Honduras: COVID-19 una apocalipsis premeditada
Este martes 23 de junio a las 6 p.m. por Facebook Live (OFUNSHI OBA KOSO) se hablará sobre el tema: «Honduras: COVID-19 una apocalipsis premeditada».
De la profundidad de mi alma mujer
El presente libro es una recopilación de experiencias y reflexiones que ha hecho la autora sobre lo vivido, de acuerdo con el propósito que tuvo su alma durante esta existencia: decir No a la violencia.
En él se narra la historia de violencia domestica que vivió la autora en carne propia desde su niñez y que la preparó y sensibilizo para poder luchar contra ella el resto de su vida.
Expone que si es posible vivir sin violencia y explica como lo ha logrado junto a su esposo e hijo, así como los conocimientos adquiridos, sus avances a nivel personal y espiritual.
Milena Barrientos Blanco es Licenciada en Planificación Social de la Universidad Nacional Costa Rica, ha dedicado toda su vida a la defensa de los Derechos Humanos, trabajando con la cooperación internacional en proyectos de desarrollo y protección de derechos, así como en instituciones estatales, como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres, defendiendo tanto los derechos de las mujeres como de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas LGTBI.
Mucho de su tiempo laboral lo dedico a proteger a las mujeres de la violencia de género y la violencia doméstica, capacitándolas y empoderándolas para que hicieran use de las herramientas legales disponibles a nivel nacional e internacional para su defensa y protección.
En este momento de su vida esta jubilada y dedica su tiempo a ser escritora para compartir sus vivencias y los conocimientos adquiridos en esta trayectoria como defensora de los derechos humanos.
Pueden hacer los pedidos al WhatsApp 8988 6595.
Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Complejo destaca papel histórico de universidades públicas
Ante los diversos cuestionamientos surgidos en contra de las universidades públicas-estatales
INDICA QUE
El tejido social acoge la diversidad de formas de vida y prácticas sociales, y su conformación ha sido una preocupación permanente de la humanidad. por cuanto se requiere de acuerdos y respeto mutuo, de manera que nadie sufra por falta del debido reconocimiento social. En virtud de ello, la pregunta por los modos como se preserva y fortalece dicho tejido social también ha sido una preocupación de instituciones públicas y privadas. Por supuesto, los logros han sido desiguales, y en tiempos alejados de la normalidad habida, nuestro tejido social se ha mostrado vulnerable, de lo que algunos sectores se aprovechan.
La sociedad que queremos resulta de una concertación de esfuerzos venidos de los personajes políticos, empresarios, líderes de diferente índole y por supuesto de la ciudadanía. Diatribas e informaciones malintencionadas contribuyen a generar animadversión y dificultar el debido funcionamiento de una sociedad en la que todos quepan equitativamente;
CONSIDERANDO QUE:
1.- Que las universidades pública-estatales han sido objeto de ataques públicos por la prensa y las redes sociales, y la información transmitida no se basa en un conocimiento del funcionamiento de dichas instituciones Por lo que, estos ataques contrastan profundamente con el papel que han tenido estas instituciones en la escena nacional.
2.- El protagonismo de las universidades públicas-estatales durante las últimas décadas de la historia de Costa Rica, en particular, las constituyen en claro mecanismo de movilidad social, para una creciente cantidad de ciudadanos y ciudadanas.
3.- La cada vez mayor y diversa oferta académica ha garantizado un creciente número de profesionales cada año, todos con alta empleabilidad y, por ende. ha contribuido al crecimiento de la vida económica del país.
4.- Los proyectos de acción social e investigación a través de los cuales las Universidades se han comprometido con el desarrollo, promoción y bienestar de la comunidad, particularmente de aquellos grupos o sectores sociales menos favorecidos.
5.- La confianza depositada por la mayoría de nuestros gobiernos, así como por la comunidad nacional para con la universidad pública-estatal. reconoce no solo una trayectoria sólida y humanística sino que, a su vez e implícitamente, el uso responsable de los recursos asignados.
6- Las universidades son instituciones públicas, de administración estatal, abiertas a todos y todas las personas interesadas, como también a todas las instancias gubernamentales pertinentes, para que conozcan desde dentro su funcionamiento y mostrar cómo llevan a cabo su gestión.
7.- El lugar que las universidades han puesto al país en la escena internacional a través de la tecnología, la ciencia, las letras y las humanidades. es de privilegio; por lo que. estas instituciones gozan de convenios de cooperación y movilidad en virtud de los cuales estudiantes, docentes y funcionarios logran llevar el quehacer a otras latitudes, así como aprender de otros modos de trabajo universitario. promoviendo visiones más cosmopolitas e integradoras.
MANIFIESTA:
1.- Su rotundo rechazo frente a aquellas críticas de las que han sido objeto las universidades públicas-estatales cuando se han fundado en razones incompletas, tendenciosas y desconocedoras de la gestión del trabajo universitario integralmente, de los modos como se recolectan e invierten los fondos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, del uso y mantenimiento de la infraestructura y de los procedimientos para la toma de decisiones y la proyección democrática y humanística.
2.- Apoyamos toda rendición de cuentas fruto de una actitud sincera y responsable, siempre y cuando se parta de un conocimiento derivado de datos evidentes, reales y adecuadamente interpretados, así como de reglamentos y procedimientos ampliamente conocidos; todo lo cual, acompañado de una exhaustiva documentación de manera que se tenga una clara imagen del papel de las universidades estatales-públicas.
