Investigación fortalecerá preparación del país ante la amenaza sísmica
El proyecto se trabaja de cerca con la Comisión Permanente de Código Sísmico de Costa Rica, con el fin de nutrir la actualización de las normas que procuran la prevención de los desastres provocados por los sismos de gran magnitud.
Profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR) investigan el comportamiento de los movimientos telúricos en el territorio nacional con el fin de aportar en la actualización del código sísmico, el cual aporta lineamientos constructivos para disminuir el impacto de los temblores en el país.
La investigación involucra el estudio de las fuentes sísmicas, la aceleración y movimientos fuertes provocados por la actividad telúrica, al tiempo que calcula las consecuencias de los sismos sin dejar de lado el abordaje social que requieren estos fenómenos naturales.
Estudiar estos factores permite que el país se prepare para mitigar el impacto de terremotos y temblores fuertes, dado que los resultados de la investigación generarán aportes indispensables para la creación de normas y políticas públicas que permitan diseñar y construir estructuras antisísmicas.
En la iniciativa colaboran más de 15 investigadores de diversos campos del conocimiento, quienes se han dedicado a analizar el comportamiento geológico de más de 80 mil sismos desde la década de 1970 hasta la actualidad, así como su impacto sobre las edificaciones y estructuras.
Para el director del proyecto e investigador del instituto de Investigaciones en Ingeniería, Diego Hidalgo, la investigación también conseguirá comprender cómo se preparan las comunidades ante posibles sismos y cómo estos les afectan.
“La investigación brindará una base que favorezca la educación de la ciudadanía ante la amenaza sísmica y la implementación de políticas públicas locales. La amenaza sísmica puede afectar el día a día y la toma de alguna decisiones importantes, como la construcción de las viviendas”, agregó el ingeniero.
Investigación estudia la afectación social que generan los sismos
En la investigación también participa la Brigada de Atención Psicosocial de la UCR, un proyecto de acción social conformado por estudiantes y profesionales de diversas carreras como psicología y trabajo social.
De acuerdo con el coordinador de la Brigada, Marco Carranza, este proyecto permitirá que las municipalidades y comités cantonales de emergencia puedan estar preparados en caso de ocurrir sismos fuertes y así atender apropiadamente a sus comunidades.
“El proyecto permite abordar no solamente la ansiedad o el temor de cada persona ante un riesgo sísmico, sino también entender las realidades de cada comunidad para que sus habitantes participen en prepararse ante el riesgo de un sismo”, agregó Carranza.
De acuerdo con la coordinadora de Trabajo Social en la investigación, Laura Cerdas, el proyecto se desarrolla de manera inicial en el cantón de Corredores, Puntarenas, dado que existe ahí una temor colectivo a que pueda suceder un sismo de gran magnitud, tal y como lo sucedió en Nicoya, en Guanacaste en el año 2012.
Una vez terminada la investigación, la información obtenida permitirá obtener datos útiles para capacitar a la ciudadanía y articular el trabajo de gobiernos locales y agrupaciones a fin mejorar la preparación ante un sismo en otras localidades del país.
“El abordaje psicosocial planteado pretende descubrir la forma en que el conocimiento pueda ser transmitido apropiadamente a la comunidad para fortalecer la prevención del riesgo y el manejo de desastres”, afirmó Cerdas.
La iniciativa es financiada por el Espacio Universitario de Estudios Avanzados (UCREA), un incubador de ideas que surgió en el año 2014 y que promueve la creación de investigaciones interdisciplinarias de alto nivel que aporten conocimiento académico al país.
La investigación ha articulado el trabajo distintas instancias universitarias, específicamente la Red Sismológica Nacional (RSN), el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) y la Brigada de Atención Psicosocial de la UCR.
Se suman además esfuerzos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Colegio de Geólogos de Costa Rica y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), quienes nutren la labor realizada por la Comisión Permanente del Código Sísmico de nuestro país.
Jose Adelio Murillo Montero Asistente de Prensa Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Alimentando, regenerando fuentes locales de subsistencia, un complemento de otras iniciativas en la zona
La Campaña de Alimentos Mano Vuelta en el Caribe Sur es una iniciativa de Embajador@s del Mar y sus aliados comunitarios. Es una campaña complementaria a otros esfuerzos de los bancos de alimentos que se desarrollan en Cahuita y en Puerto Viejo para apoyar con alimentos a la población que ha perdido sus fuentes de sustento en esta emergencia de salud provocada por el COVID19.
Esta iniciativa en particular busca construir un entramado de hermanamiento entre familias que necesitan alimentos y gente que puede aportarle una bolsa semanal durante 8 semanas mientras se colocan en la nueva realidad. No solo pretende apoyar en lo inmediato, sino hacerlo reconstruyendo el tejido sociocultural de sustento que caracteriza la zona, un lugar en el que la gente ha vivido haciendo una variedad de actividades conforme los ciclos y las oportunidades. Para así aportar también en el proceso de regeneración de fuentes de subsistencia.
