La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos le informa que se estarán trasladando a las nuevas instalaciones ubicadas en Barrio Amón, “del AutoMercado, 250 metros al Norte, tercera casa a la derecha.
Para más información al teléfono: 2221 1950.
Luis Chavarría, de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) compartió con SURCOS la siguiente lista en la que se encuentran las personas fallecidas que familiares o beneficiarios no reclamaron el FCL o el ROP o ambos. Esos dineros se encuentran en la Operadora de Pensiones de la CCSS esperando su retiro.
Enviado a SURCOS por Luis Chavarría.
Compartimos el siguiente video dirigido a mujeres, en el que Milena Barrientos propone vibrar alto para influir en nuestro entorno de manera positiva, siendo la mejor versión de cada mujer.
Para ver más videos publicados en SURCOS sobre el trabajo de Milena Barrientos ingrese aquí.
El pasado 19 de setiembre, Paulo Freire cumpliría 99 años, por lo que se llevó a cabo el Acto político cultural de lanzamiento de un año conmemoración y movilización latinoamericana de Educación Popular, rumbo al centenario el 19 de setiembre de 2021.
¡Viva Paulo Freire!
Compartido con SURCOS por Óscar Jara.
No hay duda que la Pandemia Covid-19 ha provocado una distorsión en la economía nacional que desde el colapso financiero de 1929, no se vivía, hasta este 2020.
El diagnóstico del Gobierno es una verdad que todas y todos conocemos. Lógicamente mermaron las exportaciones a países que son nuestros clientes, de igual manera se desaceleraron las importaciones de bienes y servicios, y aunque esto último puede concebirse como algo positivo, lo cierto es que hay un estancamiento en la economía nacional.
Es cierto y evidente que se ha tenido que invertir en una gran cantidad de insumos a nivel de salud, para hacer frente a la pandemia.
Pero el análisis macro y micro económico, que hace el Gobierno, es demasiado tecnocrático, no es una propuesta producto de una amplia negociación con la mayoría de sectores sociales del país.
El documento oficial del Gobierno refleja la posición de esas esferas económicamente poderosas representadas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP. Por tanto, es mentira que el sector gubernamental escucha y dialoga, para proponer al Fondo Monetario Internacional, como apunta el documento oficial.
Cuando se estudia el documento, en ningún momento y bajo ninguna perspectiva, se encuentra el mínimo interés de gravar a las grandes empresas del capital nacional y transnacional, quedando absolutamente de lado.
¿Cuáles empresas del sector financiero y agrícola como las grandes piñeras: Dole, Hacienda Taboga, Hacienda Aquiares y muchas más, son gravadas, aunque sea con un 0,0001% de renta? La respuesta es sencilla ¡Ninguna!
¿Acaso alguna de las empresas que declararon cero ganancias en los últimos diez años, (y que son más 90), se les tocaron sus intereses? ¡A ninguna!
Debemos apuntar, que es absolutamente demagógico el discurso del Gobierno, cuando señalan que, “está en la línea de mantener el Estado Social de Derecho”.
La propuesta gubernamental, en lo esencial va encaminada a despedazar aún más a la clase trabajadora y a lo que aún queda de la clase media. Afirmamos esto porque plantean un aumento del Impuesto de la Renta a personas físicas, entre ellos pensionados del Magisterio Nacional y salarios en general.
También se señala en el documento, que para el año 2021, el gran acierto será la recaudación de más de un billón de colones, producto del cobro del Impuesto al Valor Agregado IVA. ¡Un golpe demoledor a la clase media costarricense!
¿Cómo pretenden fortalecer el Estado Social de Derecho, si se plantea un impuesto a todas las propiedades inmuebles que actualmente recaudan las municipalidades, y que no se eliminará, sino que se sumará a este nuevo cobro del Gobierno de 0,50%? Esto destruirá a la clase media.
No se puede desarrollar el Estado Social de Derecho, si al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, se le disminuye el presupuesto que pagan los patronos de 26,33% a 21,33%, o sea 5%?, entonces ¿Cómo financiar en adelante el bono proteger?
Otro golpe a la clase trabajadora del sector público es la eliminación de anualidades en los próximos cuatro años ¿Cuál democracia económica?