3- La invalidez de cualquier crítica vaciada de parcialidad y que pierda de vista el contexto institucional e histórico en que se desarrollan las universidades públicas-estatales, dejando sospechosamente de lado incluso el universo de las educación superior privada, así como desconociendo los marcos constitucionales que la tutelan.
4- Nos sumamos a la institucionalidad que ha caracterizado la historia costarricense para canalizar todo desconocimiento del modus operandi de las universidades estatales-públicas y convertir el tema en un escenario didáctico; pues estamos seguros que estas instituciones, con un alto grado de transparencia y apertura, no presentarán ningún obstáculo ante el escrutinio ciudadano, pero el mismo debe pretender la justeza y partir de la buena fe.
5- Hacer una respetuosa excitativa a las diputadas y los diputados de Asamblea Legislativa, para que promuevan un ejercicio responsable del control político de su competencia, frente al importante e incuestionable papel histórico que han tenido las universidades públicas-estatales; para que con sus decisiones procuren garantizar su fortalecimiento, en beneficio de nuestras sociedad.
Acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Academia Costarricense de Filosofía y Pensamiento Complejo, a propuesta de varios de los asociados, a los 13 días del mes de junio de 2020.
| Dr. Eval Araya V., Presidente. | Lic. Emmanuel Campos, Tesorero. |
| M. Ph. Kattya Arroyo G., Vicepresidenta. | M. Ph. Randall Jiménez R., Vocal I. |
| Lic. Tobías Murillo P., Secretario. | Lic. Andrés Gallardo C., Vocal II. |
| Lic. Gerado Mora Burgos, Fiscal. | |
UCR: Estudiantado de la Sede del Pacífico señala su salud mental y situación socioeconómica como principales retos
Perciben que zonas costeras enfrentan un panorama más complejo en comparación con otras regiones del país
La difícil condición socioeconómica de las zonas costeras, la brecha digital que existe en muchos lugares de la provincia, y la inestabilidad emocional, son parte de los desafíos a los que se enfrenta la población estudiantil de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica.
Así lo señalaron estudiantes y funcionarios de esta sede universitaria, al Dr. Carlos Sandoval García, vicerrector de Vida Estudiantil, durante un encuentro que se llevó a cabo este martes 16 de junio.
A estos retos se les suman, el proceso de adaptación a la virtualización de la docencia, el acceso limitado a recursos tecnológicos y el no contar con las condiciones óptimas para continuar con sus estudios desde sus hogares.
LEA: Estudiantes de la Sede del Caribe plantean sus desafíos en medio del COVID-19 (18 de junio, 2020)
La discusión se realizó en el marco de una iniciativa del vicerrector, mediante la cual se pretende identificar, desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, las principales necesidades y desafíos que afronta la población estudiantil de todas las sedes universitarias, a raíz de las consecuencias generadas por la pandemia.
Una situación socioeconómica difícil
En materia de empleo y otras fuentes de ingresos familiares, varios de los estudiantes que participaron del encuentro, manifestaron que las zonas costeras enfrentan un panorama más complejo en comparación con otras regiones del país.
Al respecto, la estudiante Juanita Calderón explicó que, muchos compañeros y compañeras de la sede le han comentado que las situaciones familiares que enfrentan son muy difíciles “porque va desde no tener las condiciones de estudio en sus hogares, situaciones de criminalidad en los barrios, hasta estudiantes que quedaron solos, aislados y lejos de sus familias por la pandemia”.
Asimismo, la Licda. Dinorah Salas Ruiz, encargada de la Oficina de Trabajo Social de la Sede manifestó que han estado atendiendo estudiantes que solicitan ayudas especiales de la universidad, debido a que ellos y ellas solventan muchas de las necesidades básicas de sus familias con la beca.
“Antes de la pandemia la situación ya era compleja aquí, el turismo generaba ingreso importante en muchos de los grupos familiares, y ahora con esta pandemia muchos negocios y actividades se cerraron o están con poca afluencia, y la afectación económica es bastante importante” añadió Salas.
Por su parte, la MPA. Martha Lugo, encargada de la Oficina de Orientación de la Sede aseguró que han atendido situaciones de estudiantes que antes de la pandemia no contaban con beca socioeconómica, pero que, a raíz de esta situación, su condición económica familiar cambió y ahora sí necesitan de la ayuda de la Universidad.
En este sentido, la MATI. Wendy Vargas Hernández, coordinadora de Vida Estudiantil de la Sede del Pacífico afirmó que hay situaciones particulares de estudiantes que no pueden realizar actividades académicas de forma virtual porque tienen que trabajar para apoyar a sus familias económicamente, que tienen que pedir Internet o computadoras prestadas para poder estudiar, o que tienen que trasladarse porque la señal no les llega hasta sus casas.
“Uno quisiera poder hacer más por los y las estudiantes, pero estamos atados de manos ya que tenemos poco personal, y uno desea apoyarlos más porque uno sabe que son personas que se esfuerzan por ser profesionales, por tener una carrera y sacar adelante a toda su familia” expresó Vargas.