Todos los casos seleccionados refieren a personas, sobre todos adultos mayores o mujeres jefas de hogar, que por haber perdido sus trabajos o los hijos que los ayudan, necesitan apoyo para sobrellevar la crisis sin poner en mayor riesgo su salud, la de su familia y la de su comunidad.
La cobertura de esta iniciativa comunitaria es el Caribe Sur costero desde Cahuita hasta Manzanillo y algunas familias los territorios indígenas Kekoldi y Bribri.
En la primera semana de trabajo desde que inició el pasado 2 de abril, se ha atendido una decena de familias, entregando bolsas semanales de alimentos y construyendo un sistema de apoyo para regenerar actividades productivas apropiadas para la emergencia y el cambio que supone.
Una estrategia adaptada al contexto
“Mano Vuelta” hace homenaje a una práctica ancestral de cultura viva Bribri que significa que cuando una persona que le ha dado mucho a su comunidad, pierde su pareja o miembro de la familia con la cual desarrolla su parcela, la comunidad se organiza para ayudarla a sacar adelante las tareas a pesar de su pérdida. Mano Vuelta es un concepto alude a la imagen de que para dar hay que volver la palma de la mano hacía abajo para sostener lo que se entrega. Pero para disponerse a recibir apoyo cuando se necesita, hay que poner la palma vacía hacia arriba.
Por esta razón En la campaña actual, con cada una de las familias atendidas se valora cuáles han sido actividades productivas propias que han hecho en el pasado o complementariamente con el turismo valorando lo que necesitan para regenerar esas actividades en este contexto actual.
El contexto sugiere que la reactivación del turismo puede tomar más tiempo que la emergencia de salud en Costa Rica. “El segundo golpe más grande después de la morbilidad y mortalidad ocasionada por la combinación del COVID19 con otras enfermedades crónicas que sufre la humanidad, es la globalización de la movilidad social mundial debido a que el impacto del virus ha viajado por los principales medios mundiales de desplazamiento por el mundo” dice el documento de la iniciativa, reconociendo que, más allá de la atención localizada por Estados nacionales mediante el cierre de fronteras y en cierre de medios globalizados de movilidad social, lo que más tardará en reactivarse luego de la crisis de salud, será la de la movilidad internacional, sobre todo debido a que el impacto del virus varía de país en país.
Por ello la estrategia de entrega de alimentos para la emergencia incluye una valorización – familia por familia – de las actividades culturales ancestrales que les han permitido a las familias desarrollar formas complementarias de subsistencia en distintos momentos de sus vidas en el Caribe Sur -antes y durante – del boom del turismo.
“Aunque persiste el mito de que en el Caribe Sur todo el mundo vive del turismo actualmente, esta campaña está contribuyendo a comprobar que históricamente la gente del Caribe Sur de Talamanca ha sorteado situaciones difíciles porque despliega múltiples actividades productivas para vivir en una economía familiar y en el caso de los territorios indígenas, de una economía tribal” dice el fundamento de la iniciativa de los Embajador@s del Mar y sus colaboradoras.
Embajador@s del Mar y sus colaboradoras, en complemento con las personas de los censos de los bancos de alimentos, monitorean y crean el engranaje para que “la distribución de alimentos fluya casi solo sin que toquemos plata ni alimentos, sino solo corazones, conciencias y el enorme caudal de cultura viva del Caribe Sur y territorios indígenas de Talamanca”, dice el comunicado de la iniciativa.
Una iniciativa sencilla, solidaria y de subsistencia durante la emergencia para detener epidemia de Coroniavirus, creando un hermanamiento de 8 semanas entre las 10 familias más necesitadas (priorizando adultos mayores y familias jefeadas por mujeres que perdieron sus trabajos), 10 familias que pueden aportarles una bolsa semanal de alimentos para complementar su forma de sobrevivir la crisis. Esto se da mediante almacenes de la economía local que se han dispuesto a recibir el dinero directamente de las familias que aportan mediante depósito a su cuenta. Mediante la lista de las familias receptoras, los almacenes entregan los alimentos semanalmente.
¿Dónde se desarrolla?
En la región del Caribe Sur: Puerto Viejo, Cahuita y Manzanillo, Kekoldi y Bribri, con posibilidad de multiplicarse a otras comunidades de aparecen promotores que la quieran llevar y organizar en sus comunidades.
¿Quiénes la llevan a cabo?
Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar con una activista de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC) y una mano amiga en Manzanillo y otra en Cahuita. Complementa y coordina listas de familias con las campañas de Banco de Alimentos de Puerto Viejo y el de la Comisión de Emergencia en Cahuita.
¿Cómo se organiza?
Cada familia que voluntariamente se hermana con una familia vulnerabilizada por la crisis, envía a un almacén la zona el aporte correspondiente a la bolsa semanal de alimentos. El almacén, apoyado por la coordinación de la iniciativa, entrega semanalmente la bolsa de alimentos a la familia que se le ha asignado. El proceso es monitoreado en forma sencilla semanalmente y por teléfono, por el CCB Embajador@s del Mar.
Al cabo de las 8 semanas se evaluará para valorar la situación, reactivación de sus economías y funcionamiento.
¿Con quiénes?
