Proceso de diálogo y construcción de medidas para enfrentar la crisis causada por la COVID-19
Diez propuestas priorizadas en respuestas inmediatas y procesos transformativos para enfrentar la crisis causada por la COVID-19 desde una perspectiva social, socioproductiva y solidaria.
El sociólogo Carlos Brenes compartió con SURCOS este documento que expresa el proceso de diálogo realizado por el sector de Economía Social Solidaria con el gobierno.
El documento señala en su introducción:
“La grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto que se necesita un nuevo orden mundial. La comprensión más generalizada de la gestión del riesgo de desastres define este como la combinación de dos factores: las amenazas y la vulnerabilidad o exposición a estas. Todo desastre resulta de una alta vulnerabilidad. Esta no tiene que ver solamente con los primeros impactos, sino, también, con las consecuencias socioeconómicas y ambientales de mediano y largo plazos. Comúnmente, existen sectores de la población que son afectados más dramáticamente por los efectos dañinos de los desastres. Estos son los que tienen las posiciones más desventajosas en términos socioeconómicos.
Aunque nuestro Gobierno y la CCSS han demostrado un gran acierto en la conducción del país para mitigar el impacto sanitario de esta crisis, se han puesto de manifiesto vulnerabilidades en nuestro sistema de gestión del riesgo de desastres, esto es, en la preparación para afrontar amenazas más allá de las hidrometeorológicas y geológicas. A estas, entre otras, se suman las amenazas biológicas, que no por primera vez desencadenan emergencias en el mundo y ante las que el país también es frágil. Ha quedado más visible que nunca que cualquier evento destructivo –ya sea un sismo, un ciclón tropical, una sequía o un fenómeno epidémico o pandémico– además del impacto inmediato, genera una devastación socioeconómica, en la que siempre la peor afectación y la mayor desprotección son las que sufren los pobres. Pero también esta crisis ha causado estragos en sectores de los estratos medios.
Ante todo, llamamos a ver detrás de las estadísticas que están evidenciando esta realidad, los rostros humanos: los de aquellos que han perdido su empleo; los de cientos de miles que no lo tenían y han visto frustradas sus expectativas de conseguirlo; los de los que estaban hundidos en el mundo de la informalidad laboral y los de quienes ahora han pasado a sumarse a sus filas. Rostros de personas que dependían de asistencia humanitaria y ahora no pueden ser auxiliados. Son, todas estas, personas que viven la angustia y la desesperación de no tener un ingreso total o parcial que le permita comprar los alimentos de su familia, pagar los recibos de servicios, cubrir los pases para movilizarse, comprar los pañales de sus hijos o de sus padres enfermos. Son las personas que se habían endeudado para montar una pequeña empresa y ahora no tienen cómo pagar el préstamo, porque el emprendimiento se hundió; las personas que adquirieron deudas para responder a necesidades de salud, de vivienda, de estudio propio o de los hijos, entre otras necesidades básicas. Son los rostros de nuestros agricultores y agricultoras desprotegidos, sin seguros de cosecha, sin mercado justo para sus productos, que van perdiendo casas y tierras por el endeudamiento. Y no podemos olvidar los rostros de quienes están totalmente a la orilla, los miles de personas que habitan en nuestras calles, sin poder atender a la consigna del “quédate en casa”, lávate las manos, báñate, utiliza alcohol gel y lava tu ropa al llegar a casa… pues simplemente no tienen casa, ni servicios sanitarios, ni ropa en un armario.
Durante la temporada 2019, solo en 23 de los 133 programas de concierto de los ensambles de la EAM, se incluyeron piezas de compositoras
Con la aprobación de la propuesta, los ensambles de la Escuela de Artes Musicales deberán incluir dentro de su repertorio anual, una obra de alguna compositora.
Estudiantes y docentes de la Escuela de Artes Musicales (EAM) idearon una trascendental propuesta a nivel académico y nacional para la inclusión de obras de compositoras dentro de dos de sus importantes espacios académicos y culturales.
Mediante una sesión de la Asamblea de Escuela, que es mayoritariamente masculina e integrada por docentes en propiedad y estudiantes, se aprobó el proyecto que surgió a raíz del espacio creado por la red universitaria contra el hostigamiento sexual, del proyecto Cero Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (UCR), en dicha unidad académica.
La votación contó en total con 29 votos a favor, 5 en contra y se hizo efectiva a partir del 27 de mayo del presente año.