Salud mental de la población estudiantil
En materia de Salud Mental, tanto estudiantes como funcionarios de la Sede del Pacífico coinciden en que la incertidumbre, la ansiedad, los problemas económicos y familiares, así como la gran cantidad de trabajos y de carga académica son algunos de los factores que afectan su salud emocional.
En este punto, la MSP. Peggy Morales Sequeira, encargada de Psicología de la Sede, manifestó que ha estado atendiendo de manera remota a los y las estudiantes, y que, a través de esta experiencia, ha podido detectar las situaciones de extrema pobreza, los problemas de conectividad, y las condiciones en las que viven muchos estudiantes.
“Muchos de esos hogares no cuentan con las condiciones óptimas para estudiar, son casitas sencillas, humildes, sin espacios que se puedan dedicar al estudio, aunado a que muchas de estas familias han perdido sus fuentes de ingreso, y esto ha provocado situaciones familiares y de salud mental en los estudiantes” dijo Morales.
Asimismo, explicó que el servicio tiene muchísima demanda, y que para subsanar el faltante de recurso humano en Psicología se ha implementado un modelo de atención centrado en acompañamiento, búsqueda de soluciones, en el cual se trabajan sesiones individuales y grupales, de intervención familiar y curricular.
Añadió que hay casos de situaciones de ansiedad, situaciones psiquiátricas, de situaciones familiares complejas, entre otros.
Al respecto, la encargada de Trabajo Social señaló que la Sede está implementando un plan de trabajo sobre el tema de salud mental, al cual se le están haciendo los ajustes para realizar las acciones de manera virtual.
Acceso a la tecnología y la conectividad
La situación de acceso a la tecnología y a la conectividad de los y las estudiantes de la Sede del Pacífico también es compleja, ya que gran parte de ellos no cuentan con los recursos para continuar con sus estudios de manera virtual.
Por esta razón, las iniciativas de la UCR para apoyar a la población estudiantil con el préstamo de equipo de cómputo y tabletas han sido bien recibidas por los y las estudiantes de esta sede.
Sin embargo, aunque la institución y la sede han hecho grandes esfuerzos en materia de préstamo de equipo, la población estudiantil considera que hay otras necesidades que deben solventarse.
Por ejemplo, la estudiante Elena Hernández, presidenta de la Asociación de Estudiantes de la sede manifestó que la población estudiantil tiene como reto no solo la falta de recurso tecnológico sino también el no contar con espacio o con las condiciones adecuadas para estudiar en la casa.
Además, indicó que las computadoras que ha prestado la sede no cuentan con los programas informáticos específicos que se requieren dependiendo de la carrera o área de estudio.
Por su parte, la estudiante Juanita Calderón manifestó que el nivel de incertidumbre y frustración de la población estudiantil se amplía por factores como no poder salir, estar alejado de la familia, tener mala conectividad y tener que seguir con la carga académica. Y que en su caso la estresó mucho no tener equipo tecnológico para seguir con los cursos y luego tener que acelerar el ritmo para ponerse al día con la materia.
Acompañamiento al estudiantado
Al final del conversatorio, el vicerrector agradeció a los participantes por sus intervenciones y explicó que toda la información será utilizada para el proceso de toma de decisiones y mejora de las condiciones del estudiantado para el II ciclo lectivo del 2020.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica – para firmar
La Asamblea Legislativa de Costa Rica votará el próximo martes 23 de junio los informes de la Comisión que estudio el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El informe de mayoría que se debatirá en el plenario evidencia una visión economicista sobre el desarrollo y el bienestar, además de reproducir estereotipos sobre las universidades públicas.
Costa Rica es una nación que apuesta por la educación, que sabe que el conocimiento es esperanza, y aunque es urgente y necesaria la crítica y evaluación sobre aspectos diversos de la gestión de la educación superior, no se debe permitir el aval de un documento que no considera o interpreta de manera parcial y sesgada las fuentes de información a las que tuvo acceso como comparecencias, documentos oficiales y los Informes de la OCDE 2017 y el Estado de la Educación 2019. El estudio de esos documentos evidencia que de dichas fuentes se pueden extraer conclusiones muy diferentes a las del Dictamen de mayoría.
El claro énfasis dado a las debilidades puntuales de las universidades públicas lo hace desconocer sus mucho más numerosas fortalezas, lo que implica, por ejemplo, omitir del todo el desarrollo e impacto social, económico y científico que las carreras STEM y la investigación que en esos campos tiene en la Universidad de Costa Rica, que la sola lectura del dictamen deja la impresión de ser inexistentes. Nada más fuera de la realidad.
Varias de las conclusiones del informe de mayoría son de recibo, y la Universidad de Costa Rica reconoce que debe reconocer que urge la puesta en marcha de medidas de fondo en temas como salarios, equilibrio financiero a largo plazo y regionalización.
Para firmar:
Por una visión sin estereotipos de las Universidades Públicas de Costa Rica
Migraciones en Costa Rica – mitos vs realidad
En el contexto #COVID-19 muchas personas han querido responsabilizar directamente a las poblaciones migrantes como responsables importantes de los contagios en los últimos meses. Lo cierto es que, el estigma que se tiene a las personas inmigrantes, mayoritariamente nicaragüenses, carga con muchos mitos que es necesario corregir si queremos una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de los DDHH.
