El próximo viernes 22 de enero a las 6:00 pm el Programa radial Alternativas discutirá acerca de la estigmatización de la salud mental en el ámbito laboral con los siguientes invitados:
– Cynthia Ramírez, Lic. Trabajo Social y profesora de trabajo social.
– Henry Quesada, psicólogo especializado en modificación de la conducta.
– Viviana Gómez, médico y especialista en medicina del trabajo.
– J. Aníbal Cascante, abogado.
Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16.
Buenas noticias han recibido las humildes familias de los poblados La Vieja y Pantera, situados en el territorio indígena de Rey Curré, al estar muy cerca de inaugurar un nuevo acueducto que les llevará agua potable hasta sus hogares.
La construcción de la obra no ha sido fácil, y el entusiasmo de los beneficiarios ha sido fundamental, quienes no han desmayado en trabajar de manera permanente en este acueducto.
Son 4.880 metros de tuberías que hará posible este importante proyecto humano que vendrá a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones.
Este nuevo acueducto tendrá un costo superior a los 10,5 millones de colones, de los cuales, el 75% es aportado por la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré.
Se espera que muy pronto ya esté en completo funcionamiento.
El movimiento Rescate Nacional ratifico una oposición rotunda a un convenio con el FMI, con la particularidad que esta oposición se hizo más amplia ya que a él se sumó el Consejo Nacional de Cooperativas (COONACOP), la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), cierta parte del gremio sindicalista del sector público y otros grupos sociales. El movimiento rescate nacional insta a los sectores que tienen posibilidad de salir a las calles a protestar que se haga, ya que se considera que el Gobierno que está solicitando ese convenio es uno muy desprestigiado, iniciando con el señor presidente Carlos Alvarado Quesada, quien ha presentado la menor credibilidad como figura política en los últimos 25 años, por lo tanto, se considera que la negociación genera desconfianza para la ciudadanía costarricense.
Otros aspectos que son centrales, es la discusión que se dan en torno al carácter de la deuda y de los intereses consecuentes, que son exorbitantes y obscenos y que al final, caerá en las espaldas del pueblo costarricense para este año 2021. Es evidente los recortes presupuestarios a programas de educación y de beneficio social como los CEN-CINAI y policía migratoria, es necesario comprender que hay aspectos tales como el narcotráfico que están presente en la economía costarricense y que las autoridades no tienen la capacidad para manejar esas fallas estructurales, entonces es muy difícil que el gobierno pueda asumir una deuda tan abrupta en un contexto de desempleo y debilitamiento económico.
Se reitera la importancia de las segundas oportunidades, de ver otras opciones menos agresivas, para evitar la oposición de los sectores a partir de la verdad y de la opinión pública, con el fin de evitar impuestos de carácter regresivo y evitar la aprobación de la Ley de Empleo Público que devuelve a los trabajadores a un estado vertical semi- totalitario, clientelar.
Para ver en detalle las palabras del señor Albino Vargas Barrantes puede dar click
SURCOS comparte la invitación del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros:
Estimadas Señoras y Señores:
Les extendemos la primera convocatoria para la Tercera Actividad Nacional de Gala de Rendición de Cuentas y Medición de Impacto, que llevaremos a cabo en San José, el viernes 16 de julio de 2021, de 8:00 a.m. a 2:00 pm.
Como parte de los esfuerzos de las personas ciudadanas que integramos el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, de cultivar una actitud dialógica efectiva entre los cuatro poderes constitucionales que ejercen el Gobierno de la República: El Soberano y los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial es que les convocamos a participar del proceso para el fortalecimiento de la credibilidad en las instituciones públicas, haciendo cumplir para ello el Art. 11 de la Constitución Política. Por lo cual los servidores públicos deben rendir cuentas de su gestión y para ello se debe medir el impacto de la misma a través de mecanismo de evaluación de resultados, precisos y objetivos.
Es el momento histórico en que Costa Rica exige el diálogo como instrumento ante la confrontación, el encuentro ante la distancia; la propuesta ante la inconformidad; la inteligencia ante la torpeza; el deber y la probidad ante la desidia, la corrupción y la impunidad; la patria, nuestras raíces y valores históricos ante el sometimiento a intereses extranjeros.
