En la última semana, en la medida que los países europeos levantan gradualmente las cuarentenas, las ciudadanías realizan manifestaciones de protesta contra las medidas impuestas por los gobiernos.
En Madrid, Zaragoza y otras ciudades de España, las y los ciudadanos han recuperado las calles, protestando contra la gestión de la crisis por el gobierno de coalición y exigen la destitución del número 1 del PSOE.
En varias ciudades de Suiza, entre ellas Basilea, Berna, Zurich, la ciudadanía manifestó su descontento contra tanta medida que ha limitado desproporcionadamente las libertades fundamentales.
En varias ciudades de Alemania, Sttugart, Múnich, Francfort se produjeron enfrentamientos con los cuerpos de policía y fueron detenidas cientos de personas.
Los trabajadores de hostelería protagonizaron protestas en Roma.
Las personas manifestaron su inconformidad con la gestión política y autoritaria de la crisis y reivindicaron sus libertades fundamentales de reunión, manifestación pública y protesta social.
En la “Suiza centroamericana”, en las tradicionales y asépticas conferencias de prensa, se ha publicitado un conjunto de medidas de regreso paulatino y escalonado a la actividad productiva, comercial e institucional.
La vuelta a nuestra normalidad, por lo visto, seguirá siendo igual, al mejor estilo del dejar hacer, dejar pasar.
Da lo mismo que más de 200.000 personas hayan perdido su empleo, sin que -a diferencia de otros países- se hayan contenido los despidos individuales o colectivos.
Da lo mismo que a más de 55.000 trabajadores se le hayan suspendido los contratos de trabajo, o que a más de 126.000 se les haya reducido sus jornadas, con la consecuente reducción proporcional hasta el 75% de sus salarios.
Da lo mismo que el sector agropecuario prácticamente haya sido confinado al abandono.
Tenemos no solo un sistema sanitario muy consolidado, por dicha, sino, además, una democracia muy robusta, inmune al Covid-19.
Nos decía el recién partido, tan solo hace dos días, pero no desaparecido, Julio Anguita:
“No me da miedo el ruido del poder. Me da miedo el silencio del pueblo.”
La Secretaría de Seguridad Social de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum envió a SURCOS el siguiente comunicado:
Un llamado patriótico al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a la Comisión CCSS – Poder Ejecutivo.
Aprobemos con dispensa de trámite un paquete solidario a favor de las finanzas de la CCSS:
1- Tenemos 14 propuestas concretas presentadas de manera oficial al Presidente de la República este 14 de mayo. Las mismas deben ser trasladadas de forma oficial a la comisión CCSS- Poder Ejecutivo para su valoración, aspirando a que sean analizadas y se ordenen los estudios o trámites correspondientes o bien que determinada fracción o diputado o diputada las acoja y las coloque en la corriente legislativa, entendiendo que las mismas podrían ser las menos correctas, pero si las más concretas que hasta ahora creemos se ponen a debate.
2- Estas propuestas están distribuidas en tres ejes:
a- 3 medidas de protección social.
b- 7 medidas excepcionales y temporales para incrementar los ingresos del seguro de salud (SEM), y el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
c- 4 medidas de apoyo a patronos y trabajadores/as independientes.
3- Cada medida tiene su respectiva justificación, su impacto financiero en los seguros indicados (no en todos los casos); y un conjunto de acciones para aspirar a su concreción institucional o legislativa.
4- De estas 14 medidas 5 representan un monto aproximado de ingresos temporales para el SEM y el IVM de al menos unos 596.000 mil millones de colones y sin duda las restantes 9 medidas con sus respectivas proyecciones pueden aumentar este monto indicado.
5- Resulta relevante indicar que todas estas medidas temporales son de carácter endógeno al formular reformas a normativas nacionales y en ese ánimo aspiran a no generar mayor endeudamiento externo para el país, lo cual no debe ser interpretado como una posición contraria al mecanismo de endeudamiento externo, pues más allá de una visión como esta en la práctica tenemos pleno conocimiento de que procesos como estos se encuentran en trámite hoy día.
