Dos terceras parte de la población no está de acuerdo en que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.
45,2% de encuestados asegura que ha experimentado algún corte en el suministro
UNA Comunica. 27 de setiembre de 2024. El 70% de la ciudadanía costarricense estaría dispuesta a manifestarse públicamente en defensa del recurso hídrico. Además, el 94% está de acuerdo en presentar denuncias en relación con problemas en la calidad del agua potable.
Estos son algunos de los resultados contenidos en la encuesta Percepción de la población costarricense y extranjera sobre temas ambientales en el país, del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA). Los datos fueron recolectados entre el 29 de setiembre y el 10 de octubre de 2023.
El objetivo del estudio fue determinar la opinión ciudadana sobre la relación que existe entre fenómenos como el cambio climático, el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la gobernanza institucional con la situación del acceso y calidad de agua en el país.
Justamente, en el ámbito de la gobernanza, para un 84,4% de la muestra es importante defender la forma de abastecimiento de agua potable que tiene el país. Un 10,9% dijo estar en desacuerdo con este enunciado, mientras que un 4,7% indicó no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo.
El porcentaje a favor aumenta a un 93,7% si se trata aprobar más leyes para asegurar la protección de las fuentes de agua y a un 95,2% si se trata de fortalecer la estructura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que atienda las necesidades en agua potable y saneamiento.
Sin embargo, solo un 41% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más para mejorar el servicio, mientras que la mitad de la muestra (49,6%) aseguró que está en desacuerdo con esta medida.
De igual manera, dos terceras partes de la población consultada (66,8%) está en contra de la idea de que el servicio de agua potable sea brindado por empresas privadas.
Aunque los datos recolectados corresponden al segundo semestre de 2023, se presenta en un año donde ha sido crítica la situación del agua en el país, con casos comprobados de contaminación de fuentes. La más reciente se dio el 14 de setiembre anterior luego de que se confirmara el vertido de hidrocarburos en la plata potabilizadora de Guadalupe, en Goicoechea, que afectó a 40 comunidades.
Esta situación se suma a los cortes en el suministro del líquido que ha generado manifestaciones públicas, cierres de vías y confrontaciones con la policía.
Cambio climático
En el capítulo de agua y cambio climático, casi la mitad de la población encuestada (45,2%) mencionó que ha experimentado cortas en el suministro programadas regularmente. Otro 39,7% indicó que ha vivido racionamientos o suspensiones con horario, mientras que un 38,6% aseguró que en sus viviendas el líquido llega con baja presión.
Dentro de las valoraciones que hizo la ciudadanía a la luz del estudio, se determinó que para el 93% de las personas entrevistadas existe una relación entre la calidad del agua potable y la salud pública. Además, el 89,4% lo identifica como un servicio público.
Sobre el nivel de satisfacción del servicio que brindan empresas proveedoras, tanto el AyA, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, las municipalidades y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados (Asadas) obtuvieron una nota favorable que ronda entre 87,1% y el 79,7%.
El estudio profundizó en los criterios ciudadanos sobre la relación entre los efectos del cambio climático y el ambiente. Una gran mayoría (92,8%) está convencida de que este fenómeno aumenta los eventos climáticos extremos como lluvias fuertes, sequías y huracanes.
Para el 93,9% de la muestra, las áreas con vegetación reducen el calor en las zonas urbanas, mientras que el 91% considera que el aumento en el nivel del mar ocasiona la desaparición de comunidades costeras.
En orden de descendencia, lo asocian con una alteración del clima en la tierra (88,4%), que es causado por las acciones del ser humano (76,7%).
Otro aspecto que contempló la encuesta es el nivel de conocimiento en torno al ENOS y sus modalidades del fenómeno de El Niño y La Niña. En el caso de este último, 9 de cada 10 personas lo asocian con un incremento en las lluvias y bajas temperaturas. También, para el 83,4% es el causante de inundaciones y fuertes oleaje.