Cabe resaltar el papel de los almacenes de alimentos que están apoyando decididamente la campaña, disponiéndose a recibir los fondos para cada familia, preparar las bolsas y emitir una boleta para que cada familia retire sus alimentos, así como el aporte de las familias que se hermanan aportando sus recursos propios.
Los supermercados de economía local o nacional se han dispuesto a apoyar decididamente, no solo ayudando en la administración de los desembolsos de las familias colaboradoras sino la confección de las bolsas y hasta donaciones de sus empleados, dueños y gerentes.
Entre los negocios participantes están: Abastecedor Minisuper Arena Blanca, Mega Super de Puerto Viejo y Super Negro Hone Creek y Cocles.
Foto de cabecera: La casa de doña «Chilo» en Manzanillo volverá a ser panadería afro. MST, 2020
A los hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares
Queridos amigos
Con frecuencia recuerdo nuestros encuentros: dos en el Vaticano y uno en Santa Cruz de la Sierra y les confieso que esta “memoria” me hace bien, me acerca a ·ustedes, me hace repensar en tantos diálogos durante esos encuentros y en tantas ilusiones que nacieron y crecieron allí y muchos de ellas se hicieron realidad. Ahora, en medio de esta pandemia, los vuelvo a recordar de modo especial y quiero estarles cerca.
En estos días de tanta angustia y dificultad, muchos se han referido a la pandemia que sufrimos con metáforas bélicas. Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo. Ustedes son para mí, como les dije en nuestros encuentros, verdaderos poetas sociales, que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos.
Sé que muchas veces no se los reconoce como es debido porque para este sistema son verdaderamente invisibles. A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la presencia protectora del Estado. Tampoco ustedes tienen los recursos para realizar su función. Se los mira con desconfianza por superar la mera filantropía a través la organización comunitaria o reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Muchas veces mastican bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten incluso en momentos donde se acaban todas las excusas para sostener privilegios. Sin embargo, no se encierran en la queja: se arremangan y siguen trabajando por sus familias, por sus barrios, por el bien común. Esta actitud de Ustedes me ayuda, cuestiona y enseña mucho.
Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños, pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción.
Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón. Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir.
Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento … y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos.
También quisiera invitarlos a pensar en “el después” porque esta tormenta va a terminar y sus graves consecuencias ya se sienten. Ustedes no son unos improvisados, tiene la cultura, la metodología pero principalmente la sabiduría que se amasa con la levadura de sentir el dolor del otro como propio. Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los Pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo. Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores indispensables de ese cambio impostergable; es más, ustedes poseen una voz autorizada para testimoniar que esto es posible. Ustedes saben de crisis y privaciones… que con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran transformar en promesa de vida para sus familias y comunidades.
Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. Rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los bendiga, los colme de su amor y los defienda en el camino dándoles esa fuerza que nos mantiene en pie y no defrauda: la esperanza. Por favor, recen por mí que también lo necesito.
Fraternalmente, Ciudad del Vaticano, 12 de abril de 2020, Domingo de Pascua.
En estos momentos de crisis global sanitaria urge un diálogo inclusivo para construir las respuestas en colaboración con la Administración Pública
Carlos Hernández Porras*
La primera preocupación de las organizaciones sociales a las que representamos está siendo atender de la mejor manera posible a las personas que más lo necesitan. Encontramos en ellas ejemplos de responsabilidad y solidaridad, pero también mucha incertidumbre, necesidad y urgencia de respuestas de las autoridades. Nos preocupa el presente y el futuro, y es por ello por lo que instamos a la Administración Pública a lo siguiente:
Emplazamos a que se reconozca nuestra existencia y a que se incluya en el dialogo a otras representaciones. Hemos recibido documentos acabados de parte de las autoridades e instituciones, pero no como producto del consenso con nuestras representaciones.
Redes de la Economía Social Solidaria llama a la democratización de ese diálogo con base en los valores mismos de la Economía Social Solidaria como es la inclusión social.
El propósito debe ser encontrar las mejores soluciones tanto para las situaciones concretas de emergencia, como para las consecuencias sociales y económicas que vendrán y que generan una enorme preocupación e incertidumbre añadida.
Reiteramos nuestra voluntad de cooperación, poniéndonos a disposición para todo aquello en lo que consideren las instituciones que podemos ser de utilidad en este momento crítico para toda la población, y especialmente para la población más vulnerable.
Por lo que llamamos a actuar con sensatez, responsabilidad y voluntad de diálogo inclusivo de parte de las autoridades del sector. Esto debe ser de manera inmediata pues la gravedad de esta crisis representa un alto costo social. Este clamor no es único de nuestro país, sino que en otras latitudes se hace igual reclamo, para ello puede verse este enlace.
El confinamiento, si bien evita la propagación del Covid-19, peligrosamente complica la frágil y delicada situación económica de las organizaciones de la economía solidaria, de las micro y pequeñas empresas. Urge encontrar solución armónica entre ambos propósitos: evitar el contagio y no dejar morir la economía social solidaria.
