La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.
Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.
La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.
Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.
La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.
Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.
La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.
El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.
El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.
Por Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR
El pasado 22 de abril, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, se realizó un emotivo acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza. En este Día Mundial del Ambiente (5 de junio), su lucha debe ser visibilizada y celebrada.
Los defensores ambientales —personas, colectivos y pueblos originarios— protegen los territorios, el agua, los bosques y la vida. Pero esta labor conlleva riesgos: criminalización, amenazas y asesinatos. Según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para activistas ambientales.
En Costa Rica, entre 1975 y 2020, 13 defensores fueron asesinados, muchos casos siguen impunes. La situación es especialmente grave en territorios indígenas, donde el abandono estatal ha perpetuado la violencia.
Ante esta realidad, distintas organizaciones —UBL, FECON, CoecoCeiba, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la UCR— rindieron homenaje a quienes luchan con valentía. Estas son las personas y comunidades reconocidas:
Francisco Castro Meneses y Yenifer Sandoval Jiménez, activistas ligados a la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), han participado activamente en diversas luchas socioambientales. Su labor ha sido clave en la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y en la oposición al Plan Regulador Costero del Caribe Sur.
Philippe Vangoidsenhoven: dos décadas denunciando delitos ambientales en el Caribe Sur, ha sido amenazado incluso por autoridades municipales [ver más].
Isabel Méndez Garita y Ana María Montenegro Portuguez (Frente Eco Cipreses): lograron que la Sala Constitucional ordenara la prohibición del clorotalonil.
Ricardo Muñoz Ruiz: defensor del humedal de Coris de Cartago, activo por más de 40 años en la defensa ambiental.
También se reconoció a Concejos, comunidades y líderes o lideresas indígenas que han sostenido procesos de autonomía, recuperación territorial y defensa de sus derechos:
Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wakpa del Pueblo Bribri de Salitre: homenajeados Arley Figueroa Morales (clan Kolkiwak) y Ana Patricia Calderón Figueroa(clan Uniwak) quienes destacaron el legado de Sergio Rojas Ortiz, asesinado en 2019.
Pueblo Bribri de Cabagra: reconocidos Clarita Quiel Torresy Eli Ortiz Torres por su lucha en defensa del territorio Iriria Bribri Sá Kà, sus prácticas ancestrales y sus derechos.
Pueblo Cabécar de China Kichá: recibieron el reconocimiento Yamileth Fernández Zúñiga y Jason Ríos Ríos, por su papel en la recuperación del 100 % de su territorio ancestral, restablecido tras décadas de despojo estatal.
En un contexto cada vez más desafiante para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, reconocer públicamente la labor de las personas y comunidades defensoras del ambiente es un acto de justicia y de esperanza. Sus historias nos recuerdan que la lucha por la tierra el mar, el agua, el bosque y la vida no es un asunto individual ni aislado, sino una causa común que atraviesa generaciones, territorios y culturas.
El homenaje realizado en el Día de la Tierra no solo visibiliza las amenazas que enfrentan estos defensores, sino que también celebra su valentía, su compromiso y su profunda conexión con los territorios que habitan y protegen. En un país que se enorgullece de su imagen ambientalista, es urgente pasar del discurso a la acción: garantizar condiciones dignas y seguras para que estas luchas continúen floreciendo. Solo así podremos aspirar a un futuro verdaderamente justo, sostenible y en armonía con la naturaleza.
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
La Fundación del Río, presentó un informe con un análisis cartográfico detallado que evidencia el avance de la deforestación en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Este informe centra la atención en el surgimiento de una nueva invasión en la localidad de Indio Maíz y en el área protegida del Río San Juan, alertando sobre la fragilidad de estos ecosistemas tan valiosos y reconocidos internacionalmente.
La zona en cuestión engloba parte del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, que se ubica estratégicamente en el extremo sur del río San Juan y constituye un eslabón fundamental para la conectividad ecológica entre áreas protegidas, como la Reserva Indio Maíz. Este corredor biológico es vital para la conservación de una gran diversidad de especies y para mantener el equilibrio hidrológico en la región fronteriza.
Fotografía proporcionada por Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua y Fundación del Río
El informe revela que el deterioro ambiental se ha acelerado en los últimos años, evidenciado por la pérdida significativa de cobertura boscosa, incendios recurrentes y el cambio agresivo en el uso del suelo. Las actividades ilegales y el manejo inadecuado de la tierra han propiciado una transformación del paisaje, donde la deforestación se asocia a la conversión de áreas a pastos, cultivos y otras infraestructuras que fragmentan el bosque.
En la zona de Indio Maíz se ha documentado una dinámica en la que actores vinculados a estructuras locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con exfuncionarios y líderes comunitarios, han promovido la ocupación irregular de tierras. Testimonios, recopilados por la organización, y evidencias cartográficas muestran que desde inicios de 2022 se han establecido asentamientos ilegales, los cuales han llevado a la segmentación de diversas áreas originalmente destinadas a la conservación.
