Este martes 23 de junio a las 7 p.m. por medio de Facebook Live de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos se estará exponiendo el tema: «Antes de casarte: ¿Qué aspectos legales a tomar en cuenta?», con la participación de: Daniela Soto, Eva Camacho y Marco Castillo.
Imagen de portada tomada de http://talcualdigital.com
Aunque Costa Rica fue pionera en la región con la creación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres en el año 2007, el país carece hasta hoy de una normativa que vele por este tema en el ejercicio de los medios de comunicación.
Así lo evidencia el informe sombra que elaboraron representantes de la academia y la sociedad civil para valorar el cumplimiento del Estado costarricense en torno a la Plataforma de Acción de Beijing, que desde 1995 impulsa una agenda mundial a favor de las mujeres.
Los Estados deben efectuar cada año un informe que retrate el avance en los convenios internacionales que han suscrito y, frente a estos, surgen los informes sombra que realiza la sociedad civil para contrarrestar perspectivas y opiniones.
Esta iniciativa de rendición de cuentas en Costa Rica forma parte de la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG por sus siglas en inglés), una red global integrada por personas e instituciones que velan por la igualdad de género en el mercado de la comunicación.
El informe presentado este año señala que, a diferencia de otras naciones centroamericanas, Costa Rica carece de leyes que contemplen la violencia simbólica contra las mujeres al momento en que son representadas en los diversos espacios de la comunicación.
Según la directora del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y una de las responsables del informe local, Yanet Martínez, la cobertura noticiosa es a menudo un espacio de violencia y discriminación para las mujeres.
Datos del Observatorio de Género y Medios (GEMA), aportados en el año 2015, evidenciaron que la presencia de las mujeres en las coberturas de los medios tradicionales es de solo un 25 % y en la comunicación en internet apenas alcanza el 37 %.
Martínez denunció que los medios de comunicación carecen de una perspectiva de género que les permita tomar conciencia de la importancia que tiene representar con paridad a los hombres y a las mujeres en su quehacer cotidiano.
“Tienden a reproducir estereotipos que colocan a las mujeres en lugares de subordinación, como víctimas y en condición de vulnerabilidad respecto a los hombres. Hay cuerpos sexualizados y tratamientos sexistas, muy pocas veces las mujeres aparecen como políticas, tomadoras de decisión o como fuente experta”, denunció la académica.
El informe también señala el contenido publicitario como un espacio de violencia simbólica, pues tal como ocurre en las coberturas noticiosas, la carencia de normativa en el país impide la sanción del contenido que agrede o discrimina a las mujeres.
El Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad (OIMP) de la UCR recibió entre el año 2016 y 2018 un total de 178 denuncias ciudadanas respecto a malas prácticas publicitarias ejercidas por parte de 29.6 anunciantes cada año.
La coordinadora del OIMP y también responsable del informe, Camila Ordóñez, afirmó que la Ley de Control de Propaganda que regula el contenido publicitario en el país data de 1975 y presenta vacíos para lograr una regulación efectiva.
“Es una ley muy antigua que se limita a contenidos explícitamente sexuales o violentos, pero deja por fuera otras expresiones como los estereotipos y, al centrarse en publicidad comercial, omite la publicidad política, institucional y social”, explicó la experta.
Ordoñez manifestó que cuando un anunciante incurre en una falta, la Oficina de Control de Propaganda (OCP) puede solicitar el retiro del contenido, pero la normativa vigente impide que se establezcan sanciones económicas o medidas de reparación.
“Solo se suspende la publicidad y no hay sanciones adicionales cuando es una práctica reincidente, tampoco hay medidas reparatorias, como sí sucede en otros países donde al menos el anunciante debe emitir una disculpa pública”, enfatizó.
El escenario de violencia simbólica contra las mujeres retratado por el informe se completa al señalar ambientes de trabajo predominantemente masculinos, donde además de tratos sexistas, las profesionales encuentran limitaciones para acceder a puestos de liderazgo.
La representante de GEMA y también propulsora de esta iniciativa que vela por el cumplimiento del Estado costarricense frente a la Plataforma de Beijing, Vilma Peña, afirmó que la agenda de las mujeres carece de voluntad política para que tome el papel relevante que requiere en la sociedad.
