Entre los científicos que arribaron a Costa Rica en el siglo XIX, el más conocido es el suizo Henri Pittier, debido a sus incontables y ricos aportes, de carácter pionero, en disciplinas como la geografía, la climatología, la cartografía, la botánica, la etnografía y la arqueología. Además, después de partir y permanecer casi 14 años en EE.UU., se instaló en Venezuela, donde también realizó una excepcional labor científica hasta el final de su vida, a los 92 años de edad. Ello explica que, a lo largo de los años, no cesan de aparecer artículos en los que se le cite, así como semblanzas e incluso libros acerca de él, además de que en el año 2020 vio la luz el exquisito y cálido documental La Gyranthera; Traces de Henri Pittier Explorateur, de la cineasta Mürra Zabel. Es de esperar que, en algún momento, se escriba un libro amplio, integrador y comprensivo sobre su vida y su obra completa, en Suiza, Costa Rica, EE.UU. y Venezuela.
La Alianza GIZ – Del Monte [1] en Buenos Aires de Puntarenas pretende mitigar el acelerado deterioro de los ríos de la subcuenca del río Volcán mediante la conservación y reforestación del bosque y la promoción del ecoturismo en las comunidades de la parte alta de la subcuenca (zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad). Sin embargo, sin cuestionar la acelerada erosión del suelo y sedimentación de los ríos que generan las plantaciones de piña de la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte (Del Monte), ni la intensa extracción de agua para el riego de sus cultivos en el verano, esta iniciativa parece más bien ser otra de las llamadas soluciones falsas para enfrentar la crisis climática [2].
La subcuenca del rio Volcán drena al río General que a la vez forma parte de la gran cuenca del río Grande de Térraba. Tiene un área aproximada de 216 km2 y está compuesta por las microcuencas del río Volcán, río Ángel, río Cañas y la quebrada Morales. Del Monte tiene casi 2,240 hectáreas cultivadas de piña en esta subcuenca [3]. Desde los años noventa [4], cuando las plantaciones comenzaron a ascender hacia la parte alta (la piña se siembra desde los 375 msnm hasta los 730 msnm), las comunidades denunciaron los severos problemas de erosión y sedimentación, las inundaciones que destruyeron puentes y casas en la comunidad de Volcán, y la abundante extracción de agua mediante siete concesiones de riego (1,270 litros/segundo o 98% del agua concesionada en esta subcuenca) en los tres ríos principales. Así mismo, un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica en el Humedal Térraba-Sierpe mostró desde el 2014 la presencia de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña, y que probablemente salieron de plantaciones de la corporación ubicadas en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón [5].
Hace un año Del Monte y el Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania anunciaron la creación de una alianza de tres años para promover la restauración de los paisajes productivos, la conservación del recurso hídrico, y la educación para el desarrollo sostenible en comunidades ubicadas en las cuencas hidrográficas que rodean sus fincas de piña y banano en ambos países, Costa Rica y Guatemala. En la subcuenca del rio Volcán esta alianza ha motivado a Del Monte para promover la reforestación de fincas ubicadas en la parte alta mediante la donación de árboles de su vivero forestal y su participación en la Comisión Pro-protección y Conservación de la Subcuenca del rio Volcán –una asociación comunitaria formada recientemente y en la que la corporación tiene mayoría de votos; la capacitación de trabajadores y voluntarios de la brigada de monitoreo del Corredor Biológico Río Cañas como guías naturalistas que promueven el senderismo y el avistamiento de aves; la promoción, a través de las redes sociales, de sus refugios privados de vida silvestre Montaña El Tigre y El General [6]; y el fortalecimiento de alianzas e iniciativas con municipalidades y organizaciones locales para promover el turismo rural como es el caso de la llamada “Ruta del Agua y la Biodiversidad” [7].
