El Parlamento Cívico Ambiental ha emitido tres pronunciamientos oficiales respecto a iniciativas legislativas que buscan definir el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica. La organización rechaza categóricamente los proyectos bajo los expedientes Nº 24.717 y 24.577, que pretenden reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Al mismo tiempo, manifiesta su apoyo firme al Expediente Nº 24.675, que promueve un modelo de recuperación sostenible y desarrollo regional.
El PCA, que representa a diversos sectores ambientales y ciudadanos, argumenta que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Los proyectos propuestos implicarían la destrucción de los cerros Fortuna y Botija, la formación de lagunas de relaves y un impacto severo sobre acuíferos y ecosistemas en una región de selva tropical húmeda.
El Parlamento advierte que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.
Además, el PCA subraya que el esquema de regalías propuesto en el Expediente 24.717 apenas destina el 1% del valor bruto de las ventas a la región de San Carlos, mientras traslada al Estado la responsabilidad de remediación ambiental, lo que genera serias dudas sobre la fiscalización y la transparencia del proceso. En el caso del 24.577 omite por completo hablar el tema de los “Royalties”. No se refiere a cuál porcentaje de Royalties se les cobraría a los posibles concesionarios, cómo se distribuiría ese porcentaje, etc. Propone tener efectos en materia de pensiones del régimen no contributivo, pero en realidad no presenta un análisis riguroso de este aspecto y es engañoso al no generar beneficios concretos y suficientes para las comunidades de Cutris.
En contraste, el Expediente Nº 24.675 es reconocido como una alternativa viable y visionaria. Este propone la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional.
La Comisión de Energía y Minas del parlamento señaló “la distinción entre los dos enfoques es clara, por un lado, una visión que abandona las políticas de Estado del país y quiere convencer a la opinión pública recurriendo a aparentes beneficios monetarios que al final ni son para las comunidades, ni son suficientes para compensar las pérdidas económicas, sociales y ambientales, por el otro, un enfoque novedoso, integralmente ganador y en la mejor de las tradiciones de soluciones sostenibles pioneras que ha caracterizado al país en los últimos 30 años”.
El PCA enfatiza la importancia de mantener el liderazgo internacional de Costa Rica en protección ambiental, y de alinear las políticas nacionales con los compromisos globales en sostenibilidad y resiliencia climática.
Como se señala en los acuerdos oficiales:
“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones.”
Demandas clave del PCA:
Archivado inmediato los Expedientes Nº 24.717 y 24.577.
Apoyo legislativo y ciudadano al Expediente Nº 24.675.
Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.
Fiscalización y transparencia absoluta en cualquier actividad económica en Crucitas.
Compromiso con modelos de desarrollo sostenible y basados en la comunidad.
El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de su Consejo Universitario, recomienda no aprobar el proyecto de ley expediente N.° 23.148, titulado Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre, debido a los múltiples riesgos sociales, ecológicos y jurídicos que implica para el patrimonio natural del país. Esta posición fue acordada en la sesión ordinaria N.° 6892 del Consejo Universitario, celebrada el pasado 22 de abril de 2025 (a partir del minuto 1:07:00).
Tras una consulta técnica a distintas instancias académicas —incluyendo la Escuela de Biología, la Escuela de Geografía y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)—, la UCR advierte que esta iniciativa legislativa plantea una apertura a actividades comerciales y turísticas en la zona pública de la franja costera, sin los debidos resguardos técnicos, ambientales ni jurídicos.
“Es importante que se abra un diálogo nacional sobre la impostergable necesidad de que nuestro país cuente con una ley moderna, innovadora e integral, basada en los principios de la gestión integrada de la zona costera para su desarrollo sostenible y que contemple los impactos sociales, económicos y ecológicos en todo el sistema socioecológico afectado por el cambio climático”, señala la posición institucional.
La Universidad subraya que la zona marítimo-terrestre es un espacio de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya integridad se ve amenazada por la propuesta legislativa, al permitir que las municipalidades otorguen permisos de uso en precario en dicha zona.
Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran:
Los tipos de organizaciones beneficiarias de los permisos propuestos, ya que podrían abrir portillos para actividades contrarias al interés público y perjudiciales para el patrimonio natural de estas zonas.
La necesidad de que las actividades permitidas sean claramente delimitadas, con base en criterios técnicos que consideren las características ecológicas y geomorfológicas de cada territorio. La UCR enfatiza que estas actividades deben priorizar el beneficio de las comunidades costeras, y no el lucro de grandes empresas hoteleras. Se citan como ejemplo las experiencias lideradas por mujeres y grupos comunales en turismo de bajo impacto, como la observación de aves en manglares o la educación ambiental.