“La violencia se ha normalizado, ya no es algo que preocupe y menos la violencia contra las mujeres, pero, además, a los medios de comunicación les conviene jugar con esa libertad y no tener que formar a sus mismos periodistas desde un enfoque de género”, dijo.
Peña aseguró que la situación descrita por el informe responde a un problema estructural tan grande que resulta imposible atenderlo desde una instancia o sector en particular. Por eso, “debe abordarse desde todas las aristas posibles, donde la participación civil tiene mucho que aportar”.
Las representantes del Cicom, el OIMP y GEMA impulsan diversas acciones desde sus campos de trabajo para responder a las necesidades evidenciadas por el informe sombra, pero enfatizan que la atención del tema demanda una articulación entre las instituciones públicas, la academia y las industrias de la comunicación.
Andrea Méndez Montero
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
Este jueves 25 de junio a las 6 p.m. tendrá lugar el conversatorio: «Frontera, migración y pandemia«, con la participación de María Gabriela Castillo Cartín, Tania Rodríguez Echeverría, Adilia Solís Reyes, Gustavo Gatica López.
El conversatorio será transmitido por en vivo por medio de la página de Facebook de CIEP UCR y Programa Kioscos Socio-ambientales de la UCR.
A tono con este tema compartimos esta canción de Wilson Arroyo:
Este martes 23 de junio a las 6 p.m. por Facebook Live (OFUNSHI OBA KOSO) se hablará sobre el tema: «Honduras: COVID-19 una apocalipsis premeditada».
El presente libro es una recopilación de experiencias y reflexiones que ha hecho la autora sobre lo vivido, de acuerdo con el propósito que tuvo su alma durante esta existencia: decir No a la violencia.
En él se narra la historia de violencia domestica que vivió la autora en carne propia desde su niñez y que la preparó y sensibilizo para poder luchar contra ella el resto de su vida.
Expone que si es posible vivir sin violencia y explica como lo ha logrado junto a su esposo e hijo, así como los conocimientos adquiridos, sus avances a nivel personal y espiritual.
Milena Barrientos Blanco es Licenciada en Planificación Social de la Universidad Nacional Costa Rica, ha dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos, trabajando con la cooperación internacional en proyectos de desarrollo y protección de derechos, así como en instituciones estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, defendiendo tanto los derechos de las mujeres como de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas LGTBI.
Mucho de su tiempo laboral lo dedico a proteger a las mujeres de la violencia de género y la violencia doméstica, capacitándolas y empoderándolas para que hicieran use de las herramientas legales disponibles a nivel nacional e internacional para su defensa y protección.
En este momento de su vida esta jubilada y dedica su tiempo a ser escritora para compartir sus vivencias y los conocimientos adquiridos en esta trayectoria como defensora de los derechos humanos.
Pueden hacer los pedidos al WhatsApp 8988 6595.
INDICA QUE
El tejido social acoge la diversidad de formas de vida y prácticas sociales, y su conformación ha sido una preocupación permanente de la humanidad. por cuanto se requiere de acuerdos y respeto mutuo, de manera que nadie sufra por falta del debido reconocimiento social. En virtud de ello, la pregunta por los modos como se preserva y fortalece dicho tejido social también ha sido una preocupación de instituciones públicas y privadas. Por supuesto, los logros han sido desiguales, y en tiempos alejados de la normalidad habida, nuestro tejido social se ha mostrado vulnerable, de lo que algunos sectores se aprovechan.
La sociedad que queremos resulta de una concertación de esfuerzos venidos de los personajes políticos, empresarios, líderes de diferente índole y por supuesto de la ciudadanía. Diatribas e informaciones malintencionadas contribuyen a generar animadversión y dificultar el debido funcionamiento de una sociedad en la que todos quepan equitativamente;
CONSIDERANDO QUE:
1.- Que las universidades pública-estatales han sido objeto de ataques públicos por la prensa y las redes sociales, y la información transmitida no se basa en un conocimiento del funcionamiento de dichas instituciones Por lo que, estos ataques contrastan profundamente con el papel que han tenido estas instituciones en la escena nacional.