En estos procesos, se reporta que las familias invasoras son recibidas por coordinadores locales y figuras políticas que, a cambio de pagos elevados o promesas de avales informales, facilitan el acceso a terrenos protegidos. La ausencia de documentación legal y la aprobación tácita de estos procesos han permitido la expansión descontrolada de la ocupación, provocando una notable deforestación para convertir el bosque en tierras agrícolas o ganaderas.
Los nuevos asentamientos no se limitan a un solo sector, sino que su avance se extiende hacia la zona protegida del Río San Juan, afectando la integridad de un corredor vital que conecta con áreas de alta biodiversidad y con territorios fronterizos. Esta invasión bilateral entre Indio Maíz y el área del río ha intensificado los impactos ambientales en un espacio que debe ser preservado por su valor ecológico y paisajístico.
Fotografía proporcionada por Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua y Fundación del Río
La fundación critica la gestión de las instituciones nicaragüenses, evidenciando deficiencias en el monitoreo y vigilancia por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales(MARENA), y de la Fuerza Armada, quienes, a pesar de contar con puestos de control, no han logrado impedir el avance ilegal en zonas sensibles. Esta carencia de acción y la posible complicidad de ciertos actores estatales han contribuido a la expansión de actividades ilícitas, como la minería ilegal, el tráfico de fauna y la comercialización irregular de madera.
Con base en un riguroso trabajo de campo, análisis de imágenes satelitales y el uso de sistemas de información geográfica, la organización concluye una alarmante reducción de la vegetación, alertando sobre la pérdida irreversible de hectáreas de bosque y la fragmentación de paisajes que cumplen funciones cruciales, como el almacenamiento de carbono y la regulación del régimen hidrológico del río San Juan.
El nuevo frente de invasión en Indio Maíz y la deteriorada situación en la zona protegida del río San Juan representan desafíos críticos para la conservación ambiental y la soberanía ecológica de la región fronteriza. Este informe se erige como un llamado urgente a la acción nacional e internacional, instando a las autoridades y a la comunidad global a adoptar medidas contundentes que frenen la invasión ilegal, restauren los ecosistemas afectados y aseguren el cumplimiento de los compromisos en materia de protección ambiental.
Para consultar el informe completo, con detalle de los hallazgos encontrados puede acceder a este enlace.
Ecologistas de Costa Rica llevan a juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste
Los ecologistas señalan que la aprobación de la liberación del algodón transgénico COT102, junto con otros dos eventos apilados, se realizó de forma arbitraria, al no cumplir con los requisitos de bioseguridad, participación pública y transparencia exigidos tanto por el marco jurídico costarricense como por el Protocolo de Cartagena, del cual Costa Rica es firmante.
Asimismo, indican que Costa Rica forma parte del centro de origen del algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país, ya que la liberación del cultivo transgénico apilado en cuestión se llevó a cabo ignorando la solicitud de información técnica valiosa, necesaria para deliberar y emitir un voto razonado como integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).
Acusan al Servicio Fitosanitario del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica, y de no resguardar la bioseguridad en un país que alberga el 5 % de la biodiversidad mundial.
Este jueves 5 y viernes 6 de junio da inicio la recta final de un proceso contencioso-administrativo que lleva más de diez años. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás, ambos fueron representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), durante la evaluación de riesgos para autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.
La audiencia se celebrará en el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, en Calle Blancos, Goicoechea, donde los actores del proceso legal presentarán a sus testigos y los abogados aportarán las pruebas ante los jueces.
La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica. En este caso específico, se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.
“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente y el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.
Por su parte, Fabián Pacheco señaló:
“Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente. Es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia con los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales. Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad o los ecosistemas locales”.
Asimismo, agregó:
“Y esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que, ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa”.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, este 5 de junio, las y los ecologistas afirman que celebran esta fecha en pie de lucha, con la esperanza de que se demuestre que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Señalan que es un buen día para exigir justicia para con la naturaleza, la cual seguirán defendiendo por esta y las futuras generaciones.
Datos del caso:
Expediente: 18-4060-1027-CA
Actoras: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica.
Delegación académica de la Universidad Nacional (UNA), llevará más de 20 contribuciones científicas a evento mundial en Niza, Francia. Esta participación reafirma el rol protagónico de las universidades públicas costarricenses en los debates globales sobre sostenibilidad del océano y cambio climático, al proyectar el conocimiento generado en el país hacia espacios de impacto internacional.
La Universidad Nacional (UNA) formará parte activa en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que se celebrará del 9 al 13 de junio de 2025 en Niza, Francia, coorganizada por los gobiernos de Costa Rica y Francia. La delegación universitaria participará en calidad de institución académica acreditada, con una agenda que combina incidencia científica, diplomacia académica y representación institucional de alto nivel.
Previo a la Conferencia, del 3 al 6 de junio, la UNA intervendrá como coorganizadora del One Ocean Science Congress, evento oficial que funge como pilar científico de UNOC3. Este congreso reunirá a más de 2000 investigadores internacionales con el fin de ofrecer insumos científicos sólidos que sustenten las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno, así como otros tomadores de decisiones en materia de conservación y uso sostenible del océano.
