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El inicio de la sangrienta dictadura aquel 11 de septiembre de 1973

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

»Se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor», vaticinó el Dr. Salvador Allende aquel tenebroso 11 de setiembre de 1973, instantes antes de morir.

El ladrón y asesino vitalicio Augusto Pinochet, cómplice de Richard Nixon, Henry Kissinger y los «aristócratas» chilenos que junto a la presencia de «los rotos» en el Palacio de La Moneda veían amenazadas sus cuotas de poder, cobardemente ordenó bombardear con aviones Hawker Hunters el palacio presidencial. SU objetivo: asesinar al presidente Constitucional de Chile. Dignísimo «compañero» quien, ante la inminente muerte, rechazó rendirse y refugiarse en alguna embajada de nación amiga, como la de Costa Rica, a la que don Pepe le instó asilarse.

Pasan los años y ¡jamás! podríamos olvidar el momento en que escuchábamos por la radio, las firmes palabras del presidente, con interferencias provocadas por los fascistas, en medio del ruido estruendoso de las armas pesadas, los tanques y camiones y los aviones a reacción.

Para entonces vivíamos en un apartamento en calle Mac Iver con Huérfanos, a pocas cuadras de La Moneda, desde donde la pesadilla se hacía realidad. Fue el inicio de una larga y sangrienta dictadura militar, donde los asesinatos, la tortura, los desaparecidos y los robos al Estado, eran cotidianos. Ya Víctor Jara no cantaba en el Teatro Municipal, ni se escuchaba la voz grave y lenta de Pablo Neruda, el eterno poeta que murió de pena.

Pero un día la estrella de la bandera chilena volvió a brillar, y por fin, se abrieron de nuevo las grandes alamedas, se condenó a Pinochet y otros criminales uniformados, se expulsó a los que usurpaban el poder político y, por karma del destino, el siniestro Richard Nixon fue expulsado cual vil delincuente de la Casa Blanca…

Algo ni siquiera parecido deseamos para el pueblo costarricense, a pesar de los que sueñan con un régimen dictatorial en nuestra amenazada Patria.

Expresan solidaridad con Ruth López y personas perseguidas en El Salvador

El pronunciamiento advierte sobre el deterioro de los derechos humanos y las libertades democráticas en El Salvador y llama la atención sobre la criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y comunidades.

El Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales expresaron su solidaridad con la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, así como con las personas presas por motivos políticos o de conciencia y quienes han tenido que salir al exilio debido a la situación que atraviesa El Salvador.

La preocupación quedó planteada en un acuerdo que señala el deterioro de los derechos humanos, las libertades democráticas y el Estado de derecho en ese país. En el caso de Ruth López, se recuerda que al momento del pronunciamiento habían transcurrido más de 400 días desde su detención, ocurrida el 18 de mayo de 2025.

El documento recoge los cuestionamientos realizados por distintas organizaciones, que han señalado que su detención estaría relacionada con su trabajo en defensa de los derechos humanos, la transparencia y la lucha contra la corrupción, además de advertir sobre posibles vulneraciones al debido proceso y a las garantías judiciales.

Para la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA, el caso adquiere además una dimensión relacionada con la defensa ambiental. Ruth López ha acompañado procesos ciudadanos vinculados con la oposición a la reactivación de la minería metálica en El Salvador, una actividad que ha generado importantes debates y conflictos sociales y ambientales en el país.

El pronunciamiento advierte que esta situación no puede analizarse como un caso aislado. La criminalización de personas defensoras, periodistas, organizaciones sociales y voces críticas, así como el hostigamiento, la vigilancia y la intimidación, forman parte de un escenario que genera preocupación por el ejercicio de derechos fundamentales.

Una de las consecuencias señaladas es también el desplazamiento forzado de personas defensoras, periodistas, ambientalistas, académicas, activistas y dirigentes sociales que han debido abandonar el país ante condiciones que ponen en riesgo su seguridad y el ejercicio de sus derechos.

La preocupación trasciende el caso salvadoreño. Desde la Clínica de Derechos Humanos Ambientales IDELA se ha venido dando seguimiento a distintas situaciones que afectan a personas defensoras ambientales, pueblos indígenas y comunidades en América Latina, particularmente frente a procesos de criminalización, persecución y violencia relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes.

En ese contexto, el pronunciamiento plantea la necesidad de liberar de manera inmediata e incondicional a Ruth López y a todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas o de conciencia, así como garantizar el debido proceso y las garantías judiciales.

También expresa su rechazo al uso de las instituciones de justicia para perseguir a quienes ejercen legítimamente la defensa de los derechos humanos, el ambiente y los bienes comunes, y manifiesta su solidaridad con las personas salvadoreñas que se encuentran en el exilio, reclamando condiciones que permitan un retorno voluntario, digno y seguro.

El documento reconoce, además, la labor que continúan realizando organizaciones sociales, periodistas, comunidades y personas defensoras que mantienen su trabajo en favor de la justicia, la democracia y la protección ambiental.

Este pronunciamiento forma parte de una serie de acciones que desde el IDELA y su Clínica de Derechos Humanos Ambientales se vienen impulsando en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos ambientales y de los pueblos indígenas en América Latina, con énfasis en la documentación, la reflexión académica, la articulación y la solidaridad frente a situaciones de vulneración de derechos.

La solidaridad con Ruth López y con las personas presas políticas y exiliadas de El Salvador se plantea, así como parte de una preocupación más amplia: la defensa de los derechos humanos y del ambiente no puede convertirse en motivo de persecución o criminalización.

Venezuela, petróleo sin cuentos

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia en los que toca pensar con cabeza fría y Venezuela vive uno de ellos.

El 2 de septiembre de 2026, en el Palacio de Miraflores, el Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez firmó acuerdos energéticos con empresas de EEUU, Italia y Venezuela, en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Los acuerdos abarcan petróleo, gas, electricidad, inversión, tecnología, empleo e infraestructura.

Es importante distinguir este momento del anuncio realizado el 28 de agosto, que planteó un marco general de cooperación petrolera entre Venezuela y EEUU. Los acuerdos del 2 de septiembre representan, en cambio, instrumentos concretos con empresas como Chevron, ENI, General Electric Vernova, Aspect Holdings y Primavera. La diferencia importa, los anuncios políticos expresan una orientación, los contratos concretos permiten evaluar qué se está negociando realmente.

Tanto los anuncios políticos como los contratos específicos, ya se ubican en extremos, para unos, Venezuela está entregando su soberanía, para otros, comienza simplemente su recuperación económica, ambas posiciones son simplistas, ya que Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y capital para reconstruir una industria petrolera e infraestructura profundamente deterioradas. Pero la inversión extranjera no garantiza por sí misma desarrollo; la verdadera pregunta es cómo se negocia y cuánto beneficio queda en Venezuela.