La importancia de incluir criterios de gestión del riesgo, considerando las condiciones oceanográficas y climáticas que podrían afectar significativamente la zona pública en ambas costas.
La necesidad de contar con un estudio de capacidad de carga, que funcione como instrumento técnico para que las municipalidades puedan tomar decisiones informadas sobre la cantidad de permisos a otorgar.
Finalmente, la Universidad insiste en que las municipalidades deben contar con un Plan Regulador Costero aprobado antes de autorizar cualquier permiso, ya que, de lo contrario, no se dispondría de criterios técnicos suficientes para garantizar una planificación responsable.
Esta postura coincide con un manifiesto firmado por más de 70 organizaciones sociales, ambientales, comunales y académicas, que denuncian que el proyecto legalizaría la ocupación de un bien público en favor de intereses privados. El manifiesto advierte:
“La implementación de un sistema de permisos precarios constituye, de facto, una privatización material del espacio público”, lo cual contraviene el principio de acceso universal consagrado en la Constitución Política.
Ambas voces —la académica y la ciudadana— coinciden en que el desarrollo sustentable de las zonas costeras no puede basarse en decisiones unilaterales ni en criterios meramente economicistas, sino en procesos de planificación integral, con participación comunitaria y sólidos fundamentos científicos.
La Universidad de Costa Rica y las organizaciones firmantes llaman a la Asamblea Legislativa a reconsiderar el avance de este proyecto y a abrir un proceso de diálogo amplio, participativo e inclusivo, que permita construir una legislación costera moderna, justa y en armonía con el ambiente.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Las imágenes que acompañan esta nota contienen escenas explícitas del sufrimiento de animales silvestres electrocutados y parasitados. Su contenido puede resultar perturbador o herir sensibilidades. Se publican con fines informativos y de denuncia, para visibilizar la gravedad de una problemática ambiental urgente en el Caribe Sur de Costa Rica.
Recomendamos discreción, especialmente para personas sensibles o menores de edad.
Gracias a los constantes monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en el Caribe Sur de Costa Rica, esta nota busca visibilizar una problemática que ha ido en aumento y que continúa cobrando la vida de numerosos animales silvestres: la electrocución por cables del tendido eléctrico. Vangoidsenhoven ha documentado con rigor los casos, alertando sobre el grave impacto que esta tragedia silenciosa tiene en la biodiversidad local y sobre la urgente necesidad de acciones concretas para prevenirla. A estos eventos se suma la preocupante presencia de tórsalos —larvas parásitas que afectan a mamíferos y aves, debilitándolos seriamente—, así como el atropello frecuente de animales en las carreteras, lo que agrava aún más la situación de la fauna en una zona donde el desarrollo turístico y urbano avanza sin considerar adecuadamente la protección de los ecosistemas.
En esta región del país, la fauna silvestre enfrenta una amenaza creciente provocada por el cruce entre el desarrollo humano y una infraestructura eléctrica mal planificada. A diario se reportan casos de animales muertos al pie de postes eléctricos. Monos congo, perezosos, martillas y zorros pelones han sido víctimas recurrentes de este fenómeno. Las especies que antes se desplazaban de árbol en árbol, ahora se ven obligadas a utilizar los cables eléctricos como puentes debido a la fragmentación del bosque, exponiéndose a una muerte dolorosa e innecesaria. Nos alerta
“Vea, fíjese en esa foto del congo electrocutado… está repleto de tórsalos. Ese animal sufrió demasiado”.
El testimonio no solo evidencia el sufrimiento de los animales, sino también una creciente preocupación comunitaria: los cuerpos de los animales no solo muestran quemaduras, sino también infestaciones severas de parásitos, lo que podría indicar un deterioro profundo en su salud y en el equilibrio del ecosistema.
Un síntoma alarmante: fauna parasitada
Entre los hallazgos más inquietantes están los tórsalos, larvas de moscas parásitas que se desarrollan bajo la piel de mamíferos, aves e incluso humanos. Estas larvas provocan heridas abiertas, infecciones, debilitamiento del sistema inmunológico y un gran sufrimiento físico. Aunque su presencia puede considerarse natural en algunos entornos, la aparición masiva de tórsalos en animales electrocutados sugiere condiciones anormales.
