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Ampliación de la Ruta 32: Presidente Solís inaugurará deforestación, vida silvestre en peligro

  • FECON-27 de febrero 2018

 

El próximo 5 de marzo Luis Guillermo Solís Rivera inaugurará una deforestación de 157Ha sobre la cual se construirá la ampliación de la Ruta 32 (Nación, 24-2-2018). Nuestra sorpresa es que ningún mandatario costarricense se ha propuesto inaugurar una tala; es como inaugurar la contaminación de un río o de una mina a cielo abierto. Lamentablemente no se dice que este tipo de megaproyectos como una autopista impacta 30 veces más área que la propia carretera. En materia ambiental estamos hablando de una carretera que compromete el recurso hídrico, la vida silvestre y la vida de las comunidades aledañas.

La ampliación de la carretera tendrá una magnitud de 107 km de largo, cuatro carriles, 36 puentes, 23 puentes peatonales, 176 bahías para autobuses, 26.160 metros lineales de ciclovía y drenajes (CONAVI, sin fecha). Este proyecto, financiado, diseñado y gestionado por la República Popular de China (FECON, 17-2-2015), tendrá un costo estimado de 450 millones de dólares; poco más de dos millones de colones cada metro lineal de carretera. En la Federación Ecologista nos preguntamos: ¿Una autopista de esas características es necesaria para el país? ¿Existen otras alternativas a este proyecto caro, destructor, contaminante y desactualizado? ¿Qué experiencia previa nos puede revelar qué pasará con este megaproyecto?

Es preciso decir que la densidad geográfica de la red vial en Costa Rica es entre cuatro y seis veces superior a la de México y a la del resto de Centroamérica respectivamente (XII Informe Estado de la Nación). El Estado de la Región del 2013 reporta a Costa Rica como el país de Centroamérica con la red vial más extensa y de mayor densidad: Existen 0.78 km de carreteras y caminos por cada km cuadrado de territorio Estado de la Región (2013).

En FECON queremos refrescar la memoria sobre la construcción de autopistas. La ampliación de la carretera Cañas-Liberia es una experiencia previa de ampliación de vías nacionales por presiones de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, también llamado Proyecto Mesoamérica (TicoTimes, 2014), una obra que significó la ampliación a lo largo de 50Km y que ha dejado varias enseñanzas sobre todo en términos de impacto sobre la vida de las comunidades aledañas y la vida silvestre cercana.

Hablamos de cientos de pequeños negocios a la orilla de la carretera, que quebraron al hacerse casi inaccesibles en una vía donde los autos van a velocidades extremadamente altas como para poder frenar; de casas invadidas por el ruido y el polvo; y de niños/as que no pueden salir ni al frente de su casa, entre otros impactos sociales. Una encuesta realizada después de la construcción de la autopista Cañas-Liberia reporta que el 60% de los vecinos de la carretera califica a esta autopista como innecesaria y que no trajo ningún aspecto positivo a sus vidas (Pomareda, 2014).

En cuanto a vida silvestre se refiere, en la vía Cañas-Liberia se constaran animales atropellados a pesar de los “pasos de fauna”. Se reportan al menos cinco individuos atropellados por kilómetro lineal y para el año 2014 un promedio de más de dos manigordos murieron por mes, atropellados en carreteras del país. En un periodo de cinco meses se reportaron 455 animales atropellados, de 45 especies distintas sólo en dicha autopista. (Pomareda, 2014).

Propiamente sobre la ampliación de la Ruta 32, la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas le ha exigido a Costa Rica adecuarse a sus estándares incluidos en el “Proyecto Mesoamérica” (CONAVI 2012). Es decir, los mismos con los que se construyó la vía Cañas-Liberia, con la particularidad de que la Ruta 32 es la que reporta más atropellos de animales (Panthera, 2015). Entre marzo y octubre de 2014, se registraron 1.028 atropellos en 94,9 kilómetros (km). Es decir, en promedio, en la ruta 32 hubo 10 incidentes con animales silvestres por cada kilómetro, entre el cruce hacia Río Frío y Moín (Nación, 2015).