En este sentido, la ciudadanía debe asumir un rol protagónico en la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, a través de la formulación de políticas públicas, participación activa en la toma de decisiones, fortalecimiento e implementación de los procesos de transparencia; tanto a nivel provincial, cantonal y en otros ámbitos del quehacer nacional y ahora con más exigencia, la reconstrucción económica.
Sus anfitriones igual que en la Primera Actividad Nacional de Gala de Rendición de cuentas, que se realizó el 27 de junio del 2019, en el Colegio de Abogados, serán las personas ciudadanas, delegadas de más de 650 Territorios Seguros, provenientes de 54 cantones del país.
La metodología, así como el lugar de reunión, se les hará llegar en los próximos días, para prepararnos con la responsabilidad que la Carta Magna nos manda. Les adelantamos que, nos apoyaremos en los criterios que definieron el abordaje de la discusión en la Segunda Actividad Nacional realizada virtualmente el 17 de julio de 2020.
Agradecemos nos confirmen su asistencia, los nombres de la comitiva que representará su institución, con el fin de prepararnos para recibirles como se merecen.
Quedamos a la orden para aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com
De ustedes atentamente, Carlos Campos Rojas Coordinador Nacional
La mañana del 20 de enero, 43 familias fueron desalojadas por las autoridades policiales en Las Orquídeas, Puerto Viejo, Sarapiquí. Estas tienen alrededor de 2 años cultivando plátano, yuca, malanga, palos frutales y pese a eso, les botaron los ranchos, lugar en el que estas personas habitaban. Las personas afectadas indicaron que el INDER, institución que debe velar por el desarrollo rural, desaloja a sus familias y les envía a la miseria.
A continuación puede dar click aquí para ver un video compartido con SURCOS por Albino Vargas Barrantes.
El Dr. Arturo Fournier Facio, quien destaca como único comisionado latinoamericano entre los 12 que conforman la Comisión Internacional de investigación sobre racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, estará recibiendo testimonios los días 1, 3 y 5 de febrero a partir de las 6:00 pm.
En junio de 2020 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó la continua discriminación racial, racismo estructural en el sistema de justicia y prácticas violentas perpetradas contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, particularmente ante los eventos ocurridos en Minnesota en el mes de mayo y que acabaron con la vida de George Floyd y otras personas afrodescendientes.
Así, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (NLG) decidieron convocar una Comisión Internacional de Investigación compuesta por Miembros Expertos Distinguidos de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe.
La Comisión remitirá un informe final con los hallazgos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, autoridades competentes y público general. Las audiencias públicas de investigación se realizarán de manera remota, dentro de las cuales participará el Dr. Fournier junto al comisionado de Japón.
Diversas organizaciones y colectivos enviarán una carta abierta dirigida al presidente, primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reiterar la solicitud de que la CIDH seleccione a una mujer como su próxima Secretaria Ejecutiva.
En 60 años de labor, la CIDH solo ha contado con una mujer en la Secretaría Ejecutiva, en contraste con 9 hombres en dicho puesto.
Joel Hernández García, Presidente Antonia Urrejola Noguera, Primera VicePresidenta Flávia Piovesan, Segunda VicePresidenta
Estimada Comisión:
Las firmantes de esta carta queremos reiterar nuestra solicitud de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccione a una mujer como su próxima Secretaria Ejecutiva. Reconocemos el valor de la inclusión de seis candidatas en la lista corta y esperamos también que se incluya una mayoría de mujeres en la lista final, como un cambio positivo de experiencias pasadas y como una acción afirmativa para incrementar las posibilidades de seleccionar a una mujer.
Seleccionar a una mujer avanzará el cumplimiento de la Resolución 1149 (2020) de la OEA reconociendo que “la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en la toma de decisiones y en las más altas escalas laborales, sigue siendo un reto para la Organización”, así como el compromiso que “aumente progresivamente la participación y representación de las mujeres en los puestos de toma de decisión al interior de la Organización […] con el objetivo de alcanzar la paridad, entendida como la participación igualitaria y activa de las mujeres en su dirección y composición”.