La UNA presentará más de 20 ponencias y posters, sobre temas como resiliencia costera, contaminación por microplásticos, restauración de manglares, gobernanza marina participativa, bioacústica de cetáceos y monitoreo climático en zonas marino-costeras, entre otras.
Además, participará en sesiones especializadas tipo Town Hall, enfocadas en soluciones basadas en la naturaleza, intersecciones entre océano y salud humana, y modelos colaborativos de gobernanza oceánica.
Esta participación se enmarca en una estrategia institucional de largo plazo, orientada a contribuir con acciones concretas al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, mediante la generación de conocimiento, el diálogo multiactor y la incidencia en políticas públicas para la sostenibilidad del océano.
La delegación también participará en un evento paralelo denominado Foro Internacional de Universidades dedicadas a la Ciencias Marinas, donde se presentarán investigaciones relacionadas con diplomacia y economía azul, así como la elaboración de un pliego de recomendaciones que presentarán las autoridades de la UNA y la Universidad de Bretaña Occidental, como voceros de esta red.
Este esfuerzo internacional responde a una estrategia institucional sólida que la UNA impulsa desde 2022, con hitos como la creación de la Comisión UNA por los Océanos, la declaración de interés institucional del Consejo Universitario para estas actividades, y la articulación de redes internacionales como la Red Franco-Centroamericana para la Sostenibilidad del Océano, mediante el proyecto FEF Océans entre el Instituto de Desarrollo e Investigación de Francia (IRD) y varias universidades centroamericanas, entre estas la UNA como socio mayoritario, financiado por el gobierno de Francia
Durante 2024, la UNA lideró el Congreso de Integración de Saberes por un Océano Sostenible (CISOS24) y participó en el evento internacional de alto nivel “Immersed in Change” celebrado en San José, donde posicionó el compromiso de las universidades públicas con la Agenda 2030 y el ODS 14 mediante la firma de una declaratoria que actualmente tiene el estatus en la Organización de Naciones Unidas como compromiso para el cumplimiento de ODS 14 como acción oceánica bajo el número 47861.
“La UNA llega a Niza como una universidad comprometida con la transformación social, el conocimiento útil y la ciencia al servicio del desarrollo sostenible del océano, los mares, las costas, las islas y sus comunidades. Nuestro aporte desde la perspectiva científica, académica y técnica contribuye a la formulación del Plan de Acción Oceánica de Niza, promoviendo decisiones basadas en evidencia para la preservación y uso sostenible del océano”, expresó la representación institucional.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El 1er Encuentro Agroecológico del Sur- Sur se presenta como un espacio para fomentar la colaboración entre los distintos representantes del sector del agro en la zona. El evento se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón, el próximo 5 de junio a partir de las 9 a.m, coincidiendo con el Día Mundial del Ambiente. Esta celebración representa un llamado a trabajar en armonía con la naturaleza, promoviendo prácticas libres de agroquímicos y fortaleciendo los lazos entre productores y consumidores locales.
Durante el encuentro se han planificado diversas actividades que incluyen charlas, talleres y conversatorios. Estos espacios de diálogo permitirán a los participantes intercambiar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas agroecológicas, manejo de cultivos, control natural de plagas y otras prácticas esenciales para una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Las sesiones están diseñadas para inspirar a los asistentes a adoptar métodos sostenibles y a contribuir activamente al cuidado de nuestro entorno.
Entre las actividades se encuentra la Feria Agroecológica, un espacio en el que se exhibirán y comercializarán productos agroecológicos de alta calidad, fomentando a la vez las cadenas cortas de comercialización y los mercados locales. Los productores tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y establecer vínculos directos con la comunidad, fortaleciendo la economía local y promoviendo el consumo responsable y saludable.
Asimismo, se llevará a cabo un intercambio de semillas, actividad que invita a los participantes a compartir variedades y conocimientos sobre cultivos adaptados a las condiciones locales. Además del encuentro, por medio de los talleres y conferencias se fomenta la interacción que facilitarán el intercambio de experiencias y la construcción de una red colaborativa en pro de la agroecología.
El encuentro se encuentra organizado por las organizaciones ambientalistas Montaña Verde, Red de agroecología Costa Rica y la Universidad Nacional. Para más información se puede contactar al correo electrónico aamontanaverde@gmail.com, al teléfono 86823299 o bien las redes sociales de las organizaciones involucradas.
Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.
Asociación para el Desarrollo de la Ecología
Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada
San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025
En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.
Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental
Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.
Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.
La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro
La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:
• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental. • Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745. • Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). • Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente. • Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio. • Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación. • Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias. Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.
El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.
Un llamado a la acción: el poder de la unidad
La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.
El impacto de la desprotección
• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar. • Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural. • Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico. • Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio. • Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.
¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?
Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.
Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo
La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.
Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / Contacto: nboeglin(a)gmail.com
En este mapa se puede apreciar (trazado en rojo) la Zona Inalienable de 1888 y su colindancia con el Parque Nacional Braulio Carrillo (en color verde).