La ampliación de la Ruta 32 creará una megacarretera que pasará muy cerca de ocho Áreas Silvestres Protegidas, las cuales incluyen dos Parques Nacionales (Braulio Carrillo y Barbilla) y dos Reservas Forestales (Cordillera Volcánica Central y Río Pacuare). Además, pasaría muy cerca de la importante Zona Protectora Cuenca del Río Siquirres y de los Acuíferos Guácimo y Pococí. Se verán afectadas también las Reservas Forestales cercanas, como Río Dantas, Limoncito (mixto), del Tigre y Escalera de Mono (Artavia, 2015).

Quizás lo más preocupante para la vida silvestre es que la ampliación de la Ruta 32 atravesará tres corredores biológicos (Cordillera a Cordillera; Guácimo; Zona de Protección Guácimo y Pococí). y corta cinco rutas de conectividad propuestas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras cinco que pasan muy cerca de la Ruta 32 (Artavia, 2015). Es importante mencionar que un tramo de esta carretera atraviesa una de las “Unidades de Conservación del Jaguar”, identificadas por la organización Panthera (2010), la cual es vital para lograr la conectividad de la “Iniciativa del Corredor del Jaguar” dentro del país y con Nicaragua y Panamá.

Desde la Federación para la Conservación de la Naturaleza hemos manifestado desde el inicio nuestra oposición a este proyecto por considerarlo un riesgo para la naturaleza, las poblaciones aledañas y las finanzas públicas. Se ha demostrado que este proyecto viola el principio precautorio bajo el cual se rige nuestro ordenamiento legal ambiental. Sumado a esto hemos demostrado el riesgo a los acuíferos comunitarios más importantes del Caribe (FECON, 17-2-2015) y que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra se ha realizado de forma apresurada y con deficiencias (FECON, 14-10-16). Este es un proyecto que no beneficia a la población costarricense, sino que empeorará la crisis fiscal y amenazará la vida silvestre de la zona del Caribe.

Una solución al transporte de carga eficiente, ambientalmente viable y que respondería a la necesidad del país para descongestionar las calles es un tren eléctrico de carga (FECON, 17-2-2015).

 

Henry Picado Cerdas

Presidente

Federación Para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Teléfono: 87609800

 

Bibliografía:

Artavia, 2015. Identificación y caracterización de cruces de fauna silvestre en la sección de la ampliación de la carretera nacional Ruta 32, Limón, Costa Rica. CATIE http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/handle/11554/7083

Panthera. 2010. Iniciativa del Corredor del Jaguar: Creando un paso seguro para los jaguares en el presente y hacia el futuro. Nueva York, Estados Unidos.

Panthera, 2015. Programa de Monitoreo de Mamieros Medianos y Grandes en el Subsector Barbilla-Destierrro / Paso del Jaguar. http://pantheracostarica.org/wp-content/uploads/docs/Panthera_Actividad_1_ProgramaMonitoreo_Informe_4FINALv1_CR-T1086.pdf

Nación, 2015. 1.000 animales murieron en ruta a Limón el año pasado. https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/1-000-animales-murieron-en-ruta-a-limon-el-ano-pasado/4MVJSZBC4BCOHHW6AEOFDO7PXU/story/

Areválo, E. Pomareda, E. (2014) Impacto de la Carretera Interamericana Norte: resultados preliminares-

https://es.slideshare.net/ViasVidaSilvestre/impacto-de-la-carretera-interamericana-norte-resultados-preliminares-esmeralda-arevalo

Pomareda, F. (2014) Guanacaste: ¿Para quién el verdadero beneficio de la ampliación de la carretera? http://fpomareda.blogspot.com/2014/07/guanacaste-para-quien-el-verdadero.html?m=1

Estado de la Nación (2016) Principales hallazgos del capítulo “Hacia una red vial moderna y eficiente. opciones y desafíos prácticos”

https://www.estadonacion.or.cr/files/prensa/informe-XII/cap6_especial_12.pdf

CONAVI. Alcance De Las Obras Incluidas En El Proyecto De La Ruta 32, Cruce Ruta 4 -LIMÓN http://www.conavi.go.cr/wps/wcm/connect/543e445f-7471-4940-91da-25f2700e1a2d/Alcance+del+Proyecto+R4-Lim%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES

 

*Imagen tomada de www.feconcr.org

Enviado por FECON.

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De nuevo atacan instrumento de protección del recurso hídrico

Por varios años diversos grupos de empresarios, algunos aglutinados en la Cámara Costarricense de la Construcción han tratado de menoscabar o eliminar las matrices de protección del recurso hídrico subterráneo, llámese Matriz Genérica de Protección de Acuíferos o Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, instrumentos elaborados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA para la protección del recurso hídrico subterráneo.