6- En igual sentido la mayoría de estas implican estudios técnicos que ayuden a la toma de decisiones coherentes, inteligentes y en una dirección que ponga al ser humano en el centro, pues de cara a los escenarios venideros se impone un enfoque humanista sin duda alguna.
7- De estas 14 propuestas al menos 11 requieren reformas legislativas, por lo cual resulta apropiado que, desde el Poder Ejecutivo, concretamente Don Marcelo Prieto, se avoque a empujar la carreta a favor de la CCSS, para lo cual desde ya nos ponemos en disposición de aportar al diálogo político y técnico.
8- Como se puede apreciar estamos en presencia de 14 propuestas, en tal sentido dejamos planteada la necesidad de que en conjunto los sectores socio-productivos y sociales (lo cual incorpora a los sindicatos), y el Poder Ejecutivo y Legislativo definamos una hoja de ruta que promueva la priorización de las medidas que tengan mayor potabilidad política, mayor impacto financiero en la CCSS y como prioridad uno, generen mayor calidad de vida en la gente de carne y hueso, que en el hoy esta psicosocial y laboralmente afectada.
9- No nos cabe la menor duda de que los escenarios socioeconómicos que está por transitar el país imponen el concurso de un nuevo contrato social costarricense, pues es irreductiblemente urgente avanzar en la definición de fuentes de financiamiento que provengan de nuevas reformas fiscales realmente más progresivas que permitan sostener lo que se conoce como renta básica ( una especie de bono proteger mejorado), y de igual forma un verdadero seguro de desempleo, de lo contrario estaremos arribando a una celebración bastante oscura del bicentenario, lo cual se convertiría en un paso hacia la descomposición y confrontación social.
A LA CAJA LA DEFENDEMOS ENTRE TODOS Y TODAS
Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social CTRN
Documentos que amplían la propuesta aportados a SURCOS por el secretario de seguridad social de la CTRN:
En la década de los 50 se empezaron a alzar las voces para acabar con la invasión violenta de las tierras de los indígenas. Se tomaron entonces las primeras medidas legales de protección, pero esto fue solo en el papel. El despojo de las tierras y el maltrato continuaron, cohonestadas por las autoridades que dieron prioridad a los colonos sobre la población originaria. Yo fui testigo de estos atropellos, e incluso tengo una copia, que me facilitó un funcionario indignado por la falta de acción, de los planos realizados por el ITCO en 1971 en la zona de Buenos Aires donde se detallaba los terrenos ocupados por grandes terratenientes incluyendo extranjeros. Finalmente en 1976 se aprobó una ley donde si bien se reducía el tamaño de las reservas se definían los límites y se garantizaba la posesión inalienable para las comunidades indígenas, aunque estas tierras fueron inscritas a nombre del ITCO como garante, que después se transformaría en IDA.
Lamentablemente, esto se quedó de nuevo en el papel. El IDA, sucesor del ITCO, interesado en satisfacer las demandas partidarias empezó a repartir estas tierras entre las clientelas políticas, creándose así un verdadero pandemónium de violencia con asesinatos cada vez más frecuentes. Por una parte los campesinos llevados a esas tierras, unos por el IDA, y otros aprovechando la pasividad y tolerancia institucional, sienten que sus intereses, están siendo vulnerados. Por otra parte, los indígenas o población originaria ya organizados, reclaman con justa razón la legalidad y el derecho a la propiedad que les dan las leyes costarricenses. Sus reclamos de justicia no se limitan a las instancias nacionales, de las cuales esperan poco, sino que recurren cada vez con más fuerza a las vías de hecho y a las instancias internacionales para hacer valer sus derechos.
En mi criterio dada la deuda histórica con la población indígena y el desprecio y la connotación racista, de los abusos cometidos por las instituciones agrarias la Fiscal general debe proceder a enjuiciar, a los funcionarios que, a contrapelo del derecho de la propiedad y las leyes vigentes, distribuyeron tierras de las comunidades entre clientelas partidarias.
