La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas ha emitido una alerta ante el envenenamiento ilegal de los ríos con el fin de extraer camarón.
La organización hace un llamado a la población a participar en el monitoreo comunitario para denunciar estas prácticas que atentan contra las fuentes de agua y la vida.
Cuidemos nuestras fuentes de agua y vida.
Un ex empleado de Planta del Proyecto Minero Bellavista, ha presentado una denuncia formal ante el Concejo Municipal y la Alcaldía, en la que expone graves irregularidades en las prácticas operativas de la planta. El trabajador, quien fue cesado de su cargo el 7 de octubre de 2024 tras intentar denunciar estas irregularidades, alega que las colas de la mina se han estado depositando en un área sin impermeabilización, situada a solo 20 metros de un ojo de agua que se infiltra y descarga en el río Ciruelas.
En su denuncia, el ex supervisor también señala que la pileta de contención de emergencia, que debería estar vacía, se encuentra llena de agua de infiltración y carece de los sistemas de detección de fugas requeridos. Además, menciona que la cañería que transporta el agua desde la planta hacia la pileta de emergencia no está debidamente canalizada, lo que ha provocado derrames anteriores al río: estas descargas hacia el río se realizan bajo la aprobación de personal específico, generalmente durante la noche o los fines de semana, con el fin de diluir los contaminantes.
El ex empleado resalta que tanto la pileta de proceso como la de emergencia no cuentan con sistemas de doble fondo ni con las medidas de seguridad adecuadas para prevenir derrames, lo que ha puesto en riesgo la vida acuática de la zona, evidenciado por la reciente mortandad de peces en la pileta. Asimismo, García menciona la falta de procedimientos operativos y planes de emergencia ante eventos naturales o accidentes que pudieran resultar en un derrame tóxico.
Eventualmente, se destaca que no existen procedimientos operativos ni planes de emergencia ante eventos naturales o accidentes que pudieran resultar en un derrame tóxico. Para abordar estas preocupaciones, se llevó a cabo una reunión con la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal en la Sala de Sesiones del segundo piso del edificio municipal, y pronto esperar una resolución del Concejo Municipal y la Administración Municipal correspondiente.
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Información compartida con SURCOS por Lorea Pino.
En el horizonte de la playa Cabuyal, se puede apreciar la emblemática Roca Bruja, parte del Parque Nacional Santa Rosa. Esta zona ha sido objeto de disputas durante los últimos 20 años. Cabuyal limita al Este con la Estación Experimental Horizonte y al Sur con la península Papagayo, donde se encuentran el Refugio Nacional de Vida Silvestre y la localidad de Guanacaste. En su ubicación, Cabuyal forma parte de un vasto y rico ecosistema.
El Parque Nacional Santa Rosa alberga una de las poblaciones más importantes de jaguares en Costa Rica, lo que añade valor a la conservación de este entorno natural. Sin embargo, la disputa por la tierra en la zona de Cabuyal ha involucrado a la comunidad de Liberia durante años. Hace una década, se dio un paso importante hacia la justicia cuando la Asociación ARREZOMATE asumió un papel activo en la protección de la zona marítima terrestre.
En 2015, ARREZOMATE presentó una demanda ante el Contencioso Administrativo contra ciudadanos liberianos con influencias políticas y económicas, quienes buscaban apropiarse de 70 hectáreas de terreno para uso personal. Estas tierras forman parte de la zona marítimo terrestre de Costa Rica, un área pública que no puede ser privatizada.
El juicio está programado para los días 4, 13 y 14 de noviembre de 2024, y se hace un llamado a la comunidad para apoyar tanto de forma física como económica esta causa. Aquellos que no puedan asistir pueden hacer sus contribuciones a través del SINPE móvil al número 8923-6550, bajo el lema “Cabuyal es de todos”.
Para más información, les invitamos a ver el video informativo en el siguiente enlace:
Hasta 1960, en Costa Rica, así como en el resto del mundo, se cazaban cocodrilos, pero la Ley de Conservación de Vida Silvestre, los declaró—en 1992—como especie en peligro de extinción, y por lo tanto esta práctica es ilegal.