Los constructores y algunas cámaras de empresarios ven en las matrices de protección del recurso hídrico y en la oficina que los emite, un obstáculo que limita el seguir con el desarrollo constructivo desordenado que prima en el país y que atenta no pocas veces contra el recurso hídrico de los costarricenses.

Entre los varios ejemplos de arremetidas al SENARA y a la matriz, están los proyectos de ley de aguas presentados recientemente en la Asamblea Legislativa, los cuales todos trasladan las competencias técnicas de protección del agua subterránea que tiene la DIGH, a un ente o institución ligado directamente al Ministro de Ambiente, cuyas decisiones se caracterizan en la mayoría de las veces por ser políticas, no técnicas y fácilmente influenciables por los intereses económicos de unos pocos.

Haciendo un recuento de algunas de las veces que se ha denunciado la intención de eliminar la matriz o menoscabar las competencias de protección del recurso hídrico del SENARA, nos encontramos que en junio del 2009, ciudadanos y organizaciones denunciamos la intención de la Junta Directiva del SENARA de coartar la comunicación de la DIGH con comunidades, municipalidades, entidades públicas y privadas sobre datos técnicos relativos a la situación de las aguas subterráneas en Costa Rica; intención que no progresó gracias a un voto de la Sala Constitucional y de un dictamen de la Contraloría General de la República.

En marzo del 2011 ciudadanos y organizaciones denunciamos el desmantelamiento que se quería hacer en el gobierno de Oscar Arias de la DIGH del SENARA. En el 2013 se denunció en el Diario Extra la intención de la propia gerencia del SENARA de ese entonces, de tratar de que se aprobara una nueva matriz a gusto del gremio de los constructores y sin consultar a la oficina encargada de elaborar ese tipo de instrumentos como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.

El año pasado, cerca de 14 cámaras de empresarios demandaron a SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de que se eliminara la Matriz, proceso que les resultó inútil en tanto los jueves de ese tribunal avalaron dicho instrumento y la potestad de SENARA de dictarlo.

Hace pocas semanas tuvimos conocimiento que un sector empresarial estaban tratando de que la Junta Directiva del SENARA aprobara una moratoria a la aplicación de la matriz vigente; esto tampoco logro resultados positivos para los empresarios en tanto esa junta no cedió ante la solicitud de los gremios de empresarios.

Como hasta hoy ningún intento para debilitar o eliminar la matriz ha rendido frutos, sea por medio de la aprobación de una nueva ley de aguas, sea demandando al SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sea con la tentativa a que la Junta Directiva del SENARA decretara la moratoria a la aplicación de la matriz, etc., ahora da la impresión que recurren los empresarios ante el Ministro de Ambiente para que interpusiera ante la Presidencia de la República una gestión de “Conflicto de Competencias” ante un supuesto conflicto entre varias instituciones y el SENARA, en tanto según el Ministro, el SENARA al dictar matrices de protección del agua invade competencias de otras instituciones, arguyendo además un riesgo en el desarrollo urbano en el país. Pareciera que para el señor Ministro el intereses de los desarrolladores constructivos está por encima a la protección del recurso hídrico subterráneo ya que está muy preocupado “por la grave afectación que puede generar la aplicación de la matriz”, afectación en el desarrollo constructivo, por lo que impugna las competencias de protección del recurso hídrico que por ley tiene SENARA, para dejarlas en manos de ministerios y otras instituciones que han demostrado negligencia en la protección del ambiente y en particular del recurso hídrico.

Pretende el señor ministro dejar sin efecto la Matriz Genérica y que se elabore una nueva matriz en colaboración con el sector empresarial, que si analizamos como se ha llevado a cabo el desarrollo constructivo, ese sector queda debiendo con la protección del recurso hídrico, ya que son cómplices directos de ciudades que son verdaderas moles de cemento, donde la variable ambiental y la protección del recurso hídrico poco importa, tanto por la eliminación total de la cobertura vegetal, como por la impermeabilización del suelo, en muchos casos en un 100%, suelo que no en pocas veces es de recarga acuífera.