Según este acuerdo, se deberá incorporar al menos una pieza al año de compositoras en los programas de concierto de los ensambles de la Escuela (orquesta, banda, coro, orquesta de guitarras).
Asimismo, deberán añadirse estas piezas en la lista de repertorio en los programas de los cursos de instrumento y de música de cámara que componen la EAM.
“La Asociación de Estudiantes ha tenido un trabajo activo en torno al tema del hostigamiento. Ha habido muchas reuniones de apoyo y de seguimiento. Hacia finales de 2019, surgió el tema de que no deberíamos trabajar solamente en ciertos aspectos del hostigamiento, sino también ser activas en otro tipo de propuestas”, indicó la decana de la Facultad de Artes y profesora de Artes Musicales, María Clara Vargas Cullell.
Según como lo señala el acuerdo, los programas de curso deberán contar obligatoriamente con un listado de obras de mujeres compositoras, que no se había incluido hasta el momento, para que el estudiantado tenga la opción de conocer y tocar las piezas durante su proceso de formación académica.
De acuerdo con la Decana de la Facultad de Artes, en 70 años ha existido la posibilidad de que se integraran las obras de estas compositoras en la EAM y hasta este año no se había hecho de forma obligatoria. Con frecuencia, se ha repetido el uso de repertorios tradicionales.
“Es simbólico no solo en la escuela, sino a nivel nacional, porque hay otras instituciones de educación musical superior que quizá emulen esta decisión y a nivel regional estoy segura que también podrían hacerlo. Hay algunas escuelas universitarias en Centroamérica que estoy segura que no tienen esto estipulado y talvez se entusiasmen con este paso que estamos dando”, añadió la decana María Clara Vargas Cullell.
Avance simbólico en equidad
Amanda Mesén Badilla, psicóloga del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), ha acompañado el proceso del estudiantado y docentes de la EAM dentro de la red universitaria contra el hostigamiento sexual.
“Fue muy bonito porque empezamos a trabajar hace más de un año y, a pesar de que al principio el proyecto consistía en informar sobre el tema de hostigamiento, se alcanzó un trabajo colectivo que se ha ampliado. Todo esto con estudiantes, profesoras y la decana de la Facultad, quien logra llevar más allá la iniciativa para empezar a gestionar este plan de acción que toca temas tan importantes”, comentó la psicóloga del CIEM.
Asimismo, Mesén Badilla añadió que se trata de una propuesta pionera en cuanto a equidad de género dentro de la escuela. Indica que esta refleja una realidad innegable sobre la histórica exclusión de la mujer en diversos campos y que, por ende, debería ser un tema central que se discuta colectivamente en todas las instancias de la Universidad.
Orquidea Guandique Araniva, es otra profesora de la EAM que también ha participado y aportado en este espacio. La docente indica que el proceso de lucha por la equidad dentro de la escuela se ha llevado a cabo de muchas formas.
Uno de los esfuerzos inició hace algunos años liderado por la profesora Tania Camacho, quien inició un Simposio de las Mujeres en la Música y que se ha traducido en esfuerzos para visibilizar los aportes de la mujer dentro del campo.
“Presentando un cambio o discutir sobre el hecho de que no solo los hombres componen, sino que las mujeres también lo han venido haciendo desde hace muchos años sistemáticamente, de alguna forma pone en evidencia la manera en la cual hemos construido muchas de las prácticas que actualmente hacemos y continuamos haciendo”, explicó la docente Guandique Araniva.
“Ahora podemos decir que incluiremos obras de compositoras que han estado invisibilizadas. Es algo importante, pero es apenas una vez al año que estamos dispuestos a hacerlo. En la medida en que esto se convierta en una práctica, comenzaremos a romper con estas ideas de lo que la historia ha reafirmado hasta el momento”, añadió la docente.
Tesis pionera
María José Martínez Solano es egresada de la Licenciatura en Enseñanza de la Guitarra de la EAM. Su proyecto de tesis constituyó un aporte pionero a la escuela, ya que recopiló un listado de compositoras del siglo XXI, que hasta el momento se encuentran activas.
A raíz del listado hecho por Martínez Solano, la biblioteca de la EAM pudo adquirir 23 de las obras. Las compositoras mencionadas en la tesis son originarias de Europa y América.
De acuerdo con la egresada, a nivel mundial no existía ningún escrito que recopilara los nombres y obras de dichas artistas a pesar de que muchas de ellas son reconocidas y han ganado premios Grammy.