Sirviendo al Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se compromete a que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Reforma al Empleo Público, algo que se viene gestando con insistencia desde la Administración Solís Rivera.
Manteniendo la óptica de afectar en totalidad los más nobles intereses de la clase trabajadora del sector público, el Gobierno le promete al Fondo Monetario Internacional eliminar los pluses, que desde su vaga perspectiva son los grandes distorsionadores del gasto público.
Es inaudito el entreguismo del Gobierno, al plantear que la economía del país se puede sanear con vender activos del Estado.Tenía razón, el Expresidente de la República, Rodrigo Carazo, cuando dijo: “Vender activos del Estado, es vender las joyas de la abuela”. Entonces ¿Cómo es posible que se pretenda vender una empresa que ha demostrado ser altamente rentable como lo es la Fábrica Nacional de Licores FANAL?
Con todo este retrogrado planteamiento del Gobierno, tiene que estarse revolcando en su tumba el Libertador y Expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, quien, a mediados del siglo XIX, fue el adalid de crear esta cimera empresa estatal, la cual hoy quiere ser vendida.
Lic. Gilberth Díaz Vázquez,
Presidente del SEC
Imagen ilustrativa.
La Orquesta Sinfónica Nacional realiza conciertos virtuales en tiempos de la pandemia. La cultura no se detiene.
Para seguir la página de esta institución ingrese en el siguiente enlace:
La UNED en conjunto con la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos le invitan al Seminario Virtual: “Aspectos Básicos de Regulación en la Prestación de los Servicios Públicos de Agua”, dirigido a ASADAS (juntas directivas, personal operativo y administrativo) y público en general interesado en estos temas.
El seminario está programado para los días 12,14,16 y 19 de octubre del 2020, en horario de 5 p.m. a 7 p.m.
Se impartirá de forma gratuita y para poder participar debe confirmar su asistencia a más tardar el 29 de septiembre del 2020, a las 4 p.m.
Ingrese en el siguiente enlace para obtener el formulario para el proceso de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1KLbDVJ92yVduZzMyM1wM8V0Nt7fzActrY5S5MHxYohU/edit
Imagen ilustrativa, UCR.
La Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza le invita a participar en un gran Bingo que se llevará a cabo el día 5 de octubre a las 5:00 p.m. Este se llevará a cabo de forma virtual.
Imagen ilustrativa.
El impacto derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la situación económica del país es indudable, pero incluso en este contexto, la ciudadanía reconoce la importancia de que Costa Rica continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación.
Así lo reveló un estudio presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). El material fue elaborado por Investigaciones Psicosociales S. A., empresa con 34 años de experiencia en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población en el país.
El presidente del Conare, Luis Paulino Méndez, destacó la importancia de estudiar y análizar de manera permanente de la realidad nacional, como base para la toma de decisions frente al complejo contexto sanitario y económico que experienta el país.
“Es fundamental tener la claridad, el análisis coyuntural, sin perder de vista la Costa Rica que queremos para definir un camino que responda a los retos inmediatos y al futuro que asegure el bienestar de la población”, afirmó Méndez.
La medición se aplicó entre el 11 y 23 de julio anteriores, por medio de llamadas telefónicas a números celulares, y consultó sobre diversos temas coyunturales a una muestra de 1 204 personas distribuidas en diferentes localidades del país.
Según la encuesta, el 79,1 % de las personas consultadas reconoció una disminución en los ingresos familiares como resultado de la actual pandemia. En el 42,3 % de los casos, tal afectación representó más de la mitad de los recursos que percibían y en el 17,1 % significó la totalidad.
En el 56 % de los casos consultados se retrató la pérdida de empleo por parte de la persona entrevistada o de algún miembro de su familia, y el 69,7 % de la muestra valoró de manera negativa la situación económica del país, frente a solo un 4,3 % que la calificó de forma positiva.
Pese a la difícil realidad descrita, la ciudadanía apoyó con contundencia que el país siga fortaleciendo el modelo de desarrollo social que ha impulsado hasta ahora. El 73,7 % de los entrevistados respaldó un aumento de la inversión en salud pública y el 22,8 % apoyó que el rubro actual en esta materia se mantenga.
El 43,5 % de las personas consultadas respaldó el fortalecimiento de la inversión del país en infraestructura mediante la creación de obras públicas, como puentes y carreteras, mientras que el 34,8 % consideró que esta apuesta económica continúe como hasta ahora.