¿Por qué ahora y por qué en tantos individuos? Expertos y pobladores plantean que los tórsalos podrían estar proliferando debido al debilitamiento generalizado de la fauna. Factores como la contaminación ambiental, el estrés provocado por la pérdida de hábitat, la desnutrición, la exposición a químicos y la constante interacción con infraestructura humana aumentan la vulnerabilidad de los animales a infecciones parasitarias. La fragmentación del bosque ha obligado a muchas especies a desplazarse por caminos peligrosos, como los cables eléctricos, lo que agrava aún más su exposición al peligro.
Esta situación no es solo una afección individual: puede afectar a poblaciones enteras, reducir su capacidad de reproducción, aumentar la mortalidad y alterar la dinámica ecológica. Observar animales con infestaciones severas debe alertarnos sobre un entorno que está fallando en proveer las condiciones básicas para la vida.
Impacto ecológico: más allá de las especies individuales
La electrocución y el debilitamiento de animales silvestres afectan mucho más que a las especies directamente implicadas. En ecosistemas complejos como el del Caribe Sur, cada especie cumple funciones clave para el equilibrio del bosque: los monos dispersan semillas, los perezosos influyen en la vegetación, los depredadores median el control de plagas. Su desaparición crea vacíos funcionales que afectan también a otras especies, e incluso a los humanos.
La pérdida de biodiversidad disminuye la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, altera procesos ecológicos fundamentales y debilita la sostenibilidad de los territorios. Las consecuencias se sienten en la salud de los suelos, la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y el aumento del riesgo de enfermedades. Proteger a la fauna silvestre es proteger los tejidos vivos que sostienen la vida en esta región.
¿Desarrollo o destrucción? Una mirada crítica a la infraestructura eléctrica
La expansión del tendido eléctrico y la construcción de nuevas carreteras suelen celebrarse como signos de progreso, conectividad y desarrollo económico. Sin embargo, cuando estos avances se ejecutan sin planificación ambiental ni conciencia ecológica, generan consecuencias devastadoras para la vida silvestre.
En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y con una estrecha relación entre comunidades y ecosistemas, la infraestructura mal diseñada se convierte en una trampa mortal. No solo los cables eléctricos mal aislados matan a animales que usan las copas de los árboles para desplazarse. También las carreteras —cada vez más amplias, con tráfico más veloz y sin pasos de fauna— provocan atropellos diarios de especies como armadillos, zarigüeyas, serpientes, martillas y hasta perezosos.
Más carreteras sin planificación significan más barreras ecológicas, más fragmentación del hábitat y menos posibilidades para que la fauna se desplace de forma segura. A esto se suma la velocidad con la que se conduce, especialmente en zonas rurales y turísticas, sin señales adecuadas ni respeto por la fauna local. El resultado: miles de animales mueren atropellados cada año, muchos de ellos especies vulnerables o clave para el ecosistema.
El “desarrollo” que no incorpora medidas de coexistencia con la naturaleza no es progreso, es una amenaza. Instalar electricidad y abrir caminos no puede hacerse a costa de la vida silvestre. La sostenibilidad exige que pensemos en pasos de fauna, límites de velocidad, reforestación y diseño de infraestructura amigable con los ecosistemas. Solo así podremos hablar de un desarrollo verdaderamente justo y duradero.
Acciones concretas para mitigar la electrocución de fauna
Para revertir esta situación, es urgente articular esfuerzos entre instituciones públicas, empresas eléctricas, organizaciones comunitarias y ciudadanía. Algunas medidas clave incluyen:
Aislar los cables eléctricos en zonas de alto tránsito de fauna, reduciendo el riesgo de electrocución.
Instalar puentes de dosel o pasos aéreos que permitan a los animales cruzar con seguridad sin depender del tendido eléctrico.
Realizar monitoreos comunitarios y reportes ciudadanos sobre animales electrocutados, para identificar zonas críticas y actuar preventivamente.
Promover la reforestación con especies nativas, restaurando la conectividad biológica entre árboles y evitando que los animales recurran a los cables.
Impulsar normativas y políticas públicas que obliguen a las empresas a incorporar criterios de protección de biodiversidad en sus diseños.
Capacitar a técnicos eléctricos, personal municipal y comunidades sobre cómo evitar daños a la fauna mediante intervenciones simples y efectivas.
Apoyar campañas locales de conservación y denuncia, lideradas por organizaciones, colectivos o personas defensoras del ambiente.