El pasado 29 de mayo, las zonas de recarga de los acuíferos del Barva, Colima inferior y Colima Superior, así como la prodigiosa biodiversidad del Parque Nacional del Braulio Carrillo hicieron su entrada en la Asamblea Legislativa, al serle asignado formalmente desde esta fecha, un numeral de expediente legislativo al proyecto que pretende reforzar su protección legal: se tratará de ahora en adelante del Expediente Legislativo Número 25.016.
Para nuestros estimables lectores, se comparte este enlace con el video de la reunión, con la que se inicia un largo trajinar que esperamos pueda ser llevado a feliz término en poco tiempo.
Una iniciativa comunal que llega a la Asamblea Legislativa
Esta iniciativa promovida por una organización local, Conceverde (véase sitio) y por vecinos de Concepción de San Rafael de Heredia, había logrado en el 2015 que el Poder Ejecutivo expandiera mediante Decreto Ejecutivo la extensión del Parque Nacional Braulio Carrillo (véanse el texto del Decreto 39.259 así como el comunicado de Conceverde al publicarse este decreto en diciembre del 2015).
Conociendo los vaivenes incesantes de la vida política y la de los decretos ejecutivos, es hora que Costa Rica eleve a rango de ley esta ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, en particular ante la fuerte presión que ejercen empresas urbanizadoras y proyectos de gran escala sobre las autoridades de los cantones ubicados en las montañas de Heredia. Al parecer estas últimas sucumben fácilmente a estas presiones, pese a advertencias sobre los efectos del cambio climático en cuanto al régimen de precipitaciones, y pese a épocas en veranos muy prolongados, en las que sus mismos administrados ya no cuentan con disponibilidad de agua diaria en cantidad suficiente por varios días y a veces semanas; véanse a modo de ejemplo comunicado de mayo del 2023 de la Municipalidad de Santo Domingo y nota de prensa televisiva de marzo del 2025 sobre cortes de agua en Santo Domingo. De igual modo, se puede citar este comunicado de junio del 2024 por parte de la ESPH sobre racionamiento del agua debido a una prolongada sequía, que no hace sino en realidad, revalidar un ejercicio muy similar de mayo del 2023 (véase nota de prensa).
Si el agua ya hace falta en varios cantones heredianos, y ello desde varios años, el sentido común llevaría a pensar que se suspendan nuevos proyectos inmobiliarios de gran escala por parte de los municipios afectados por esta escasez, hasta tanto se resuelva la disponibilidad de agua para los actuales habitantes de estos cantones. Nada más alejado de la realidad.
Foto de acto realizado el 29 de mayo en presencia de varios integrantes de la Asamblea Legislativa y sus asesores y de vecinos de San Rafael de Heredia así como de integrantes de Conceverde.
Urbanizar a como dé lugar: la verdadera saga de la planificación urbana en la GAM
En efecto, la materialización de estas presiones por parte de empresarios, inversionistas y gremios de la construcción, se expresa con cada nuevo permiso municipal sobre uso de suelo para proyectos urbanísticos de cierta envergadura.
La irresponsabilidad de los cantones heredianos aguas arriba se ve reflejada en los cantones aguas abajo con cada aguacero sostenido, el cual destruye casas de habitación e infraestructura pública como puentes y calles, provoca que familias costarricenses pierdan todas sus pertenencias debido al agua enlodada que penetra en sus casas, consecuencia lógica del proceso de impermeabilización de los suelos en las partes altas y medias de las montañas de Heredia.
Se trata de una advertencia que, más allá de la situación específica en los cantones heredianos de la Gran Area Metropolitana (GAM), hicimos con colegas en el 2021 en LaRevista.cr, reeditando en realidad un texto publicado en La Nación en el 2010 relacionado al PRUGAM (Nota 1) en el que señalábamos que:
«… de un temerario “plumazo” se descartó el PRUGAM, y los años de estudios y de inversión realizados. A raíz de declaraciones del encargado del PRUGAM, el arquitecto Eduardo Brenes, en el programa Nuestra Voz en radio Monumental, cuestionando este Decreto, este fue despedido por la ministra Clara Zommer, y se procedió al desmantelamiento del equipo técnico que trabajó en el PRUGAM«.
Aún están en línea los productos del PRUGAM (véase enlace), sin que hayan sido incorporadas en las regulaciones de planificación urbana, ni la zonificación propuesta, ni la metodología de los IFAs (IFA de las siglaes de Indice de Fragilidad Ambiental) en cantones particularmente vulnerables de la GAM.
El PRUGRAM fue sustituido de manera un tanto precipitada por el POTGAM en el 2012, y según explicó en su momento una alta jerarca en materia de vivienda,
«Garantizar, yo no puedo garantizar nada. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en capacitar a las municipalidades respectivas, a los 31 cantones de la GAM diciéndole el alcance del POTGAM y lo que se tiene que respetar y porqué«.
(véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2012 que contiene una entrevista a este funcionaria).
