nombre Carlos Thompson, parece afrodescendiente de Limón.
El señor Maire, aparentemente es una persona que es muy prepotente, trato muy mal a la Presidenta de la ADI Kekoldi y aparentemente dijo: que lo que la ADI de KEKOLDI diga no vale nada… además dice que ese lugar no es Territorio Indígena KEKOLDI y dice que nadie lo va a parar…
Daños realizados a la fecha.
Esta persona dice que está preparando el lugar para hacer un parqueo, colocar 4 contenedores como cabinas, además de lo que quiere hacer es una piscina y un restaurante, poco a poco ha ido talando y socolando y aplanó el lugar, además está ahora en el proceso de cortar dos árboles de jabillo, en lengua Bribri: bicholöL-que para las y los indígenas Bribris, esta especie de árbol es muy importante porque representan la casa para las iguanas: buá, en lengua Bribri y su alimentación, pues come sus hojas, es refugio ya que tiene espinas y las iguanas se resguardan en los jabillos y en este caso estos dos árboles tiene por lo menos 100 cien años de edad, ya los desrramó, sólo está esperando cortar los troncos.
Algunos indígenas, de la ADI, Asoc. de Desarrollo Integral del T.I. KEKOLDI llevaron a la Policía del lugar y no hicieron absolutamente nada.
Parece que la denuncia fue interpuesta a la Fiscalía de Bribri, pero aparentemente no se ha resuelto nada y la amenaza de la corta de los jabillos es inminente. Además, que existe mucha desconfianza en esta Fiscalía, según me indicaron.
PETITORIA URGENTE.
PARA: La FISCALÍA INDÍGENA, EL ACLAC-SINAC-MINAE, MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.
Para el ACLAC-SINAC-MINAE. Inmediatamente gestionar esta denuncia y detener la corta de los dos jabillos y proceder de acuerdo a los protocolos establecidos para estos casos hasta sus últimas consecuencias, los graves daños de este delito ambiental,
Para la FISCALÍA INDIGENA. Detener la usurpación de este nuevo caso del Territorio Indígena KEKOLDI-
Para la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. Proceder a cerrar estas construcciones y trabajos, ya que no pueden tener ningún permiso pues está en Territorio Indígena KEKOLDI. Notificaciones. ADI de T.I. KEKOLDI adikekoldi@outlook.com Ma. Elena Fournier S. Asociación Conservacionista YISKI yiski@ice.co.cr Tel. 22 97 0970
Atentamente,
Ma. Elena Fournier S. Presidenta Asoc. Conservacionista YISKI
SURCOS comparte el siguiente Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA:
25 de febrero de 2021 UNA-SCU-ACUE–2021
Señores Comunidad Nacional y Universitaria Señores Consejo Nacional de Rectores (Conare) Señores Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Señores Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica Señores Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia Señores Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional
Estimados señores:
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo, inciso, de la sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2021, acta n.o 3993, que dice:
APOYO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AL ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO
CONSIDERANDO:
El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, artículo 37, establece que una de las funciones del Consejo Universitario es “pronunciarse y manifestar la posición de la Universidad Nacional en asuntos de importancia nacional e internacional”.
La reunión que se llevó a cabo el día de 25 de febrero de 2021 por organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales y movimiento estudiantil universitario que tomó el siguiente acuerdo:
CONSIDERANDO QUE:
Los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.
En lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de costarricenses.
Los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una virulenta campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, algo absolutamente fuera de toda lógica real.
El gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.
Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.
La estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.
El Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra autonomías constitucionales y contra autonomías institucionales, que tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático y que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.
POR TANTO, SE ACUERDA:
CREAR UN FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE QUE INVOLUCRE A COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, A ORGANIZACIONES SINDICALES TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO, A ORGANIZACIONES COMUNALES Y DE VECINOS, A MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO, A ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES, A ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, A AUTORIDADES MUNICIPALES, A JUNTAS COMUNALES DE SALUD, Y OTRAS.
DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA A FIN DE QUE COMPRENDAN QUE EL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO NO BUSCA MEJORAR LA EFICACIA, NI ORDENAR AL SECTOR PÚBLICO, SINO DESMANTELAR EL ESTADO Y PRECARIZAR CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LA CLASE TRABAJADORA.
ENFRENTAR EN FORMA CONJUNTA TODA LA AGENDA LEGISLATIVA QUE EN EL MARCO DEL ACUERDO CON EL FMI PRETENDE CARGAR SOBRE LOS HOMBROS DE LOS SECTORES MEDIOS Y LABORALES EL COSTO DE LA CRISIS ECONÓMICA, POR MEDIO DE UN AUMENTO DE LA CARGA IMPOSITIVA.
4- DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO DENTRO DE LAS INSTITUCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE.
La participación activa del M.Ed. Francisco González Alvarado, rector, la Dra. Carolina España Chavarría y el M.ag. Esteban Araya Salazar, miembros del Consejo Universitario en el Encuentro Multisectorial contra el Proyecto Ley de Empleo Público.
POR TANTO, SE ACUERDA:
APOYAR LAS INICIATIVAS EMANADAS DE LA REUNION DEL GRUPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES, COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, MUNICIPALES Y MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO LLAMADO PROGRAMA ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO. ACUERDO FIRME.
SOLICITAR A LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL QUE COMUNIQUEN Y DIVULGUEN, EN REDES SOCIALES Y LOS MEDIOS DISPONIBLES, ESTA DECLARATORIA. ACUERDO FIRME.
Atentamente, CONSEJO UNIVERSITARIO Tomás Marino Herrera Presidente
lsr/w/misdoc/acuerdo/
C: Contraloría Universitaria Asesoría Jurídica Oficina de Comunicación Oficina de Relaciones Públicas
Las instituciones participantes, organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales, considerando:
Que los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.
Que, en lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de habitantes.
Que los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una fuertísima campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, actuación que se realiza de manera infundada, tergiversando datos o manipulándolos al presentar solo una parte de ellos, para generalizar conclusiones falaces.
Que el gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.
Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.
Que la estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.
Que el Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin un proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra las autonomías institucionales y autonomías constitucionales, pues tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.
Acordamos:
Crear un Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense que involucre a comunidades universitarias, a organizaciones sindicales tanto del sector público como privado, a organizaciones comunales y de vecinos, al movimiento estudiantil universitario, a organizaciones feministas y de mujeres, a organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, sector campesino a autoridades municipales, a juntas comunales de salud, y otras.
Desarrollar diversas actividades de sensibilización a la opinión pública a fin de evidenciar y demostrar que el proyecto de Empleo Público no busca mejorar la eficacia, ni ordenar al sector público, sino desmantelar el Estado y precarizar condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora.
Enfrentar en forma conjunta toda la agenda legislativa que en el marco del Acuerdo con el FMI pretende cargar sobre los hombros de los sectores medios y laborales el costo de la crisis económica, por medio de un aumento de la carga impositiva.
Desarrollar actividades de sensibilización para el mejoramiento del trabajo dentro de las instituciones a fin de garantizar la defensa del Estado Social Costarricense.
POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE
Organizaciones Sindicales
Asociación Nacional de Educadores ANDE Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE Sindicato de Educadores Costarricenses SEC Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA Central General de Trabajadores CGT Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN Sindicato Patriótico de la Educación SINPAE 7 de Agosto Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación SINAPRO Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones SITET Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones ANTTEC Asociación de Abogados y Profesionales del Grupo ICE ABOGAPROICE Federación Unión Sindical de Trabajadores del Grupo ICE FUS/ICE Sindicato de Trabajadores de la UNA SITUN Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica SINDEU Asociación de funcionarios del TEC AFITEC Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Técnica Nacional UTRA-UTN Asociación de Profesionales de la UNED UNED-PRO Alianza Sindical del Poder Judicial Asociación Nacional de Empleados Judiciales ANEJUD Sindicato del Poder Judicial SINDIJUD Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social SINASSASS Sindicato de Trabajadores del INA SITRAINA Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales Costarricenses SITECO Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados SITRAA AyA Federación Nacional de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones FENTRAP Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda SINDHAC
Organizaciones Sociales
Frente Nacional por la Defensa de la Caja y la Seguridad Social FRENASS Comisión Nacional de Enlace CNE Coordinadora Popular de Occidente Diego Miranda Méndez Regidor Municipalidad de San José Asociación Nicaragüense inmigrantes en Costa Rica-ANICR
Comunidad Universitaria
Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Nacional Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Rectoría y Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica FEUCR Rectoría y Consejo Universitario, Universidad Técnica Nacional
Comunicado Primera Asamblea Frente Nacional de Pueblos Indígenas-FRENAPI
A la comunidad nacional e internacional:
Del 19 al 21 de febrero 2021, nos encontramos en el Territorio Indígena de Térraba – Bröran, representantes de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y celebramos la Primera Asamblea 2021 del FRENAPI – Frente Nacional de Pueblos Indígenas -, para analizar la realidad actual y fortalecer la agenda propia de nuestros Pueblos.