Debido a que la CIDH entra en una nueva fase en el proceso de selección, evaluando a las candidaturas incluidas en la lista corta, tenemos el honor de compartir con ustedes los requisitos que consideramos son esenciales para la posición de Secretaria Ejecutiva. Estos requisitos son más explícitos que los requisitos generales de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos para servir en tan importante puesto, de acuerdo a los artículos 22 del Estatuto y 11 del Reglamento de la CIDH.
Compromiso real en la defensa de derechos humanos y fuerte dedicación a la igualdad. En particular, la nueva secretaria ejecutiva debería tener un récord comprobado de compromiso con y experiencia práctica en derecho de las mujeres a la igualdad, incluido trabajo directo a nivel nacional e internacional. La próxima Secretaria Ejecutiva necesita tener experiencia demostrada trabajando directamente y extensivamente con mujeres, niñas y adolescentes diversas en situación de mayor vulnerabilidad. Una fuerte conexión con los movimientos de derechos de las mujeres y feminismo debería ser altamente valorado.
Competencia para ejercer un liderazgo feminista interseccional: en estos tiempos desafiantes para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la causa de los derechos de las mujeres en la región, creemos que el funcionamiento efectivo de la CIDH requiere un liderazgo que enfatice la cooperación, comparta el poder entre equipos, y practique una genuina participación en la toma de decisiones. Buscamos un liderazgo transformador, que estimule dentro de la CIDH los cambios que buscamos en las estructuras culturales y políticas.
Un récord probado en la construcción de liderazgos femeninos y abordando los prejuicios raciales, de género y otros así como los obstáculos que impiden el avance profesional de las mujeres dentro de las instituciones debería ser altamente valorado. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta que el personal de la CIDH está compuesto predominantemente por mujeres. La próxima líder debe tener habilidades para crear un ambiente de trabajo seguro para que las mujeres puedan participar y desarrollarse profesionalmente, así como poner en práctica y promover el autocuidado y cuidado colectivo.
Habilidad comprobada para generar diálogo con todos los actores de la comunidad internacional es fundamental para desempeñar un cargo tan importante. Buscamos un liderazgo pueda generar un diálogo centrado en las normas y principios de derechos humanos y que desafíe las instituciones y sistemas patriarcales y racistas, en línea con una Política Exterior Feminista. El dominio de los idiomas oficiales de la OEA ayudarían a hacer más efectivo este diálogo.
Un record personal libre de acusaciones de acoso laboral y violencia contra las mujeres, y un récord probado de instituir mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad para atender estos asuntos dentro de las instituciones que ha liderado, de acuerdo a los más altos estándares y normas interamericanos de derechos humanos.
Solicitamos a la CIDH que valore los criterios antes señalados al momento de adoptar su decisión final, e incluso solicite a las personas preseleccionadas que se refieran a su experiencia en estos importantes asuntos.
Confiamos que la CIDH sabrá honrar la deuda histórica que tiene en relación con la representación de mujeres en este importante cargo”.
Encuesta Actualidades de la Escuela de Estadística de la UCR
El estudio revela que quienes menos se cuidan consideran el virus como “poco peligroso”
Según el equipo investigador, la creencia en controversias y conspiraciones pueden ser una barrera para el cumplimiento de las medidas de prevención contra el COVID-19. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La Encuesta Nacional sobre el COVID-19 realizada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) revela que casi la mitad de la ciudadanía cree en las teorías de la conspiración alrededor del surgimiento del virus.
El 55,9 % de las personas consultadas piensa que el virus SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio, mientras que el 48 % asegura que se trata de un arma biológica y el 47 % manifiesta que este tiene la intención de disminuir la población mundial.
Por otro lado, un agrupamiento de la escala de conspiraciones expone que el 38,2 % de las personas tiene una creencia alta en conspiraciones, el 36,9 % una creencia media y el 24,9 % una baja. Según el equipo investigador, esto demuestra que existe una parte importante de la población que cree en tales ideas.