El proyecto consistió en analizar cómo las obras en distintos niveles de dificultad aportaban recursos que enlazaban aspectos de la guitarra flamenca, clásica y cómo se podría trabajar a través de ellos la técnica en la guitarra.
“Siempre fui la única mujer en mi carrera durante los 10 años que estuve involucrada con la EAM. Eso también me llevó a pensar en que si no hacía este proyecto, quizá nadie lo iba a hacer por iniciativa propia. Ojalá que al final se dé más apertura en la Escuela”, comentó la egresada y actual docente del Recinto de Paraíso, María José Martínez Solano.
Bianca Alina Villalobos Solis Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Este viernes 12 de junio a las 6 p.m. por Facebook Live del programa radial Alternativas se hablará sobre el tema: «Soberanía alimentaria y su necesaria materialización».
San José, 11 de junio de 2020.- Las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 implementadas por el Estado de Costa Rica han sido en general acertadas, evitando así o retrasando en su caso el contagio comunitario de la enfermedad. Sin embargo, es primordial que las decisiones y medidas de prevención tomadas se basen en el respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, sin discriminación alguna.
Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebramos las declaraciones del pasado 8 de junio, del señor canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano, quien de manera muy vehemente llamó a eliminar las expresiones xenofóbicas contra la población nicaragüense debido a la crisis sanitaria. Ese mensaje directo y enérgico debe calar en todo el accionar institucional de país. Además, pone de manifiesto que Costa Rica cuenta con las condiciones y la disposición para elevar la voz con más contundencia en foros internacionales, con el fin de exigir acciones decididas y urgentes en contra del régimen orteguista que sigue afectando de manera criminal e impune al pueblo nicaragüense. Es de vital importancia para toda la región centroamericana, que se reconozca a Daniel Ortega Saavedra como responsable directo de la propagación descontrolada de la pandemia en Nicaragua; la ausencia de medidas e información consistente y veraz para toda la población; y la precariedad y amenazas con la que opera el sistema público de salud del hermano país.
A pesar de celebrar las declaraciones del señor Canciller, las organizaciones que monitoreamos las vulnerabilidades, desafíos y afectaciones que enfrenta la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitante de refugio en Costa Rica mostramos nuestra preocupación ante las acciones y medidas adoptadas en los últimos días, principalmente en la zona norte, que han generado expresiones de discriminación contra la población nicaragüense. Así se observa en las disposiciones del Área de Salud Los Chiles, que entre otras orienta: “Todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 911 para el despacho de unidad de migración y fuerza pública. NO se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al EBAIS.” Posteriormente expone: “Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica de lo contrario NO se realiza tamizaje por COVID-19…” y continúa indicando “…Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de auto cuidado esto por cuanto TODO paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por COVID hasta que no se demuestre lo contrario” (negrilla propio).
Lamentamos que estas directrices, en sí mismas discriminatorias, sean un retroceso en materia de derechos humanos, ya que legitiman los abusos de autoridad e incentivan la xenofobia entre la población costarricense, lo cual a su vez exacerba en el imaginario social ideas de que las personas nicaragüenses están propagando el virus y resulta en expresiones de discriminación y amenazas proferidas por funcionarias y funcionarios públicos, periodistas y población general que, por prejuicios y desconocimiento, expresan en medios de comunicación y redes sociales. Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense.
Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”.
En este sentido, las organizaciones firmantes instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.
Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense. Asimismo, recomendamos al Estado evitar la aplicación de medidas lesivas a los derechos humanos, como el abuso de autoridad y las suspensiones a las libertades fundamentales, y en cambio promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.
Finalmente, exhortamos al Estado a cumplir con las recomendaciones establecidas en la Resolución 1-20 de la CIDH sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, la cual fija estándares internacionales basados “en [que] la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos”. Entre otros, recomienda:
Evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación.
Abstenerse de implementar medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del COVID-19, tales como acciones de control migratorio o represión en las cercanías de hospitales o albergues, así como el intercambio de información de servicios médico hospitalarios con autoridades migratorias con carácter represivo.
Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar.
Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros instrumentos de comunicación y elaborando protocolos y procedimientos específicos de protección y atención dirigidos a niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados, en especial, proveyendo los mecanismos específicos de asistencia a aquellas personas que se encuentran separadas o sin compañía.
Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica que se hagan necesarias en todos los momentos de la crisis generada por la pandemia.
Estudiantes con crisis de ansiedad, depresión, o con necesidades educativas, reciben atención individual remota por parte de los orientadores, psicólogos o psicopedagogos de la Universidad Nacional, con el fin de ayudarles a manejar sus emociones y adaptar sus materiales ante la complejidad de las lecciones virtuales.