Estas acciones no solo salvan vidas animales, también protegen el equilibrio ecológico del que todos dependemos
Tórsalos: un indicador del deterioro ambiental
La proliferación de tórsalos no debe verse como un evento aislado, sino como un indicador de alarma. Cuando un ecosistema saludable empieza a mostrar signos de infestaciones severas, significa que algo está fallando en sus procesos naturales de regulación. La presencia masiva de estos parásitos, especialmente en animales electrocutados, nos habla de seres vivos que ya estaban débiles antes de morir, y de un ambiente que no está cumpliendo su función protectora.
Factores como el cambio climático, el uso de pesticidas, la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación están generando un entorno propicio para este tipo de desequilibrios. Ver animales con decenas de tórsalos en su cuerpo no puede ser tomado a la ligera. Es una señal clara de que debemos actuar con urgencia para restaurar el equilibrio natural y prevenir más sufrimiento innecesario.
Cuidar la vida silvestre es cuidar la vida común
La situación que enfrenta la fauna del Caribe Sur no es un asunto menor ni aislado: es un reflejo de la relación que mantenemos con la naturaleza. Si seguimos construyendo sin pensar en quienes habitan los ecosistemas, los resultados serán devastadores. Proteger a los animales no es un lujo ni un capricho ambientalista, es una responsabilidad ética y una condición necesaria para la vida en comunidad.
La vida en el Caribe Sur depende de un equilibrio entre desarrollo humano y respeto por los ecosistemas. No podemos permitir que más animales mueran en silencio. Exijamos acciones, generemos conciencia y seamos parte del cambio.
Galería
Nota informativa sobre contenido sensible
Se encuentra disponible un conjunto de imágenes que documentan casos reales de electrocución de fauna silvestre en el Caribe Sur de Costa Rica. Estas fotografías muestran animales afectados por el tendido eléctrico, en algunos casos también infestados por parásitos como los tórsalos.
Advertencia: Las imágenes contienen escenas explícitas de sufrimiento animal y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Han sido recopiladas y puestas a disposición con fines informativos, educativos y de denuncia, para visibilizar una problemática ambiental urgente y promover acciones concretas que prevengan más muertes innecesarias.
Si deseas acceder a estas imágenes para apoyar procesos de sensibilización, investigación o comunicación, puedes descargarlas aquí:
El Proyecto Bahía Papagayo se plantea como un desarrollo turístico-habitacional, ubicado en Guanacaste específicamente en el cantón de Carrillo, distrito de Sardinal. El proyecto por medio de su extensión de 117.6 hectáreas, busca integrar complejos de hospedaje, residencias, áreas recreativas y un espacio privado con instalaciones deportivas, salones de eventos y zonas de juego infantil.
Así mismo, la propuesta del proyecto abarca desde un complejo hotelero con cocinas, terrazas, piscinas, spa, gimnasio y restaurantes, además de lotes residenciales destinados a futuros desarrollos habitacionales. Pese a la magnitud de la inversión se han identificado diversas deficiencias en el cumplimiento de normativas y en la presentación de estudios ambientales. Además, se destaca la falta de autorizaciones de instituciones como SENARA, MOPT y SINAC, así como la carencia de elementos técnicos, como estudios geotécnicos completos, planos detallados y registros fotográficos que respaldan la viabilidad técnica del terreno.
El desarrollo inmobiliario se encuentra a cargo de la empresa: Enjoy Hotels & Resorts Sociedad Anónima cuyo representante legal es Andrés Pacheco Albónico. Dicha empresa es parte del conglomerado Enjoy Group, donde también se encuentran otros restaurantes y hoteles distribuidos en todo el país tales como la Marina Golfito, Fiesta Resort, Hilton Garden Inn Guanacaste, Mangroove, P.F. Changs, Hotel Villa Lapas, entre otros.
La infraestructura prevista en este desarrollo abarca una región caracterizada por una significativa cobertura de bosques maduros y secundarios, igualmente existe la presencia de humedales y manglares cerca de la zona. Estos terrenos por su alta vulnerabilidad ambiental se encuentran protegidos por la legislación del país, lo que subraya la importancia de conservar estos valiosos ecosistemas en medio de cualquier actividad de desarrollo.
La pérdida de estos ecosistemas por parte del proyecto podría desencadenar efectos adversos en la calidad del suelo y en la estabilidad de las laderas, agravando los impactos ambientales y comprometiendo la integridad del paisaje. Los tipos de bosques encontrados en el terreno desempeñan un rol en la regulación de los ciclos hidrológicos y la prevención de la erosión. Por otro lado, los humedales estuarios y manglares fungen en los procesos de filtración del agua y suministran refugio a diversas formas de vida silvestre.