Por otra parte, se evidenció un incuestionable apoyo social a la educación pública en el país. El 92,9 % de las personas consultadas respaldó la inversión estatal en educación pública primaria y secundaria, mientras que el 90,5 % apoya la inversión en la educación superior pública.
Según el psicólogo e investigador de la empresa Investigaciones Psicosociales S. A., Marco Vinicio Fournier, la valoración positiva de las medidas sanitarias y el papel del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricenses de Seguro Social (CCSS), en la atención de la emergencia, han generado en la ciudadanía una revalorización del papel de la institucionalidad pública.
“Pareciera que el impacto de la pandemia ha hecho que las personas vuelvan a valorar la importancia de contar con un Estado sólido e instituciones fortalecidas para enfrentar eventuales situaciones de crisis”, explicó el académico.
Ciudadanía reconoce papel de las universidades públicas
La encuesta retrató una valoración positiva del quehacer de las universidades estatales. Estas instituciones recibieron una calificación general de 8,59 por parte de la ciudadanía, la cual en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR) alcanzó el 8,98.
La población consultada atribuyó una valoración de 8,25 al trabajo y aportes que realizan las universidades públicas en las diversas comunidades de todo el territorio nacional, en tanto la UCR obtuvo un 8,62.
La muestra consultada otorgó un 9,05 a la calidad de la educación que brinda la UCR, cuya presencia en la atención de la actual emergencia sanitaria fue catalogada como “muy importante” por 55,7 % de las personas entrevistadas y como “algo importante” por 17,4 %.
Pese a la valoración positiva que se atribuyó al quehacer de las universidades públicas, la consulta permitió constatar que el 62 % de las personas encuestadas desconoce la fuente de financiamiento que hace posible su trabajo y solo un 32,5 % lo reconoce como inversión del Estado.
El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, enfatizó que desde hace 80 años la Institución mantiene el compromiso de aportar a la construcción del país desde las diversas áreas del conocimiento, tanto en contextos cotidianos como en situaciones excepcionales, por ejemplo, la que plantea la coyuntura actual.
«Estos datos los recibimos como un mensaje claro de la población costarricense hacia el trabajo que desempeñamos como universidad pública, recibimos su respaldo y también sus exigencias», enfatizó el jerarca universitario.
Aportes de las universidades públicas al desarrollo
El 82,7 % de la ciudadanía que participó en la consulta manifestó estar de acuerdo con que las universidades estatales fortalezcan el desarrollo de sus sedes regionales alrededor del país y el 84,4 % consideró que deben invertir en más aportes a las comunidades.
La perspectiva anterior podría relacionarse con el 47,9 % que expresó algún nivel de desacuerdo con la posibilidad de que estas instituciones públicas dediquen la mayor parte de su trabajo a la enseñanza y atiendan en menor medida las áreas de investigación, extensión y acción social.
Por último, el 75,1 % de los encuestados consideró que el Estado debe cubrir la mayoría del presupuesto que hace posible el trabajo de las universidades públicas, frente a un 15,7 % de la muestra que manifestó su desacuerdo al respecto.
Según Fournier, los resultados obtenidos en esta oportunidad sobre el posicionamiento de las universidades estatales son consistentes con estudios previos que han colocado a estas instituciones en los primeros lugares de valoración ciudadana.
“No se registra un cambio de la población en este tema, las universidades públicas manejan una percepción positiva desde que se iniciaron las mediciones de la imagen institucional en la década de los noventa y esto solamente se ha venido reforzando”, concluyó el experto.
El desarrollo de esta encuesta fue financiado por la UCR. El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados.
El cruce de las respuestas al cuestionario con las variables sociodemográficas de las personas entrevistadas evidencia una alta homogeneidad en las opiniones y actitudes de la gente que se encuestó, puesto que existen pocas diferencias significativas respecto a sexo, edad, región, religión y condición de actividad.
El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados. Esta encuesta es iniciativa de la UCR y la muestra estuvo conformada por 47,6 % de hombres y 52,2 % de mujeres.
Sobre la empresa que desarrolló la encuesta: Investigaciones Psicosociales S. A.