Iniciamos con una sesión de espiritualidad valorando que la Tierra Madre es sagrada y que las recuperaciones de tierra/territorio también deben sanar a la Madre Tierra.
Tomamos fuerza y energía de las raíces de nuestra espiritualidad indígena, para defender el bosque y recuperar las fuentes de agua que están amenazadas por la contaminación, como ejemplo: en el Territorio Indígena Bröran de Térraba, una quebrada que atraviesa la finca Crün Shurin, tiene medida cautelar interpuesta por el Juez Agrario de Buenos Aires, Jean Carlo Céspedes a favor de la poseedora ilegal no indígena Hilda Granados.
El segundo día concretamos el análisis de la realidad que vivimos en nuestras comunidades, dentro del contexto nacional y más allá, lo que nos hizo coincidir en la urgente necesidad de mantener y fortalecer la unión en nuestra lucha y en nuestros objetivos, para consolidar y avanzar en la construcción real de nuestra AUTONOMÍA, ampliando y defendiendo los Procesos de Afirmación Territorial Autónoma (PATA), lo cual planteamos hacer avanzar tejiendo estrategias impregnadas de fuerza y emoción en la lucha indígena por esa Autonomía, en sus ejes fundamentales:
Recuperación de nuestra tierra/territorio.
Espiritualidad propia
Cultura
Gobernanza tradicional
Identidad
Educación propia
Soberanía alimentaria
En esta lucha por la Autonomía resaltamos que hoy día, los procesos autonómicos en la recuperación tierra/territorio y por otros Derechos Indígenas, las mujeres llevan un liderazgo valiente siguiendo la fuerza de su corazón y las enseñanzas de nuestras/os mayoras/es, recuperando lo que es nuestro por derecho propio y ancestral, y, que además se encuentra reconocido en la Ley Indígena No. 6172, el Convenio 169 de la OIT y otras normas jurídicas.
Reconocemos el aporte del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN), que desde el 2011, ha trabajado en documentar, informar y denunciar ante autoridades nacionales, organismos internacionales y la opinión pública, la realidad que vivimos las Comunidades Indígenas, visibilizando la violencia y la impunidad.
Cerramos este comunicado afirmando que nuestros Pueblos Indígenas pertenecientes a culturas milenarias, no haremos ninguna celebración del Bicentenario, manchado con la sangre de uno de nuestros fundadores y líder del FRENAPI, Sergio Rojas Ortiz, bribri del clan Uniwak de Salitre y de nuestro hermano Jery Rivera Rivera del Pueblo Bröran.
Celebrar el Bicentenario significaría invisibilizar a nuestros Pueblos Indígenas y legitimar la violencia institucionalizada y el despojo histórico. En su lugar proponemos continuar la senda abierta de la lucha por nuestra autonomía, hasta el final.
Dado en Térraba Bröran, 20 de febrero de 2021.
¡NO MAS IMPUNIDAD! #SergioRojasVIVE #JeryRiveraVIVE ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE! FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI) Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA 20 DE FEBRERO, 2021
Esta fue la frase más utilizada por representantes de los distintos sectores de las cinco universidades públicas. Foto: Karla Richmond, UCR.
