Soluciones a los 51 pasos de fauna silvestre en Ruta 32 – conversatorio
La experiencia minera en Costa Rica existe y ha sido nefasta
Por Sonia Torres
Comité Ambiental Miramar
21 enero 2011*
En Costa Rica la minería se ha concentrado en el llamado cinturón del oro, en el que sobresale Abangares donde los ríos son plateados por el mercurio o lucen macilentos y tan ácidos como el limón y las ruinas convertidas en museo no terminan de servir al turismo.
En Miramar, las bellas vistas hacia el Golfo de Nicoya hoy tienen paisajes desérticos que interrumpen los corredores biológicos por causa de la cuarta mina de oro a cielo abierto.
En Esparza el desierto de Macacona producto de la primera mina de oro a cielo abierto desangra diariamente el acuífero local y es testimonio de la pérdida de pozos de agua potable que siguen manando pesados metales concentrados desde el tajo cercano.
En Chomes, un hermoso cerro desapareció, y sobre una calle pública yacen actualmente los restos de las construcciones, como legado de la tercera mina de oro a cielo abierto…, y a pocos pasos, los techos que albergan las esperanzas de los hombres y mujeres que creyeron en la minera.
En Río Chiquito, la sedimentación del embalse Arenal da cuenta de las miles de toneladas de tierra que fueron lanzadas en las márgenes del río antes de caer en el lago usado para producir la electricidad de un país.
Y en San Carlos, al igual que en el resto del país donde se han dado luchas contra las mineras, el rencor, rencillas y desprecio entre hermanos suplantó al amor, solidaridad y compañerismo de antes; en momentos en los que la minera recurre a un tercer tribunal en busca del respaldo a los compromisos adquiridos por gobernantes inescrupulosos.
Ni qué decir de los impactos sociales en Abangares, donde aunque tenemos el doble de la tasa de síndrome de Down del país y pese a que algunos funcionarios sanitarios le vinculan con la minería, pocos estudios formales se han realizado para correlacionar la misma en forma científica; pocos se preguntan por qué de los aumentos de abortos en comunidades abangareñas como Matapalo y Limonal separadas por la planta de proceso y lagunas mineras dejadas en abandono y nadie da cuenta de los niveles del mercurio en la sangre de los lugareños.
Como en cualquier lugar del mundo, las empresas mineras huyen de Costa Rica cuando les conviene o se cambian de nombre y continúan como si nada a lo interno del país. Aquí hasta se llevan los ahorros de las asociaciones solidaristas como ocurrió con la Ariel Resources en Abangares; dejando también cuentas sin pagar por servicios eléctricos y seguros médicos de los trabajadores. Aunque aquí no tenemos rótulos que hablen de las estadísticas que indiquen registros de las empresas mineras en las entradas de las minas, si tenemos cruces en los cementerios que señalan a los mineros que han sucumbido en las minas.
Aquí en Costa Rica no tenemos la valentía de tomar el toro por los cuernos y llamar pan al pan y vino al vino por temor a caer mal o conseguir menos de lo esperado. Quizá por eso, se produjeron las reformas al Código Minero que resultan en autoengaño porque, entre otras cosas, no se pusieron restricciones al procesamiento minero de las transnacionales que terminarán procesando el oro que extraerán los mineros sin compromisos laborales ni médicos para las empresas que serán las que establezcan la ley de la broza que comprarán a los mineros alineados en cooperativas.
Aquí al igual que en cualquier lugar del mundo, el trabajador minero no tiene derecho a rebelarse porque no tiene otra fuente de trabajo. Los lugareños abandonan sus casas cuando la naciente secó y el agua no llegó más al hogar. No hay regulaciones y la minera invade el perímetro urbano, carcomiendo los techos de las casas.
Aquí al igual que en Chile y otros países las mineras abandonan las minas. Se cambian de nombre, cierran las oficinas y se atrincheran en el plantel minero en permanente amenaza.
En Abangares tenemos algunas mujeres viudas que han tenido que recurrir a la minería para seguir sosteniendo a la familia, luego que el esposo falleciera; a esas mujeres hoy se les ilustra como dependientes de la minería para sensibilizar más a la población.
Aquí en Costa Rica, son pocas las viudas e interminables los huérfanos que siguiendo los pasos del padre, del tío o del abuelo, siguen perforando las entrañas aunque paguen con su salud y quizá la vida; mientras, los más aventurados hacen negocio con el oro teñido de sangre de nuestros hermanos, pero a eso le llaman solidaridad, progreso y desarrollo sostenible.
La escolaridad de los mineros ticos es baja; el alcoholismo es la enfermedad y la esperanza no existe. No hay equipos para respirar aire fresco en las entrañas, aún se cree en promesas y se añoran cooperativas que suenan a salvación.