Para una revisión de reflexiones y notas sobre este tema le recomendamos seguir estos dos enlaces de SURCOS:
En defensa de la CCSS y el bono Proteger – para firmar en línea
Compartimos un enlace para firmar en línea un pronunciamiento en defensa de la CCSS y el bono Proteger.
El documento señala:
Pronunciamiento sobre el bono Proteger, la CCSS y el presupuesto extraordinario
Quienes firmamos este pronunciamiento, ciudadanas y ciudadanos costarricenses, con profunda preocupación por el archivo que se ha hecho del Presupuesto Extraordinario que fuera remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, y que procuraba allegar fondos indispensables para financiar el programa “Bonos Proteger” y a la Caja Costarricense de Seguro Social, en el contexto de la delicada situación por la que atraviesan las personas y las instituciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, con respeto pero a la vez con firmeza, manifestamos:
- La propuesta para financiar los “Bonos Proteger” pretendía aportar 75 mil millones de colones para destinarlos a personas trabajadoras que se han quedado sin empleo, han sido suspendidas, o han visto reducidas sus jornadas laborales. Al día de hoy, el Estado no tiene cómo financiar esos faltantes y no ha podido otorgar esta ayuda a cerca de 200 mil personas.
- Otra de las partidas que preveía este presupuesto extraordinario, se refiere a 33 mil millones de colones destinados a paliar las pérdidas de la Caja Costarricense del Seguro Social, en momentos en que esta institución enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, y en vista de que sus ingresos se han visto seriamente disminuidos precisamente en razón de la crítica situación sanitaria por la que pasa nuestro país y el mundo entero.
- Tampoco puede dejar de señalarse que en el mismo plan presupuestario extraordinario, se incluyen 62 mil millones de recorte de gastos al Gobierno Central.
- Hasta ahora, las razones que se han hecho públicas del por qué una considerable mayoría de la Asamblea Legislativa (39 diputadas y diputados de oposición), han decidido rechazar la propuesta y archivar el expediente legislativo, han sido omitidas o muy escuetamente expresadas. De manera que el país desconoce las verdaderas causas del rechazo que se está consumando.
- En circunstancias críticas como las que atravesamos, programas como el de “Bono Proteger” resultan fundamentales, precisamente para impedir que el hambre ataque a cientos de miles de seres humanos y que, de paso, se eviten los estallidos sociales que esta situación extrema conlleva. Por ello, resulta insensato oponerse a su ejecución en vista de que “no parecen suficientes los recortes en gasto público” o se crean necesarias “nuevas propuestas presupuestarias” o “negociaciones políticas” para llegar a acuerdos.
- Respetuosamente instamos a las señoras y señores diputados, en vista de que las necesidades elementales de la ciudadanía no pueden esperar, que se deponga todo tipo de intereses personales o partidarios, o en el peor de los casos cálculos electorales evidentemente contraproducentes, para privilegiar el interés y la dignidad de las personas, la urgencia de atender sus requerimientos y la importancia de sacar adelante el país entre todas y todos.
Las firmas que respaldan el pronunciamiento, el cual usted puede firmar aquí, son las siguientes:
- Alianza por una Vida Digna
- Mario Devandas Brenes, cédula 1342692. Economista.
- Walter Antillón Montealegre, cédula 1221295. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
- Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 1-928-731. Abogada y defensora de derechos humanos.
- Rafael López Alfaro, cédula 401490119. Movimiento Humanista.
- Erika Henchoz Castro, cédula 105700927. Periodista.
- Marcela Martino Aguilar, cédula 110220014. Defensora de Derechos Humanos.
- Antonieta Fernández Quirós, cédula: 30229017. Abogada, Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
- Vínyela Devandas Brenes, cédula 103940034. Profesora pensionada Magisterio Nacional.
- Adriano Corrales Arias, cédula número 2332689. Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
- Ricardo Solano Madrigal, cédula 700481458. Secretario General Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la CCSS.
- Manuel Enrique Delgado Cascante, cédula 401030846. Periodista jubilado.
- Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485. Investigador del Centro de investigación Antropológicas CIAN, UCR.
- Mauricio Zeledón Leal, cédula 105690067. Partido Humanista.
- María Elena López Núñez, cedula 103410135. Médica Salubrista.
- Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006. Profesor emérito Universidad Nacional.
- Jaime Ordóñez Chacón, cédula 105370458. Director Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y catedrático UCR.
- Roxana Morales Ramos, cédula 111670990. Economista.
- Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636. Catedrático Universidad de Costa Rica y exministro de Agricultura y Ganadería.
- Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815. Catedrático Universidad de Costa Rica.
- José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499. Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
- Oscar Jara Holiday, cédula 800780568. Sociólogo y educador popular.
- José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073. Exmagistrado y Catedrático Universidad de Costa Rica.
- Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373. Economista, Director CICDE-UNED.
- Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499. Profesora Universidad de Costa Rica.
- Eva Carazo Vargas, cédula 108930621. Investigadora y activista social ecofeminista.
- Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856. Periodista, profesor UCR, director de SURCOS Digital.
- Dayana Ureña Solís, cédula 205900549. Docente.
- Ricardo Araya Montero, cédula 2259881. Jubilado por la CCSS.
- Ana Lorena Cartín Leiva, cédula 900490969. Pensionada por la CCSS.
- Casilda Sancho Barrantes, cédula 2241142. Educadora popular. Jubilada.