El PRUGAM fue reemplazado finalmente en el 2014 por otro instrumento denominado «Plan GAM 2013-2030», que la Sala Constitucional consideró omiso en cuanto a los insumos técnicos en materia ambiental del PRUGAM (véase texto de sentencia 23743 de diciembre del 2020). Nótese, con relación a las zonas de recarga acuífera, que los recurrentes alegaban (véase párrafo 1) que:
«El artículo 69, del reglamento impugnado, permite la afectación de áreas de recarga acuífera estratégica de la Gran Área Metropolitana por desarrollo urbano, pues favorece el desarrollo inmobiliario por encima de la protección del ambiente y los recursos naturales tan estratégicos como los recursos hídricos. También se alega que el reglamento está induciendo que nueva población de la Gran Área Metropolitana se instale en zonas de alta y muy alta amenaza a deslizamientos, ya que se induce urbanizar zonas de este tipo al ignorar los mapas de amenazas generados por los estudios del PRUGAM del 2009. Asimismo, se ignoran los lineamientos ambientales regionales, referente a corredores biológicos y de conectividad de la base ambiental del PRUGAM del 2009, aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues claramente, se excluyeron tres corredores biológicos. Finalmente, reclaman que sin ningún fundamento técnico científico, se modificaron mapas de amenazas naturales generados por el PRUGAM y aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo que contraviene el principio de objetivación o de tutela científica«.
Más allá de la facilidad con la que las máximas autoridades de Costa Rica decidieron en el 2010 hacer a un lado los estudios técnicos en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial del PRUGAM, un programa de planificación urbana para la GAM realizado gracias a una generosa dotación de la Unión Europea (UE) a Costa Rica por más de 18 millones de US dólares, la falta de incorporación de los estudios técnicos del PRUGAM en la planificación urbana de la GAM explica en gran parte el colapso vial, el caos social así como ambiental que se vive en algunos cantones de la GAM: resulta notorio para todos los costarricenses que la GAM crece año tras año de manera desordenada, sin mayor planificación ni visión a largo plazo, gracias a decisores políticos sujetos a presiones del sector privado y constructivo, como bien se advertía en el 2018 desde el programa del Estado de la Nación (Nota 2).
Una valiosa iniciativa comunal ante las ocurrencias reiteradas de decisores políticos
Quisiéramos saludar el hecho que una fracción de la Asamblea Legislativa como el Frente Amplio haya considerado oportuno apoyar con la firma de todos sus integrantes, la iniciativa que se materializó en el Expediente Legislativo 25.016, esperando que las demás fracciones la apoyen de igual manera.
Nótese que otro expediente sobre la Zona Inalienable de 1888 (véase expediente legislativo 23.895) está en la corriente legislativa y busca, por el contrario, restringir la extensión de la Zona Inalienable de 1888 en aras de legalizar títulos de propiedad privada ilegalmente otorgados por parte del Estado, y de paso favorecer desarrollos urbanísticos: una evidencia más de la presión extrema que ejercen propietarios, empresas y gremios de la construcción para levantar las restricciones existentes en la Zona Inalienable (zona en azul que aparece en la página 7 de dicho proyecto de ley). El Expediente Legislativo 23.895 fue antecedido por otro proyecto de ley en el 2018, persiguiendo el mismo objetivo, y evidenciando el mismo tipo de presión por parte de empresas urbanizadoras (véase nota de prensa de CRHoy del 2018 y texto integral del Expediente Legislativo 20.511).
Cabe recordar que desde hace ya más de 10 años, se advertía en un artículo (Nota 3) sobre la capacidad de recarga de los acuíferos del Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que:
«En la actualidad, el Valle Central esta sometido a una gran demanda de recursos hídricos subterráneos. Según datos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA 2007) las perforaciones de pozos superan la cantidad de 5198, lo que representa un 42% del total de pozos registrados en el país hasta el 2007. Está explotación de los recursos hídricos, esta acompañada por un cambio en el uso de la tierra; lo que anteriormente eran áreas potenciales para recarga, se han transformado en zonas dedicadas a cultivos permanentes, sistemas urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en peligro la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo«.
No está de más indicar además que para las autoridades a cargo del transporte, el Parque Braulio Carrillo constituye un freno a algunos de sus proyectos viales un tanto ocurrentes, tal y como se denota en declaraciones públicas de un jerarca en el 2023, en las que se deja ver un desconocimiento bastante notorio de la dinámica de la naturaleza tropical y de la historia de la ahora denominada Ruta 32 (véase nota del Semanario Universidad): no está de más recordarle al distinguido jerarca, que el proyecto inicial de la Ruta 32 contemplaba la construcción de varios túneles, y no de uno solamente.
Conceverde: ejemplo de persistencia en pro del ambiente
Con respecto a la iniciativa que se plasmó en lo que de ahora en adelante se designará por «Expediente Legislativo Núm. 25016«, quisiéramos celebrar la existencia de una organización como Conceverde, que ha logrado a través de diversas acciones, muchas de ellas llevadas ante justicia constitucional, frenar el nivel de ocurrencias y de irresponsabilidad hacia la principal reserva de agua dulce que abastece en agua de calidad a la GAM, observados tanto por parte de las autoridades nacionales como locales.
