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Ríos Libres para la Vida – Memoria de los Pueblos en Defensa de los Ríos en Panamá

En este documental se trae al público las memorias, luchas y resistencias de comunidades campesinas e indígenas en Panamá, frente a la destrucción de los ríos. El documental se realiza gracias a la producción de la Red Nacional en Defensa del Agua RNDA, con apoyo del Movimiento de Afectados por Represas MAR, dirigido por Olmedo Carrasquilla Águila y con guión realizado por Damaris Sánchez Samudio y Ana Benjamín Miranda.

Este documental relata la lucha de las comunidades y los ecologistas en Panamá contra la privatización del mercado eléctrico y la construcción de más de 40 hidroeléctricas en el país. La historia se remonta a la década de 1980, cuando se intentó construir una gran represa, pero la oposición de la gente hizo que el proyecto se suspendiera. Luego, en la década de 2000, surgieron nuevos proyectos hidroeléctricos que enfrentaron una fuerte resistencia de las comunidades. La lucha se ha librado a través de manifestaciones, campamentos, denuncias legales y la organización de la Red Nacional en Defensa del Agua. A pesar de algunos logros, las comunidades siguen enfrentando presiones y criminalización de la protesta social.

La privatización del mercado eléctrico en Panamá en 1997 provocó una serie de conflictos sociales y ambientales que se traducen en más de 40 hidroeléctricas instaladas en todo el país. La lucha contra el extractivismo hidroeléctrico en Panamá se remonta a la década de 1980, cuando se intentó construir una gran represa, pero la oposición de la gente hizo que el proyecto se suspendiera. La Red Nacional en Defensa del Agua de Panamá ha exigido al Estado el cumplimiento del Acuerdo de Escazú para mitigar la crisis ambiental global y fortalecer los modelos de vida a través de la producción agropecuaria comunitaria y ecológica. La lucha de las comunidades ha enfrentado la criminalización de la protesta social y la presión de las empresas hidroeléctricas, pero ha logrado detener algunos proyectos y avanzar en la creación de una ley que proteja los ríos y las quebradas.

Para observar el documental ingresar al siguiente enlace:

Compartido con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.

Le salen mal los números de los agrotóxicos al MAG

  • No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado.

  • Datos primarios de importación y exportación de plaguicidas dejaron de estar disponibles en la web del SFE.

FECON

El reciente informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería “Uso aparente de plaguicidas en Costa Rica Período 2017-2023” afirma se ha dado una “reducción en la utilización de estos agroquímicos cercano al 20%”. Dato que sin duda es llamativo, pero al mismo tiempo es engañoso. Lamentablemente ya no están disponibles los datos primarios de las exportaciones e importaciones de plaguicidas en la plataforma del Sistema Fitosanitario del Estado como era anteriormente, esto resta mucho en términos de transparencia. Esconder los datos primarios es un paso para atrás en materia de control de los plaguicidas y tenemos que confiar sólo en el informe publicado desde al MAG.

No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado. En realidad, sí comparamos el año 2022 con el 2023 encontramos un aumento importante en el uso aparente de plaguicidas. Esto porque, si bien es cierto, las importaciones han bajado, las exportaciones por su lado han disminuido también para el mismo periodo. Es decir, sí para el 2023 restamos importaciones menos exportaciones, y lo comparamos con el periodo de 2022 nos da un aumento de más de 400 toneladas de IAGT en el “consumo aparente de plaguicidas” con respecto al año 2023.

Sumado a esto el MAG insiste en arrastrar un error metodológico histórico, incluir más de un millón hectáreas de pastos dentro del cálculo para determinar el uso aparente de plaguicidas como si fuera área agrícola intensiva. Error que numerosos expertos y expertas se lo han señalado en año anteriores. Por lo tanto, insistir es un acto de mala fe.

Poner zonas de pastos a la par de áreas de cultivo intensivos como si fueran iguales provoca una gran distorsión en el resultando, puesto que las pasturas para ganadería a lo sumo usan entre 0,6 a 2 kg de IAGT por hectárea por año, dato que contrasta mucho con los cultivos intensivos, como por ejemplo el banano, que pueden usar entre 50 y 65 kg de IAGT por hectárea por año. Es decir, sumar las hectáreas de pastos dentro de la ecuación para el cálculo de uso aparente placidas en el sector agrícola provoca una grave distorsión en el resultado final.