Más allá de defender el principio de autonomía de las universidades públicas, representantes estudiantiles, docentes y administrativos se dieron cita en la Plaza de la Democracia desde las 10 a.m. para alzar la voz en contra del proyecto de Ley Marco del Empleo Público por considerarlo lesivo de la Constitución Política y del estado social de derecho.
La actividad inició con las palabras de Francisco González Alvarado, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), quien recordó algunos de los aportes que realizan las universidades estatales en materia de movilidad social.
De acuerdo con González, estas instituciones cuentan con más 110 000 estudiantes. De ellos, el 52% tiene algún tipo de beca y el 68% son los primeros en su familia en cursar una carrera universitaria. Además, subrayó que cerca del 80% del estudiantado universitario proviene de colegios públicos y que la mayoría de la investigación que se desarrolla en el país se hace en las universidades estatales.
“La universidad pública es, por excelencia, un centro cultural de producción de conocimiento, de ciencia, de tecnología. Pero, también de discusión crítica y análisis social. La universidad pública no puede renunciar a su posición crítica de aquellos proyectos que van en contra de la equidad y de tener un Estado más justo y solidario. […] Este proyecto que viene cocinándose desde hace más de año y medio no es consecuente con la necesidad de tener un sistema de empleo público que responda a los nuevos contextos sociales. Estamos aquí no para defender salarios. Reconocemos que las universidades tenemos que hacer análisis en ese sentido y lo estamos haciendo. Pero, no podemos permitir que este proyecto violente la Constitución Política como pretende hacerlo”, enfatizó González.
Por su parte, Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), destacó que la concentración convocada es el resultado de un acuerdo entre el Conare, los cinco consejos universitarios, las cinco federaciones de estudiantes y los sindicatos de las universidades públicas, para pronunciarse en defensa del estado social de derecho costarricense y del orden constitucional. “No se trata solo de la exclusión de las universidades públicas de este proyecto, es mucho más que eso”, aseveró.
Gutiérrez se mostró satisfecho por la convocatoria y por el trabajo unido y consensuado de las cinco universidades públicas en contra del proyecto de Ley Marco del Empleo Público. Sin embargo, señaló que será necesario pensar en más alianzas con otros sectores de país, como sindicatos y sectores empresariales para que las que universidades estatales sigan contribuyendo al desarrollo del país.
“Abiertamente le hemos preguntado a los señores diputados y a las señoras diputadas ¿por qué insisten en un proyecto de ley que violenta la Constitución Política y los derechos humanos? Su respuesta ha sido que la Sala Constitucional es la que tendrá que decidirlo después de la votación en el plenario”, agregó Gutiérrez.
Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, compartió sus observaciones sobre el proyecto de Ley Marco del Empleo Público con los asistentes a la concentración. Foto: Karla Richmond, UCR.
Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Tecnológico de Costa Rica, mencionó que el propósito de la manifestación es mostrarle a la Asamblea Legislativa que el proyecto de ley en discusión no es conveniente para las universidades, particularmente en las restricciones que se ponen en la toma de decisiones sobre cómo contratar profesores, trasladando esa responsabilidad a otras dependencias.
José Carlos Chinchilla, docente de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, explicó en su discurso que la autonomía universitaria estipulada en la Constitución Política no es una prebenda para instituciones de educación superior, sino una garantía para el país de que va a prevalecer la razón, el conocimiento, la sensibilidad frente al arte y a las ideas libres del mundo.
“La Constitución de 1949 se planteó que las manos de los políticos no podían condicionar el empleo público, menos aún que podían tomar las universidades. Esa misma Constitución asumió un principio básico sobre el cual se construyó y es que todas las personas somos responsables de las otras personas y que el Estado, como condensación de este pueblo y de este pensamiento, debía tener la capacidad de responder para que ni una sola persona que habite en este país tenga condiciones de vida denigrantes. Eso es lo esencial de nuestra Constitución y para ello se dan regímenes especiales dentro de esta, para que la política no sea la dueña de las instituciones y la gente sí tenga el derecho a la mejor calidad de servicio”, afirmó Chinchilla.