Su incansable acción también logró ordenar la suspensión de talas de áboles dentro de la Zona Inalienable de 1888 (véase por ejemplo comunicado del 2010). En labores de incidencia, los comunicados de Concerverde siempre han contado con el apoyo de entidades heredianas y de ecologistas costarricenses, debido a la confianza que han generado en el pasado sus acciones y la solidez de sus planteamientos. Así por ejemplo, entre muchos, Conceverde y varias agrupaciones ecológicas y académicos se unieron
– en el 2009 para denunciar una directriz interna impidiendo a los técnicos de una entidad técnica a cargo de las aguas subterráneas como SENARA, de remitir sus criterios (véase manifiesto colectivo titulado «En Defensa de las Aguas Subterráneas«);
– en el 2018 para hacer de conocimiento de la opinión pública la extrema presión ejercida por parte de cámaras de la contrucción sobre SENARA (véase carta colectiva al Presidente de Costa Rica publicada en Elmundo.cr).
En su comunicado del 30 de mayo del 2025 sobre el proyecto de ley 25.016 (véase texto), se lee que para Conceverde:
“Esperamos que, al igual que los legisladores de 1888, quienes supieron anticipar la importancia de resguardar las montañas del norte de Heredia para asegurar el abastecimiento de agua en el Valle Central, los diputados actuales demuestren la misma visión y aprueben el proyecto 25016, presentado por el diputado Acuña”.
Es gracias a esta misma organización comunal y a otras entidades sociales heredianas que en el 2008, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades nacionales y cantonales (véase voto 2008-12109) mostrarse mucho más serias y consecuentes con el valioso legado que constituye para Costa Rica la denominada Zona Inalienable, decretada como tal en 1888 por, en aquel entonces, personas visionarias altamente comprometidas con el futuro de los costarricenses. Lo mapas e infografías de esta presentación ante las autoridades municipales de Heredia de noviembre del 2009 (en particular de pp.4-8) permiten dimensionar y entender mejor el alcance de la protección de las aguas que persigue la Zona Inalienable de 1888.
Ya en el 2010, nos permitimos hacer ver la falta de voluntad del Estado costarricense para acatar lo dispuesto en esta y algunas otras sentencias relacionadas al recurso hídrico (Nota 4). Esta sentencia del 2008 del juez constitucional sobre la Zona Inalienable fue desde entonces (2008), objeto de diversas acciones por desobediencia, presentadas por la misma Conceverde, ante la incapacidad del Estado costarricense y la de sus entidades, así como varias municipalidades, de cumplir a cabalidad con lo ahí señalado (véase artículo del 2023 del Semanario Universidad). La falta de voluntad del Estado costarricense para cumplir con lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 es tal que en su sentencia de julio del 2023 (véase texto del voto 2023-017109), el juez constitucional indicó que:
«Esa omisión y dejadez administrativa no puede ser pasada por alto por esta Sala y si bien recientemente en gestiones de desobediencia se había dispuesto que el fallo 12109 del 2008 se entendía debidamente atendido por la instrucción de los procedimientos para la recuperación de los terrenos de cita, lo cierto del caso es que el debate que se presenta en este amparo trasciende una mera gestión de incumplimiento, y por el contrario, denota que las acciones adoptadas por el Estado son de suyo insuficientes para la defensa del fin legal y de los derechos que concurren en el régimen especial de protección definido por el decreto ley No. 65, a partir de lo cual, es necesario que esta Sala imponga acciones direccionadas a procurar que dentro de un tiempo razonable, se pueda contar con acciones concretas y efectivas para esa protección que se reprocha«.
No sería la primera vez que sentencias de la justicia costarricense en favor del agua o del ambiente ordenadas en el 2008 persistan sin ser debidamente implementadas. Cabe recodar que en aquel año del 2008, fueron varias las organizaciones y profesionales costarricenses en levantar la voz ante la destrucción de la biodiversidad y de las fuentes de agua en Costa Rica por parte de autoridades que en aquel se presentaban ante el mundo con una engañosa “Paz con la Naturaleza”. No se considera necesario aquí enlistar los escándalos en materia ambiental a repetición a los que la administración (2006-1010) sometió a Costa Rica, ni referir a la «orquestación de voluntades» detectada en uno de ellos, llevado ante la justicia contenciosa-administrativa (Nota 5). El texto denominado “Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza” publicado en junio del 2008 (véase texto) denunciaba este doble discurso de Costa Rica en materia ambiental: su lectura se recomienda en este inicio del mes del ambiente en este 2025, al no haberse resuelto ni atendido ninguno de los planteamientos que contenía, y al haber Costa Rica observado cómo se han ido agravado problemas ambientales no resueltos en muchas de sus regiones desde entonces, y cómo se han deteriorado sus cuerpos de agua y su biodiversidad en muchos de sus cantones.
Con respecto a la Zona Inalienable de 1888, una gestión adicional de julio del 2024 tendiente a obligar a las autoridades de la cartera ambiental a… obedecer a lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 y reiterado en el 2023 (véase texto) ilustra la total falta de voluntad del Estado costarricense.