Chevron, ENI y las demás empresas no llegan por caridad. Buscan rentabilidad, mercados y oportunidades y esto es normal. El problema no es que estas empresas ganen dinero; el problema sería que ganen ellas mientras Venezuela pierde. Por esto deben evaluarse los contratos, las regalías, los impuestos, la participación estatal, los empleos, los proveedores nacionales, la formación profesional, la protección ambiental y el destino de los ingresos.

La soberanía tampoco consiste únicamente en afirmar que el petróleo pertenece al Estado; la soberanía real significa tener capacidad para decidir qué se produce, con quién, bajo qué condiciones, cuánto recibe el país y cómo utiliza esos recursos.

El acuerdo con General Electric Vernova resulta especialmente importante porque la recuperación petrolera no puede sostenerse sobre un sistema eléctrico deteriorado. Recuperar generación, transmisión y distribución, junto con capacitar trabajadores venezolanos, podría tener un impacto tan importante como aumentar la producción de crudo.

Del mismo modo, la participación de empresas como Primavera y Aspect Holdings plantea la necesidad de fortalecer el talento nacional y reincorporar a profesionales venezolanos que emigraron.

EEUU tampoco actúa por desinterés. Necesita energía, mercados y oportunidades para sus empresas, además de fortalecer su posición geopolítica. Venezuela, por su parte, necesita inversión, tecnología y mercados. Aquí existe un espacio legítimo de negociación. No se trata de escoger entre Washington y Caracas, sino de lograr que Caracas pueda negociar con Washington defendiendo sus propios intereses.

Por otro lado, una izquierda seria no debería rechazar automáticamente la inversión extranjera. Debe preocuparse por evitar la subordinación económica y garantizar que la renta nacional sea distribuida justamente. La consigna no debería ser «fuera las transnacionales«, sino, transnacionales, pero negociando desde el interés nacional.

El desafío mayor es no repetir el viejo modelo rentista. Venezuela no necesita simplemente volver a producir millones de barriles para volver a depender del petróleo. Debe utilizar la riqueza petrolera para desarrollar agricultura, industria, tecnología, infraestructura, educación, salud y empleo. Paradójicamente, el objetivo de una política petrolera soberana debería ser utilizar el petróleo, para que Venezuela dependa cada vez menos del petróleo.

Por esto el éxito de estos acuerdos no debe medirse únicamente en barriles producidos o miles de millones invertidos. Deben medirse también en empleos dignos, salarios, electricidad estable, hospitales, escuelas, empresas nacionales, formación profesional, recuperación de comunidades y diversificación económica.

El Gobierno de Delcy Rodríguez tiene ahora una enorme responsabilidad; si promete más producción, habrá que medirla; si promete inversión, habrá que comprobarla; si promete empleo, habrá que verificarlo; si promete recuperación eléctrica, habrá que verla; y si habla de soberanía, habrá que examinar los contratos. Esto no es oposición, es ciudadanía, soberanía y fiscalización.

Venezuela puede y debe negociar con EEUU, China, India, Rusia, Europa, América Latina o cualquier otro país, ya que la independencia no significa aislarse del mundo, sino poder relacionarse con todos sin quedar subordinada a ninguno.

Los acuerdos de Miraflores pueden representar una oportunidad, pero todavía no constituyen una victoria; tampoco son, por sí mismos, una rendición. Las firmas son apenas el comienzo; la verdadera evaluación llegará con los contratos, la producción, la inversión, los ingresos fiscales, la electricidad, los empleos y, sobre todo, con aquello que finalmente quede en Venezuela.

La disyuntiva no es Chevron contra Venezuela, ni Washington contra Caracas, la verdadera cuestión es si Venezuela puede hacer prevalecer sus intereses dentro de esta nueva relación. Si lo logra, habrá negociación, si no, habrá otra forma de dependencia.

Por esto hoy no corresponde ni cantar victoria ni anunciar una rendición. Corresponde observar, exigir transparencia, medir resultados y defender el interés nacional. Ni rendidos, ni suicidas, soberanos.

Chile: Organizaciones de DDHH convocan romería por la memoria, el legado de Allende, y contra los indultos

Felix Madariaga

Por Félix Madariaga

La movilización se realizará el 6 de septiembre y busca reivindicar el legado del presidente Salvador Allende, conmemorar los 53 años del golpe de Estado, y denunciar los retrocesos en materia de derechos humanos.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales y la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, convocaron a una romería por la memoria, los derechos humanos, y contra los indultos la que se realizará el próximo 6 de septiembre, a las 10:00 horas, desde el Metro Los Héroe y finalizará en el Cementerio General, en Santiago, con un acto político-cultural.

La jornada se desarrollará bajo la consigna de “No a los Indultos”, “Derechos Humanos, ni un paso atrás”. Así mismo, se reivindicará el legado del presidente Salvador Allende y se rendirá homenaje a las víctimas del golpe de Estado cívico-militar de 1973 y de las posteriores violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Las organizaciones convocantes han expresado su preocupación frente a los posibles indultos o beneficios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos, tanto vinculados a la dictadura como a hechos ocurridos durante el estallido social, y advierten sobre lo que consideran un escenario de retrocesos en materia de verdad, justicia, reparación, memoria, y garantías de no repetición.

Entre las principales preocupaciones, se encuentra también el desmantelamiento o debilitamiento del “Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia”, iniciativa creada bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric, y que busca avanzar en el esclarecimiento del paradero de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.

Para las organizaciones de derechos humanos, la memoria no constituye solamente una mirada hacia el pasado, sino también una responsabilidad frente al presente y el futuro. En ese sentido, la convocatoria busca expresar un rechazo categórico a cualquier forma de impunidad y reafirmar que las violaciones a los derechos humanos no pueden volver a quedar subordinadas a intereses políticos y cambios de gobiernos.

“Una demostración de amor y reconocimiento”

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, Alicia Lira, llamó a la ciudadanía a participar de la movilización y destacó el carácter histórico y también cultural de la jornada.

“El 6 conmemoraremos en forma cultural, en forma mística, reivindicando, no sólo lo que fue la Unidad Popular, la memoria de nuestros familiares, lo que aún nos falta por encontrar, nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo”, señaló la Premio Nacional de Derechos Humanos.

Además, expresó que la marcha representa también un homenaje al presidente Salvador Allende y a quienes participaron del proceso de la Unidad Popular junto a trabajadores, mujeres y profesionales.

“Tiene que ver con esta marcha, que hay una demostración de amor, de reconocimiento, con el orgullo que sentimos de nuestro presidente Salvador Allende”, afirmó.

En el mismo sentido, el músico Jorge Coulon, del grupo Inti Illimani, llamó a participar de la movilización en un momento que considera especialmente relevante para la defensa de los derechos humanos.