“Abiertamente le hemos preguntado a los señores diputados y a las señoras diputadas ¿por qué insisten en un proyecto de ley que violenta la Constitución Política y los derechos humanos? Su respuesta ha sido que la Sala Constitucional es la que tendrá que decidirlo después de la votación en el plenario”. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
Rosibel Orozco Vargas, directora de la Sede del Atlántico de la UCR, subrayó la necesidad de que todas las universidades públicas, así como sus sedes y recintos, sigan haciendo un solo frente de lucha contra el proyecto de Ley Marco del Empleo Público en virtud de que la afectación será generalizada en el caso de ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Anotó que, en el caso de las sedes regionales, ya existen dificultades a nivel presupuestario y para solventar necesidades administrativas de apoyo a la academia. “Creemos en la necesidad de apoyar esta convocatoria en defensa de un estado social de derecho, de la autonomía universitaria y de la educación superior de Costa Rica”, puntualizó.
Adriano Corrales Arias, docente del Campus Tecnológico Local San José, advirtió que la manifestación no debe restringirse a las cinco universidades públicas, sino que debe convertirse en un reclamo nacional porque, más allá de defender la autonomía universitaria y los salarios de los empleados públicos, se trata de resguardar la institucionalidad y la Constitución Política que, a su criterio, está siendo completamente agredida por un grupo de diputados que desconocen la historia institucional del país.
“Si esta ley es aprobada se trae abajo muchos años de conquistas sociales y la institucionalidad del país. Se trae abajo la autonomía universitaria, la autonomía municipal y la de varias instituciones descentralizadas. Pero, también se trae abajo toda una construcción de un estado social que ha venido respondiendo a la sociedad costarricense”, alertó Corrales.
La cimarrona de la Universidad de Costa Rica formó parte de una variada oferta artística durante la concentración. Foto: Karla Richmond, UCR.
“Estoy aquí porque el proyecto de empleo público que tiene a Asamblea Legislativa atenta contra la autonomía de las universidades y contra la Constitución. Y la ley no es algo que uno puede escoger cuando quiere o no, sino que es algo que se debe respetar. Entonces, no es un criterio subjetivo de los diputados. El puesto no les da para hacer interpretaciones subjetivas de cuando quiero aplicar la ley o cuando no. Esto puede abrir un portillo muy peligroso para el país por donde se asome el autoritarismo y el gobierno de turno acomode la ley a su gusto y conveniencia”, manifestó Rosberly Rojas, investigadora en la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
El compositor e investigador de la música popular costarricense Manuel Monestel Ramírez también se hizo presente en la cita de las universidades. Para Monestel, el problema de fondo no son los salarios de los empleados públicos, que ya las universidades están atendiendo, sino un movimiento neoliberal que pretende derribar toda la reforma social que se dio a partir de mediados del siglo pasado. “Esa estatua de José Figueres, aquí en la Plaza de la Democracia, pierde contenido en este momento con lo que están haciendo los diputados, bien podrían quitarla porque ya no tiene el sentido que debería tener”, sentenció.
“Estoy aquí por un deber cívico e histórico. Creo en las grandes luchas sociales que se dieron en este país durante el siglo XX. Creo que la Constitución es muy clara en torno a la autonomía universitaria y estos proyectos de ley atentan contra la Constitución, que es nuestro marco de referencia para ser un país organizado y civilista. Sin autonomía, el desarrollo científico y artístico, la investigación y la acción social, lo que la universidad le devuelve a la sociedad, se verían minimizados y debilitados”, remarcó Monestel.
Posición estudiantil
Representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica también elevaron su voz contra el proyecto de Ley Marco del Empleo Público. Foto: Karla Richmond, UCR.
A la actividad asistieron representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas, las cuales también manifestaron su oposición al proyecto y subrayaron la necesidad de regular los salarios a lo interno de las casas de estudio superior.
“Somos conscientes de que es necesario una reforma al empleo público que busque mejorar la prestación de servicios públicos de las distintas instituciones del Estado, pero este proyecto de ley no está basado en esa mejora, sino en una lógica fiscalista, de recorte, para tratar de atender el déficit fiscal, aunque no existen estudios técnicos de cuál sería el posible aporte de la aprobación de esta ley al problema del déficit”, resaltó Ana Catalina Chaves Arias, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr).