Este, que parece ser un simple error metodológico, es en realidad una apuesta política del ministerio de Agricultura por maquillar los datos de uso de plaguicidas del país. La diferencia entre la cifra del PNUD con los del MAG radica en que el ministerio prácticamente multiplica por 4 el área sobre la cual se rocía plaguicidas, al incluir pastizales. Distorsionando completamente el cálculo y restándole rigurosidad científica. Mientras que PNUD genera datos más apegados a la realidad, tomando en cuenta las áreas donde se da el uso más importante de plaguicidas como referencia para los cálculos.

Nadie con honestidad técnica y científica manipularía los datos para distorsionar la realidad y defender la industria de los plaguicidas tal y como lo hace el MAG y el SFE. La realidad que vive el país es muy grave en materia de plaguicidas. Los datos del PNUD concuerdan con la crisis que viven cientos de comunidades afectadas por los plaguicidas: contaminaciones de fuentes subterráneas y superficiales con cargas de plaguicidas que sobre pasan los límites permitidos en más de 200 veces las concentraciones permitidas para consumo humano, escolares rociados con plaguicidas altamente peligrosos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, desaparición de polinizadores y afectación a la fauna silvestre.

Los datos alegres sobre la reducción de uso aparente de plaguicidas que publica el MAG no esta estimado sobre datos concluyentes, sino sobre cifras preliminares para el año 2023, tal y como lo menciona el mismo informe del SFE. Aparentemente el MAG tiene ganas de manipular datos, sacrificar la ciencia y distorsionar la realidad. ¿Cuál objetivo persiguen?

Rescate Wildlife Rescue Center

Fundación y programas: La Fundación Restauración de la Naturaleza, establecida hace 34 años, administra cuatro programas:

  1. Centro de rescate: Incluye un hospital para especies silvestres (cerrado al público).
  2. Santuario de vida silvestre: Alberga animales no liberables por problemas físicos o de comportamiento (abierto al público).
  3. Zoocriadero: Reproduce animales en peligro de extinción (cerrado al público).
  4. Sitios de liberación: Tres ubicaciones para liberar animales (cerrados al público).

Financiación: El trabajo se financia a través de:

  • Visitas al Santuario.
  • Programas de pasantías.
  • Donaciones.
  • Servicios veterinarios contratados por SINAC, con un aumento de presupuesto de 3 millones de colones anuales (2018-2022) a 9 millones de colones anuales (2023-2026).

Recepción de animales:

  • El 11 de mayo de 2024, se recibieron 191 animales de zoológicos estatales, incluyendo anfibios, aves, mamíferos y reptiles.
  • Las evaluaciones iniciales revelaron múltiples alteraciones físicas y se identificaron al menos 56 tipos diferentes de problemas en los animales.

Casos representativos:

  • Mono con cáncer y neumonía.
  • Lapa roja con pododermatitis.
  • Lora con hernia inguinal.
  • Varias aves con sobrecrecimiento de picos y uñas.
  • Perezosos con problemas dentales y de uñas.
  • Jaguar con malformaciones óseas y problemas dentales.

Evaluaciones posteriores:

  • 75 animales permanecerán en el Santuario.
  • 35 animales pueden ser liberados.
  • 27 animales entrarán en programas de rehabilitación.
  • 42 animales necesitan reevaluación.
  • 14 animales murieron, 1 durante el traslado y 13 durante la cuarentena.

Las decisiones finales sobre los animales son tomadas por SINAC basado en evaluaciones técnicas.

Por otro lado, se organizó una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Zooave, el 27 de junio pasado en sus instalaciones en Dulce Nombre de la Garita en Alajuela. El objetivo de esta conferencia fue compartir detalles sobre la rehabilitación y el estado actual de los animales recientemente traslados de los zoológicos estatales, que el sábado 22 de junio cumplieron seis semanas de cuarentena.