- Flora Fernández Amón, cédula 105230903. Empresaria, integrante Costa Rica Solidaria.
- Elena Fournier Solano, cédula 1388971. Presidenta Asociación Conservacionista YISKI, Extensionista UNED.
- Irene Ávalos Monge, cédula 105130558. Ingeniera Industrial, Concejal del Distrito de Sabanilla de Montes de Oca, Vicepresidenta del Concejo de Distrito.
- Marco Aguilar Badilla, cédula 107740694. Médico Psiquiatra CCSS.
- Carlos Aguilar Herrera, cédula 102950249. Empresario.
- Gerardina Badilla Vargas, cédula 103260178. Ama de casa.
- Dionisio Cabal Antillón, cédula 104250831. Músico y escritor.
- Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510. Jubilada UNA.
- Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538. Catedrático pensionado de Universidad Nacional, escultor.
- Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692. Profesora jubilada UCR.
- Jaime Delgado Rojas, cédula 400960395. Profesor universitario jubilado.
- Álvaro Fernández González, cédula 104330981. Profesor jubilado, Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, Sabanilla de Montes de Oca.
- Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085. Catedrático Universidad de Costa Rica.
- German Masís Morales, cédula 3 225625. Profesor jubilado de la Universidad Nacional.
- Carlos Campos Rojas, cédula 1605202. Sociólogo, Coordinador Nacional Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros.
- Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403. Comunicador Social jubilado.
- Juan Carlos Durán Castro, cédula 106690465. Dirigente sindical CCSS Hospital San Juan de Dios.
- Ana María Trejos Trejos, cédula 104470409. Ciudadana.
- Eddson Gómez Chavarría, cédula 402320039. Consultor en Comunicación Social.
- Jazmín Melania Arias Rodríguez, cédula 114720740. Socióloga, Instituto Clodomiro Picado, UCR.
- Marjorie Jiménez Castro, cédula 502440652, Profesora UCR.
- Mario Solera Salas, cédula 105310339. Músico, Profesor pensionado UCR.
- Miguel Ángel Araya Picado, cédula 203090462. Profesor Educación Física CNR ANDE, Asociación de Desarrollo Integral Bajo Arias Calle Orlich, Asociación Agroturística Bajo la Paz.
- Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493. Luchadora Comunal, promotora política, actriz empírica y técnica en el arte de la payasería.
- Nardo Vanegas, cédula 800500053. Ciudadano.
- María del Milagro Solís Aguilar, cédula 206970566. Consultora independiente, vecina de Montufar, La Unión, Cartago.
- Eva Montero Solís, cédula 116800240. Estudiante, Mitigar, La Unión Cartago.
- Ma José Monterroso Solís, cédula 115320014. Gestora en Recursos Naturales, Montufar La Unión, Cartago.
- Ernesto Monterroso Solís, cédula 117740541. Estudiante, Montufar La Unión, Cartago.
- Miguel Sobrado Chaves, cédula 102940994. Pensionado UNA.
- Luis Muñoz Varela, cédula 203220588. Comunidad de Calle Las Juntas, Ángeles Sur de San Ramón de Alajuela.
- Sindy Mora Solano, cédula 1-1051-0573. Investigadora y profesora UCR-UNA.
- Daniel Camacho Monge, cédula 102720032. Profesor Emérito de la Universidad de Costa Rica.
- Isabel Ducca D., cédula 105640060. Alianza por una Vida Digna.
- Roberto Fragomeno Castro, cédula 801370052. Profesor de la Escuela de Filosofía de la UCR.
- Carlos Alberto Hernández Porras, cédula 104630666. Asesor economía solidaria, Organización Red Economía Social Solidaria, RedESS / COKOMAL.
- Flavia José Mora Cubero, cédula 2 0536 0772. Docente de Artes Industriales, MEP; grupos comunales: APP Justicia Tributaria, Movimiento Justicia y Libertad.
- Luis Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540. Asesor Legislativo.
- Juan Ignacio Palma Guzmán, cédula 110580820. Psicólogo desempleado.
- Bernardo Jaén Hernández, cédula 501580141. Médico Veterinario.
- Leda Méndez Arias, cédula 103770884. Abogada jubilada.
- Lía Teresa Vargas C., cédula 103670905. Administradora de Negocios.
- Carlos Luis Chacón Salas, cédula 202140725. Pensionado y taxista.
- Nora Garita Bonilla, cédula 103820064. Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
- Rafael Barrantes Bonilla, cédula 700480771. Técnico Eléctrico, pensionado.
- Álvaro Vega Sánchez, cédula 22841409. Sociólogo.
- Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula: 10360070. Profesora Emérita UCR.
- Carmen Brenes Sáenz, cédula 1343289. Profesional, pensionada, presidenta de ABISO, Organización Ambientalista en Goicoechea, San José.
- Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010. Presidenta de CEFEMINA (Centro Feminista de Información y Acción).
- Ana Leonor Ramírez Montes, cédula, 104830426, psicóloga social.
- Marta Rojas Porras, cédula 103870924. Catedrática de UCR pensionada.
- Oscar Héctor Leiva Cerrato, cédula 8-0094-0463. Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
- Ana Lolita Castillo Murillo, cédula 1678682. Ciudadana.
- Alicia Hernández Rojas, cédula 1-405 -805. Ciudadana.