En Costa Rica existen dos tipos de cocodrilos: el Caimán Crocodilus y el Crocodylus acutus o cocodrilo americano. “Nosotros tenemos caimanes que pueden llegar a medir hasta 3 metros, pero lo más común es hallarlos de entre 80 cm a 1,50 metros. En el caso de los cocodrilos, su tamaño puede llegar hasta de 6 m, pero es muy difícil encontrarlos porque los matan” explicó Iván Sandoval Hernández, académico de la Escuela de Ciencias Biológicas (ECB-UNA).
De acuerdo con el investigador, los cocodrilos desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas, al actuar como depredadores topes que ayudan a regular las poblaciones de otras especies. “Esto significa que su conservación es vital no solo para su supervivencia, sino también para la salud de los ecosistemas en los que habitan”.
A pesar de su importancia, la percepción pública a menudo se ve influenciada por noticias sensacionalistas que pueden generar miedo y desinformación sobre su presencia en áreas cercanas a las comunidades.
La recuperación paulatina de las poblaciones de cocodrilos, el auge inmobiliario cerca de ríos y costas y una mayor disponibilidad de alimento para la especie, generan conflictos de convivencia. Para Sandoval, el criterio de que hay una sobrepoblación de cocodrilos es meramente humano, ya que no hay datos técnicos o científicos sobre el tamaño de las poblaciones.
“El proponer que haya una temporada de cacería implicaría saber cuántos hay, en qué sitios están y hacia dónde deberíamos dirigir los esfuerzos de cacería. Debo aclarar que la cacería es prohibida en el país, quien lo hace se expone a multas o pena de cárcel, y solo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación puede aprobar un plan de manejo que involucre esta práctica”.
Asimismo, el investigador detalló el por qué no se debe de consumir carne de cocodrilos en estado silvestre. “La carne de cocodrilo se puede comer si se produce en un zoocriadero, donde se conozca su trazabilidad. Se sabe que el cocodrilo puede vivir en los ríos más contaminados, prueba de ello es que están en el Tárcoles. Además, este animal tiene la capacidad de bioacumular tóxicos, y estos llegan al tejido graso y su carne eso es lo que estaría comiendo la gente”.
“Los estudios que se han desarrollado desde la Escuela de Ciencias Biológicas y en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), nos dan tamaños poblacionales que no rondan los datos de la sobrepoblación, para que hubiese una sobrepoblación deberían darse indicativos ecológicos como animales en bajo condición física, bajo peso, y no es lo que estamos viendo”, detalló Sandoval.
Conflicto
Aunque los cocodrilos están en una mejor situación que en décadas pasadas, su conservación sigue siendo un tema crítico que requiere atención y educación para asegurar su coexistencia con las comunidades humanas.
“Los conflictos humanos cocodrilos siempre se han dado, pero en los últimos años lo que queda de manifiesto es que tenemos una recuperación de poblaciones de cocodrilos en zonas en las que también tenemos poblaciones humanas, y, muchas personas están dispuestas a asumir este riesgo de ingresar a las zonas donde saben que hay cocodrilos”, dijo Sandoval.
Si bien existen áreas donde la presencia de cocodrilos es notable, no necesariamente indica una sobrepoblación, aunque el experto sugiere que una gestión adecuada de las poblaciones contemplaría la conservación de la especie y la seguridad de las personas.
De acuerdo con el especialista, es necesario que se impulse un plan de manejo que incluya acciones como:
– Educación y sensibilización: implementar programas de educación para informar a la comunidad sobre la biología de los cocodrilos, su comportamiento y su importancia ecológica, esto puede ayudar a reducir el miedo y la desinformación.
– Monitoreo de poblaciones: realizar estudios y monitoreos regulares para evaluar la densidad y distribución de las poblaciones de cocodrilos. Esto incluye la recopilación de datos sobre la cantidad de cocodrilos en diferentes áreas y su tamaño.
– Identificación de áreas de riesgo: mapear e identificar áreas donde los cocodrilos son más propensos a entrar en contacto con humanos, como playas y ríos. Esto permitirá implementar medidas de seguridad específicas en esas zonas.