“Es muy importante reivindicar que Chile respeta y exige respetar los derechos humanos y la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos”, señaló el artista.

Fotografía de Pablo Ruiz.

El petróleo no se entrega, se pone a producir para el pueblo venezolano

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la política en los que debemos bajar el volumen de las consignas, dejar por un rato los titulares de las redes sociales y mirar las cosas con serenidad. Esto es precisamente lo que deberíamos hacer con el nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y EEUU.

Desde que se conocieron sus detalles, las redes sociales se llenaron de dos versiones enfrentadas. Unos dicen, Trump se quedó con el petróleo venezolano, otros responden, Es una gran victoria de Venezuela. Entre ambos extremos, consideramos necesario mirar el asunto desde una perspectiva chavista, soberanista y, al mismo tiempo, pragmática.

La pregunta fundamental es sencilla, ¿Venezuela está entregando su petróleo o está negociando cómo ponerlo a producir para beneficio del país?, nuestra posición es clara, estamos ante una negociación que busca recuperar la capacidad productiva de nuestra industria petrolera y convertir nuevamente esa riqueza en ingresos para Venezuela.

Venezuela posee las mayores reservas petroleras probadas del mundo, pero durante años su industria ha sufrido las consecuencias de las sanciones, la falta de inversión, el deterioro de infraestructura y las dificultades para acceder a mercados y tecnología, por parte de EEUU. Por esto existe una realidad que no podemos esconder, tener petróleo debajo de la tierra no es suficiente.

El petróleo enterrado no genera salarios, no compra medicinas, no construye escuelas ni recupera hospitales. Para que esta riqueza se convierta en bienestar hay que producirla, comercializarla y transformar sus ingresos en desarrollo nacional, eso también es soberanía.

Según lo anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez, el acuerdo con USA tendrá una duración de 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos petroleros y plantea llevar la producción a más de 1,5 millones de barriles diarios. El Gobierno también ha proyectado inversiones cercanas a 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.335 millones durante el período del proyecto.

Ahora bien, una de las principales matrices que circulan en las redes sociales sostiene que EEUU “se quedó con 65.000 millones de barriles”. Aquí debemos hacer una aclaratoria sencilla pero fundamental. Los aproximadamente 65.000 millones de barriles corresponden a las reservas asociadas a las áreas consideradas en el proyecto. No significa que se vayan a extraer 65.000 millones de barriles durante los 25 años.

Con una producción promedio de 1,5 millones de barriles diarios durante ese período, la cantidad producida sería mucho menor. Por esto debemos separar tres conceptos: reservas, producción y derechos de explotación. Confundirlos puede servir para fabricar titulares escandalosos, pero no para comprender la realidad petrolera.

Precisamente aquí llegamos al punto central de la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez, la posición oficial es que Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos y que las empresas extranjeras reciben derechos para desarrollar y explotar determinados campos dentro del marco legal venezolano. Esto es muy diferente a vender los yacimientos.

Una empresa extranjera puede aportar capital, tecnología y capacidad operativa sin convertirse automáticamente en propietaria del petróleo que permanece en el subsuelo, y esta distinción es fundamental para entender lo que se está haciendo.

Además, hay algo que debemos recordar desde la perspectiva histórica del chavismo. Chávez defendió la soberanía petrolera, pero jamás planteó que Venezuela debía dejar de producir petróleo. Al contrario, planteó que esa riqueza debía estar bajo control nacional y utilizarse para financiar el desarrollo y la justicia social.

La diferencia con la vieja Venezuela estaba precisamente en esto. Durante la Cuarta República, las grandes transnacionales tuvieron una enorme influencia sobre nuestra industria petrolera y buena parte de la renta terminó beneficiando a intereses extranjeros y a las élites nacionales vinculadas al negocio. La Revolución Bolivariana modificó esa relación y recuperó para el Estado una mayor participación en la renta petrolera.

Por esto, defender hoy la participación de empresas estadounidenses no significa regresar automáticamente a aquella Venezuela. La diferencia está en las condiciones y en quién establece las reglas. No se trata de entregar el petróleo a las transnacionales. Se trata de utilizar capital y tecnología extranjeros bajo condiciones que favorezcan a Venezuela.

Y aquí aparece otra idea que consideramos esencial, soberanía no significa aislamiento. Un país puede negociar, asociarse, recibir inversión extranjera y utilizar tecnología internacional sin renunciar necesariamente a sus intereses nacionales. Lo importante es quién pone las reglas, quién controla, quién cobra y para quién se utiliza la riqueza.

Obvio que tampoco debemos ser ingenuos respecto a EEUU. Washington no está mirando hacia Venezuela por solidaridad. Tiene intereses económicos y geopolíticos. Necesita energía, mercados y seguridad de suministro; mientras Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados e infraestructura. Aquí se encuentra el interés de ambas partes. Esto se llama negociación internacional.

No tenemos que amar a EEUU para negociar con empresas estadounidenses. Tampoco tenemos que dejar de ser chavistas, porque una empresa norteamericana invierta en Venezuela. La política internacional no funciona con sentimientos. Funciona con intereses. Y Venezuela tiene una carta muy importante para negociar, su petróleo.

EEUU quiere acceder a esas reservas y las empresas buscan obtener beneficios. Venezuela, por su parte, necesita recuperar producción, generar ingresos y reconstruir su industria. Entonces, ¿por qué no utilizar esta realidad para negociar? El petróleo venezolano tiene valor. Precisamente por esto debemos utilizarlo para defender nuestros intereses nacionales.

Por supuesto, el negocio también puede ser beneficioso para EEUU. Las empresas estadounidenses buscan ganancias y Washington busca fortalecer su seguridad energética. Pero que el negocio sea bueno para USA, no significa automáticamente que sea malo para Venezuela. Ambas partes pueden ganar.

Si una empresa invierte capital, asume riesgos, aporta tecnología y obtiene beneficios, mientras Venezuela aumenta su producción, cobra regalías e impuestos, genera empleos y recupera infraestructura, existe un beneficio para ambos. Esto es una asociación. El verdadero problema sería que uno gane y el otro pierda. Y precisamente por esto Venezuela debe defender sus condiciones.

En este sentido, el Gobierno venezolano ha informado de una regalía mínima del 16% y un 34% de Impuesto Sobre la Renta, además de la proyección de aproximadamente 209.335 millones de dólares en ingresos fiscales durante el período previsto. Estos números deben ser analizados con seriedad y comparados con la historia petrolera venezolana. Porque no podemos hablar de “entrega” sin recordar las condiciones bajo las cuales operaron las transnacionales en Venezuela durante buena parte del siglo XX.

La discusión seria no consiste solamente en preguntar cuánto gana la empresa. Hay que preguntar también cuánto recibe Venezuela, quién asume la inversión y el riesgo, cuánto se paga en regalías e impuestos, cuántos empleos se generan, cuánta tecnología queda en el país y, sobre todo, en qué se utilizan los ingresos. Aquí está la verdadera discusión.