- Luis Bernardo Villalobos Solano, cédula 104290837. Médico salubrista. ex Decano de la Facultad de Medicina, Universidad de Costa Rica.
- Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652. Economista.
- Milena Barrientos Blanco, cédula 104840489. Jubilada, vecina de Río Grande de Paquera.
- Denis Omar Cálix.C., Res. 134000130711. Planificador Económico Social. miembro de ACODEHU.
- Bernarda Rivas Madrigal, cédula 105490673. Trabajadora Social, integrante de ACODEHU.
- Enid Cruz Ramírez, cédula 303180599. Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo.
- Jáirol Núñez Moya, cédula: 6-0311-0623. Profesor asociado, Universidad de Costa Rica.
- Tatiana Herrera Ávila, cédula 108850940, Docente UCR.
- Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482. Jubilada UCR.
- Patricia Salgado Muñoz, cédula 1-0418-0050. Antropóloga, jubilada.
- Alejandra Cartín Leiva, cédula 105720619. Psicóloga.
- Yamileth González García, cédula 202460555. Jubilada, profesora emérita UCR.
- Macarena Barahona Riera, cédula 105260207. Catedrática UCR.
- Carolina Somarribas Dormond, cédula 1-1110-0145. UNED-PGL.
- Guillermo Fernández Arias, cédula 103690223. Pensionado del INEC.
- Maritza Marín Herrera, cédula 107590200. Docente, Universidad de Costa Rica.
- Sandra Salazar Vindas, cédula 204150213. Comunicadora social.
- Marcedonio Zúñiga Arias, cédula 900730394. Ciudadano.
- Adriana Laclé Murray, cédula 103820809. Médico, especialista medicina interna, pensionada de la CCSS y actualmente miembro de la Junta de Salud de Montes de Oca.
- Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593. Psicóloga/Pedagoga. Jubilada.
- Vera V Sancho Mora, cédula 104111454. Colectivo Mujeres por Costa Rica.
- Mainier Barboza Soto, cédula 202790037. Movimiento Patriótico por Costa Rica. Teólogo, licenciado en docencia.
- María Trejos Montero, cédula 106890938. Activista de Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.
- Laura Vargas, cédula 104340593. Socióloga – educadora popular.
- Blanca Durán, cédula 8057296. Trabajadora Social pensionada.
- Efraín Valverde Moreno, cédula 104680015. Secretaría de Proyectos, Cultura para Todos, Asociación de Desarrollo Integral de Agua Buena.
- Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166. Trabajadora social, San Ramón.
- Mauricio Gutiérrez Arguedas, cédula 112220457. Profesor, Escuela de Química, UCR.
- Organización Política Carmen Lyra.
- Yamilette Fontana Coto,cédula 104410669. Coordinación del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS).
- María Del Milagro Solís Aguilar, cédula 16970567. Consultora. Vecina de La Unión, Cartago
- Lilliam Zamora Estrada, cédula 301770293. Profesora pensionada.
- Saray Córdoba González, cédula 1438311. Profesora pensionada Universidad de Costa Rica.
- Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
Para apoyar este pronunciamiento siga este enlace:
https://bit.ly/FirmaProtegerCCSS
Imagen: TEC
¿Quién paga la salud de las personas migrantes?
Jenyel Contreras Guzmán*
El pasado 11 de junio el Gobierno de Costa Rica dio a conocer que en conjunto con el apoyo de los distintos cuerpos del Sistema de las Naciones Unidas estableció un acuerdo de cooperación conjunta para el desarrollo de un Plan Sanitario para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país, el cual consta de tres fases:
- Consistió en una dotación financiera de 200 millones de colones enfocada en la asesoría técnica, insumos, equipos y producción de material de comunicación y abogacía para diferentes poblaciones, en la primera fase de contención de la pandemia.
- Consistirá en la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la dotación de personal y medicamentos para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país. Así como la identificación de más recursos financieros para la ejecución de esta fase.
- Consistirá en la participación de Médicos sin Fronteras y Cruz Roja Internacional para la atención del covid-19 en la Zona Norte del país.
Durante el 2019, el país estableció un Convenio de Cooperación (Convenio ACNUR-CCSS, que entró a regir el 1° de enero de 2020) con el Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mediante el cual dicha organización dotó de recursos financieros (1.8 millones de dólares) para asegurar temporalmente a 6.000 personas refugiadas y solicitantes de refugio, en condiciones de extrema vulnerabilidad. El monto de la cuota del beneficio que ha asumido ACNUR para cada persona asegurada se calculó sobre la base 350.000 colones, y mediante la figura de seguro voluntario.
Desde el año 2011, y a partir de la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) Costa Rica dispone del Fondo Social Migratorio. El origen de estos fondos procede de acuerdo con el artículo 33 de dicha ley, del importe de un monto adicional al coste del proceso de regularización migratoria de veinticinco dólares (US$25,00) a las personas extranjeras en el momento en que se otorgue su regularización migratoria, así como cada vez que se dé su renovación de permanencia en el país. Es decir, es un fondo que alimentan permanentemente las personas migrantes. El artículo 242 de esta misma ley establece los sectores beneficiarios de los fondos y su distribución en la siguiente proporción: 40% para Migración, 20% para Educación; 25% para Salud; 5% Desarrollo comunal; 5% para Seguridad y prevención; y 5% para Adaptación Social.