A pesar de la relevancia natural y ecológica la empresa desarrolladora ha fallado al presentar la documentación pertinente para demostrar la viabilidad ambiental del proyecto. Entre los incumplimientos, por los cuales se cuestiona dicho desarrollo inmobiliario se encuentran: la falta de permisos emitidos por SENARA, MOPT y SINAC, donde se garantice la legalidad del proyecto turístico, así como el pleno cumplimiento de las normativa en materia ambiental.
Una segunda polémica, se encuentra relacionada con la certificación de uso de suelo, a pesar de que la empresa cuenta con el certificado emitido por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) del 2019. Existen deficiencias en la documentación, donde se asegure el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Plan Maestro del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particular, con lo definido para las plantas de tratamiento de aguas residuales, elemento fundamental para mitigar impactos ambientales y garantizar la sostenibilidad en la protección de los ecosistemas circundantes.
El estudio biológico presentado por la empresa carece de la integridad necesaria para evaluar adecuadamente los impactos sobre la flora y fauna locales. Igualmente, las medidas planteadas de mitigación del riesgo ambiental resultan insuficientes para proteger especies vulnerables, como el mono congo, la tortuga roja y el tamandúa. Esto representa una omisión grave al no considerar de forma detallada la conservación de la biodiversidad en un área tan ecológicamente privilegiada.
En cuanto al estado de la cobertura forestal del área, un informe realizado en 2024 por el Ing. Álvaro Solano Acosta sobre el Polo Turístico de Papagayo resalta que la mayor parte de la propiedad presenta una densa cobertura forestal. Solo una pequeña sección del terreno carece de esta característica. Esto refuerza la idea de que el área se encuentra, en gran medida, preservada y ha mantenido su integridad natural.
El informe destaca la alta densidad de árboles en la zona, tales como el cenízaro, guanacaste y guácimos. Estos árboles constituyen elementos vitales en la conservación de la biodiversidad local, proporcionando hábitats esenciales para una variedad de especies y contribuyendo a la estabilidad ecológica del área.
Según los datos presentados, aproximadamente el 92.5% de la finca está cubierta por bosque. Este porcentaje se complementa con la identificación de áreas de matorral arbolado y zonas de protección absoluta, especialmente en aquellas áreas asociadas a recursos hídricos como ríos y quebradas. Dichas áreas representan un componente crucial en la valoración ambiental de la zona, destacando la relevancia de conservar estos ecosistemas.
Específicamente, los levantamientos muestran que 34.1 hectáreas corresponden a cobertura forestal, mientras que 4.0 hectáreas se destinan a la protección de quebradas y 2.25 hectáreas a matorrales arbolados. Por último, en el informe, se confirma la presencia de un manglar registrado, denominado «Manglar Panamá 1», el cual refuerza la importancia ecológica de la zona. Dicho ecosistema juega un papel crítico en la sostenibilidad de la biodiversidad local.
San José, 14 de mayo de 2025 — La pesca sostenible se ha convertido en un tema prioritario para Costa Rica, no solo por su relevancia económica, sino por su impacto directo en la seguridad alimentaria, la biodiversidad marina y la estabilidad de las comunidades costeras. En respuesta a los desafíos crecientes que enfrenta este sector, el Parlamento Cívico Ambiental presentó el informe “Elementos clave para la pesca sostenible”, resultado del Encuentro Técnico celebrado en enero de 2025 con participación de expertos nacionales, organizaciones científicas, representantes comunitarios y autoridades vinculadas al ámbito marino-costero.
Este documento ofrece un diagnóstico claro sobre la situación actual de la pesca en Costa Rica, expone los principales obstáculos para su desarrollo sostenible y plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la calidad de la información científica disponible, incorporar el cambio climático en la gestión y promover la equidad en las comunidades costeras.
Desafíos múltiples y urgentes
Entre los principales hallazgos del informe se destaca:
La falta de datos científicos actualizados sobre el estado de las poblaciones pesqueras y el esfuerzo de pesca aplicado, lo que impide una gestión adecuada basada en evidencia.
La debilidad institucional y normativa del sector, con procesos de fiscalización limitados, escasa transparencia y una trazabilidad deficiente de las capturas.
El impacto creciente del cambio climático, que podría reducir las capturas en el Pacífico en un 15% y en el Caribe en un 30% para el año 2050, afectando no solo la productividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria.
La falta de alternativas económicas viables para las comunidades pesqueras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal para subsistir.