En el caso de El Niño (en contraste con La Niña), un 89,8% lo relaciona con pocas lluvias y altas temperaturas. También, el 87,2% hizo mención de sequías e incendios forestales.
En lo que sí existe concordancia en la percepción ciudadano, en ambos fenómenos, es que existe una relación de estos fenómenos con el desabastecimiento de agua potable en los hogares. Así opinó el 79,8% de los consultados.
El Idespo-UNA consultó si las personas conocían el concepto de “estrés hídrico” a lo que el 93,8% de los encuestados respondió negativamente. Al respecto, el estudio indicó que es un término que hace referencia al impacto del uso excesivo del líquido, ya sea por extracciones o consumo, según su disponibilidad.
La encuesta abarcó a una población de 1.118 personas, con un error de muestreo del 2,9% y un 95% de confianza. Se aplicó a personas costarricenses o extranjeras con más de cinco años de vivir en Costa Rica, de 18 años o más usuarios de telefonía celular, de manera que se abarcó el 97,6% de la población.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Esa es la pregunta que hoy cunde en la mente de muchos honrados y honorables costarricenses. Ante ello, doy mi opinión, con la esperanza que quienes saben de derecho más que yo, nos aclaren el tema si estoy equivocado.
Yo creo que la respuesta a aquella inquietud es…si. ¿Por qué? Bueno resulta que el artículo 151 de la Constitución Política dice textualmente: “El Presidente, los Vicepresidentes o quien ejerza la Presidencia, no podrán ser perseguidos, ni juzgados sino después de que, en virtud de ACUSACIÓN INTERPUESTA, haya declarado la Asamblea Legislativa HABER LUGAR a formación de causa penal”.
La redacción es muy clara, si se puede. Ahora, ¿quién interpone esa acusación? ¿La Fiscalía, el TSE, uno o varios diputados, los ciudadanos ante la Fiscalía? Creo que son caminos abiertos.
Ahora que el PresiMiente Deschsvetado ha violado varias normas, es evidente. Solo sus declaraciones en un noticiero de estar en campaña electoral, el irrespeto a la división de poderes, la forma ilegal de cómo financió su campaña y sobre todo… su constante llamado a la sedición, dan pie para una acusación.
Es mi humilde criterio, que, de estar equivocado, ruego a los que más saben que me corrijan.
UNDECA deplora, que tras ser detenida la señora Marta Esquivel, ella nombró este miércoles a la coimputada Marielos Gutiérrez como Gerente General de la CCSS. Esto a pesar que tanto Marta Esquivel como María de los Ángeles Gutiérrez, fueron detenidas el lunes 23 de septiembre, por el caso Barrenador.
La señora Esquivel Rodríguez firmó el documento de nombramiento de gerente general de la CCSS a María de los Ángeles Gutiérrez, con un salario de ¢5.415.000 mensuales por 6 meses, en la tarde de este miércoles 25 de septiembre del 2024.
Un comunicado de UNDECA precisa: “Es lamentable la falta de respeto a las autoridades judiciales, un acto éticamente reprochable, en los momentos difíciles que vive la CCSS y el pueblo costarricense. Es inadmisible que continúe en el pleno ejercicio de sus funciones como jerarca de la entidad, como si nada hubiera pasado, hasta que la autoridad judicial determine su situación jurídica en definitiva”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA. UNDECA sostiene que esa actuación Marta Esquivel constituye una burla al sistema de administración de justicia..
Le invitamos a escuchar la denuncia completa en el siguiente video:
Dra. Sofía Chaverri Flores Especialista en Medicina Física y Rehabilitación Invitada de ACANAMED
La enfermedad cardiovascular, en especial la cardiopatía isquémica, constituye la principal causa de mortalidad a nivel mundial, así como a nivel nacional. De igual manera, estas patologías presentan un alto índice de morbilidad que pueden llevar a las personas a una situación de discapacidad, con alteraciones en su capacidad funcional y en su calidad de vida.