*COKOMAL S.C / Comisión Dinamizadora – Red Economía Social Solidaria /RedESS Tel. 8950-9945 Facebook cokomal.org/
El investigador y experto en estudios actuariales, máster Rodrigo Arias López envió una carta al licenciado Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual presenta denuncia y solicitud “para que se investigue la legalidad y correcta aplicación del acuerdo de Junta Directiva relacionado con la Base Mínima Contributiva y para que se le cobre al Estado el monto del descuento de primas en Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y Salud”.
La misiva fue enviada el 5 de abril de 2020 y SURCOS recibió copia.
Arias López transcribe del artículo citado: “La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este jueves por la noche una reducción de un 75% en la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de pensiones durante los siguientes tres meses, debido a la emergencia sanitaria que actualmente golpea al país”.
“Esto se aplicaría para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes (incluye aquellos con Convenio Colectivo) y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial según los registros del SICERE, correspondientes a los meses de facturación de marzo, abril y mayo del 2020”.
En el mismo medio se informa que el acuerdo de la junta directiva de la CCSS dice: «Este acuerdo no aplica para la forma de cálculo del monto a facturar al Estado por todas sus obligaciones con la Institución, con excepción de aquellas relacionados a su condición como patrono».
Ante ello, el experto en temas actuariales señala en la carta el auditor de la CCSS que “Lo informado no es completamente claro, no se conoce su impacto, ni si existe algún estudio actuarial que al menos determine el monto de la reducción de ingresos del acuerdo y que analice y justifique su aplicación o pertinencia. Me temo que la Administración de la CCSS lo que está haciendo es una reducción generalizada de un 75% en las planillas de ingresos de los trabajadores independientes, voluntarios, convenio y no estoy seguro si también en el caso de los salarios del sector de asalariados. De ser una reducción generalizada del 75% durante tres meses, podría tener un impacto estimado de 580.000 millones de colones, a lo que se debería agregar el impacto adicional por pérdidas de empleo”.
Ante ello, Rodrigo Arias López solicita que se investigue y se proceda con lo siguiente:
1) Si la Junta Directiva de la CCSS o la Administración de la Caja, están facultadas para realizar una reducción del 75% de las primas, en algunas o en todas las modalidades de aseguramiento de Salud y Pensiones.
2) Si existió un estudio actuarial conforme a los artículos 23, 41 y 42 de la Ley 17 para justificar el acuerdo.
3) Si existió algún criterio jurídico legal para respaldar el acuerdo.
4) Si lo que está aplicando la Administración de la CCSS corresponde efectivamente a lo acordado por la Junta Directiva sobre el asunto.
5) Que esa Auditoría realice un análisis legal para que se recomiende a la Administración de la CCSS y a su Junta Directiva, proceder a facturar al Estado como tal, el monto de esos descuentos, de conformidad con el artículo 73 y 177 de la Constitución Política de la República, a fin de no lesionar las finanzas de esa institución.
Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.
La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Esta es parte de la introducción al documento Pandemia y Derechos Humanos en las Américas publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.
Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.
O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.
El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.
Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas que son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.
También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.
Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21leccionespara el siglo XXI, p.179).
El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.
Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.
El ministro de Salud, Daniel Salas llama a que no se den manifestaciones de odio a propósito de la pandemia por COVID-19. Puede escucharlo en el siguiente video de un minuto:
San José, Costa Rica — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica cumplió 176 años de existencia el jueves 9 de abril, en una fecha que demostró que la política exterior costarricense, enfrentada a la pandemia del Covid—19 como la más difícil y dramática crisis humanitaria del siglo XXI y una de las más severas desde 1844, quedó rebasada como plataforma de iniciativas internacionales de mediano y largo plazo, más allá de sus gestiones obligadas de “carpintería” de corto alcance.
Luego de que el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Costa Rica y comenzó su transmisión a decenas y centenares de personas, en un proceso paralelo a la complicación mundial de la enfermedad, la Casa Amarilla—sede de la cancillería costarricense—empezó a exhibir la ausencia de una política visionaria al menos de carácter regional e interamericano.
En la precipitación global de los problemas provocados por un padecimiento del que China alertó en diciembre de 2019 (pero brotó en noviembre de ese año), la Casa Presidencial de Costa Rica tampoco hizo nada para que Relaciones Exteriores, como su base de proyección internacional, adoptara los correctivos necesarios y generara una o varias propuestas, serias y profundas, para posicionar a San José en un puesto de liderazgo exterior frente a una demoledora situación sanitaria.
¿Qué hicieron los jerarcas de Barrio Otoya (cancillería) sin que el de Zapote (Presidencia) instruyera y ordenara ejecutar un golpe de timón en la política exterior, como líder de un control de mando con verdadera visión de estadista y más allá de mensajes sin fondo, actos ceremoniales intrascendentes y “campañitas” mediáticas de propaganda?
Con el avance de la crisis, la cancillería se limitó a convertirse en una especie de agencia de viajes para coordinar con gobiernos del resto del mundo el traslado a Costa Rica de los costarricenses que, por una u otra razón, quedaron atrapados o retenidos en esas naciones por el impacto de la pandemia en la conectividad aérea mundial. Nadie puede oponerse a esa labor de rescate de los costarricenses y el aplauso y la felicitación son merecidos.