En Costa Rica sucumbió mina Bellavista y en Miramar nadie se murió de hambre por falta de trabajo. El colapso de mina Bellavista evidenció en el siglo XXI la incapacidad de las instituciones en prevenir y atender emergencias mineras, al igual que no fue posible manejar adecuadamente el cierre advertido de Macacona, o el cierre intempestivo de Beta Vargas y Río Chiquito en el último cuarto del siglo XX.
¿Cómo no reconocer la experiencia minera de las autoridades de salud que muestran resultados de análisis de agua de un año atrás al colapso de la mina Bellavista, porque fueron incapaces de monitorear los “lavados” del cianuro que hizo la minera con las geomembranas rotas por las masas de roca en movimiento?
¿Cómo ignorar la experiencia nefasta de la Comisión de Emergencia declinando intervenir la mina Bellavista pocos días antes del colapso, pese al clamor popular?
Sigue siendo nefasta la experiencia minera cuando sucumbió la mina Bellavista y el estudio de impacto ambiental que la respaldó sigue vigente, no ha sido cancelado y la empresa trabaja sigilosamente de la mano del gobierno en una “nueva” propuesta minera, ya rechazada por SETENA en el año 1996.
Y ni hablar de la experiencia minera que tenemos en cuanto a trámites y permisos fraudulentos con el que pretendían operar en Crucitas, que han sido evidenciados de mil maneras y finalmente reconocidos por el Tribunal Contencioso Administrativo, por la constante y acuciosa labor de quienes han creído que vale más el agua que el oro y que la paz a la naturaleza no se nutre de discursos y escritos falsos.
Costa Rica ha escrito con sangre su historia minera. Pasado, presente y futuro. Tenemos experiencia minera y ha sido nefasta. La amenaza sigue, pero el futuro es promisorio si seguimos el camino trazado por los valientes hombres y mujeres que a pie, de saco y corbata, quemando pestañas y gritando consignas, hemos dicho de muchas formas, no a la minería.
*Este artículo de Sonia Torres fue publicado en el 2011 en el blog de Julio Müller (QEPD). SURCOS lo reproduce a solicitud de Ursula Hockauf y María Elena Fournier.
Honduras: Política ambiental bajo las armas Nos acompaña Lucía Vijil Saybe
Conversamos con Lucía Vijil Saybe, licenciada en Comercio Internacional, máster en Cooperación Internacional y máster en Estudios Socioambientales, además de miembro del Equipo de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). En esta entrevista, analizamos la creciente participación de las fuerzas militares en la ‘protección’ ambiental en Honduras. ¿Qué implica esta remilitarización para la sociedad hondureña? ¿Por qué deben preocuparnos estos esquemas de intervención militar? Estas y otras preguntas son abordadas en nuestra conversación.
Para más información, consulta el artículo de Lucía Vijil aquí: https://contracorriente.red/2024/12/17/politica-ambiental-bajo-las-armas-debemos-alarmarnos/.
Recomendamos también visitar las páginas del CESPAD: https://cespad.org.hn/ y del Observatorio de Conflictividad Socioambiental: https://observatorio.cespad.org.hn/quienes-somos/.
*La imagen de la presidenta Xiomara Castro fue tomada de: https://proceso.hn/remilitarismo-una-fuerte-amenaza-a-la-democracia-en-centroamerica-palpable-con-estados-de-excepcion/.
Movimiento en defensa de Gandoca llama a presentarse en las barras de la Asamblea Legislativa este 21 de enero
SURCOS comparte la siguiente convocatoria:
Este martes 21 de enero vamos a las Barras de la Asamblea Legislativa a las 9 am a exigir la devolución del Refugio Gandoca Manzanillo. Te esperamos !!
Musica nacional original de Charly Muñoz /GANDOCA
https://www.instagram.com/reel/DFA1s0UqjHN/?igsh=MWcyYWF1bXFjdTljeg==
Flexibilización ambiental en el reglamento de vertidos: un riesgo para el agua de Costa Rica
Observatorio de Bienes Comunes, UCR
El Gobierno de Costa Rica avanza hacia la desregulación y flexibilización de su normativa ambiental. Tras la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, ahora se presenta una propuesta para modificar el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales.
Esta tendencia se evidencia en los argumentos oficiales, donde se afirma que:
“La simplificación de los trámites administrativos y la mejora regulatoria tienen por objeto racionalizar los procesos que realizan los particulares ante la Administración Pública, mejorar su eficiencia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo las cargas para los administrados.”(Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales – Ministerio de Salud, 2024)
Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿Quiénes realmente se benefician de esta flexibilización normativa? La propuesta no incluye mecanismos efectivos para garantizar la participación de las comunidades que podrían verse afectadas por vertidos de aguas residuales, ni contempla medidas claras para mitigar su impacto en el medio ambiente y la salud pública.