Es por ello, que es indispensable crear programas de prevención secundaria, como lo son los Programa de Rehabilitación Cardíaca, con el fin de brindar una atención integral y especializada por parte de un equipo interdisciplinario de trabajo, para optimizar el estado funcional del usuario cardiópata, atacando los factores de riesgo cardiovascular y así, disminuir la incidencia de nuevos eventos coronarios, lo cual puede conllevar a reinternamientos y reintervenciones quirúrgicas.
La Organización Mundial de la Salud, ha definido a las Unidades de Rehabilitación Cardíaca como el conjunto de medidas que persiguen la recuperación y readaptación del individuo que padece o ha padecido alguna enfermedad cardíaca, hasta conseguir los niveles óptimos en los aspectos físico, psicológico, social y laboral. Por lo tanto, estos programas tienen como objetivo fundamental ayudar a los pacientes a recuperar su forma de vida, dándole herramientas necesarias para alcanzar un nivel de independencia que le permita reintegrarse como miembro productivo a la comunidad, así como promover medidas que busquen prevenir la discapacidad o, adaptarse a las limitaciones impuestas por su enfermedad.
La Rehabilitación Cardíaca se considera una intervención costo-efectiva, ya que mejora el pronóstico al reducir el número de hospitalizaciones sucesivas y los gastos sanitarios, a la vez que prolonga la vida. Abarca múltiples componentes como lo son la prescripción del ejercicio físico, el optimizar los niveles de actividad física diaria y prevenir el comportamiento sedentario. Así mismo, también se basa en otros pilares fundamentales para gozar de una buena salud: el control de factores de riesgo, el cese del tabaquismo, una alimentación saludable, un descanso reparador, el control del estrés y una gestión adecuada de las emociones, así como el ámbito social y laboral del individuo.
El Programa de Rehabilitación Cardíaca se divide en III fases, comenzando con la fase I durante la hospitalización. Inicia a las 24 a 48 horas del después del evento, procedimiento o cirugía cardíaca, ya sea en la Unidad de Cuidados Intensivos o en el salón. Su objetivo es prevenir los efectos de la inmovilización sobre el sistema cardiovascular y muscular, trabajando con ejercicios de baja intensidad. Además, sirve para monitorizar al paciente mientras realiza el ejercicio físico, para así asegurar un egreso seguro a casa. Como en todas las fases, esta fase tiene un fuerte componente educativo y su duración es variable, en general tiene una duración de tres a doce días y depende de la condición médica, del riesgo residual, de la capacidad funcional y de los progresos obtenidos del paciente. La fase II es ambulatoria, pero debe de ser supervisada y tiene una duración de 8 a 12 semanas. Por último, la fase III o fase de mantenimiento, se desarrolla en la comunidad y es supervisada ya sea por profesionales de la salud fuera del ámbito hospitalario o con grupos organizados. El objetivo principal de esta etapa es estimular la continuidad en la realización del ejercicio físico y sus nuevos hábitos de vida.
Dr. Oswaldo Gutiérrez Sotelo Especialista en Cardiología y Electrofisiología Miembro de Número de ACANAMED
Las enfermedades del corazón todavía siguen siendo, en la mayoría de los países, la principal causa de muerte en el mundo; además, significan un costo económico para los sistemas de salud que cada sociedad tiene que asumir, incluyendo la ausencia laboral y la discapacidad resultante.
En la mayoría de las personas afectadas por cardiopatías, subyacen “factores de riesgo”, tales como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el hábito de fumar y la obesidad, los cuales tienen un substrato genético sobre el que se agregan factores ambientales, que determinan la edad de aparición clínica de estas condiciones, así como su evolución.
Desde la aparición y uso a gran escala de los betabloqueadores (años 50s), las unidades de cuidados coronarios (60s), las estatinas (80s), los inhibidores de la angiotensina (90s) y las intervenciones con catéter en las arterias coronarias (90s), el tratamiento efectivo de estos factores de riesgo y de las obstrucciones coronarias ha experimentado una reducción espectacular de la mortalidad relacionada a estas condiciones; a tal punto que, en algunos países desarrollados, pasaron a ser la segunda causa de muerte, después del cáncer.