Como resultado de la solicitud del Ministro de Ambiente, el señor Presidente de la Republica el pasado 21 de febrero acordó suspender la aplicación de la Matriz Genérica, lo que evidencia desdichadamente, que el Presidente o sus asesores ignoran la Ley de Creación de SENARA que le da la potestad a ésta institución autónoma de dictar medidas de protección del recurso hídrico subterráneo e igualmente ignora varias resoluciones de la Sala Constitucional y la del Tribunal Contencioso Administrativo, que avalan esa competencia de SENARA en torno a la protección del agua. No entendemos algunos porqué el Ministro de Ambiente y el Presidente de la República jalan para el lado de los empresarios y no para el lago de la protección del recurso de los más importantes que podemos tener los seres vivos, como es el agua.

Ignorará además el Presidente y el Ministro de Ambiente que los límites que establece la matriz del SENARA a las actividades que se pueden desarrollar en una zona, derivan de variables como la vulnerabilidad hidrogeológica y la recarga acuífera, y que de conformidad a estas variables se recomienda el tipo de actividades que se pueden llevar y como se puede llevar para no afectar por exceso de impermeabilización del suelo y por contaminación el recurso hídrico subterráneo.

 

Publicado por CONCEVERDE.

Enviado por José Francisco Alfaro.

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Costa Rica importó más de 31 millones de kilogramos de residuos peligrosos durante el 2017

Durante el año 2017 empresas costarricenses importaron 31.971.645 Kg de residuos peligrosos (Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos – SIGREP, 2017) incumpliendo no sólo la Ley 8839 “Ley Para la Gestión Integral de Residuos”, sino también el convenio de Basilea. Entre los residuos peligrosos se encuentran aceites lubricantes usados, baterías de plomo ácido, material textil con impurezas nocivas, lodos de tratamientos de aguas residuales industriales, y aceites combustibles contaminados, que implicarían riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de los ecosistemas.

La Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) denuncia que el Ministerio de Salud busca ahora modificar el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos (Decreto 37788-S-MINAE), y legalizar así la importación de estos residuos altamente peligrosos. Sin embargo, el Ministerio de Salud permite de forma ilegal la importación de residuos peligrosos desde 2012.

Mediante la promulgación de la Ley 8839, en 2010 se deroga el artículo 70 de la Ley Orgánica del Ambiente, que indicaba que la única excepción para importación de residuos eran aquellos para valorización. Es decir, a partir de ese momento Costa Rica se volvió destino de residuos, convirtiéndose en importador de basura.

La FECON y Hacia Basura Cero estudió el borrador del “Reglamento para la clasificación y el manejo de residuos peligrosos”, y la derogatoria del actual Decreto Ejecutivo N° 37788-S-MINAE del 15 de febrero del 2013 “Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos”, publicado en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Dicho decreto se encuentra en consulta pública hasta el 21 de febrero de 2018.p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: «Liberation Serif», «Times New Roman», serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: «Noto Sans CJK SC Regular»; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: «FreeSans»; font-size: 12pt; }a:link { }

La modificación que busca hacer el Ministerio de Salud implicaría cambiar la aplicación de la la Ley 8839 y posiblemente incumplir el Convenio de Basilea, tanto por el contenido, como por la falta de participación ciudadana. Dicho Convenio, suscrito por el Estado de Costa Rica mediante decreto ejecutivo N° 23927 del 13 de diciembre de 1994, señala que “todo Estado tiene el derecho soberano de prohibir la entrada o la eliminación de desechos peligrosos y otros desechos ajenos en su territorio».

El Ministerio de Salud argumenta que el cambio es necesario para adecuarse a exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El Ministerio señala que las definiciones que se pretenden cambiar no son conformes con los procedimientos establecidos en el Convenio de Basilea (Sobre Control Fronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación) y que ahora es necesario modificarlas para adecuarlas a las exigencias de la OCDE en su documento del 2001. Esto demandaría que la Asamblea Legislativa haga un análisis a fondo del Convenio de Basilea y del documento Decisión C (2001)107 de la OCDE.

En su artículo 34 la Ley 8839 (del 16 de noviembre de 2011) prohíbe la importación de residuos peligrosos. La propuesta del Ministerio de Salud está ignorando está prohibición y el decreto (siendo un instrumento de menor rango jurídico) no puede contradecir la Ley 8839 ni al derecho soberano dado en el convenio de Basilea de prohibir la entrada o eliminación de desechos peligrosos.