La poca diligencia demostrada por las autoridades ambientales luego de recibir una denuncia de Conceverde en abril del 2024 fue tal, que se leyó en el mes de mayo del 2024 (véase nota de SurcosDigital conteniendo escrito) que:
«Por todo lo anterior, y considerando además que el lugar donde se llevaron a cabo los hechos denunciados, es una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, y de alta recarga acuífera de los principales acuíferos del Valle Central, creemos que la atención de la denuncia de parte del SINAC le ha faltado rigor que la situación amerita, hasta se podría considerar hasta “machotera”, violentando por tanto el deber que tienen en el MINAE/SINAC de protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en particular del recurso hídrico«.
A modo de conclusión
El pasado mes de marzo, se realizó para el Día Internacional del Agua, un muy merecido homenaje a la organización Conceverde, en Ojo de Agua (véase nota de prensa) por su incansable lucha en favor de las fuentes de agua que abastecen a la GAM.
Una lucha inquebrantable, sostenida y generosa, que debiera inspirar a muchos otros en Costa Rica, de manera que en cada cantón costarricense, los vecinos puedan contar con una organización comunal como Conceverde, ejemplo de ciudadanía organizada y combativa en pro del agua y de la biodiversidad, y comprometida con un mejor mañana para los costarricenses que no han nacido aún.
– – Notas – –
Nota 1: Véase ALFARO C. J.F, BOEGLIN N., SAGOT RODRÍGUEZ A., «Lluvia y daños: advertencias desoídas«, 27 de julio del 2021, La Revista.cr. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ASTORGA GÄTTGENS A., «Ordenamiento ambiental del territorio: situación y perspectivas en Costa Rica», Informe para el Estado de la Nación, 2018. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase RAMÍREZ CHAVARRIA R., «Recarga Potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica«, Repertorio Científico, UNED, Vo. 17, 2014, pp. 51-59, p. 51. Texto disponible en la red. Una publicación anterior del 2013 titulada «Recurso hídrico en la zona norte de Heredia: experiencia de la UNA«, publicada por la UNA (véasetexto integral) de igual manera incluye artículos de expertos y académicos que advierten de la vulnerabilidad de las zonas de recarga acuífera situadas en las montañas al Norte de Heredia.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nivel de cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental relativas a la protección del recurso hídrico«, Informe final, presentado para el proyecto Estado de la Nación, 2010. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase texto integral de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del noviembre del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas, en la que se lee (Párrafo XL) que:
«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestacin de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero.»
Tuvimos la oportunidad de referir a la «orquestación de voluntades» en el marco de un foro realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, el pasado 28 de mayo, titulado: «El súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en Crucitas: análisis y perspectivas» (véase volante y video).
Cali fue sede de la Cumbre Regional: Mujeres Líderes en Protección Marina
Más de 60 personas de 6 países participaron
En el marco del evento se conformó la Red de Mujeres Líderes en Protección Marina en el Pacífico Este Tropical, Perú y México
La Cumbre se desarrolla en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la aplicación de la legislación marina en el Pacífico Este Tropical, Perú y México”, liderado por WildAid, con el apoyo del Gobierno de Canadá.
Jueves 22 de mayo, 2025. Cali, Colombia. Durante tres días Cali Colombia fue el epicentro de la Cumbre Regional Mujeres Lideres en Protección Marina con representantes de Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, México y Perú, desarrollada en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la aplicación de la legislación marina en el Pacífico Este Tropical, Perú y México”, liderado por WildAid, con el apoyo del Gobierno de Canadá.
En este espacio se identificaron desafíos, oportunidades y retos desde las realidades interseccionales, intergeneracionales e interculturales, y se compartieron experiencias con el fin de fortalecer la aplicación efectiva de la legislación marina y el uso sostenible de los recursos marinos en el Pacífico Este Tropical, a través de la colaboración y la formación especializada.
El evento contó con la participación de más de 60 mujeres de seis países, quienes se desempeñan como autoridades marítimas, ambientales, pesqueras y líderes de comunidades.
“Como Presidenta Pro Témpore del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), reafirmo el compromiso de Colombia y de los países de esta alianza regional con la protección de nuestros océanos. Las mujeres en el territorio han sido históricamente las guardianas del conocimiento ancestral y del vínculo con el mar. Es fundamental que iniciativas como el CMAR las reconozcan, visibilicen y las sitúen en el centro de las decisiones por la vida, la biodiversidad y el futuro de nuestras comunidades”, indicó la Sra. Lena Estrada Añokazi, Ministra de Ambiente de Colombia.
En las actividades las participantes destacaron la importancia de reconocer los saberes tradicionales, la solidaridad y la unión, no solo entre pares sino también entre generaciones. En las intervenciones se brindaron recomendaciones técnicas para adaptar políticas públicas, marcos normativos, estructuras institucionales y presupuestos vinculados a la conservación marina con el fin de reflejar de mejor forma la participación de las mujeres en esta importante actividad. Adicionalmente, las personas asistentes comentaron la importancia del acceso a formación especializada y establecer redes de apoyo.