2.- El protagonismo de las universidades públicas-estatales durante las últimas décadas de la historia de Costa Rica, en particular, las constituyen en claro mecanismo de movilidad social, para una creciente cantidad de ciudadanos y ciudadanas.
3.- La cada vez mayor y diversa oferta académica ha garantizado un creciente número de profesionales cada año, todos con alta empleabilidad y, por ende. ha contribuido al crecimiento de la vida económica del país.
4.- Los proyectos de acción social e investigación a través de los cuales las Universidades se han comprometido con el desarrollo, promoción y bienestar de la comunidad, particularmente de aquellos grupos o sectores sociales menos favorecidos.
5.- La confianza depositada por la mayoría de nuestros gobiernos, así como por la comunidad nacional para con la universidad pública-estatal. reconoce no solo una trayectoria sólida y humanística sino que, a su vez e implícitamente, el uso responsable de los recursos asignados.
6- Las universidades son instituciones públicas, de administración estatal, abiertas a todos y todas las personas interesadas, como también a todas las instancias gubernamentales pertinentes, para que conozcan desde dentro su funcionamiento y mostrar cómo llevan a cabo su gestión.
7.- El lugar que las universidades han puesto al país en la escena internacional a través de la tecnología, la ciencia, las letras y las humanidades. es de privilegio; por lo que. estas instituciones gozan de convenios de cooperación y movilidad en virtud de los cuales estudiantes, docentes y funcionarios logran llevar el quehacer a otras latitudes, así como aprender de otros modos de trabajo universitario. promoviendo visiones más cosmopolitas e integradoras.
MANIFIESTA:
1.- Su rotundo rechazo frente a aquellas críticas de las que han sido objeto las universidades públicas-estatales cuando se han fundado en razones incompletas, tendenciosas y desconocedoras de la gestión del trabajo universitario integralmente, de los modos como se recolectan e invierten los fondos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, del uso y mantenimiento de la infraestructura y de los procedimientos para la toma de decisiones y la proyección democrática y humanística.
2.- Apoyamos toda rendición de cuentas fruto de una actitud sincera y responsable, siempre y cuando se parta de un conocimiento derivado de datos evidentes, reales y adecuadamente interpretados, así como de reglamentos y procedimientos ampliamente conocidos; todo lo cual, acompañado de una exhaustiva documentación de manera que se tenga una clara imagen del papel de las universidades estatales-públicas.
3- La invalidez de cualquier crítica vaciada de parcialidad y que pierda de vista el contexto institucional e histórico en que se desarrollan las universidades públicas-estatales, dejando sospechosamente de lado incluso el universo de las educación superior privada, así como desconociendo los marcos constitucionales que la tutelan.
4- Nos sumamos a la institucionalidad que ha caracterizado la historia costarricense para canalizar todo desconocimiento del modus operandi de las universidades estatales-públicas y convertir el tema en un escenario didáctico; pues estamos seguros que estas instituciones, con un alto grado de transparencia y apertura, no presentarán ningún obstáculo ante el escrutinio ciudadano, pero el mismo debe pretender la justeza y partir de la buena fe.
5- Hacer una respetuosa excitativa a las diputadas y los diputados de Asamblea Legislativa, para que promuevan un ejercicio responsable del control político de su competencia, frente al importante e incuestionable papel histórico que han tenido las universidades públicas-estatales; para que con sus decisiones procuren garantizar su fortalecimiento, en beneficio de nuestras sociedad.
Acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Complejo, a propuesta de varios de los asociados, a los 13 días del mes de junio de 2020.
| Dr. Eval Araya V., Presidente. | Lic. Emmanuel Campos, Tesorero. |
| M. Ph. Kattya Arroyo G., Vicepresidenta. | M. Ph. Randall Jiménez R., Vocal I. |
| Lic. Tobías Murillo P., Secretario. | Lic. Andrés Gallardo C., Vocal II. |
| Lic. Gerado Mora Burgos, Fiscal. | |
La difícil condición socioeconómica de las zonas costeras, la brecha digital que existe en muchos lugares de la provincia, y la inestabilidad emocional, son parte de los desafíos a los que se enfrenta la población estudiantil de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.