La virtualización del curso lectivo en la Universidad Nacional (UNA), ante el confinamiento por covid-19 no ha sido fácil ni para académicos ni para estudiantes. El estrés, la ansiedad e incluso la depresión, han acompañado a los jóvenes a lo largo del proceso de adaptación. Cada uno, desde su realidad, ha lidiado con dificultades muy diferentes.
Las afectaciones son múltiples en particular en el caso del estudiantado que se vio en la necesidad de retornar a sus casas, en zonas rurales o en comunidades donde no cuentan con conexión a internet o dispositivos electrónicos para atender sus lecciones. Adicionalmente, algunos enfrentan el retorno a sus ambientes familiares, mismos que en ocasiones no son espacios funcionales. Las personas con discapacidad visual, o discapacidad auditiva, han debido enfrentar otros retos, pues algunos de los materiales y recursos didácticos no son accesible. Todas estas situaciones han desencadenado crisis en los universitarios.
Idaly Cascante, directora del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA, explicó que los estudiantes que se mantenían estables y recibían atención individual, acudieron a ellos por ayuda, pues la ansiedad, depresión, e incluso las ideas suicidas volvieron a desequilibrar su estabilidad emocional, así también las unidades académicas de diferentes facultades refirieron a estudiantes en crisis para atención urgente. Orientadores, psicólogos y psicopedagogos debieron tomar medidas inmediatas de atención individual remota para esta población que clamaba por ayuda.
“Ha sido una oportunidad para reinventarse y poder brindar servicios a los estudiantes que lo necesitan. Comprender y acercarnos a pesar de la remotidad. Es posible hacer este tipo de intervenciones por medios digitales. Lo estamos haciendo bien porque hemos cuidado los detalles. El equipo analizó las variables con el objetivo de dar un servicio remoto de calidad con los protocolos necesarios para respetar al usuario, aplicando las mismas condiciones de la presencialidad, como por ejemplo la privacidad”, detalló Cascante.
De este modo, se les propone continuar con la psicoterapia en línea, tanto de pacientes con expediente clínico en el Departamento de Psicología, como de los casos en crisis que son referidos por las unidades académicas. Los estudiantes atendidos presentaban ansiedad por perder los cursos, incapacidad de lidiar con la frustración y el cambio de rutina, así como casos graves de jóvenes con ideas suicidas.
Actualmente, los estudiantes con discapacidad visual, auditiva o diagnóstico TEA, también reciben el servicio individualizado. Psicopedagogos, intérpretes del Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) e incluso estudiantes asistentes, colaboran con el departamento con el fin de evitar la deserción de estos universitarios. Muchos de los materiales se transcriben para hacerlos accesibles, y las lecciones virtuales se interpretan en LESCO de forma individual para los estudiantes que así lo requieran.
Lucía Quesada, psicopedagoga del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA, agregó que “otra de las labores realizadas ha sido reunirse con académicos para aclarar dudas sobre la aplicación de los ajustes metodológicos o de evaluación dirigidos a estos estudiantes, así como la explicación de las características propias del TEA y las reacciones de estos jóvenes ante la situación de alerta por la pandemia y los cambios que la virtualidad conlleva”.
Por su parte, los orientadores del departamento continúan trabajando en la atracción de estudiantes para el proceso de admisión 2021, así como en la atención vocacional de los universitarios que desean cambiarse de carrera. Jazmín Ureña, orientadora vocacional del Departamento de Orientación y Psicología de la UNA, explicó que en la orientación individual remota se trabaja en temas como: rendimiento académico, técnicas de estudio, autoestima y resolución alternativa de conflictos, con el fin de lograr la permanencia de la mayoría de los jóvenes que solicitan apoyo.
Paralelamente a las consultas individuales, el Departamento de Orientación y Psicología reforzó su comunicación por medio de las páginas de Instagram: unaconexionmental y en Facebook: noticiasvidaestudiantil donde publica guías con contenido teórico-científico para educar a la población y brindar ejercicios prácticos de respiración, manejo de la ansiedad, autoexploración de sentimientos, relaciones interpersonales, cómo reconocer la depresión y manejar sus síntomas, así como sobre la higiene del sueño o insomnio. Estas son guías de autoayuda para sobrellevar las situaciones de crisis, pero no sustituyen la ayuda profesional, por lo que insta a los estudiantes con alguna dificultad a contactarse con el departamento para ser atendidos.