En su intervención, la Sra. Elizabeth Williams, Embajadora de Canadá en Colombia indicó: “A través de nuestra política exterior promovemos el liderazgo de las mujeres en la gestión de los recursos naturales, asegurando que su conocimiento sea parte del desarrollo sostenible. En este sentido, destacó la importancia de espacios como el de hoy, ya que son estos encuentros los que fomentan la colaboración, el intercambio de ideas y la generación de acciones concretas”.
Se crea la Red Regional de Mujeres en el Pacífico Este Tropical, Perú y México
El evento culminó con la firma de un Acuerdo de Voluntades para mejorar la aplicación de la legislación marina en el que las partes se llevan compromisos como la integración de acciones afirmativas de género y la habilitación del camino para la integración de programas como los Sellos de Igualdad de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) que se realizan en Costa Rica, para que puede generar transformaciones organizativas de alto impacto.
Además, estas entidades ofrecerán una capacitación virtual especializada a las participantes sobre herramientas para gestión basada en resultados en favor de la igualdad.
Además, en el marco del acuerdo, se crea oficialmente la Red Regional de Mujeres Líderes en Protección Marina. La Red contará con una estructura de coordinación conformada por representantes de cada uno de los países, quienes tendrán la misión de conducir este esfuerzo colectivo en su fase inicial.
Por su parte, Meaghan Brosnan, directora ejecutiva de WildAid, invitó a las personas participantes a recordar que “todas y todos, de manera individual y colectiva, podemos generar un cambio duradero y medible.” Ella agradeció el trabajo que cada una de las personas asistentes hace a diario en pro de la conservación de nuestros recursos marinos y terminó su intervención resaltando la importancia del trabajo conjunto, pues “la conservación es un trabajo en equipo” – señaló.
Adicionalmente, se dio lectura al Manifiesto por la Equidad de Género y el Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres en la Protección Marino-Costera por parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), reafirmando que solo mediante la participación plena, equitativa y justa de todas las personas podremos atender las amenazas urgentes que enfrentan los ecosistemas marino-costeros.
Todas las actividades de esta semana llevan el sello “UCR Libre de plástico” como una manera de reavivar el compromiso de la Universidad en la lucha contra la contaminación por plásticos y llamar a la reflexión sobre los problemas ambientales que genera este material en todo el planeta.
Del 2 al 6 de junio
Esta festividad año a año moviliza a cientos de estudiantes y personas funcionarias a actuar a favor del medio ambiente.
Del 2 al 6 de junio, la Universidad de Costa Rica vivirá una verdadera fiesta ambiental con la celebración de la Semana Ambiental UCR 2025, bajo el lema #SinContaminaciónPorPlástico, en consonancia con la temática propuesta por la Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio Ambiente.
Este año al igual que años anteriores, la agenda se extiende por todas las regiones del país donde la UCR tiene presencia, con una programación que incluye talleres, conversatorios, ferias, caminatas, actividades culturales y ecológicas.
La inauguración se llevará acabo el lunes 2 de junio a las 10:00 a.m. en el Auditorio de la Sede de Occidente con la charla titulada: “La sabiduría del caracol”. Ese mismo día, las actividades ambientales tomarán fuerza en bibliotecas de San Ramón y Grecia, así como en la Sede Guanacaste, que abrirá su jornada con un jardín polinizador y cerrará con música en vivo.
A lo largo de la semana, distintas sedes y recintos como la Sede de Guanacaste, Sede del Atlántico, Sede del Sur, Sede del Caribe, Sede de Occidente y la Sede Rodrigo Facio se unirán con propuestas que van desde reforestaciones, retos de movilidad sostenible, talleres de reciclaje creativo y limpieza de espacios naturales, hasta conversatorios sobre conservación y cine ambiental.
Para conmemorar el Día Mundial del Ambiente, el miércoles 5 de junio, se llevará a cabo el conversatorio “Contaminación por plásticos: romper el ciclo antes de que sea tarde” a las 9:00 a.m. en el Aula Magna en la Ciudad de la Investigación. Durante este acto se realizará el lanzamiento oficial de la nueva línea de bolsas 100 % biodegradables y compostables que la UCR incorpora a su inventario de insumos amigables con el ambiente.
Como complemento a estas actividades, en el Salón Multiusos se presentará el Stand Educativo “Las mil caras del plástico”, el cual estará abierto de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. para motivar al público a explorar otras alternativas que permitan sustituir el plástico, principalmente los de un solo uso, y aprender cómo gestionar correctamente los residuos de diferentes tipos de plástico valorizable en nuestro país.
El miércoles 5 de junio, la institución también conmemorará el Día del Transporte Sostenible en la Universidad de Costa Rica con iniciativas como caminatas, clases de yoga y el hasta la iniciativa “A la U en Bici”. Ese día, por acuerdo del Consejo Universitario, sólo se permitirá el ingreso de vehículos cero emisiones. La medida aplica de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. en todos los campus de la UCR.
La Semana Ambiental UCR 2025 promete ser un espacio de encuentro, conciencia y acción colectiva para avanzar hacia un futuro más sostenible, demostrando que la educación superior en unión con las comunidades locales puede marcar la diferencia.