Cabe recalcar que este proceso representa un hito para la conservación del medio ambiente en nuestro país.

Ante el Cambio Climático debemos también practicar nuestro Cambio Empático…

«No podemos enfrentar las causas y efectos del Cambio Climático con las actuales actitudes consumista y autocomplacientes. Es necesario realizar un cambio personal interno, con la puesta en práctica de Cinco Prácticas que aumenten nuestro nivel de empatía».

Les invitamos a conocerlas e interactuar, para enriquecer estas Cinco Prácticas.

Estreno de la serie documental Mujer Azul: historias de agua con sal -hoy 1 de julio

Del Pacífico Norte al Golfo de Nicoya, recorriendo las islas, pasando por el Pacífico Central y de ahí al Pacífico Sur con un vuelo directo hacia el Atlántico, Mujer Azul: historias de agua con sal plantea una mirada cuidadosa y contemplativa, para comprender las dinámicas, las memorias, los aprendizajes, las inquietudes y las esperanzas de quienes remojan su cotidianidad en medio de la inmensidad del mar.

Hoy 1 de julio a las 8:00 pm por Canal Quince con repetición el domingo 7 de julio a las 6:30 pm.

Puede verla en diferido a través de la plataforma de streaming UCRQ.

Recurso de amparo contra el MINAE

El recurso de amparo interpuesto por María Elena Fournier Solano, expone que aún no se cuenta con una respuesta por parte del Ministro de Ambiente y Energía, sobre un reclamo que se presentó en septiembre del 2023, en el territorio indígena Kéköldi. La lideresa indígena kéköldí, Juanita Segundo Sánchez, fue tratada de manera irrespetuosa por parte de la funcionaria Fanny Cruz, del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. 

Esta funcionaria entró al territorio Kéköldi, a una propiedad de la lideresa indígena, con el fin de decomisar madera y motosierra. Además, se refirió de forma irrespetuosa a Juanita S. Sánchez, al decirle que esta no conocía la Ley indígena y que ella no podía ser indígena por ser blanca. Por lo cual, se le solicita al SINAC-MINAE y al ministro Tattenbach del MINAE, una correcta investigación sobre esta situación.

Se adjunta carta de María Elena Fournier hacia el ministro Tattenbach y funcionarios del MINAE:

Buenas noches don Alexis y Licda. Fanny Cruz:

Esta es una nota de queja, denuncia contra su actuación y la del grupo que llegaron dónde Juanita Segundo Sánchez.

Aparentemente los días 13, 14 y 15 septiembre, ustedes irrumpieron, sin una Orden de un Juez en el Territorio Indígena Kéköldí, en la propiedad de Juanita Segundo Sánchez para el decomiso de madera y motosierra, tratando muy mal y una persona mayor, lideresa como es a Juanita Segundo Sánchez. ¿Estamos en lo cierto o no?, por favor aclare.

Según declaraciones de doña Juanita, aparentemente usted no actuó como le corresponde a una profesional abogada del MINAE-SINAC- ACLAC, del Estado, todo lo contrario, según las declaraciones de doña Juanita, usted fue muy irrespetuosa, además de reconocer, cuando Juanita le reclama, que no conoce la Ley Indígena, usted le dice, según me indican, en forma burlona y prepotente que no es indígena, que usted es blanca…

O sea, las y los funcionarios públicos que tienen que ver, como ustedes en el REGAMA y el ACLAC con Territorios Indígenas, no pueden decir que no conocen la Ley Indígena, eso no es de recibo Licda. Cruz, usted recibe un salario profesional que paga el pueblo de Costa Rica, queremos ver los buenos frutos, no la mediocridad profesional.

Extraña sobremanera y le consulto: ¿por qué usted le dijo a Juanita que usted no sabe nada nada de la Ley indígena cuando ella le hizo la consulta de por qué ustedes no respetan que los y las indígenas y que pueden utilizar su madera para la construcción de sus viviendas?