De acuerdo con Benjamín Reyes Fernández, psicólogo de la salud, docente de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigaciones en Psicología de la UCR, este tipo de creencias surgen y toman fuerza en contextos de crisis. El motivo es que se mezcla un rasgo de la personalidad llamado “conspiracionismo” (según el cual se tiende a pensar que «eventos importantes» son orquestados en secreto por actores malévolos y poderosos) con el denominado “negacionismo”, que es la tendencia a rechazar la información experta y autorizada de relatos importantes.
A pesar de la significativa creencia en conspiraciones en torno al COVID-19, expuesta por el estudio, no se encontró evidencia de algún vínculo entre estas posturas y la prevención o el riesgo de infección. Es decir, las personas que manifestaron estar de acuerdo con estas teorías no necesariamente traducen sus creencias en irrespeto a las normas sanitarias de prevención.
Sin embargo, Reyes considera que, en general, quienes sostienen estas creencias tienden a descuidar más las medidas sanitarias y no guardan la distancia con otras personas, rompen su “burbuja social” y no se lavan las manos con frecuencia. Para el investigador, estos comportamientos encierran un gran peligro, porque no solo ponen en riesgo la salud de las personas que irrespetan las medidas sanitarias, sino también a otras personas, eventualmente, más vulnerables.
“Unos cientos de muertos pueden no ser perceptibles a simple vista. A fin de cuentas, la mortalidad por COVID-19 en Costa Rica anda ligeramente sobre el 1 %. Entonces, la mayoría de los conocidos se recuperan y la gente confía más en su «simple vista» que en la ciencia. Es como que le dijeras a la gente que vivió antes de Galileo que crea que la Tierra gira alrededor del Sol, cuando lo «evidente» (evidencia anecdótica) es que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Es decir, a simple vista, el Sol gira alrededor de la Tierra», ilustró Reyes.
Lo que sí logró constatar la encuesta es que quienes han adoptado un bajo grado de medidas preventivas para protegerse del COVID-19 consideran, con más frecuencia, que el virus es poco peligroso. Para el equipo investigador, “esto significa que algunas controversias pueden ser una barrera para cumplir con las medidas preventivas”.
El estudio también consultó sobre las controversias y descubrió que es poco frecuente la creencia de que el virus surgió por comer carne de murciélago (20,2 %), que es un castigo divino (18,6 %) o que es poco peligroso (15,5 %).
Cerca de la mitad de las personas entrevistadas manifestaron haber leído o escuchado noticias sobre el COVID-19 consideradas falsas (47,9 %), entre las que destacan una exageración en la cantidad de casos reportados (22,4 %), un abultamiento en la cantidad de muertes reportadas (13,3 %) y la manipulación de datos por parte de los Gobiernos (9,5 %).
En este sentido, Reyes manifiesta que quienes consideran una exageración la cantidad de fallecimientos reportados por la pandemia puede ser porque no comprendan que, por un asunto de protocolo, se debe clasificar a las personas como “muertas por COVID-19”, aunque la interacción o afectación fisiológica del virus con cada organismo, distintos factores de riesgo y condiciones de salud, todavía esté en estudio.
“No se trata de que los científicos estén mintiendo o intentando manipular. Es que el papel del COVID-19 en cada fallecimiento está siendo esclarecido. Hay estudios internacionales, con autopsias, que han encontrado que, en la mayoría de muertes de personas con COVID-19, esta enfermedad parece haber jugado un papel relevante en el fallecimiento”, apuntó.
La Encuesta Nacional sobre COVID-19 fue desarrollada por los estudiantes del curso Diseño de Encuestas por Muestreo de la Escuela de Estadística de la UCR, del 10 al 27 de octubre, y es la décima versión de la Encuesta Actualidades que realiza esta unidad académica anualmente. El estudio incluyó una muestra probabilística de 1 287 personas mayores de edad, usuarias de telefonía celular y abordó los siguientes temas: percepciones de vulnerabilidad hacia el COVID-19 y el bienestar subjetivo, preferencia y confianza en los medios de comunicación que informan sobre el COVID-19, conocimiento de los síntomas del COVID-19, adopción de medidas preventivas para protegerse del COVID-19, práctica de medidas preventivas contra el COVID-19, actitudes hacia las regulaciones impuestas por el COVID-19, actitud hacia las pruebas masivas para diagnosticar el COVID-19, manifestaciones de ansiedad debido al COVID-19, creencia en conspiraciones y controversias en torno al COVID-19, impacto del COVID-19 en la economía de los hogares, variaciones en el consumo de los hogares debido al COVID-19 y tradiciones de fin de año en época de pandemia.