Además, la Procuraduría General de la República (OJ-082-2011 del 16 de noviembre del 2011) se ha pronunciado sobre la modificación al artículo 35 de la Ley 8839, con la cual se pretendía incluir la autorización de “la importación de residuos de manejo especial”; ya que actualmente dicho artículo sólo permite importar residuos ordinarios.

La Procuraduría fue clara en señalar que: “la iniciativa de ley conllevaría una aparente contradicción interna, cual es permitir la importación de residuos de manejo especial, que por definición implican “riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la calidad del ecosistema (Art. 6 de la Ley 8839) siempre y cuando se determine que no ponen en peligro la salud y el ambiente (Art. 35 de la misma ley).

En el decreto propuesto y que se encuentra en consulta pública hasta el 21 de febrero de 2018, Ministerio de Salud elimina del artículo 14 la prohibición de la importación de residuos peligrosos en el territorio nacional. Esto lo hace pasándole por encima a la Ley 8839 (acto ilegal) con la justificación de que el Convenio de Basilea es superior a la ley nacional (interpretación errada del convenio).

Desde la federación de organizaciones ecologistas pensamos urgente prohibir nuevamente la importación la importación de residuos peligrosos al país.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Información enviada por Henry Picado Cerdas.

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Caribe Sur: emerge casco de barco hundido hace más de 50 años

  • Urgen acciones para proteger ese patrimonio cultural

 

Este fin de semana la marea del Caribe Sur trajo a las playas un “tesoro” hundido. Para los especialistas del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar podría tratarse del casco faltante del maderero Daisy Gray construido en 1936 y dejado a la deriva por su tripulación en 1954 cuando viajaba entre Honduras camino a Cuba.

La buceadora arqueóloga Gloriana Brenes lo detectó partes del naufragio el año pasado en la Expedición “Encontrando el Daisy Gray” según cuenta el Centro Comunitario de Buceo “se nos desapareció porque flotaba sumergido por toda esa zona”.

El CCB Embajadores urge a la comunidad y las autoridades cuidar este valioso hallazgo “Ya estamos trabajando con el SINAC y con la comunidad para asegurar que se resguarde”.

El centro viene identificando este tipo de patrimonio y otras piezas qué hay en esa zona.

Según el reporte de hoy domingo 11 de febrero: “Avanzamos hoy en la medición para identificar el resto de la embarcación en Playa Grande, gracias al trabajo de Salvador Van Dyke, estudiante nuestro en arqueología subacuática con la Universidad de Carolina del Este y el apoyo de Guillermo de Punta Uva Dive Center”.

Según el reporte de los dos expertos “parece ser un costado del casco de la parte delantera. Mide 12 aproximadamente y tiene 6 vigas que cálculo que miden 20×12 pulgadas y mide alrededor de 2 metros con uno de esos a la mitad. La parte más angosta mide 4 metros aprox. Los clavos que tiene miden 30 centímetros. Mide 12 metros aproximadamente”. También reportan avances con el SINAC/MINAE “en el diseño de medidas de protección de las piezas en la orilla y de mitigación si las altas marejadas se lo llevan de vuelta mar esas piezas arqueológicas con la marejada del martes entrante”.

«El Centro está preocupado por las declaraciones de particulares celebrando y anunciando haber sacado piezas patrimoniales como anclas«. Por esto aseguran que: “todas y todos debemos entender que las cosas que se sacan del Mar luego de mucho tiempo en agua se deterioran y quiebran – como ha pasado con esa. Y lo más importante es que nadie debe decidir, a estas alturas de la historia de nuestro legado común, apropiarse personalmente de piezas históricas”.

El Centro Comunitario es una iniciativa comunitaria sin fines de lucro para promover el buceo con propósito entre jóvenes del Caribe Sur

 

Informes con Maria Suarez: 86581091

 

Enviado por Mauricio Álvarez.

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Ecologista sigue sumando apoyo al etiquetado transgénicos en alimentos para consumo humano

El pasado 14 de febrero el Dr. Jaime García entregó a las autoridades más de treinta y dos mil firmas en favor del etiquetado de transgénicos en artículos para alimentación humana. En una carta dirigida a los jerarcas de los ministerios del MEIC (Geanina Dinarte Romero), MINSA (Karen Mayorga Quirós) y MAG (Luis Felipe Arauz Cavallini), así como al Presidente de la República (Luis Guillermo Solís Rivera), se hizo material la la trigésima tercera (33a.) entrega de firmas de apoyo a la solicitud formal realizada el 16/04/15 para la elaboración de un reglamento de etiquetado de los productos alimentarios que contengan ingredientes transgénicos.