– Intervenciones controladas: en caso de que se identifiquen cocodrilos que representen un riesgo para la seguridad pública, se pueden llevar a cabo intervenciones controladas, como la captura y reubicación de estos animales en áreas menos pobladas.
– Colaboración con autoridades locales: trabajar en conjunto con las autoridades locales y organizaciones de conservación para desarrollar e implementar políticas que aborden tanto la conservación de los cocodrilos como la seguridad de las comunidades.
– Desarrollo de protocolos de emergencia: crear protocolos claros para situaciones de emergencia relacionadas con cocodrilos, incluyendo cómo actuar en caso de encuentros cercanos o ataques, y capacitar a los servicios de emergencia y a la comunidad en estos protocolos.
– Investigación y desarrollo: fomentar la investigación sobre la ecología de los cocodrilos y su interacción con los humanos para mejorar continuamente las estrategias de manejo y conservación.
– Promoción de hábitats saludables: trabajar en la restauración y conservación de hábitats naturales que beneficien tanto a los cocodrilos como a otras especies, asegurando un ecosistema equilibrado.
En una charla sobre el Estado de las poblaciones de cocodrilos en Costa Rica, impartida por Sandoval en el Parque Marino del Pacífico el pasado 10 de octubre, también se mencionaron algunas herramientas que se pueden utilizar para conocer más sobre la presencia de cocodrilos, pero su implementación depende del presupuesto con que se cuente. Entre las mencionadas está el uso de cámaras trampa, marcas de seguimiento, encuestas visuales, análisis de hábitats, usar modelos estadísticos de distribución, y el desarrollo de sistemas de alerta temprana, entre otros.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
Somos un país verde y azul, y esto es lo que estamos protegiendo para hoy, mañana y siempre
Movimiento de organizaciones ecologistas y ciudadanos preocupados hacen un llamado público para exigir la salida inmediata del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, ante su gestión deficiente y su complicidad y participación en el debilitamiento de las políticas ambientales en Costa Rica. Ante el ecocidio que enfrenta el Patrimonio Natural del país, se convoca a la población a comerse la bronca sumándose a la campaña de recolección de firmas en físico, exigiendo que se restituya la protección ambiental y se retomen los compromisos que garantizan el bienestar y la sostenibilidad ecológica del país.
Bajo su dirección, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ha sido objeto de ataques internos sin precedentes, incluyendo una centralización de decisiones en la figura del jerarca, la falta de nombramientos clave en áreas técnicas, y la reducción del presupuesto a los órganos encargados de la protección ambiental. Estas acciones han agravado las problemáticas ecológicas del país, tales como la contaminación de las fuentes de agua, el uso excesivo de plaguicidas, la expansión de monocultivos, el deterioro de la matriz energética, y el sacrificio de ecosistemas irremplazables ante los intereses del modelo de desarrollo inmobiliario y turístico voraz e insostenible.
Casos de corrupción dentro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el favorecimiento de intereses privados en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) demuestran una clara pérdida de liderazgo y ética en la gestión ambiental. Además, el Ministro ha mostrado su desprecio por tratados internacionales claves, como el Acuerdo de Escazú, y ha impulsado actividades destructivas como la pesca de arrastre y la extracción de oro en áreas protegidas, poniendo en peligro recursos naturales cruciales, incluidos los ecosistemas de corales, bosques, ríos, y humedales que son indispensables para la supervivencia del ser humano.
El ministro Tattenbach ha fallado en su deber constitucional de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las futuras generaciones de Costa Rica. Su falta de acción efectiva y su complicidad en proyectos destructivos han generado una crisis ambiental imposible de ignorar. Queda claro que la postura del Gobierno en temas ambientales ha sido vergonzosa a nivel internacional, y despoja a Costa Rica de su histórico liderazgo en asuntos climáticos y oceánicos.
La población de Costa Rica espera de sus jerarcas, el respeto a lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes (…)”.
¿Quiere participar activamente en la recolección de firmas?