Por esto consideramos que el pragmatismo también es parte del chavismo. Hay sectores que creen que cualquier negociación con Washington es una capitulación. No compartimos esta visión.

Chávez entendió que la política internacional exigía negociar, incluso con países con los cuales existían profundas diferencias. Venezuela compró tecnología, vendió petróleo, buscó inversiones y construyó relaciones con múltiples naciones.

La soberanía no consiste en negarse a hablar con quién piensa diferente. Consiste en poder hablar sin renunciar a los intereses nacionales.

Por esto Venezuela debe relacionarse con todos los que puedan contribuir a su desarrollo: EEUU, China, Rusia, India, Irán, Brasil y cualquier otro país. Nuestro petróleo no tiene por qué pertenecer a una esfera geopolítica determinada. Tiene que servir a Venezuela.

También debemos recordar las condiciones en las que se produce esta negociación. Venezuela viene de años de sanciones y restricciones que afectaron profundamente su capacidad económica y petrolera. A ello se sumaron problemas internos de inversión, mantenimiento, gestión e infraestructura. Y no estamos negociando desde una situación ideal. Estamos negociando desde una economía que necesita recuperarse. Por esto atraer capital y tecnología no debe verse como una vergüenza. Lo verdaderamente importante es qué condiciones se obtienen a cambio.

Si la inversión extranjera ayuda a recuperar campos petroleros, aumenta la producción, genera empleo y produce ingresos para el Estado, Venezuela debe aprovecharla. Y si mañana China ofrece mejores condiciones, también habrá que negociar con China. Si son empresas de otro país las que pueden aportar tecnología y capital, también habrá que conversar con ellas, como se ha estado haciendo. Porque la soberanía consiste precisamente en tener opciones.

Ahora bien, defender el acuerdo tampoco significa cerrar los ojos ante la necesidad de transparencia. Todo negocio de esta magnitud debe ser fiscalizado. Los venezolanos/as tenemos derecho a conocer sus condiciones fundamentales, los mecanismos de control, las obligaciones de las empresas y el destino de los ingresos. Pero una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es afirmar, sin pruebas, que “Estados Unidos se robó Venezuela”.

Incluso la información publicada sobre el acuerdo muestra que algunos aspectos de su estructura todavía requieren explicaciones y precisiones. Por esto debemos mantener una posición firme, defender el acuerdo y exigir transparencia al mismo tiempo. No son cosas contradictorias.

Al final, el pueblo venezolano no va a medir este acuerdo por los discursos de Trump ni solamente por los discursos de Caracas. Lo va a medir por los resultados. ¿Aumentó la producción? ¿Llegaron las inversiones? ¿Se recuperaron los campos? ¿Se generaron empleos? ¿Aumentaron los ingresos del Estado? ¿Se recuperó la infraestructura? ¿Se fortaleció nuestra industria petrolera? Y, sobre todo, ¿esos ingresos se transformaron en bienestar para el pueblo?

Porque el pueblo no come barriles de petróleo. Necesita salarios dignos, hospitales, escuelas, servicios públicos, vivienda, pensiones y futuro. Ese debe ser el destino de la renta petrolera.

Por esto consideramos acertada la defensa que ha hecho Delcy Rodríguez del acuerdo, porque parte de una realidad concreta, Venezuela necesita recuperar su industria petrolera y convertir sus enormes recursos en ingresos para el desarrollo nacional. Si para hacerlo requiere inversión extranjera, debe negociar. Si necesita tecnología estadounidense, debe utilizarla. Si necesita mercados, debe buscarlos. Pero siempre bajo una premisa fundamental, el petróleo venezolano debe beneficiar, en primer lugar, a Venezuela y a su pueblo.

Este es el punto donde el pragmatismo puede encontrarse con la soberanía. No necesitamos una Venezuela aislada. Necesitamos una Venezuela fuerte. Una Venezuela que pueda negociar con todos porque tiene algo que todos necesitan. Una Venezuela que convierta sus recursos naturales en producción, empleo y bienestar. Y una Venezuela que utilice los ingresos petroleros para avanzar hacia una economía productiva y diversificada, capaz de superar progresivamente la dependencia de la renta petrolera. Este sería el verdadero triunfo.

Porque al final no se trata de si el petróleo venezolano lo compra EEUU, China, India o cualquier otro país. Se trata de quién decide las condiciones y para quién trabaja esa riqueza. Si el petróleo venezolano se produce, genera ingresos, recupera nuestra industria, crea empleos y mejora la vida del pueblo, entonces habremos dado un paso adelante. Por esto nuestra posición es clara, el petróleo venezolano no se entrega, se negocia, se produce, se defiende su soberanía, y se pone a producir para el pueblo venezolano.

La Venezuela bolivariana no ha traicionado

Por Juan Félix Montero Aguilar*

Antes que me digan que las comparaciones no son apropiadas les diré…pero ayudan, ¡cómo ayudan!

Nixon, el presidente que debió renunciar por el Watergate, tuvo sin embargo importantes méritos en mejorar las relaciones tanto con la URSS como con China.

Los chinos se presentaban entonces como los verdaderos revolucionarios, para los chinos, los rusos eran revisionistas por la desestalinización promovida por Kruschev.

Kissinger fue el artífice, del 21 al 28 de febrero de 1972, Richard Nixon viajó a Pekín, Hangzhou y Shanghái. Estuvo una semana en China, se reunión con Mao y Chou en Lai.

Nixon traicionó a Chiang Kai Chek.

Claro, USA tenía una agenda oculta, aprovecharse de ese inmenso mercado de mil millones de chinos.

Las reformas en China, conocidas oficialmente como la política de Reforma y Apertura, comenzaron el 18 de diciembre de 1978 bajo el liderazgo de Deng Xiaoping.

Mi amigo Ernesto Con es un puntarenense de origen chino, que vive en California, maoísta radical, que nunca estuvo de acuerdo y en consecuencia criticó y nunca aceptó esas reformas en China, las consideraba traición al legado de Mao Zedong. Por cierto, él fue quien observó que yo me quedaba turulato cuando en el Foro de la Nación me atacaban aduciendo las maldades de Stalin y me fue proveyendo de información muy importante acerca de los gestores y el porqué de la campaña contra ese líder de estatura mundial que salió victorioso de la ll guerra mundial al derrotar al nazi fascismo.

Ernesto no estaba de acuerdo con que en China estuvieran aboliendo las comunas, me mandó mucha documentación acerca de la única comuna que estaba quedando en China, la comuna de NANJIÉ. Me pidió encarecidamente que se la hiciera llegar a Hugo Chávez, cosa que hice a través de la embajada de Venezuela en Costa Rica, nunca supe si se la entregaron.