Además y como si fuera poco Licda. Cruz, en varias ocasiones han solicitado a ustedes y a la ADI del T.I.Kéköldi, el Acta de decomiso de la madera y la motosierra, que levantaron ustedes el SINAC-MINAE-ACLAC, sólo la entregaron a la ADI, pero no ha sido posible la entrega a la fecha, a doña Juanita y su familia, les recuerdo con son documentos públicos y que los y las afectadas tienen todo el derecho a tener acceso al mismo, y usted como abogada, sabe perfectamente los derechos y deberes que nos corresponden.

Esperamos que esta Acta sea entregada personalmente por ustedes lo antes posible a doña Juanita Segundo Sánchez.

Sinceramente, este acto de irrespeto, violatorio de parte de ustedes, llegó demasiado lejos y que sus superiores tendrán que dar cuenta de su actuación en esta oportunidad, porque bajo ningún pretexto ustedes pueden seguir ignorando la leyes que tienen que ver con la biodiversidad, Leyes indígenas, etc., de verdad Licda. Cruz, estamos ya verdaderamente cansadas y cansados de tanta burla, irrespeto, violaciones a la biodiversidad de la región de parte de funcionarios del ACLAC, afortunadamente no de todas y todos, pero sí de los y las mismos de siempre, de los cuales ya estamos muy cansados de la mismo por décadas y décadas.

Como lo hicieron en años anteriores, en la época de la viceministra MINAE Patricia Madrigal, cuando ustedes como ACLAC dieron permiso de corta de varios árboles maderables en Territorio Indígena Kéköldí, y cuando reclamamos a la viceministra, le dijeron sin ningún rubor que: no sabían que se trataba de un Territorio Indígena…¡por favor!

¡Basta ya de tanta ignorancia, burlas, violaciones e irrespeto!

Esperamos tener una respuesta de su jefatura y de usted y que servirá para el expediente de la Defensoría de los Habitantes, caso de Juanita Segundo Sánchez y las violaciones sucedidas en septiembre de 2023.

Ma. Elena Fournier S.

Presidenta

Asociación Conservacionista YISKI Tel. 22 97 0970”

Por lo tanto, se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva la denuncia planteada por la recurrente y se le comuniqué lo resuelto. Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley 23.414, “Armonización del Sector Eléctrico”

Movimiento Ríos Vivos – FECON. El Movimiento Ríos Vivos, somos un movimiento integrado por personas habitantes de diversas comunidades rurales y campesinas de la zona sur del país, quienes por más de diez años hemos defendido los ríos y el agua como bienes comunes e imprescindibles para el desarrollo de la vida. Así también, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), somos una federación de organizaciones ecologistas de todo el país, con más de 35 años trabajando por la defensa ambiental y la justicia social. Hoy nos pronunciamos con profunda indignación y total rechazo ante el Proyecto de Ley 23.414 “Armonización del Sector Eléctrico”, por las siguientes razones:

  1. Este proyecto propone un peligroso traspaso de funciones entre entidades, así como una gran concentración del poder, al querer trasladar la rectoría del sector eléctrico, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El MINAE no cuenta con la experiencia ni las capacidades para desempeñar un papel de supervisión, planificación y administración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con la eficiencia y efectividad que el ICE tiene actualmente y tendría mucha dificultad para adquirirlas, en un contexto de aplicación de la regla fiscal y en donde se han venido haciendo recortes a los diferentes ministerios y proyectos sociales, en los presupuestos nacionales de los últimos años. Además, este traslado podría exponer la gestión del sistema eléctrico a decisiones basadas en consideraciones políticas, en lugar de criterios técnicos o científicos. Asimismo, podría crear conflictos de interés entre los objetivos ambientales y energéticos del país.
  2. Este proyecto busca favorecer la participación del sector privado en el Sistema Eléctrico Nacional, al eliminar los topes máximos de capacidad de generación de los proyectos eléctricos privados, al permitir la generación y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Nacional (MEN) y al permitir la exportación y venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Regional (MER), sin restricciones, por parte de empresas privadas y cooperativas. Así también, promueve la participación de empresas de capital extranjero, en el Sistema Eléctrico Nacional.
  3. El enfoque de este proyecto está basado en una lógica mercantilista, desde la cual nuestros ríos se visualizan como fuentes de energía para la hidroelectricidad.  Sin embargo, tal y como lo hemos demostrado años atrás, los proyectos hidroeléctricos provocan crueles afectaciones ecosociales, como la destrucción de hábitats naturales, el desabastecimiento de agua para la población, la disminución del agua para usos agrícolas, el acaparamiento de los servicios ecosistémicos que generan los ríos por parte de grupos económicamente poderosos, entre otros. Así también, generan heridas a nuestra cultura y formas de recreación, como también disputas sociales y divisiones familiares. Este proyecto, lejos de “armonizar”, aumentaría la conflictividad social y ambiental a lo interno de nuestras comunidades y promovería la apropiación de recursos demaniales por parte de algunos sectores económicos, erosionando recursos patrimoniales que les pertenecen a todas y todos los costarricenses.
  4. Tomando como ejemplo el caso del Proyecto Hidroeléctrico San Rafael, en Pérez Zeledón, en ese caso fue posible observar como la megaempresa constructora H. Solís (conocida por el caso de corrupción La Cochinilla), obtuvo los permisos y concesiones de la Municipalidad de Pérez Zeledón, la Dirección de Aguas, la ARESEP, la Setena, así como la firma de contrato con el ICE, necesarios para construir ese proyecto, de una forma totalmente irregular. Esto además fue señalado múltiples veces por nuestras organizaciones y las comunidades que iban a ser afectadas directamente por ese proyecto, pero las instituciones ignoraron por completo esos señalamientos, así como la voz y las necesidades de esas comunidades que serían gravemente afectadas por la hidroeléctrica en cuestión. Afortunadamente, el proyecto no obtuvo la Declaratoria de Conveniencia Nacional por parte del ministro de Ambiente, pero resulta evidente lo peligroso de que se priorice el lucro de las empresas privadas, por sobre el bienestar de las comunidades y que se plantee un proyecto como el 23.414, que de aprobarse, vendría a promover eso.
  5. Este proyecto busca desmantelar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al buscar trasladar “…los activos, sistemas, bienes muebles e inmuebles y demás recursos con los que se opera el sistema y mercado del Instituto Costarricense de Electricidad…” a una nueva figura que nombran el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Así también, pretenden trasladar las funciones de supervisión, operación, planificación y administración del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Nacional, que actualmente cumple el ICE, al ECOSEN. Debilitar al ICE sería un error, ya que esta institución ha sido un pilar vital para el desarrollo social y democrático de nuestro país, pues el acceso a energía eléctrica de forma continua y a precios solidarios, promueve la garantía de otros derechos humanos como la educación, la salud, el trabajo y la paz social, entre otros.
  6. No es cierto que una mayor participación privada en el sector eléctrico vendría a “garantizar el menor costo posible para los consumidores”, pues en Costa Rica ya gozamos del privilegio de contar con la electricidad más barata de la región. El informe de Global Petrol Prices de septiembre del 2022, coloca a Costa Rica como el país con el costo de producción eléctrica más bajo de Centroamérica (1). Esto se debe en gran parte a la eficiencia del ICE, quien genera el 65,5% dela electricidad nacional (2).

Con fundamento en lo anterior, reafirmamos nuestro rechazo total al Proyecto de Ley 23.414 e instamos a las comunidades, organizaciones socioambientales, integrantes de sindicatos y las personas costarricenses en general, a que tal y como lo hicimos en el 2000, defendamos al ICE y a un modelo de energía eléctrica donde, por encima de los intereses lucrativos y particulares, gane el respeto por la dignidad humana, la solidaridad, la accesibilidad y el bienestar común de todas las personas y de los ecosistemas.

#RíosParaLaVida #ElICEnosevende #ElICEsedefiende

Contactos:

-Maleza Barrantes 8583-0253

-Osvaldo Durán 8380-0955

Referencias:

  1. Dato tomado de la revista empresarial centroamericana Estrategia y Negocios:  https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/que-paises-pagan-la-factura-de-energia-mas-alta-de-latinoamerica-FH13145000
  2. E. Rojas, Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2021, Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022. (https://www.cepal.org/es/publicaciones/48602-estadisticas-subsector-electrico-paises-sistema-la-integracion-centroamericana)

Caribe Sur: Alerta por la vida del ambientalista Philippe Vangoidsenhoven

Casi recibe una pedrada en su carro mientras documentaba la destrucción de un humedal y otras irregularidades en Playa Negra, como se puede ver en un video.