La entrega recuerda la promesa escrita de precampaña electoral realizada en su momento por el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Sr. Luis Guillermo Solis Rivera, quién se comprometió , a partir del 9 de mayo del 2014, a «Elaborar y aprobar un reglamento para que se realice el etiquetado que informe en los alimentos para el consumo humano o animal si contienen ingredientes genéticamente modificados», dado que -según se especifica en el mismo documento-:»… las personas consumidoras tenemos el derecho a saber si un alimento contiene o no ingredientes genéticamente modificados por medio de una indicación clara en las etiquetas».

El 7 de abril del 2014 distintos medios de prensa afirmaron que «Solís respetará territorios libres y exigirá etiquetado a productos transgénicos», donde el mandatario recalca el compromiso citado sobre el tema del etiquetado.

Sin embargo, y a pesar de las *32 074 (treinta y dos mil setenta y cuatro) firmas de apoyo entregadas que apoyan la solicitud en cuestión, el Poder Ejecutivo continúa sin cumplir su promesa de llegar a elaborar el decreto en cuestión para hacer efectivo el derecho constitucional que tenemos las personas consumidoras: «(…) a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, (…)» (art. 46), faltando además al cumplimiento efectivo de la Ley n.° 7472 de Defensa Efectiva del Consumidor (art. 32, 33y 34) y su reglamento (art. 43. Decreto Ejecutivo n.° 25 234-MEIC).

 

Más información:

Dr. Jaime García, teléfono: 87237334

 

Enviado por FECON.

UCR inicia estudio sobre tiburón tigre en la Isla del Coco

  • Investigación analizará el comportamiento de la especie en la Isla

 

Científicos de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto a un grupo de buceadores y fotógrafos, emprendieron un estudio acerca de las poblaciones de tiburones tigre (Galeocerdo cuvier) en el Parque Nacional de la Isla del Coco.

El objetivo principal de esta investigación es tener mayor certeza del tamaño de la población actual de esta especie, su distribución, su comportamiento y desarrollar mejores protocolos de seguridad al bucear en la Isla del Coco.

No sabemos si están todo el año ahí o si migran hacia otros lugares, pero sabemos que la Isla del Coco es un ecosistema tan rico en diversidad, que tiene alimento todo el año y no tendrían que irse,” explicó Mario Espinoza Mendiola, biólogo especializado en ecología y comportamiento de tiburones del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la UCR.

Actualmente, el equipo a cargo del estudio está elaborando una base de datos de fotografías del tiburón tigre para analizar a los individuos que residen en la Isla del Coco. Adicionalmente, se planea marcar algunos ejemplares para darles seguimiento satelital y así poder conocer su desplazamiento.

El tiburón tigre fue alcanzado por el ojo mediático el pasado diciembre debido al ataque mortal de un individuo de esta especie a una turista estadounidense en la Isla del Coco, mientras ella se encontraba buceando.

Los accidentes más comunes con tiburones ocurren con surfistas y bañistas, ya que confunden la silueta de la tabla o del bañista con su presa. Generalmente, realiza un ataque o un mordisco de prueba que en muchos casos puede resultar letal.

Es poco probable que ocurra con buceo. El incidente de diciembre fue un evento bastante aislado. Las empresas turísticas tienen más de 25 años de llevar a miles de turistas a bucear entre cientos de tiburones, pero hay que recordar que son tiburones, no son patitos o mariposas”, aseveró Espinoza.

El tiburón tigre es un depredador tope, esta especie controla las poblaciones de otros depredadores más pequeños en su ecosistema, ya que se alimenta de ellos. Espinoza aseguró que cuando este tipo de especies escasea, el ecosistema comienza a colapsar.

 

Contacto:

Mario Espinoza Mendiola, biólogo especializado en ecología y comportamiento de tiburones.