¿No es que estamos en un régimen de derecho que nos protege a todos? O es que la Ley se hizo solo para aplicarla a “los de poncho” como dicen en Ecuador.
Hoy es un día tremendamente especial, Día del Microbiólogo y de la Microbióloga, personal que se desempeña en los diferentes centros de salud en el país y son absolutamente indispensables para la población y quienes descubren los problemas que padecemos los seres humanos, con sus aparatos especiales para ver los microorganismos que los ojos humanos por sí solos no pueden ver.
Personal de la salud que en diferentes ocasiones tienen que hacer jornadas extenuantes, por cuanto deben estar haciendo guardias que les hace laborar hasta 16 horas seguidas, lo que indudablemente tiene que constituir un trabajo muy extenuante para ellos y ellas, lo digo con conocimiento de causa, ya que mi hija Cinthia escogió esa profesión.
Asimismo, me permito este día, enviar hasta el cielo un saludo y un gran abrazo al más grande amigo microbiólogo y dirigente sindical el Dr. Eduardo Irías, quien laboraba días y noches enteras, pero ello no le impedía asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo de nuestra Confederación de Trabajadores Rerum Novarum.
Lo referente al bono proteger está en la mira de cientos de miles de familias que han sido muy golpeadas económicamente y han esperado durante semanas para conocer sobre el resultado de las gestiones gubernamentales para entregar esa ayuda financiera.
Dado este interés público el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, con el apoyo técnico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, creó un Índice con 61 indicadores para medir si información pública relevante acerca de ese bono está o no disponible en las páginas web institucionales del IMAS, MTSS, CNE y en el sitio covid19.go.cr. Con el apoyo de La Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) se hizo la primera evaluación del índice.
Para esta evaluación no se tomaron en cuenta informaciones suministradas que no se hayan sujeto al criterio técnico seguido (información que no consta en esos sitios web oficiales o bien que se encuentren en video pero sin ser transcrita).
La primera medición se realizó con base en una verificación realizada el pasado 30 de abril de 2020 de la información disponible en las cuatro páginas web arriba indicadas, y dio como resultado una calificación de 29 de 100 puntos posibles.
En ese sentido, de los cinco grandes componentes que conforman la estructura del Índice, la información que ha estado más disponible es aquella relacionada con la normativa y documentación que rige el bono proteger, la cual obtiene 11.25 puntos de 20 posibles, faltando información sobre quién, cómo y porqué, se tomaron decisiones acerca de quienes debían ser los beneficiarios y los modos de pago.
Con cero puntos está la información sobre rendición de cuentas y lo relativo a la información presupuestaria sobre los fondos públicos concretos destinados y aplicados por el MTSS y el IMAS para pagarles a los beneficiarios este subsidio económico con un puntaje de 2.22 de 20 posibles.
La siguiente infografía ofrece un panorama general de la medición, mientras que para ver el detalle de cada componente recomendamos acceder a la infografía interactiva en línea a través del siguiente link: https://bit.ly/2Z6p1jr
Explicaciones del Gobierno
El Observatorio ha recibido algunas respuestas por parte del Gobierno, respecto a la información incluida en el Índice:
En el oficio MTSS-DMT-OF-404-2020 de 28 de abril de 2020, la Ministra de Trabajo responde parcialmente y suministra alguna data gestionada por el Observatorio sobre los trabajadores afectados, pero ante las omisiones, el pasado 11 de mayo se le solicitó responder a los aspectos no atendidos, que tratan sobre estadísticas, actualización de la información, acceso a bases de datos, colocación de la información en el sitio web, entre otros.
El oficio MC-GA-37-2020 de 8 de mayo de 2020 y su adjunto, en donde Geannina Sojo Navarro, Coordinadora de Gobierno Abierto se refiere al seguimiento de los asuntos tratados en una reunión sostenida el 7 de mayo de 2020, donde el Observatorio dio a conocer a representantes de gobierno los resultados del Índice y se creó una mesa de trabajo conjunto para incrementar la liberación y accesibilidad de la información sobre el bono proteger.