(Bloqueverde 25-6-24). En el Caribe, el sector inmobiliario, empresarial y otros desarrolladores se sienten empoderados debido a la falta de ley, la complacencia de la municipalidad con su plan desregulador, y la indiferencia del Minae y otras instituciones encargadas de velar por la ley. Esto ha llevado a agresiones como la ocurrida hoy contra quienes estamos denunciando estas situaciones.

Por la mañana, antes de abrir su negocio de renta de bicicletas en Puerto Viejo, el reconocido defensor ambiental del Caribe, Philippe Vangoidsenhoven, conocido como Felipe en la zona, como de costumbre, fue a documentar un caso de daño a un humedal en Playa Negra. Logró capturar fotos importantes de las denuncias que luego se viralizaron en redes sociales a través del Bloque Verde (video disponible) y (fotos disponibles).

Minutos después, un individuo amenazó e intentó lanzar una piedra hacia Felipe mientras se desplazaba en su carro. Este no es el primer incidente de este tipo; en 2019, un hecho similar quedó registrado también en video y Felipe presentó una denuncia penal contra un regidor de apellido Bustamante.

En el video, se puede ver cómo el ex regidor Pablo Bustamante Cerdas comienza a gritar e insultar, y agarra una piedra que arroja hacia el carro, impactando el dedo de Felipe, causándole una herida y quebradura un dedo de la mano. Bustamante ya había sido denunciado previamente por la destrucción de un humedal en Punta Uva y por intentar agredir a Felipe con un machete en otra ocasión. El regidor Bustamante es conocido por realizar actividades ilegales dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

En 2015, el Concejo Municipal de Talamanca declaró a Vangoidsenhoven como ‘no grato’; sin embargo, la Sala Constitucional anuló esa declaración tras un recurso de amparo.

Para el Bloque Verde, la situación de Felipe es preocupante, ya que ha presentado cientos de denuncias y ha sido víctima de múltiples agresiones y amenazas. Responsabilizamos al ministro de Ambiente, al Gobierno y al Estado en su conjunto por la vida del defensor. Hacemos un llamado a la Defensoría, la Asamblea Legislativa y las instancias de control político y judicial para que actúen frente a las amenazas reiteradas contra los defensores de derechos humanos y los ecosistemas.

Humedal destruido en Playa Negra. Este humedal que se evidencia destruido ya debería estar certificado por el SINAC. Además, según la zonificación y reglamentación del Plan Regulador de Talamanca, está incluido en el artículo 11 como un “Área para Protección (PA)’. Este tipo de áreas se definen como aquellas que, debido a su condición actual (natural, histórica, arqueológica), ameritan protección con el fin de valorizar o conservar atractivos turísticos, asegurar la seguridad de turistas y visitantes, mantener procesos ecológicos para la estabilidad de la dinámica costera, y proteger franjas a ambos lados de ríos, quebradas o arroyos, áreas que bordeen nacientes permanentes, sitios arqueológicos y áreas de riesgo para la integridad personal. El establecimiento de estas áreas debe basarse en los resultados de análisis ambientales”.

Área afectada punto  rojo en medio del polígono rojo, según zonificación y reglamento del Plan Regulador Talamanca

Mientras tanto, el SINAC lo incluyó en la “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo-terrestre del litoral del cantón de Talamanca; 2021”. En febrero pasado, la Sala IV dio tres meses al SINAC para actualizar los humedales reconocidos en Talamanca y a la Municipalidad para incluirlos en el plan regulador (Res. Nº 2024003959 Exp: 23-014549-0007-CO) debido a que la Municipalidad de Talamanca no lo incluyó, lo cual constituye una transgresión al artículo 50 constitucional.