El primer encuentro virtual de Sonamos Latinoamérica se llevará a cabo del 19 al 28 de junio, en un esfuerzo por unir en un lenguaje musical las aspiraciones y necesidades culturales de nuestra America Latina.
Compartido con SURCOS por Manuel Delgado Cascante.
El estudio en aguas residuales podría indicar sitios de circulación activa del virus aún en zonas sin casos reportados
Dos científicas del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica (Inisa-UCR) encabezan un estudio único en el país que permitirá cuantificar, en las aguas residuales de todo el territorio nacional, la carga viral del SARS-COV-2 (el virus que causa la enfermedad del COVID-19).
Se tratan de la Dra. Luz Chacón y la Dra. Kenia Barrantes. Ellas, en conjunto Eric Morales Mora, especialista en salud ambiental de la UCR, y el Laboratorio de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) investigarán la cantidad de virus que está circulando en un ambiente determinado.
El trabajo de las científicas brindará un aporte trascendental en beneficio de la salud pública nacional. Si las investigadoras encuentran una elevada carga viral en las aguas residuales, el resultado podría asociarse a un mayor número de personas contagiadas que las reportadas.
Si ese hallazgo se da, el país tendrá datos científicos robustos para identificar sitios de circulación activa del virus y así poder realizar intervenciones localizadas.
“En algunos países, como Australia, han logrado correlacionar el número de casos de una población determinada con la carga viral en aguas residuales. En otros países, como Holanda, se ha podido encontrar el virus aún cuando no se ha observado un brote importante del mismo. Por esta razón, la vigilancia de la carga viral en las aguas residuales podría ser una herramienta muy apropiada para el manejo de la emergencia”, afirmó la Dra. Chacón.
Una vez localizado un foco de infección, y tomadas las medidas pertinentes, la disminución en la carga viral evidenciaría que las acciones tomadas han sido apropiadas. Por el contrario, si la carga viral se mantiene o aumenta, esto indicaría que las medidas han sido insuficientes para contener el virus.
El proyecto refleja una inversión en investigación de hace más de 10 años que le ha permitido al Inisa-UCR ser una institución pionera en el diagnóstico viral de las aguas residuales. Es el fruto de un trabajo colaborativo de casi dos décadas entre dos instituciones cuyo fin es mejorar la calidad de vida del país.
Un microorganismo ágil
Sin embargo, hay una pregunta clave en todo este proceso. ¿Realmente es posible que el SARS-COV-2 sobreviva en las aguas residuales que, además de otros desechos, contienen residuos de sustancias de limpieza como el jabón o el cloro que se supone destruyen al microorganismo? La respuesta es sí.
Ese dato incluso fue confirmado en la conferencia de prensa del 13 de mayo del 2020. En esa ocasión, el Ministerio de Salud, el AyA y la Caja Costarricense de Seguro Social confirmaron la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales del Centro de Aprehensión Regional Central (CARC).
Pero, ¿por qué el SARS-COV-2 puede ser tan resistente en las aguas residuales?
“Para que el jabón u otros desinfectantes actúen es necesario aplicarlos directamente y en cantidades adecuadas. Además, el cloro es un elemento muy reactivo que fácilmente se puede evaporar (es un gas) o combinar con la materia orgánica (lo cual lo inactiva). En aguas residuales las concentraciones de estas sustancias son mucho más bajas que las recomendadas para la desinfección, por lo que es posible que no se eliminen los virus que podrían estar en ellas”, explicó la Dra. Chacón.
Hasta el momento, las investigadoras suponen que el virus, al estar en un ambiente tan adverso, podría perder su capacidad de infectar. Pero es tan solo una hipótesis que requiere comprobarse.
Pero no solo eso. El SARS-CoV-2, al ser capaz de atacar las células intestinales, puede llegar a producir cuadros de diarrea. Esta característica hace que el virus sea fácilmente trazable en aguas residuales y obtener información certera.
Lo que aún no se sabe es la cantidad del virus en esas aguas y si el SARS-COV-2 presente tiene la capacidad de infectar a las personas. Precisamente, esos son los aspectos que están siendo investigados por la UCR.
“El trabajo de la UCR es diferente al del AyA. En los últimos días, el AyA se ha enfocado en realizar un monitoreo reactivo en las zonas con brote por COVID-19 ya identificadas. También, trabajan por detectar la presencia o ausencia del virus de forma cualitativa, pero no cuánto de ese virus hay. El Inisa-UCR aportará en esta materia”, recalcó la Dra. Chacón.