Josué González Carrillo, Paula Rodríguez Mora y Sergio Varela Soto son los estudiantes que tuvieron a cargo el desarrollo de la parte de la encuesta que profundizó en la creencia en conspiraciones y controversias. Ellos explican que, como ha sucedido en otras ocasiones, a la par de la proliferación del nuevo virus, también surgió una ola de mensajes relacionados con conspiraciones y controversias en torno al tema. Este fenómeno es interpretado por Johann Vega Dientsmaier, psiquiatra peruano, como un intento por entender una situación mundial que requiere explicaciones y que aún no encuentra respuesta.
“Aunque las controversias son poco frecuentes, lo cierto es que se perfilan como una barrera para cumplir con las medidas que contribuyen a prevenir el contagio (particularmente la que reza que el virus es poco peligroso)”, destacan los estudiantes en su análisis.
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información
SURCOS comparte el pronunciamiento del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC):
“«Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran» (Rm 12,15). Cuando el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde viene”. Papa Francisco. Fratelli Tutti 84
El Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), ante los flujos migratorios mixtos que se desplazan en caravana, a la opinión pública regional:
Manifiesta
Los obispos de América Central, desde nuestra caridad pastoral reafirmamos nuestro compromiso cristiano en favor de las personas que se movilizan en las caravanas de migrantes que en los últimos días han salido desde Honduras buscando llegar hasta Estados Unidos. Estamos atentos a este hecho y queremos servir a los hermanos migrantes desde nuestras posibilidades.
Reconocemos y respetamos el legítimo derecho a la soberanía de los países involucrados en el tránsito de estos migrantes. Sin embargo, en nombre de la caridad política auspiciada por el Papa Francisco, les pedimos que no se vulneren sus Derechos Humanos y que haya una actitud profundamente humanitaria hacia los mismos independientemente de su situación migratoria.
Ante las eventuales situaciones de hechos de violencia, hacemos un llamado urgente a las instituciones garantes y fiscalizadoras del cumplimiento y respeto de los derechos humanos y de las garantías constitucionales a que se mantengan en total alerta y en monitoreo constante para defender a las personas, especialmente las mujeres y los niños.
La debida atención de los flujos migratorios mixtos en toda su dimensión no es asunto de un solo país. Por ello reiteramos el llamado a los gobiernos de la región y México a trabajar de manera conjunta, integral y humana la realidad migratoria regional. De nuevo lo recordamos: hay que atacar las causas estructurales que originan la migración.
Exhortamos a las autoridades respectivas a garantizar la seguridad de las personas migrantes que transitan en sus respectivos países, impidiendo que sean víctimas del crimen organizado y la delincuencia común.
Requerimos de los Estados involucrados a que se respete el derecho de acceso al territorio y la no devolución de todas aquellas personas que tienen una necesidad especial de protección internacional. Asimismo, instamos a que se respete la unidad familiar.
Hacemos un llamado a los gobiernos de la Región, a desarrollar políticas que efectivamente brinden oportunidades de superación a todos, principalmente de estudio para los jóvenes y trabajo para los adultos; para que no se vean obligados a dejar su propio país, poniendo en tan alto riesgo sus vidas.
Reiteramos nuestro respaldo y manifestamos nuestra gratitud a todas aquellas personas y organismos de la Iglesia que en primera fila brindan la atención humanitaria. Ese es el ejemplo del Buen Samaritano pedido por el Señor Jesús.
Pedimos a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, proteja a nuestros hermanos migrantes y bendiga a todos los que les ayudan.
San Salvador, 19 de enero de 2021.
Mons. José Luis Escobar Alas
Presidente del SEDAC
Mons. Gregorio Cardenal Rosa Chávez
Secretario General del SEDAC
Cuando se impulsa la aprobación de nuevas leyes que reconocen derechos a las personas con discapacidad ya incluidos en otras normas (nacionales o internacionales), vigentes en el país, cabe preguntarse si realmente, representan avance en la efectivización de derechos o es un paso que no representa cumplimiento efectivo alguno (o muy limitado) y no pasa de un mero simbolismo.