Así lo señalaron estudiantes y funcionarios de esta sede universitaria, al Dr. Carlos Sandoval García, vicerrector de Vida Estudiantil, durante un encuentro que se llevó a cabo este martes 16 de junio.
A estos retos se les suman, el proceso de adaptación a la virtualización de la docencia, el acceso limitado a recursos tecnológicos y el no contar con las condiciones óptimas para continuar con sus estudios desde sus hogares.
LEA: Estudiantes de la Sede del Caribe plantean sus desafíos en medio del COVID-19 (18 de junio, 2020)
La discusión se realizó en el marco de una iniciativa del vicerrector, mediante la cual se pretende identificar, desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, las principales necesidades y desafíos que afronta la población estudiantil de todas las sedes universitarias, a raíz de las consecuencias generadas por la pandemia.
En materia de empleo y otras fuentes de ingresos familiares, varios de los estudiantes que participaron del encuentro, manifestaron que las zonas costeras enfrentan un panorama más complejo en comparación con otras regiones del país.
Al respecto, la estudiante Juanita Calderón explicó que, muchos compañeros y compañeras de la sede le han comentado que las situaciones familiares que enfrentan son muy difíciles “porque va desde no tener las condiciones de estudio en sus hogares, situaciones de criminalidad en los barrios, hasta estudiantes que quedaron solos, aislados y lejos de sus familias por la pandemia”.
Asimismo, la Licda. Dinorah Salas Ruiz, encargada de la Oficina de Trabajo Social de la Sede manifestó que han estado atendiendo estudiantes que solicitan ayudas especiales de la universidad, debido a que ellos y ellas solventan muchas de las necesidades básicas de sus familias con la beca.
“Antes de la pandemia la situación ya era compleja aquí, el turismo generaba ingreso importante en muchos de los grupos familiares, y ahora con esta pandemia muchos negocios y actividades se cerraron o están con poca afluencia, y la afectación económica es bastante importante” añadió Salas.
Por su parte, la MPA. Martha Lugo, encargada de la Oficina de Orientación de la Sede aseguró que han atendido situaciones de estudiantes que antes de la pandemia no contaban con beca socioeconómica, pero que, a raíz de esta situación, su condición económica familiar cambió y ahora sí necesitan de la ayuda de la Universidad.
En este sentido, la MATI. Wendy Vargas Hernández, coordinadora de Vida Estudiantil de la Sede del Pacífico afirmó que hay situaciones particulares de estudiantes que no pueden realizar actividades académicas de forma virtual porque tienen que trabajar para apoyar a sus familias económicamente, que tienen que pedir Internet o computadoras prestadas para poder estudiar, o que tienen que trasladarse porque la señal no les llega hasta sus casas.
“Uno quisiera poder hacer más por los y las estudiantes, pero estamos atados de manos ya que tenemos poco personal, y uno desea apoyarlos más porque uno sabe que son personas que se esfuerzan por ser profesionales, por tener una carrera y sacar adelante a toda su familia” expresó Vargas.
En materia de Salud Mental, tanto estudiantes como funcionarios de la Sede del Pacífico coinciden en que la incertidumbre, la ansiedad, los problemas económicos y familiares, así como la gran cantidad de trabajos y de carga académica son algunos de los factores que afectan su salud emocional.
En este punto, la MSP. Peggy Morales Sequeira, encargada de Psicología de la Sede, manifestó que ha estado atendiendo de manera remota a los y las estudiantes, y que, a través de esta experiencia, ha podido detectar las situaciones de extrema pobreza, los problemas de conectividad, y las condiciones en las que viven muchos estudiantes.
“Muchos de esos hogares no cuentan con las condiciones óptimas para estudiar, son casitas sencillas, humildes, sin espacios que se puedan dedicar al estudio, aunado a que muchas de estas familias han perdido sus fuentes de ingreso, y esto ha provocado situaciones familiares y de salud mental en los estudiantes” dijo Morales.