Asimismo, “de acuerdo con los datos oficiales de la CCSS la demanda nacional de servicios de salud por parte de la población migrante nicaragüense no sobrepasa el 6% dependiendo del servicio médico, e incluso en las zonas fronterizas, la incidencia de las personas migrantes en los servicios de la CCSS es proporcional a su incidencia a nivel nacional” (Voorend, 2017) a la vez que los datos empíricos contradicen la idea de que las personas nicaragüenses acuden a los servicios de la CCSS sin contar con seguro médico, lo cierto es que “ en el seguro directo contributivo (como persona asalariado o voluntario) las personas nicaragüenses (37%) aportan más que las costarricenses (31%)” según los datos del Censo Nacional de 2011.
Las investigaciones científicas sobre migración laboral en Costa Rica tienen 30 años denunciando las condiciones de explotación, informalidad laboral y exclusión social que sufren personas migrantes, particularmente las nicaragüenses, en actividades relacionadas a las labores domésticas, la agricultura de monocultivos y la construcción. Estos dos últimos sectores han sido considerados a nivel nacional e internacional, como “sectores esenciales” para la reactivación económica de los países postpandemia. Tan solo el gremio cafetalero costarricense durante las últimas décadas ha dispuesto de 70.000 personas migrantes (nicaragüenses e indígenas ngäbes) para llevar a cabo la siembra y cosecha de sus ganancias.
Por su parte, la Ley General de Migración y Extranjería (N°. 8764) establece en su artículo N°. 177 multas a aquellas personas físicas o representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas que contraten personas en condición migratoria irregular en el país. No obstante, desde mayo de 2012 se han establecido prorrogas vía Decretos Ejecutivos (37112-GOB, 37990-G, 38541 GOB-MTSS-MAG, 41429-MGP-MTSS-MAG, 41719-MGP-MTSS-MAG, y 41908-MGP-MTSS-MAG) que establecen disposiciones transitorias la prohibición del cobro de dichas multas.
Finalmente, un análisis integral de la afectación de los servicios de salud nacional por parte de las personas migrantes implica reconocer también sus aportes (12% del PIB de acuerdo con el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2018), así como sentar las responsabilidades en quienes han contratado en condiciones de informalidad y explotación laboral a personas migrantes irregulares para la obtención de sus ganancias, dificultándoles y perpetuando condiciones de vida inhumanas, así como su no acceso regular a los servicios de salud.
* Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo por la Universidad de Costa Rica (UCR). Docente en la Escuela de Sociología de la UCR, investigadora y evaluadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Compartido con SURCOS por la autora.
UCR: cantón de Talamanca trabaja por la prevención del suicidio en personas jóvenes
TCU promueve la salud mental comunitaria por medio del fortalecimiento de vínculos sociales
La población de Talamanca ha presentado en los últimos años uno de los índices de intentos y suicidios concretados más altos del país. En el año 2014 las cifras revelaron 47 intentos de suicidio, de los que se concretaron 12, la mayoría en adolescentes entre los 12 y los 14 años.
El Consejo Municipal de Talamanca se declaró, en setiembre del 2014, en Emergencia Cantonal y realizó a su vez, un llamado a distintos actores institucionales a lo largo del país, para que se interesaran y brindaran apoyo y orientación para enfrentar esta problemática. Como respuesta a esta situación, desde la Universidad de Costa Rica (UCR) surge el Trabajo Comunal Universitario (TCU) Salud mental comunitaria: prevención del suicidio en personas jóvenes del cantón de Talamanca (TC-709).
Este TCU trabaja por promover un abordaje en salud mental comunitaria para el fortalecimiento del vínculo y el lazo social como estrategia preventiva ante el suicidio. Desde esta iniciativa se propone un enfoque preventivo del suicidio en la población joven, priorizando la construcción de prácticas humanizadoras que permitan el encuentro, la construcción de subjetividad e intersubjetividad y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.
“Este es un proyecto que consiste en abrir espacios para la escucha dentro de las comunidades que históricamente se han visto afectadas por intentos o suicidios consumados en personas jóvenes en lo que es el cantón de Talamanca. Sabemos que el suicidio de personas jóvenes se relaciona muchísimo con la falta de oportunidades en el estudio, en lo laboral, para tener una voz y para ser escuchados por las personas adultas y también por un sistema que da pocas oportunidades para que estas personas jóvenes surjan”, comentó Damián Herrera González, coordinador del proyecto.
Las condiciones de pobreza, violencia y abandono social que caracterizan a gran parte de la población joven del cantón hace que los esfuerzos por generar espacios de expresión e interacción sean fundamentales. El abordaje interdisciplinar para promover la salud mental comunitaria ha dado grandes resultados en áreas como la expresión, el desarrollo de herramientas emocionales y sociales, así como la construcción de proyectos de vida.
El TCU ha trabajado de la mano de otras instituciones como FUNDAMENTES en la que, por medio de su proyecto de Casitas de Escucha gran cantidad de jóvenes han encontrado un lugar en el que pueden desarrollar sus capacidades artísticas, conocer nuevas personas y hablar sobre las problemáticas que les afectan.