Una característica común de las soluciones falsas de la crisis climática es que las corporaciones y gobiernos que las promueven no enfrentan directamente las causas de la crisis, y más bien refuerzan el modelo de desarrollo que las genera [8]. En la subcuenca del del rio Volcán, la Alianza GIZ – Del Monte no ha enfocado sus esfuerzos en iniciativas guiadas por los marcos científicos, legales y económicos necesarios (caudales ambientales; Derechos de la Naturaleza; post-crecimiento [9]) para que las comunidades puedan cuestionar la viabilidad y los costos-beneficios sociales, económicos y ambientales del modelo de agroexportación prevalente (monocultivos de piña y caña de azúcar y ganadería). Tampoco ejecuta acciones para reducir la extracción del agua de los ríos, para limitar la siembra de piña en las partes altas, ni para reducir verdaderamente la gran pérdida de suelo por erosión y escorrentía en sus plantaciones.
En contraste, la Alianza GIZ – Del Monte parece buscar posicionar a Del Monte como líder regional en 1) la restauración de los bosques donde se infiltra el agua y se encuentran las tomas de riego de sus plantaciones, y 2) la promoción de una economía basada en el ecoturismo en las comunidades de la parte alta. En otras palabras, la alianza es un mecanismo que usa la corporación para asegurar a sus inversionistas y mercados que tiene suficiente agua para sus plantaciones a medida que cambia el clima y los ríos continúan deteriorándose. En el marco de la gobernanza del agua promovida hasta hace poco por el gobierno, esta “corporativización” de la gestión de la subcuenca del rio Volcán es verdaderamente preocupante porque representa un cambio profundo de paradigma que nos pretende llevar desde una gestión democrática, participativa y legítima del agua, guiada por las instituciones del estado [10], hasta una gestión ilegítima, auto interesada y no democrática dirigida por y para beneficio de las corporaciones [11].
Lea y firme aquí un llamado a desafiar la gestión del agua dirigida por las corporaciones y crear opciones justas.
[3] Informe técnico: Caracterización Preliminar de la Subcuenca del Río Volcán. Área Funcional (AF) Cuencas Hidrográficas. UEN Gestión Ambiental – Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2020.
El pasado lunes 8 de agosto del año en curso (2022), el colectivo de Inspectores Ambientales Ad-Honorem del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) del Caribe Sur, remitió al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) una nota donde expresa su preocupación por la situación de deterioro y destrucción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
Así mismo, desestima las declaraciones emitidas por los miembros de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa el pasado jueves 28 de julio en una reunión celebrada en la provincia de Limón y algunos alcaldes de la zona, quienes expresaron que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) está entorpeciendo el desarrollo económico de la zona, al tener “tantos Humedales” en la franja marítimo-terrestre, sin embargo, el colectivo resaltó la participación de la diputada por el Partido Frente Amplio, Rocío Alfaro, quien aseguró que “las razones estructurales de la pobreza en Limón están en el modelo de injusta repartición de la riqueza, de depredación de la naturaleza y de abandono de la pequeña producción de consumo nacional”.
El supra mencionado grupo de inspectores hace un llamado al Gobierno de la República y explica la riqueza natural de la zona caribeña, la cual, en lugar de perjudicar a la población la “protege de las emergencias naturales”, e incluso puede funcionar como atractivo económico y conseguir mayor afluencia de turistas.
Uno de los reclamos más importantes que hace el colectivo es que, en atención al artículo 50 de la Constitución Política, entre otras cosas, “le corresponde al Estado implementar las medidas necesarias para evitar la destrucción de sus recursos naturales”, y puesto que con estos ataques a la naturaleza se han violentado diversas leyes, se insta al MINAE, y todas las autoridades correspondientes a defender, rescatar y restaurar el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, Patrimonio Natural del Estado, y así evitar que la destrucción de la naturaleza en beneficio de pocos grupos económicos.