Un llamado a la acción: recomendaciones para transformar el sector
El informe plantea una ruta clara para alcanzar la sostenibilidad pesquera en el país, articulada en tres ejes estratégicos. En el plano técnico y científico, urge establecer sistemas de monitoreo y recopilación de datos biológicos que permitan estimar el estado de las poblaciones y definir límites de captura.
Desde lo social, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades costeras mediante educación ambiental, participación activa y diversificación económica. Actividades como el ecoturismo y la pesca turística pueden reducir la presión sobre los recursos, al tiempo que mejoran los ingresos locales y promueven prácticas sostenibles.
Finalmente, a nivel de gobernanza, se recomienda reformar a INCOPESCA para que se alinee con los objetivos de sostenibilidad, y establecer marcos normativos dinámicos que respondan a los retos actuales, incluyendo el cambio climático. Herramientas como vedas, tallas mínimas y áreas marinas protegidas son esenciales para la recuperación de las especies y la salud del ecosistema marino.
Damián Martínez-Fernández, miembro de la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental, subrayó:
“Costa Rica enfrenta el reto de reconducir su modelo pesquero hacia la sostenibilidad. Este informe no solo evidencia las áreas que debemos mejorar, sino que ofrece ideas de cómo lograr una pesca que respete los límites del ecosistema y fortalezca el bienestar de las comunidades costeras. Es una invitación abierta a todos los sectores a construir juntos un futuro donde la conservación y el desarrollo caminen de la mano.”
La reciente paralización total de las obras de un proyecto residencial en el Corredor Biológico Paso La Danta, en Portalón de Savegre sobre la Fila Costeña, es solo uno de los múltiples casos que ilustran la creciente amenaza que enfrenta este importante ecosistema montañoso debido a desarrollos inmobiliarios sin una regulación adecuada.
En muchos casos, estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales. Esta situación fue documentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en un estudio realizado en 2024, donde se concluye que el 25 % de las construcciones operan sin permisos. El cantón de Osa ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con 4.798 metros cuadrados construidos sin licencia.
Problemática. Una investigación liderada por Carlos Morera, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario. Muchas de estas edificaciones carecían de los permisos necesarios, lo que provocó deslizamientos y sedimentación en cuerpos de agua, afectando negativamente ecosistemas sensibles como el Parque Marino Ballena (UNA Comunica, 16-1-2009; Morera C.2009).
Esta contaminación marino-costera por sedimentación afecta directamente la supervivencia de corales y especies marinas protegidas, que son la razón de ser del Parque Marino Ballena. Además, impacta actividades como el ecoturismo y la pesca artesanal, que son fundamentales tanto para la economía local como para la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras.
El estudio de Morera también advierte que, aunque la cobertura boscosa ha aumentado en décadas recientes, esta tendencia está hoy en riesgo. El auge del llamado “turismo inmobiliario” —es decir, la construcción de bienes inmuebles como condominios, casas de lujo y residenciales orientados a la inversión extranjera— ha propiciado la deforestación en zonas clave, en especial aquellas con vistas al mar. En comunidades como Dominicalito, este fenómeno ha llevado al desplazamiento de habitantes locales para dar paso a desarrollos turísticos
Según estudios registrales realizados por Óscar Leiva, Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO, se estima que entre el 70 % y el 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas inscritas, muchas a nombre de sociedades anónimas, y forma parte de su tesis de Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), Sede Chorotega.
Además, el “estilo constructivo” de estas “comunidades privadas” —grandes casas con vistas al mar— implica la apertura de caminos en zonas boscosas y con pendientes pronunciadas, contribuyendo a la fragmentación de los parches de bosque que garantizan la conectividad ecológica de la fauna y flora. Según el Diagnóstico del Corredor Biológico (2018), esta conectividad se ha visto reducida en un 70 % debido a la fragmentación.
A ello se suma el impacto negativo sobre el recurso hídrico. La eliminación de cobertura forestal afecta la calidad y disponibilidad del agua, altera el ciclo de recarga de acuíferos y, junto con el traslado de material pesado por caminos no aptos, ha provocado daños a manantiales —como lo documenta el biólogo Jorge Lobo desde 2006— y constantes interrupciones en el suministro de agua a comunidades de tierras bajas debido a fugas y roturas en la red, como refieren las y los vecinos.
En esa línea, según informó Camilo Flores, fiscal ambiental de Osa, los delitos ambientales más frecuentes en la Fila Costeña incluyen: tala ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas de protección y de cauces de agua, destrucción o extracción de vegetación en zonas protegidas, y aprovechamiento ilegal de recursos.