En dicha reunión se nos esbozó el macroproceso a través del cual se está haciendo cruce de datos de las bases del TSE, SICERE, SINIRUBE, HACIENDA, SINPE Y DGME para efectos de cumplir con los requisitos determinados en la reglamentación emitida al respecto.
También cabe resaltar que los funcionarios nos ayudaron a ubicar alguna de la información requerida en los sitios web oficiales, con lo que mejoraron la calificación general y que nos hicieron ver que alguna otra información que evalúa el índice fue liberada después de la fecha de corte de esta primera evaluación por lo que esos aspectos mejorarán para la próxima medición.
También se nos explicó que el sitio web covid19 es de reciente lanzamiento (9 de abril de 2020) y está todavía en construcción, así como que “hay que tener presente las diversas situaciones que conlleva la emergencia nacional por el Covid19 y el corto tiempo en el que se diseñó y puso en ejecución el Bono Proteger y que aún está en proceso de consolidación”.
¿Qué va a hacer el Observatorio?
Buscamos que toda la información contenida en el Índice sobre el Bono Proteger sea liberada por el Gobierno en el sitio covid19.go.cr, y por ello esperamos que para la segunda medición que se realizará el próximo viernes 29 de mayo de 2020 mucha más información sea puesta a disposición de la ciudadanía como legítimo derecho constitucional que le asiste.
El Índice no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento de monitoreo ciudadano para lograr un objetivo de acceso a la información útil para formar opinión pública con base en datos y evidencia, más allá de las meras percepciones.
De hecho el Observatorio junto con la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEvalCR) inició todo este proceso con un anteproyecto de evaluación de la gestión del gobierno en atención a la emergencia sanitaria.
Esperamos divulgar en los próximos días estos resultados en medios de comunicación social y redes sociales, para lograr el objetivo antes dicho, y no tener que recurrir a la vía del recurso de amparo para obtener la información pública relativa al bono proteger. Esta pandemia no debe ser una excusa para abandonar la trasparencia de los asuntos públicos. Emergencia y transparencia son compatibles.
¡Continuamos conversando sobre la resistencia de los pueblos indígenas de América Latina!
El próximo martes 19 de mayo a las 2:00pm hora Centroamérica tendremos nuestro segundo foro virtual sobre las distintas formas de resistencia de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia por COVID-19. En esta ocasión, líderes y lideresas indígenas, así como personas defensoras que les acompañan, abordarán y compartirán estrategias de lucha para la defensa de la tierra y el territorio.
En este espacio nos acompañarán:
Alberto Curamil – Defensor y ganador del Premio Goldman, pueblo mapuche del lof Radalko de Curacautín, Chile
Elizabeth Ramírez – Defensora, pueblo Qom de Cerrito, Chaco, Paraguay
Mario Erazo – Dirigente territorial, pueblo siona, Colombia
Lina María Espinosa – Abogada, Amazon Frontlines
Pedro Faro – director, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México
Frente a la emergencia de salud por el COVID 19, los pueblos indígenas de nuestra región enfrentarán impactos desproporcionados. Aunado a ello, estas poblaciones continúan enfrentando violencias históricas: exclusión, discriminación, extractivismo, amenazas, ataques y asesinatos, que impactan gravemente el derecho de los pueblos indígenas a la alimentación, al agua, a la salud, a su derecho a consultas previas, libres e informadas, a sus territorios ancestrales, a su integridad y a sus vidas.
Frente a este complejo contexto, y ante las respuestas estatales que han fallado en garantizar la salud y vida de estas poblaciones e incluso profundizado sus riesgos, las comunidades indígenas de la región latinoamericana se han organizado para resistir, tanto a los retos históricos como a los actuales.
Esta serie de webinars busca ser un espacio para el encuentro y el compartir de los pueblos indígenas en la región latinoamericana, con el fin de abordar los impactos diferenciados de la pandemia, pero también conocer las diversas formas en que estas comunidades resisten a esta crisis y a las históricas, al tiempo que se abordan las obligaciones que deben asumir los Estados de la región para garantizar la salud y vida de estas poblaciones.