Para Chaves el proyecto de Ley Marco del Empleo Público pone en peligro no solo a las universidades públicas, sino a toda la institucionalidad pública, porque amenaza principios constitucionales que se instauraron para resguardar a las instituciones de los vaivenes e intereses de los gobiernos de turno y de la clase social hegemónica. “Estamos en defensa de la vida digna, de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, de las conquistas sociales a través de la Constitución Política y no estamos en la disposición de ceder estos derechos ni nuestros principios”, aseveró Chaves.
Similar criterio externó Diego Solano, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional (UTN). Para él, se está violentando el principio constitucional de la autonomía universitaria, aunque también reconoce que las universidades deben hacer reformas en sus sistemas salariales. “Ese es el compromiso que tiene Conare y que firmó el lunes pasado junto con las representaciones estudiantiles. Eso estuvo supeditado a una serie de propuestas que presentamos a los rectores y que tienen el fiel compromiso de reunirse la próxima semana para atender cada una de nuestras petitorias”, añadió.
De acuerdo con Solano, las representaciones estudiantiles se reunirán en las próximas horas para definir nuevos mecanismos y estrategias para involucrar a más estudiantes en este movimiento contra el proyecto de ley que se está analizando en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Jazmín Arroyo, estudiante de la maestría en Gestión Educativa con énfasis en Liderazgo y miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), mencionó que la manifestación es importante porque se trata de defender el estado social de derecho y a las universidades públicas en su quehacer. “Sin embargo, reconozco que hay reformas que se deben hacer dentro del marco de la autonomía y que debe ser responsabilidad de las universidades”, aclaró.
Arroyo se mostró satisfecha con la cantidad de estudiantes presentes en la concentración, a pesar de que la mayoría se encuentran estudiando de forma virtual en zonas alejadas a la capital por motivos de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Suelos CR es la nueva herramienta de la UCR que permite conocer qué tipo de suelo hay en cada cantón y así tomar mejores decisiones para las actividades productivas
Costa Rica posee una alta diversidad de tipos de suelos aptos para diversos usos y actividades productivas. Los estudios realizados por la Universidad de Costa Rica confirman que el país cuenta con 10 órdenes de los 12 existentes, de acuerdo con el sistema de clasificación norteamericano. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La aplicación móvil Suelos CR pone al alcance del sector agrícola la clasificación de los suelos de todo el país y su grado de fertilidad por cantón, de una manera fácil y gratuita. Esta aplicación desarrollada por la Universidad de Costa Rica (UCR), en el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) y en coordinación con Proinnova, es de uso libre y ya está disponible para descarga en las tiendas de aplicaciones Google Play, Apple Store y AppGallery.
La aplicación ofrece información detallada del recurso suelo de Costa Rica y, por lo tanto, sirve para conocer las potencialidades de los terrenos ubicados en cualquier parte del país, así como sus debilidades. Identificar estas últimas permite a profesionales, empresas y productores del sector agrícola tomar mejores decisiones en cuanto a inversión y potencial productivo.
“Conocer el tipo de suelo y su grado de fertilidad es importante para tomar decisiones más acertadas sobre cuál es el potencial del suelo con respecto a los cultivos y cuáles prácticas tendrían que implementarse para una producción más óptima”, detalló el Dr. Carlos Henríquez Henríquez, director del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA).
La herramienta está diseñada para que trabaje con el GPS (en inglés, Global Positioning System) de los dispositivos móviles y no requiere de conexión a internet, lo cual es una ventaja para su uso en zonas alejadas. No obstante, para la búsqueda de información adicional de la biblioteca de datos de la aplicación sí es necesario tener conexión a internet.
Aplicación móvil Suelos CR
¿Qué es laaplicación Suelos CR? Es una aplicación móvil de uso gratuito que permite acceder a información clave sobre el recurso suelo de Costa Rica, con un enfoque agrícola.
¿Para qué sirve?