A pesar de que estas terapias e intervenciones han pasado el tamiz de la evidencia clínica contundente, así como el de su seguridad, estas enfermedades son cada vez más frecuentes y afectan a grupos de edad cada vez menor. ¿A qué se debe este incremento, a pesar de que existan todas estas terapias y adelantos científicos? Hoy adolecemos de situaciones que no existían en décadas pasadas: el sedentarismo, la comida rápida, el estrés -laboral, económico o familiar-, el uso de sustancias ilícitas y la contaminación ambiental.
En tal sentido, es menester implementar medidas preventivas, tanto a nivel familiar como social. Es imprescindible fomentar, desde temprana edad, una nutrición balanceada y saludable, realizar ejercicio físico en forma regular, de acuerdo a la edad y a enfermedades subyacentes; evitar el sedentarismo, en especial, en los jóvenes, muy dados a navegar con el teléfono inteligente o a jugar en línea por períodos prolongados; y, en especial, aprender a lidiar con el estrés, manifestado en formas tan distintas como el matonismo escolar, la malas relaciones interpersonales a nivel familiar o laboral, la sobrecarga de trabajo o el sobreendeudamiento. Es necesario implementar programas educativos en los que se incluya conocimientos prácticos nutricionales, acerca de actividad física sana y de los riesgos relacionados al sobrepeso o al uso recreativo de humo de tabaco -incluyendo el “vapeo”- y de sustancias ilícitas psicotrópicas.
Las proyecciones de crecimiento de la industria farmacéutica y de dispositivos cardiacos implantables (tales como los stents coronarios, los marcapasos y muchos otros) para la siguientes décadas es exponencial; debemos tomar consciencia de esta realidad y poner manos a la obra. Nuestros corazones agradecerán las acciones preventivas que tomemos para fomentar su cuidado y bienestar.
El comité ejecutivo del Consejo de Rectores de las universidades públicas argentinas anuncia su adherencia a la marcha para defender la universidad pública argentina el 2 de octubre a las 5 de la tarde hacia la Plaza de los Congresos.
Esta marcha tiene como fin solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario, y, en el caso de que se diera un veto por parte del presidente, Javier Milei, la marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar esta ley.
Se menciona que desde hace 20 años no se daba una situación en la que trabajadores y trabajadoras de este sector estaban por debajo de la línea de pobreza.
La ley no pone en peligro el equilibrio fiscal, e ir contra esta ley necesaria para la subsistencia de la educación superior pública destruye la excelencia académica de las casas de estudio y ataca el pilar fundamental de irrestricto acceso a la educación, trayendo abajo las becas y no permitiendo que los estudiantes si quiera puedan pagar el transporte del dia a dia
Se advierte como, si no hay universidades que formen a la juventud, qué clase de país se va a tener, la pregunta es de ciudadanía, del futuro de un país, el cual empieza en la educación. (Esto no solo es verdad en Argentina, sino también en Costa Rica y el resto del mundo, sin educación, no hay progreso ni futuro, y las administraciones recortistas buscan traerse esto abajo).
Este comité llama a toda la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a darle un mensaje contundente al presidente: la educación pública no se toca.
Le invitamos a ver el video en el cual rectores y dirigencia estudiantil de Argentina exponen la situación, similar a la que se presenta en Costa Rica.
Rafael Ángel Ugalde Quirós, periodista, abogado y notario Rodrigo Arias López, matemático y actuario
Con el presente artículo pretendemos explicar en cuatro entregas las complicadas formas cómo los fondos de la CCSS tienen años de ser barrenados; se pretende además que el trabajo sea una especie de “Cuadernillo independiente de educación popular” para sindicalizados, movimientos sociales y estudiantes.