Pero tiempo después me enteré de que precisamente la construcción de comunas era el baluarte de la Revolución Bolivariana, impulsada por Chávez y el PSUV…sin comuna no hay revolución, sin comuna no hay socialismo.

Ernesto Con se desilusionó de mí, cuando comencé a señalarle que, contrariamente a lo que él predicaba, yo estaba observando grandes logros en la construcción del socialismo con características chinas. No volvió a escribirme por Email, único medio por el cual nos comunicábamos en aquello años.

Traigo a colación esta historia cuando veo que algunos desde la izquierda han tomado la actitud derrotista y pesimista de que en Venezuela todo se derrumbó, como dice la canción, cosa que yo considero no es así y nuestra tarea debería ser ayudar para que no sea así.

En Venezuela siguen vivos el poder popular, las comunas, el PSUV está gobernando, las FANB siguen fieles a su juramento constitucional, la AN es mayoritariamente bolivariana y chavista.

Alguna personas de izquierda de países que ni siquiera tienen petróleo, opinan con gran ligereza sobre explotación y comercialización petrolera sintiéndose superiores a los ingenieros o economistas de PDVSA, a propósito del convenio petrolero firmado con USA.

En China no hubo traición a Mao Zedong, él fue más bien quien tuvo la visión y el resultado de que hoy China sea la segunda potencia mundial, muy cerca de ser la primera. Mao es hoy más que nunca el líder indiscutible, no era contrarrevolucionario negociar con el imperio.

La gran tarea hoy de quienes hemos apoyado la revolución bolivariana es la solidaridad para lograr la liberación de Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de Venezuela y su esposa la diputada Cilia flores, condenar al neofascismo imperialista de Donald Trump presidente de Estados Unidos y esclarecer la verdad sobre lo que sucede en Venezuela frente a tanta confusión y desinformación.

De la CELAC, la ONU o el creciente número de gobiernos de ultraderecha de países empoderados por Trump en América, no podemos esperar nada. Enarbolando crítica sin el fundamento debido, lo que algunos están haciendo es sembrar el desaliento, desencanto, la sensación de impotencia, el derrotismo.

El gobierno encargado de la Revolución bolivariana no tiene esa condición de traidores que le atribuyen.

jf

*Juan Félix Montero Aguilar es un costarricense profesor pensionado.

Venezuela tiene derecho a decidir su propio destino

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la política deja de ser simplemente una discusión entre dirigentes, partidos o corrientes ideológicas, y se convierte en algo mucho más profundo, una defensa de la soberanía. Venezuela está viviendo uno de estos momentos, y por eso no podemos analizar lo que ocurre solamente desde las diferencias internas del chavismo, desde las redes sociales o desde las posiciones enfrentadas dentro de la izquierda.

Hay que mirar el panorama completo. En Venezuela existe una realidad que algunos sectores de la izquierda parecen olvidar, el país lleva años sometido a una fuerte presión política, económica y geopolítica por parte de EEUU y sus aliados. Y cuando un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo, además de oro, gas y una posición estratégica en el continente, es sometido a sanciones, bloqueos, amenazas y operaciones políticas, resulta difícil sostener que todo lo que ocurre dentro de sus fronteras sea simplemente consecuencia de los errores de sus dirigentes.

Claro que existen errores, que hay problemas, que hay cosas que deben cambiar y dirigentes que deben ser cuestionados. La izquierda no puede convertirse en una posición donde criticar al gobierno sea considerado un error; pero tampoco podemos caer en el otro extremo y terminar haciendo análisis políticos que, bajo una supuesta pureza revolucionaria, coincidan con los objetivos de quienes históricamente han buscado debilitar la soberanía venezolana.

Una cosa es criticar al gobierno bolivariano y otra muy diferente es contribuir a generar desesperanza en un pueblo que lleva años enfrentando una fuerte presión externa. Hay compañeros y compañeras de izquierda que hoy hablan de traición, de ruptura definitiva y de fracaso absoluto del proceso. Algunos incluso parecen haber olvidado que durante años fueron parte de las estructuras políticas que hoy cuestionan y esto no significa que no tengan derecho a criticar; por supuesto que lo tienen. Lo que debemos preguntarnos es hacia dónde conduce políticamente esa crítica y, sobre todo, a quién termina beneficiando.

Porque cuando un pueblo está bajo presión, repetir constantemente que todo está perdido, no necesariamente es un acto revolucionario; puede convertirse, aunque no sea la intención de quien lo hace, en una herramienta útil para el adversario.

Esto es precisamente lo que debemos entender cuando hablamos de guerra cognitiva, ya no se trata solamente de bombas, invasiones o soldados. También se disputa la percepción de la gente, su esperanza y su confianza. Se intenta convencer al pueblo de que su propia organización no sirve, de que sus dirigentes son todos/as traidores, de que no existe una salida y de que cualquier alternativa es mejor que continuar resistiendo. La desesperanza también puede convertirse en un instrumento político, y Venezuela tiene suficiente experiencia en este terreno como para no reconocerlo.

El chavismo, con todos sus problemas y contradicciones, conserva algo que sus adversarios no han podido destruir: una base popular organizada, una identidad política y una estructura territorial, construida durante décadas. Esto explica buena parte de la resistencia del proceso bolivariano y también ayuda a entender por qué algunos sectores internacionales tienen tanto interés en dividirlo.

Por otro lado, la oposición venezolana sabe que enfrentarse electoralmente con un chavismo organizado no es lo mismo que recibir respaldo político desde el exterior. Durante años hubo sectores opositores que apostaron a la presión internacional, a las sanciones y a la intervención extranjera, en lugar de construir una alternativa política capaz de competir en las urnas. Porque la realidad, muchas veces, es que, tarde o temprano, la política termina regresando al terreno electoral.

Y aquí aparece una de las cuestiones más importantes del momento. El camino constitucional y electoral no es una concesión del chavismo; forma parte de la propia concepción política que defendió Chávez. Si existen mecanismos constitucionales para resolver las diferencias, deben utilizarse. Si existen elecciones, hay que participar. Si la oposición considera que tiene mayoría, debe demostrarla en las urnas, y si el chavismo quiere continuar gobernando, también debe demostrarlo ante el pueblo. Esto es democracia.

Lo que no puede aceptarse es que la voluntad de los venezolanos y venezolanas, sea sustituida por la voluntad de una potencia extranjera. Aquí está uno de los problemas centrales.

EEUU no puede ser quien decida quién gobierna Venezuela, quién administra el petróleo venezolano o quién controla el oro venezolano. No puede decidir qué instituciones son legítimas y cuáles no, y mucho menos puede apropiarse de los activos de un país soberano para después presentarse como defensor de la democracia. La contradicción resulta demasiado evidente.