Según humedales identificados en 2021, área afectada con icono de fuego.

Es decir, están destruyendo un humedal que debería estar protegido por la municipalidad, al menos siguiendo su propio plan, los informes del SINAC y el patrimonio natural de la comunidad, sin embargo, tanto el humedal como Felipe hoy están en grave riesgo por la falta de cumplimiento de las leyes.

Ambientalista Philippe Vangoidsenhoven mostrando unas 200 denuncias presentadas en los últimos 15 años.

Recursos:

Estreno de la serie documental “Mujer Azul: historias de agua con sal” 

Este año se estrena la quinta temporada de Entramarnos, una propuesta de serie documental realizada desde Canal Quince en conjunto con el Programa Kioscos Socioambientales y la Escuela de Ciencias Políticas. Entramarnos, desde la primera temporada se ha enfocado en el abordaje crítico de conflictos socioambientales que tienen presencia en distintos territorios, principalmente en los que tienen que ver con la defensa de los bienes comunes.

En esta ocasión, las cámaras pusieron el lente en las costas del país, dando origen a “Mujer Azul: historias de agua con sal”, serie documental en la que se recorrerá a lo largo de 10 episodios, distintos territorios que son parte del perímetro del país, para conocer historias de mujeres pescadoras y molusqueras en las aguas saladas de las costas.

La expansión turística, la sobreexplotación de los océanos y en específico del Golfo de Nicoya, la contaminación de las aguas y las sedimentaciones ocasionadas por extractivismos en los ríos, la presencia de actividades monocultivo y otras formas de despojo tienen repercusiones dramáticas en los territorios costeros, los cuales, históricamente han insistido en la deficiente atención estatal y las difíciles condiciones para el bienestar.

Del Pacífico Norte al Golfo de Nicoya, recorriendo las islas, pasando por el Pacífico Central y de ahí al Pacífico Sur con un vuelo directo hacia el Atlántico, Mujer Azul: historias de agua con sal plantea una mirada cuidadosa y contemplativa, para comprender las dinámicas, las memorias, los aprendizajes, las inquietudes y las esperanzas de quienes remojan su cotidianidad en medio de la inmensidad del mar.

En las costas costarricenses la vida de las mujeres siempre ha estado de frente al mar, la búsqueda del sustento familiar, pescar a la cuerda y sumergirse en los manglares del pacífico es una práctica y un vínculo ancestral con el mar, con esas aguas que conocen sus anhelos, sus miedos y sus alegrías. La vida de frente al mar es el sustento, la paz y la tranquilidad, es escuchar el sonido de la naturaleza, el viento y la tormenta.

El equipo del Quince UCR conformado por Max Arce, Fabián Barrantes y Miriet Ábrego quienes realizaron el registro audiovisual (cámaras, sonido e imágenes aérea), Diana Céspedes, Jos Montero, Kevin Campos y Dana Vargas como asistentes de producción quienes se encargaron de la organización y preedición del material, el grupo de estudiantes del TCU-590 “Defensa comunitaria del territorio”, apoyando en la sistematización de entrevistas, el apoyo de la oficina de transportes de la UCR para las giras, el apoyo de Newton en la animación y diseño gráfico, Camila Naranjo como editora, Dylana Rodríguez Muñoz y Ana Xóchitl Alarcón Zamora en la producción y guionización y Ana Xóchitl Alarcón Zamora en la dirección, decidimos recorrer desde el inicio del 2024 los aproximadamente 1500 kilómetros de litoral y territorios costeros del país, en búsqueda de las historias y relatos de mujeres pescadoras artesanales quienes nos abrieron las puertas de sus casas y compartieron un espacio en sus lanchas y vida cotidiana siempre en el mar.

A partir del próximo lunes 1 de julio, se transmitirá todos los lunes a las 8:00 p.m. por Canal Quince con repetición los domingos a las 6:30 p.m.

Puede verla en diferido a través de la plataforma de streaming UCRQ en la que semana a semana se estará colgando cada episodio.

Esta temporada se realiza con el apoyo de los Fondos Concursables de la Vicerrectoría de Acción Social 2023-2025.