Quienes nos han gobernado desde la Colonia hasta nuestros días, nos crearon una serie de mitos que, en la práctica, nos desenfocan de los problemas serios, encaminado todo a que el engaño, la simulación y las apariencias políticas, económicas, electorales, legales, entre otras, se perfeccionen cada vez mejor; de tal manera que los millares de trabajadores, estudiantes, amas de casa, pensionados, desempleados, etc., vean “progreso” donde existe retroceso y oportunismo y “favores” en lugar de derechos. Por eso, a los costarricenses nos han enseñado que la “chota” es mejor que tomar el toro por los cuernos, y el chiste, la risa y el vacilón reflejan en gran medida impotencia y frustración.
Los ejemplos para desenfocarnos de nuestra cotidianidad abundan a diario: somos el país más feliz del mundo, aunque no seamos tan felices, vivimos la mejor democracia del mundo (con casi un millón de gente sin vivienda digna, trabajadores con salarios congelados, tribunales que absuelven presuntos asesinos de luchadores sociales…), es una dicha vivir en la Suiza Centroamericana, bla bla bla.
Para no ir muy lejos, en estos días, la Fiscalía sorprendió a tirios y troyanos con el “caso barrenador”. En La República lo ilustran con el logo de la Caja lleno de moscas verdes, informan que “supuestamente se creó un sistema corrupto para favorecer a varias cooperativas” y que “la analogía surge porque los huevos del gusano se comen el sistema y al huésped, lo cual sería básicamente lo mismo con la CCSS y las cooperativas supuestamente favorecidas”. [1]. ¿Y cuándo comenzó este gusano a comerse el sistema? Pueblo que pierde su memoria está condenado a cometer los mismos errores. Nada más recordemos: Durante la administración del presidente Luis Alberto Monge (1982-86) se echaron abajo las Asociaciones Cantonales de Salud, que engendraban la participación del ciudadano en el proyecto de “Hospital sin paredes”, sustituyéndolas por dóciles Juntas de Salud, como coadministradoras (paraestatales) de los establecimientos de Salud Pública.
Después de descabezarse el “Hospital sin paredes” en 1985 ([2] página 10), como experiencia novedosa nacida de las entrañas del pueblo, llegamos a lo que experimentamos hoy. Se promovió y apareció la primera forma de “tercerización” de servicios que, aunque haya sabiondos que lo niegan, es una privatización de servicios, al entregarse en administración a cooperativas los primeros centros de salud (el de salud de Pavas fue el primero en “cooperativizarse”, a cargo de quien luego sería viceministro de salud, en la Administración de Oscar Arias).
La experiencia del Hospital sin Paredes nacida hace más de 50 años en San Ramón de Alajuela resolvía integralmente los problemas con el bienestar integral de la persona, pero a la vez resultaba inaceptable para el comercio con el bien salud que ya tenían planeado (Foto tomada de [2]).
Se inició la “desnaturalización” de la Caja, comprando servicios médicos privados, mandando sus pacientes a examinarse a centros empresariales y el derecho a la salud fue visualizado como negocio, con el silencio cómplice, de unos pocos profesionales que vieron la oportunidad de trabajar menos y mejorar sus ingresos, o las pequeñas protestas y pasajeras denuncias de algún que otro sindicato, quizá incrédulos de lo que estaban viendo.
Ya para el 23/9/2024, Noticias Repretel, reporta 20 allanamientos y la detención de 8 personas, entre empleados, directores y exdirectores de la CCSS, realizados por el OIJ y la Fiscalía de Probidad por presunta corrupción. [3]. La misma fuente, un día después, informa de presuntas amenazas con bombas en la Fiscalía (hasta el 28/9/2024 se desconocía sí aparecieron tales bombas, el tipo de material explosivo etc.), mientras el 26/9/2024, la Fiscalía consigna la queja de que le habían borrado 300 correos del dispositivo de uno de estos investigados, estando él detenido y cuando se supone era probanza calificada para determinar la certeza de un indicio de supuesto delito.