Por esto, también debemos mirar con atención las negociaciones políticas que se están produciendo. Si sectores de la oposición comienzan a regresar al terreno constitucional, si aceptan dialogar con las instituciones existentes y si participan nuevamente en procesos electorales, esto puede ser una oportunidad para que Venezuela vaya recuperando cierta normalidad política. Algunos pueden verlo como una debilidad; nosotros lo vemos de otra manera.

Llevar al adversario al terreno donde uno tiene organización y fuerza política también puede ser una estrategia. Si la oposición quiere elecciones, que participe en ellas. Si quiere gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, consejos legislativos o espacios institucionales, que los dispute con votos. Y si el chavismo tiene la mayoría, tendrá que demostrarlo. Esto es mucho más saludable para Venezuela que seguir dependiendo de sanciones, amenazas, pronunciamientos extranjeros o gobiernos paralelos.

Lo mismo ocurre con los activos venezolanos en el exterior. El oro depositado en Londres, los recursos y activos de Venezuela y toda la discusión alrededor de empresas como Citgo, no son asuntos secundarios. Son parte de la disputa por la soberanía económica del país; un país que no puede disponer de sus propios recursos difícilmente puede considerarse plenamente soberano.

Y aquí nuevamente aparece la pregunta fundamental, ¿quién tiene derecho sobre las riquezas venezolanas? La respuesta, para cualquier latinoamericanista consecuente, debería ser sencilla, el pueblo venezolano.

Lo mismo ocurre con la política internacional. Quien mire Venezuela solamente desde Caracas no está viendo toda la realidad. Venezuela está involucrada en una disputa geopolítica de grandes dimensiones. China tiene intereses estratégicos, Rusia tiene intereses estratégicos, Irán tiene intereses estratégicos, India tiene intereses estratégicos, Europa también los tiene y, por supuesto, EEUU tiene enormes intereses, y el petróleo venezolano forma parte de esta ecuación.

La relación entre la Faja del Orinoco, China, Irán y la tecnología necesaria para procesar ciertos tipos de crudo, muestra que las relaciones internacionales actuales son mucho más complejas de lo que algunos análisis simplificados pretenden hacernos creer. En este caso, no se trata únicamente de ideologías o de alianzas políticas, también están en juego factores muy concretos: el petróleo, la energía, la tecnología, los mercados, las reservas, las rutas comerciales y, en última instancia, el poder mundial.

Por esto resulta importante que Venezuela diversifique sus relaciones internacionales; mirar hacia China, India, Rusia, Irán y otros países no significa necesariamente que esté buscando nuevos tutores. Puede significar exactamente lo contrario: buscar un escenario internacional en el que ningún país pueda imponer unilateralmente sus condiciones al resto. En este sentido, los movimientos diplomáticos recientes tienen importancia.

Mientras algunos discuten en las redes sobre quién es más revolucionario o revolucionaria, el gobierno venezolano busca acuerdos, abre canales, negocia y construye relaciones internacionales. Esto es lo que hace cualquier Estado que intenta mantenerse en pie en medio de una situación difícil. La política internacional no se construye solamente con consignas; se construye negociando, resistiendo y teniendo alternativas y Venezuela necesita todas las alternativas posibles.

También debemos entender que la fragmentación de la izquierda latinoamericana no es un fenómeno menor. Durante décadas, EEUU ha trabajado para debilitar procesos progresistas y revolucionarios de nuestro continente. Las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y otros países muestran que la disputa por el poder no se limita a las elecciones; también se libra en los tribunales, en los medios, en las instituciones, en las redes y en los espacios económicos.

La judicialización de la política se ha convertido en una herramienta importante. La división de las fuerzas progresistas también. Y cuando la izquierda termina enfrentándose entre sí, mientras las fuerzas conservadoras reorganizan sus estructuras, el resultado puede ser muy negativo.

Por esto hay que tener cuidado con la trampa de la pureza ideológica. La izquierda latinoamericana no puede convertirse en una suma de pequeños grupos que se consideran moralmente superiores, porque son capaces de cuestionar al compañero de al lado. Una revolución no se construye desde las redes sociales; un país no se defiende solamente desde las plataformas digitales. Y una potencia extranjera no se enfrenta únicamente con consignas, se necesita organización, estrategia, pueblo y, sobre todo, comprender cuáles son las contradicciones principales.

Defender a Venezuela no significa decir que todo está bien, justificar todos los errores del gobierno o dejar de cuestionar a sus dirigentes. Significa algo mucho más básico: entender que las diferencias internas deben resolverse entre venezolanos/as y que el destino del país no puede ser decidido desde Washington.

Esto debería ser un punto de coincidencia para toda la izquierda latinoamericana. Podemos discutir sobre Maduro, sobre Delcy Rodríguez, sobre Jorge Rodríguez, sobre el PSUV, sobre la economía, sobre la corrupción, sobre las instituciones, sobre la conducción del proceso y sobre todo aquello que consideremos necesario.

Pero cuando la alternativa que aparece detrás de esas discusiones es la intervención extranjera, el control de los recursos nacionales o la pérdida de la soberanía, entonces debemos saber dónde colocarnos.

La historia latinoamericana nos ha enseñado algo que no debemos olvidar, EEUU nunca ha necesitado que toda la izquierda desaparezca para derrotarla, muchas veces le ha bastado con dividirla: que unos llamen traidores a otros, que otros respondan acusándolos de haber abandonado sus principios, que el debate termine convertido en insultos y que los sectores revolucionarios gasten sus energías enfrentándose entre ellos. Mientras tanto, los intereses económicos continúan trabajando, esta es la trampa y no debemos caer en ella.

Venezuela necesita crítica, sí, pero necesita una crítica que contribuya a construir y no una que solamente destruya. Necesita debate, pero un debate que fortalezca al pueblo. Necesita elecciones, instituciones y mecanismos constitucionales para resolver sus contradicciones. Necesita recuperar su economía y mejorar las condiciones de vida de su gente. Necesita combatir la corrupción y corregir errores. Pero necesita hacerlo desde su propia soberanía.

Porque Venezuela tiene derecho a equivocarse por cuenta propia, tiene derecho a cambiar, a elegir otro gobierno, si así lo decide su pueblo y a mantener al gobierno que tiene, si así lo decide también su pueblo. Lo que no tiene sentido es pretender que sean otros países quienes decidan por los venezolanos/as. Al final, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos quieren hacer parecer.

¿Queremos una Venezuela sometida a los intereses de una potencia extranjera o una Venezuela dueña de su propio destino?

Desde la izquierda latinoamericana, desde una posición antiimperialista y desde el lado de quienes todavía creemos que nuestros pueblos tienen derecho a construir su propio camino, la respuesta no debería ofrecer demasiadas dudas.