También, se solicitó al MINAE investigar al Consejo Regional Ambiental La Amistad Caribe, por avalar proyectos en detrimento del ambiente y al Área de Conservación Amistas Caribe, por la negligencia en sus obligaciones de control y fiscalización en la tutela de terrenos del Estado en este refugio, así como a la Municipalidad de Talamanca por más de 400 permisos emitidos en perjuicio del Patrimonio Natural del Estado.
En el siguiente enlace puede observar imágenes de la situación que afronta el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y las consecuencias que ha generado la negligencia de las autoridades en el trato correspondiente de esta problemática: https://photos.app.goo.gl/tzEB5GQ66U1vM2R89
Compartido con SURCOS por COVIRENAS Caribe Sur – Puerto Viejo.
Como parte de los esfuerzos por mantener a salvo los ríos de Costa Rica, el señor Roberto de la Ossa Thompson, presidente y director general de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, confirmó la creación de dos comisiones salvaguarda, una para el río Colorado y otra para el río Grande de Térraba. Ante ello, insta a la sociedad civil que desee formar parte de estas comisiones, a inscribir sus respectivas organizaciones por medio de los enlaces que se adjuntan, o escaneando los códigos QR de las imágenes.
Si bien reconoció que esta labor conlleva un proceso amplio de años, hizo hincapié en la importancia de formar estas comisiones para dos de los ríos de mayor importancia para el país.
Enlace de inscripción para la Comisión Salvaguarda del Ríos Colorado: forms.office.com/r/Bvg8epxJ2i
Enlace de inscripción para la Comisión Salvaguarda del Ríos Grande de Térraba: forms.office.com/r/3TAzvEJk5t
Compartido con SURCOS por Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica.
• Fracción de Liberal Progresista demuestra ineptitud y desconocimiento en materia de Vida Silvestre • Costa Rica ya está sometida a una gran presión en materia de tráfico de especies silvestres, legalizarla sólo agravaría la crisis
(FECON, 11-08-2022) El proyecto de Ley N°23.376 presentado por el Partido Liberal Progresista (PLP) no tiene ningún sustento técnico para justificar estas reformas tan profundas a la Ley de Vida Silvestre (LVS), pero además traería cambios peligrosos para la conservación y sustentabilidad de nuestro país. Lo más grave es la reforma al artículo 79 de la LVS, en el cuál el PLP quiere legaliza la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Esta reforma convertiría el país en una gran feria de animales y plantas silvestres, violentando así diversos convenios internacionales y además poniendo en alto riesgo nuestra biodivesidad por el mero hecho de alimentar el inmoral mercado global de especies en peligro de extinción.
Ya Costa Rica enfrenta una agresiva presión sobre la biodiversidad por causa del tráfico ilegal de animales, plantas e insectos. Según la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público en el 2019, hubo 156 denuncias por comercio, tráfico y trasiego de animales silvestres, mientras que en el 2020 aumentaron a 253 y en el 2021 a 364 denuncias. Esto demuestra una presión creciente sobre la biosiversidad de prácticas de extracción que con la legalización de la exportación de vida silvestre tendremos actores muy agresivos actuando en el país llevándose lo que se les antoje.
Sumado a lo anterior la liberalización de la importación de Vida Silvestre de otros países tendría graves consecuencias en materia de especies invasoras que afectarían a ecosistemas, a la salud pública y a la agricultura. A todas luces es más que irresponsable la propuesta de la agrupación de Eli Feinzaig. Hay que recordar que la Vida Silvestre en Costa Rica es una Bien de Dominio Público. Como tal corresponde a la sociedad costarricense conservarla y protegerla y no debe ser tratada como una mercancía. El PLP no sólo pretende legalizar el tráfico de especies protegidas e incluso en peligro de extinción, además desea allanar el camino para que criaderos de animales silvestres puedan funcionar con el único fin de vender (nacional o internacionalmente) los animales y plantas producto de la manipulación de la vida silvestre. Legalizar criaderos para la comercialización de especies en peligro llevaría más presión sobre estos animales y plantas ya que tendrían que ser extraídos constantemente de sus hábitat para alimentar la cadena de reproducción de individuos en cautiverio. Es decir, la reproducción en cautiverio para fines comerciales no es posible sin depredar los ecosistemas.