Parte de la justificación dada por el fiscal general, Carlo Díaz Campos, es “una investigación que lleva la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la misma se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de 12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la Caja quien presentó la denuncia; pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus informes y sus observaciones en la misma”. [4]
Díaz también hizo un llamado a la población “a que denuncie y para eso estamos y esperamos que cada persona cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo se acerque a la fiscalía y lo denuncie”. Y tomándole la palabra al fiscal general, para que use sus facultades legales y grandes dado por el marco jurídico, es necesario investigar la infección que en epidemiología llaman el “paciente cero”. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires mencionan que el “número básico de reproducción 𝑅o = a/b es el definido como el número medio de infecciones secundarias que ocurren cuando un individuo infeccioso es introducido en una población susceptible. Es decir, cuántos individuos va a infectar directamente el paciente cero. La cantidad 𝑅o es de gran importancia en epidemiología, ya que indica si la infección se va a extender.” [5]
El caso cero ayudaría a que la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la Caja, el fiscal general y el Poder Judicial, conozcan si el paciente que la Auditoría Interna de la CCSS envió al Ministerio Público, es o no es el paciente cero, así como determinar la cantidad de infectados, con sus nombres y apellidos. Además, podrán medir con mayor precisión que tan avanzada está la infección; es decir, si el daño es solamente ¢12.500 millones anuales o si es mucho mayor y si la podredumbre es a partir de hoy o nació años o décadas atrás. Con esto, los contralores, auditores y fiscales no solamente podrían poner en aislamiento a todos los infectados y vectores, sino que les sería más fácil informar a los jueces que tan profunda debe ser la cirugía para evitar que continúe la corrupción, infección o podredumbre.
En la búsqueda del paciente cero el fiscal general nos da una pista cuando dice que “se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS”, pues estos son parte de la estructura del primer nivel de atención de la salud o medicina preventiva, que hasta el 3/12/1993 estaba a cargo del Ministerio de Salud (MS). Antes de esa fecha la “Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973 decía “Artículo 6º.- La atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serán de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública”. Con la Ley N° 7374 del 3/12/1993 se derogó el artículo antes citado y se trasladó a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva con la promesa en su artículo 9 que el Ministerio de Hacienda sería el responsable de financiar su costo.
Esto nos animó a buscar el “caso cero” en la década de 1980, así como sí había indicios del gusanillo “barrenador”, pero no había entonces redes sociales como ahora y las contradicciones de intereses en las altas élites no eran tan marcadas como ahora por la “institucionalidad” y los pocos derechos que aún quedaban a los trabajadores. En 1990, un artículo publicado por Fernando Marín Rojas, fundador de COOPESALUD, R.L., nos da un panorama de esta década, cuando nos ilustraba: “Para enfrentar los problemas mencionados de una manera integral se propuso, en 1986, el desarrollo de un plan piloto en la Clínica de Pavas, en el área metropolitana de la capital costarricense. Después de tres años de trabajo -donde se hicieron arduas negociaciones, se hicieron los estudios de factibilidad y se constituyó la empresa COOPESALUD R.L.-, el 30 de agosto de 1988, se inició el proyecto con los servicios del seguro social, y el 16 de febrero de 1989, el Ministerio de Salud también traspasó a la Cooperativa sus programas, logrando constituir un Sistema Local de Salud “totalmente integrado.”” [6] (Destacados no son del original).
La panacea para los costarricenses sin acceso a clínicas y hospitales privados se llamó “tercerización” del derecho a la salud. Pocos chistaron. (F. tomada de Facebook con fines ilustrativos).
Marín cita que, el objetivo era resolver una serie de problemas y críticas, entre ellos la dificultad para el acceso de los servicios, los largos tiempos de espera, mala calidad de los medicamentos, bajo rendimiento y altos costos de funcionamiento, entre otros. Para tal fin, la cooperativa quedaba autorizada a ofrecer diversos servicios de salud, principalmente preventivos, pero también del segundo nivel de atención.