Sirve para conocer dos aspectos: la clasificación de los suelos y el grado de fertilidad de los suelos por cantón.
¿A quién está dirigida?
A personal técnico y profesionales en agronomía, así como a agricultores y agricultoras de avanzada, estudiantes e investigadores de áreas afines.
¿Cuál es el valor de la información que brinda?
Permite obtener una mayor información del recurso suelo y, por lo tanto, saber sus potencialidades, así como sus debilidades. Conocer estas últimas permite tomar mejores decisiones en inversión y potencial productivo.
Transferencia de conocimiento
Suelos CR integra un conjunto robusto de datos recopilados por el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo (ACCS), así como de otras instituciones del país y algunos profesionales del sector agrícola.
Para acceder a la información, el usuario solo debe posicionarse sobre el mapa de Costa Rica y hacer clic sobre el área de interés. Una de las funcionalidades es que se desplegará la información georreferenciada sobre el tipo de suelo que hay en ese lugar, según la clasificación USDA o sistema norteamericano, el cual es el más utilizado en Costa Rica.
Otra de las funciones es que, desde la aplicación, el usuario podrá consultar detalles del grado de fertilidad de los suelos de cada cantón, es decir, la probabilidad de encontrar valores bajos, medios o altos de los diferentes componentes del suelo como el pH, la acidez, minerales como el Calcio (Ca), el Magnesio (Mg), el Potasio (K), entre otros.
“En el CIA, el profesor M. Sc. Rafael Mata, la M. Sc. Floria Bertsch y otros han dedicado años al análisis de las características y clasificación de los suelos de todo el territorio nacional. Ahora, queremos poner esta información a disposición de profesionales, empresas y sector productivo agrícola para la mejor toma de decisiones. También para otros usuarios interesados en el recurso suelo, como estudiantes y personas investigadoras”, acotó el Dr. Henríquez.
Los datos de fertilidad de suelos provienen del trabajo realizado por los docentes de la UCR, M. Sc. Floria Bertsh Hernández y Dr. Juan Carlos Méndez Fernández, a partir del procesamiento de 23 860 análisis de suelos de uso agrícola en todo el país. Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Suelos y Foliares del CIA, entre los años 2006 y 2010.
El suelo: un recurso valioso
Con el lanzamiento de esta aplicación de uso gratuito, la Universidad de Costa Rica busca apoyar los esfuerzos para que el país avance hacia una agricultura más tecnológica y de precisión, basada en criterios técnicos y de datos para la mejor toma de decisiones. Al integrar este tipo de tecnologías es posible lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos para la agricultura.
Los desarrolladores de la aplicación aseguran que, además de proveer información para el sector agrícola, esta herramienta también será de mucha utilidad para profesionales de otras áreas enfocados en la realización de estudios de suelos, ya que brinda información clave para la protección y conservación de este importante recurso.
Al respecto, el Dr. Henríquez subrayó: «El recurso suelo está en peligro debido a varios factores que atentan contra su conservación. Esta aplicación viene a aportar un grano de arena a su conocimiento y a saber cómo aminorar las amenazas a este recurso que tiene un gran valor para la humanidad, no solamente como sustrato para la producción de alimentos, sino también para la protección del recurso hídrico y como fijador de carbono en la lucha contra el cambio climático, entre otros beneficios de este valioso recurso».
Aplicación Suelos CR
La aplicación móvil Suelos CR le facilitará al sector agrícola descubrir el potencial de sus terrenos. Suelos CR es la nueva aplicación de la UCR que permite conocer qué tipo de suelo hay en cada cantón y tomar mejores decisiones para las actividades productivas.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Identificar a la población preescolar, escolar y colegial que no regrese a las aulas en el primer mes del curso lectivo 2021 y ejecutar acciones claras para lograr su retorno es fundamental para evitar la exclusión de niñas, niños y adolescentes en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, afirma Roxana Rodríguez, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA).
Para ello, la especialista considera que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe mantener una constante vigilancia, con el apoyo de otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las municipalidades, de manera que se trabaje coordinadamente para promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
“Particularmente es preocupante la exclusión de las niñas y las adolescentes en pobreza, quienes son más vulnerables a la sobrecarga de tareas domésticas y a la explotación sexual”, advierte la especialista.