La importancia de regular los vertidos en cuerpos de agua
Los cuerpos de agua son esenciales para la vida, no solo por su uso en actividades humanas como el consumo, la agricultura o la industria, sino también por su papel fundamental en la conservación de ecosistemas y especies. La contaminación por vertidos no regulados amenaza la biodiversidad, afecta la calidad del agua potable y genera riesgos a la salud pública. Regulaciones claras y estrictas no solo protegen estos recursos, sino que también garantizan el acceso equitativo y sostenible a un bien común vital.
Nuestra infografía analiza expone las principales ausencias de la reforma y busca abrir el debate sobre las implicaciones de esta política de flexibilización ambiental que está marcando la gestión pública en Costa Rica.
Pueden ver la propuesta de reglamento aquí.
También recomendamos para profundizar la temática el libro «Calidad de agua: Salud de los ecosistemas y salud humana«, dónde se analiza cómo los vertidos de aguas residuales afectan la calidad del agua y los ecosistemas. Resalta la necesidad de regulaciones estrictas para mitigar la contaminación por nutrientes, metales pesados y contaminantes emergentes, promoviendo políticas sostenibles y tecnologías para el tratamiento adecuado de los vertimientos.
Contaminación del Agua: ¿Es la Flexibilización la Solución?
Observatorio de Bienes Comunes, UCR
En los últimos años, hemos presenciado un aumento de casos relacionados con la contaminación de fuentes de agua, de las cuales dependen miles de personas para acceder al agua potable, casos como Cipreses de Oreamuno o Barranca de Puntarenas, han sido señales de alerta.
Estos eventos de contaminación, en muchas ocasiones, han estado vinculados a la creciente presión de actividades productivas como los monocultivos o prácticas agrícolas que manejan inadecuadamente los agrotóxicos, e incluso utilizan sustancias prohibidas.
Ante este contexto, el gobierno de la república, a través del Ministerio de Salud, propone una reforma mediante el decreto MS-AJ-CB-2932-2024, que modifica el decreto ejecutivo No. 38924-S del 12 de enero de 2015, conocido como el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. La reforma establece el cambio de “Valores Máximos Admisibles” a “Valor de Alerta”.
Esta propuesta representa una flexibilización de la normativa ambiental, permitiendo una mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas en el agua potable destinada al consumo humano.
La contaminación de nuestras fuentes de agua por sustancias como el mancozeb y el clorotalonil es una muestra de la creciente fragilidad de nuestros territorios. Esto no solo afecta el consumo de agua potable, sino también provoca daños en los ecosistemas que dependen de esos cuerpos de agua.
Cualquier medida de protección y reconocimiento de la importancia de estos bienes comunes, como el agua para nuestras comunidades, no puede ser ignorada. Intentar flexibilizar la normativa vigente y permitir mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas puede tener un impacto negativo potencial en la salud humana y en los ecosistemas.
Por esta razón, les compartimos esta infografía que busca problematizar la actual propuesta y debatir sobre la pertinencia de la flexibilidad en la normativa ambiental.
Reforma permitiría plaguicidas en el agua para consumo humano
El gobierno impulsa una reforma para permitir la contaminación con plaguicidas en el agua para consumo humano
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Alteran el Reglamento de Agua Potable en beneficio de la presencia de agroquímicos y en contra de la salud pública.
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La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.
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Grave retroceso legal en materia de protección de aguas podría ser inconstitucional, ecologistas se preparan para acudir a la Sala IV y pedir justicia
(07/01/2026) El pasado viernes 13 de diciembre en la web del Ministerio de Salud se puso en consulta pública por diez días hábiles la modificación del Decreto Ejecutivo No. 38924-S del 2 de enero del 2015 “Reglamento Para La Calidad Del Agua Potable”.
El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.
La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.
Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.
Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.
Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.
La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades” (destacado no es del original).
En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.
La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.
Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional. Además los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.
En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen, la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.
Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.
Firman:
Bloque Verde
Frente Eco Cipreses
Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza
Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
Red de Mujeres Rurales
Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense
Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna
Asociación de Desarrollo Integral Magnolias
Movimiento de Resistencia y Formación
Frente Ecologista Universitario
Movimiento Ríos Vivos
Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
La Yunta Agroecológica
Buen Vivir Costa Rica
Diputado Ariel Robles Barrantes
Diputada Rosaura Méndez Gamboa
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.
Construcción ilegal en zona especial de protección
¡Debilidades de la Municipalidad de San Rafael de Heredia!