Además, Fernando Marín nos da cifras monetarias que a la luz del artículo 6 de la Ley 5349 vigente antes de 1993, podían mandarse fondos del Seguro Social hacia el Ministerio de Salud, como gasto de éste hacia la CCSS. Marín reporta que “Para iniciar el proyecto, la Caja Costarricense de Seguro Social proporcionó una clínica nueva, con 4.750 m2 de construcción y 9.000 m2 de áreas verdes y parqueos, la cual estaba equipada en un 80%, aproximadamente. Todo con un costo cercano al millón y medio de dólares. La cooperativa pagó, por una sola vez, un alquiler simbólico de ¢2.000 (US$30).” [6]
Marín también informa: “Por la administración de la Clínica de Pavas, la C.C.S.S. paga, actualmente un monto anual de ¢2.600 (aproximadamente US$30) por cada asegurado residente en el área de salud. Dicha suma se negocia anualmente y es cancelada en cuotas mensuales. Por su parte, el Ministerio de Salud fijó un aporte mensual permanente de ¢1.375.000 (aproximadamente US$15.000), el cual solo ha honrado, hasta la fecha, en forma parcial.” [6].
Nadie habló entonces de “tercerización” de servicios del sector salud, iniciada por el PLN, como se probó anteriormente, y continuada por el PUSC, con el fin de trasladarle costos a la Caja, barrenarle sus ingresos, satisfacer exigencias de organismos financieros internacionales y promover el negocio de la salud privada.
Este humilde aporte podría ayudar a los fiscales para que en las pesquisas de pruebas que están haciendo, vayan anotando en sus bitácoras los daños ocasionados a los fondos de la CCSS y de los asegurados, en adición a los ¢12.500 millones que ya tienen anotados.
La historia ocurre dos veces, decía a mediados de 1800, un viejillo barbudo, odiado por quienes endiosaban el libre mercado y cascarrabias a todas luces, “la primera como tragedia y la segunda como farsa”.
SURCOS comparte esta invitación a firmar que fue enviada a nuestra redacción:
Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo en el marco de la investigación emprendida por la Fiscalía General de la República por el “caso Barrenador”, y hacemos un llamado urgente al respeto de la división de poderes y a la protección de los principios democráticos fundamentales consagrados en el artículo 9 constitucional.
El principio de independencia judicial se encuentra contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye uno de los pilares básicos del sistema democrático por lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado en numerosas ocasiones la obligación de los Estados de garantizar la autonomía del Poder Judicial y evitar interferencias indebidas por parte de otros poderes públicos o fácticos.
La reacción del Poder Ejecutivo ante la investigación de un eventual caso de corrupción, fomenta la violencia política y la polarización social, erosiona la confianza en las instituciones públicas y pone en riesgo la convivencia pacífica. De considerar el Poder Ejecutivo que las instancias judiciales han actuado de forma irregular, deberá acudir a presentar la respectiva denuncia para ser investigada mediante los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico.
En Centroamérica, hemos sido testigos de preocupantes retrocesos en la garantía de independencia judicial, iniciando este ciclo con la persecución de operadores de justicia -fiscales y jueces- que investigan y juzgan eventuales casos de corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares”.
Es crucial que los actores políticos y sociales asuman su responsabilidad dejando de lado las retóricas polarizantes y promuevan un ambiente de respeto entre los poderes públicos y un diálogo constructivo que permita avanzar en las metas de desarrollo del país.
Instamos a la población a monitorear y a defender activamente la independencia de sus instituciones, entendiendo que un Poder Judicial robusto, imparcial y libre de presiones es esencial para la protección efectiva de sus derechos. Las organizaciones firmantes reiteramos su compromiso con la defensa de la independencia judicial y de la autonomía de la fiscalía como piedra angular de la democracia.
El formulario se cierra el domingo 29 de setiembre del 2024 a las 11:59pm y es únicamente para organizaciones, debe firmar una persona como responsable de la organización (el nombre de la persona no se publicará solo el de la organización).