Según el informe “Situación del Reciclaje 2021-2024” de la Asociación de Reciclaje AmbiciOsas (2025), entre 2020 y 2024 la construcción de viviendas y negocios para la industria turística aumentó un 300 % en el distrito de Bahía Ballena. Solo en Ojochal, durante 2022, se tramitaron 2.000 permisos de construcción. El mismo informe, con datos del ICT (2024), señala al Parque Nacional Marino Ballena como el tercer parque más visitado del país, con 317 empresas de hospedaje, 1.713 habitaciones y 103 establecimientos gastronómicos en el distrito más pequeño del cantón. Esta afluencia turística, sumada al aumento de “comunidades privadas” en las montañas de la Fila Costeña, agrava los problemas de manejo de residuos y limita la capacidad de respuesta municipal.
Una moratoria en los permisos de construcción hasta contar con la regulación adecuada.
La actualización integral del Plan Regulador Cantonal.
La declaratoria de la Fila Costeña como “Categoría de Manejo Especial de Protección”.
La conformación de una Mesa de Diálogo Ciudadana para avanzar hacia un ordenamiento territorial participativo.
Un foro reciente titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña del Pacífico Sur” (SURCOS Digital, 5-4-2025), evidenció que la presión sobre estos territorios ha aumentado considerablemente. Con participación de expertos y representantes comunales, se discutieron los impactos negativos de los desarrollos no regulados, la deforestación y la falta de planificación territorial. Se reiteró la necesidad urgente de establecer una moratoria hasta contar con un plan regulador integral y participativo.
Antecedentes
Entre 2008 y 2010, el Tribunal Ambiental Administrativo abrió 44 expedientes por denuncias relacionadas con proyectos inmobiliarios, hoteles y aserraderos en esta región. Estas cifras, junto con las de la Península de Osa, constituyeron un récord preocupante (TAA: Osa, un tesoro en peligro).
Solo en el cantón de Osa, entre 2005 y 2014, se otorgaron 2.247 permisos de construcción. En 2008 se alcanzó un pico, seguido de una caída por la crisis inmobiliaria mundial; sin embargo, desde 2013 la tendencia ha retomado un crecimiento acelerado(La Nación, 08-6-2015).
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció en 2008 la proliferación de residencias en la Fila Costeña mediante vacíos legales, como el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que permite lotificaciones agrícolas sin evaluaciones ambientales integrales por parte de SETENA, bastando sólo una inspección municipal para obtener permisos (La Nación, 11- 9-2008).
Importancia de la zona
¿Qué es el Corredor Biológico Paso de la Danta? Este territorio, que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa (ITCR, 2014). Es un corredor con ecosistemas diversos y de gran valor biológico, que protege zonas clave como los arrecifes rocosos de Dominicalito, el arrecife de coral en el Parque Nacional Marino Ballena y otras áreas costeras adyacentes(mapa).
La Fila Costeña. En Osa se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur. Como bosque tropical húmedo, alberga una mezcla única de especies de bosques secos y húmedos, muchas de ellas endémicas. Cumple un rol clave en la conectividad ecológica entre áreas protegidas como los parques nacionales Manuel Antonio, Marino Ballena, Corcovado y el Humedal Térraba-Sierpe. Además, regula el clima local, tanto en la costa como en el Valle de El General, y es fuente de manantiales, cuencas y microcuencas vitales para la salud de los ecosistemas costeros y el abastecimiento de agua potable para las comunidades de tierras bajas.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) envió el pasado 7 de mayo un oficio al fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, reiterando su denuncia formal contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntos delitos ambientales.
En el documento AEL-00209-2025, la organización aclara y enfatiza los puntos expuestos en una denuncia previa (AEL-00201-2025) del 3 de mayo, señalando que la respuesta recibida por parte de la Fiscalía General fue inadecuada al remitir el caso a la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, instancia que, según indican, carece de potestad para investigar a un miembro de los supremos poderes.
La asociación manifiesta que el ministro Tattenbach Capra emitió la Directriz 09-2023, que habría permitido desarrollos inmobiliarios en áreas protegidas como humedales, bosques, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, causando daños al Sitio Ramsar 783, Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Adicionalmente, la AEL denuncia el nombramiento de Maylin Mora Arias como directora del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), cuestionando su idoneidad para el cargo por ser especialista en Turismo Sostenible y no reunir, según su criterio, las condiciones necesarias para el manejo de Áreas Silvestres Protegidas.