CONCEVERDE San Rafael colectivo ciudadano
Desde el pasado mes de octubre, en el colectivo CONCEVERDE hemos estado recibiendo varias denuncias de ciudadanos debido a una construcción que presuntamente carece de permisos municipales, localizada en Concepción de San Rafael de Heredia, a menos de 100 metros al norte de Cruz de Caminos. Trasladamos las denuncias al alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Santamaría por medio de su WhatsApp. En una de sus respuestas, el alcalde nos informó que la construcción no cuenta con los permisos de ley, por lo que se procedería a clausurarla.
Es crucial tener en cuenta que la construcción de las bodegas o taller, que parece ser el objetivo de la obra, se está llevando a cabo en un terreno ubicado en la zona especial de protección según el Decreto 25902, y en un lote que, en parte, está dentro de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. En estricto cumplimiento de esta normativa, no se podría otorgar permiso de construcción para las obras que se están realizando.
A pesar de haber efectuado múltiples solicitudes y reportes a las autoridades municipales, no se ha tomado ninguna acción concreta para detener esta construcción ilegal. La actuación de la Municipalidad de San Rafael de Heredia se ha limitado a colocar sellos de clausura y, presuntamente, a advertir al infractor de que no podía continuar con la construcción.
La actuación de la municipalidad, que no ha tenido resultados para detener las ilegalidades, ha llevado a que, a hoy en día, enero de 2025, aproximadamente tres meses después de haber iniciado las denuncias, la construcción continúe, mostrando un avance significativo, como se puede apreciar en las fotografías adjuntas.
Solicitamos a la municipalidad que tome las medidas necesarias a la brevedad posible para atender este asunto y detener la construcción ilegal mencionada y llevar a cabo el derribo de lo construido.
Comunidad de La Gamba se compromete con el manejo integral de la basura
La comunidad de La Gamba, en la Zona Sur, cantón de Golfito realizó una jornada de recolección y separación de residuos sólidos.
Renier Canales Medina informó a SURCOS que esta es la acción comunitaria ante “la inutilidad gubernamental para resolver el manejo integral de la basura”.
Para este proceso la comunidad organizó un taller sobre manejo comunal de residuos sólidos.
Defensoría interviene en la protección y restauración de humedal de Coris
La Defensoría de los Habitantes realizó una intervención de oficio por la afectación que sufrió el humedal de Coris, ubicado en Cartago, el cual debe ser conservado y protegido.
Al caso se sumó una denuncia de un habitante ante la Defensoría, quien detalló los daños al ecosistema causados por una construcción de proyectos agrícolas y urbanos en una propiedad privada en Coris, contigua al humedal. El habitante reclamo acciones inmediatas, incluyendo la paralización de las obras, una evaluación exhaustiva de los daños y la intervención de una comisión interinstitucional para garantizar la protección y recuperación del humedal. Incluso, un grupo de vecinos presentó varias denuncias ante la Municipalidad de Cartago y el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
Tras una inspección de la Municipalidad de Cartago se clausuraron las obras, debido a la falta de trámites o solicitudes de permisos de construcción y verifica si las edificaciones vecinas a los cuerpos de agua se encuentran dentro del área de protección que establece la Ley Forestal. De ser así, se procederá con la demolición una vez cumplido el debido proceso. Es importante destacar que, la Defensoría verificó que las instituciones competentes en este caso han venido realizando las acciones correspondientes para detener y prevenir la afectación al humedal. No obstante, con el objetivo de que se proteja la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, giró varias recomendaciones a las autoridades competentes, MINAE y Municipalidad de Cartago.
Al MINAE la Defensoría le recomendó:
– Informar sobre la conclusión del proceso de elaboración de los dictámenes a nacientes y humedal tanto de la Dirección de Agua y del Departamento de Recurso Hídrico del Área de Conservación Central así como remitir el cronograma de las acciones a realizar a partir de estos dictámenes.
– Coordinar con las instancias correspondientes las acciones necesarias, para evaluar el daño ambiental ocasionado al humedal de Coris y verificar, en el campo, que el plan remedial que se presente, garantice la restauración del área protegida.
– Gestionar las sanciones administrativas dispuestas en la normativa nacional ante la violación de protección ambiental por conductas de acción u omisión dañinas al ambiente.
– Elaborar una estrategia de protección y conservación del humedal tal y como lo dispone el Política Nacional de Humedales 2017-2030 y procurar su cumplimiento en el mediano plazo.
A la Municipalidad de Cartago se le recomendó:
- Mantener la paralización de las obras en la propiedad afectada hasta que se confirme oficialmente la existencia del humedal y se determine su área de protección.
- En coordinación con la Oficina Subregional Cartago del Área de Conservación Central, continuar con los patrullajes interinstitucionales para evitar nuevas infracciones ambientales y verificar que se cumplan las órdenes de paralización.
- Implementar políticas de planificación territorial que prevengan futuras afectaciones al humedal y crear zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas para limitar actividades comerciales y agrícola.