Tal es la disyuntiva que se presenta a raíz de la aprobación en segundo debate de “Ley para el cumplimiento de derechos y desarrollo de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista (TEA)”, realizada el día 14 de enero del año en curso.
Quienes hemos sido y somos promotores e impulsores de normas que reconocen derechos de personas de grupos sociales o poblaciones excluidos, como el de las personas con discapacidad, siempre vamos a estar atentos a destacar cualquier avance en este ámbito.
Sin embargo, debemos distinguir lo que son avances reales de avances aparentes en el cumplimiento efectivo de lo que dicta cada norma. Los primeros se aprecian cuando se desarrollan políticas públicas, cuya ejecución está respaldada por la asignación de recursos presupuestarios y planes operativos de ejecución concreta. Esto avances son perfectamente medibles a través de evaluaciones que cuantifiquen y cualifiquen, si impactaron efectivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y grupos a los que van dirigidas tales políticas.
Por el contrario, los “avances” que se quedan en la apariencia son aquéllos que simplemente tienden a detallar normas de derechos humanos ya existentes y cuyos resultados concretos y medibles, no se visualizan. Son normas que resultan redundantes y cuya necesidad es cuestionable, ya que perfectamente, el avance podría derivarse de normas existentes, con sólo que existiriera la voluntad política de la institución o instituciones, a las que les correspondería hacerla efectiva mediante acciones, programas y políticas específicas. Y, por supuesto, con el presupuesto que garantice el avance.
Al examinar esta ley que beneficiaría a personas con discapacidad, con el trastorno del espectro autista (TEA), observamos que es muy probable que no trascienda de la buena intención de las personas que la impulsaron y de las y los legisladores que votaron a favor de convertir el proyecto en ley de la República.
Se trata de una ley que deja en el vago compromiso multi-institucional de la promoción y no de acciones concretas, medibles, dotadas de presupuesto y que realmente sea ineludible su cumplimiento efectivo. Se trata de una nueva norma que se suma a muchas otras que no va a contar con recursos para su ejecución y que carecen de dientes sancionatorios.
La ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, fue promulgada el 29 de mayo del año 1996. Es una ley que ya va a cumplir 25 años y cuyo cumplimiento efectivo, ha sido limitado, en general y casi nulo en algunos derechos económicos y sociales. Asimismo, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada mediante la Ley 8661 el 29 de setiembre del 2008, también es de muy limitada implementación; tal y como lo demuestran las observaciones y recomendaciones hechas al Estado costarricense, por parte del Comité de Naciones Unidas encargado de su vigilancia y supervisión y que fue señalado oportunamente en informes alternativos, elaborados por organizaciones de personas con discapacidad.
Estas dos importantes normas deberían haber dado base a distintas políticas y acciones que redundaran, de manera concreta y medible, en mejora en las condicones de vida de las personas con discapacidad, incuidas las personas con el TEA. Sin embargo, el desfase entre lo que dictan las normas y su aplicación efectiva sigue siendo enorme.
De esta manera, aunque es de valorar y encomiar cuando se aprueban leyes que reconocen derechos de personas, en este caso concreto de la mencionada ley, nos preocupa que no pase del espejismo de un avance, que tendrá escasa repercusión en la vida de las personas con el TEA y sus familias.
Mientras se acumulen más leyes sobre derechos de las personas con discapacidad que tengan como horizonte el lamento de su incumplimiento, vamos a cuestionar su aprobación. Y en un periodo como el que vive el país donde las reducciones presupuestarias en programas sociales, ha ganado terreno, este cuestionamiento cobra mayor sentido aún.
Por todo ello, para las personas con discapacidad, para sus organizaciones y para sus familias, el camino de la lucha para exigir el cumplimiento de la normativa (particularmente la Ley 7600 y la Convención de la ONU), sigue teniendo plena vigencia. Solo de esta manera, las personas con discapacidad podrán mejorar sus condiciones de vida y a empezar a dejar de ser descartables o de segunda categoría en el Bicentenario de Nuestra Patria.
Tomado de La Gaceta.
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