Riesgo latente
Los resultados que se logren no solo ayudarán a determinar la carga viral, sino también a analizar el riesgo que las descargas de aguas residuales puedan generar para la salud pública.
Por ejemplo, alguna vez se ha preguntado: ¿qué pasa con las aguas residuales que son tratadas? La respuesta es simple: mucha de esa agua termina en los ríos, cuyo líquido posteriormente se utiliza para otros fines. Por ejemplo, para la recreación o regar los cultivos.
Entonces, ¿qué pasaría si sobrevive una cantidad importante del SARS-COV-2 en las aguas residuales del país? La respuesta vuelve a ser sencilla: un claro peligro para la salud pública.
“Las aguas residuales tratadas por lo general caen en los ríos y se usan para regar vegetales. Entonces, es muy importante garantizar que las aguas que salen de esa planta de tratamiento realmente tengan cantidades mínimas de virus que se puedan diluir y que no afecten a las personas. Si están saliendo muchos virus después del tratamiento, se puede poner en riesgo a las personas”, afirmó la Dra. Chacón.
Para estimar el riesgo, Eric Morales Morales, especialista en salud ambiental de la UCR, será el encargado de efectuar un análisis cuantitativo de riesgo microbiológico.
“Estimar el riesgo es un proceso largo, pues es una cadena de análisis en la que primero hay que determinar la concentración ambiental, luego la dosis que potencialmente podría recibir una persona y, posteriormente, la dosis probable para que la persona desarrolle la enfermedad. Con base en esa información, se calcula el riesgo de una zona específica según las actividades de la zona: recreación, contacto directo con esa agua o que se utilice para riego”, indicó Morales.
La sinergia entre ambas instituciones (AyA y UCR) es un espacio propicio para aportar al manejo del COVID-19, así como de otros patógenos virales y protozoarios que por muchos años han sido obviados.
Numerosos aportes
Una de las cualidades más fuertes del estudio es que no solo cuantificará el SARS-COV-2, sino también evaluará otros virus generadores de enfermedades como el Norovirus, Enterovirus y parásitos como Cryptosporidium spp. yGiardia sp en aguas residuales.
Por el momento, ya se han recolectado muestras del Gran Área Metropolitana y de Puntarenas. La selección inicial de esos lugares de muestreo se dio, principalmente, porque son plantas de tratamiento que reciben el agua residual de gran parte de la población.
Con el reciente financiamiento de los fondos del Espacio Universitario de Estudios Avanzados (Ucrea), dentro de los próximos meses la UCR incluirá plantas residuales a lo largo de todo el territorio nacional.
“En esa primera etapa. Para seleccionar las plantas de aguas residuales se tomaron en cuenta varios factores. El más importante es garantizar que las aguas vengan de la población general, y no de una población particular, para evitar tener resultados alterados por las particularidades de la planta. Al tener resultados de población general, logramos una mejor idea del comportamiento general del virus”, dijo la Dra. Chacón.
Para efectuar los análisis, las investigadoras realizarán una concentración viral, seguida de extracción de ARN, síntesis de ADN y una posterior PCR cuantitativa en tiempo real que detectará la presencia del virus.
La técnica PCR tiene amplias ventajas, como la de obtener resultados en un tiempo corto. Otra es que no se requieren de pasos adicionales y posee la cualidad de detectar cantidades bajas de virus.
“Si bien ya iniciamos la toma de muestras, aún está pendiente que lleguen al país varios insumos para realizar la determinación de carga viral, razón por la cual desconocemos cuando tendremos los primeros resultados”, especificó la especialista.
La fase de muestreo se proyecta que durará un año en diferentes sitios. La idea es realizar un análisis mensual.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
MUJERES EN ACCIÓN PROPONE: CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS
¿Quiénes somos?
MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.
La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.
Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.
Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.
En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.
Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.
El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.
En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.
Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.
Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.
Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.
Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas
habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.
En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.
Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.
Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)
La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.
El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..
En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):
La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.
Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.
Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.
En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.
NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS
Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.
Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.
La situación de la pandemia ha creado condiciones que favorecen la búsqueda de alimentos sanos, libres de agrotóxicos, y además, con el fomento de una estructura de mercado solidario, es decir, que promueve la unidad entre empresas productoras para la comercialización, y además, en colaboración con las personas consumidoras. Un ejemplo de ello lo compartimos aquí:
Puede buscar detalles en Facebook como Mercadito Azul.
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