Unas 150 mil personas trabajan como saloneros y saloneras. De estas, 110 mil se quedaron sin empleo por el cierre de restaurantes, bares y otros negocios gastronómicos debido a las medidas adoptadas para combatir el Covid-19. A este dato se suma que el 45% de estas personas desempleadas corresponde a mujeres jefas de hogar. Ante ello se ha organizado la campaña «Solidarios en Acción», mediante la cual, se solicita la donación de víveres para llevar a sus familias. El video muestra el llamado.
Ante la dura situación que atraviesa el país por la emergencia sanitaria del COVID-19, los integrantes de la seccional ANEP-Concesionarios PIMA Cenada decidieron unirse para realizar un acto solidario con las personas afectadas por la pandemia. Por ello acordaron donaciones a familias de la Zona Sur, a migrantes y a personas en condición de indigencia
Usar ¢50 mil millones de la Ley Tabaco, ¢300 mil millones del ROP y hacer una contribución solidaria del Fondo de Capitalización Laboral del 2021 son algunas de las sugerencias.
La admiración a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por su trabajo debe pasar a las acciones que le permitan tener los recursos necesarios para enfrentar la disminución de los ingresos con motivo de la crisis de la pandemia del Covid-19.
Así lo expresa Lenín Hernández Navas, Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermería, quien junto con representantes de los sectores productivos, elaboraron 14 propuestas que le llevarían recursos a la institución de la seguridad social.
Dentro de las alternativas está reorientar durante un año el 4,25% del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a la CCSS así como usar los recursos acumulados de la Ley del Tabaco 9028. En ambos casos se generarían ¢350 mil millones sin establecer nuevos impuestos a los costarricenses.
Se plantea la necesidad de diseñar un sistema de mono tributo para que los trabajadores independientes y pequeñas empresas contribuyan bajo un régimen tributario integrado y simplificado tanto en el registro como en la recaudación que permita el pago de una sola cuota mensual tanto de sus obligaciones tributarias como el de la seguridad social.
El representante de los trabajadores destacó que se debe pensar en la creación de un fondo que atienda el retiro anticipado porque muchos trabajadores que estaban por pensionarse están afectados ahora por el desempleo.
“Se puede usar por una única vez las reservas técnicas del Instituto Nacional de Seguros de los seguros del Riesgo del Trabajo (RT) y del Seguro Obligatorio de Automóvil (SOA) porque al final de agotada las pólizas la atención al trabajador corre por parte de la CCSS, detalló Hernández Navas.
Las propuestas fueron enviadas en una nota, este jueves, a Casa Presidencial a la Comisión integrada por representantes de la CCSS y el Poder Ejecutivo.
“Esta propuestas van orientadas a medidas de protección social, excepcionales, temporales y se diferencia de otras porque se basan en que las personas aporten de acuerdo con sus posibilidades. Es decir aplicando la lógica de racionalidad y proporcionalidad”, enfatizó el representante de la CTRN, quien admitió que duda que alguno de los costarricenses no quieran aportar para fortalecer a la CCSS.
Dr. Alejandro Alvarado AlcázarFoto: Karla Richmond.
Por Alejandro Alvarado Alcázar, docente de la Escuela de Sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
Una reflexión sobre algunas alternativas para trasladar la acción colectiva a otros espacios posibles en la actual coyuntura del COVID-19
Hasta el momento, las medidas sanitarias de distanciamiento físico y las restricciones a la circulación de personas sostenidas en Costa Rica para contener el contagio de la COVID-19 se han mostrado eficientes y eficaces. Gracias a estas medidas, se ha conseguido frenar el incremento intenso en los casos y reducir la cantidad de personas en riesgo de morir debido a la enfermedad.