Teléfonos: 8593-5546 / 2511-2208

Correo electrónico: marioespinozamen@gmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de qcostarica.com

Información de la Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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Denuncia contra ESPH por servicio eléctrico en zona inalienable

José Francisco Alfaro Carvajal de CONCEVERDE nos envía una denuncia presentada por este colectivo ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia por servicio otorgado en Zona Inalienable de ley 65 de 1888, en la cual solicitan lo siguiente:

1. Se nos informe si se contó con los permisos municipal y la fecha que se otorgó el mismo para llevar a cabo las obras o construcciones que tiene la finca localizada 229417/226050, exactamente de los mojones que señalan el comienzo de la Zona Inalienable unos 200 metros al Norte, lado izquierdo de la vía, obras que aparentemente son caballerizas y otras construcciones, finca la cual cuenta frente a camino público con cercado de metal o lo que conocemos como latas.

2. Se nos informe si se tramitó por la ESPH y algún particular en la Municipalidad de San Rafael permisos para la colocación de tubos de metal sobre el derecho de vía o camino público, localizados en la Zona Inalienable de la Ley 65, tubos que se utilizan como posteado para cable eléctrico y colocación de contador o medidor de la ESPH.

3.Se ordene quitar el posteado localizado en camino público o derecho de vía por la condición de inalienabilidad de la zona y de la vía pública (Ley 65 de 1888 y Ley General de Caminos).

4.Como gobierno local que es la Municipalidad de San Rafael, responsable directo o indirecto de lo que pase en el cantón, solicitamos se conmine a la ESPH no estimular las construcciones en la Zona Inalienable al otorgar servicios nuevos de agua potable y electricidad”.

 

Para leer la denuncia completa ingrese en el siguiente enlace.

Denuncia contra ESPH

 

*Imagen tomada de conceverde.blogspot.com

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Incineración de bromacil: peor la cura que la enfermedad

La propuesta del gobierno de incinerar el cargamento de 4200 Kg de bromacil- ilegalmente importado por la empresa Agricenter S.A.– causa más preocupación debido a la temeraria idea de incinerarlo como si fuera mariguana.

La quema de más de 4 toneladas de este herbicida a base de bromo provocaría la liberación al ambiente de cantidades aún no conocidas de compuestos orgánicos persistentes(COPs). Contaminantes caracterizados por ser muy difíciles de eliminar o degradar. Esta acción irresponsable causaría un daño irreparable por ser particular catalogadas como persistentes.

Los COPs son sustancias conocidas por ser altamente bioacumulables que se alojan en los tejidos grasos de los seres vivos pudiendo acumularse con forme se asciende en la cadena trófica. Son altamente tóxicos y tienen capacidad para extenderse a largas distancias por medio de la atmósfera. Sumado a esto, se violaría el Convenio de Estocolmo, firmado por Costa Rica, el cual regula la liberación de este tipo de sustancias.

Según expertos el movimiento Hacia Basura Cero la incineración de bromacil podría causar la parecencia de dibenzo p-dioxinas polibromadas (PBDDs según las siglas en inglés) y los dibenzofuranos (PBDFs según las siglas en inglés), sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo los cuales de ser liberados al ambiente serían altamente peligrosos para la población.

Ante este inminente riesgo para la Federación Ecologista es importante conocer:

  • Sistemas de control de emisiones atmosféricas (ciclones, precipitaderos electrostáticos, quemadores de gases, sistemas de captura de sustancias, lavadores);
  • Prueba de quemado. Es importante que se indique que laboratorio existe acreditado en el país para la realización de una prueba de quemado de un Plaguicida Altamente Peligrosocomo el bromacil;
  • Tipo de acta de incineración que será utilizada y mecanismo de distribución de la misma a las partes interesadas, incluyendo a FECON y vecinos de la planta de incineración;

Las declaraciones de Felipe Arauz Ministro de Agricultura y Ganadería y de Servicio Fitosanitario del Estado de incinerar las 4.200kg de Bromacil y su sal de litio no sólo es temeraria sino irresponsable sin dar a conocer las medidas técnicas bajo la cual se hará dicha eliminación de los plaguicidas.

Ver adjunto para más información.

 

Información:

Fabian Pacheco: 8826 2270

Henry Picado: 87609800

 

Enviado por FECON.