Llama la atención de que el preámbulo del proyecto de ley (donde explica la justificación de hacer esta reforma), sólo habla sobre la confección y aplicación del reglamento de la Ley, tarea que no es materia del Poder Legislativo o de una fracción de diputados, ya que dicha tarea es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el Reglamento de la Ley de Vida Silvestre se hizo con la colaboración de especialistas en la materia en 2017, en ella participaron académicos, investigadoras, representantes de ONG, especialistas de MINAE y SINAC. Este reglamento ha pasado por varios cuestionamientos en Sala Constitucional, recursos y acciones legales que fueron declarados sin lugar por los magistrados, quedando claro que son disposiciones apegadas a nuestro orden jurídico. Pero resulta muy particular que la justificación para reformar una ley de la república sea que al PLP no le gusta el reglamento, lo que evidencia la ineptitud de la bancada del Liberal Progresista.
La reforma a la Ley de Vida Silvestre es sin duda regresiva, como tal entra en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental y no pasaría por los filtros institucionales como la Contraloría General de la República o la Sala Constitucional. Aún así esta ley encontrará una férrea oposición de parte de la sociedad costarricense en su conjunto y particularmente de parte del movimiento ecologista.
Nuevo estudio satelital demuestra que piñeras aceleran ritmo de deforestación de un promedio de 885.734 árboles en total
Deforestación de las piñeras es uno de los elementos que aumenta inundaciones en Zona Norte de la última semana
(Bloque Verde, 10-08-2022) Entre el año 2015 y el 2019 se reportan la desaparición de 1.234 hectáreas de bosques en manos de las empresas piñeras. Esto arroja el último estudio publicado por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) es una herramienta que registra con precisión satelital los cambios en el uso y cobertura de la tierra, y reporta los procesos de deforestación asociados a la dinámica agrícola en Costa Rica.
Hay que recordar que ya esta herramienta satelital había reportado que entre el año 2000- 2015 múltiples fincas piñeras deforestaron de forma ilegal 5.566 hectáreas de áreas de protección en márgenes de ríos y humedales. Para el año 2016 el MOCUPP también alertó sobre la existencia de 1.112 hectáreas de piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Precisamente para ese momento en el Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado se invadieron 614,26 hectáreas; en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron 193,06 hectáreas; y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo se invadieron 304,6 hectáreas.
El nuevo reporte de MOCUPP publicado recientemente señala que entre los años 2016 y 2019 el monocultivo de la de esta fruta desforestó 1.234 hectáreas más. Es decir, si sumamos los años monitoreados por esta herramienta satelital nos da un saldo de 6.800 hectáreas menos de bosques que ha depredado esta industria. Esto quiere decir que la expansión piñera ha deforestado ilegalmente el equivalente en tamaño al cantón de Poás de Alajuela. Es decir que entre 2000 y el 2019 se podrían haber destruido un aproximado de 885.734 árboles de diámetro mayor a 10 cm, a un promedio de 130,25 árboles por hectárea.
Para 2019 el cultivo de la piña alcanzó las 65.600 hectáreas a nivel nacional. San Carlos es el cantón con más área ocupada por el monocultivo de esta fruta, con 18.509 hectáreas. Luego le siguen los Chiles con 8.742 y Buenos Aires con 6.870 hectáreas.
Estos datos salen a la luz en medio de las emergencias en la Zona Norte debido a las fuertes lluvias. Se reportan tan solo en la última semana 91 incidentes como inundaciones, desbordamiento de ríos, deslizamientos, daños en acueductos rurales y grandes pérdidas materiales todavía indeterminadas. No es casual que la zona más afectada por estos desastres sean los cantones con mayor cantidad de monocultivo de piña como es San Carlos y Los Chiles.