“Yo creo que lo principal en este proyecto es la apertura de espacios que le den voz a los y las jóvenes y que de espacio a la creatividad y capacidad de creación. Aquí hemos hecho vídeos, canciones y obras de teatro que lo que hacen es abordar temas de preocupación para su edad y su comunidad y buscar soluciones dentro de estos espacios artísticos”, expresó Herrera.
Los esfuerzos conjuntos han permitido empezar la construcción de puentes y espacios seguros para las personas jóvenes y recalcar la importancia de la salud mental comunitaria. Cada día hay más jóvenes que se unen a las actividades y se espera que los resultados de estos esfuerzos sean visibles en los próximos años.
“Yo me siento muy especial aquí porque me entienden, porque me relaja de todos mis problemas. Yo aquí he aprendido muchas cosas sobre liberar mi mente y expresar lo que siento”, expresó Frachela Hawkins Castro, participante del TCU y las Casitas de Escucha.
Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)
UCR: población penal juvenil se prepara para la reinserción social
Proyecto de Acción Social brinda acompañamiento para el egreso de población penal juvenil
Salir del Canazo es un proyecto de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) orientado a desarrollar procesos de acompañamiento de egreso de población penal juvenil, con el fin de detectar necesidades y aportar respuestas en torno a casos específicos, para fortalecer las condiciones personales y sociales de cara a la desinstitucionalización penitenciaria y a la incorporación a la vida familiar y comunitaria.
“Este es un proyecto de Acción Social que acompaña directamente a los muchachos y a sus familias, sobre todo a las mamás que son el recurso prioritario y más fuerte que tienen en el proceso en el que están”, expresó Sergio Salazar Araya, coordinador del proyecto.
Según el más reciente informe sobre justicia en Costa Rica, elaborado por el Programa Estado de la Nación, “la población carcelaria por 100.000 habitantes se incrementó en un 60% en la última década”, lo cual ha implicado un esfuerzo reciente pero importante por disminuir los niveles de encarcelamiento y aplicar medidas alternativas a la privación de libertad, por lo que el acompañamiento para la reinserción social se convierte en un tema fundamental.
“El proyecto de egreso, en colaboración con la UCR, ha sido fundamental porque hablamos de un tema de reinserción social y la reinserción social no puede ser sólo una tarea del Ministerio de Justicia y Paz, sino que tiene que llevar una serie de componentes y actores sociales que se involucren para que sea efectivo y real”, comentó María Fernanda Mora Calvo, trabajadora social del Centro Penitenciario La Reforma.
Esta iniciativa promueve que los sujetos se hagan conscientes de su realidad, entiendan y elaboren nuevas formas para actuar en ella y que esto, a su vez, les posibilite transformarla. Además, busca brindar acompañamiento a las familias, las cuales se ven gravemente afectadas y pocas veces son tomadas en cuenta por los procesos institucionales.
“Mi hijo entró al sistema penitenciario a los 14 años y fue demasiado duro para mí porque yo estaba embarazada y así iba a verlo, yo nunca lo abandoné. Siempre estuve con él, estoy con él y estaré con él. Para mí, la UCR ha sido mi familia en este país y les agradezco de todo corazón porque nunca había tenido la oportunidad de que alguien me llamara y me preguntara cómo estoy o cómo me siento, expresó “Carmen”, madre de uno de los jóvenes egresados del centro penitenciario La Reforma.
A pesar de que existen normativas que explícitamente regulan la intervención institucional del sistema penitenciario posterior al egreso de la población que ha estado privada de libertad, lo que busca este proyecto es generar procesos de realimentación y reflexión que permitan elaborar un modelo adecuado y pertinente a la realidad personal.
Los procesos de egreso están atravesados por temas como violencia doméstica, drogadicción, callejización, narcotráfico y redes delictivas que muchas veces condicionan las posibilidades de las personas privadas de libertad para poder hacer una vida que no tenga que ver con la actividad delictiva. Es necesario romper también con los imaginarios clasistas, racistas, xenofóbicos y estigmatizantes en torno a esta población y ofrecer herramientas para evitar la reincidencia.
“Estoy vivo, pero estoy muerto en vida. Tengo a mi hija, pero no la tengo, tengo a mi familia, pero no la tengo, estoy a un paso de salir a la calle, pero el egreso me tiene con ansiedad porque no sé que voy a hacer cuando salga o cómo está la calle, pero mi mentalidad es de salir y buscar un trabajo, ser una persona diferente y cambiar, comentó “Daniel”, residente de La Reforma.
El egreso es distinto para cada persona, así como las herramientas que poseen para enfrentarse a sus nuevas realidades. Salir del Canazo busca dar respuestas a los casos específicos y brindar una mano a quienes muchas veces creen no tener ninguna. Por ejemplo, “Jeison” es un joven egresado del sistema penitenciario y fue deportado a su país de nacimiento a pesar de que nunca había vivido ahí. Él, además de enfrentarse al proceso de reinserción social, tuvo que aprender a vivir en un sitio desconocido y sin sus redes de apoyo.
“Esto ha sido una prueba muy difícil, he sufrido mucho por haber sido privado de libertad y después por la deportación. El empezar una vida nueva en un país extraño donde nunca había estado. Para nosotros los jóvenes o personas que hemos estado privados de libertad, el contar con ustedes, que lleguen y nos apoyen, que nos suban el autoestima, es algo por lo que tengo que agradecer mucho a ustedes y a la UCR por el proyecto”, comentó.
Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)