Se puede criticar al gobierno y defender a Venezuela. Se pueden exigir cambios y defender la Revolución Bolivariana. Se puede cuestionar a un dirigente, sin entregar el país a intereses externos. Y se puede ser profundamente crítico sin convertirse en instrumento de quienes quieren recuperar el control sobre las riquezas venezolanas.

Hoy, más que nunca, Venezuela necesita cabeza fría, un pueblo activo y soberanía. Porque cuando una potencia extranjera aumenta la presión, la primera responsabilidad de la izquierda no debería ser destruir al compañero, sino evitar que se debilite al pueblo.

Y en esta lucha, quienes creemos en la independencia de América Latina sabemos dónde debemos estar: del lado de Venezuela, de su pueblo, de su soberanía y de su derecho irrenunciable a decidir su propio destino.

Cineforo “Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina” invita a recorrer Gaza, Cisjordania y Nazaret a través de la música y la resistencia cultural

La organización Causa Sur, en conjunto con Ballena Vibes, invita al cineforo “Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina”, un documental de Fermín Muguruza y Javier Corcuera que propone un recorrido musical por Gaza, Cisjordania y Nazaret.

La actividad se realizará el sábado 22 de agosto a las 5:30 p. m. en Ballena Vibes, Uvita, con entrada gratuita y abierta a todo público.

El documental presenta a raperos, rockeros y poetas palestinos que utilizan el arte como una herramienta de resistencia cultural y como una forma de mantener viva su identidad frente a los muros y los puestos de control. La obra ofrece un retrato humano de voces que cruzan fronteras a través de la música.

La proyección contará con subtítulos en español e inglés y, al finalizar la película, se realizará un conversatorio con las personas asistentes.

Durante la actividad también habrá venta de comidas, banderas, pines y camisetas.

Detalles de la actividad:

  • Película: Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina
  • Dirección: Fermín Muguruza y Javier Corcuera
  • Fecha: Sábado 22 de agosto
  • Hora: 5:30 p. m.
  • Lugar: Ballena Vibes, Uvita
  • Entrada: Gratuita
  • Público: Todas las edades
  • Subtítulos: Español e inglés

Incluye: Conversatorio posterior a la proyección

Tomás de Acosta, Martí y Maceo, esos indestructibles lazos entre Costa Rica y Cuba

Trino Barrantes Araya
camilosantamaria775@gmail.com

Partido Vanguardia Popular – Costa Rica
Fundado – 16 de junio de 1931

Introducción

Bajo el principio que la “solidaridad es la ternura de los pueblos”, Saludamos el 73 Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Céspedes. Punto de inflexión que marca un nuevo rumbo en la historia de América Latina.

Expresamos nuestra firme convicción de apoyo al derecho internacional e inalienable de la autodeterminación, independencia y soberanía, al cual pueden y deben aspirar los pueblos en su afirmación de sus procesos democráticos.

Desde nuestros modestos recursos revolucionarios condenamos todo tipo de acción injerencista y agresiones contra los actuales gobiernos legítimos de nuestras hermanas Repúblicas de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Respecto a Cuba, decimos que, recordar a esta bella república democrática y socialista, es pensar y seguir construyendo la utopía, es seguir creyendo en la solidaridad, en el amor. Soñar a Cuba Libre y sin bloqueo, es tener presente la solidaridad con nuestra hermana república, asediada sistemáticamente por el imperialismo gringo.

José Martí patentizó el gran valor que le atribuyó a la solidaridad entre los seres humanos, sin diferencias de razas, edades o sexos/…/ Desde muy temprana edad evidenció ser de los hombres que sentían como propios el dolor de aquellas personas que sufrían vejámenes o eran víctimas de la explotación por la discriminación racial existente.

Condenamos el perverso bloqueo económico, comercial, estratégico y financiero y las sucias leyes conexas que históricamente el imperialismo ha implementado contra Cuba (La enmienda Platt, las Leyes Helms-Burton y Torricelli) y los demás adefesios que violan el derecho internacional y que los gobiernos de turno de la Casa Blanca (más bien negra por su perversidad) crean artificiosamente contra Cuba, a fin de quebrar el poder moral de este pueblo heroico e inquebrantable.

Solo en el quinquenio 1987-1991 en la administración estadounidense se presentan las siguientes enmiendas de ley dirigidas a estrechar cada vez más el cerco de la isla: Enmienda Pepper: limitar el acceso de los buques que arriban a cuba; Enmienda Mack: Prohibición a las firmas subsidiarias de compañías estadounidenses establecidas en terceros países, la realización de operaciones comerciales con Cuba; Enmienda Smith.

Para nosotros, el Partido Vanguardia Popular, el 26 de julio, no es una simple fecha del calendario. Al contrario, es la efeméride de afirmación del ser latino, son las ideas realizadas y concretizadas de los responsables políticos de este grandioso acontecimiento histórico.

Esos largos lazos de amor

Tomás de Acosta, gobernador de la provincia de Costa Rica, introdujo las primeras matas de café, procedentes de Cuba. Asimismo, le correspondió a este gobernador hacer llegar a nuestro país “el primer manual de caficultura, reeditado por la imprenta La paz en 1834.

Ciertamente, como lo dice la historiografía tradicional el café transformó la más pobre de las colonias de la República Federal Centroamericana, en una verdadera República viable.

José Eduardo Mora, citando a Armando Araya y Marlene Vásquez, en la línea de tiempo de la relaciones entre Costa Rica y Cuba, refiere lo siguiente:

“En el ámbito educativo, también, se hizo sentir la influencia cubana en Costa Rica: “El periodista y educador cubano Tomás M. Muñoz fundó el semanario ‘La Unión’ (1858) y estableció colegios en Cartago y San José: dirigió el San Luis Gonzaga (1885-1889)”.

Acontecimientos que ocurrieron en la isla tuvieron sus repercusiones en el territorio nacional, con el advenimiento de la migración procedente de la principal isla del Caribe, lo cual se aprecia en numerosos apellidos como lo precisa Vargas.

“Más de un centenar de familias cubanas se arraigaron en el Valle Central, a partir del estallido de la Revolución Cespedista por la independencia (1868-1878): Acosta, Agüero, Boix, Boza, Calleja, Calzada, Céspedes, Duque, Espinal, González, Granados, Martin —hoy Martén—, Mendiola, Miranda, Olivares, Pérez, Pochet, Prado, Renaud, Revilla, Rosabal, Santiesteban, Valiente, Varona, etc. Fue el comienzo de una inmigración que continúa”.