El riguroso estudio del MOCUPP es una prueba fehaciente que las autoridades judiciales podrían usar para castigar los delitos por deforestación ejecutados por la industria piñera nacional. Sin embargo las dos pasadas administraciones incumplieron la ley y dejaron sin aplicar procesos penales contra todas las fincas que cometieron delitos ambientales por incumplimiento del Art. 57 de la Ley Forestal vigente que señala que: Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les compete hacer cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento”.
¿Qué pasó con esta lista adjunta de casos identificados de fincas y propietarios que deforestaron y debería haber establecidos legales? ¿Qué hizo el SINAC y MINAE con está lista y casos? ¿Por qué si fueran indígenas o campesinos ya estuvieran procesados por este delito y si es una empresa piñera ni siquiera establecieron procesos legales?
El pasado martes 02 de agosto del año en curso, la señora María Elena Fournier, en su calidad de presidente de la Asociación Conservacionista YISKI, remitió a los señores y señoras diputadas de la Comisión Especial de la Provincia de Limón una carta en la que expresa el rechazo a las declaraciones del alcalde de Talamanca en comparecencia ante la supra mencionada comisión y además, se denuncia el robo sistemático, la usurpación y destrucción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA) y del Territorio Indígena KÉKÖLDÍ.
En dicha carta, se pone de manifiesto que el problema en el REGAMA, patrimonio natural del Estado costarricense, proviene de diversos intereses económicos de las personas que han acompañando la destrucción sistemática de este territorio, así como del Territorio Indígena KÉKÖLDÍ.
Se menciona en la carta que, en el año 2019, la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la devolución de más de 1.500 hectáreas al Territorio Indígena KÉKÖLDÍ, tras lo cual, se logró rescatar alrededor de 3 kilómetros de playa que fueron robadas, mediante la “venta de terrenos a extranjeros y meseteños ticos”, lo que, al mismo tiempo, provocó la casi total desaparición de afrodescendientes en la zona, además, recalca que existe una cuantiosa cantidad de denuncias presentadas ante la Defensoría de los Habitantes, contra la Municipalidad de Talamanca y distintos alcaldes, así como contra el ACLAC-SINAC, a raíz de su inacción ante la problemática y su poco interés en resolverlo.
Tras lo anterior, se exhortó a dialogar con los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS), ya que consideran necesario “que escuchen las voces de los COVIRENAS de la región”, pues en un país democrático como Costa Rica, estos tienen mucho que aportar.
Finalmente, en la nota, se insta también a los señores y señoras diputadas de la República a “no dejarse influenciar por un sector que vela por sus intereses y que es parte importante del problema del REGAMA y del Territorio Indígena KÉKÖLDÍ”.
Por primera vez, la Asamblea General de la ONU reconoce en una resolución adoptada por 161 votos a favor, 8 abstenciones y cero en contra; el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible. Derecho que ya se encontraba reconocido en múltiples declaraciones desde 1972, en diversos convenios internacionales y por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; pero que sin embargo, no había sido reconocido como tal por el máximo órgano de las Naciones Unidas.
Un gran paso en la consolidación de este derecho humano fundamental.
Movimiento por Defensa de Ojo de Agua y el río La Fuente realizara foro y declaración pública
Participarán señores y señoras diputadas, lideres ecologistas y fuerzas vivas de las comunidades de Belén y San Rafael de Alajuela
Foro se llevará a cabo en el salón de conferencias del nuevo edificio legislativo este próximo jueves 4 de agosto a partir de las 10 de la mañana
La lucha de las comunidades de Belén y San Rafael de Alajuela por la defensa del Balneario Ojo de Agua y el río La Fuente, llegarán este próximo jueves 4 de agosto a la Asamblea Legislativa.
El Comité Pro Defensa del Ojo de Agua ha organizado con el apoyo del despacho del diputado Jonathan Acuña, un foro que pretende sensibilizar a las señores y señoras diputados sobre la importancia de preservar el recurso hídrico.