En un esfuerzo consciente por generar lazos entre quienes defendemos el ambiente y el derecho de las presentes y futuras generaciones a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y una vida digna, se busca fomentar la conversación sobre estos temas de afectación general. Fortaleciendo así la participación ciudadana en el cuido de los bienes comunes y los recursos naturales.
La primera etapa de esta campaña consiste en recolectar firmas de manera física y a título personal. Para sumarse a este movimiento, deberá seguir los siguientes pasos:
Las organizaciones que quieran sumar su logo a manera de firma, pueden registrarse en el siguiente formulario: https://forms.gle/ZVxBKKgc9xc9Pprd8
La información sobre la campaña también se encuentra disponible en las redes sociales del Bloque Verde, Covirenas Caribe Sur, Costa Rica por el Océano y Talamanca Siempre Verde.
Para más información, por favor escribir al correo: fuerafranz@gmail.com
Bloque Verde. Se presume que la causa podría ser la contaminación del agua con agrotóxicos de las plantaciones cercanas de banano.
Gran preocupación ha generado el hallazgo de peces muertos en los ríos que atraviesan la localidad de Goshen y Laguna Madre de Dios, en Batán de Matina, y en la desembocadura del río Pacuare.
Por décadas el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha evidenciado la presencia constante de plaguicidas en las aguas de la Laguna Madre de Dios, ubicada en Bataán de Limón.
Tras un monitoreo realizado entre el 2016 y el 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas. La laguna recibe aguas de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Bataán, cuya cuencas atraviesan cultivos de banano, piña y arroz.
La contaminación de estas aguas desencadena efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.
Según los investigadores algunas de las concentraciones detectadas como ametrina, diuron y etoprofos superan los niveles que representan un alto riesgo para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la laguna, por lo que urge una intervención para su protección.
Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios alberga unas 100 familias, dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.
En mayo del 2018, se produjo otro incidente de matanza de peces debido a la presencia de agroquímicos en la Laguna Madre de Dios. Los vecinos denunciaron el evento, confirmado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Previamente en el 2015, se reportaron situaciones similares en los ríos de Gosheng y el Vizcaya, así como la playa del mismo nombre; así como en el 2013.
El IRET-UNA inició estudios en la zona en el 2003, luego de que se reportaran decenas de peces muertos en la laguna, producto de un derrame accidental de un fungicida.
Videos e imágenes
https://drive.google.com/drive/folders/1PNVE_aJfpkWLJB_y6LcJinD-a2pXyvVH?usp=drive_link
Fotos y videos de Julio Knight
Mérida, Yucatán, México, 17 de octubre de 2024.- El viernes 18 de octubre, Kanan Derechos Humanos, Pata de Perro Films y el Centro por la Justicia el Derecho Internacional (CEJIL) lanzaron “Una herida en el Sur”, un documental que narra los impactos vinculados a la instalación del megaproyecto “Tren Maya” en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Desde las voces de biólogos, ecologistas, personas ejidatarias, personas defensoras de la tierra y activistas, “Una herida en el Sur” aborda las profundas transformaciones de la Península de Yucatán ante la priorización de políticas de extractivismo, turismo desmedido y militarización.
En el documental, las organizaciones denuncian que la construcción del mal llamado “Tren Maya” ha estado plagada de arbitrariedades, incluyendo la falta de medidas ambientales adecuadas para su instalación; opacidad sobre sus impactos y beneficios; y la falta de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas acorde a los estándares internacionales. Con su llegada, también se ha incrementado la militarización en la región, pues es el ejército quien construye gran parte de los tramos del tren y administra todo el proyecto.
De acuerdo con las organizaciones, aunque el Estado plantea el megaproyecto como solo un tren, en realidad es una iniciativa a largo plazo para reordenar la zona y potenciar la llegada de proyectos que han dañado el territorio, como las industrias de turismo masivo, inmobiliarias, de manufactura y agroindustrial.