Ámbito de acción: Durante 34 años, la compañía ha desarrollado investigación social en diversos campos de la política, la salud y los derechos humanos, con énfasis en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población general o de subpoblaciones especiales en toda la región centroamericana.
Enfoque metodológico: Los estudios de Investigaciones Psicosociales S. A. se desarrollan tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo. Se busca siempre un balance y una complementariedad entre la profundidad en el análisis y la sistematización y generalización de resultados.
Procedimientos científicos: La amplia experiencia acumulada por la empresa ha permitido implementar y actualizar constantemente mecanismos rigurosos para recolectar datos con estrategias de selección y muestreo que maximizan la aleatoriedad y la precisión. Asimismo, ha posibilitado el uso de las últimas aplicaciones de georreferenciación, módulos especiales para supervisar el trabajo de campo, las más modernas técnicas de registro de la información mediante dispositivos móviles, programas computacionales propios para la crítica y limpieza de las bases de datos y los análisis estadísticos más precisos.
Instrumentos de recolección: Nuestras técnicas de recolección de información combinan formatos estructurados y semiestructurados con técnicas psicométricas, para generar escalas de medición más confiables y válidas, las cuales permitan medir variables así como procesos psicosociales que difícilmente se podrían registrar mediante preguntas tradicionales.
Técnicas de análisis: Los análisis estadísticos van mucho más allá de la simple descripción de distribuciones de respuestas. Mediante diversos análisis multivariados, la información es procesada para implementar indicadores, perfiles, conglomerados y estructuras factoriales exploratorias, lo cual permite un análisis y una interpretación más profunda de las actitudes y los comportamientos sociales.
Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
San José, 21 de setiembre de 2020- El Foro de Justicia reitera el llamado para que la Asamblea Legislativa haga públicas las votaciones durante todos los procesos de decisión referentes a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, lo que incluye tanto la votación en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) como en el plenario e insta a cada diputado y diputada para que, en atención al principio constitucional de transparencia, emita su voto de forma pública, procurando así que se elimine la opacidad y falta de rendición de cuentas. Este sería un gesto mínimo e indispensable mientras se logran consensos para incorporar otras modificaciones que son necesarias para cumplir con los mejores estándares internacionales de idoneidad.
La escogencia o reelección de las últimas magistraturas titulares (cerca de ocho procesos entre 2014 a 2019), ha estado a cargo de la CPEN, cuyos integrantes toman la decisión final de quienes conforman las ternas para presentar al Plenario, mediante una votación que, hasta la fecha, ha sido secreta. Además, los informes finales generalmente se remiten sin motivación o fundamentación alguna.
En Plenario, los diputados y diputadas votan también en secreto y, en caso de ternas para llenar vacancias, ha ocurrido que se incorporan nombres que no pasan por escrutinio alguno. Estas prácticas contradicen abiertamente los principios constitucionales de transparencia, publicidad, idoneidad, rendición de cuentas y razonabilidad constitucional, perjudicando no solo la imagen del Poder Legislativo, sino también a las personas que se eligen y a aquellas que sometieron sus nombres al proceso. Además, si se nombran personas sin respetar criterios objetivos se corre el riesgo de afectar la independencia judicial.
Eliminar la votación secreta en la CPEN solo requiere de la voluntad de los diputados y diputadas que la integran, pues la metodología de trabajo la aprueban ellos mismos para cada proceso. Por su parte, la votación secreta en el Plenario se puede modificar a través de una reforma puntual al Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Ante esta situación, el Foro de Justicia alienta a la ciudadanía y a los medios de comunicación a unirse y difundir la campaña #VotoPúblicoYa, en redes sociales mediante estas sencillas acciones:
Más información sobre la campaña está disponible en el Facebook del Foro, en la cuenta @Forodejusticiacr. Se trata de un pequeño pero importante paso para promover una justicia independiente que salvaguarde nuestros derechos sin discriminación alguna.
El Foro de Justicia está conformado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (FD-UCR), la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (MCP-UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional, el Programa Estado de la Nación/CONARE (PEN) y, en calidad personal, Luis Antonio González Jiménez y Marcia Aguiluz Soto. Para consultas o colaboraciones al Foro de Justicia puede escribir a forodejusticiacr@gmail.com o luisantonio.gonzalezjimenez@gmail.com