¿Y qué más hizo cancillería, para trascender y demostrar que su concepción política global va más allá de una recepción calurosa en la pista del aeropuerto internacional Juan Santamaría o en los corrillos migratorios y aduanales de esa que es la principal terminal aérea de este país?
La Casa Amarilla se quedó ahí y no hizo nada más. La rampa del Santamaría fue su horizonte.
Por un lado, es claro que la tarea de rescate, encomiable sin la menor duda, pudo haber sido desplegada por los “carpinteros” de la cancillería. Por el otro, la jefatura de esos valiosísimos peones debió concentrarse en los asuntos duros, fuertes, desafiantes y sensibles de la pandemia desde una perspectiva de política internacional.
¿Cuáles? Los siguientes:
Nicaragua:
Frente a la irresponsabilidad, por omisión y por comisión, del régimen gobernante en Nicaragua de negarse a adoptar los protocolos urgentes para tratar de contener la propagación del contagio, Costa Rica reaccionó—para decirlo en términos futboleros—con una delegación de jugadores novatos. El sábado 21 de marzo de 2020, los jerarcas de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Salud de los dos países se reunieron en el puesto fronterizo bilateral de Peñas Blancas, para “analizar acciones contra el Covid–19”, según un recuento de la cita difundido por la Casa Amarilla.
Pero el habilidoso aparato de poder en Managua despachó a pesos pesados—los legionarios—con abundante experiencia política, encabezados por un militar: Denis Moncada, canciller, consentido de Rosario Murillo—vicepresidenta, esposa del presidente Daniel Ortega y mandamás todapoderosa—ex embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) y amigo íntimo de la dinastía dictatorial.
La comitiva costarricense, sin experiencia en negociaciones duras y menos en zarandeadas de este tipo con Nicaragua, llegó a la cita con la meta de acordar con Managua un cierre total—o sea, todo, no a medias—a ambos lados de la frontera.
El objetivo era imponer un cerco sanitario para bloquear, de sur a norte y de norte a sur, el paso de personas con la única excepción de costarricenses viajando de Nicaragua a Costa Rica y nicaragüenses transitado de Costa Rica a Nicaragua. (Si el gobierno de Costa Rica sale ahora a decir que nunca pidió a Nicaragua el cierre de la frontera, entonces la respuesta es clara: ¡Apague y vámonos!)
A nombre de su gobierno, el general Moncada rechazó esas y otras opciones extremas. Si la representación nicaragüense aceptaba la propuesta (cajita blanca) de Costa Rica, para Nicaragua habría sido aceptar que la situación por la pandemia es grave y admitir que, para contenerla, urgía cerrar fronteras.
“El general y su gente se comieron a los emisarios de Costa Rica, con muy pocas horas de vuelo frente a los de Nicaragua”, me dijo un experimentado diplomático costarricense que en distintos foros internacionales se batió con argumentos sólidos con Moncada para derrotar sus arremetidas en contra de los intereses nacionales.
El resultado real de la reunión del 21 de marzo en Peñas Blancas es evidente.
Nicaragua todavía no cierra ni las playas o lagos y continúa en su carnaval de aglomeraciones y demás actos masivos en sitios públicos, convencida de que la sangre de los nicaragüenses derrotará al implacable virus. Nicaragua le dijo no a la lógica—y única—propuesta costarricense de blindar el sector limítrofe común.
Los novatos nacionales, algunos con desempeño notable en el torneo nacional y pobre fuera de las cuatro fronteras de Costa Rica, retornaron a San José sin conseguir el propósito político y sanitario. La consecuencia es que, a hoy, la frontera está abierta en Nicaragua y sus más de 300 kilómetros de longitud con trillos ciegos son un pasadizo problemático para Costa Rica.
¿Qué debieron hacer Zapote y Otoya frente a la negativa de los enviados del dúo gobernante atrincherado en un búnker fortificado del Barrio El Carmen, de Managua, de cerrar frontera, con lo que exponen la salud de los más de cinco millones de costarricenses a un riesgo mayor por el ataque del Covid—19 ante una migración irregular e incesante de nicaragüenses?
Luego del encuentro de Peñas Blancas, y en defensa férrea y valiente de la salubridad de los habitantes de y en Costa Rica, Presidencia y Relaciones Exteriores debieron denunciar internacionalmente la actitud de irresponsabilidad absoluta que Ortega y Murillo ratificaron el 21 de marzo. En estos momentos, y con la sanidad de los costarricenses de por medio, tampoco interesa que a Ortega y a Murillo les guste o disguste lo que haga Costa Rica: urge actuar.
Aquel devaluado con Costa Rica “no se juega” de otro inquilino de Zapote sigue todavía más depreciado si se evalúa la reacción de las autoridades costarricenses tras las afrentas del tenebroso y demencial matrimonio Ortega—Murillo, ya despojado de sensibilidad y decidido a jamás ceder.