Recordemos también que Antonio Maceo fue una figura clave de Cuba que se instaló en Mansión de Nicoya y desde ahí, fortaleció los lazos entre la hermana República de Cuba y nuestro país. En este mismo orden podríamos indicar que:

Antonio Zambrana fue, en criterio del escritor y periodista Armando Vargas, “nuestro guía intelectual, genuino padre y maestro de la democracia y del republicanismo”

Línea de tiempo de las relaciones bilaterales

Sin agotar muchos otros datos muy significativos, los lazos de amistad entre Cuba y Costa Rica hacen síntesis de una relación que se inscribe dentro de la convivencia pacífica, entre el internacionalismo proletario y la vida diplomática. Citemos algunos componentes de esta maravillosa relación:

  • 1907: Inicio de las relaciones oficiales con el nombramiento del primer cónsul costarricense en La Habana.
  • 1911: Formalización con la acreditación del primer encargado de negocios cubano en San José.
  • 10 de septiembre de 1961: Ruptura de relaciones diplomáticas por Costa Rica, debido al carácter marxista-leninista del régimen cubano.
  • 1977: Restablecimiento de relaciones a nivel consular.
  • 1981: Nueva ruptura de relaciones por Costa Rica.
  • 1999: Restablecimiento de relaciones consulares.
  • 18 de marzo de 2009: Restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas plenas, formalizado el 26 de junio de 2009.
  • 18 de marzo de 2026: El gobierno de Rodrigo Chaves anuncia el cierre de su embajada en Cuba y la ruptura de relaciones diplomáticas.

Respecto a este último acontecimiento, nuevamente recurrimos aquí a mencionar a José Eduardo Mora (Semanario Universidad, 15 de abril de 2026)

“…A pesar de que el 18 de marzo de 2026 el Gobierno de Costa Rica, representado por Rodrigo Chaves, rompió relaciones con Cuba, después de que los vientos alisios soplaran fuerte desde Miami, los lazos culturales e históricos entre ambos países siguen intactos y sostenidos por una tradición que los respalda por más de un siglo/…/ La presencia de José Martí en dos oportunidades en momentos clave, en los que buscaba por diversos medios la independencia de su amada Cuba, la estadía en el país de Flor Crombet y de los hermanos Antonio y José Maceo, así como el intercambio cultural y político por más de 100 años, tras establecerse de manera formal relaciones en 1907, hacen que la decisión del gobierno de turno, abierta e incondicionalmente a los pies del imprevisible Donald Trump y, por ende, al imperio norteamericano, no tenga la fortaleza para romper los lazos que unen a las dos naciones”.

Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios Martianos, fue una de las primeras voces en alzarse en contra de la medida, que recoge ecos de aquella otra que se diera el 10 de septiembre de 1961, cuando, por presiones de Estados Unidos, encontró en la débil y genuflexa Organización de Estados Americanos (OEA) el terreno fértil para llamar a la ruptura con el pueblo cubano”

Una semilla en tierra fértil, siempre dará raíces profundas

Armando Vargas ejemplifica, con lujo de detalles, la relevancia de personalidades cubanas en el país:

“El general Manuel Quesada Loynaz, primer jefe militar de la Revolución Cespedista —suegro de ‘Magón’ —, murió en puerto Limón y su tumba está en el camposanto de la capital. La familia Odio, originaria de Palma Soriano, ha dado al país un presidente de la República, un presidente de la Corte Suprema de Justicia y un arzobispo de San José /…/ Tres parientes y colaboradores de Carlos Manuel de Céspedes —el padre de la patria cubana— introdujeron el positivismo de Comte y de Littré en Costa Rica, verdadero marco ideológico del orden cafetalero. El profesor de filosofía José María Céspedes Orellano, el jurista Jorge Carlos Milanés Céspedes y el pedagogo Ramón Céspedes Fornaris fueron la vanguardia de un vigoroso foco seminal Cespedista. Don Ramón fue el maestro del presidente Rafael Iglesias”.

“Cuba, Cuba, mi patria querida,
vergel bello de aromas y flores,
cuyo cielo de puro colores,
densa brumas jamás ocultó”

Sí, así es la historia cuando dos pueblos se hermanan. El intelectual cubano Pedro Santacilia, que originó nuestro “segundo himno”: La Patriótica Costarricense”, nació bajo la inspiración de su poema que precede este párrafo.

AAJ denuncia suspensión de movimiento político en Ecuador y alerta sobre vulneración de derechos civiles y políticos

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) expresó su alarma por la suspensión provisional del movimiento político Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO) en Ecuador, al considerar que la medida compromete derechos civiles y políticos, el pluralismo democrático y las garantías del debido proceso.

El pronunciamiento se refiere al auto dictado el 17 de julio de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dentro de la causa N.° 110-2026-TCE, mediante el cual se dispuso la suspensión provisional de AMIGO por un período inicial de nueve meses, prorrogable hasta veinticuatro meses, del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral.

Según la AAJ, la medida fue solicitada por el fiscal general encargado con fundamento en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia. No obstante, la organización cuestiona también la forma en que dicho funcionario fue designado, al señalar que su nombramiento se realizó mediante un procedimiento administrativo que, a su juicio, no respetó la normativa vigente.

La declaración subraya que el trámite se desarrolló en cuestión de horas y recuerda que una situación similar ocurrió meses antes con el movimiento Revolución Ciudadana, suspendido mediante un mecanismo equivalente. Señala además que, tras esa primera suspensión, dirigentes de Revolución Ciudadana anunciaron que participarían en el proceso electoral bajo la bandera de AMIGO, organización que posteriormente fue objeto de la nueva medida cautelar.

La AAJ considera especialmente grave que la suspensión se produjera un día antes del vencimiento del plazo para inscribir alianzas electorales de cara a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2027, circunstancia que, según sostiene, produjo efectos prácticos irreversibles sobre la participación política de esa organización.

En su análisis jurídico, la organización afirma que la resolución vulnera garantías constitucionales ecuatorianas relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la seguridad jurídica, los derechos de participación política y la libertad de asociación. Asimismo, sostiene que la decisión resulta incompatible con estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al imponerse una medida de gran impacto electoral antes de que exista un procedimiento contradictorio y sin oportunidad previa de defensa.

El documento advierte que la suspensión sucesiva de organizaciones vinculadas a una de las principales fuerzas políticas del país afecta no solo a las agrupaciones involucradas, sino también al derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre una oferta política plural. En ese sentido, sostiene que este tipo de decisiones pueden alterar las condiciones de competencia democrática y normalizar el uso de investigaciones penales como mecanismo para excluir fuerzas políticas del proceso electoral.

Como parte de su declaración, la Asociación Americana de Juristas manifiesta su rechazo a la aplicación reiterada de este mecanismo sin garantías suficientes; exhorta al Tribunal Contencioso Electoral a revisar la decisión y garantizar plenamente el derecho de defensa; informa que pondrá el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; solicita atención de las misiones internacionales de observación electoral sobre el proceso ecuatoriano 2026-2027; y reafirma su compromiso con la vigencia de elecciones libres, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en los países del continente americano.