Asimismo, explicó que el servicio tiene muchísima demanda, y que para subsanar el faltante de recurso humano en Psicología se ha implementado un modelo de atención centrado en acompañamiento, búsqueda de soluciones, en el cual se trabajan sesiones individuales y grupales, de intervención familiar y curricular.
Añadió que hay casos de situaciones de ansiedad, situaciones psiquiátricas, de situaciones familiares complejas, entre otros.
Al respecto, la encargada de Trabajo Social señaló que la Sede está implementando un plan de trabajo sobre el tema de salud mental, al cual se le están haciendo los ajustes para realizar las acciones de manera virtual.
La situación de acceso a la tecnología y a la conectividad de los y las estudiantes de la Sede del Pacífico también es compleja, ya que gran parte de ellos no cuentan con los recursos para continuar con sus estudios de manera virtual.
Por esta razón, las iniciativas de la UCR para apoyar a la población estudiantil con el préstamo de equipo de cómputo y tabletas han sido bien recibidas por los y las estudiantes de esta sede.
Sin embargo, aunque la institución y la sede han hecho grandes esfuerzos en materia de préstamo de equipo, la población estudiantil considera que hay otras necesidades que deben solventarse.
Por ejemplo, la estudiante Elena Hernández, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la sede manifestó que la población estudiantil tiene como reto no solo la falta de recurso tecnológico sino también el no contar con espacio o con las condiciones adecuadas para estudiar en la casa.
Además, indicó que las computadoras que ha prestado la sede no cuentan con los programas informáticos específicos que se requieren dependiendo de la carrera o área de estudio.
Por su parte, la estudiante Juanita Calderón manifestó que el nivel de incertidumbre y frustración de la población estudiantil se amplía por factores como no poder salir, estar alejado de la familia, tener mala conectividad y tener que seguir con la carga académica. Y que en su caso la estresó mucho no tener equipo tecnológico para seguir con los cursos y luego tener que acelerar el ritmo para ponerse al día con la materia.
Al final del conversatorio, el vicerrector agradeció a los participantes por sus intervenciones y explicó que toda la información será utilizada para el proceso de toma de decisiones y mejora de las condiciones del estudiantado para el II ciclo lectivo del 2020.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará el próximo martes 23 de junio los informes de la Comisión que estudio el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El informe de mayoría que se debatirá en el plenario evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, además de reproducir estereotipos sobre las universidades públicas.
Costa Rica es una nación que apuesta por la educación, que sabe que el conocimiento es esperanza, y aunque es urgente y necesaria la crítica y evaluación sobre aspectos diversos de la gestión de la educación superior, no se debe permitir el aval de un documento que no considera o interpreta de manera parcial y sesgada las fuentes de información a las que tuvo acceso como comparecencias, documentos oficiales y los Informes de la OCDE 2017 y el Estado de la Educación 2019. El estudio de esos documentos evidencia que de dichas fuentes se pueden extraer conclusiones muy diferentes a las del Dictamen de mayoría.
El claro énfasis dado a las debilidades puntuales de las universidades públicas lo hace desconocer sus mucho más numerosas fortalezas, lo que implica, por ejemplo, omitir del todo el desarrollo e impacto social, económico y científico que las carreras STEM y la investigación que en esos campos tiene en la Universidad de Costa Rica, que la sola lectura del dictamen deja la impresión de ser inexistentes. Nada más fuera de la realidad.
Varias de las conclusiones del informe de mayoría son de recibo, y la Universidad de Costa Rica reconoce que debe reconocer que urge la puesta en marcha de medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización.
Para firmar:
Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica
En el contexto #COVID-19 muchas personas han querido responsabilizar directamente a las poblaciones migrantes como responsables importantes de los contagios en los últimos meses. Lo cierto es que, el estigma que se tiene a las personas inmigrantes, mayoritariamente nicaragüenses, carga con muchos mitos que es necesario corregir si queremos una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de los DDHH.
Para una revisión de reflexiones y notas sobre este tema le recomendamos seguir estos dos enlaces de SURCOS:
