Pronunciamiento del Grupo de Trabajo Pensamiento geográfico crítico latinoamericano, por la defensa de los territorios y la vida digna

Mayo de 2020 nos encuentra transitando una crisis humanitaria de carácter

multidimensional a escala mundial. La pandemia del Covid-19 -aún activa- sigue visibilizando día a día las desigualdades espaciales a la par de agudizar la situación económica que atravesamos la mayoría de países de América Latina y el Caribe.

El escenario geopolítico muestra que algunos gobiernos autoritarios, con gestiones que no consideran las observaciones y recomendaciones de los organismos e instituciones internacionales especializados, han profundizado aún más la crisis, haciendo complejo el escenario futuro en nuestra región.

A lo anterior, se suma la precariedad de los sistemas de salud pública y la privatización del sistema sanitario, la dependencia de insumos médicos que deben ser importados, reducción de presupuestos de los sistemas sociales (salud, educación y vivienda), la deficiencia de las condiciones laborales e inestabilidad económica que afecta a millones de personas. A la par, sectores populares, comunidades campesinas, pueblos originarios, afroamericanos, migrantes, personas en situación de calle o de encierro, comunidades LGBTIQ+, denuncian su situación de desprotección, criminalización y represión por parte de los Estados.

El malestar colectivo se enciende a medida que aumenta la emergencia sanitaria y alimentaria, a causa de la desigualdad y pobreza generadas por un sistema económico depredador de territorios y vidas. La pandemia hace más potente el distanciamiento social entre diferentes grupos y sectores sociales. La consigna #QuedateEnCasa no es una medida que puede ser acatada de la misma forma por todas las personas. Aquellas que han sido desposeídas del acceso a bienes básicos para la reproducción de la vida dan cuenta de la brecha social que nos afecta hace siglos, y que bajo políticas neoliberales se profundiza, donde la libertad de algunes, es la inseguridad, exposición y miseria de otres.

En este escenario, las últimas semanas han sido complejas, donde el aumento de casos en algunos países ha sido mayor, incluso, que los casos más emblemáticos en Europa. Uno de ellos es Chile, cuyo gobierno de Sebastián Piñera ha develado y profundizado una importante crisis social que se extiende desde el 18 de octubre del 20191 (1). Los discursos que han emitido las autoridades sanitarias de este país, han mostrado una incoherencia importante de acuerdo a la realidad que millones de personas viven en diferentes lugares.

Así, el gobierno de Piñera ha apelado en este periodo a la libertad individual y a la aplicación de medidas que han llevado a una mayor precarización de las condiciones de vida y laborales de la sociedad, existiendo una visible asimetría social y territorial, que ha favorecido a los lugares donde se localiza la población con altos ingresos económicos, a las grandes empresas del país y transnacionales, en desmedro de la población que se encuentra en situación de pobreza.

Estas medidas no han tenido éxito y, los casos por contagio se han incrementado (2), lo cual lo sitúa como uno de los países con mayor número de contagios por millones de habitantes en el mundo.

A lo anterior, se debe sumar las protestas que se han iniciado en la Comuna de El Bosque en la ciudad de Santiago el pasado 18 de mayo y que se han extendido a otras comunas de la Región Metropolitana y el país (3) . Las demandas de la población se relacionan con el hambre y la falta de trabajo que existe producto de la cuarentena que se ha decretado en la ciudad y que ha afectado con mayor fuerza a los y las trabajadores independientes y ambulantes que viven del ingreso diario que pueden generar en trabajos inestables y esporádicos.

Para el caso de Argentina, sectores populares y pueblos originarios han sido los más afectados por las desigualdades preexistentes. Las condiciones de vulnerabilidad en las que viven, los problemas de acceso a bienes y servicios básicos de buena calidad, como agua potable, las situaciones de violencia de género, hacen que el aislamiento preventivo y obligatorio agrave la reproducción de la vida. A pesar de medidas y políticas específicas que se han tomado desde el gobierno nacional junto a diversas gestiones provinciales y municipales, la situación económica y social pone en evidencia un histórico distanciamiento social. En México, el avance del covid-19 se ha concentrado en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Las periferias urbanas (4) son las zonas más vulnerables y afectadas por el avance de la pandemia, pues en ellas habitan trabajadores más precarizados, Junto a lo anterior, el regreso escalonado a la “nueva normalidad” a partir del 1° de junio decretado por el consejo de salubridad mexicano, contempla el funcionamiento sin restricciones de las actividades esenciales, entre las que se considerarán la industria de la construcción, la automotriz y la minería.

En el caso de la industria de la construcción en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, significa el regreso de miles de trabajadores a sus centros laborales, lo cual reactivará los desplazamientos pendulares entre las periferias y los corredores urbanos donde se concentra el proceso de especulación del suelo urbano impulsado por el tsunami inmobiliario. Sumado a ello, la situación que viven miles de migrantes y desplazados de tierras, pone a este país en un escenario complejo que se ve reflejado en el aumento de los casos y las muertes por COVID-19.

En el caso de Perú el discurso gubernamental ha utilizado el término “guerra” como símil de la actual situación, para caracterizar el enfrentamiento al virus. Tras las denuncias de un medio de investigación (5) acerca de la cifra real de fallecidos, la cual sería cuatro veces mayor, todo indica que la “guerra” en este país se estaría perdiendo. Si bien el Perú ha sido uno de los primeros países en adoptar medidas (6) y es algo positivo, el gobierno pierde legitimidad ante la negligencia que ha mostrado para afrontar la pandemia. Las medidas económicas han favorecido a la clase empresarial, ejemplo de ello es la aprobada “suspensión perfecta” (7) , la cual ha permitido los despidos arbitrarios, las no renovaciones y licencias sin goce de haber (salario).

Los anuncios actuales pretenden levantar la cuarentena de manera progresiva (8), reduciendo los protocolos de seguridad a gusto y beneplácito de la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) y el gran empresariado.

El bono o subsidio universal no lo es, errores en la data de los programas sociales focalizados ha generado que luego de casi 70 días de cuarentena obligatoria muchos peruanos y peruanas no lo han recibido, el gobierno peruano sabe que casi el 73 % de la PEA es informal o de trabajo precario, y está obliga a que muchos tengan que exponerse al virus para llevar sustento económico a su familia, se criminaliza el trabajo precario al pueblo que se le dejó sin salud, educación y vivienda que el modelo económico neoliberal impuso en su constitución de 1993 y fue digitada por el consenso de Washington y los poderes fácticos nacionales y transnacionales a través de Fujimori. En Colombia, las medidas iniciales para enfrentar la pandemia a través del aislamiento preventivo, mostraron la fractura entre el gobierno neoliberal de Iván Duque y la alcaldesa del Partido Verde de Bogotá, Claudia López, debido a que, en la capital, como en otras ciudades y departamentos, se tomó la decisión de implementar medidas de confinamiento social (20 de marzo para Bogotá) antes que el gobierno nacional tomará medidas al respecto. La medida de cuarentena en el país fue tomada el 24 de marzo, lo cual ha dejado en evidencia las profundas desigualdades territoriales en infraestructura, dotación de los servicios de salud, número de profesionales por territorio, y falta de garantías laborales para los profesionales del sector sanitario. Junto a ello, la privatización del sistema de salud, hace más de dos décadas, han develado la corrupción y el financiamiento ilegal.

Los hechos más graves y complejos se han vivido producto de los “Toques de Queda”, que han sido combinados con las medidas de aislamiento social y cuarentena obligatoria, en algunos departamentos y municipios de Colombia, donde se han presentado varios casos de agresiones de la fuerza pública a la población civil, habitantes de las calles, vendedores informales de la tercera edad, y casos de violencia sexual contra las mujeres. Por otro lado, el contexto de conflicto armado ha aumentado los asesinatos de lideresas y líderes sociales, se registraron 100 casos según Indepaz en el 2020, de igual forma se han reportado desplazamientos forzados en Antioquia y Chocó durante abril y mayo respectivamente.

Para Ecuador las territorialidades sanitarias y alimenticias injustas, junto con las medidas económicas que afectan a la clase trabajadora y la multitud de abajo, es ahora una política pública encabezada por el presidente Lenin Moreno, que dispone bajo resolución presidencial diversificar sus funciones a secretarios y convertirlos en rangos ministeriales, es decir, un gobierno dentro del mismo gobierno ejecutivo. También, los cientos de muertos en las calles, el contagio masivo y el robo al erario público, se vio agudizado por la inflación en los precios de mascarillas y bolsas plásticas para cadáveres, que fue una constante por más de 60 días. Mientras tanto, en el poder ejecutivo se mantiene la espera para que el poder legislativo apruebe medidas para luchar contra la pandemia. Lo cierto es que algunos gobiernos locales y provinciales, junto con organizaciones indígenas andinas y de la Amazonía, acompañados por ONG`s que luchan por los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos, han enfrentado con sus pocos recursos y una constante política del trueque, la real pandemia que habita en el país con agroecología y movilidad compartida.

La emergencia sanitaria por el COVID-19 agudizó la crisis económica arrastrada desde años anteriores y debilitó la ya maltrecha legitimidad política del gobierno de Lenín Moreno. El avance del virus afectó principalmente a la ciudad de Guayaquil. El desborde de cadáveres en las calles develó la exclusión y la desigualdad propias del modelo de la ciudad capitalista, el desmantelamiento del sistema de salud y la incompetencia de las autoridades del gobierno central y local para hacer frente a las demandas de atención en salud. La respuesta del gobierno ecuatoriano para manejar la crisis fue el decreto del estado de excepción y una aplicación progresiva del toque de queda, es decir, medidas de control y seguridad como reacciones a una situación sanitaria.

En el caso de Venezuela, fue uno de los países que tomó medidas tempranas para evitar el contagio de la población y evitar la pandemia, a través del decreto N° 4.160 del 13 de marzo de 2020, donde se declara el estado de alarma decretado para todo el país (9). Estas medidas mantuvieron en resguardo a la población y al mínimo el nivel de contagios. Entre marzo y mediados de mayo la tasa se mantuvo baja en comparación con los demás países latinoamericanos. No obstante, la situación interna del país obligó a las comunidades a salir a las calles (10), debido a la falta de agua potable (11), al colapso del sistema de energía eléctrica (12), por la escasez de gasolina (13) y gas, la escasez de alimentos (14), y las fallas en el sistema de salud (15).

Adicionalmente, la tasa de retorno de venezolanos en el exterior ha incrementado los contagios en el país (16), este hecho evidencia que el país aún no está preparado para la ola de contagios que podría incrementar drásticamente los números de enfermos por el COVID-19 en Venezuela (17) implementado por el gobierno venezolano han expuesto a las poblaciones campesinas, rurales e indígenas al sur del Orinoco, al megaproyecto Arco Minero del Orinoco, lo cual ha creado espacios para la transmisión de la enfermedad, ya que la actividad minera no se ha detenido.

La distancia que existen entre las áreas rurales de los centros urbanos ha significado un problema importante para la compra de insumos básicos, lo cual se suma a la situación sanitaria crítica y la movilidad y desplazamiento de los mineros, constituyen un peligro para la expansión de la enfermedad (18).

Cabe destacar, que Venezuela desde hace años está sometida a sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos que ha afectado drásticamente la capacidad de resolver la crisis. La ONU se ha pronunciado sobre las sanciones comerciales y exige al gobierno estadounidense levantar las sanciones y exige al gobierno venezolano detallar los planes para hacer frente a la crisis en el país (19).

Por último, en Brasil somos testigos del sorprendente y desafortunado encuentro del COVID-19 con Jair Messias Bolsonaro en el poder central. Desde que se identificó el primer caso en enero de 2020, el presidente ha fluctuado entre la negación y la acción del protocolo. Junto con esto, suceden diariamente hechos que aumentan la inestabilidad política con importantes repercusiones internas y externas para el país. Así, el 20 de marzo, el estado de calamidad pública se decretó mucho más bajo la presión de los gobernadores y el ministro de salud que por voluntad propia del presidente. Con la justificación de evitar una grave crisis económica y una barbarie social, actúa negando la forma letal del virus y la distancia social necesaria de la población. Como resultado, se han presentado los despidos de dos ministros de salud y un ministro de justicia que no respaldaron las controvertidas medidas, respecto a temas de corrupción y atención preventiva con la salud y la vida de los brasileños. La publicación reciente de la grabación de una reunión privada entre sus ministros reveló interés en la intervención política en la policía federal que investiga el uso de «fake news» en las elecciones presidenciales.También reveló un discurso del Ministro de Medio Ambiente favorable al avance criminoso de la industria maderera y los agronegocios en la Amazonía.

Con esto nos damos cuenta de que, en medio de la cuarentena decretada por los gobernadores estatales, la destrucción de los bienes naturales en la Amazonia y en el Cerrado brasileño avanza sistemáticamente de manera destructiva, seguida por los asesinatos selectivos de líderes indígenas, quilombolas y campesinos, especialmente mujeres y jóvenes. Sí, por un lado, prevalece el histórico odio de la clase constituyente de la sociedad, por otro lado, tenemos respuestas en forma de acciones afirmativas y autónomas diseminadas en todo el país, tales como: 1) Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) que ha organizado la distribución y comercialización de manera organizada de la comida de la agricultura familiar campesina en ciudades medianas; 2) Central Única das Favelas (CUFA) que ha estado trabajando con tecnologías de la información aclarando la necesidad de protección y cuidado en relación con el nuevo virus corona en las comunidades populares de grandes metrópolis como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Recife y Salvador. Como resultado de esta tragedia anunciada, tenemos 375,000 infectados y 24,000 muertos, y Sudamérica y Brasil se convierten en el epicentro de COVID-19 en el mundo.

Es por ello que el GT de Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano realiza este pronunciamiento para denunciar la falta de empatía y conciencia de diferentes gobiernos para abordar los problemas más graves que está revelando esta crisis: los casos de abuso de la fuerza pública, la ausencia de protocolos de prevención, la desprotección del personal de salud, la carencia de apoyos para las personas en situación vulnerable, entre muchas otras medidas que profundizan las desigualdades territoriales y las injusticias espaciales que nuestra región vive desde hace siglos. Junto a recortes presupuestarios en educación pública y ciencia técnica.

En síntesis, creemos necesario y urgente tomar atención a las siguientes problemáticas que nos aquejan transversalmente a los países Latinoamericanos:

1. Violación del derecho humano a la alimentación, especialmente las poblaciones más vulnerables. La población que habita en las zonas urbanas altamente densificadas presenta mayores dificultades de acceso a alimentos. En las áreas rurales, la sobreexplotación de los recursos y la monopolización de la tierra en los grandes capitales también dificulta el acceso a una alimentación saludable que permita afrontar el confinamiento. La consideración de economías solidarias y cooperativas y de pequeños agricultores permitiría afrontar la crisis económica y fomentar nuevos canales de comercialización y otras economías.
2. Desmedro de las condiciones de vida de quienes se suplen de ingresos diarios para su sobrevivencia. En este sentido, asegurar la cobertura de las políticas gubernamentales hacia los y las trabajadoras que se han visto afectadas por la falta de laburo.
3. Garantía de empleo digno y con condiciones de ingresos que permitan afrontar las cuarentenas en los países de Latinoamérica. Las políticas gubernamentales han precarizado las condiciones de los y las trabajadoras en la región, como también ha existido un aumento de los despidos y faltas a los códigos del trabajo. También existe una sobrecarga importante en los trabajadores que están cumpliendo turnos extensos y la no consideración de tiempos de ocio y descanso, lo cual puede afectar la salud mental y física de las personas. Así, es importante que exista una mayor consideración de las medidas que están aplicando los gobiernos y que pueden afectar los tratados internacionales en materia de trabajo.
4. La restricción de acceso a espacios públicos y espacios de recreación y ocio, está teniendo consecuencias importantes en las relaciones sociales entre las personas y las prácticas comunitarias. Una adecuada gestión y planificación territorial de la pandemia puede permitir, en los casos que se posible, el confinamiento comunitario, donde la población pueda acceder a servicios básicos en sus villas, barrios, poblaciones, comunidades, etc. disminuyendo los desplazamientos paraabastecimientos de las personas y familias. Esto también permitiría una mayor circulación de la economía en los lugares.
5. La falta de acceso a una educación que considere la multiculturalidad de la población de América Latina, en cuyos procesos de enseñanza-aprendizaje no están asegurando la transferencia de saberes territoriales y ancestrales que se desarrollar por medio de la praxis y en relación con la naturaleza. Es importante considerar la cosmovisión de los pueblos originarios y tribales, como las prácticas ceremoniales, las cuales son necesarias, lo cual debe asegurarse por parte de los Estados y gobiernos para que se realicen de forma segura, sin afectar la espiritualidad y tradiciones de la población indígena, tribal y afrodescendiente de la región.
6. Desestimulo e inminente deterioro de la economía campesina por las normatividades autorizadas en medio de la emergencia para la importación de alimentos.
7. Genocidio de nuestros pueblos indígenas amazónicos y comunidades campesinas, quienes están en inminente peligro por las condiciones históricas de desatención y baja capacidad de respuesta de los sistemas de salud de la zona. Ocasionado por el olvido histórico de estos pueblos.
8. Atención a los casos de violencia intrafamiliar que viven millones de mujeres, niñes y adultos mayores, por las situaciones de confinamiento y hacinamiento habitacional que viven millones de países en la región. Se hace necesario mayor capacidad de respuesta y de canales de denuncia ante el aumento de los casos.
9. Controlar la militarización y violencia de las fuerzas policiales hacia la población que se manifiesta en los diferentes territorios, considerando la crisis multiregional que se vive en América Latina.
10. Tomar atención sobre el congelamiento de la deuda externa de nuestros países, pues ante el cese de las actividades económicas, las condiciones de vida para los más humildes de los países latinoamericanos han venido en declive.

Así, como GT Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericana denunciamos las medidas genocidas que han adoptado diferentes gobiernos de la región que están llevando a millones de personas a la muerte y a vivir en condiciones indignas. La falta de atención a

los servicios básicos, del sistema de salud y seguridad alimentaria ha evidenciado las fallas estructurales que un sistema que entró en colapso. Los análisis propios y ajenos sobre los efectos en las condiciones de vida de las poblaciones, caribeñas, andinas, amazónicas, australes son similares y con impactos severos en los territorios, que podría afectar sustantivamente la pervivencia de culturas tradicionales y ancestrales.

Instamos a transparentar las cifras y procesos que están llevando los gobiernos y a exigir que se tomen las medidas necesarias para controlar la crisis sanitaria que viven nuestros países, considerando los tratados internacionales y la consideración de los Derechos Humanos Universales.

31 de mayo de 2020
Grupo de Trabajo CLACSO
Pensamiento geográfico crítico latinoamericano

Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Pensamiento geográfico crítico latinoamericano y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

Compartido con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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