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CONCEVERDE denuncia tala en zona de protección

De nuevo este domingo integrantes del colectivo CONCEVERDE acompañados de un vecino de San Isidro subimos a verificar una información que nos hizo llegar sobre una tala en la montaña de la ladera sur del Cerro Delicias, en Concepción de San Rafael de Heredia. Nos encontramos en el lugar, talas de cipreses, algunos árboles aparentemente nativos en el suelo, apertura de trochas y además la violación a la zona de protección de una naciente lo cual es delito según la Ley Forestal. Hoy lunes en el colectivo CONCEVERDE interpusimos la denuncia respectiva ante el encargado del MINAE de Heredia, quien se ofreció a enviar a funcionarios a hacer la inspección respetiva. Quedamos en espera del informe respectivo para verificar la debida atención a nuestra denuncia y las medidas tomadas por el MINAE.

Es lamentable que sigan aconteciendo esos hechos en las montañas heredianas, considerando que en julio de 1888 ante la tala indiscriminada que acontecía en las montañas del norte de Heredia, lo que es hoy San Rafael, San Isidro, Barva, etc; los gobernantes de ese entonces decidieron ante el peligro que significaba la eliminación de árboles para el recurso hídrico, promulgar la Ley 65 y así proteger miles de hectáreas en la parte alta de Heredia, exactamente 2 kilómetros a ambos lados de la división de aguas desde el Cerro Zurquí hasta el Cerro Guararí, declarando inalienable, o sea tierra de todos los costarricenses para la protección del agua esa zona.

Lamentablemente ante la desidia de gobernantes de las municipalidades y gobierno central muchos de esos terrenos fueron apropiados, ilegalmente por particulares lo que conlleva a que se siga depredando la zona inalienable que está fuera del Parque Braulio Carrillo por actos como los denunciados por el colectivo CONCEVERDE. No ha bastado la ley 65 de 1888 y una orden de la Sala Cuarta para que el MINAE recupere los terrenos de todos los costarricenses y así no menoscabar el recurso hídrico, sobre todo de los habitantes del Valle Central.

Gobiernos vienen, gobiernos van y todos patean la bola para no recuperar los terrenos que son sabiduría declararon de protección nuestros antepasados del siglo diecinueve. Será que se requiere que el pueblo se empodere, como nos dijo un campesino de la zona, para así exigirle a los gobernantes que se detenga la tala en las montañas heredianas.

Enviado por José Francisco Alfaro.

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Ecologistas denuncian importación de agroquímico prohibido

Mediante una carta pública la Federación Ecologista le pide al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís; al Ministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz y a Marco Vinicio Jiménez del Servicio Fitosanitario del Estado explicaciones sobre la importación ilegal del herbicida Bromacil. Agroquímico prohibido por el decreto número 40423-MAG-MINAE-S del 5 de junio de 2017.

Los ecologistas presentaron copia del oficio AE-011-2018 del Departamento de Agroquímico y Equipos del SFE donde certifica la autorización de importación de 4200 kg de Bromacil y su sal de litio bajo el nombre de BROMATEL80W el día 13 de noviembre del 2017 realizado por la empresa AGRICENTER SA (3-101-301429) desde China.

Ante esto Fabián Pacheco alegó: “¿Qué está pasando en el MAG y el en SFE? ¿Cómo es posible que desde lo interno del Ministerio de Agricultura se desacate un decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe la entrada de Bromacil a Costa Rica?”

Según la carta de la Federación Ecologista “… la compañía importadora del agrotóxico Agriceter S.A. hicieron lo que les dio la gana con el apoyo de funcionarios públicos a pesar de que el decreto dice claramente que a partir de la fecha de su publicación queda prohibida la importación de Bromacil. Desde la Federación Ecologista queremos saber ¿quiénes se benefician directamente del desacato de este Decreto Ejecutivo? Poniendo en riesgo la salud de comunidades enteras tal y como ha demostrado en los últimos análisis del donde se demuestra que acueductos en Pital de San Carlos siguen saliendo con presencia de Bromacil en el agua. Según explica Fernando Ramírez del IRET de la UNA la cantidad de Bromacil importado en desacato al decreto señalado alcanza para aplicar más de 1000 hectáreas de cultivo”.

Henry Picado de la Fecon afirmó que: “la Federación Ecologista exigimos se investigue a lo interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se lleven los procesos disciplinarios respectivos. Un decreto del Ejecutivo no se interpreta para ver si se cumple o no, Un decreto del Poder Ejecutivo se acata y punto”.

FABIAN PACHECO FEDERACION ECOLOGISTA

prohibicion bromacil

 

Información:

Fabián Pacheco, Teléfono: 88262270

Henry Picado, Teléfono 87609800

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

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