No obstante, en materia social y económica estas mismas medidas han tenido impactos profundos sobre una mayoría de la población, particularmente entre la trabajadora. Para muchas de las personas que contaban con un empleo formal, las restricciones se han traducido en la pérdida total o parcial de sus puestos y en la consiguiente desmejora de sus ingresos. Por el contrario, para las personas que se encontraban insertas en el sector informal de la economía, el golpe ha resultado incluso más intenso, perdiendo prácticamente sus condiciones mínimas de reproducción.
Pese a que el gobierno ha introducido medidas como el bono PROTEGER en un intento de combatir los efectos perniciosos que la crisis ha tenido sobre los hogares, desde diferentes sectores (Martínez 2020 04 21) se ha reiterado la insuficiencia de estas medidas y la urgencia de políticas que participen a todos los sectores según sus posibilidades, particularmente económicas. Pero también han surgido las posturas de sectores que miran en la crisis un espacio de posibilidad para concretar su proyecto político-económico de recorte de lo público (Mora et al. 2020 03 19).
En este escenario, la acción colectiva se torna una herramienta fundamental para construir salidas a la crisis que supongan poner a la gente primero. Históricamente, la calle ha sido el espacio central para el ejercicio de la acción colectiva, sobre todo para aquellos sectores que no tienen lugar en la institucionalidad y que deben recurrir a otros mecanismos para hacerse escuchar. No obstante, las medidas de distanciamiento físico prácticamente han cancelado, en el corto plazo, las posibilidades de recurrir a las calles, lo cual plantea el reto de reimaginar la acción colectiva en tiempos de distanciamiento físico.
Desde luego ensayar ideas en estas circunstancias es un ejercicio complejo, pero para pensar la acción colectiva durante el confinamiento, se puede recurrir a las mismas experiencias que los movimientos sociales han desarrollado durante las últimas décadas.
En este sentido, una primera idea pasaría por la acción colectiva on-line, es decir, el recurso a métodos de acción que hagan uso de Internet. Sobre esto, los movimientos sociales tienen una importante experiencia, pues las manifestaciones on-line forman parte de sus repertorios desde hace décadas. Estas también ofrecen la posibilidad de coordinar acciones que en otros países se han colocado en el debate como las huelgas de pagos (Della Porta 2020 05 02).
Segundo, la construcción de formas de solidaridad situadas en torno a las comunidades. América Latina tiene una larga trayectoria en este campo, incluyendo las ollas populares y otras prácticas de apoyo mutuo gestadas precisamente en tiempos de crisis.
Tercero, la conformación de espacios de articulación progresistas que sumen la participación de los diferentes sectores, desde los sindicatos hasta las organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, ecologistas, feministas, etc. junto a partidos y otros espacios políticos. Una articulación de este tipo podría generar propuestas que disputen la hegemonía política de las élites que hasta el momento mantienen bajo su control la orientación de las principales políticas en materia económica. Pero también podrían constituirse como espacios de solidaridad con aquellos sectores que debido a sus condiciones están sufriendo mayormente el impacto de la crisis.
Por supuesto, ninguna de estas propuestas es excluyente; por el contrario, pueden encontrar su mayor potencial en sus articulaciones posibles en la medida en que permitan imaginar formas de acción colectiva que consideren los ritmos de la crisis misma y las posibilidades con las que cuenten los movimientos sociales para su desarrollo.
Finalmente, en medio de los clamores generales por un retorno a la “normalidad”, la consigna surgida en las protestas populares de 2019 en Chile encuentra mayor sentido que nunca: “no volveremos a la normalidad porque la normalidad es el problema”.
Esto supone plantearse que cualquier “normalidad” futura posible será una disputa por la defensa de lo público y lo común y contra las desigualdades por encima de los intereses privados; una normalidad que ponga a la gente, particularmente a los sectores más marginados, primero y que defienda un sentido común en función de los intereses de las mayorías.
Crisis como la presente generan espacios para el cambio social, pero el signo de dichos cambios será precisamente lo que estará en disputa en el futuro cercano.
Alejandro Alvarado Alcázar Docente de la Escuela de Sociología e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