En forma paralela, Zapote y Otoya debieron seguir por las siguientes vías:
Convocar a una Cumbre de las Américas Virtual, al cobijo de la OEA y sin necesidad de que ningún jefe de Estado y de Gobierno del continente tenga que viajar al exterior, en el complemento de una ofensiva diplomática desde San José sustentada en dos finalidades muy claras:
1—Volver a denunciar en un foro de esa dimensión interamericana que Nicaragua pone en peligro la salud del pueblo de Costa Rica, por negarse a dictar las medidas preventivas y reactivas internas por la incursión incesante del coronavirus y por impedir que, en un país con una fragilidad sanitaria tras casi dos años de hondo conflicto político, institucional y socioeconómico, los nicaragüenses sigan migrando a suelo costarricense como potenciales portadores del virus.
2—Como país sin ejército desde 1948, con abundante autoridad moral de nación que hace más de 71 años le declaró la paz al mundo y decidió gastar sus recursos en educación y salud, exigir a los restantes 34 gobiernos de América que, en lo inmediato y frente a los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia, recorten sus presupuestos militares y refuercen con urgencia los gastos en seguridad social.
¿Cuál es el consuelo de los argentinos al saber que su ejército, con la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial de Argentina, perdió un submarino que, además del saldo mortal del incidente, le significó un costo millonario en su presupuesto?
Viendo a Europa, ¿de qué le sirvió a Italia, en la catástrofe que se hundió por el azote del fenómeno, tener aviones supersónicos que apenas sirvieron en este escenario de tragedia humana para hacer dibujitos con los colores de la bandera italiana con sus chorros en el aire?
Sí, de nada. E igual sucede, por ejemplo, con los tanques rusos en Nicaragua o con los aviones rusos en Venezuela y con la avalancha de cuantiosa ayudar militar por décadas de Estados Unidos a América Latina y El Caribe.
En este contexto, los dos siguientes datos son contundentes:
Un recuento del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, principal centro global de monitoreo de presupuestos de defensa, reveló que América Latina y El Caribe (excepto Costa Rica) gastaron mil 485 mil 600 millones de millones de dólares de 1988 a 2018.
En contraste, la intergubernamental Conferencia Latinoamericana de Saneamiento mostró otro drama latinoamericano y caribeño: 14,3 millones de personas defecan al aire libre, 17,5 millones usan letrinas simples y solo 51,8% de sus 660 millones de habitantes tiene servicios seguros de saneamiento para eliminar excrementos.
Sin duda que el resultado de este tipo de gestiones internacionales es incierto y en especial en el contexto de la OEA. También lo es la iniciativa—valiosa y oportuna—que el Ministerio de Salud de Costa Rica lanzó en marzo pasado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar las condiciones de acceso a tecnologías en el combate al coronavirus.
Si los países americanos se niegan a recortar los gastos militares, pues que los organismos internacionales que hoy están recibiendo sus solicitudes de préstamos para luchar contra el Covid—19 entiendan que esas naciones están mandando un mensaje claro: los militares, sus armas y sus tropas son intocables, aunque la insalubridad y la vida de millones de personas esté bajo una amenaza con desenlace sin certidumbre.
De carambola, Costa Rica se instalará en un sitial de liderazgo y, a tres bandas, podrá tener puertas abiertas para acudir a recursos frescos y en condiciones favorables para la guerra verdadera: defender la salud de las personas que habitan en sus 51 mil kilómetros cuadrados.
Por eso, el 176 cumpleaños del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica que se celebró el 9 de abril demostró una reiterada triple ausencia de política internacional, de visión de estadista y de compresión geopolítica en Otoya y en Zapote.
Jerarcas del gobierno de Costa Rica se movilizan en lancha para una inspección en la zona fronteriza con Nicaragua este 10 de abril. Foto: Presidencia de Costa Rica.
(*) José Meléndez es un periodista costarricense que es corresponsal del periódico El Universal, de México, para América Latina y El Caribe, y que escribe para medios de comunicación de España, Colombia y Estados Unidos.
La crisis que globalmente ha provocado el COVID-19 nos presenta una encrucijada a los pueblos de Abya Yala – América Latina. Las organizaciones populares somos la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición:
Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. El COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue a sus espaldas con la recomposición de la tasa decreciente de ganancia empresarial; que confluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa las graves consecuencias.
En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco de nuevas políticas imperialistas, y donde nuestros pueblos han encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa para legitimar la presencia de las fuerzas armadas en nuestros territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres y disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad extremas.
Como es la mejor tradición de nuestra gente, somos las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras/es, de los barrios, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también para proyectar una salida a esta crisis que no sea una vuelta atrás a la salvaje normalidad capitalista, sino un camino hacia una sociedad distinta. Ello será posible si tomamos lo mejor de nosotros como pueblos, los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que alimentemos durante esta batalla, serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala.
Ante la falta de vivienda ocupamos territorios y construimos casas; ante la falta de trabajo organizamos cooperativas, recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, despidos y suspensiones; ante el ataque patronal peleamos por mejores condiciones de trabajo a través de huelgas; ante la falta de educación generamos escuelas; ante la opresión hacia las mujeres y disidencias construimos feminismos populares; ante la explotación construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización y por salarios dignos hasta las últimas consecuencias; contra el hambre construimos comedores y merenderos populares; ante la crisis climática desarrollamos la agroecología; frente el monocultivo y el monopolio de los alimentos, construimos territorios campesinos agroalimentarios para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria; ante la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico hacemos sustitución de cultivos y luchamos contra la violencia estatal. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte.
Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad continental y la unidad de los pueblos.
Frente a las políticas de los y las capitalistas, para usar la crisis como revestimiento del ajuste, profundicemos y replanteemos nuestras luchas históricas por la defensa de los territorios, la vida y la socialización de las riquezas, construyamos poder popular y comunitario.
Por eso, exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos:
1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y condonación de la misma. Es criminal que se escatimen fondos a la salud y los derechos, por pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia son la prioridad. Necesitamos recuperar nuestra riqueza estratégica y el manejo de bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos empezando a vivir.
2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado, que las inversiones necesarias en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la generación de insumos destinados a combatir el coronavirus, así como las enfermedades que soportamos sin atención del Estado como la desnutrición, el dengue, el chagas y la tuberculosis.
3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud pública. Inversión urgente y prioritaria en el sistema público de salud, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública de estos servicios. Que los Estados tomen control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de los y las trabajadoras. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos para desarrollar con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y reconocimiento a la medicina originaria y ancestral.
4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso universal garantizado para todas y todos, prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los trabajadores para vivir una cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a su ocupación y recuperación por parte de los y las trabajadoras.
5. La vivienda y el hábitat digno como derecho social. La cuarentena solo puede realizarse bajo un techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, pagos de alquiler y de servicios; las políticas de hábitat deben direccionarse hacia una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para todas las familias trabajadoras. Acceso universal al agua, luz y gas y urbanización de los barrios populares: no hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas sin personas, ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en situación de calle y albergues populares.
6. Enfrentar el hambre y garantizar la alimentación universal. Priorizar el financiamiento y el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abastecimiento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias: es necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con precios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado.
7. Contra la mercantilización de la naturaleza. Necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por pulpos económicos con la complicidad de gobiernos y la burguesía local. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y extractivo. La explotación de recursos naturales debe respetar a la madre tierra como así a los pueblos que la habitan.
8. Fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros. Especialmente a todo aquellos cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como la Amazonía, para quienes la amenaza epidemiológica puede significar un etnocidio. Fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas.
9. Políticas reales para enfrentar la violencia machista. Con las medidas de aislamiento social, existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres. Que para las mujeres, cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas para garantizar su uso cuando la violencia contra las mujeres es un hecho no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir femicidios y transfemicidas. Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias.
10. Más prevención, no a la represión. Muchos gobiernos han utilizado el contexto del coronavirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia, y para aumentar el encarcelamiento de los más pobres, de líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos. Es hora de reducir la población carcelaria como un problema de salud pública. También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias, indígenas y populares que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo organismo comunitario para cuidar la vida en el campo y en la ciudad.
11. No a la intervención política, económica y militar imperialista. Rechazamos de manera categórica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte del imperialismo yankee y sus socios, el asesinato permanente de líderes indígenas, afrodescendientes y populares en Colombia, la feroz represión de los regímenes golpistas en Bolivia y Honduras, del gobierno antipopular de Piñera en Chile, así como la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba y Venezuela.
12. Ayuda Humanitaria Internacionalista. Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de Covid-19 en las ciudades donde la pandemia se ha expandido con más crudeza, cómo Guayaquil y San Pablo.
Contra la riqueza de pocos, por la lucha de los pueblos ¡Por la vida, no el FMI! Como luchan los pueblos latinoamericanos: Diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, diciendo-haciendo, ¡carajo! ¡Solidaridad internacionalista, YA!