Al culminar la actividad el Comité anuncia que realizará un importante mensaje al país donde anunciaran nuevas medidas de presión para defender el caudal ecológico del río La Fuente, mismo que el AyA pretende eliminar:
‘’Queremos invitarte a ser parte de este movimiento y acompañarnos a la exposición de la Tercera Declaratoria en defensa del Ojo de Agua y el Río La Fuente, ante el proyecto “Ampliación de la Producción en los Sistemas GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua” por parte de AyA’’ Declararon en el Comité mediante un comunicado.
El foro y la declaración también se transmitirá en el Facebook Live de la Asamblea Legislativa.
Afiche del foro informativo Ojo de agua y el río La Fuente: La lucha de dos pueblos por el derecho al ambiente y la agricultura.
Buscan recabar apoyos de las y los diputados
Para el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, el recabar apoyos es de vital importancia, aseguran que tienen esperanza en el apoyo que brindarán los padres y madres de la patria a la causa que llevan defendiendo desde el año pasado.
‘’Contar con su apoyo es de suma importancia para impedir que se seque el Río La Fuente, que se destruya el legado histórico-cultural-ambiental del balneario Ojo de Agua y que decenas de familias agricultores sean despojadas de sus campos y cosechas’’. Señalaron.
Contexto de la lucha
Este es un movimiento integrado por el sector comunitario, autoridades locales, personas agricultoras y sus organizaciones, dirigencia comunal, ecologistas, mujeres y personas jóvenes de las comunidades de Belén de Heredia y San Rafael de Alajuela, para defender el ecosistema de estas fuentes de agua, su caudal hídrico y el valor histórico- cultural del balneario Ojo de Agua.
Instalaciones del balneario Ojo de Agua.
Según una moción del Concejo Municipal de Belén “el manantial Ojo de Agua, existe probablemente desde hace miles de años. Es un afloramiento natural del acuífero Barva, del que nace el río La Fuente. Tanto el manantial como el río han sido utilizados desde la antigüedad precolonial por los pueblos originarios que habitaron estas tierras. Los Huetares en un primer momento y los Catapas en un segundo momento, según el historiador y actual miembro de la Junta Directiva del AyA Gerardo Morera” (Acta Sesión Ordinaria 64-2021 – Municipalidad de Belén).
Según el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua: “El balneario fue antes de 1920 – es decir hace más de 100 años- un complejo informal de aguas de manantial conocido por los vecinos del cantón de Belén como La Fuente. El balneario de Ojo de agua destaca como el principal destino turístico del cantón, sus aguas frescas de manantial le han asegurado una fama nacional e internacional. Además, la influencia directa e indirectamente en la economía local de Belén gracias a la alta visitación de este popular sitio’’ (Declaración pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, 24-8-21).
Río La Fuente, que nace del lago del Ojo de Agua.
El Río La Fuente recibe su principal caudal del manantial del Ojo de Agua, el cual pasa de las piscinas, al lago y este a su vez al citado río. En su afluente es posible encontrar especies animales como peces, cangrejos y múltiples aves. Este rio ofrece gran variedad de servicios ecosistémicos producto de que su caudal se mantiene relativamente limpio, este estado del rio se ha reconocido por la distinción de bandera azul ecológica en tres años consecutivos, bajo la gestión de la ASADA de San Rafael de Ojo de Agua.
Fue en 2019 que mediante los medios de comunicación y no por algún espacio oficial o comunicación de las autoridades, que estas comunidades se empiezan a enterar sobre el proyecto del AyA que consiste en captar el caudal del Manantial Ojo de Agua en una primera etapa parcialmente y en una segunda etapa de manera total, situación que implicaría un severo impacto para el río La Fuente que es quizás uno de los últimos ríos limpio de la Gran área metropolitana.
29 de julio del 2022
Lago del Ojo de Agua, que se nutre del agua del manantial que proviene de las piscinas.