En el oficio, la asociación refiere la existencia de un expediente penal (23-000041-0611-PE) que, señalan, permanece inactivo. También hacen mención a un insumo (DFOE-DEC-01-00004-2024) dirigido a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La organización solicita la intervención directa del fiscal general para detener lo que describen como «desmanes del ministro» y expresan preocupación por una posible situación de crimen organizado en la gestión de recursos naturales. El documento fue remitido también a la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía de la República.
Puede consultar los siguientes documentos como referencia del caso:
El pasado 6 de mayo el colectivo ciudadano CONCEVERDE denunció una actividad realizada en el Parque Nacional Braulio Carrillo. Posteriormente, María Elena Fournier, de Yiski, realizó la queja ante la auditoría interna del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Por medio del oficio SINAC-UAI-138-2025 se remite la denuncia a la dirección de áreas de conservación central, dada su competencia y con el propósito de presentar una respuesta ante los hechos descritos.
El cuestionamiento surge a raíz de la realización de una actividad deportiva nocturna acompañada de una cimarrona en el Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barva. Dicho evento generó inquietud sobre la consideración de los posibles impactos ambientales. Este reclamo refleja el sentir de quienes consideran que la gestión de las áreas protegidas debe priorizar la preservación por encima del entretenimiento.
El colectivo ciudadano expresó su preocupación ante el posible respaldo de los funcionarios del parque nacional para el desarrollo de dichas actividades. Además, aseguran que el ruido producido por la música y la concentración de personas en horas nocturnas pueden alterar la vida silvestre. CONCEVERDE reclama la falta de monitoreo y regulación por parte del SINAC sobre este tipo de actividad ajenas al disfrute convencional de las áreas de conservación. Igualmente exigen la realización de estudios sobre los efectos que estas actividades pueden tener en la flora y fauna del lugar.
CONCEVERDE aclara que su reclamo no busca desacreditar la importancia de las actividades deportivas y culturales, sino cuestiona el espacio en el que se realizan y el accionar de las autoridades institucionales. En una propuesta, sugieren que eventos de esta naturaleza sean trasladados a espacios públicos más adecuados, como para este caso específico los parques centrales de Barva y Heredia, donde podrían llevarse a cabo sin comprometer la biodiversidad ni afectar el equilibrio ambiental de una área protegida. Con esta denuncia, el colectivo insta a las autoridades a tomar medidas concretas en la protección de los parques nacionales y a reforzar su compromiso con la conservación del patrimonio natural de Costa Rica.
Por medio del siguiente enlace, se puede observar un video publicado en la página de Facebook “Heredia por Media Calle” de la actividad en cuestión. La publicación se registra el 3 de mayo bajo el título: “#VolcánBarva | En este momento, cimarrona alegra la primera edición de la caminata nocturna Volcán Barva 2025.”
El diputado Ariel Robles Barrantes ha presentado una denuncia formal ante la fiscalía por la destrucción de bosques en Portalón de Quepos, un área cercana al río Savegre, considerado uno de los ríos más limpios de Centroamérica, y ubicada en un corredor biológico conocido como Paso de las Dantas.
Según señaló el legislador, la denuncia fue interpuesta el 5 de septiembre mediante un oficio dirigido a la fiscalía. En esta se acusa al gerente de una constructora de estar destruyendo los bosques de la zona.
El diputado mostró imágenes comparativas donde se aprecia que en 2020 y 2023 existía una cobertura boscosa que actualmente ha sido eliminada. De acuerdo con la denuncia, el representante de la empresa inmobiliaria ha manifestado en conferencias su intención de desarrollar en Portalón «un nuevo Tamarindo«.
Robles Barrantes indicó que, tras su denuncia, la fiscalía abrió una investigación y confirmó la deforestación en el área, realizada con «una viabilidad ambiental otorgada de forma muy particular y extraña».
El legislador señaló que el empresario es uno de los principales financistas de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves, con una inversión que superaría los 150 millones de colones.
«¿Será que nuevamente estamos pagando todas las deudas de la campaña de Rodrigo Chaves con los bosques de nuestro país? No es la primera vez que pasa, es la segunda. Y es la segunda que tenemos que llegar a la fiscalía a detener, mediante denuncias, un procedimiento de pago de deuda de la campaña política del presidente», expresó el diputado.
La fiscalía ha ordenado detener las actividades de deforestación mientras continúa la investigación sobre estos hechos denunciados por el legislador.