Semana Universitaria de Vinculación para el Desarrollo
Con una serie de actividades diversas, estas cinco instituciones exhibieron la colaboración que existe entre su comunidad científica y los sectores productivos para generar soluciones innovadoras
Semana Universitaria de Vinculación para el Desarrollo, del 23 al 27 de setiembre
Una semana completa para reflexionar y exponer las posibilidades que ofrecen las cinco universidades públicas culminó este viernes 27 de setiembre en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), situada en la Finca 2 de la Sede Rodrigo Facio. Esta se compuso de una serie de actividades que se realizaron en el marco de la Semana Universitaria de Vinculación para el Desarrollo, la cual inició el pasado lunes 23 de setiembre, y que contó con participantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Colombia, Mexico, Chile, Argentina, España y Costa Rica.
Este evento ofreció a las personas inscritas en los diferentes eventos un espacio para la reflexión sobre nuevos paradigmas en la investigación y la extensión universitaria, a fin de facilitar el desarrollo de mecanismos que unan esfuerzos en temas como innovación, emprendimiento y transferencia de conocimiento.
Dentro de las actividades destacaron el Intercambio de experiencias y la exhibición de proyectos del Programa Hélice UCR, una iniciativa que ha fortalecido el trabajo colaborativo entre la comunidad científica de la Universidad de Costa Rica (UCR) y diversos sectores productivos, auspiciada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) y la Universidad de Corea. Este programa genera condiciones necesarias para el desarrollo de emprendimientos basados en el conocimiento generado dentro de la Universidad
La sinergia de unir el potencial universitario con el emprendedurismo
Además, se presentaron 20 proyectos de la modalidad universidad – sector externo, de los cuales se han beneficiado 22 empresas a través de la participación de 81 personas investigadoras de la UCR. También se mostraron 18 proyectos bajo la modalidad de Spin-Off, los cuales han apoyado 18 iniciativas lideradas por estudiantes, personas investigadoras o externas a la Universidad, a partir de la propiedad intelectual desarrollada dentro de la institución.
Ambas actividades incluyeron exhibiciones de los proyectos y charlas diarias donde se compartieron las experiencias de la UCR en la implementación de estas modalidades desde su personal de investigación y el vínculo con el emprendedurismo.
Otro evento destacado fue el Segundo Encuentro Regional Centroamericano de Innovación, Emprendimiento y Transferencia de Conocimiento, cuyo objetivo fue promover la colaboración entre las universidades de la región para conformar una red que gestione la innovación y el emprendimiento. Este espacio permitió compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafíos en la vinculación con los sectores socioproductivos.
Asimismo, la semana incluyó el 11° Congreso Internacional de la Red Alcue: Universidad Empresa, que reunió a expertos de Latinoamérica especializados en la conexión entre universidades y sectores productivos. Un eje central de este congreso fue la bioeconomía, una disciplina que ofrece soluciones sostenibles para desafíos globales como el cambio climático y la escasez de alimentos.
La Semana Universitaria de Vinculación para el Desarrollo fue liderada por la Subcomisión NEXO Universidad-Sector Socioproductivo del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (Conare), en alianza con las cinco universidades públicas del país: la UCR, el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Nacional (UNA), junto con el Consejo Superior Universitario Centroamericano (Csuca), la Red Universidad-Empresa ALCUE, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udualc) y otros aliados estratégicos como la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación (Altec) y Koica
Nelson Brenes Mejía Periodista y productor audiovisual de la Vicerrectoría de Investigación, UCR
Pablo Mora Vargas Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Esta denuncia se basa en que por orden de Domingo Arguello, alcalde de la Municipalidad de Montes de Oca, no se dejó entrar a la sesión del Concejo Municipal donde se estaban discutiendo asuntos sobre el tope, esto según el guarda municipal.
Se estuvo esperando una hora fuera de la Municipalidad por el argumento dado, que no había espacio para ingresar a la sesión del Concejo Municipal, indicando que esto era por la realización de una condecoración de estudiantes, mientras que en realidad, estaban arriba personas a favor del tope. Al concluir el punto dejaron pasar junto a los estudiantes sin considerar que el aforo se había superado, evidenciando que buscaban silenciar, por órdenes políticas, la oposición a que se realice un tope en el cantón.
Se exige transparencia y comunicación con la consigna “No al tope en San Pedro de Montes de Oca”.