Adhesiones:
fru@resistencia-urbana.org comunicacion@conaie.org CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Ecuador Congreso de los Pueblos-Colombia MTST Movimiento de Trabajadores Sin Techo-Brasil CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana Ecuador FPDS Frente Popular Darío Santillán-Argentina ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia-Colombia FOL Frente de Organizaciones en Lucha- Argentina Ukamau-Chile CRBZ Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora-Venezuela CNTE-SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-México AUTE Sindicato Electricista-Uruguay Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’Kej- Guatemala CNA Coordinador Nacional Agrario-Colombia Movimiento de los Pueblos/por un socialismo feminista desde abajo.(Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – Izquierda Latinoamericana Socialista-Movimiento 8 de Abril)-Argentina CLOC (ANAMURI, Ranquil, Conaproch, Red Apícola Nacional, ANMI)-Chile FENASIBANCOL Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos-Colombia MPA Movimiento de Pequeños Agricultores -Brasil CRIC Consejo Regional Indígena del Cauca-Colombia UTT Unión de Trabajadores de la Tierra-Argentina PCN Proceso de Comunidades Negras-Colombia CONAMURI Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas – Paraguay União Nacional de Trabaladoras(es) Camelôs, Feirantes e Ambulantes do Brasil-Brasil MICC Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi – Ecuador PAPDA Plate-forme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif-Haiti Comisión Intereclesial de Justicia y Paz-Colombia Feminismo Comunitario Antipatriarcal – Bolivia Movimiento Insurgente – Bolivia. MNCI Movimiento Nacional Campesino Indígena “Somos Tierra”- Argentina CENPAZ Coordinación Nacional de Paz-Colombia MBL Movimiento de Barrios en Lucha-Ecuador Brigadas Populares-Brasil Zona humanitaria de San pedro del Ingara Chocó Territorio de paz-Colombia UNORCAC – Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi – Ecuador MTD Aníbal Verón-Argentina FOB Autónoma-Argentina FOB La Libertaria-Argentina MTR por la democracia directa-Argentina FAR Frente Arde Rojo/COPA-Argentina Frente Popular – Ecuador Coordinadora Simón Bolívar-Venezuela Radio al Son del 23-Venezuela Plataforma de Lucha Campesina- Venezuela Colectivo Caminos Verdes-Venezuela FNL Frente Nacional de Lutas -Brasil Movimiento de Mujeres por la Vida de Cajibio y Popayán-Colombia Comité por la Abolición de las deuda ilegítimas CADTM Abya Yala Nuestra América (Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil y Puerto Rico) Red Emancipa de Educación Popular-Brasil Feministas del Abya Yala MPLT Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo-Argentina Pañuelos en Rebeldía-Argentina Red de la Diversidad-Bolivia Escuela Popular Permanente-Chile Juntos! – Juventud en Lucha-Brasil FECAOL Movimiento Nacional Campesino – Ecuador Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte (ASOTRASET) – Ecuador Corriente Sindical Carlos Chile-Argentina Colectivo Whipala-Bolivia Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Colombia OLP Resistir y Luchar-Argentina Colectivo Alexis Vive-Venezuela Colectivo Editorial Marcha Venceremos Partido de Trabajadores-Argentina Corriente Social y Política Marabunta-Argentina Convergencia 2 de Abril-Chile Democracia Socialista-Argentina ASL Acción Socialista Libertaria-Argentina La Junta-Perú. Venceremos Abriendo Caminos-Argentina ORG Organización Revolucionaria Guevaristas-Argentina Organización Política Presentes por el Socialismo «PPS» – Colombia CPI Corriente Política de Izquierda -Argentina Secretaria Migrantes y Refugiados UTEP-Argentina Asamblea Pachamama-Uruguay Comunidad Mapuche Los Toldos-Argentina Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador-Ecuador Movimiento Mujeres Por la Vida-Venezuela Unión Comunera-Venezuela Voces Urgentes-Venezuela Espacio Pedagógico Cultural Fénix-Argentina Movimiento de Jóvenes por la Patria (JPP-PPT)-Venezuela Amigos da Terra-Brasil Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES-Ecuador Red Feminista Ecosocialista de Ecuador-Ecuador Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)-México Red de Medios Digitales de comunicación comunitaria y alternativa del Ecuador Infórmate Pueblo-Ecuador FURIA TRAVA colectiva de travestis feministas abolicionistas-Argentina Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)-México Nueva Central de Trabajadores (NCT)-México ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica)-México Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores-México Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-México Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT)-México Frente Socialista-México Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE-Ecuador Fórum da Amazônia Oriental FAOR-Brasil ICA Iglesia Cristiana Ágape-Honduras Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza-Argentina Asamblea Vecinal ( vecinos en lucha)-Argentina Fuera la subestación Rigolleau ( contra la contaminación de los campos CEM)-Argentina Red de barrios irradiados de la R. A.-Argentina FUNDACIÓN AUDIOVISUAL INDÍGENA WAYAAKUA-Venezuela MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE INDÍGENA DE VENEZUELA MICIV-Venezuela FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR-Ecuador Amigos da Terra America Latina e Caribe-ATALC Conselho indigenista Milionário-CIMI-Brasil UNIDAD POPULAR DE ECUADOR-Ecuador Grupo Carta de Belém-Brasil Jubileo Sur/Américas Jubileu Sul Brasil Asociación Colombiana de Educación al Consumidor-Colombia Tatagua Colectiva Feminista Conurbano sur Bs.As- Argentina Comité Oscar Romero de Cádiz-España Espacio cultural, político y social La Casita en Marabunta-Argentina Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile. Fundación Helmut Frenz de Educación en Derechos Humanos-Chile. Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas-Chile. Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador-Ecuador TALLER DE «J»ORMACIÓN ESTUDIANTIL RAÍCES – TJER-Colombia Coordinadora indígena Popular Autónoma (CINPA) Oaxaca -México Colectivo de mujeres en Resistencia «Sinchi Warmi» – Ecuador SOA Watch – Observatorio de la Escuela de las Américas Propuesta TATU VÓRTICE ESTUDIANTIL ALTERNATIVO Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria para Latinoamérica (RIPESS LAC) Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)-Republica Dominicana La Red Nacional de Organizaciones de Economía Solidaria (REDESOL)-Republica Dominicana. Movimiento Rebelión o Extinción-Argentina Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE-Ecuador Fuerza de Bases-Chile MPL (Movimiento Popular Liberación)-Argentina CCRS (Corriente Clasista René Salamanca)-Argentina
Enviado a SURCOS por Carlos Alberto Hernández Porras.