En su criterio, el regreso a las clases presenciales es clave, tomando en cuenta que la modalidad virtual adoptada debido a la pandemia, ha evidenciado de una forma muy clara las brechas sociales y educativas que ya existían en el país, donde miles de personas menores viven en pobreza o en pobreza extrema.
“Si hay exclusión de cualquier tipo, hay un incumplimiento del Estado de velar por el disfrute de los derechos contenidos en la Convención de los Derechos del Niño”, ya que la exclusión produce por sí misma el no disfrute de muchos derechos, advirtió la especialista de la UNA.
Presencialidad necesaria
La enseñanza a distancia ha visualizado la inequidad de acceso a los bienes sociales, entre ellos la tecnología. Tomando en cuenta las grandes diferencias que hay en el país en materia de tecnología, Rodríguez afirma que la presencialidad en las aulas de escuelas y colegios favorece una reducción en la exclusión educativa, especialmente de estos sectores más vulnerables socialmente.
La especialista llama la atención, además, sobre el hecho de que la familia no siempre cuenta con las herramientas para apoyar el proceso de aprendizaje; los docentes, como profesionales, son más efectivos en esta tarea.
En el caso de las familias de sectores en vulnerabilidad social, la escasez de herramientas es notoria. Una encuesta del programa Estado de la Nación -citada por la académica del Ineina- muestra que la probabilidad de que la familia afirme estar muy preparada para apoyar a los menores en sus tareas escolares es 2,4 veces más alta cuando tienen educación secundaria completa y universitaria, que cuando tiene secundaria incompleta o menos.
Pero hay más argumentos a favor de la presencialidad, sobre todo, porque –subraya Rodríguez- el aprendizaje es un proceso integral, que no incluye solo el contenido curricular sino las interacciones que el estudiantado tiene con sus pares y sus docentes.
En ese sentido, entre las principales ventajas de la asistencia presencial a la escuela destacan las siguientes: la escuela es un ambiente rico y amplio de interacciones con pares que permite a las personas menores formar su identidad personal y social; la inmersión presencial estimula el desarrollo de funciones ejecutivas, es decir, control de comportamientos, atención, memoria, elaboración de metas, planeación, entre otras; los centros educativos son factores de protección contra la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes.
¿Qué significa volver a la escuela?
Desde el punto de vista del desarrollo, la directora del Ineina recalca que la escuela es un espacio vital y socializador. ¿Quién no recuerda alguna anécdota de la escuela, sus mejores amigos, los partidos de futbol, jugar en el recreo, las risas, las historias de docentes que marcaron diferencia? “La escuela marca la vida emocional de los niños, de ahí la importancia de interacciones positivas que les permita aprender no solo contenidos curriculares, sino sobre sí mismos y sobre valores sociales, tales como la tolerancia, el respeto y la colaboración, entre muchos otros”.
¿Y qué dicen los niños y las niñas? El Ineina -adscrito al Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide) de la UNA- elabora una consulta a las personas menores de edad sobre qué significa para ellas volver a la escuela. “Creo que tendremos una mejor respuesta escuchando sus opiniones sobre lo que significa volver a clases”, dice la académica de la UNA.
La evidencia, por su parte, indica que el acceso a una educación de calidad promueve grandes beneficios en la población menor de edad, tanto en el aprendizaje como en su desarrollo emocional y social. A estos beneficios tienen derechos todas las personas menores; la exclusión implica incumplimiento de derechos fundamentales garantizados por normativa nacional e internacional.
Es por eso que la directora del Ineina llama a la reflexión. “Como sociedad no podemos permitir que las personas que viven en las condiciones más vulnerables, especialmente los niños, las niñas y adolescentes, sean más golpeados por la crisis financiera y de salud que enfrentamos. Esta situación nos llama a cuestionarnos y decidir qué clase de sociedad somos: una que sacrifica y olvida a las personas que menos tienen, o una sociedad solidaria que protege a quienes más lo necesitan”.
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