En la región donde se desarrolla el proyecto, es alarmantemente habitual el despojo de tierras de propiedad colectiva, por parte de gobiernos y empresarios para establecer proyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios y energéticos. Además, según la investigación desarrollada para la producción del documental, la situación actual de despojo y extractivismo en la península ha desencadenado una explotación masiva de maderas preciosas, uso desmedido de plaguicidas y descargas de aguas residuales, causando una preocupante transformación en los suelos. Todo ello ha resultado en una devastadora deforestación y una irreparable pérdida de la biodiversidad, afectando gravemente el equilibrio ecológico de la región.
El audiovisual denuncia cómo el deterioro y el despojo de los territorios están teniendo consecuencias devastadoras para las comunidades. Desde el abandono del campo y la ruptura de la espiritualidad, hasta la pérdida de los territorios y la identidad maya. Las comunidades enfrentan una realidad marcada por la criminalización, amenazas y un clima creciente de violencia.
Para las organizaciones, “Una herida en el Sur” es una historia cuyo protagonista no es el Tren mal llamado “Maya”, sino la transformación de un territorio vivo: la península de Yucatán. Este audiovisual es un registro de los múltiples, profundos y violentos impactos de las políticas de despojo y la instalación de megaproyectos extractivos en el Sur de México. Es, también, la historia de resistencia de quienes desafían el racismo, el saqueo, la militarización y el olvido y, en cambio, apuestan por los bosques, por las aguas y por la vida.
El documental se presentará en Mérida este viernes 18 de octubre y también estará disponible en canales digitales para uso libre a partir de esa fecha.
Juventudes PAC, en conjunto con la Comisión de Estudios y Programas, invita a toda la comunidad a participar en un espacio de diálogo sobre los desafíos del sector agropecuario y la crisis climática. La discusión contará con la participación de Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura, Ana Cristina Quirós, exviceministra de Agricultura, y Daniela Alpízar, productora ganadera.
El evento es el próximo 29 de octubre de 2024, a las 6:00 p.m. hora de Costa Rica, en la plataforma Zoom. Para unirse a la reunión, utilice el enlace y los detalles proporcionados:
https://zoom.us/j/94458046082?pwd=5M2ADmuuHM7x7lZ37QYyr0ioF8P3Fx.1
ID de reunión: 944 5804 6082
Código de acceso: De29Ag10Cr
Desde el pasado 26 de setiembre las organizaciones Coeco Ceiba Amigos de la Tierra y la Red de Coordinación en Biodiversidad enviaron una consulta al ministro de ambiente y energía Franz Tattenbach Capra sobre la “posición país” que lleva el gobierno en los temas más importantes, además, se consultó sobre la composición de la delegación oficial que representará al país en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP16) a celebrarse en Cali Colombia del 21de octubre al 01 de noviembre.
Según reporta el suplemento Ojo al Clima en la COP16 el debate se centrará en cuatro líneas de discusión: 1) Analizar cómo va la actualización de las estrategias y planes nacionales, 2) establecer los indicadores para medir el progreso, 3) los medios de implementación (incluido el financiamiento), y 4) acordar el mecanismo para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la información digital de las secuencias genéticas (DSI, por su sigla en inglés).
La consulta hecha por las organizaciones ecologistas no ha sido contestada pese a que ya se han incumplido el plazo de 10 días hábiles establecidos por ley, por lo que se procederá a hacer un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.
Preocupa que las autoridades costarricenses oculten información de interés en el marco de una conferencia multilateral de gran relevancia como la COP16. Para Mariana Porras de Coeco Ceiba Amigos de la Tierra, “la falta de respuesta ante una consulta legitima sobre la posición de Costa Rica en las negociaciones en materia de biodiversidad puede deberse a dos cosas: una gestión ineficiente, improvisada y poco coordinada por parte del ministro Franz Tattenbach, o un afán por ocultar información relevante para la población costarricense”.
A menos de 3 días de comenzar la COP16, las organizaciones y la población costarricense en general no tiene información sobre las posiciones que llevarán sus representantes ente este espacio multilateral en la que se espera definir cuestiones que son de gran interés para la conservación de ecosistemas y los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas.
El ocultamiento de información ha sido la tónica de la administración de Tattenbach en el Minae, cabe recordar el escándalo ya conocido por el ocultamiento de información en el caso del “Parque del Agua” impulsado por la diputada Pilar Cisneros.